Más de 3.300 inmigrantes han sido excluidos de la sanidad pública en los últimos tres años, pese a tener derecho a ella en base a la normativa, entre las que se encuentran embarazadas y niños, debido a la reforma sanitaria de 2012, según la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder).

Todos estos casos han sido documentados por esta asociación que hoy ha presentado el informe “Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria” en el que analizan los distintos casos producidos durante este “lustro de exclusión injustificada e injustificable”.

Este jueves se cumplen cinco años de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, que supuso la retirada de 873.000 tarjetas sanitarias a migrantes en situación irregular y provocó que a otros miles, que sí tenían derecho a asistencia según esa norma, se les haya denegado la atención.

Por ello, Reder, formada por más de 300 organizaciones sociales entre las que se encuentran Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia o Cesida, pretende desmontar los “mensajes falaces” del Gobierno para “ocultar los efectos reales” de la reforma sanitaria.

No es cierto, asegura su informe, que en España nadie se quede sin asistencia sanitaria, ya que desde enero de 2014 (cuando se constituyó la Red) a marzo de 2017, han contabilizado hasta 3.340 personas que han resultado excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta cifra no refleja todos los casos de exclusión, una “grave situación” cuya dimensión real es “mucho mayor”.

Además, aunque existen situaciones excepcionales para recibir asistencia, Reder denuncia que 146 mujeres embarazadas, 243 menores de edad, 66 personas de avanzada edad en situación regular y 26 solicitantes de asilo fueron excluidos en este período.

También han contabilizado 341 casos de denegación o facturación indebida de la atención en urgencias. No importa la gravedad de las enfermedades, pues el estudio alerta de que 51 afectados por la retirada de asistencia tenían cáncer, 87 hipertensión, 26 VIH, 74 enfermos cardiovasculares, 107 diabéticos y 53 casos de salud mental grave.

Otro mito que desmonta este estudio es el de que “la sanidad es hoy más universal que nunca”, pues la reforma sanitaria de 2012 no solo excluyó a inmigrantes en situación irregular, sino que también restringió su acceso a otras personas con distintas situaciones administrativas.

Así, 619 personas con pasaporte comunitario, a los que se suman otras con permiso de residencia válido, solicitantes de asilo en trámite o turistas y estudiantes con visado, se han visto perjudicadas por esta medida.

En cuanto a su procedencia, casi la mitad de los afectados (49 %) son latinoamericanos, mientras que un 18 % proceden de la Unión Europea, un 15 % del África subsahariana y un 11 % del norte de este continente.

Uno de estos casos, expuesto en el informe, es el de M.L., una mujer boliviana víctima de explotación sexual con una deuda de más de 30.000 euros facturada tras acudir a urgencias por una agresión machista y ser atendida por dar a luz.

O el de la venezolana J.G., de 56 años, que llegó a Canarias en un proceso de reagrupación familiar y, al denegársele la tarjeta sanitaria, no puede recibir la insulina necesaria para tratar su diabetes.

Reder también desmiente que dar la tarjeta sanitaria a personas en situación irregular fomente el turismo sanitario, ya que estos suelen ser jóvenes con buen estado de salud, cuyo uso del SNS es “sensiblemente inferior” al de los españoles (entre un 69 % y un 77 % del gasto medio).

También indica que no es verdad que las nuevas normativas autonómicas promulgadas el último año para atenuar la reforma hayan acabado con la exclusión sanitaria, si bien sí reconoce que suponen un “impacto positivo”, aunque algunas corren el riesgo de ser anuladas.

Tampoco es cierto, señala el documento, que la reforma fuera inevitable para salvar la sanidad: el Gobierno alegaba una deuda acumulada de 16.000 millones de euros que no justificó con ninguna memoria económica.

De esta manera, Reder ha alertado de que el SNS es hoy en día “más injusto, insolidario e ineficaz”, por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios un cambio legislativo para “reconocer el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentren en territorio español, independientemente de su situación administrativa”.

Catalunya da un paso más en la defensa de la universalidad de la sanidad pública. La Generalitat ha anunciado este martes la aprobación del proyecto de ley que debe garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria a todos los residentes en el territorio. “Todas las personas residentes en Cataluña tienen derecho a la asistencia sanitaria pública a cargo del CatSalut (Servicio Catalán de la Salud), de este modo el proyecto restablece en el territorio la universalización de la asistencia sanitaria de cobertura pública con independencia de la situación de los residentes”, establece el texto que aún debe ser sometido a aprobación en el Parlament.

“Entendemos que es una ley absolutamente necesaria porque a banda de los perjuicios que se pueden producir en la salud de las personas, hay un peligro para la salud pública cuando se deja una parte de la población sin control médico y esto también aumenta la vulnerabilidad de los colectivos en exclusión social”, ha afirmado la portavoz del Govern Neus Munté en la rueda de prensa semanal para explicar los acuerdos de gobierno.

Como ya avanzó el conseller de Salud Toni Comín cuando anunció el trámite de la norma, la principal diferencia que presenta la nueva ley es que el acceso a toda la cartera de servicios será inmediato para todos los ciudadanos empadronados en Catalunya y no se pedirá un mínimo de tres meses de padrón para acceder al sistema, como marcaba la instrucción 8/2015, que quedará sin efecto cuando la ley sea aprobada. En cualquier caso el padrón seguirá siendo un requisito y lo que se elimina es la carencia de tres meses.

Por otro lado, las personas no empadronadas seguirán teniendo garantizada la atención urgente y las embarazadas y los menores el derecho a asistencia primaria y especializada, excepciones que prevé el real decreto ley 16/2012 del PP de exclusión sanitaria. Según datos del Govern, las instrucciones hasta ahora promovidas por el CatSalut han permitido dar asistencia sanitaria a 137.000 personas que habían quedado excluídas por la norma estatal.

Ya durante su primera intervención parlamentaria tras ser designado conseller de Salud, Comín anunció que una de las medidas de su departamento sería trabajar en una norma que blindase la universalidad de la sanidad, dando un paso más allá de las dos instrucciones hasta ahora aprobadas como reacción al RDL 16/2012.

La ley autonómica, que previsiblemente será aprobada en el Parlament, llegará cuatro años después de la publicación RDL que restringe el acceso a la sanidad de ciertos colectivos. Desde entonces la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat) lucha por conseguir la derogación del decreto y a su vez para que se garantice la atención urgente y no se cobre indebidamente en las urgencias de algunos hospitales catalanes, como ha denunciado junto con Yo Sí Sanidad Universal.

Las noticias sobre casos de exclusión sanitaria ya no aparecen cada semana en los medios de comunicación, como en los momentos de aplicación más rigurosa del real decreto 16/2012, la reforma sanitaria que aprobó el PP. Pero siguen existiendo. La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) denuncia en un informe que (aunque en menor número que en años anteriores) a día de hoy sigue habiendo personas que no pueden acceder al médico debido a esta norma. El estudio recoge 541 casos entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Algunos casos son consecuencias de la ley, pero en otros responden a irregularidades: a 36 menores, por ejemplo, se les denegó la tarjeta sanitaria y la propia asistencia o se les intentó cobrar por recibirla, algo ilegal según el propio decreto.

El denominado 'decretazo de exclusión sanitaria' cumple este 20 de abril cuatro años desde su aprobación y los colectivos sociales que componen REDER piden que este sea su último aniversario. La norma excluyó de un día para otro, en 2012, a cientos de miles de personas de la atención normalizada en la sanidad pública, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia. Pero no solo: también a los españoles emigrados y a personas con permiso de residencia a las que exigían a partir de 2012 documentos y seguros que no tenían o podían conseguir.

Hace un año, a finales de marzo, el Gobierno reculó (en parte) en su nueva política sanitaria. El ministro de sanidad Alfonso Alonso afirmó que los inmigrantes sin permiso de residencia debían poder ir al médico de cabecera. En ese momento, las personas en situación irregular solo podían acceder a la sanidad pública en casos de urgencias, si sufrían enfermedades infecciosas, y si se trataba de menores o embarazadas.

El Gobierno anunció su cambio de opinión, pero se ha resistido a derogar el real decreto (según su versión, no es necesario) y tampoco permitió la devolución de las tarjetas sanitarias: los inmigrantes irregulares podían tener un documento especial, diferente, que acreditase su derecho a la atención primaria en España.

Un año después del anuncio –con los procesos electorales y la inexistencia de Gobierno de por medio– no existe ese documento que el Gobierno quería consensuar con las comunidades autónomas. Después de las elecciones autónomicas, hubo más comunidades que se sumaron a las regiones insumisas al decreto 16/2012 y que han proporcionado acceso a la sanidad a los colectivos excluidos. REDER critica que el panorama es muy heterogéneo y los derechos en una materia básica como la salud fluctúan según dónde vivas. Los colectivos formantes de la red piden la derogación del decreto, origen de los cambios en el sistema sanitario para homogeneizar la situación.

541 casos de exclusión

La red de organizaciones ha reunido en un informe desde agosto del pasado año 541 situaciones de exclusión sanitaria, que se suman a los más de 1.500 casos documentados en un estudio anterior. Algunos casos suponen ilegalidades: como los que afectan a menores (36), las

47 incidencias en urgencias (muchas con intención de cobro) y los 28 casos de mujeres embarazadas a quienes se les ha impedido el acceso a tratamiento y seguimiento de su embarazo.

El 47% de las incidencias recogidas por FEDER las sufrieron personas en situación irregular. El resto, por personas con algún tipo de permiso de residencia, pero que encontraron limitaciones para acceder al médico. Es el caso de las personas reagrupadas, en su mayoría ancianos, que tienen papeles pero no tarjeta sanitaria. La Administración les exige un seguro privado que deberían haber firmado para que les dieran la residencia legal, pero que nadie les pidió. Su situación es de total desamparo, porque la mayoría no puede acceder a los seguros privados ya que las aseguradoras no quieren como clientes a las personas mayores.

REDER recoge los casos de 20 personas de avanzada edad que hoy no pueden ir al médico. Una de ellas es Leonilda, brasileña casada con un español retornado a la que niegan la tarjeta sanitaria porque le exigen un trámite administrativo que las autoridades de Brasil no le facilitan. “España es conocedora de que ese certificado no lo pueden conseguir”, dice su sobrino a Médicos del Mundo, miembro de REDER. “Me siento impotente, me parece mentira que la administración te deje en una situación de abandono”, dice su sobrino. “Llega un momento que esto te agota, te agota mucho”. 

La madre de Rodolfo Sopo, cubano con la nacionalidad española fruto de su estancia en el país, se fue de España por este motivo. Vino reagrupada a España y se ha tenido que marchar porque no consiguió acceder a los cuidados que requería, a pesar de que Rodolfo llegó a contratar un seguro privado. “Se le detectó un nódulo en la garganta y en la nariz, que requería operación. El seguro tenía una carencia, que no le permitía realizar las pruebas y la operación tampoco”, explica en un vídeo difundido por Médicos del Mundo.

A los tres meses, su madre sufrió una caída y se fracturó dos vértebras. “Y tampoco le asistieron. Le mandaron pruebas, como un tac, para valorar el alcance de la lesión por un neurocirujano y tampoco hubo opción de poder hacerle la prueba”, explica. Finalemente, optaron por que regresara a Cuba, aunque estuviera lejos de su familia. “Estuvo sin caminar dos meses. Se fue en silla de ruedas a Cuba”, lamenta Rodolfo.

Las organizaciones sociales exigen al próximo Gobierno la modificación de la ley para acabar con las figuras de “asegurado y beneficiario” de la sanidad pública. Además, piden más campañas de información pública porque muchas de las incidencias recopiladas (el 46%) tenían como origen la falta de conocimiento de los cambios normativos.

Médicos del Mundo ha convocado la firma por la sanidad universal a los distintos partidos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha. Idoia Ugarte, presidenta de la organización ha señalado que se trata de un paso más en una campaña que se inició a nivel federal el pasado 16 de marzo en Madrid. En dicha ocasión, doce partidos firmaron un compromiso para incluir la restitución de la sanidad universal en el programa electoral de los próximos comicios.

La intención de la organización, junto a varias plataformas sociales, profesionales y científicas, es de hacer visible el impacto del Real Decreto 16/2012, legislación que ha significado la retirada de más de 800.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes sin documentación al día. En Castilla-La Mancha, ha destacado Ugarte, la situación es especialmente preocupante, en cuanto la región ha aplicado el Real Decreto de forma estricta. Médicos del Mundo ha documentado cerca del mil casos de “victimas del caos y la desinformación” que aseguran ha “caracterizado” la implantación de esta medida de exclusión sanitaria. Además, la organización ha entregado informes mensuales tanto a la Consejería de Sanidad como al Servicio Regional de Salud, sin tener una respuesta “satisfactoria” a sus demandas.

Fernando Mora, en representación del PSOE, ha señalado que la importancia es especial en Castilla-La Mancha al haberse aplicado el mencionado decreto “de forma tajante”. El socialista ha señalado la necesidad de una “derogación inmediata” del decreto, para dejar constancia de la importancia de la universalidad sanitaria. Mora no sólo hizo referencia a los inmigrantes en situación irregular, que ha asegurado “nos preocupa especialmente”, sino también a los españoles en el extranjero o que, por su situación laboral y económica, han perdido también los derechos sanitarios. El PSOE ha asegurado que propondrán una reforma en la Constitución para blindar la sanidad, al igual que en el estatuto de autonomía.

Por parte de Izquierda Unida, Alejandro Ávila ha señalado que es parte del “contrato” que han firmado con los ciudadanos la importancia de una sanidad pública, integral e universal. El candidato de Ganemos Castilla-La Mancha ha señalado que para la formación es fundamental que las administraciones se hagan cargo de la atención sanitaria, al considerar que es “la única garantía” para recibir un servicio de calidad, además de apostar por eliminar los copagos y “repagos”. Azucena Gual, de Equo, ha enfatizado en su condición de mexicana para señalar su cercanía al problema que supone el Real Decreto, y también en el compromiso de su formación que seguirá este compromiso político a través de un observatorio ciudadano.

María Ángeles García, cabeza de lista en Cuenca por Podemos, ha señalado la importancia de dar visibilidad a la situación que vive la región en materia sanitaria y ha asegurado que el compromiso de la formación es “claro” en el programa. García ha señalado que en las medidas que se implantarán con carácter “urgente” en los primeros cien días de Gobierno se encuentra el compromiso con una asistencia sanitaria “universal, pública y de calidad”. La profesional sanitaria ha asegurado que el Gobierno regional ha incurrido en “claras irregularidades” al emitir facturas por la atención sanitaria. Por último, Celia Cámara de UPyD, ha enfatizado que la formación magenta suscribe el compromiso por “convicción y simpatía”, afirmando que su programa defiende también una sanidad universal, gratuita y sostenible al considerar que se trata de una “cuestión de justicia social”. Cámara criticó el “eufemismo” del Gobierno nacional de querer “garantizar el Sistema Nacional de Salud”, a costa de “dejar fuera de cobertura a más de 870.000 personas que sólo no tienen un documento”.

Las medidas que se incluyen en el compromiso incluyen la puesta en marcha de medidas de acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud, y también asegurarse de su efectividad, con requisitos asequibles. Por otra parte, los partidos políticos se han comprometido a diseñar y difundir “adecuadamente” los procedimientos que garanticen el cumplimiento de los supuestos que sí reconoce el Real Decreto 16/2012, entre los que se encuentran los menores de edad, mujeres embarazadas y los servicios de urgencias. La organización hace especial énfasis en que “en ningún caso” se emitan facturas o compromisos de pago.

Finalmente, el último punto señala que se deben adoptar las medidas “necesarias” para combatir la “discriminación” en el acceso a la salud, sin tomar en cuenta la situación administrativa de las personas y a poner fin de “forma inmediata” a las facturaciones por la atención de urgencias a los inmigrantes hasta que reciban el alta médica. Médicos del Mundo ha señalado que hará un seguimiento “efectivo” del compromiso político. La organización también ha lamentado haber recibido un “silencio” como respuesta por parte del Partido Popular y Ciudadanos, a quienes invitaron también a la firma, si bien no han suscrito el compromiso en el resto de las regiones ni a nivel federal.

Solo 489 personas han contratado los seguros médicos que la exministra Ana Mato anunció como alternativa a la exclusión del sistema de salud público provocada por la reforma del Gobierno de 2012. El Real Decreto Ley 16/2012 trajo consigo la retirada de las tarjetas sanitarias a más de 870.000 personas, muchas de ellas inmigrantes sin permiso de residencia. Entonces el Ejecutivo anunció la posibilidad de contratar convenios especiales públicos, con un precio de entre 60 y 157 euros mensuales.

Después de más de dos años, el número de contratos no llega a los 500. La cifra corresponde a los convenios que el Ministerio de Sanidad controla dentro del seguimiento que mantiene de la gestión de las comunidades autónomas, que son las responsables de ofrecer este servicio. La información –que no había sido pública hasta el momento– queda recogida en la respuesta del Gobierno al diputado de Amaiur Jon Iñarritu García del pasado 26 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El dato representa un porcentaje mínimo de las 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España que fueron dadas de baja con la reforma, según comunicó el Gobierno a Bruselas en 2013. El diputado vasco preguntó al Ejecutivo la cifra actualizada de personas excluidas del sistema público, pero la respuesta escrita no facilita ese dato.

Desde el primer momento, organizaciones contrarias al decreto sanitario como Médicos del Mundo (MdM) y Yo Sí, Sanidad Universal expresaron su oposición a estos seguros. Eva Aguilera, portavoz de MdM, recuerda que “van en contra de la igualdad de acceso al derecho a la salud al imponer una barrera económica que va entre los 60 y los 157 euros al mes”. El precio –añade– es incluso “más caro que el de algunas aseguradoras privadas y no incluye la prescripción farmacéutica”.

La gran mayoría de las personas que acuden a pedir ayuda a Yo Sí, Sanidad Universal no pueden permitirse el coste de los convenios. Mustafá contaba en una de las 'Historias de la crisis' que publicó eldiario.es que había perdido su tarjeta porque no tenía papeles. “El seguro privado, no, ni lo hago, ni intentarlo, ni pensarlo. No lo voy a hacer nunca. No tengo ni para comer, cómo voy a contratar un seguro privado”, manifestaba ante la cámara.

“Las únicas que se lo plantean un poco son aquellas personas que sufren enfermedades que requieren un seguimiento médico, como diabetes o cardiopatías, pero no les compensa porque además tienen que pagarse las medicinas. Puedes ir al médico, pero no te puede recetar la insulina. No tiene sentido”, expresa Marta Pérez, activista de Yo Sí, Sanidad Universal.

Además, según Médicos del Mundo, ni siquiera todas las comunidades autónomas han regulado los requisitos y la vía de acceso a este derecho a una sanidad de segunda. “Ni Cataluña ni Galicia, por ejemplo, han regulado los convenios especiales, así que los ciudadanos que viven allí no pueden acceder a este derecho”, critica Eva Aguilera. En septiembre, el Departamento de Salud catalán afirmó a eldiario.es que no había “hecho operativo el desplegamiento de la normativa referida a los convenios especiales”. En la actualidad, las consejerías autonómicas de Cataluña y Galicia no han respondido sobre si continúa esta carencia.

Programas de apoyo de las comunidades autónomas

Ante las preguntas del diputado Jon Iñarritu sobre los 319 casos de exclusión sanitaria y de irregularidades en la atención que recoge el informe REDES de la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal (entre diciembre de 2013 y junio de 2014), el Gobierno niega los hechos. “Se ha evidenciado que no se han producido situaciones de desatención ni de desprotección”, consigna en su respuesta. Y añade que “la normativa española garantiza que a nadie se le puede denegar la asistencia sanitaria”.

Además, el Gobierno saca pecho frente a los países europeos (entre los que, asegura, se sitúa “a la cabeza” en cuanto a la protección de la salud de los inmigrantes): “España tiene el marco jurídico de mayor protección y más solidario”.

Eva Aguilera y Marta Pérez suspiran al escuchar los argumentos del Ejecutivo. “Es negar la realidad. Una tomadura de pelo”, indica Aguilera, que recuerda que Médicos del Mundo ha remitido también al Gobierno su informe de abril, en el que denunciaban casos de exclusión incluso entre las excepciones con asistencia garantizada por el decreto –urgencias, embarazadas y menores–, “del que no obtuvimos respuesta”.

Otro de los argumentos del Gobierno para justificar la existencia (hoy por hoy) de una sanidad “pública, gratuita y universal” radica en que las comunidades autónomas han aumentado la cobertura sanitaria del decreto de 2012 mediante normas regionales. Es decir, que aunque la norma excluya a los inmigrantes sin permiso de residencia, “la mayoría de las CC AA” han desarrollado “programas de apoyo a las personas en situación irregular en España sin recursos económicos que no podían hacer frente al coste de la asistencia sanitaria fuera de los supuestos legalmente cubiertos”.

Algunas regiones, como Galicia, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón, han creado diferentes programas mediante los que los inmigrantes sin papeles ni recursos económicos pueden acceder a un documento (no a la tarjeta sanitaria convencional) que les permite acudir al médico. Aunque varía según el territorio, generalmente se exige un tiempo mínimo de residencia de estas personas: empadronamiento de al menos 183 días en Galicia y Cantabria, un año en la Comunidad Valencia, por ejemplo.

Otras comunidades, como la madrileña, no han puesto en marcha estas opciones y se han limitado a crear algunas excepciones, además de las tres fijadas a nivel estatal. Castilla-La Mancha es la única región que no ha proporcionado ninguna alternativa a las personas despojadas de sus tarjetas, según Médicos del Mundo.

En Yo Sí, Sanidad Universal critican las incoherencias del Gobierno para defender la norma. “Cuando lanzaron el decreto decían que era para armonizar la regulación de las comunidades autónomas y ahora apuntan que cada una puede hacer su programa de apoyo”, critica Marta Pérez. La activista pregunta al Ejecutivo por qué, si todo el mundo tiene acceso a la sanidad, tal y como defiende, se impuso el decreto de 2012: “¿Por qué no se da entonces la misma tarjeta? Esa estratificación no sé a quién beneficia, pero desde luego sí perjudica a muchas personas”.

Porque, en este tiempo, murió Janeth Beltrán, una mujer nicaragüense que pasó sus últimas cuatro horas de vida en las urgencias de un hospital de Toledo esperando a ser atendida. Y Milagros Villalobos sufrió un aborto después de haber sido rechazada en un hospital público de la Comunidad Valenciana, según relató a eldiario.es. Son solo ejemplos, por desgracia, demasiado fáciles de encontrar para los activistas. Están “a un golpe de teléfono”, en la rutina de los centros de salud y hospitales que nos rodean, lamentan. 

Era una de sus frases más repetidas: “La Sanidad sigue siendo universal y gratuita”. Pero desde que la exministra Ana Mato aprobó el real decreto 16/2012, cerca de 800.000 personas dejaron de poder acudir a sus médicos de cabecera y especialistas en 2012. Se lo ha recriminado la ONU y el Consejo de Europa. Se lo han contado los propios afectados. Se lo han gritado las ONG y colectivos implicados que ahora celebran la dimisión de la madrina de la exclusión sanitaria. Como la razón de su adiós es bien distinta, mantienen su lucha: exigen la derogación de la medida.

Tras la puesta en marcha del decreto que ha acabado con la universalidad de la sanidad española, los casos de personas excluídas no tardaron en salir a la luz. Los inmigrantes en situación irregular perdieron su derecho a la sanidad, excepto si las pacientes esperan un hijo, son menores o sufren una urgencia. A su vez, se precipitaron las pruebas de los propios incumplimientos de la ley y el caos existente en su aplicación. Embarazadas ignoradas en su centro de salud, menores con dificultades de acceso a su médico, pacientes que volvían del hospital con una factura de cobro.

Lo que aún se desconoce es una cifra: el Ministerio de Sanidad aún no ha anunciado de forma clara el supuesto ahorro generado tras dos años de exclusión sanitaria. A pesar de ser el presunto objetivo de la reforma, el Tribunal Constitucional ha cuestionado en dos ocasiones el ahorro de excluir a estas personas de una atención normalizada.

“Nos alegramos de que haya dimitido. La corrupción es muy preocupante, pero es necesario recordar que Ana Mato ha creado una ley que ha estrenado la exclusión sanitaria en el territorio español. La exministra también es culpable de ello. Esta situación va a permanecer aunque se marche”, sentencian desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, que lucha por la derogación del real decreto y defiende la insumisión del personal sanitario para mantener la Sanidad Universal. “La Ley la han hecho personas del calado de Ana Mato. Igual que ella dimite, el decreto también puede caer”.

Desde Médicos del Mundo también se centran en denunciar las políticas impulsadas por Ana Mato. “Durante su etapa en el ministerio se han adoptado las medidas más regresivas en el Sistema Nacional de Salud de las últimas décadas, con importantes consecuencias en los sectores más vulnerables de la población”, afirman. “La organización considera como responsable de la reforma sanitaria a Ana Mato. Esperamos que el nuevo contexto y equipo ministerial impulse una rectificación”, sentencian desde la ONG que da seguimiento e intenta garantizar la asistencia a los casos que le llegan. Hace unas semanas lanzaron una crítica campaña contra el debilitamiento del sistema sanitario tras el paso de la exministra.

“Pedimos retronar al punto anterior del real decreto, porque los argumentos que utilizan a la hora de sesgar quién accede a la sanidad y quién no son absolutamente falsos. Se basó en una pequeña, gran mentira”, señala Mikel Araguás, portavoz de Andalucía Acoge. “Otras comunidades autónomas garantizan la asistencia sanitaria a toda su población no ha supuesto ningún perjuicio en su sistema de salud. Animamos a la persona que sustituya a la ministra a recapacitar y a dar un paso atrás”.

La secretaría general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha calificado de “nefasta” la gestión de Ana Mato, aunque no ha querido entrar a valorar la dimisión. “Ha protagonizado una de las peores gestiones que se han llevado a cabo en la cobertura de la sanidad pública a inmigrantes y refugiados”, ha señalado a eldiario.es.

Desde CEAR aseguran que, aunque la renuncia de Ana Mato llega después del auto del juez Ruz que la señala como beneficiaria de la Gürtel a título lucrativo, les “hubiera gustado que en esta decisión” hubiera estado presente su “equivocada” política en materia sanitaria. “Creo que es necesario replantease otro modelo de sanidad pública con los inmigrantes y refugiados, y ahí tiene una oportunidad el nuevo titular de Sanidad”.

Cae Ana Mato, los efectos de sus políticas perduran

Mariano Rajoy ha dejado caer a Ana Mato después de que el juez Ruz constatase que se lucró gracias a la trama Gürtel. La respuesta de uno de los colectivos más activos en la lucha contra el decreto sanitario de Ana Mato, Yo Sí Sanidad Universal, no tardó en anunciarse: “Seguiremos hasta que caiga el real decreto 16/2012, no nos importa quién venga”, declararon desde su cuenta de Twitter, minutos después del anuncio de su dimisión.

La madrina de la exclusión sanitaria se marcha, su legado perdura. Y tiene nombres y apellidos. Milagros Villalobos, Víctor Walteros, Yunia Romero y su padre, Lourdes y su hijo Lázaro... Son algunas de las personas que denunciaron la imposibilidad de acceder a una asistencia médica normalizada a pesar de necesitarlo, aunque la propia ley incluyese su caso como excepción. Alpha Pam, Soledad Torrico, Jeanneth Beltrán: las que no llegaron, las que, según las organizaciones, se quedaron por el camino tras no recibir el seguimiento sanitario requerido.

El bebé de Louela Aparece Bautista, una mujer filipina con residencia legal en España, tenía poco más de un mes cuando pasó por quirófano de urgencia, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el pasado marzo. El intestino del pequeño Philip John corría peligro debido a una hernia, con riesgo de perforación. Antes de que atendiesen al bebé, la familia tuvo que firmar un compromiso de pago en el hospital, una demanda ilegal en la atención en urgencias. Además, el caso cuenta con un agravante: los menores de 18 años tienen reconocida por ley la asistencia normalizada por el servicio de salud pública.

“Nos dijeron que como el bebé no tenía tarjeta sanitaria, teníamos que pagar la atención”, cuenta Louela Aparece Bautista en una conversación telefónica. Para obtener la tarjeta sanitaria han tenido que esperar hasta conseguir el pasaporte del pequeño, que ha tardado varios meses en tramitarse. Durante ese tiempo, Philip John no ha tenido pediatra asignado de referencia. El médico que lo ha atendido durante este tiempo, en un centro de salud céntrico de Barcelona, lo ha hecho de manera informal.

Según cuenta la madre, en el Hospital Sant Joan de Déu les dijeron que, una vez con la tarjeta, podían intentar revocar la deuda. Es el próximo paso que dará la familia, al igual que con otro compromiso de pago que se vieron obligados a firmar en el Hospital del Mar. Cuando Philip John cumplió dos días de vida, su piel tomó un color amarillo que alertó a sus padres. Acudieron a urgencias y el coste de esa atención asciende a “50,83 euros”, lee la madre en el recibo.

“Lo peor es que se está vinculando el derecho a la atencion a menores y el derecho a la atención urgente a tener la tarjeta sanitaria”, denuncia Iko, activista de la Pasucat, una plataforma catalana en defensa de la sanidad universal. La atención urgente y la suministrada a menores de edad y a embarazadas son las tres excepciones que incluyó el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, entre las que abundan los inmigrantes sin permiso de residencia. Para los niños, la norma recoge lo siguiente: “En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

Por su parte, “el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) se ha comprometido a aclarar las instrucciones dirigidas a sus centros sanitarios”, indica Iko, satisfecho con las consecuencias de la presión del colectivo. Tras una reunión con la Pasucat, los responsables de Sanidad redactaron una circular que ha podido ver eldiario.es, que recuerda las tres excepciones y exige la asistencia a estos grupos aunque no tengan tarjeta sanitaria. No obstante, una mención del texto a “la situación de vulnerabilidad” de niños y embarazadas inquieta a la plataforma, desde donde creen que puede contribuir a alargar la confusión.

En respuesta a este medio sobre las irregulridades, fuentes del CatSalut se limitan a afirmar que la cobertura pública a “los menores inmigrantes está garantizada y, por lo tanto, no hay un protocolo específico de atención”. Sin embargo, más casos alertan de que esta información no está tan clara en la atención directa a los pacientes.

También en Barcelona, Sara Swamson, de nacionalidad sueca, vive en España desde hace 12 años y dirige un negocio junto a su pareja, Soledad, en la ciudad catalana. Su hijo Love nació el 27 de enero y a día de hoy sigue sin tarjeta sanitaria y sin pediatra asignado. “Nos pedían el pasaporte y no lo hemos conseguido hasta pasados seis meses”, cuenta a este diario. El 27 de julio, las madres llevaron a Love a las urgencias del Hospital del Mar, con más de 39 grados de fiebre, donde se repitió la advertencia de facturación. “Nos dijeron que nos enviarán la factura a casa”, continúa Sara.

Irregularidades tras dos años de decreto

Aun sin tarjeta sanitaria, estos tres supuestos deberán recibir una asistencia gratuita, algo que “no se cumple en muchos casos”, denuncia Iko. En la Pasucat han registrado toda clase de irregularidades, a través de un buzón de incidencias: desde la falta de asignación de un médico por no tener cierta documentación hasta la facturación en urgencias.

Sus quejas remitidas al Sindic de Greuges (el defensor del pueblo de Cataluña) dieron lugar a una actuación de oficio de la institución. “Estamos investigando si los hospitales y centros de salud están cumpliendo lo que recoge el real decreto sanitario”, responde un portavoz del Sindic. Además, hay otra investigación abierta a propósito de la atención a embarazadas, afirma un portavoz del Síndic.

“Queremos que se informe de manera clara de que todos los menores tienen derecho a ser atendidos sin condición alguna”, reitera el miembro de la Pasucat. Iko recuerda lo contradictorio de la desatención a niños en Cataluña, una región que ha regulado para ampliar la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia. Aquellos sin recursos suficientes que lleven más de tres meses empadronados en algún municipio de la comunidad podrán acceder a la red pública. “Lo paradójico es que se estén incumpliendo los mínimos de una ley más restrictiva”, critica el activista.

Pero la desatención no es exclusiva de Cataluña. En Madrid, la asocicación Yo Sí, Sanidad Universal es una de las encargadas de recopilar los casos de exclusión. Así, el pasado abril una pareja de nacionalidad boliviana en situación irregular llevó a su hija con 19 días de vida a las urgencias del Hospital Doce de Octubre. La doctora que atendió al bebé relata a eldiario.es que “llegó con un 25% de deshidratación y desnutrición. La leche de la madre no era suficiente para la niña”. La pequeña ingresó en la UCI del centro. “Los padres fueron a pedir cita para la revisión de los 7 días, en el centro de salud de Paseo Imperial, pero no la atendieron por no tener tarjeta sanitaria”, prosigue.

Fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que “están revisando el caso” y que están trabajando “para aclarar las posibles dudas que pueda plantear el real decreto 16/2012”. En cualquier caso, la portavoz apunta que “el protocolo de la Comunidad de Madrid es atender a todos los menores de 18 años como si tuviesen tarjeta”.

La médica que asistió a la niña recuerda el riesgo de la desatención en estas edades: “En el estado en el que ingresó la bebé puede haber secuelas en el aprendizaje, en el lenguaje y en las destrezas manuales finas, por ejemplo”, explica. Sara Swamson, como madre, insiste emocionada la necesidad de frenar esta situación: “Yo he tenido suerte de tener un hijo sano, pero ¿qué pasaría si no fuese así? No tenemos ni un especialista responsable de nuestro bebé”.

Esta noche, aquí

TODOS SOMOS JEANNETH de los Ángeles Beltrán Martínez.

Porque hemos venido a compartir la rabia y el dolor que nos produce que la familia, las vecinas y vecinos, y los amigos y amigas de Jeanneth la hayan perdido porque una ley injusta, cruel y criminal la ha condenado a muerte.

Cualquiera somos Jeanneth, vecinas y vecinos de cualquier barrio de cualquier pueblo y ciudad del país.

No consentimos que un apartheid sanitario nos divida entre l@s que tenemos derecho a la sanidad y l@s que no.

Mientras la ministra niega sistemáticamente el cambio de modelo sanitario que ha impuesto a golpe de decreto en nuestro país, más de 800.000 personas han perdido

su tarjeta sanitaria. Ya no pueden ir a su médico de Atención Primaria. Y cuando van a urgencias, se les amenaza con el cobro o reciben facturas que son ilegales.

Mientras Ana Mato niega la exclusión sanitaria, personas como Soledad Torrico, Alpha Pam y Jeanneth Beltrán mueren de enfermedades tratables. Mueren, porque no hay acceso a una atención normalizada con continuidad asistencial.

No lo vamos a consentir.

No vamos a aceptar vivir en una sociedad inhumana. No vamos a aceptar una ley homicida que nos roba la salud a todos y todas.

Nuestra rabia y nuestro dolor no nos van a dejar parar hasta que el infame Real Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria sea retirado.

Sanidad Universal de todos para todas y todos.

TODAS SOMOS JEANNETH

“Siendo muy prudentes se puede decir que Castilla-La Mancha va a ser la región de España en la que más camas hospitalarias se van a cerrar este verano” ha sido la afirmación del portavoz de sanidad en las Cortes regionales, Fernando Mora. Así, ha señalado que serán 1.110 las camas que cerrarán durante los meses estivales, alrededor de doscientas más de las denunciadas por la delegación regional del sindicato de enfermería SATSE, lo que alcanza un 23% de las plazas disponibles actualmente.

Una cifra muy elevada, en comparación con el porcentaje de camas cerradas en veranos anteriores que llegaron a alcanzar un total del 10%. Mora ha señalado que las cifras son “prudentes”, ya que las propias previsiones del propio Gobierno regional, señala que el cierre de las camas puede oscilar entre el 30% y el 50%, lo que implicaría entre 1.300 y 2.400 camas cerradas en los hospitales públicos de la región. En comparación con otras Comunidades Autónomas, el portavoz ha señalado como Andalucía, Cataluña o Valencia cierran menos camas “en términos absolutos”, a pesar de llegar a quintuplicar los habitantes de Castilla-La Mancha. Por otro lado, en comunidades como Aragón o Galicia, que tienen un nivel de población similar a la región, el cierre de camas es cinco veces menor que el castellano manchego.

Los casos más significativos de cierre de camas durante el verano son el Hospital de Talavera que, según las cifras del PSOE, cerraría casi la mitad de sus camas, alcanzando el 47,9%, al igual que el de Almansa que cerrará el 48,4% de sus plazas. En Cuenca, Mora ha denunciado que el Hospital Virgen de la Luz cerrará el 41,6% de sus camas, mientras que los de Guadalajara y Alcázar de San Juan, cerrarán el 37,5% y el 30,1% de sus plazas, respectivamente.

A esto se suma la denuncia del PSOE de Guadalajara, que ha afirmado que su provincia será la que más sufra el cierre de camas, ya que se cerrarán una de cada tres durante el mes de agosto, el triple que la media regional. En el caso de esta provincia cerrarán también la mitad de los quirófanos del centro sanitario, dejando sólo 4 quirófanos abiertos en el mes de agosto. Sólo un tercio de los profesionales de Enfermería que se vayan de vacaciones serán sustituidos durante el verano.

Acusación de “falsear” las listas de espera

Según la denuncia hecha ayer por la diputada socialista Blanca Fernández en Ciudad Real, según la cual el gerente del Hospital de Ciudad Real reconoció a los sindicatos la existencia de entre 9.000 y 14.000 expedientes de pacientes “metidos en los cajones”, que no se habrían contabilizado en las listas de espera para pruebas diagnósticas como ecografías o resonancias magnéticas. Las acusaciones de falseo en las listas de espera, potenciadas por la falta de acceso al historial de las listas de espera en los últimos meses, llevarán a los socialistas a pedir la comparecencia de José Ignacio Echániz para que explique la verdad de las listas de espera.

Por otro lado, Fernando Mora ha acusado al Servicio regional de Salud de incumplir la Ley, al intentar cobrar a la joven nicaragüense, Jeanneth Beltrán, mientras aseguraba que desde el grupo socialista se propondrá una iniciativa legislativa para que se inste al Gobierno nacional a derogar el Real Decreto 16/2012 desde las Cortes regionales.

Jeaneth Beltrán llegó a las 18.30 del pasado viernes a las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Fue trasladada por una amiga, Adriana, desde el municipio de Ajofrín porque tenía fuertes dolores de cabeza, vómitos constantes y la mitad de la cara paralizada. La paciente, de origen nicaragüense, no tenía documentación, ni siquiera el pasaporte, por lo que, en lugar de ser atendida, fue apartada en la sala de espera durante más de cuatro horas. “Les intenté ofrecer mis papeles para que, al menos, tuvieran algo, pero se negaban todo el tiempo”, aseguraba Adriana, que acompañó a la mujer en todo momento, en declaraciones a eldiarioclm.es.

Durante este tiempo, el estado de Jeaneth empeoró. Según el testimonio de Adriana, su amiga gemía de malestar y empezó a salivar sin control. Pero eso tampoco fue suficiente para atenderla. Un enfermero que estaba en la misma sala de espera, cuenta la mujer, se desentendió con el argumento de que “no podía hacer nada”. “Nadie me hacía caso a pesar de que llamaba a los doctores todo el rato”, explica. Solo cuando Jeaneth se vio impedida para caminar y comenzó a vomitar “muy oscuro”, momento también en el que Adriana se planteó trasladarla a otro hospital, el personal de Urgencias decidió interesarse por la paciente. Eran las diez y media de la noche y Beltrán colvulsionaba sin control a la puerta del servicio. Menos de tres horas después, el corazón de Jeaneth se paró.

Como Jeaneth, Alpha Pam falleció por tuberculosis tras serle denegada la atención sanitaria. El real decreto 16/2012 también se llevó por delante la vida de Soledad Torrico. Los ciudadanos responsables de la campaña de “Querida ministra” –promovida por la ONG Yo Sí Sanidad Universal– recuerdan, mirando fijamente al objetivo de una cámara en una apelación directa a la responsabilidad de Ana Mato, las consecuencias letales de la norma en vigor desde hace más de dos años que excluye a los inmigrantes sin papeles del Sistema Nacional de Salud.

El último de los ocho vídeos se ha publicado este lunes. “Se le paró el corazón. Usted, querida ministra, lo ha perdido. [...]Usted expropió a Jeaneth de su derecho a la vida negándole la asistencia sanitaria que necesitaba. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que usted haga algo al respecto?”, denuncia una enfermera en la grabación.

Ante lo sucedido, el Complejo Hospitalario de Toledo ha hecho pública una nota de prensa en la que asegura que ya se ha puesto en marcha una investigación para determinar las causas de la muerte de Jeaneth. En el mismo escrito, el centro asegura que el servicio de Urgencias no presentaba ninguna saturación en las horas en las que la mujer permaneció en espera. Aunque esta investigación, afirma el Hospital, ya está en curso, los familiares y amigos de Beltrán tendrán que esperar más de tres meses para conocer la razón exacta de su fallecimiento.

“¿Miente usted, señora ministra? ¿Miente, o es que cierra usted los ojos a lo que sucede en los centros de salud y hospitales?”, pregunta el colectivo Yo Sí Sanidad Universal a la ministra de Sanidad. Unos 40 miembros de la plataforma contra la exclusión sanitaria han protestado este jueves en el Ministerio dirigido por Ana Mato contra el real decreto 16/2012, que cumple hoy dos años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dos años en los que el colectivo ha reunido multitud de casos de ciudadanos rechazados por la sanidad pública.

Los activistas han protagonizado una sentada en la entrada del Ministerio, donde han leído un comunicado tras negociar con la Guardia Civil y el personal de Seguridad. “Sanidad Pública y Universal”, gritaban tras sus máscaras blancas. El discurso era su última interpelación a Ana Mato. “Estamos hoy aquí, de esta forma, porque todos nuestros anteriores intentos de romper su silencio por las vías oficiales han fracasado invariablemente”, ha leído una portavoz.

En el primer aniversario de la aprobación del decreto que modificó el acceso a la sanidad pública, la plataforma envió a la ministra una carta a través del Registro General del Ministerio de Sanidad en la que solicitaban la derogación de “un decreto ineficaz, injusto y cruel”. La solicitud no tuvo respuesta, por lo que han repetido el procedimiento, un año después, con más razones y ejemplos de que el decreto “ha introducido un enorme caos y discrecionalidad en la asistencia sanitario en nuestro país”.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril que impulsó Ana Mato divide a los ciudadanos en “asegurados y beneficiarios” con condiciones que excluyeron de la primera categoría a los inmigrantes residentes en España en situación irregular, a los mayores de 26 años que no hubiesen cotizado en la Seguridad Social y las personas con ingresos superiores a 100.000 euros anuales, entro otros.

Esta mañana, Médicos del Mundo, que también trabaja activamente contra la norma que aprobó el Ejecutivo, ha entregado en el Ministerio de Sanidad más de 43.000 firmas reclamando el retorno a la cobertura sanitaria universal, que se recogieron durante la campaña #NadieDesechado.

Los asistentes han pedido a Ana Mato que se reúna con la plataforma y que se pronuncie públicamente sobre los casos que le remiten. “Hemos constatado cómo mujeres embarazadas no acuden a sus centros de salud por temor a una facturación, cómo se retrasa la asistencia a menores porque ya no tienen todos una tarjeta sanitaria, cómo personas con enfermedades crónicas dejan de tomarse parte de su medicación porque no pueden pagarla”. Según calculan, se ha retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas.

La ministra de Sanidad mantiene que la sanidad española continúa siendo “gratuita y universal”. “¿Cómo se atreve a hablar de universalidad, señora ministra?”, ha denunciado la portavoz. Con motivo de este segundo aniversario, Yo Sí Sanidad Universal ha iniciado la campaña #Queridaministra, con un blog en el que animan a los ciudadanos a compartir videocartas explicando a Mato qué significa para ellos el real decreto 16/2012.

Entre los ejemplos, un activista de la plataforma recuerda el caso de Óscar, que contó eldiario.es, al que un hospital de la red pública madrileña cobró 390 euros por atenderle en urgencias, una atención contemplada como gratuita por el real decreto 16/2012. Tras denunciarlo con la ayuda de Yo Sí Sanidad Universal, este ciudadano paraguayo sin permiso de residencia consiguió que le devolviesen el dinero. “¿Cuánta gente se habrá ido sin recibir la atención?”, se pregunta el activista. “Que sepa que estas cosas están pasando, luego no diga que no se entera”, prosigue.

Desde la plataforma han pedido a la ministra que escuche las voces autorizadas que se oponen a la exclusión de miles de personas de una atención sanitaria completa y gratuita. “Artículos en revistas científicas, dos autos del Tribunal Constitucional que dan la razón a las Comunidades Autónomas que se oponen al decreto, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa”, enumera Marta Pérez ante la prensa a la salida del Ministerio.

El Tribunal Constitucional anuló la semana pasada la suspensión de la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria, recurrida por el Gobierno y que contempla una atención sanitaria completa a los inmigrantes que perdieron la tarjeta sanitaria debido al Real Decreto 16/2012. “El auto sienta un precedente legal”, decía a eldiario.es María Eugenia Rodríguez Palop, docente y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III. Sin embargo, a pesar de las voces en contra del decreto, “cada vez más numerosas entre el personal sanitario”, Pablo Meseguer destaca que el Ministerio de Sanidad no ha cambiado un ápice su hoja de ruta.

Los manifestantes han recordado a las dos personas fallecidas tras no recibir “la asistencia que necesitaban”. “¿Se acuerda usted de Alpha Pam, señora ministra? ¿Se acuerda usted de Soledad Torrico?”, preguntaban en el comunicado.

Además, desde la plataforma también han alertado de aspectos del decreto que aún no se ha aplicado en su totalidad. “Hay puntos muy precupantes como la nueva división de la cartera de servicios en tres diferentes: básica, complementaria y suplementaria, de la que sólo la primera será gratuita y las demás estarán sujetas a 'repago'. Porque no es copago, los ciudadanos ya pagamos la sanidad con nuestros impuestos”, explica una portavoz. Con la vista puesta en la fachada del ministerio, los asistentes se despedían al grito de “Sanidad pública y universal”. Y avisan: “Señora ministra, estamos aquí para contarle que no vamos a cejar en nuestro empeño de obtener respuestas”.

Este miércoles es un día especial, un día en el que recordamos, explícitamente, los derechos de las personas migrantes. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo.

Se me ocurren muchos aspectos sobre los que podría escribir: los motivos para decidir migrar, las dificultades del proceso migratorio, las diferencias entre migrantes de países ricos y países pobres o incluso las evidencias de lo que aportan al progreso económico, social y cultural de cada país. Pero permítanme que me detenga en un tema muy concreto, en lo que ha significado la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) “para la sostenibilidad del sistema sanitario español”, aprobado en el Congreso de los Diputados en abril de 2012.

Este RDL introduce dos aspectos novedosos: la incorporación del copago sanitario y la exclusión del colectivo de migrantes en situación administrativa irregular del sistema sanitario público. Esto provoca, de facto, un cambio radical en el concepto de nuestro sistema, pasando de un sistema de acceso universal a un modelo basado en el aseguramiento, dependiente, por tanto, de si se trabaja o no.

Posición frente al Real Decreto

En Médicos del Mundo (MdM) hemos asumido como misión la defensa del derecho universal a la salud de todas las personas, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y excluidos, tanto en situaciones de emergencias (por ejemplo la más reciente de Filipinas), como en España (donde llevamos trabajando 24 años).

Desde MdM consideramos que ésta es una reforma que no se justifica desde ningún punto de vista. Desde una perspectiva de derechos humanos es injusta, porque la salud no es un lujo, es un derecho reconocido mediante acuerdos internacionales; desde la ética médica es incoherente, porque conculca el código deontológico y el juramento hipocrático; desde una perspectiva de salud pública es peligrosa, porque las enfermedades transmisibles no entienden de barreras administrativas; finalmente, desde una vertiente económica es ineficaz, porque no hay ni una sola evidencia científica que demuestre el beneficio económico de la introducción de medidas de copago, o de la exclusión de colectivos del sistema público de salud. En cambio, sí hay multitud de estudios que demuestran que estas medidas generan, a corto-medio plazo, un incremento de costes por incremento de visitas a urgencias y hospitalizaciones por retrasos diagnósticos y peor control de enfermedades crónicas.

Además, es destacable un aspecto importante de este RDL ya que se apoya en (y aumenta) la confusión existente entre dos colectivos completamente distintos: migrante irregular y turista sanitario. La persona migrante sin papeles suele ser una persona joven, sin enfermedades, procedente de América o África, y cuyo motivo de migración suele ser buscarse un medio de subsistencia y progresar como persona. Además, múltiples estudios sanitarios demuestran que este colectivo utiliza mucho menos el sistema nacional de salud que la población española, en contra de la creencia general. Por otro lado, el turista sanitario habitualmente es una persona de edad, con medios económicos, del entorno europeo y que sí acude específicamente a España atraído por el prestigio de nuestro sistema sanitario y su accesibilidad. La factura sanitaria que supone este turismo sanitario está cifrada en 917 millones de euros en 2011 y las dificultades de cobro son exclusivamente burocráticas. Lamentablemente, este RDL no aporta ninguna solución a este problema administrativo.

La aplicación de este RDL está generando que muchas personas migrantes sufran en España una doble exclusión. Por un lado, del mercado laboral por la pérdida de su trabajo tras llevar muchos años en España, y ahora la sanitaria por haberse quedado sin papeles.

El impacto de la crisis y de los recortes

Desde MdM consideramos que el balance tras un año de implantación del RDL no puede ser más desolador: caos administrativo, desinformación, ruptura de los protocolos preventivos y de enfermedades infecciosas, miedo, aumento de las desigualdades y penalización de los colectivos vulnerables. Y muertes, también muertes.

A estas realidades habría que remarcar dos aspectos especiales: por un lado que este tipo de medidas excluyentes, como es el RDL, favorecen el desarrollo de actitudes xenófobas, y por otro el impacto que supone para las mujeres migrantes en términos de salud sexual y reproductiva, así como en la imposibilidad de detección y atención de situaciones de violencia de género.

Desde la entrada en vigor del RDL estamos trabajando para mostrar la realidad que se esconde detrás de su aplicación. Realizamos tareas de mediación, asesoramiento, derivación y acompañamiento de las personas afectadas, trabajamos en red con otras ONGs, movimientos sociales y sociedades sanitarias profesionales y realizamos tareas de denuncia ante las Administraciones Públicas en todos los casos de vulneración del derecho a la salud que detectamos.

Desde septiembre de 2013 hemos lanzado la campaña Nadie Desechado, poniendo de relieve la extensión de los recortes a otros muchos colectivos de la sociedad española, pudiendo afectarnos a cualquiera de nosotros/as. Esta campaña incluye una recogida de firmas de oposición a este RDL. De momento llevamos recogidas más de 40.000 y les animo desde aquí a que se sumen a la iniciativa.

Permítanme recordar una frase recientemente expresada en el Europarlamento: “creo que todo el mundo, independientemente de su estatus de residencia, tiene derecho a una asistencia sanitaria universal accesible, y esto debe de mantenerse en toda Europa”. No lo ha dicho MdM (aunque lo suscribimos), lo ha afirmado Don Antonio López-Istúriz White, secretario general del Partido Popular Europeo.

Solo me resta, para concluir, ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando para volver a tener un sistema sanitario Universal, donde no haya ninguna persona desechada.

La planta baja es un ir y venir constante. Se va Bridget, entra Aissa. Sus estrechos pasillos están a rebosar. Esperan para recibir comida mientras cogen algo de ropa. Hasta que llegan donde se les espera: “¡Tacha el número 42!”. Allí está Victoria, o Vicenta o Carlota. “Tú necesitabas lote familiar, ¿no? Guarda primero la leche, hija, que pesa más”, aconseja una cercana y enérgica voluntaria de 90 años que dedica dos tardes semanales a entregar alimentos a inmigrantes de origen africano.

Este es tan solo uno de los centros a través de los que, desde 1990, la ONG Karibu ('bienvenido' en la lengua africana Swahili) ofrece ayuda en todas sus expresiones a inmigrantes procedentes de África. Durante el invierno de aquel año, numerosos grupos de subsaharianos se instalaron en los bajos de la Plaza de España y en las naves de Méndez Álvaro de Madrid al no tener otro lugar donde vivir. La muerte de una persona por causa del frío derivó en la creación de esta asociación. Un grupo de personas ligadas a África se plantó. Algo había que hacer. Transcurridos más de 20 años, el ritmo de trabajo continúa. Todavía existe el hueco estatal que les obligó a actuar. Ninguno de los gobiernos ha mejorado la situación de desatención que les llevó a colocar parches. El sacerdote Antonio Díaz, director de Karibu, es contundente:

“Antes no venía a por alimentos porque no lo necesitaba... Pero, ahora, no tengo trabajo y tengo dos niños”, explica la nigeriana, Bridget Etabuko, mientras uno de sus hijos corretea sin parar de un lado a otro de la sala. “Nos han dicho que van a tener juguetes para ellos”. Sonríe. Momentos después, su carro estaba lleno de alimentos.

Cargados con bolsas, mochilas, carros de compra e incluso maletas, llegan hasta aquí para volver a casa con uno de los lotes que alguna de las voluntarias tiene preparado a su llegada. Pueden recoger comida cada 15 días. “Vengo de muy lejos porque aquí me dan ayuda”, dice Aissa, entre sonriente y resignada, mientras recoge los paquetes de arroz, garbanzos y pasta que le corresponden. También guarda potitos. “Tengo tres niños y, tanto mi marido como yo, estamos en paro”.

Evitar las muertes en la frontera

Los recortes sociales del Gobierno afectan a todos, españoles y extranjeros. Pero algunas de las personas que han encontrado un respiro en esta antigua y pequeña casa cargan con una historia a sus espaldas. Saul -nombre ficticio- llegó hace tres años. Se le pregunta cómo e, incómodo, prefiere callar. “Otro día te lo cuento. Aquí, no...”.

El director de la asociación argumenta lo que, según considera, es necesario para solucionar el drama que en ocasiones lleva aparejada la inmigración procedente del continente africano. Para impedir las muertes en el Estrecho. Para acabar con la desesperación que resta importancia al peligro de lanzarse al agua, que hace olvidar el dolor del corte de unas cuchillas. Aquella provocada por la carencia de otra forma de llegar.

¿Por qué es tan difícil para los inmigrantes subsaharianos acceder a España de forma legal? “Las exigencias interpuestas son enormes”, responde Antonio. “No es nada fácil que una persona subsahariana pueda tener acceso a una embajada española en su país de origen. Primero, porque hay países que no tienen ni siquiera embajada. Segundo, por la dificultad de que reúnan las condiciones necesarias. Por ejemplo, tener un trabajo si no hay relación ninguna prácticamente entre algunos de estos países y España. Era muy complicado incluso cuando se necesitaba mano de obra”, continúa. “La inmigración subsahariana siempre se ha estructurado bajo estos criterios. Se va poniendo más en riesgo la vida de las personas en la medida en que esas exigencias de entrada son más duras y más fuertes”.

Buscan una oportunidad pero el día a día es difícil. También la ayuda se complica. Aunque Karibu coloca grandes parches, los agujeros estatales llegan a ensancharse. Hablamos de Sanidad. Aunque antes de la puesta en marcha de la reforma, la sanidad universal estuviese supuestamente garantizada, la dificultades impuestas a los subsaharianos para empadronarse impedían a algunos obtener la tarjeta sanitaria necesaria para acudir al médico. En estos momentos la asociación ya daba asistencia a estas personas pero, tras la aplicación del Real Decreto que deniega la atención a inmigrantes sin papeles, la demanda ha aumentado.

“Lo peor no es que un día no atiendan a un enfermo en urgencias. Eso al final se consigue solucionar porque se trata de un comportamiento fuera de la ley. Lo verdaderamente preocupante es lo que incluye la norma: la imposibilidad de acceso a los tratamientos. Intentamos buscar la solución de cualquier manera pero a veces no llegamos”, lamenta Antonio, quien reconoce encargarse de escribir a los hospitales o administraciones para que, al menos, cumplan la norma y presten atención cuando el decreto lo contempla -embarazadas, menores y urgencias-.

Algunas historias se esconden, otras acaban apareciendo. Lana -nombre ficticio- introduce en el carro todos los productos entregados por el grupo de voluntarias. Antes necesitaba lote de familia. Ahora ya no. Desde que perdió su empleo, solo ve a su hijo un día a la semana. Con la pérdida de un salario y el inicio del cobro del paro (recibe 240 euros mensuales), el niño vive con su padre, un hombre con el que contrajo matrimonio con 15 años por obligación familiar. Se casó en España, bajo la tradición de su país, Guinea Ecuatorial.

Hace dos años tuvo valor para abandonar su casa. Se fue con su hijo. Ahora quiere volver a tenerlo con ella pero entiende que, mientras no cobre más, tendrá que dejarlo con su padre. Lana reconoce no tener a mucha gente con quien conversar y quiere hablar. “Ya no me llevo con mi familia, es muy duro pero yo no podía seguir viviendo más con un hombre al que no quería”. Mientras cuenta que está estudiando para terminar el graduado escolar truncado por su boda forzosa, coloca el arroz sobre la leche. Cierra su carro. “Un día más”.

Vera Rogozina, una ciudadana rusa en situación irregular sobre la que pesa una orden de expulsión, llegó al Hospital de Ourense el 14 de marzo. Una ambulancia la trasladó al servicio de urgencias, donde tuvo que ser intervenida para extraer de su vagina varias piñas. Quedó ingresada toda la noche. Durante ese periodo, prestó declaración ante la Guardia Civil y, una vez dada de alta, presentó una denuncia en comisaría.

Dos días más tarde, Vera volvió a urgencias con fuertes sangrados y acudió de nuevo pasada una semana. En todas las ocasiones se le atendió sin trabas en urgencias, una excepción que recoge el Real Decreto-Ley 16/2012 que excluye del sistema sanitario a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Pero 15 días más tarde, recibió una factura en su domicilio de 893 euros por las intervenciones practicadas. “Vera se asustó muchísimo. En el hospital nunca le hablaron de este cobro y ella no puede hacer frente al pago”, explica María Naredo, abogada de Amnistía Internacional que ha seguido de cerca el caso.

Fuentes del Hospital de Ourense afirman que la carta que recibió Rogozina es una “factura a terceros”, cuyo coste queda a cargo de sus agresores. Esta información nunca se le dio a la paciente en el centro hospitalario, a pesar de que fue atendida por una trabajadora social y un psicólogo. Tampoco se plasma en el propio documento, en el que se pide que presente una copia de la denuncia y el número de juzgado de instrucción que lleva su caso.

“El maltrato administrativo es brutal”, dice Eva Aguilera, portavoz del Médicos del Mundo. Aunque la organización no ha seguido este caso concreto, sí denuncia las facturas en urgencias como “habituales”. “Pese a que los hospitales hablan de que estos documentos son puro trámite, lo cierto es que esta forma de actuar asusta. En los peores casos, la deuda queda registrada con consecuencias en los trámites administrativos que la persona realice, lo que coloca a los ciudadanos sin papeles en una situación de vulnerabilidad total”.

El proceso judicial que se abrió a raíz de la denuncia se cerró sin tomar declaración a nadie, ni siquiera a la propia denunciante. Semanas después, Vera sí tuvo que acudir a los juzgados, pero no como víctima sino como imputada.

Los mismos agentes que habían estado con ella en la habitación del hospital denunciaron a la mujer por simulación de delito. «Su acusación se basa en puros juicios de valor. Por ejemplo, que Rogozina estaba “demasiado tranquila” cuando llegó a urgencias», explica Naredo. Esta imputación le costó a Vera 48 días en el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Aluche, tiempo durante el que no se le prestó la atención psicológica que necesitaba. “La estancia en el CIE terminó de romper con todo atisbo de recuperación, tanto físico como psicológico. En sus espaldas, además, carga la imputación».

“Coge una maleta, tienes cinco minutos”

Desde el año 2010, sobre Vera pesa una orden de expulsión. Entonces, la policía le retuvo el pasaporte y le proporcionó una copia con la que no pudo renovar el documento antes de que caducase. Por esta razón, la deportación se retrasó hasta el martes pasado. “Vera estuvo retenida casi el tiempo límite establecido en el CIE, cuando se sabía perfectamente que su pasaporte no estaba en regla y que, por tanto, no se podía proceder a la expulsión”, denuncia Bárbara Tardó, portavoz de la Fundación Aspacia. Durante las tres primeras semanas, Rogozina tuvo sangrados intensos, a los que, según María Naredo, “se atendió con el solo suministro de compresas”.

El 3 de diciembre, Vera fue detenida en su domicilio sin previo aviso. “Coge una maleta. Te damos cinco minutos para despedirte”, le dijo, según relata Aspacia, la Guardia Civil, que retuvo a la mujer en un calabozo hasta la mañana siguiente, pese a que el proceso de deportación fue paralizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, previa intermediación de Defensoría del Pueblo. “La orden de expulsión no se ha revocado, sino aplazado”, matiza María Naredo, que insiste en que Vera “tiene que acudir semanalmente a la comisaría como medida cautelar”.

“No hay interés por trabajar contra la violencia sexual”

Como denuncia Aspacia en el informe “Entre el miedo y la desprotección, mujeres migrantes en situación administrativa irregular frente a la violencia sexual en España”, Vera (en el documento, bajo la identidad de Olga) fue golpeada y violada en un monte cercano a su casa una noche de marzo de 2013.

En el parte médico consta su ingreso en urgencias pasadas las 12 de la noche, con “arañazos en los muslos y en la cara, abrasión en la mejilla derecha y varios cuerpos extraños introducidos en la vagina”. Según fuentes hospitalarias, se activó el protocolo para la atención de víctimas de agresión sexual. Un forense la examinó, pasó la noche ingresada y, a la mañana siguiente, le fue realizado un examen psicológico que determinó que, aunque “se descarta cualquier patología psiquiátrica aguda”, la paciente necesitaba un seguimiento, “dada la gravedad de la agresión”.

“Que nadie ha visto el coche, que nadie ha escuchado los gritos. Y que fuera tan rápido como pasó, no es posible. Tu estás mintiendo, lo has planeado todo esto con tu novio para tener la residencia. No te creemos... ¿Para qué?”. Son palabras de Vera recogidas en el citado informe, en el que ella misma denuncia la desconfianza que mostraron los agentes de la Guardia Civil que le tomaron declaración en el hospital horas después de ser ingresada.

“Es común que, por el hecho de ser migrantes, se considere que su testimonio es falso porque se piensa que lo que quieren es sacar partido de la situación, cosa que es imposible”, recuerda Tardón. “La gente a veces se pregunta: ¿Por qué una mujer que ha sufrido violencia sexual tarda en denunciar el caso? Cuando la pregunta es: ¿Por qué se les exige a ellas que denuncien antes? Ese es sólo el comienzo de los problemas que pueden llegar a encontrarse para acceder al sistema judicial. Generalmente, necesitan pruebas muy evidentes y los juicios son muy duros para ellas porque siempre se duda de las víctimas”.

Aunque en los últimos años se han registrado avances legislativos y políticos para hacer frente a la violencia contra las mujeres, los esfuerzos se han centrado en las agresiones de género en la pareja o por parte de la expareja, y también en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero las víctimas de violencia sexual no cuentan con ningún tipo de protección. “No existe nada, ni una política pública –denuncia la portavoz de Aspacia–.Tampoco campañas de prevención. Hay un absoluto desinterés por trabajar contra las agresiones sexuales. Es una violencia completamente invisibilizada”.

Lázaro y su familia viven con miedo. “Mi madre se está muriendo poco a poco porque no sabemos cómo está, no sabemos la insulina que necesita, no sabemos nada. Solo que cada vez está peor”, explica con impotencia. Lourdes, sufre diabetes, hipertensión, osteoporosis y unos dolores que aumentan cada día. No está segura de que su medicación sea la adecuada pero parece que de momento un médico tampoco va a solucionar su preocupación. Aunque reside de forma legal en España, le han negado el acceso a la sanidad pública, y casi no le ofrecen posibilidades para asegurarse en la privada: tiene 71 años, tres enfermedades y muy baja rentabilidad para un sistema de pago.

Lázaro es cubano, llegó a España como refugiado y, por tanto, tiene permiso de residencia. Sus padres, Lourdes e Hilario, llegaron reagrupados en febrero de este año. Ambos han solicitado la tarjeta sanitaria en oficinas de la Seguridad Social en cuatro ocasiones, y en cada una de ellas se les ha rechazado, según denuncian desde Médicos del Mundo. La razón: la reforma sanitaria del Gobierno no solo excluye a inmigrantes en situación irregular, también rechaza a personas que han obtenido un permiso de residencia no laboral después del 24 de abril de 2012.

Estas características apuntan a los padres de inmigrantes que han llegado por reagrupación familiar como principales víctimas de esta forma de exclusión casi invisible. Dada su edad, no solo no pueden trabajar, sino que verán muy difícil encontrar un seguro médico privado a un precio asequible. “Se trata de una de las formas de exclusión más agresivas, les dejan en la estacada”, señala Verónica García, activista del colectivo Yo Sí, Sanidad Universal.

En ningún momento fueron informados de que no iban a tener cobertura sanitaria cuando solicitaron la reagrupación familiar. “Nunca nos avisaron de nada. Aunque verdaderamente no tenía opción de dejarles en Cuba. Allí estaban solos y mi madre necesitaba que la cuidásemos; lo que no sabía es que no iba a poder hacerlo en España”, lamenta Lázaro.

Su rostro no está envejecido pero refleja cansancio y mucho dolor. Lourdes intenta ser amable, pero está agotada. Tiene 71 años y padece diabetes, osteoporosis, dolores intensos de huesos e hipertensión arterial. Necesita a diario insulina, metformina, calmantes y relajantes musculares, entre otros. Un gran botiquín que eleva el coste mensual a más de 100 euros, un precio excesivo para una casa de seis habitantes con un ingreso fijo de 460 euros al mes. No tiene medidor de glucosa, necesario para controlar las subidas y bajadas de azúcar en sangre, por lo que el suministro de insulina se lo hace ella misma sin saber la cantidad exacta que debe inyectarse.

La primera vez que acudieron a urgencias fue atendida, aunque todo gracias a una pequeña mentira fruto de la desesperación de su hijo. “Tuve que decir que se me había olvidado la tarjeta sanitaria en casa, y funcionó. Le inyectaron insulina y le hicieron unos análisis”, reconoce. La segunda vez que los dolores obligaron a Lourdes a acudir al hospital no fue posible recibir asistencia: les derivaron a una clínica privada cuyo coste es de 65 euros por consulta, al que se suman otros 400 para su seguimiento, junto con el precio de los análisis y las pruebas... “El único dinero que entra en casa es el salario de mi hijo, que no llega a los 500 euros”, dice Lourdes. “¿Qué vamos a hacer entonces?”

Sus hijos se pusieron en marcha, no iban a permitir que su madre fuese ignorada de tal forma. Estaban dispuestos a pagar otro seguro médico privado; ya encontrarían la forma de financiarlo. No obstante, los precios eran inalcanzables. “La oferta que me hicieron es casi hiriente. Dicen que con 71 años no pueden asegurarla pero lo harían a cambio de incluir a cuatro personas más menores de 35 años por 600 euros”.

“Estamos viviendo de la solidaridad, si no..., no sé cómo llegaríamos”, lamenta Lázaro. La familia de su mujer y algunos conocidos están siendo un gran sustento para ellos. Cuando algunos amigos viajan a Cuba, les traen las medicinas que en España no pueden comprar. Allí son más baratas. La situación está derivando en la automedicación de Lourdes. “Empecé a tomar unas pastillas que me regaló una amiga, pero no sé si me van bien”, llega a reconocer. No nota mejoría con ninguna de la medicación que toma. “El otro día leí en un prospecto que, si tomo una medicina y no noto nada, tendría que visitar a mi médico... ¿A qué médico?”, se pregunta.

Cada día, cuenta su familia, Lourdes está un poco peor que el anterior. “No me encuentro bien, siempre estoy malita. Tengo muchos dolores, desde la cabeza hasta los dedos de los pies... Estoy muy malita todos los días”, lamenta. Está preocupada. Los que la quieren aseguran que la batalla por encontrar un médico de cabecera le está pasando una factura mayor de la que ya le cobran sus enfermedades. “Está bastante deprimida”, dice Hilario, mientras su mujer se limpia de nuevo los ojos con un pañuelo que no separa de sus manos.

“¿Cómo se va a sentir hacia esta indiferencia? Se siente desamparada”, salta Lázaro, inundado en rabia. Con palabras más calmadas, casi sin fuerzas, Lourdes responde. “Se me quitan las ganas de vivir...”. De nuevo arrastra rápidamente su mano hacia sus ojos, pero un pañuelo no es suficiente para cubrir todo su rostro. Rompe a llorar. Sufre al sentirse como una víctima. Ella es fuerte, siempre lo fue, dicen los tres familiares que la rodean. “Con lo que era ella..., siempre activa, siempre feliz, y dando comida a todo aquel que lo necesitaba... No paraba quieta”, se apresura a decir uno de sus hijos para intentar arrancar la sonrisa de su madre. Y los dientes se asoman, aunque de forma tímida, como si reír también doliese.

“Nadie puede imaginar cómo es ver a tu madre morir en vida y no poder hacer nada. Que a nadie le importe. Uno siente impotencia. Solo queremos que un médico le haga un seguimiento. ¿Es eso tan caro para el Estado?”, dice Lázaro mientras su madre le mira y sus ojos vuelven a humedecerse.

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal ha convocado una concentración en Madrid para mostrar su rechazo contra el Real Decreto que ha provocado la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, cuya entrada en vigor cumplió un año el pasado 1 de septiembre. Integrantes de los diferentes grupos de acompañamiento, afectados y defensores de éstos saldrán a la calle para exigir el retorno de la sanidad universal española.

La protesta arrancará durante la tarde de este martes, a las 19:30 horas, en la madrileña Plaza de Callao, donde se unirán los grupos de personas que actúan en los diferentes barrios de Madrid por donde se expande Yo Sí. Este colectivo ejerce una labor de seguimiento de los afectados del Real Decreto 16/2012 para conseguir que finalmente sean atendidos.

Por el momento, todos los casos que se les han acercado han recibido asistencia sanitaria, aunque, como afirma Verónica García, integrante de uno de los grupos, después de mucha lucha: “al final de una forma u otra acaban siendo atendidos, pero después de 'pelear' demasiado”. Una guerra declarada contra el caos burocrático que, según denuncian, genera la aplicación del Real Decreto.

“Recibir ayuda para combatir la enfermedad no puede depender de arbitrarios requisitos administrativos ni estar sujeto al mercadeo de los cálculos paragestionar 'la crisis'”, critica el colectivo en el comunicado dela convocatoria.

A la lucha contra la propia norma, se une ahora la exigencia de, al menos, el cumplimiento de los casos en los que el Real Decreto aseguraba la atención sanitaria: la atención a embarazadas antes, durante y después delparto, a menores y los enfermos de urgencias. Tanto Médicos del Mundo como Yo Sí alertan sobre su incumplimiento con la exposición de un gran número de casos y documentos que lo acreditan.