Castilla-La Mancha, única región sin medidas para proteger a los inmigrantes sin papeles
Desde el anuncio dela puesta en marcha del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que seguirá la ley al pie de la letra, y ha cumplido con su palabra. La Administración se convierte así en la única de España que no ha llevado ninguna medida o programa especial como alternativa para acceder a la atención sanitaria, fuera de lo establecido por el Real Decreto-ley. En el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo dos años”, de la organización Médicos del Mundo, se da a conocer el panorama sanitario actual por Comunidad Autónoma desde la implantación del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de 2012. En el apartado de la región, se los resultados que presenta el documento son desesperanzadores, en cuanto se explican los esfuerzos que ha llevado a cabo Médicos del Mundo para entrar en contacto con las instituciones encargadas de la salud regional, como el SESCAM o la Consejería de Sanidad, de quienes no han recibido respuesta.
La organización afirma que ha entregado de manera mensual un informe al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, detallando las dificultades a las que se enfrentan las personas inmigrantes que necesitan acceder a atención sanitaria, incluyendo una relación de las personas que han solicitado la ayuda de esta organización a quienes se les ha denegado la atención en los centros de salud. Desde 2012 Médicos afirma que existe constancia de 17 casos de mujeres embarazadas y 56 menores de edad quienes no han podido acceder a atención médica o a la tramitación de la tarjeta sanitaria, incluso en el caso de personas con ciudadanos que poseían tarjeta de residencia válida. Además, se declaran más de una veintena de pacientes aquejados por enfermedades graves o crónicas a quienes se les ha negado la atención sanitaria.
El documento indica también la gravedad de la falta de información en la región para aquellos que no poseen tarjeta sanitaria, quienes desconocen en qué casos serán atendidos o si deberán pagar una factura por los servicios prestados, en caso de ser atendidos. De este modo, los inmigrantes sin papeles eventualmente dejarían de acudir a los centros de salud, excepto en casos de gravedad, exponiéndose a un empeoramiento de su enfermedad. Al no existir tampoco medidas especiales para enfermedades crónicas, de salud mental, o de riesgo para la salud pública, Médicos del Mundo se ha dirigido a la Consejería de Salud para exponer los riesgos en estos casos, pero no ha recibido ningún tipo de respuesta, a pesar de que estos supuestos se encuentran contemplados en el Real Decreto-ley 16/2012.
Mujer con cáncer no recibe atención en Albacete
Dentro de los casos individuales señalados en este documento, se habla del problema de una mujer de nacionalidad colombiana, residente en la provincia de Albacete, a quien se le detectó un bulto en el pecho, con antecedentes familiares de cáncer. Esta paciente no pudo acceder a las pruebas de diagnóstico, ya que no tenía tarjeta sanitaria, por lo que fue derivada por la trabajadora social del hospital la derivó a Médicos del Mundo en febrero de este año. Sin embargo, la organización, a pesar de comunicar el problema al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Educación autonómica, no ha sido capaz de encontrar solución al problema.
Semáforo rojo ya en 2012
En noviembre de 2012, Médicos del Mundo publicó un informe “semáforo” de las Comunidades Autónomas, en el que Castilla-La Mancha calificó como “rojo”. La insistencia del Gobierno regional por cumplir la ley impidió desde el principio el acceso a sanidad gratuita a los ciudadanos inmigrantes sin permiso de residencia, pero garantizando la urgencia y la asistencia sanitaria a los menores de 18 años o embarazadas. Este informe explicaba también la publicación oficial de los precios por actuaciones médicas a los usuarios sin derecho a asistencia sanitaria, en el que no se tenía en cuenta a las mujeres embarazadas o menores de edad. El Gobierno de Castilla-La Mancha afirmó, en su momento, que estos precios eran orientativos y que se publicaban todos los años.
