“No voy a entrar en injurias e insidias”. El presidente de la Xunta se volvió a enfrentar este miércoles a una dura sesión de control con la trama Zeta, el presunto fraude en cursos de formación, en el centro del debate. PSdeG, AGE y BNG volvieron a exigir que Alberto Núñez Feijóo comparezca monográficamente sobre este “escándalo” y, concretamente, sobre la “presunta financiación irregular” del PP con fondos de la trama y sobre su relación con el empresario Pachi de Lucas, amigo del presidente y, según la Policía, enlace entre las entidades de Gerardo Crespo y dirigentes políticos. Feijóo, nuevamente, negó cualquier implicación en el caso y le atribuyó a su Gobierno la iniciativa en el inicio de la denuncia. No obstante, en su respuesta hubo, al menos, dos elementos nuevos: la acusación de que el bipartito adjudicó “en funciones” el contrato del servicio de transporte adaptado, algo que, según datos de la propia Xunta, no se corresponde con la realidad, y la exigencia de la dimisión de Tania Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid.

“No hay ningún inconveniente en comparecer, al contrario”, asegura apenas veinticuatro horas después de que su partido lo volviera a impedir. “Lo que no puedo evitar -acusó, en respuesta al PSdeG- es que ustedes dieran en funciones muchos millones de cursos, 65 millones de euros en cursos de formación durante el período en funciones del Gobierno bipartito”. Acto seguido, ya respondiendo al BNG, esos 65 millones pasaron a ser “de la Vicepresidencia en funciones, 65 millones para el 065 y durante cinco años” en un “expediente con disconformidade de la Intervención General” que “convalidaron en el Consello da Xunta en funciones”. Con esta afirmación el presidente se refiere a la adjudicación del servicio de transporte adaptado para personas dependientes o con discapacidad impulsada por la antigua Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar.

Efectivamente, ese contrato ronda los 65 millones de euros pero, más allá del momento en que se convalidase el gasto -el inicio de su tramitación se aprobó en el Consello da Xunta del 23 de octubre de 2008 y, dice la Xunta, se convalidó el 18 de marzo, ya en funciones-, según consta en la información oficial de la propia Xunta, los 61 lotes de los que estaba compuesto fueron adjudicados definitivamente el 27 de enero de 2009, esto es, más de un mes antes de las elecciones autonómicas del 1 de marzo. Esto implica que el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG todavía no estaba en funciones, toda vez que, según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía, “la Xunta cesa tras la celebración de elecciones”, en este caso después de ese 1 de marzo, y “continúa en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Xunta”, período que se extendió hasta mediados de abril de ese mismo año.

La jueza reclama información de los cursos desde Fraga

Mientras desde la Presidencia de la Xunta aseguran sin soporte documental que el gasto adjudicado en funciones incluye 65 millones de euros para cursos de formación y otros 65 para el mencionado transporte adaptado -el comunicado del Gobierno sobre la sesión de control no incluye, tampoco, dato alguno al respeto-, el propio Feijóo revela que la investigación de la trama Zeta se extiende hasta los gobiernos de Manuel Fraga y comenzará, concretamente, en su penúltima legislatura. El Gobierno gallego, dice, recibió una “notificación del juzgado” para que “remitamos toda la documentación” relativa a los cursos de formación para el empleo “desde el año 2000”, lo que abarca el penúltimo y el último gabinete de Fraga, vicepresidido por Feijóo, el Gobierno bipartito y los dos Ejecutivos del PP elegidos en 2009 y 2012.

En este contexto surgió también la otra petición de explicaciones del presidente, en este caso dirigida a IU en Madrid. Después de que la viceportavoz de AGE reclamase “medidas” concretas contra la corrupción Feijóo instó a Díaz a aclarar si IU va “a expulsar” a su portavoz “en el Ayuntamiento de Sevilla” o a “una diputada muy famosa” que “también tiene problemas por estar en un concurso de adjudicación a una empresa de su familia”. “Ustedes votan adjudicar a sus familias los contratos y no tienen nada que explicar porque sería machista”, le espetó, en referencia a noticias publicadas en los últimos días por los periódicos ABC y La Razón, entre otros. “Tome medidas y rinda cuentas, que es lo que le toca”, exigió Díaz. “¿Van a cesar a la señora Tania Sánchez?”, reclamó de nuevo el presidente de la Xunta.

Algunos de los titulares que el gabinete del presidente de la Xunta más se esforzó en difundir durante los meses siguientes al retorno del PP a la Xunta en 2009 fueron los vinculados a su “plan de choque” contra la crisis económica. Alberto Núñez Feijóo reiteraba que había sido capaz de “reordenar” alrededor de una décima parte del presupuesto que había heredado del bipartito para “darle impulso a la economía gallega para superar la crisis y para compensar sus efectos”. “Es el momento para que todos los que tenemos que ver con la situación económica pongamos toda la carne en el asador”, explicaba en aquellos días a conselleira de Traballo, Beatriz Mato. Entre las medidas presentadas como parte de aquel plan figura el incremento de fondos para los programas integrados de empleo, incluyendo ayudas que fueron a parar a entidades dirigidas por Gerardo Crespo, presunto líder de la trama Zeta, y que el Ejecutivo popular atribuye ahora en exclusiva, precisamente, al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG.

Una de las líneas de defensa política de la actual Xunta ante el escándalo por la supuesta red corrupta dedicada, según la Policía, a “cazar dinero público”, consiste en afirmar que el bipartito subvencionó más a Crespo que el PP y que, además, le adjudicó ayudas con el Gobierno en funciones, tras perder los comicios del 1 de marzo de 2009. El gabinete popular apoya este argumento en una propuesta de adjudicación de los subsidios datada, según Feijóo, en el día 30 del mismo mes, y correspondiente a ayudas para planes de empleo convocadas a comienzos de año. Sin embargo, en el baremo inicial de las ayudas las entidades de Crespo que optaban a ellas -Fundefo y AED- se quedaban fuera del reparto, al que accedieron tras la aprobación de sendas ampliaciones de crédito con el PP ya en el Gobierno, firmadas por la actual conselleira.

Baremo de las ayudas procedente de la base de datos de la Consellería, sin asignación para las entidades de Crespo

La primera ampliación, del 28 de agosto, se justificó con la existencia de fondos adicionales que podían ser “utilizados para los mismos fines” de las subvenciones. La segunda, del 30 de septiembre, es la que fue presentada como parte del “plan de choque” contra la crisis. Así, en la propia orden, Traballo explicaba que “la situación económica actual requiere del diseño y desarrollo de acciones urgentes y excepcionales” para “mitigar las dificultades que están pasando los gallegos y gallegas como consecuencia directa de los efectos de la actual crisis”. “En este contexto -continuaba- la Xunta ha puesto en marcha un ambicioso plan de choque contra la crisis” en el que Traballo “se compromete a desarrollar las medidas necesarias” para “reactivar el mercado laboral de Galicia”.

“En desarrollo de dicho plan”, agregaba el mismo texto, el departamento de Mato apostaba, “entre otras políticas activas, por proporcionarles a los trabajadores programas combinados de información, orientación, formación e inserción laboral”. Dado que había fondos disponibles, concluía, “es necesario realizar una segunda ampliación del importe de los créditos destinados a las ayudas que podrán ser concedidas al amparo” de la orden que, efectivamente, había dejado promulgada al bipartito, para así “hacerlas llegar al mayor número de beneficiarios posibles”. La primera ampiación le aportó 325.600 euros a Fundefo y la segunda, presentad abiertamente como parte del “plan de choque”, le otorgó 304.000 euros a AED.

Pocos meses después, en febrero de 2010, la propia Beatriz Mato ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que “más de 30.000 trabajadores gallegos” se habían beneficiado del “plan de choque”, que había servido para “consolidar alrededor de 24.800 empleos”. “En el campo del fomento del empleo -informaba entonces la Xunta- el plan de choque permitió destinar 24,4 millones a la formación de trabajadores, con el fin de mejorar su calificación profesional”. “Gracias a esta inversión, se realizaron 1.320 cursos de los que se beneficiaron 15.828 personas”, resumía, en un balance que, obviamente, incluía el reparto de ayudas que ahora, según la versión oficial, fueron responsabilidad exclusiva del bipartito.

“¿Quiere hablar en serio de los problemas que tiene Galicia o quiere poner el ventilador?”. Quien pregunta es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Lo hace en su turno de respuesta al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que como sus homólogos de PSdeG y AGE, intentó en la sesión de control al titular del Gobierno gallego, esto es, en el turno de preguntas al presidente, obtener “explicaciones convincentes” sobre la trama Zeta y saber si la presunta trama corrupta va a implicar “responsabilidades políticas” en el Gobierno gallego. Feijóo, como en anteriores casos, optó por diseminar las presuntas implicaciones entre todas las fuerzas políticas mientras, no obstante, niega tener “mediador” alguno en la red de Gerardo Crespo.

Tanto Jorquera como el socialista José Luis Méndez Romeu y la viceportavoz de Alternativa, Yolanda Díaz, cuestionaron al presidente sobre el destino de los fondos públicos que, según la Policía, “cazaba” la red y, sobre todo, por su relación con Pachi Lucas, considerado por la investigación como enlace de Crespo con la esfera política y, según fuentes consultadas por este diario, amigo personal de Feijóo. “Le pregunto por el conseguidor, que era recibido en la residencia de Monte Pío, que no es privada, sino oficial; ¿conocía que estaba a sueldo de la trama?”, cuestionó Romeu. “Querría que me aclarase sus relaciones con el señor Lucas, que además de estar en nómina con el señor Crespo hizo campañas para el PP”, pidió Jorquera. “Me gustaría saber si esa amistad sirvió para adjudicar contratos a dedo” o para “financiar irregularmente, con carácter presunto, al PP” y para “saquear los fondos de los trabajadores y trabajadoras”, exigió Díaz.

Pero la batería de preguntas poco más consiguió que encender el ventilador que el propio presidente dice rechazar. “Nunca he tenido un mediador ni lo tendré en mi vida; nunca aceptaré que nadie hable en mi nombre en ningún sitio y si lo hace, habla a título personal, en ningún caso respaldado por mí”, afirma el líder popular sin aclarar, no obstante, si las visitas de De Lucas a Monte Pío relatadas por Crespo fueron ciertas o no o “a que se refería”, como preguntó Jorquera, el mensaje enviado por el supuesto conseguidor al empresario coruñés el día de las elecciones municipales de 2011 con el texto “Comiendo en Beluso, presidente, mar...! Todo bien”.

De mensajes, pero de correo electrónico, habló el presidente para intentar contrarrestar la lluvia de peticiones de explicaciones: Feijóo pregunta por los correos electrónicos remitidos por Crespo al ex conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y a su director general Pastor Fuenteseca, en los que les reclama ayudas públicas y celeridad en su resolución tras perder las elecciones de 2009 en un tono idéntico al que, dos años después, emplearía en otros correos dirigidos al actual presidente. Del Gobierno bipartito se acuerda también el jefe del Ejecutivo para pedirle explicaciones a Jorquera por ser “compañero durante tantos años” del ex conselleiro de Industria Fernando Blanco, “que está siendo investigado en relación con el señor Jorge Dorribo”, presunto líder de la trama Campeón. Para AGE reserva otro clásico: “Están ustedes gobernando sobre un manojo de irregularidades de los ERE y de los cursos de formación de Andalucía”, donde IU comparte gobierno con el PSOE: “Ustedes llevan mucho tiempo siendo casta”, asegura.

Más allá de la expansión de dudas sobre la gestión de unos y otros partidos el jefe del Gobierno gallego mantiene el argumentario que el PP viene desarrollando durante días, el mismo que utilizó este martes para negarse a abrir una investigación sobre la trama Zeta: que la denuncia partió del propio Ejecutivo. “El resumen principal, que son los hechos, es que esta Xunta inspeccionó, investigó y lo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal”. El presidente añade, además, otra afirmación que sería incompatible con el hecho de que el Gobierno haya sido el primero en denunciar el caso: “Esta Junta se personó en la causa para defender los intereses de los gallegos”. Las visitas a Monte Pío, el papel del conseguidor, las relaciones de Crespo con el alcalde de A Coruña y otros cargos o la presunta financiación del PP con sobres en negro son, para el presidente, “estrategias de los imputados” que “no vamos a valorar”. “Será responsabilidad de ellos y de su defensa”, resuelve. “Viva el respeto, la prudencia y la política con mayúsculas”, proclamó para finalizar la sesión.

Galicia, julio de 2007. La preocupación ciudadana por la corrupción está por debajo de la media del Estado y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propone que cada grupo del Parlamento “tenga derecho a impulsar dos comisiones de investigación por legislatura sin necesitar el apoyo del resto de la Cámara”. Aquella propuesta nunca salió adelante, ni con el Gobierno de PSdeG y BNG ni tampoco tras el retorno del PP. Así, para crear una comisión de investigación sigue siendo necesario el aval de la mayoría absoluta del legislativo, la misma que los conservadores han empleado este martes para vetar la comisión de investigación sobre la trama Zeta de falsos cursos de formación, solicitada conjuntamente por AGE y BNG y apoyada por el resto de la oposición. Se trata, justifican, de no “politizar” el asunto.

Después de que, durante las últimas semanas, el levantamiento del secreto del sumario permitiera conocer la estructura de la trama corrupta que presuntamente lideraba Gerardo Crespo, incluyendo la declaración de supuestos sobres de dinero negro “destinados al PP” y múltiples conexiones personales o políticas con los populares, Alternativa y Bloque no ven más salida que la investigación y asunción de responsabilidades políticas. “Por dignidad, asuman la investigación”, reclama desde AGE Juan Fajardo, quien advierte de que la trama no está compuesta de “cuatro listos que se hacen de oro”, sino que consiste en una red de “intercambio de favores” con el dinero público como combustible.

“No sé si se enteran de que están sobre un auténtico volcán, de la dimensión de la indignación social ante los continuos casos de corrupción”, subraya el nacionalista Jorquera, quien destaca además que diversas revelaciones del sumario pueden no constituir “un ilícito penal” pero ser “incompatibles con el servicio público”. “Por eso hay que investigar en el ámbito político”, explica. Esa apuesta encontró también apoyo en el PSdeG, que a través de Marisol Soneira señala que en este caso se abordan “cosas gravísimas”, como que “el presidente de la Xunta informó a una persona de escuchas de la Policía”. “En cualquier país el presidente da explicaciones y denuncia al calumniador, si es calumnia”, afirma. En todo caso, el “problema” va más allá de lo concreto y llega a la “concepción ética”, lamenta.

Para escenificar el rechazo a estos argumentos el PP escogió a su nuevo portavoz, Miguel Tellado, quien además fue jefe de gabinete de la Consellería de Traballo entre 2009 y 2011, años en los que, según la UDEF, la trama todavía operaba. Aunque el propio sumario acredita que el caso explotó en 2011 por la denuncia de dos ex trabajadoras de las empresas investigadas, Tellado insiste en que la denuncia partió de la Xunta “por iniciativa propia”. Por esto y porque “ya hay una investigación judicial en marcha” cree que “no procede la creación de la comisión de investigación”. También porque aprobarla significaría “politizar” el asunto y “desprestigiar la formación” y, por extensión, al personal público que “evalúa” las subvenciones.

El ex mano derecha de la conselleira Beatriz Mato ve en esta solicitud poco más que una “estrategia de la oposición” para “convertir la política gallega en un lodazal”. “Pretenden hacer un juicio sumarísimo, abrir una causa general, ser inquisidores del siglo XXI” e incluso “ajusticiar al Gobierno”, proclama. Non obstante, el número tres de Feijóo en el PPdeG aprovecha la tribuna para pedirle explicaciones al PSdeG por los “correos electrónicos” que Crespo le dirigió al ex conselleiro de Trabajo Ricardo Varela -en idéntico tono se los remitió al propio Feijóo- y por la operación Pokémon, caso por el que también le reclama cuentas al BNG. “Intentan sacar tajada política de un asunto que, por mucho que les duela, no atajaron cuando gobernaban”, agrega, antes de acusar al bipartito“ de concederle a las entidades de Crespo más ayudas que el PP.

“¿Quiere que se investigue la concesión de cursos también durante rl bipartito? ¡Ningún problema!”, retó Jorquera, quien lamenta que Tellado se refugie en una estrategia de “miente, que algo queda” al tiempo que recuerda que el propio Bloque ya preguntó por la trama en 2010 “y ustedes contestaron que todo maravilloso”. “En todas las revelaciones de lo que se habla es de pago de sobres en negro al PP”, subraya el nacionalista, en un contexto en el que, desde AGE, Fajardo se muestra convencido de que la negativa a investigar tiene su origen en el “miedo a que quede claro que una trama de corrupción” aportaba esos “sobres” a los populares. “¿Alguien tiene miedo a que un amigo del presidente que acostumbra a pernoctar en Monte Pío [residencia oficial del titular de la Xunta] comparezca en este Parlamento?”, se pregunta, en referencia al presunto conseguidor de la red, Pachi Lucas.

Manuel (nombre figurado) llevaba algo más de un año en paro cuando, a comienzos de 2012, recibió una llamada del Servicio Público de Empleo, dependiente de la Consellería de Trabajo, para presentarse a una acción formativa concedida por la Xunta a Azetanet, la empresa de Gerardo Crespo que, según la Policía, era el centro de la presunta trama corrupta de “caza de dinero público” apoyada en falsos cursos de formación. Él, “que ya había hecho un curso” a través de un sindicato, fue con la esperanza de que esta nueva oportunidad formativa podría servir para abrirle nuevos caminos laborales, pero realmente se trataba de “firmar por no hacer nada”. Además de indignarse, lo denunció, aunque incluso el supuesto líder de la trama intentó frenarlo.

En conversación con este diario, este trabajador explica que Azetanet reunió a todas las personas convocadas desde la oficina de empleo. En esa primera reunión “parecía que todo estaba muy bien”. “Lo vendían muy bien”, resalta: se trataba, les explicaban, de que Azenanet realizaría “una especie de prospección” del mercado laboral para cada alumno, un “seguimiento personal” que implicaba la “oferta de cursos de formación” y el contacto con diferentes empresas, todo esto adaptado a cada uno de sus perfiles profesionales. Tras la primera toma de contato, Miguel no supo nada de Azetanet “durante dos o tres meses”.

Pasado este tiempo, la empresa, que ya estaba siendo investigada por el presunto fraude, volvió a llamar a su alumnado. Donde antes había un amplio abanico de posibilidades formativas solo quedaba ahora “una hoja” que le fue entregada a cada persona. Se trataba de que firmaran, “bajo juramento”, que “nos habían ofertado una serie de cursos” como “inglés básico” o “manejo de Office básico”. Eran cursos que “para nada estaban orientados a lo que nos habían vendido en la primera reunión”, la “inserción laboral” y que, sobre todo, no habían existido. “Yo les dije que no estaba de acuerdo, que no estaba yendo a nada de esto y que no iba a firmar”, recuerda. Además, agregó, “la declaración jurada ya no existe y no tiene peso oficial ninguno”.

Además de expresar su rechazo verbalmente, este trabajador quiso que constara oficialmente. “Pedí una hoja de reclamaciones, inicialmente me dijeron que no me la daban y les dije que iba a llamar a la Policía”, porque “sabía que estaban cobrando por cada uno de nosotros y lo que estaban haciendo no me parecía bien”. Esta advertencia causó “cierto nerviosismo” en los responsables de la empresa y, en este punto, irrumpió en escena el propio Gerardo Crespo. “Yo no lo conocía de nada”, destaca, lo que no impidió que lo abordara para preguntarme “qué me había pasado” y atribuir lo acontecido a “un malentendido”. “A ver, ¿qué curso quieres hacer?”, recuerda que le preguntó. “Yo vi que aquello tampoco era normal”, evidencia.

En estas circunstancias, y mientras los responsables de Azetanet evitaban aclarar si rechazar la firma de su documento podía tener consecuencias negativas como la pérdida de la prestación por desempleo -“no lo aclaraban, dejaban siempre la duda”-, Manuel se dirigió con su reclamación al Instituto Gallego de Consumo y a la Consellería de Trabajo. Fue en Trabajo donde lo informaron de que “tenían más denuncias” respecto a las entidades de Crespo y, poco después, le detallaron también que “ya les habían quitado unas subvenciones”. Además, le preguntaron si “tendría algún problema en declarar” lo que le había sucedido, algo que también le preguntaron a más participantes en los cursos, algunos de los cuales declinaron la oferta porque “no querían líos” que implicaran, por ejemplo, la pérdida de un subsidio. “Yo no tenía prestación ni nada que perder” y además, “estaba quemado”. Llegado a ese punto “quería estar en el paro”, porque “llevaba casi un año sin hacer nada” y, al estar inscrito en el inexistente curso, “no constaba que no estaba trabajando”.

La Xunta le revoca otra ayuda a Crespo

Estas y otras revelaciones ya habían comenzado a surgir el pasado 10 de octubre, poco más de dos semanas desde que, en la mañana del 22 de septiembre, Gerardo Crespo fuera detenido como autor de presuntos delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos, falsificación documental, tráfico de influencias y soborno. En esa jornada, la directora general de Formación de la Consellería de Trabajo, Ana María Díaz, firmaba el documento que culminaba el proceso, iniciado en el mes de julio, para retirarle una subvención a una de las entidades de Crespo.

Después de que, según la Policía, el empresario coruñés pudiera defraudar sin problemas al erario gracias al “nulo control” ejercido por la Administración, Trabajo considera que la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia no justificó como debería las actividades subvencionadas con 11.920 euros al amparo de una orden de ayudas para el desarrollo de programas integrados de empleo. De este modo, AED Galicia tiene ahora la oportunidad de presentar los documentos que considere oportunos para intentar evitar la devolución de la subvención, tal como publica el Diario Oficial de Galicia de este lunes.

Este anuncio de la Xunta se produce apenas una semana después de que la Consellería del Mar anunciara una resolución, también dictada el 10 de octubre, con la que dejaba sin efecto un convenio firmado con la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (CEHOSGA), entidad que según la investigación también está implicada en la trama de los cursos falsos. Este convenio, dotado con más de 84.000 euros, estaba orientado a promover el consumo de productos pesqueros y de la acuicultura. Dice el departamento dirigido por Rosa Quintana que CEHOSGA incumplió sus “deberes” respecto a este convenio y así, dos semanas después del estallido público de la operación Zeta, determina resolverlo.

Sobre la decisión de la Consellería de Mar, el grupo parlamentario de AGE reclamó en días pasados explicaciones de Quintana respecto a la relación que su departamento ha venido manteniendo con CEHOSGA, entidad cuyo presidente, Héctor Cañete, está imputado en la trama y es un “reconocido militante del PP”. “Ante las informaciones conocidas en relación a la vergonzosa trama corrupta”, AGE reclama saber si CEHOSGA cumplió con lo comprometido durante el pasado ejercicio y, a través del diputado Antón Sánchez, exige aclarar si esta rescisión no es “una maniobra más del Gobierno de la Xunta para marcar distancias con la trama una vez que se ha hecho pública”.

La Operación Zeta, la presunta trama de fraude en ayudas para cursos de formación que, según la investigación, sirvió para enriquecer al empresario coruñés Gerardo Crespo y a sus colaboradores, es un maremagnum difícil de digerir. En los 24 tomos y millares de folios del sumario se describe con detalle lo que para la Policía fue una “caza de dinero público” canalizada a través de una “farsa” asociativa y empresarial que tenía como objetivo principal la captación de dinero público para fines “privativos”. Más allá de las presuntas ilegalidades cometidas por la red de Crespo y sus colaboradores, el sumario tiene una evidente vertiente política que salpica al PP de Galicia en general y al PP coruñés en particular. Así, por ejemplo, una ex contable de Crespo llegó a afirmar ante la Policía que había tenido que preparar “dos sobres” de dinero procedente de la caja 'B' “destinados al Partido Popular”, cantidades que sumarían 17.000 euros, 15.000 de ellos entregados poco antes de las elecciones generales de 2011. Pero, ¿a qué dirigentes conservadores salpican, concretamente, estas revelaciones sumariales?

Alberto Núñez Feijóo

El enlace del presidente de la Xunta con las revelaciones del caso está, sobre todo, relacionado con el papel que la investigación le atribuye al empresario madrileño afincado en Bueu, Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi de Lucas. De Lucas es señalado por la Policía como uno de los conseguidores de la red, esto es, el enlace entre Crespo y diversos dirigentes políticos. Por la “práctica” de estas “gestiones” el empresario recibía, según el sumario, “un dinero”. Ese dinero, señaló la ex contable de Gerardo Crespo ante la Polícia, salía de los fondos que tendrían que financiar cursos de formación y le eran aportados mediante transferencias bancarias. Era “una cantidad periódica, siendo este pago priorizado por Gerardo”, dice la declaración.

Atendiendo a lo publicado por el diario El País y también a fuentes consultadas por este diario, el empresario De Lucas es amigo personal del presidente de la Xunta, quien tras la última reunión semanal de su Consello de Goberno evitó, hasta en seis ocasiones, aclarar su relación con el presunto conseguidor, limitándose a afirmar que “a efectos de sumarios no hay amigos ni enemigos”. Mientras la oposición le exige mayor claridad, uno de los grupos que la conforman, el PSdeG, señala que el enlace del presidente gallego con De Lucas es personal pero también profesional y económico, toda vez que una de sus empresas, afirman, trabajó para el PPdeG en la campaña electoral de 2009.

Pachi de Lucas, con quien Feijóo acudió a las corridas de toros en Pontevedra en varias ocasiones, como confirman las imágenes del fotógrafo Óscar Corral publicadas por El País, es quien en julio de 2011 le confirma a Gerardo Crespo la posibilidad de tener una reunión con quien meses después se convertiría en ministra de Fomento, Ana Pastor. Según un mensaje telefónico intervenido por la Policía e incluido en el sumario, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, De Lucas gestionó esa reunión en la sede popular de la madrileña calle de Génova. En otra de las páginas de la transcripción de los mensajes del teléfono de Crespo, situada en el siguiente folio del sumario pero con una numeración no correlativa –pasa de la página 1.593 a la 1.619–, figura la frase “Feijóo va a ser clave”, sin que se pueda confirmar quién la escribió y su contexto. Asimismo, en la jornada electoral de las municipales de 2011, De Lucas le remitió un mensaje a Crespo, también interceptada por los agentes, con el siguiente texto: “Comiendo en Beluso, presidente, mar...! Todo bien”.

Además del empresario afincado en Bueu, a lo largo del sumario figuran menciones al presidente en, cuando menos, dos correos electrónicos, los que le remitió Gerardo Crespo. En el primero, datado el 11 de octubre de 2011, Crespo señala que, “de acuerdo con la última conversación que mantuvimos”, le escribe para “manifestar mi preocupación por las informaciones que me transmiten desde Trabajo respecto a los proyectos que presentaron las organizaciones que dirijo y de cuyas resoluciones positivas dependen muchos puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas”. En el segundo, de diciembre del mismo año, Crespo le escribe a Feijóo para explicar los “momentos de gran dificultad respecto a la tesorería” que pasan sus empresas a causa de la “gestión económica de la intervención general de la Xunta”. El Gobierno había paralizado los pagos de subvenciones hasta el mes de enero para contener el déficit y esto ponía en peligro la “viabilidad futura de las organizaciones”, decía Crespo, que se mostraba “seguro” de que “estas observaciones no caerán en saco roto”. El nombre de Feijóo figura también en la lista de regalos de Azetanet en la Navidad de 2010, cuando Crespo le remitió una participación de lotería.

Carlos Negreira

El alcalde de A Coruña y presidente del PP en la provincia, Carlos Negreira, negó la pasada semana que tuviera alguna vinculación con el empresario Gerardo Crespo, el líder de la trama, “más allá de la que se mantiene con cualquier otro representante de vecinos”. No opinan lo mismo los investigadores, que en el sumario dan cuenta del “nivel de relaciones” que tiene el empresario con importantes cargos públicos, entre ellos el regidor local, a quien Crespo llega a “realizar funciones de intermediación de su agenda”, ejerciendo de intermediario entre el responsable de USO en Galicia y el alcalde.

“Me dejó tirado cuando comenzaron las escuchas”, revelaba Crespo sobre Negreira en una entrevista en La Opinión A Coruña. Son los investigadores los que hablan de una “posible labor de intermediación” por parte del empresario entre las personas interesadas en contactar con el alcalde y el propio regidor. En una conversación grabada, le ofrece colaboración a un conocido para hacer “gestiones con Carlos [Negreira] y con quien veas”.

La confianza y la petición de favores era tal que Gerardo Crespo llama directamente a la secretaria del alcalde de A Coruña para informarla de la situación de diferentes procesos de adjudicación de servicios municipales, advirtiéndole de que su empresa se presentó a uno de Consumo “Para que lo sepa”, le dice. “Se lo han dado a otra empresa [...] y el técnico del ayuntamiento es el primer sorprendido. Ahora nos hemos presentado a otro tema de la Oficina de Consumo, para que lo sepa”. Antes, o empresario mándalle un SMS ao rexedor: “Hola. Desde hace años llevamos los cursos de bibliotecas del ayunt. y siempre nos invitaban al negociado; lo sabe el técnico... Y este año no. Un abrazo”.

Tan solo unos días más tarde, y según las conversaciones telefónicas intervenidas, los propios investigadores advierten de que se intenta “amañar” un proceso de adjudicación “de un servicio vinculado con Consumo, a realizar a través de un procedimiento negociado sin publicidad y en el que se va a presentar alguna de las empresas de Gerardo Crespo”. La idea es presentar otras dos “empresas amigas” para “formalizar una apariencia de concurrencia en un proceso de adjudicación ya decidido y que finalmente recaerá presuntamente a favor de la empresa de Gerardo”.

La conversación es entre una empleada de su empresa y el propio Crespo. “Estamos con el tema de Consumo y nos piden dos empresas más [...] Nos vamos a presentar nosotros y dos empresas más... amigas”, admite, suponiendo que es en el propio Ayuntamiento donde se lo solicitan. De hecho, los investigadores aseguran que esta llamada “hay que ponerla en relación con los sms enviados por Gerardo Crespo a Negreira y con la llamada del mismo día mantenida entre el propio Crespo y la secretaria del alcalde”.

Además, Eliseo Calviño, también implicado en la operación Zeta –responsable de Caype y otro de los presuntos líderes de la trama–, presume también de su relación con Negreira. En una llamada a su amigo y socio, Gerardo Crespo, le anuncia que estuvo como dos horas y media con nuestro amigo... Con Carlos, con el señor alcalde de La Coruña“ y lo hace ”mostrando su satisfacción“, tal y como dicen los investigadores. Dos horas y media, eh? Muy bien, él muy bien como siempre, lo que pasa es que, claro, él tiene que ser muy bien, pues con todos. Yo creo que hay algunas cosas que le quedaron claras, eh?... De alguna le sorprendió mucho...Y vamos a ver... Pero ya hablaremos de eso”.

Lo que es evidente para los investigadores es que Crespo pasa tiempo “presionando a Carlos Negreira ”con el objeto de conseguir más adjudicaciones“. ”Me siento abandonado [...] Abrazos“, le dice el empresario después de que el líder de la trama advierta en el Ayuntamiento de que no está siendo informado de diferentes concursos. Poco después, el regidor le envía otro SMS: ”Ok Gerardo... Abrazos“. En otra conversación posterior con responsables en María Pita, el líder de la trama asegura que ”al alcalde le joroba“ que él no sea informado de diferentes procesos.

Después de que el presunto líder de la trama corrupta insista en varias conversaciones con personal del Ayuntamiento cercano al alcalde, decide enviarle otro mensaje telefónico a Negreira. Me siento amparado y muy feliz del alcalde amigo que tengo“, afirma en uno de esos sms. Los investigadores entienden que Crespo ”parece estar más contento con el alcalde“ después de contactar con la administración local, ”aunque este no le contesta“. No lo hace en ese momento, pero sí horas después: ”Abrazos... le paso el mensaje a “programación”... Nos vemos pronto!! Buen fin de semana!!“. Una relación que parece demasiado cordial para ser la que se mantiene ”con cualquier dirigente vecinal“. Un año y algo antes, tal y como demuestran unos e-mails, ambos habían pactado la respuesta a través de un comunicado a las acusaciones que el alcalde de Oleiros había hecho sobre las empresas de Crespo y las subvenciones que recibía de las administraciones.

En cuanto los cursos de las empresas de Crespo empiezan a ser auditados por la propia Xunta e incluso revocados, el principal imputado vuelve a intentar recurrir a Negreira. “Tengo un problema gravísimo y urgente, que es una injusticia y me siento indefenso. Cuándo puedo contártelo? Puede acabar conmigo”, le dice en un mensaje que los investigadores atribuyen a su “desesperación”. Además, él mismo llama al Ayuntamiento con la intención de que el regidor “sepa de sus problemas con las revocaciones de los planes integrales de empleo”.

Parece evidente que Negreira evita mantener conversaciones telefónicas o mediante mensajes de texto con Crespo, pero una comunicación posterior con otra persona revela que “Carlos [por el alcalde] lo sabía” y que incluso le recomendó qué hacer ante las inspecciones en un encuentro particular. “Me ha dicho Carlos que nos defendamos, que nos defendamos a muerte, que él quiere que nos defendamos y que tengamos cuidado que hay mucha piraña suelta”.

Beatriz Mato

En el sumario de la operación Zeta, y en un mismo tomo, los investigadores aseguran que “queda patente cómo presuntamente Gerardo Crespo trató de influir en autoridades o funcionarios públicos para agilizar u obviar trámites administrativos”, aunque “con resultados negativos”, por lo menos en aquel momento, para él.

“No se atreven ni de coña”, llega a decir el principal imputado de la trama en una conversación en la que explica su intento de influir en la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, así como en el conselleiro de Industria, entonces Javier Guerra. En el caso de este último, Crespo refiere una reunión en la que presuntamente el titular de Industria le indica que lo avise “cuando salgan las ayudas”. “Presentaos y me llamas... Tendréis nuestro apoyo. Esto no se puede publicar”, le dice por lo visto el conselleiro.

En este caso, los investigadores se preguntan “si cualquier otro empresario podría llamar directamente al conselleiro cuando salgan unas ayudas” y el motivo por el que, después de que hubiera renunciado a unas subvenciones, “ahora el titular de Industria le dice que se presente”.

“Los funcionarios pasan y los políticos son unos cagaos [sic]”, dice Crespo en otra conversación telefónica en la que una empleada supone que ?ya habrá tocado y retocado la vía política“. Se refiere, según los investigadores, a sus negociaciones con Beatriz Mato y Javier Guerra.

“Mañana voy a hablar con Bea [Mato], pero bueno, es que Bea puede lo mismo que el conselleiro de Industria... De mi parte, en una cena, a ver... No puedo mover más hilos, eh?”, explica. Tan solo unos días después, Gerardo Crespo también muestra su intención de no cobrarle las cuotas de una de sus academias al hijo de Beatriz Mato. “¿Cuál es el motivo de que no quiera o dude de cobrarle? ¿Es una actitud interesada dado el puesto que ocupa?”, se pregunta la policía.

Pero la cosa va más allá. A principios de marzo de 2012, Crespo envía un mensaje a Pachi Lucas, el supuesto “conseguidor” de la trama corrupta. “Tengo que pedirte que llames a Bea para la programación de cursos; que nos dé un poco más que el año pasado”.

Apenas unas semanas después, Antonio Duarte, secretario general de USO en Galicia, habla con desesperación con Gerardo Crespo preocupado por las investigaciones que se están llevando a cabo y haciendo referencia, supuestamente, a Beatriz Mato. “Cuando me llama la conselleira y me dice que me quiere ver en persona, esto no es ninguna broma ni no es nada; es grave. Y hay dinero público por medio, y yo soy el responsable, yo firmé... Gerardo, yo he confiado en ti”.

José Manuel Romay Beccaría

El ex conselleiro, ex ministro, ex tesorero estatal del PP, actual presidente del Consejo de Estado y mentor político de Alberto Núñez Feijóo, entre otras muchas responsabilidades dentro del PP, figura en el sumario del caso en varios de los correos electrónicos intervenidos por la Policía, que la llevan a sospechar que medió para lograr adjudicaciones en favor de estas empresas. En el primero de ellos, enviado por Crespo al correo corporativo de Romay en el PP en julio de 2011, el presunto líder de la trama le remite “el informe que le envié a Ana Pastor”, un “tema que se está debatiendo en el seno del partido y del que Ana me pidió que redactara un informe”. “Tengo también algunas ideas que estoy escribiendo sobre el contrato de inserción ligadas a la formación que te anexaré en breve”, le dice Crespo, que también expresa su “preocupación” por las “declaraciones” de Esperanza Aguirre respecto a la FP dual. Romay responde días más tarde señalando que “agradezco mucho la información que me mandas” y mostrándose “seguro que lo aplicarán como se merece”.

Tres meses después, a finales de septiembre, Crespo le escribe de nuevo a Romay para, “tal y como acordamos”, hacerle llegar el “nombre de los dos concursos a los que se va a presentar mi empresa” en la Diputación de A Coruña. “Amante Gerardo, recibí el correo y le trasladé el asunto a Diego Calvo”, presidente de la Diputación, responde Romay Beccaría. Acto seguido, Crespo escribe de nuevo para preguntarle al histórico dirigente popular por “quién lleva el programa del partido en temas de formación, empleo, orientación” e informarlo, además, de que “hoy estuve con Diego”. Uno de los concursos a los que se refiere Crespo fue adjudicado a su empresa Gecreri, si bien desde la Diputación coruñesa se negó, en declaraciones a La Opinión A Coruña, que la influencia de Romay hubiera tenido algo que ver.

En la misma línea, a comienzos de 2012 la Policía intercepta un nuevo mensaje de Crespo a Romay: “Hola, necesito verte. Hoy llamé a Génova y pedí una cita. Cuando puedas voy a donde digas. Un abrazo”. A juicio de los investigadores, el empresario “busca la influencia de Romay Beccaría” porque el popular “tiene mucho poder para conseguir el pago del dinero adeudado por la Xunta y la Comunidad de Madrid”. Días después, Crespo le explica por teléfono a su esposa que Romay “me va a conseguir una serie de entrevistas si yo quiero... Para hablar con una serie de personas”.

Julio Flores

El número dos de Carlos Negreira, y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, también aparece citado en el sumario de la operación Zeta. Entre los importantes contactos que en el PP tiene el principal imputado de la trama, Gerardo Crespo, se encontraría también el de este político, tambiém imputado en la Operación Pokémon.

Se deduce la relación de una conversación captada por la policía en las escuchas telefónicas entre el presidente de la federación de vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáez Chas, y el propio Crespo. De esa charla los investigadores deducen que el concejal podría tener “algún tipo de acuerdo ilícito”.

En la llamada, los dos protagonistas hablan del “interés que al parecer tiene Julio Flores en cambiar la directiva del Círculo de Artesanos de esta ciudad en favor de un tal Salazar, el cual podría tener intereses inmobiliarios y con el que podría tener algún tipo de acerdo ilícito”. Tan solo unas semanas después, la directiva del mencionado Círculo de Artesanos dimitió para abrir un proceso electoral del que saldría vencedor Modesto Sabucedo. “Si se vende ese solar... arre carajo?” dice el dirigente vecinal a Crespo, que antes había advertido de que la entidad “es una cosa que está en decadencia”.

En la misma conversación, el principal imputado de la trama se refíiere supuestamente al pago de comisiones. “A ti y a mí no se atreven a pedirnos eso (...) Es que hay cosas que no se pueden pedir. ¡Joder, macho! Juan, yo llevo padeciendo muchísimo, porque, a ver, a mí me pueden pedir y yo puedo ofrecer una comisioncita... al jefe territorial, y al Joaquinito [supuestamente refiriéndose a Joaquín Vila, en aquel entonces jefe de servicio en la Xunta] y al otro... Pero lo que no me pueden pedir es decir ‘oye, haz esto, pégale una puñalada a este tío... aquí esto y nos llevamos tres millones de euros. Eso a mí no me lo pueden decir, primero porque les mando a tomar por el culo (...) No porque yo me lleve menos, y no porque digo ‘a estos viejecitos esto yo no se lo hago”.

Ni en la UE, ni en la Fiscalía, ni en el Ministerio de Trabajo ni, por supuesto, en la Consellería. Todos pasaron por alto las denuncias que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, había hecho en 2010 sobre las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas para cursos destinados a desempleados que acababan colocando cantidades millonarias en “empresas amigas del PP” y, concretamente, en las del ahora principal imputado en la operación Zeta, Gerardo Crespo.

El regidor oleirense, del partido independiente Alternativa dos veciños, denunciaba entonces que, mientras ayuntamientos como el suyo recibían ridículas cantidades o quedaban excluidos de los cursos a parados que siempre realizaban, la Xunta concedía “a dedo” un millón de euros a empresas “afines a los populares”. A las de Gerardo Crespo y por cursos “de dudosa efectividad o que directamente no se realizaban”. García Seoane dice sentirse ahora “frustrado” por el hecho de que “nadie dijera nada sobre este escandaloso montaje”, pero “satisfecho también” por comprobar que aquello que él denunciaba está siendo ahora investigado y en manos de la justicia.

La pelea de García Seoane era demostrar que mientras al Ayuntamiento de Oleiros tan solo le habían concedido aquel año 114.000 euros y dos cursos, las empresas de Gerardo Crespo recibían más de un millón de euros para un total de 24 cursos. El alcalde denunció a la Fiscalía, que archivó el caso, y acudió después a la UE y al Ministerio de Trabajo, que también había dado ayudas al empresario ahora imputado, que amenazó incluso con denunciar al regidor oleirense, “algo que no se atrevió a hacer”.

En aquel momento, el desaparecido periódico Xornal de Galicia se había hecho eco de las denuncias que implicaban también una supuesta financiación ilegal del PP, y a las que Gerardo Crespo respondía calificando de “ignorante” al regidor de Oleiros, anunciando que iría “a por todas” contra él y acusándolo de “manchar la honorabilidad de los técnicos de la Administración autonómica”. También atacó el periódico, culpándolo de “no tener más cosas que publicar”.

Noticias sobre las denuncias publicadas en 2010 por el desaparecido Xornal de Galicia

A las pocas semanas, también el BNG, a través de Carlos Aymerich, denunciaba en el Parlamento de Galicia “cosas sospechosas” en torno a las adjudicaciones de la Xunta a las empresas de Gerardo Crespo, apuntando incluso a la “financiación de la campaña del PP en A Coruña”.

“Estoy convencido de que esta operación Zeta surge de mi denuncia”, explica ahora el alcalde, que recuerda cómo hace cuatro años varios empresarios de hostelería le habían confesado que firmaban en nombre de camareros que no tenían para justificar cursos que nunca habían recibido o cómo denunció “un curso de sumilleres en una parroquia de Zas”, una pequeña población de A Costa da Morte. “Todo era un montaje”, recuerda García Seoane, a quien el entonces líder de la oposición en A Coruña y actual alcalde, Carlos Negreira, lo había acusado de hacer electoralismo.

El Ministerio aseguró no apreciar malas prácticas

Especialmente dolido se quedó con la respuesta que le llegó del Ministerio de Trabajo en julio de 2011 y en la que se advierte de que una auditoría de PWC encargada por la Consellería de Traballo, así como las conclusiones de la Fiscalía, “entienden que no se produjeron malas prácticas ni fraude alguno en el reparto de las subvenciones”. “Es alarmante que se nos hubiese contestado aquello y que no observasen nada extraño; se intentó tapar lo que denunciamos y claro está que la justicia funciona dependiendo en las manos en dónde caiga cada tema. Lo que sí claro está es que se el auditor no apreció nada raro, a quien había que detener también era a este auditor”, asegura ahora.

A raíz de aquella denuncia, continúa el alcalde, fueron varios los trabajadores de diferentes empresas que acudieron a su despacho para “denunciar las irregularidades en los cursos”. “Muchos venían porque tenían miedo a verse involucrados también en la trama y lo único que les pedí fue que denunciaran los casos”, explica quien también dice saber de los “conflictos” que hubo en la Consellería de Traballo entre funcionarios dispuestos a llevar los casos ante la justicia por temor la una investigación posterior y los que prefirieron callar.

“La gente empezó a denunciar por miedo la verse involucrada también; fueron varios los que me confesaron que firmaban por cursos que no recibían o que directamente no existían”, añade García Seoane, que recuerda cómo después de aquella denuncia y de las negativas de cualquier irregularidad por parte de Crespo, el PP y la Xunta -el empresario llegó a pactar con el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, la respuesta a dar ante aquellas sospechas que llegaban a la prensa- el trato de la Consellería de Traballo “cambió”. “Sea por lo que fuere, el trato que era muy malo pasó a ser algo mejor; yo sólo pedía que se nos dieran las subvenciones que nos correspondían, nada más”, aclara.

La policía registró las empresa de Crespo en junio de 2012, con la investigación ya en marcha, y la Xunta denunció ante la Fiscalía las irregularidades tan sólo unos meses antes, pero desvinculándola de unas denuncias de García Seoane que se demostraron bien hiladas.

Lo que sí tiene claro el alcalde de Oleiros es que la trama descubierta con la operación Zeta es tan sólo la punta del iceberg. “Había más empresarios amigos favorecidos y tan sólo hay que ver las fotografías que sacaban las revistas de los hosteleros para enterarse; yo desde luego no salía en imagen alguna”, dice con ironía quien cree que “no es la política la que está podrida, sino todo el país”.

“Esto que sale ahora no es nada comparado con el que puede haber por todo el país, porque hay mucha mierda en el PP, en el PSOE y en muchos otros lugares. Hay pocos honrados”, remata

Más madera para el fuego del escándalo de la trama Zeta. La combinación de la agenda parlamentaria y del hecho de que, hace casi dos años, se incluyera en el plan de trabajo del Consello de Contas [Consejo de Cuentas] el análisis de los programas de formación para el empleo sufragados por la Xunta en el año 2010, provocó este lunes que el ente fiscalizador sacara a la luz nuevas dudas sobre los cursos de formación que subsidia la Consellería de Traballo en general y, en particular, sobre los otorgados a entidades de la red presuntamente corrupta dirigida por el empresario coruñés Gerardo Crespo. El organismo fiscalizador entregó en el Parlamento un informe en el que, como la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía, certifica supuestas irregularidades y un manto de opacidad en torno a estas acciones formativas amparado, en gran medida, por la falta de ontrol de la Administración, que llegó a no comprobar si una entidad ligada a la trama había realizado o no cursos subvencionados con más de 200.000 euros.

El organismo que dirige en funciones el ex conselleiro Xesús Palmou comienza su informe advirtiendo de que el análisis de estos cursos, impartidos por múltiples organizaciones sociales, sindicales, empresariales y por la propia Xunta, está “limitada por la ausencia de instrumentos de planificación con objetivos e indicadores válidos que permitan valorar su cumplimiento”. Partiendo de la base de la imposibilidad de “realizar una valoración global de la actividad de formación” e incluso de la dificultad de “determinar con precisión el gasto” del Gobierno gallego en este ámbito, Contas destaca prácticas reiteradas en las diversas organizaciones, tanto en los cursos para personas desempleadas como en los destinados a ocupadas, caso por ejemplo de reiteradas subcontrataciones con entidades afines o el pago de gastos comunes de funcionamiento con dinero destinado a los cursos.

Así, en lo referido a las subcontrataciones, Contas señala que “de forma destacada, en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la totalidad de sus contrataciones externas”, unas subcontratas que, a su juicio, están fuera de la norma. De este modo, subraya que “en el entorno de Gecreri”, una de las empresas de Crespo, “aparecen otras seis entidades: Fundefo, Gecan, Propuestas Empresariales, Mavilga, Ediciones Transfontao y Acada Innovación”, muchas de ellas investigadas en el marco de la trama Zeta. Del mismo modo, por ejemplo Fundefo y Gecreri le compran el material didático a Propuestas Empresariales y, del mismo modo, Fundefo alquila locales de Gecreri. Al otro lado de la supuesta trama corrupta Contas también detecta este tipo de prácticas “en torno al grupo Academia Postal” y “en la Fundación Paideia”, en lo referido a las subcontratas y en los sindicatos UGT y CIG, en los alquileres de locales.

Para el Consello de Contas la subcontratación “con centros de formación de la impartición de parte de los cursos” no sólo infringe la norma autonómica -la estatal es más laxa en este ámbito-, sino que también implica que entidades que no “imparten propiamente las acciones formativas” puedan “facturar y percibir gastos indirectos de gestión” que “encarecen el costo de las acciones formativas sin aportar valor añadido”. A este factor se añade el hecho de que “en numerosos expedientes existen gastos que, por responder a los comunes de funcionamiento de las entidades o no tener ningún componente que pueda relacionarse con el desarrollo del proceso de formación o no corresponder al período de impartición de las acciones formativas, no deberían considerarse financiables”.

Sin comprobaciones de la Consellería

Una de las críticas más recurrentes del Consello de Contas es la ausencia de comprobaciones por parte de la Consellería de Traballo sobre la correcta realización de los cursos. Así, en la mayoría de las ocasiones es suficiente con la memoria que presentan las entidades -las de la supuesta trama y las demás- para justificar diversos aspectos de la supuesta impartición. De este modo no constan, por ejemplo, partes de asistencia que tengan que ser firmados por el alumnado, una documentación que, “independientemente de que su ausencia no comporte incumplimiento normativo”, “parece una exigencia mínima”, dice el Consello.

En esta línea, el informe de Contas aporta ejemplos de cómo, por ejemplo, en un curso impartido por Gecreri en Viana do Bolo (Ourense) “no consta la realización de visitas de comprobación” por parte de la Xunta, lo mismo que sucedió en otro curso de la misma entidad en Arteixo (A Coruña). Mientras, en una acción formativa de Fundefo en A Cañiza (Pontevedra) el Consello de Contas detecta que “la contratación se realiza con empresa vinculada”, Gecam Formación, que “tiene el mismo administrados que Gecreri”, empresa que a su vez es “administradora de Acada Innovación”, entidad cuyo domicilio “coincide con el de Gerardo Crespo”.

Tampoco hubo control de la Xunta en las acciones formativas organizadas por otra de las entidades presuntamente integrada en la trama Zeta, la Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA), que en el caso analizado recibió fondos por importe de más de 200.000 euros. Para la realización de cursos como Intelixencia emocional, Photoshop o Coaching and mentoring, FEAGA contrató la “realización de la totalidad de las acciones formativas” con FEMXA formación, que facturó “el 100% del costo de cada acción formativa”. La subcontratación “se realiza en términos tan amplios” que “es difícilmente justificable”, “el número de alumnos que participan superan los autorizados” y, además, no existen “justificantes de gasto” que “permitan el control”. En cualquiera caso, no hubo control de asistencia de alumnado ni “comprobación in situ” por parte de la Xunta “de la realización del curso”.

El alcalde de A Coruña y presidente del PP en la provincia, Carlos Negreira, negó este mismo miércoles en una entrevista en Radio Coruña tener alguna vinculación con el empresario Gerardo Crespo, el líder de la trama de corrupción de cursos falsos que investiga la operación Zeta, “más allá de la que se mantiene con cualquier otro representante de vecinos”. No opinan lo mismo los investigadores, que en el sumario –al que ha tenido acceso este diario– dan cuenta del “nivel de relaciones” que tiene el empresario con importantes cargos públicos, entre ellos el regidor coruñés, a quien llega para “realizar funciones de intermediación de su agenda”.

Llega a esta conclusión la policía después de que Crespo ejerciera de intermediario entre el responsable del sindicato USO en Galicia y el alcalde de A Coruña para lograrle al primero de ellos una cita con el regidor. “Que hablaremos, le dije... Esta semana estoy a tope”, le responde al líder de la trama Carlos Negreira, que admite que existen en el sumario once mensajes telefónicos enviadas por Crespo a su teléfono, “la mayoría no contestados”. Este, sí.

“Me dejó tirado cuando comenzaron las escuchas”, revela Crespo sobre Negreira en una entrevista em el diario local La Opinión A Coruña. Es cierto que el sumario no da cuenta de una relación demasiado fluida, pero sí deja entrever una anterior mucho más estrecha. Son los investigadores los que hablan de una “posible labor de intermediación” por parte del empresario entre las personas interesadas en contactar con el alcalde y el propio regidor. En una conversación grabada, le ofrece colaboración a un conocido para hacer “gestiones con Carlos [Negreira] y con quien veas”. “Tras tu reunión con Negreira, ¿puedo yo mantener la mía?”, le pregunta el interlocutor.

La confianza y la petición de favores era tal que Gerardo Crespo llama directamente a la secretaria del alcalde de A Coruña para informarla de la situación de diferentes procesos de adjudicación de servicios municipales, advirtiéndole de que su empresa se presentó a uno de Consumo “Para que lo sepa”, le dice. “Hay un proceso negociado que durante años estábamos llevando nosotros, el de bibliotecas, y no nos han invitado. Cuando nos hemos enterado... Se lo han dado a otra empresa [...] y el técnico del ayuntamiento es el primer sorprendido. Ahora nos hemos presentado a otro tema de la Oficina de Consumo, para que lo sepa”.

Antes, el empresario ya se había encargado de mandarle un SMS al regidor: “Hola. Desde hace años llevamos los cursos de bibliotecas del ayunt. y siempre nos invitaban al negociado; lo sabe el técnico... Y este año no. Un abrazo”.

Tan solo unos días más tarde, y según las conversaciones telefónicas intervenidas, los propios investigadores advierten de que se intenta “arreglar” un proceso de adjudicación “de un servicio vinculado con Consumo, a realizar a través de un procedimiento negociado sin publicidad y en el que se va a presentar alguna de las empresas de Gerardo Crespo”. Se refieren a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Tal y como revela la policía, la idea es presentar a otras dos “empresas amigas” para “formalizar una apariencia de concurrencia en un proceso de adjudicación ya decidido, que finalmente recaerá presuntamente a favor de la empresa de Gerardo”.

La conversación es entre una empleada de su empresa y el propio Crespo. “Estamos con el tema de Consumo y nos piden dos empresas más [...] Nos vamos a presentar nosotros y dos empresas más... amigas”, admite, suponiendo que es en el propio Ayuntamiento donde se lo solicitan. De hecho, los investigadores aseguran que esta llamada “hay que ponerla en relación con los sms enviados por Gerardo Crespo a Negreira y con la llamada de ese mesmo día mantenida entre el propio Crespo y la secretaria del alcalde”.

Dos horas “con el señor alcalde de La Coruña”

La CoruñaAdemás, Eliseo Calviño, otro de los implicados en la operación Zeta –responsable de Caype y otro de los líderes de la trama–, presume también de su relación con Negreira. En una llamada a su amigo y socio, Gerardo Crespo, le anuncia que estuvo “como de los horas y media con nuestro amigo... Con Carlos, con el señor alcalde de La Coruña” y lo hace “mostrando su satisfacción”, tal y como dicen los investigadores. “¿De dos horas y media, eh? Muy bien, él muy bien como siempre, lo que pasa es que, claro, él tiene que ser muy bien, pues con todos. Yo creo que hay algunas cosas que le quedaron claras, eh... De alguna le sorprendió mucho... Y vamos a ver... Pero ya hablaremos de eso”.

La reunión entre Negreira y Calviño, así como la conversación telefónica con su socio, tienen lugar pocos días después de que Gerardo Crespo advierta a la secretaria del alcalde de que una de sus compañías se presentó a un proceso de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y tan solo unos días antes de que una empleada advierta al empresario de que hay que presentar “dos empresas amigas” a un proceso de adjudicación. Según conversaciones posteriores, el líder de la trama lamenta que no lograra la adjudicación de este proceso y así se lo recrimina a responsables del Ayuntamiento.

Según otras informaciones ya publicadas, este no es el primer intento de amaño de contratos relacionados con instituciones de Consumo por parte de Crespo. Correos encontrados por la policía demuestran cómo responsables del Instituto Galego de Consumo amañaron contratos con Crespo, que pactaba las condiciones para que sus empresas fueran las adjudicatarias.

Lo que es evidente para los investigadores es que Crespo pasa tiempo “presionando” a Carlos Negreira “con el objeto de conseguir más adjudicaciones”. “Me siento abandonado [...] Abrazos”, le dice el empresario, después de que el líder de la trama advierta en el Ayuntamiento de que no está siendo informado de diferentes concursos. Poco después, el regidor le envía otro SMS: “Ok Gerardo... Abrazos”. En otra conversación posterior con responsables en María Pita, el líder de la trama asegura que “al alcalde le joroba” que él no sea informado de diferentes procesos.

Después de que el líder de la trama corrupta insista en varias conversaciones con personal del Ayuntamiento pŕoximo al alcalde, decide enviarle otro mensaje telefónico a Negreira. “Me siento amparado y muy feliz del alcalde amigo que tengo”, le pone en uno de esos sms. Los investigadores entienden que Crespo “parece estar más contento con el alcalde” después de contactar con la administración local, “aunque este no le contesta”. No lo hace en ese momento, pero sí horas después: “Abrazos... le paso el mensaje a ”programación“... Nos vemos pronto!! Buen fin de semana!!”. Una relación que parece demasiado cordial para ser la que se mantiene “con cualquier dirigente vecinal”.

El alcalde de A Coruña, en la entrevista en Radio Coruña, le pide a Crespo que deje “el resentimiento y remordimiento” y que se centre “en su defensa”. El empresario, por su parte, asegura en la entrevista en La Opinión A Coruña que hizo muchos favores políticos y carga con dureza contra el alcalde, advirtiendo además de que dará cuenta de todo al juez cuando sea llamado a declarar.

“Entiendo que el que los gallegos quieren saber, y en lo que vamos a seguir insistiendo es en que a efectos de sumarios no hay amigos ni enemigos; me da igual quien esté en una investigación, vamos a investigar igual. Me da exactamente igual quien esté o no esté. No hay diferenciación entre unos y otros, no hay distinción con las leyes”. Es lo más semejante a una explicación concreta sobre la relación que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, mantiene o ha mantenido con Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, supuesto conseguidor de la trama investigada en la Operación Zeta.

En seis ocasiones Feijoo fue preguntado por los periodistas sobre los recientes casos de corrupción, sobre todo sobre la Operación Zeta, y otras tantas veces el presidente de la Xunta evitó aclarar el nivel de conocimiento o trato que mantenía con este empresario madrileño imputado en el caso. También fue preguntado por un mensaje intervenido por la Policía, que consta en el sumario del caso, que lo señalan como “clave” en la trama. El presidente de la Xunta señala que por lo que le “contaron” (ya que -dijo- “no tengo tiempo para andar leyendo el sumario”), ese fragmento podría estar “manipulado”, y afirma que en el sumario faltan folios intermedios.

El presidente de la Xunta defiende que “fue el Gobierno gallego” el que denunció estas actuaciones -obviando que la investigación comenzó por la denuncia de dos trabajadoras de una de las entidades ligadas a Gerardo Crespo, como consta en el sumario-, y destaca que fue la “única administración” que lo puso en conocimiento de la Fiscalía. “La Xunta no es la denunciada, es quien denuncia; las denunciadas son estas 26 empresas”, añade. Aprovecha, asimismo, para atacar al Gobierno bipartito, señalando que no tiene dudas “de momento” de la “honorabilidad” del “Gobierno que me precedió”.

Preguntado por las peticiones de “perdón” realizadas en los últimos días por Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre a causa de los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, Núñez Feijoo asegura que “sin duda hay que pedir perdón” pero añade que “es mejor hacerlo que pedirlo” y que “hay que pedir perdón actuando, denunciando los hechos”.

Feijóo y Rajoy, en la plaza de toros de Pontevedra con el presunto conseguidor (arriba, aplaudiendo), en una imagen difundida por el BNG

Reacciones de AGE y BNG

El portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, que este jueves ofrecía una rueda de prensa sobre el “déficit de tarifa eléctrica” afirma, preguntado por los nuevos casos de corrupción conocidos, entre ellos los desvelados por la Operación Zeta, que ya no los puede ver porque “hay tanta mierda” que lo impide.

Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, valora como “total y absolutamente insuficientes” las explicaciones de Núñez Feijóo sobre los casos de corrupción y reclama la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre las revelaciones de la operación Zeta. Jorquera considera que Feijóo tiene que “asumir responsabilidades” y, tal y como hace el PP en Andalucía con el “escándalo de los ERE”, propiciar una investigación.

“Un sistema organizado y coordinado para conseguir fondos públicos, falseando requisitos, condiciones y documentos con tal fin, y una vez obtenidos estos fondos, malversándolos con pactos ilícitos para su reparto y posterior uso privativo”. Así resume la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía la base de la Operación Zeta, la presunta trama de “fraude premeditado” de subvenciones y contratos públicos que, supuestamente, tenía como núcleo las empresas y asociaciones del empresario coruñés Gerardo Crespo. Esta “operativa ilícita” giró “permanentemente en torno a un fraude premeditado” basada en “falsedades” que, para los investigadores, estuvo facilitada en buena medida por la “inacción en el control” por parte de las Administraciones públicas, tanto de las estatales como, especialmente, de la Xunta.

La investigación del caso tiene conocimiento de esta “comisión de conductas fraudulentas de naturaleza penal”, que da por “plenamente confirmadas”, tras la denuncia de dos ex empleadas de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (CAYPE). Tal como consta en el sumario del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el caso explota no por la actuación del Gobierno gallego ante la Fiscalía, como está sugiriendo el presidente de la Xunta en los últimos días, sino por la exposición “de un conjunto de irregularidades” observadas por estas personas “en la obtención y justificación de subvenciones públicas” que llevó a los agentes hasta el grupo Azetanet, encabezado por Gerardo Crespo.

Con estas primeras piezas sobre la mesa, los siguientes pasos le sirvieron a la UDEF para considerar que Crespo “gestionaba un conjunto de fundaciones o asociaciones de defensa de autónomos discapacitados”, supuestamente sin ánimo de lucro, que realmente tenían como “única actividad ser solicitantes y beneficiarias directas de subvenciones”. El dinero público era solicitado por entes como la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad (FUNDEFO), la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED Galicia) o la Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de España (ATRADE), entre otras. Los pinchazos telefónicos, dicen los agentes, muestran cómo Crespo “daba órdenes a sus empleados para crear nuevas entidades asociativas ficticias” que estaban, en última instancia, bajo su “permanente supervisión”.

El 'modus operandi'

En este contexto, las siglas de unas y otras entidades eran, prácticamente, lo de menos. Siempre según los informes contenidos en el sumario, las organizaciones sin ánimo de lucro que presidía Crespo obtenían subsidios para la formación y, acto seguido, sus propias empresas “ejecutaban de manera subcontratada la formación subvencionada”, lo que para la Policía es una “clara contravención” de la ley de subvenciones. Esta manera de proceder era “un medio de alimentar la actividad del grupo empresarial” de Crespo “y por lo tanto, su patrimonio final”, toda vez que “todos los ingresos de unas y otras iban a la misma caja”. Como CAYPE, resaltan, “estas entidades no tenían ninguna actividad asociativa”. Su “verdadero propósito” era “la caza de dinero público”.

Junto a este circuito entre empresas y asociaciones de Crespo, figuran otras piezas de la supuesta trama: los “clientes externos”. Se trata de entidades receptoras de subvenciones para la formación, que la contrataban con las empresas de Crespo. Estas, por su parte, les devolvían una parte de lo que inicialmente les cobraban, toda vez que no les habían prestado “ningún servicio”. Lo que iba y venía era, en todo caso, dinero público, si bien las “devoluciones” tenían formas diversas: “en metálico”, con la “emisión de facturas falsas” o en “dádivas de distinta especie” que llegaban hasta el 50% del total de la subvención, lo que “le permitiría a Gerardo captar clientes receptores de sustanciosas subvenciones periódicas y a estos, la obtención de importantes cantidades económicas procedentes inicialmente del erario”.

Y, ¿quiénes eran estos clientes? Asociaciones de autónomos como CAYPE, donde comenzó todo, la Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA), la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, la Asociación de Hostelería de la Provincia de A Coruña, la Federación de Clínicas Privadas o “sindicatos como USO Galicia”. La trama pudo crecer, dicen los agentes, porque “todos los clientes que ejecutaban subvenciones con Azetanet recibían devoluciones ilícitas”. De todo esto se derivaba el “enriquecimiento” de Crespo y el aumento del dinero guardado en su “caja *B”, apodada por el empresario como “la KGB”.

Una “farsa” asociativa sin control

La Policía llega a estas conclusiones, entre otras vías, a través de las conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos líderes de la trama, “en muchas ocasiones tan explícitas que no dejaban margen para la interpretación”. Así, por ejemplo, Crespo y sus colaboradores, como el presidente de CAYPE, Eliseo Calviño, y el presidente de FEAGA, Francisco Pérez Bello, “reconocen abiertamente que las asociaciones de autónomos” que recibían “decenas de millones de euros” eran “un montaje o una farsa” y que “mentían como un cosaco”. En las conversaciones se llega a mencionar “la falta de auténticos autónomos asociados” a estas entidades, una carencia que se cubría con la “compra de bases de datos de autónomos a empresas de Internet” o el “uso de sedes ficticias”.

Para poder cometer estos “múltiples ilícitos penales”, la Policía ve fundamental el recurrente contacto entre Gerardo Crespo y “relevantes cargos políticos”. En las escuchas, dice la UDEF, Crespo “reconocía que la Administración autonómica nunca le había controlado la ejecución de sus cursos” hasta marzo de 2012 cuando, con la investigación ya en marcha a raíz de la denuncia de las dos empleadas, Trabajo le “revocó cinco planes integrales de empleo”. Las relaciones de Crespo con los políticos tenían la “finalidad de facilitar la concesión de cursos y subvenciones o el levantamiento de trabas a las mismas”, así como el “presunto amaño de procedimientos de adjudicación negociados”. Para llegar con fluidez a las autoridades, dice la investigación, Crespo se apoyaba en buena medida en Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, empresario madrileño imputado en el caso y que supuestamente recibía “dinero por la práctica de gestiones” y que, según detalló El País, es amigo personal del presidente de la Xunta.

Feijóo se defiende atacando. Ante las diferentes informaciones del sumario de la operación Zeta -que investiga la trama de los cursos falsos de empleo- que lo salpican, el presidente de la Xunta presume de liderar junto a su Gobierno la lucha contra la corrupción e incluso asegura que la investigación que se está llevando a cabo es gracias a las denuncias que hizo su Ejecutivo. En la sesión de control en el Parlamento deste miércoles nada especificó de que medidas tomar contra este y otros casos, pero sí llegó a utilizar una frase en la que sale citado en el sumario para advertir que él será “clave” en esa supuesta lucha contra las prácticas corruptas.

“Gerardo, el jueves 7. A las 5,30 en Génova, despacho Ana Pastor. Marga [directiva de las empresas investigadas] y tú. Un saludo. Feijóo vana a ser clave”. Así se puede leer en el sumario de la operación Zeta en una conversación extraída de un mensaje enviado a Gerardo Crespo, presunto líder de la trama, por Pachi Lucas, reconocido amigo del presidente de la Xunta y supuesto “conseguidor” de la red corrupta. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, mostró también en la sesión una fotografía en la que Lucas aparece junto a Mariano Rajoy, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, el vicrepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el propio Núñez Feijóo en la plaza de toros de Pontevedra. Pero la respuesta fue siempre a misma: presumir de integridad y atacar al bipartito de PSdeG y Bloque que gobernó la Xunta entre 2005 y 2009.

Feijóo y Rajoy, en los toros con el presunto conseguidor de la trama (arriba, aplaudiendo), en una imagen difundida por el BNG

“Este gobierno es el único que puso en conocimiento del fiscal lo que pasaba, mientras ustedes (en referencia al bipartito) dieron un 30% más de ayudas a estas empresas, hasta seis millones de euros; se suma a esta actuación impecable desde el punto de vista de la Fiscalía”, le llegó a responder Feijóo a Jorquera después de que este le mostrara la fotografía y pidiera incluso su dimisión ante el descubrimiento de la que considera una “trama de financiación irregular” del PP y después de que el sumario desvelara también cómo la contable de Crespo admitía que sacó dinero de la caja B para pagar en sobres a los populares.

El BNG, al igual que otros grupos, le recordó a Feijóo el montón de cargos y militantes del PP citados en el sumario, pero el presidente se empeñó en presumir de eficacia contra la corrupción. “Hoy por hoy todos los cursos de formación son investigados y en 2010 se creó un servicio para investigarlos, algo que antes no existía”, dijo, asegurando que “no es normal” que este sumario “no saliera en la anterior legislatura”. “Todo el mundo miró para otro lado hasta que este Gobierno quiso investigarlo”, añadió.

Pero Jorquera le recordó que fueron funcionarios y ex trabajadores los que desvelaron la trama corrupta de los cursos de formación que implica a Romay Beccaría o Carlos Negreira y que aún en 2013 la Xunta se los concedió a las empresas implicadas. Feijóo contestó acusando al bipartito de adjudicar también cursos con el gobierno en funciones e incluso aludiendo a correos que en el sumario desvelarían conversaciones entre miembros del anterior ejecutivo de coalición y directivos de las compañías investigadas. “Seguiré actuando afecte a quien afecte”, volvió a presumir el presidente, que nada dijo, no obstante, de qué nueva medidas pretende tomar. “Si ustedes hubieran actuado en la anterior legislatura, esto se habría parado”, aseguró antes de que la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, le preguntara si él es “el hombre X” de esta trama.

“Permanente concurrencia de relaciones entre Gerardo Crespo con políticos y funcionarios especialmente relacionados con las subvenciones y adjudicaciones” de las que su grupo empresarial “podía ser y era destinatario”. Así resume la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional los “constantes” contactos del empresario coruñés que presuntamente, lideró el fraude de subvenciones en cursos de formación investigado en la Operación Zeta. La investigación resalta la “importancia” de estas “relaciones de confianza con políticos y funcionarios locales y de la Xunta” para obtener subvenciones que, en su mayor parte, iban a parar al bolsillo de Crespo y no a la organización de cursos. Es posible que, por ese motivo, Crespo y sus empresas cuidasen a sus contactos con regalos e incluso sumas de dinero en metálico que, en el caso del PP, dicen los agentes, sumaron 17.000 euros.

Según consta en informes incluidos en el sumario del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, los agentes encontraron en los ordenadores de Azetanet, una de las empresas de Crespo claves en la supuesta trama fraudulenta, una hoja de cálculo en la que, bajo el nombre de regalos clientes, se apuntaban los regalos a distribuir entre diversos cargos de la Xunta y del PP con motivo de la Navidad de 2010. La lista está encabezada por la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, quien un año antes había sido nombrada Coruñesa del Año por una de las asociaciones de Crespo. A Mato, según este listado, le correspondería “lotería” más un bolso que le habrían sido remitidos a su casa.

La lotería es el obsequio más común en una lista en la que, no obstante, a determinadas personas se les asigna, como a la conselleira, un regalo adicional. A Joaquín Vila, entonces jefe de servicio de Empleo en la Consellería, le correspondería también una cesta navideña -Vila declaró hace escasos días que Crespo enviaba “constantemente” regalos pero que no influían en su acción en la Xunta-, lo mismo que a Odilo Martiñá, director general de Traballo hasta el pasado septiembre. Junto a la lotería, siempre según esta lista, se envió “vino” para el presidente de La Voz de Galicia, Santiago Rey, y un jamón para una persona identificada como “Manolo Barral”, de la que no se especifica responsabilidad.

Los envíos únicamente de lotería fueron, según la investigación, mucho más numerosos y llegaron desde al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo hasta Carlos Negreira, actual alcalde de A Coruña. Igualmente, figuran como receptores Diego Calvo, presidente de la Diputación coruñesa, José Manuel Álvarez Campana, que en ese momento dirigía el ente público Portos de Galicia, y otros cargos y jefes de servicio de la Consellería de Traballo.

Una de las listas de regalos encontradas por la Policía en los ordenadores de Azetanet

Los presuntos pagos al PP

Estos y otros regalos de mayor valor económico -sufragados, al menos en parte, con la “caja B” de Crespo, según los investigadores- eran empleados por Crespo como una vía más para intentar “remover los obstáculos” que se le presentaran para obtener dinero público. La Policía ve de “especial interés en el ámbito penal” las “evidencias” de que “algunos” de estos “políticos y funcionarios” recibían “cantidades económicas o regalos” mientras, paralelamente, eran “presuntamente amañados” varios “concursos públicos” para otorgarle adjudicaciones a las empresas de la trama.

En este contexto, los agentes ven claro que Gerardo Crespo “daba cuenta a responsables políticos de un partido o de otro de su participación” en los concursos y convocatorias de subvenciones, ya fuera “de manera directa o mediante la intermediación de personas, a las que encargaba la realización de gestiones con responsables del Partido Popular, remunerando la ejecución de las mismas”. Así, la Policía observa en la contabilidad de Azetanet “anotaciones del pago de importes económicos a responsables públicos encargados de la concesión y control de subvenciones, así como el abono en metálico de una cantidad” cifrada en los mencionados 17.000 euros “al Partido Popular”. De ellos, 15.000 fueron presuntamente pagados “dos semanas antes de las últimas elecciones generales”, en 2011.