El PSOE ha entregado a la Audiencia Nacional la documentación con todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, tal y como reclamó el juez Ismael Moreno el pasado noviembre, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. En el escrito presentado, el partido reclama que esa información se analice en una pieza protegida bajo secreto de sumario al tratarse de datos enormemente sensibles y para que no acabe en manos de las acusaciones populares, de acuerdo a las fuentes consultadas. La documentación ha sido aportada en un pendrive que el partido ha entregado en el juzgado en un sobre cerrado.

El magistrado reclamó todas las liquidaciones de gastos que cargos públicos y trabajadores pasaron al partido por comidas, hoteles, gasolina o kilometraje en los últimos siete años. También pidió al PSOE que facilitara los “documentos en los que se soportan los mismos”. Esto es, las facturas o tickets presentados para justificar cada uno de esos gastos.

Días después, el partido se dirigió por escrito al juez para que fuera más específico en su petición, al considerar que tenía “carácter genérico”. También preguntó si debía mandar los datos relativos a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, investigados en el caso, y no de todos sus empleados. El instructor respondió que sí debía entregar todos y cada uno de los gastos que ha pagado durante siete años a “cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”. 

En paralelo, el juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un informe sobre los “documentos” y “mensajes, tanto escritos como de voz” que constan en la causa y que puedan tener relación con esos pagos. Para ello, solicitó al instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra Ábalos y Cerdán que autorizara a los agentes a acceder al contenido de esas evidencias digitales, entre las que están los audios y mensajes intervenidos a Koldo García.

El magistrado adoptó estas decisiones a instancias del fiscal del caso, Luis Pastor Motta, que considera que la documentación ofrecida por el partido “no es esclarecedora” y que es necesaria una investigación para “despejar las incógnitas existentes”. El representante de Anticorrupción pidió que el PSOE aportara tanto las liquidaciones de esos siete años como sus justificantes para “determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico”. Su tesis es que los descuadres en los abonos en metálico por parte del PSOE podrían deberse a un “blanqueo de capitales”, un “posible desfalco cometido contra el partido” u “otras eventuales irregularidades”.

La defensa de Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Ismael Moreno de no entregarle la totalidad de los dispositivos de memoria y teléfonos móviles que le fueron incautados durante su detención en febrero de 2024.

En el escrito, el abogado de García alega que necesita de esos dispositivos para poder defenderse de las acusaciones que sobre él pesan en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y alega que trece meses es un “tiempo más que suficiente para el clonado/volcado” de las memorias externas y los teléfonos. Además, reclama en otro escrito que, dada esa negativa, se le facilte al menos una copia del contenido intervenido.

El juez Moreno, de acuerdo con la Fiscalía, negó la devolución de los citados efectos a García bajo el argumento de que todavía eran objeto de análisis por parte de la Guardia Civil y ante la posibilidad de que pudiera producirse alguna alteración de los mismos y verse cuestionada así la cadena de custodia. En el recurso, el letrado sostiene que ese peligro se conjura con “el sellado y precintado” por la autoridad judicial, las actas de entrega y el clonado y las copias de seguridad, “con sus correspondientes huellas digitales que garantizan la integridad y autenticidad de lo clonado”.

Afirma, además, que la argumentación del instructor “carece de todo sentido” porque, de lo contrario, nunca se produciría la devolución de los dispositivos intervenidos hasta una vez finalizados completamente los procesos. Considera, además, que la tesis del juez confronta con la ley y la jurisprudencia que establece que prevalecen los derechos del propietario cuando existen medios alternativos que permiten la obtención de la información contenida en los efectos incautados necesaria para la investigación, pero también con la forma de proceder de este juzgado de la Audiencia Nacional en otras ocasiones similares.

Agentes de la Guardia Civil registraron durante nueve horas el domicilio de García y su pareja en Alicante el 20 de febrero de 2020. Los agentes se incautaron de 23 teléfonos móviles, 12 discos duros, un ordenador, una tablet, una grabadora y dos pendrive, según figura en el acta de ese registro aportada al sumario.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha acordado este lunes unificar la representación y defensa de las acusaciones populares en la presente causa bajo la dirección del abogado del Partido Popular. La falta de acuerdo entre las asociaciones que integran la acción popular ha obligado al juez a ser quien decida.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Ismael Moreno decide dejar en manos de los 'populares' la dirección letrada por ser la primera acusación personada en esta causa, donde indaga en supuestas adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario.

“Sin la unificación acordada sería notoria la quiebra del derecho a no padecer dilaciones indebidas como consecuencia de la pluralidad de partes personadas si éstas actuasen separadamente y no bajo una misma defensa y representación, no precisándose para ello una absoluta identidad de las posiciones jurídicas de las acusaciones populares, bastando una similitud o convergencia de intereses”, argumenta el instructor.

En su resolución, el magistrado asegura que concurren los requisitos necesarios para adoptar esta decisión. “Un solo procedimiento, varios acusadores ejerciendo la acusación popular, coincidencia de intereses (procesales), así como la valoración del órgano judicial ponderando el derecho de defensa”, apunta.

Es por eso, añade, que “debe acordarse la unificación de las acusaciones populares en una única representación legal y una única dirección letrada, en el convencimiento de que con la medida acordada no se causan perjuicios a los derechos de defensa y de asistencia letrada, y cuya finalidad que no es otra que asegurar el buen orden del proceso y evitar el riesgo de dilaciones indebidas”.

El juez Moreno toma esta decisión tras haber oído a las partes y “en ausencia de acuerdo entre las mismas acerca de las personas en las que deberá recaer dicha representación y defensa común”. “Habrá de ser el más objetivo criterio de la prioridad en la personación en la causa el que dirima la diferencia, --criterio al que ha venido acudiendo en casos análogos precedentes el Tribunal Supremo--, correspondiendo en este caso al Partido Popular”, concluye.

Cabe recordar que el PP también está a cargo de las acusaciones populares en la parte del 'caso Koldo' que instruye el Tribunal Supremo. De hecho, el letrado 'popular' fue el único que pudo acudir a los interrogatorios al exministro José Luis Ábalos o al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción ha avisado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de “posible incompatibilidad” de la Abogacía del Estado en el 'caso Koldo', en el que ha asumido la defensa del subsecretario de Estado de Transportes investigado, Jesús Manuel Gómez, por si más adelante quisiera personarse como acusación particular “ante el eventual delito contra la hacienda pública”.

En un escrito adelantado por ABC y al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Alejandro Cabaleiro señala que no se opone a que el subsecretario de Transportes elija la defensa que considere oportuna, pero advierte del choque de intereses en el que podrían incurrir a futuro los servicios jurídicos del Estado.

“Si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos”, indica el fiscal.

La Fiscalía pidió citar a Gómez como investigado y que está llamado para ser interrogado el próximo 9 de septiembre. Así lo acordó el juez después de que el Tribunal Supremo confirmase la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa, que también era reclamada por la Fiscalía Europea.

En esta causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 indaga en ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. Investiga, entre otros, al citado Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha rechazado este lunes, por segunda vez, citar como testigo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La petición ha partido en ambas ocasiones de la asociación ultra Liberum, personada en la causa de corrupción como acusación popular. El juez, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha concluido en un auto dictado hoy: “Los datos que se ofrecen son meras informaciones periodísticas no contrastadas”.

La actividad de la asociación Liberum arrancó en la pandemia con acciones judiciales masivas para oponerse a medidas para contener el virus, desde el pasaporte COVID hasta la vacunación. En los últimos años han interpuesto, sin éxito, diversas querellas contra líderes políticos y jueces por imponer y avalar restricciones sanitarias. Varios abogados vinculados entonces a Liberum también intentaron, sin éxito, que el Constitucional impidiera la vacunación de más de 20 menores de edad.

Dos semanas después de que se realizaran las detenciones de la operación Delorme, Liberum solicitó por primera vez la declaración de Gómez como testigo. La Fiscalía informó en contra y el juez acordó desestimar la práctica de esa diligencia. La asociación recurrió y Anticorrupción ha vuelto a posicionarse en contra, con el acuerdo final del juez.

Liberum, según recupera el fiscal, ha incorporado informaciones periodísticas sobre las supuestas gestiones de la mujer del presidente para importar mascarillas y respiradores de China y que, para ello, se había reunido con el empresario Víctor de Aldama, clave en la trama Koldo, y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

Una de las informaciones que aporta Liberum y que cita el fiscal aseguraba que esos contactos de Begoña Gómez se produjeron “coincidiendo con la operación de rescate de Globalia (y su compañía aérea Air Europa) con 616 millones de euros de fondos públicos”, si bien Anticorrupción señala que esas informaciones fueron publicadas “en distintos medios digitales”.

El fiscal recuerda, en primer lugar, que los hechos son distintos, en concretos las adjudicaciones de organismos públicos para la compra de mascarillas y otro material sanitario. Y añade: “Si en la documentación obrante en la causa, así como en las investigaciones realizadas por la unidad policial encargada de las investigaciones –la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción– aparece algún dato o elemento que apunte al eventual conocimiento o intervención [de Begoña Gómez], aún de manera puntual, en hechos que de alguna manera pudieran estar vinculados con cualquiera de las vicisitudes habidas en todas las actuaciones relativas a los contratos investigados, la respuesta es no”.

“Lo único que existe respecto de esta cuestión –añade el fiscal Carlos Pastor– son meras informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que Dña. Begoña Gómez ha podido tener relación con uno de los investigados, Víctor de Aldama, lo cual tampoco es revelador de nada más, especulándose que podrían haberse tratado de cuestiones relativas a los contratos de adjudicación del suministro de mascarillas”.

Respecto a documentación incautada en el transcurso de las detenciones y registros, el fiscal Anticorrupción explica que, a falta de analizarla, su importancia se limita en el momento presente a que es mucha pero que “ya se irá viendo la trascendencia que tiene respecto de los hechos que inicialmente constituyen objeto de las presentes diligencias”.

Un juez de Madrid admitió la pasada semana a trámite una denuncia del pseudosindicato de Manos Limpias contra Begoña Gómez basada en una serie de publicaciones periodísticas, al menos de ella un bulo demostrado. La Fiscalía ha recurrido esa admisión a trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha inadmitido la querella presentada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y un periodista de El País, a los que acusaba de poner en riesgo su vida por difundir una fotografía tomada mientras, según su versión, participaba en un operativo antiterrorista, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. 

Moreno ha dictado un auto en el que asegura que no hay indicios de delito en el escrito de la querella presentada por Villarejo y cuyo contenido difundió okdiario.com el pasado 2 de junio.

La decisión del magistrado, adelantada por La Sexta, trasciende cuando quedan 48 horas para que la cadena emita una entrevista al comisario Villarejo en la que éste volverá a cargar contra el CNI e insistirá en su denuncia de que miembros del servicio de inteligencia se quedaron con parte del rescate millonario de unos periodistas españoles secuestrados en Siria. Otra denuncia en ese sentido ya fue archivada en 2015 por un juez de Plaza de Castilla y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

En esta ocasión, Villarejo acusaba al director del CNI y al periodista Javier Ayuso de haber puesto en peligro su vida con la publicación de una fotografía del policía y del comisario José Luis Olivera descendiendo de un avión en el aeropuerto de Melilla. La fotografía se publicó el 25 de mayo, días antes de que la doctora Elisa Pinto fuera al juzgado a participar en una rueda de reconocimiento durante la que señaló a Villarejo como el hombre que la había apuñalado en plena calle tres años antes. 

“La referida foto fue realizada en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla al descender del avión, lugar donde no está permitido el acceso a periodistas ni a personal ajeno”, decía Villarejo en la denuncia.

La instantánea, añade, “forma parte de un dossier que el CNI tiene en sus archivos desde hace dos años, lo que evidencia que la misma fue sin duda facilitada al periodista por dicha institución del Estado, como es lógico y natural, con el conocimiento y autorización de su máximo responsable Félix Sanz Roldán, pues una decisión de ese tipo -comunicación de un documento clasificado- sólo puede decidirla él mismo”.

El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha demanat un informe policial sobre les declaracions públiques que el regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, va fer després de negar-se a acudir a declarar com a investigat per un presumpte delicte d'incitació a la sedició el passat 24 d'octubre. Aquell dia, acompanyat per veïns de Vic i polítics de Podem, BComú, PDECat, ERC i la CUP, Coma va assegurar que “la desobediència és el camí”, cosa que unida a la seva plantada al jutge ha motivat la sol·licitud de l'informe –el pas previ a l'adopció de mesures contra Coma que pugui decidir el jutge. El cas va néixer després que el partit d'extrema dreta de Josep Anglada denunciés Coma per donar suport a un ple de Vic la declaració independentista que va aprovar el Parlament el 9 novembre 2015.

Segons han informat fonts pròximes al cas, el magistrat i la Fiscalia han acordat demanar a Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i la Guàrdia Civil un informe urgent “sobre les compareixences públiques i intervencions en xarxes socials o mitjans de comunicació realitzades pel investigat Joan Coma en què a arran de la citació judicial ell mateix ha cridat a la desobediència de manera col·lectiva”. Entre aquestes declaracions hi figuren les que Coma va realitzar en una entrevista amb aquest diari, on va assegurar que anar a declarar a l'Audiència Nacional era “tornar al passat”.

La resolució judicial, que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), assegura que Coma va manifestar públicament “la seva voluntat d'incompliment” a la citació judicial. Per a la Fiscalia, Coma va reivindicar “a títol col·lectiu” la “desobediència com un dret a exercir-se contra un Estat que té fòbia a la democràcia”.

Aquest dimecres el propi Coma ha rebut la notificació judicial. El regidor ha afirmat a Twitter que defensarà “la desobediència civil-no violenta davant lleis injustes les vegades que faci falta i arreu on faci falta”.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido un informe policial sobre las declaraciones públicas que el concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, hizo tras negarse a acudir a declarar como investigado por un presunto delito de incitación a la sedición el pasado 24 de octubre. Aquel día, arropado por vecinos de Vic y políticos de Podem, BComú, PDECat, ERC y la CUP, Coma aseguró que “la desobediencia es el camino”, lo que unido a su plante al juez ha motivado la solicitud del informe –el paso previo a la adopción de medidas contra Coma que pueda decidir el juez. El caso nació después que el partido de extrema derecha de Josep Anglada denunciara a Coma por apoyar en un pleno de Vic la declaración independentista que aprobó el Parlament el 9 de noviembre de 2015

Según han informado fuentes cercanas al caso, el magistrado y la Fiscalía han acordado pedir a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil un informe urgente “sobre las comparecencias públicas e intervenciones en redes sociales o medios de comunicación realizadas por el investigado Joan Coma en las que a raíz de la citación judicial él mismo ha llamado a la desobediencia de manera colectiva”. Entre estas declaraciones figuran las que Coma realizó en una entrevista con este diario, donde aseguró que ir a declarar a la Audiencia Nacional era “volver al pasado”.

La resolución judicial, que ha avanzado la Agència Catalana de Notícies (ACN), asegura que Coma manifestó públicamente “su voluntad de incumplimiento” a la citación judicial. Para la Fiscalía, Coma reivindicó “a título colectivo” la “desobediencia como un derecho a ejercerse contra un Estado que tiene fobia a la democracia”.

Este miércoles el propio Coma ha recibido la notificación judicial. El concejal ha afirmado en Twitter que defenderá “la desobediencia civil–no violenta ante leyes injustas las veces que haga falta y allí donde haga falta”.

La defensa de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García ha hecho público el guión de la obra de teatro protagonizada por 'La Bruja y Don Cristóbal' que condujo a que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les mantuviera en prisión durante cinco días y hayan sufrido la “estigmatización social” y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.

Los abogados Jaime Montero y Daniel Amalang defienden que la consideración de que una obra de ficción debería ser ajena del examen jurisdiccional al quedar amparada en el Derecho de creación artística reconocido en nuestra Constitución, pues, en su opinión, lo contrario implica el “establecimiento indirecto de un mecanismo de censura impensable en un Estado de Derecho”.

Los letrados explican que sus clientes siguen sufriendo los perjuicios que derivan del hecho de que la causa continúe abierta en la Audiencia Nacional y deban cumplir medidas cautelares como las comparecencias periódicas en el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

“Obra antipedagógica”

Por ello, han adoptado una “posición de búsqueda activa de un pronto archivo” del procedimiento y han decidido permitir que no solo el instructor, sino el conjunto de la sociedad, pueda comprobar el contenido de la obra por su “obvio interés noticioso”.

El guión, recogido por Europa Press, tiene una extensión de doce folios y comienza con uno de los titiriteros saliendo al escenario “en plan misterioso” mientras suena música de fondo: “Mouchos, coruxas, sapos e bruxas”, dice antes de dar paso a la función, protagonizada por una bruja y después de dar un aviso a los asistentes: “Respetable público, con ustedes la última obra de Títeres desde Abajo, una obra no acta para todos los públicos, es más, yo diría que es antipedagógica donde sus personajes cometen actos atroces y violentos, incluso de mal gusto dirían algunos así que quedan ustedes avisados. Sin más os dejamos con 'La bruja y Don Cristóbal'”.

Dos madres presentes durante todo el espectáculo declararon hace unos días ante el juez que los niños que vieron la representación en el barrio madrileño de Tetuán “estaban más aburridos que otra cosa” y no entendieron el contexto. Según dijeron, le parecieron más violentos los dibujos de Bob Esponja.

El magistrado ya tomó declaración el pasado 16 de marzo a dos padres que asistieron a la representación y dos sanitarios que también estuvieron presentes. Aseguraron ante el juez que la obra les resultó muy violenta y les escandalizó aunque no entendieron su contexto, ya que se escenificó en esperanto y no en castellano.

“Hablaban en un idioma raro”, dijo uno de ellos. Una de las testigos, madre de un niño de dos años denunció la representación ante la Policía en una cafetería cercana, por lo que sólo vio siete minutos.

Los miembros de la compañía 'Títeres desde abajo' ingresaron en prisión provisional el pasado 6 de febrero acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tras representar ante un público infantil la obra 'La bruja y Don Cristóbal', que incluía escenas violentas y la exhibición de un cártel con la leyenda 'Viva Alka-ETA'.

Tras permanecer cinco días en la cárcel fueron puestos en libertad y el juez encargado de instruir la causa, Ismael Moreno, ordenó la retirada de sus pasaportes y les impuso la obligación de comparecer diariamente en los Juzgados más cercanos a su domicilio. Esta medida cautelar fue rebajada después a comparecencias quincenales y mensuales.

El Ministerio del Interior evitó hacer distinciones entre los titiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro y cualquier miembro de una organización terrorista en activo. Con la excusa de que uno de los delitos que se les atribuyen es enaltecimiento del terrorismo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias incluyó a ambos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) e intervino sus comunicaciones bajo el argumento de la “capacidad criminal y la peligrosidad del interno patente en los delitos” que se les atribuyen.

El director de la cárcel de Soto del Real, José Luis Argenta, firma las órdenes de intervención de las comunicaciones orales y escritas, a las que ha tenido acceso eldiario.es. En cada una de ellas se alude a la “presunta vinculación del interno a organización terrorista” y al riesgo de que siga dentro de la cárcel “las directrices consignadas por la misma (protestas, encierros, incumplimiento de normas regimentales, etc.)”.

Un personaje de la obra de guiñoles que representaron García y Lázaro de la Fuente el 5 de febrero en una plaza de Madrid exhibía una pancarta de 20 centímetos de alto, según recoge el atestado policial, en la que se podía leer “Gora Alka-ETA”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional interpretó que los titiriteros habían ensalzado a Al Qaeda y a ETA y solicitó para ellos prisión incondicional por enaltecimiento del terrorismo y un delito contra las libertades, medida que acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, el pasado 6 de febrero.

La Guardia Civil condujo a ambos esa misma tarde a Madrid V, el centro penitenciario de Soto del Real. El 8 de febrero, la dirección del centro los clasificó como FIES 3 BA (Bandas Armadas), después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Yuste, aprobara la propuesta.

En la “orden de dirección” para controlar llamadas, cartas y posibles visitas se alega un tercer motivo: “La posibilidad de que a través de las comunicaciones se faciliten datos o información que podría repercutir en la seguridad del establecimiento y sus trabajadores”.

Raúl García y Alfonso Lázaro abandonaron Soto del Real el 10 de febrero, después de que la Fiscalía y el juez corrigieran su decisión inicial. En plena tormenta política y mediática, el Ministerio Público propuso reducir las medidas cautelares a la retirada del pasaporte y la comparecencia diaria en los juzgados. El juez Moreno estuvo de acuerdo y dictó su libertad provisional.

La Sala de lo Penal estimó la semana pasada, en parte, un segundo recurso de las defensas dejando esas comparecencias en quincenales para Raúl García y mensuales para Alfonso Lázaro.

Los abogados de los dos titiriteros han recurrido ante el juez Central de Vigilancia Penitenciaria para que ordene anular la inclusión de García y Lázaro en el FIES. Ambos están en libertad, pero sus nombres siguen incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento. “Si el día de mañana volvieran a ingresar en un centro penitenciario, volverían a econtrarse de manera automática en dicho FIES”, alegan en su recurso las defensas.

FIES: aislamiento y cacheos

En marzo de 2009, el Tribunal Supremo aceptó el recurso de Madres Unidas contra la Droga de Madrid y declaró “nulo de pleno derecho” el apartado de la circular que regulaba el FIES desde 1996. Eso obligó al Ministerio del Interior a reformar el Reglamento Penitenciario, aunque no a acabar con el Fichero. Los presos incluidos están sometidos a normas específicas de aislamiento, intervención sistemática de sus comunicaciones, cacheos aleatorios, registros de pertenencias, cambios de celdas y no se les informa con antelación de una comparecencia en el juzgado.

La actual instrucción dice que deben incluirse en el FIES “todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, de acuerdo con los informes de las Fuerzas de Seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos”. Fuentes penitenciarias aseguran que la decisión última depende de la Administración penitenciaria y que el solo hecho de ser presos investigados por un delito relacionado con el terrorismo no obliga a su inclusión en el FIES.

Las defensas alegan que ni Raúl ni Alfonso “cumplían ninguna de estas exigencias, pues no están siendo investigados por ningún delito de terrorismo, ni por vinculación o colaboración con banda armada ni que, al menos que esta parte conozca, se les había atribuido cualquier tipo de colaboración de apoyo a estos grupos por parte de las Fuerzas de Seguridad”.

Los abogados destacan que la decisión de incluirlos en el FIES se adoptó el día 8 de febrero. Resulta imposible, alegan, que la dirección del centro apreciara en la conducta de ambos, en tan solo día y medio, algo que le llevara a dictar su pase al Fichero Especial. La decisión, por tanto, se tomó “única y exclusivamente en base al auto de prisión, excluyendo cualquier otro motivo”.

Este miércoles declararán cuatro testigos que ya prestaron declaración ante la Policía, presentes todos ellos en La bruja y don Cristóbal: a cada cerdo le llega su sanmartín, que García y Lázaro de la Fuente representaron en una plaza de Madrid el 5 de febrero pasado, dentro de la programación municipal por los carnavales. Los artistas aseguran que advirtieron de que la obra no era para niños y que la escena de la pancarta citada pretendía denunciar los montajes policiales.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto por la defensa de los titiriteros contra la obligación de presentarse en los juzgados todos los días. A partir de ahora, Raúl García deberá presentarse en el juzgado cada quince días y Alfonso Lázaro una vez al mes, según informaron fuentes jurídicas a eldiario.es.

Ambos, sin embargo, permanecerán sin pasaporte y con la prohibición de salir de España, medidas que también acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno. En un principio, el juez siguió el criterio de la Fiscalía y ordenó encarcelar provisionalmente a los artistas.

La Audiencia Nacional ha eximido ahora a los dos titiriteros, investigados por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio por una obra del carnaval de Madrid, de comparecer a diario en el juzgado por considerarlo “excesivo”. La Audiencia considera que la presentación diaria en el juzgado es “excesiva”, dado el “escaso riesgo de fuga” de ambos.

En el caso de Alfonso Lázaro se tiene en cuenta “la grave enfermedad degenerativa que padece, que limita severamente su funcionalidad y precisa de cuidados diarios”, al tener un 75% de minusvalía. Los magistrados -Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri- consideran que “la imposición de medidas que impliquen desplazamiento y movilidad han de reducirse al máximo” en su caso.

Caso judicial de los titiriteros

La causa sigue su curso y el juez Ismael Moreno ha citado para el 16 de marzo a cuatro testigos presenciales de la obra de guiñol “La bruja y San Cristóbal”, que motivó la detención de los dos titiriteros, además de pedir a cuatro televisiones los vídeos que puedan tener de esa representación.

Moreno ha acordado la práctica de estas diligencias a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, una vez cumplimentadas, decidirá sobre la petición de sobreseimiento que han formulado los dos titiriteros -Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez-, quienes permanecieron cinco días en prisión preventiva tras ser detenidos.

Los titiriteros han defendido que los hechos investigados encajan en “el ejercicio al derecho fundamental a la creación artística”, y precisaron que la obra es una “sátira humorística representada con motivo de los Carnavales”.

Los titiriteros exhibieron una pancarta de “Gora Alka-ETA” en el Carnaval de Madrid porque, según apuntó en un comunicado la CNT Granada, querían “representar un montaje policial”.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la fiscal Carmen Monfort son objeto de una querella por la decisión de encarcelar a los dos titiriteros detenidos el pasado viernes en Madrid. Ha sido presentada por el partido Contrapoder ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de ambos querellados, por un presunto delito de prevaricación.

La fiscal y el juez son, según el texto al que ha tenido acceso eldiario.es, responsables de “una resolución esperpéntica, un despropósito no salido de una aplicación defendible del ordenamiento jurídico”.

Los querellantes alegan que la Sala Segunda del Supremo confirmó la condena de 17 años y medio de inhabilitación a Elpidio Silva por enviar en dos ocasiones a prisión a Miguel Blesa, así como por otros delitos cometidos durante la instrucción, siendo en cualquier caso “un asunto de muchísima menos evidencia que el presente”.

El abogado que firma la querella, José Luis Mazón, considera también de menor gravedad que el encarcelamiento de los titiriteros la orden de Baltasar Garzón de grabar las conversaciones entre detenidos del caso Gürtel y sus clientes, lo que valió la condena del exjuez de la Audiencia Nacional. “Este partido pide un trato coherente con los precedentes respecto del querellado señor Moreno Chaparro y con su copartícipe necesario, el fiscal de las expresadas diligencias”, recoge el texto.

Contrapoder acusa a la fiscal y el juez de distorsionar la realidad para poder justificar la medida de la prisión. Ocurre, a su entender, con el lema de la pancarta de 20 centímetros que muestra uno de los guiñoles en la representación La bruja y don Cristóbal: a cada cerdo le llega su sanmartín. La pequeña pancarta deía Gora Alka-ETA y sirve a juez y fiscal para sostener la acusación de enaltecimiento del terrorismo. “El auto se aparta del argumento y desontextualiza la pancarta del montaje policial para que no se entiendan la partitura del hecho real suponemos, inviable este para justificar ninguna prisión”, dice la querella.

Y añade: “La pancarta Gora Alka-ETA no es ningún acto de publicidad terrorista para que los niños vean con simpatía a estas dos organizaciones terroristas, nada más lejos de la realidad, es o aparecer como un mero instrumento de falsa incriminación que usa el policía corrupto contra la bruja para incriminarla”.

En definitiva, añade Contrapoder, el auto del juez es “un despropósito digno de entallarse en piedra y pieza del venidero museo de los errores y horrores judiciales, que existen en y casi todos los días como los profesionales de la abogacía venimos comprobando”.

El partido teme que este tipo de decisiones acaben provocando “un estado de rebelión o estallido social contra los abusos cometidos desde las instituciones que son puestas, como en este caso, al servicio del interés político o la ideología extremista del juez”.

La querella fue presentada en la mañana del miércoles, por lo que, entre las medidas que solicitaba, estaba la inmediata libertad de los dos titiriteros, que se produjo poco después, al rectificar fiscal y juez su decisión del sábado. Contrapoder pide que se cite a declarar a Carmen Monfort e Ismael Moreno.

Raúl García y Alfonso Lázaro siguen acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra las libertades públicas. En la tarde del miércoles quedaron en libertad tras reconducir su postura tanto la Fiscalía como el juez. Este último ha impuesto comparecencias diarias en el juzgado a ambos imputados.

El juez Ismael Moreno ha acordado la puesta en libertad de los dos titiriteros detenidos el pasado viernes en Madrid después que la Fiscalía informase a favor esta misma mañana. Ambos siguen acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra las libertades individuales y deberán comparecer diariamente en el juzgado. Los acusados de ensalzar a ETA y Al Qaeda han salido de la prisión de Soto del Real a las 17.45 horas.

El magistrado asume así el cambio de criterio de la Fiscalía en el sentido de que la defensa de los artistas ha acreditado el arraigo de ambos como argumento que espanta el riesgo de fuga. El juez se escuda en que el sábado, cuando decidió enviarlos a prisión, no se le había presentado documentación que acreditara ese “arraigo familiar que éstos tienen en España, domicilios conocidos, formación académica y actividades desempeñadas” por los imputados.

“Se infiere (de todo ello) que no tratarán de sustraerse a la acción de la justicia y, consiguientemente, el riesgo de fuga queda muy mermado, pues dicho arraigo implica la existencia de razones familiares, sociales y económicas que hacen el presunto delincuente contemple con mayores dificultades la huida”, asegura el juez. Sobre la confiscación de los guiñoles no se pronuncia y se limita a asegurar que la reiteración delictiva “ya es escasa en estos momentos”.

El magistrado advierte de que los hechos “perpetrados” tienen “viabilidad delictiva”. “Cualquier persona que lea la expresión incluida en el cartel exhibido por los investigados Gora Alka-ETA puede verificar que con las mismas, se está alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos, sin que el hecho de que tal exhibición se lleve a cabo bajo la cobertura o con ocasion de la escenificación de una obra con guiñoles, pueda suponer por sí misma una despenalización de la referida conducta”, afirma Moreno en su auto.

Hubo “discurso del odio”

Ismael Moreno dice partir del Código Penal y de jurisprudencia del Tribunal Constitucional para aludir al caso de los titiriteros y afirmar que “no se encuentran bajo la protección constitucional la realización de actos que, en desarrollo de aquellas ideologías, vulneraen otros derechos constituionales”. “La libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado discurso del odio, esto es, a aquél desarrollado en términos que supongan una incitación direta a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas, creencias, etc.”, añade.

En este sentido, el juez afirma que la obra de los titiriteros suponen “algo más que una mofa de determinados colectivos”, en referencia a la muerte de guiñoles que representan a una monja, un policía y un juez. Se trata, dice, de “una provocación al odio”. Y añade: “El discurso del terrorismo se basa en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y, en definitiva, en la aterrorización colectiva como medio de conseguir esas finalidades”.

A Raúl García y Alfonso Lázaro se le retirarán los pasaportes. El juez les prohibe también abandonar territorio español. Los imputados abandonarán la prisión de Soto del Real en cuanto se de traslado del auto judicial al centro penitenciario.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

De esta manera, el juez acata la orden de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado noviembre instó a Moreno a que cursara las órdenes de detención de los cinco en contra de la opinión del propio magistrado, quien hasta este lunes no había dado curso a este mandato del tribunal.

“Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana”, según la querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del expresidente.

Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, el juez ordena, vía Interpol, la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80. Los cinco se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los respectivos autos en los que decreta su busca y captura y su orden internacional de detención.

“Hallándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordenado por la sala y librar la orden internacional de detención, y en virtud a los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la prisión provisional, incondicional y sin fianza del mismo”, afirma el juez en el caso del expresidente.

Las órdenes de detención de los exdirigentes chinos, que causaron en noviembre un “fuerte malestar” en el gobierno del país asiático, se producen un día antes de que el Congreso debata una proposición para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, que afectaría a este caso puesto que el querellante no tenía la nacionalidad española cuando se produjeron los hechos.

Según la querella interpuesta por dos asociaciones y un lama con nacionalidad española, que el juez reproduce en los autos, Jiang Zemin “promovió e implementó de forma activa políticas cuyo objetivo era poblar la región autónoma del Tíbet con una mayoría de etnia Han, detener a miles de tibetanos durante largos periodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales”. En este sentido, apunta que Jiang Zemin “sometió a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosas”.

Durante los años en que el expresidente ocupó el poder, el pueblo tibetano fue sometido “a menudo y de forma generalizada a torturas” como resultado de una serie de Foros del Trabajo sobre el Tíbet que la querella considera parte de una “estrategia de la colonización” de la región “con el traslado masivo de población china”.

Respecto al ex primer ministro Li Peng, explica que él y el Consejo de Estado “emitieron los decretos de la ley marcial para el Tíbet en marzo de 1989” y fijó, tras la muerte del X Panchen Lama, las condiciones para elegir uno nuevo bajo la aprobación del gobierno de Pekín.

En cuanto al exministro Peng Pelyun, la querella que ahora reproduce el juez recuerda que las políticas de planificación familiar en el Tíbet “no van dirigidas a reducir una sobrepoblación, sino simplemente a reducir la población de los tibetanos como grupo étnico y religioso”.

Respecto al ex jefe de seguridad Qiao Shi, los querellantes recuerdan que es conocido por facilitar “la enorme represión de toda China tras la masacre de Tiananmen” y en el caso del Tíbet, tuvo que ver en la represión de manifestaciones con muertos y heridos.

El juez reproduce las afirmaciones de los querellantes de que bajo el gobierno de Chen Kuiyuan como ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet, “las desapariciones aumentaron enormemente tras los cambios en la administración penitenciaria que se hicieron en 1994, la represión y las fuertes restricciones sobre la actividad religiosa se desbocaron y se expulsaron del partido a numerosas personas de etnia tibetana”.