No va a haber más dinero público en 2014 para las ayudas a la conciliación laboral y familiar o personal. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo ha confirmado tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ha reflexionado sobre la conveniencia de cambiar el actual modelo y la política de ayudas a las familias. Agotados los 17,3 millones de euros aprobados por el Ejecutivo en abril pasado, el Gabinete de Urkullu ha cerrado el grifo para todo 2014 en materia de ayudas a la conciliación.

Preguntado por el recorte que de hecho ya ha sufrido esta partida frente a los presupuestos anteriores y si el Gobierno no se plantea aumentar una partida que, a todas luces, se ha demostrado insuficiente -desde el 22 de agosto no se pagan más ayudas al haberse agotado la partida presupuestaria- Erkoreka ha echado mano de la herencia recibida del anterior Gobierno socialista. Ha señalado que cuando el PNV llegó a Lakua en diciembre de 2012 había “retrasos” en el pago tanto de las ayudas a la conciliación laboral y familiar, como en las referidas a los hijos, “por 25 millones de euros”.

El Consejo de Gobierno ha planteado en su reunión la conveniencia de abrir un debate sobre el modelo vigente, que pivota en torno a ambas ayudas. Las primeras, las relacionadas con el número de hijos que tiene cada familia, que “constituyen un derecho subjetivo”, ha recordado el portavoz, y las que se tramitan por la conciliación de la vida laboral y familiar, “que no lo son”. El Ejecutivo cree que “hay que dar más atención a las ayudas a la conciliación que a las de los hijos” y ha recordado que el “cheque bebé” que aprobó el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha desaparecido.

ELA, también en contra

Erkoreka reconoce que es una reflexión inicial que habrá que realizarla, además, conjuntamente con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios de la Cámara vasca. Por de pronto, desde ambos sectores se le ha exigido al Ejecutivo que no cierre el grifo. EH Bildu y el PSE han criticado la medida. Y el sindicato ELA se ha sumado a la exigencia realizada tanto por CC OO como por UGT de ampliar la partida para los meses que quedan, evitando así que las personas que hayan solicitado acogerse a las subvenciones y tengan derecho a ellas deban esperar hasta 2015.

El sindicato mayoritario ha censurado esa decisión gubernamental. “Parece que la política social del Gobierno presente se agota al agotarse el crédito presupuestario y las políticas públicas quedan a merced de los mandatos del mercado. Se clarifican así las prioridades del presente gobierno que apuesta por cumplir la agenda neoliberal cuando por ejemplo opta por pagar la multa por las vacaciones fiscales o se encuentra atrapado en el constante encaje de bolillos presupuestarios y ajustes de déficit y agendas marcadas desde instancias externas”.

Según los datos presentados la semana pasada, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015 se reduciría 17 millones con respecto a lo aprobado en el pasado año

En una esta semana se decidirá si España ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El empeño del Gobierno para conseguir este puesto le ha llevado hacia un periplo por distintos foros internacionales para explicar sus compromisos con la paz y el bienestar de la humanidad. Coincide, sin embargo, que en estos días se han presentado los Presupuestos Generales del Estado 2015, cuyas cifras resultan ser poco coherentes con esos supuestos compromisos.

Según los datos presentados la semana pasada, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015 se reduciría 17 millones con respecto a lo aprobado en el pasado año. Esto supone un 0,17% de la Renta Nacional Bruta; un porcentaje muy alejado de la media europea (0,50%), y que además nos sitúa a la cola de los donantes europeos, solo por delante de Grecia. Para entender la dimensión real de estas cifras deben entenderse en perspectiva ya que desde 2011 la cooperación ha sufrido un recorte de más del 60%. Es más, han sufrido un recorte respecto a sus metas establecidas por el propio Ejecutivo en el IV Plan Director donde se establece una previsión mínima de 2.300 millones, casi 600 más de los que se contemplan en estos presupuestos.

Esta falta de compromiso real contrasta con las buenas palabras y los llamados “presupuestos de la consolidación de la recuperación económica”. ¿De verdad pretende España ser líder en la defensa de la dignidad de la humanidad con estas cifras? Moncloa se empeña en decir que se trata de hacer más con menos; pero cómo hacerlo cuando los fondos son tan escasos y los retos tan enormes. No, no se puede hacer más con menos, sobre todo cuando ese menos resta a lo que ya era casi nada.

Debilitamiento de los principales actores de la cooperación

Más allá de estas alarmantes cifras, al adentrarse en ellas y ver la relación de unas con otras se observa un cambio de modelo realmente preocupante. El Ministerio de Asuntos Exteriores –que también es de Cooperación y que por ley debería dirigir esta política– gestionará tan sólo un 46% de la AOD. Y la Agencia Española de Cooperación Internacional, que desde 2011 ha visto reducido su presupuesto un 71%, continúa en un descenso en picado y recibe apenas un 13% de la totalidad de la ayuda. Entonces, cómo es posible que se haga más con menos si cuando quien debe hacerlo no tiene recursos.

No se puede recortar más

El debilitamiento de los principales actores hace que, al hablar de cooperación, hablemos en realidad de contribuciones que España tiene que aportar forzosamente a la UE y a organismos internacionales; aportaciones que representan casi la mitad de la ayuda española para 2015. Gran parte de los fondos quedan de esta forma en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que es quien se encarga de hacer efectivos esas aportaciones.

Por otra parte, el 21% del total de la AOD está formada por el llamado Fondo para la Promoción del Desarrollo. Se trata de créditos a países empobrecidos, que se otorgan en condiciones favorables y que deben ser devueltos. Su porcentaje respecto al total ha crecido progresivamente en los últimos años. Este crecimiento confirma una peligrosa tendencia a la financiarización de la ayuda en detrimento de otros instrumentos igualmente pertinentes y necesarios, que no son de carácter reembolsable.

Enorme preocupación por el escaso presupuesto para Acción Humanitaria

Asistimos a graves crisis humanitarias en varios lugares del planeta. Algunas más mediáticas que otras, pero todas ellas igualmente graves. El impacto de estas crisis en la vida de millones de personas y en la estabilidad de amplias regiones del planeta exige más que buenas declaraciones. En tales circunstancias, la acción humanitaria es clave para asistir a las víctimas de estas crisis y asegurar su camino hacia un futuro estable. Es lamentable que el presupuesto de ayuda humanitaria acumule un recorte del 81% desde 2011. Cómo pretende España con recursos tan escasos, responder de manera rápida y efectiva al estallido de este tipo de crisis.

La paz y la seguridad significan mucho más que la ausencia de guerra; significan capacidad para acceder a niveles de vida dignos, garantía de los derechos humanos y de futuro. Por eso, más allá de la ayuda inmediata en las emergencias, es necesario garantizar procesos de desarrollo integral. El propio Rey Felipe VI así lo aseguró el pasado 24 de septiembre en la sede de la ONU, donde defendió la candidatura de España al Consejo de Seguridad: “No puede haber paz duradera o seguridad sin desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible sin mayor solidaridad –tanto entre países como en el interior de las naciones”. Exacto. ¿Escuchará el gobierno?

El folleto en el que España presenta las virtudes que le hacen merecedora del deseado asiento en la ONU afirma que “el objetivo primordial es la lucha contra la pobreza y la determinación en el logro del desarrollo humano sostenible”. Una vez analizados los Presupuestos para 2015, nos tememos que el peso de esa determinación también ha sufrido recortes y que se centra en lo que no hay más remedio que asumir porque es obligatorio.

Ya lo decíamos hace un tiempo: que España asuma un liderazgo en la gobernanza global será una realidad si se enfoca desde una visión coherente con la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la equidad; sólo así podrá otorgar consistencia a su deseo de ser un socio internacional merecedor de un asiento en la ONU.

La esta semana volveremos a las calles para recordarle al gobierno que la política de cooperación es mucho más que una dádiva en tiempos de bonanza. Basta de políticas que permiten una riqueza que engorda los bolsillos de una minoría a costa de empobrecer a la inmensa mayoría de la población mundial. Si el gobierno quiere hacer de este país un actor internacional responsable y relevante, urge un cambio de timón radical, tanto en las políticas domésticas como en las internacionales.

La presidenta del PP aclara que el lehendakari le ha asegurado que "no se va a reformular" el 'suelo ético' pactado en la anterior legislatura.

Los populares muestran su disposición a "arrimar el hombro" y a asegurar la estabilidad presupuestaria para 2015.

Arantza Quiroga, presidenta del PP vasco, ha vuelto a ofrecerse al lehendakari para “arrimar el hombro” en estos momentos de crisis. Pero le ha exigido a Urkullu que opte porque los “caminos son dispares” si decide recorrerlos con el PP, con el PSE-EE o con EH Bildu. La líder de los populares vascos le ha indicado que no es lo mismo ir de la mano de los que ofrecen “progreso” que de los que, por el contrario, prefieren hablar de “identidades”. En todo caso, Quiroga se ha mostrado dispuesta a asegurar la estabilidad presupuestaria para 2015, pero esperará a conocer si las prioridades que le ha planteado en la entrevista tienen su traducción en el proyecto que presente el Gobierno para el próximo año.

En la entrevista más larga de las celebradas hasta ahora en la ronda de partidos abierta por el presidente vasco tras el debate de política general -más de dos horas y media en Lehendakaritza- el lehendakari ha asegurado a Quiroga que “no tiene intención de reformular el 'suelo ético' pactado en la anterior legislatura”, según fuentes populares, un documento que no ha sido asumido en la ponencia de Paz y Convivencia por EH Bildu. Tras el encuentro entre Hasier Arraiz y Urkullu de esta semana, Lehendakaritza señaló que había visto una disponibilidad en el representante de la coalición soberanista a ir más allá de sus planteamientos sobre este asunto.

La reunión celebrada este miércoles en la sede de Presidencia era el primer contacto al más alto nivel entres los populares vascos y el lehendakari después del enfrentamiento que PP y PNV mantuvieron durante el verano en relación a la supuesta financiación irregular del partido que preside Andoni Ortuzar vía batzokis. Y ambos han dado por cerrado ese capítulo de duras críticas y cruce de acusaciones.

Ayudas sociales

La presidenta de los populares vascos mantiene su oposición frontal a cualquier tipo de aventura soberanista. Ya se lo dijo al lehendakari en el debate de política general, cuando le recordó que la mayor amenaza para garantizar la estabilidad política e institucional son las propuestas imprecisas sobre el “nuevo estatus” para Euskadi que vienen desde Lehendakaritza y el PNV. Una estabilidad institucional que Urkullu también reivindica para salir de la crisis y que tendría su primera estación en la aprobación de los Presupuestos de 2015. “Quiroga le ha planteado al lehendakari sus prioridades en materia económica y de gasto, así como en la defensa de los servicios públicos, pero al no haber una propuesta definida en materia presupuestaria, el ofrecimiento a la estabilidad presupuestaria, que es plurianual, se mantiene a falta de traducir esas prioridades en gasto concreto en el Presupuesto de 2015”, añaden fuentes populares.

Sobre este asunto, el PP -que ya se abstuvo en la aprobación de las Cuentas de este año- no descarta nada a priori. Pero también pide clarificación al lehendakari, después del ofrecimiento realizado por el líder de EH Bildu Hasier Arraiz en su reunión de esta semana para explorar un acuerdo si el Gobierno vasco no se adentra en la senda de los recortes. Quiroga ha querido entender de las palabras del lehendakari una disposición del Ejecutivo a redoblar la lucha contra el fraude en las ayudas sociales, una de los caballos de batalla del PP -sobre todo en Álava- en los últimos meses.

La Plataforma a favor de los derechos sociales considera que las cuentas aprobadas por el PP y el PNV eluden los problemas de pobreza de muchas familias de Vitoria. Los presupuestos del 2014 no incorporan, a juicio de Elkartzen, politícias de choque para luchar contra esta problemática. “Se han realizado una serie de parches que en ningún momento cuestionan el modelo de ciudad del PP”, explican los portavoces del colectivo.

Con este presupuesto se perpetúa un modelo de ciudad “injusto y generador de desigualdades”, que recoge una serie de gastos “de cara a la galería y a espaldas de la ciudadanía, que ni participa, ni es tenida en cuenta en todo el proceso del debate”, declaran desde la plataforma.

Los cambios que conlleva el apoyo del PNV son “insuficientes” para atender las necesidades sociales de los ciudadanos. Los portavoces de Elkartzen han recordado varios datos que evidencian las graves dificultades que padecen muchas familias vitorianas.

Aumento de más del 90% de perceptores de AES

Las cifras que ha presentado Elkartzen, obtenidas de estamentos oficiales, dibujan un aumento de la pobreza del 40% desde el 2008. En Vitoria a 31 de diciembre del 2013, 7.246 unidades convivenciales subsisten con la RGI, frente a las 6.042 del 2011, lo que supone una subida del 19%. El dato más sangrante es el de los perceptores de Ayudas de Emergencia Social, AES. A finales del pasado año eran 2988 hogares los que habían recibido esta ayuda, un 90% más que en el 2010.

Ante este panorama consideran del todo inadecuadas las cuentas aprobadas. “Los problemas sociales han aumentado exponencialmente y los recursos, cuando no se han reducido, se mantienen como si nada pasara”. Para darle la vuelta a la situación Elkartzen entiende que debe abordarse una transformación fiscal. “Han de incorporar criterios de renta ya sea tanto en impuestos como en las tasas públicas. Ante esta sangría social el PNV y el PP se dedican a hacer una misma política. Poner tiritas”, concluyen los representantes de la Plataforma a favor de los derechos sociales de Vitoria.

El BOE recoge este sábado el Real Decreto Ley de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, una que entra en vigor mañana con carácter de urgencia, pese a que tendrá que ser refrendada en Las Cortes, y que incluye, pese a su variedad, la gran mayoría de las medidas anunciadas este viernes en Consejo de Ministros.

Aunque el título se refiere a la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los incentivos al mantenimiento y la creación de rutas aéreas y la obligación por parte de las compañías de permitir a los pasajeros residentes en las islas y Ceuta y Melilla acreditar su condición de forma telemática para acceder a descuentos, las medidas económicas que se nombran en la coletilla del título son las más relevantes.

Ya en el preámbulo se admite que dos de esas decisiones -el límite de sueldos para alcaldes y el impuesto de sociedades- tendrían que haberse incluido en los presupuestos generales del Estado para 2014. Como no fue así, se aprueban ahora en este real decreto ley, ya con el año en curso.

El tope salarial de los miembros de las corporaciones locales se ha establecido en un baremo vinculado a la población. Así, los alcaldes y concejales de los grandes municipios (más de 50.000 habitantes) no podrán cobrar más de 100.000 euros anuales. En los pequeños (de 1.000 a 5.000 habitantes) el salario máximo de los representantes municipales será de 40.000 euros. Además, el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014 el tipo del 21%-el mismo que el de la renta- para el impuesto de sociedades.

Otras dos de las decisiones que incluye esta norma potaje tienen efectos a 1 de enero de 2014, esto es, se aplican con efecto retroactivo. Ambas afectan a la cotización de los trabajadores. La primera aplica para 2014 la subida a la cotización de los autónomos que ya se aprobó en el Real Decreto del 21 de diciembre. Quienes hayan tenido diez o más trabajadores a su cargo durante 2013 y coticen por la base mínima deberán pasar a hacerlo al grupo 1 del regimen general, es decir, pasarán de pagar 261 euros al mes a 314.

La segunda reduce la cotización de los trabajadores temporales a tiempo parcial de un 9,30% (2013) a un 8,30% y los equipara a los temporales a tiempo completo. Eso sí, la carga de ese porcentaje que recae sobre el trabajador -un 1,60%- se mantiene, la reducción se aplica sólo a lo que paga el empresario.

Además, este Real Decreto Ley incluye un crédito extraordinario de 175 millones de euros para costear el Plan Pive 5, que se financiará a cargo de la deuda pública y la reducción del 21 al 10% del IVA a la importación y compra de obras de arte.

Los nacionalistas apoyan el proyecto de los populares para el 2014 tras lograr, a su juicio, dar un giro radical a la propuesta diseñada por el equipo del alcalde Javier Maroto.

En las cuentas aprobadas se incrementan las partidas de promoción económica y empleo, de bienestar social y las inversiones para los barrios en detrimento de las previstas por los populares en el centro de la ciudad, cuya ejecución queda condicionada ahora a la venta de suelo público.

El PNV no consigue modificar la Norma de Ejecución Presupuestaria para garantizar que se cumplen todos los acuerdos alcanzados.

Vitoria ya tiene presupuestos para el 2014. El PNV apoya finalmente la propuesta diseñada por el equipo del popular Javier Maroto pero advierte que tras dar un giro radical al proyecto. El grupo jeltzale se convierte de nuevo en socio presupuestario del PP tras redistribuir el destino de 25 millones de euros que ahora “están enfocados a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía y no a proyectos que no son prioritarios para la ciudad. Hemos cambiado radicalmente el planteamiento del PP para poner a las personas en el centro de las políticas municipales”, asegura el portavoz del PNV Gorka Urtaran.

El alcalde, que se encuentra hoy en Madrid con motivo de los actos de presentación de la capitalidad gastronómica de Vitoria en Fitur, celebra el pacto porque lo que “está detrás es el futuro de nuestra ciudad y de los que vivimos en ella”. Será la próxima semana cuando Javier Maroto realice una valoración más profunda sobre las declaraciones de Gorka Urtaran que asegura haber cambiado de “forma radical” las cuentas presentadas por el alcalde.

El presupuesto pactado se ha incrementado en nueve millones de euros más de los previstos en inicio y ahora alcanza los 349 millones. Incorporan ese dinero extra gracias al pago de un dividendo de 1,7 millones procedentes de la Sociedad Publica de Aguas, Amvisa, de 2,5 millones del Gobierno vasco y de la previsión de entrada de dinero a través de la venta de suelo.

Esos movimientos en el presupuesto han facilitado que las cuentas aprobadas incrementen las partidas de promoción económica y empleo con un aumento del 14%, las de de bienestar social- con un incremento del 18%- y las inversiones para los barrios de oro de la ciudad, en los nuevos como Salburua y Zabalgana. Los nacionalistas han incorporado un plan trienial de reactivación de la política industrial dortado con 1,5 millones de euros destinado a mejoras en los polígonos industriales de la ciudad. En urbanismo se refuerza las cuantías destinadas a los equipamientos de los nuevos barrios. Queda garantizada la construcción del centros cívico Zabalgana, los huertos ecológicos y los agoraespaces. En políticas sociales se recupera el apoyo económico a aquellas aociaciones del tercer Sector que había perdido convenios como Bultzain, Bizitza berria o Gizarterako, entre otras. También crece la cantidad de colectivos que habían visto reducida la aportación que reciben del Ayuntamiento.

Las obras del PP no se eliminan, se posponen

Las inversiones que el PP había previsto en espacio público no se han eliminado sino que quedan postergadas. La ejecución de esas obras, que el PNV considera importantes pero no prioritarias para la ciudad, no se impedirá pero queda sujeta a la venta del suelo. “Es muy posible, dadas las últimas operaciones en las que está trabajando este Ayuntamiento para vender parcelas a diferentes firmas comerciales interesadas en asentarse en Vitoria, que esas obras se puedan ejecutar. Pero lo importante es que las verdaderamente demandadas por los vitorianos se van a abordar con cargo a deuda, luego ya no cabe excusa para no hacerlas”, aseguran Urtaran.

También se ha acordado reducir el gasto de 200.000 en publicidad institucional. El Baskonia y el Alavés pierden un 4% de la aportación que recibieron el pasado año y el Azkena también se ve afectado con una reducción en su partida. En cambio vuelve el festival de Juegos y el programa Gauekoak. En Euskera se incrementan los recursos en más de un 34%. En el área de servicios a la Ciudadanía la cantidad consignada sube un 9% y se refleja en la recuperación de las partidas para la UNED y al Consorcio de Formación Profesional, entre otras. [if gte mso 9]> 800x600 <![endif]

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El PNV no ha conseguido modificar la Norma de Ejecución Presupuestaria para garantizar que se cumplen todos los acuerdos alcanzados. “Pero sí está firmado y por escrito que para hacer modificaciones sobre este presupuesto pactado deben aprobarlas ambas partes”, recalca Urtaran. El portavoz del PNV declara que sea ha conseguido el mejor presupuesto posible para los vitorianos. “No sé si esto es bueno para el PNV pero sí lo es para la ciudad. El presupuesto no recoge las exigencias de nuestro grupo sino las de los vitorianos”.

Reacción de PSE y Bildu

El PSE asegura que el PNV “ha preferido pactar con el PP antes que con Vitoria y con el compromiso social de luchar contra el paro y la desigualdad”. Para los socialistas, “el final de esta parodia ya estaba anunciado desde hace tiempo” y sólo presenta como única novedad el incremento de la deuda. “Ambos partidos tuvieron la oportunidad de recaudar más de quienes más tienen o más ganan, pero prefirieron incrementar la presión fiscal a los vitorianos sin tener en cuenta criterios de renta ni de capacidad económica”, explica Patxi Lazcoz.

Por su parte el portavoz de Bildu, Kike Fernández de Pinedo, critica este pacto porque “ni está hecho en Vitoria ni es para Vitoria”. “Todo el mundo sabe que lo han ordenado las altas ejecutivas de ambos partidos”, asegura.

El PNV echa por tierra las esperanzas de EH-Bildu y el PSE de conseguir la abstención de los nacionalistas necesaria para sacar adelante su propuesta alternativa a los presupuestos del popular Javier Maroto.

El grupo jeltzale sigue sin despejar dudas sobre su posible respaldo a las cuentas de los populares a las que exige un "cambio radical" para obtener su apoyo.

En los últimos días los grupos municipales han cruzado reuniones varias con el objetivo de acercar posturas sobre los presupuestos del 2014 pero, según sus declaraciones, cada vez están más lejos de entenderse a menos de diez días de cerrarse los plazos de tramitación. El PSE y EH Bildu, que mantienen su proyecto alternativo al diseñado por el popular Javier Maroto, no han conseguido ni sumar el apoyo del PNV ni su abstención a ambos planteamientos, una postura que favorecería la aprobación del proyecto consensuado por las formaciones de izquierdas y obligaría al Partido Popular a ejecutar el presupuesto de la oposición.

No dan por rotas las negociaciones aunque, dadas las circunstancias esa posibilidad, es muy poco probable por las posiciones marcadas por cada parte. El PNV ha calificado el planteamiento de los socialistas y la izquierda abertzale de muy decepcionante, técnicamente inviable y sin la concreción necesaria. “Se trata de una mera declaración de intenciones. Le faltan cifras y datos que respalden sus argumentos y para conocerlas debemos cumplir unas condiciones de obligado cumplimiento”, declara el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, que ha exigido a los grupos de la oposición entrar a describir su modelo alternativo partida por partida.

Instrucciones de las altas esferas del PNV

Esta reacción ha provocado cierto estupor entre los concejales socialistas y de la izquierda abertzale que tras mantener ayer un encuentro con el PNV con el objetivo de conseguir un pacto a tres, y salir de la reunión en cierta medida esperanzados, han visto como los nacionalistas echaban por tierra estas expectativas de acuerdo. “Urtaran nos trasladó que iban a estudiar la propuesta y que no descartaban abstenerse para favorecer la salida de esta alternativa. Ahora ha cambiado de discurso porque le da vergüenza tener que pactar con Javier Maroto tras recibir instrucciones de las altas esferas”, asegura Antxon Belakortu, de EH-Bildu, que añadía que el mayor soporte en décadas que ha tenido el Partido Polular en Vitoria es Gorka Urtaran.

Los portavoces de ambas formaciones han negado que no haya concreciones en su propuesta y que las numerosas enmiendas presentadas son buena muestra de ello. “Urtaran va desangrándose hacia el acuerdo del PP. No sé quién le habrá llamado a Urtaran de ayer a hoy pero si le da vergüenza es su problema. Que deje de marear y engañar a la ciudadanía”, declara Maite Berrocal.

Por otro lado el PNV sigue sin despejar dudas sobre su posible respaldo, muy probable según la oposición, a las cuentas populares. “Lo presentado por Maroto está muy lejos de lo que defiende el PNV. Deben cambiar radicalmente la propuesta planteada y esas modificaciones podrían venir con el apoyo a las enmiendas presentadas por nuestro grupo”, concluye el portavoz del PNV, Gorka Urtaran.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, solicitó comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de la economía española. Los datos que le facilitan desde el servicio de estudios del ministerio le hervían en la cartera. Según sus estimaciones, la economía puede haber crecido en el último trimestre de 2013 a un ritmo del 0,3%, confirmando así la salida, al menos estadística, de la recesión. De cumplirse este pronóstico, España habría crecido en los últimos tres meses de 2013 al mayor ritmo (trimestre sobre trimestre) desde el primer trimestre de 2008.

De Guindos se presentó exultante ante los diputados de la Comisión de Economía. Después de dos años de revisar previsiones a la baja, el ministro está convencido de que en los próximos meses su gabinete tendrá que corregir los pronósticos de 2014 al alza. El dato más destacado: el del empleo. De pronosticar una creación de empleo para final de año, De Guindos ha pasado a asegurar que ya se puede estar creando empleo neto (más creación de puestos de trabajo que destrucción) en el primer semestre del año.

Además, De Guindos cree que en la primera mitad de 2014 la creación de empleo puede ser tanto en términos de EPA (esto es, con cada nuevo puesto contando como un empleo independientemente de sus características) como de contabilidad nacional. La forma estadística de medir el PIB solo cuenta la creación de empleo equivalente a un puesto de trabajo a jornada completa. Con esta forma de medir, Economía preveía que en 2014 aún se destruirían un 0,2% del empleo, que traducido son algo más de 30.000 puestos de trabajo. Aunque estas son las previsiones que se enviaron a Bruselas, De Guindos cree ahora que el resultado será positivo.

Así, el año puede terminar incluso por debajo de la tasa de paro del 25%. La tasa sigue siendo elevadísima (una de cada cuatro personas que quieren trabajar) pero casi dos puntos por debajo de las previsiones nacionales e internacionales. España rebasó la frontera del 25% de paro entre el segundo y tercer trimestre de 2012.

De Guindos se reservó para la hemeroteca una de cal, y otra de arena. Así, reconoció que la recuperación era todavía “frágil” pero “sostenida” y sobre todo insistió en que se hacía asentada en “bases distintas a las del pasado”. Entre estas bases lo más destacado es que “las rigideces que ha eliminado la reforma laboral” permitirán a España crear empleo sin apenas crecer. Algo insólito.

La clave de esta supuesta creación de empleo es que se hará en su mayor parte mediante contratos a tiempo parcial (una de las rigideces que ha eliminado recientemente el Ejecutivo) o temporal y con sueldos mucho más bajos o jornadas y salarios fuera de convenio.

De Guindos también recordó el “cambio de percepción” generalizado respecto a España que se percibe desde los mercados internacionales y que en su opinión se ha traducido en la bajada de la prima de riesgo. Así, defendió que esta catarsis se había materializado gracias a “las políticas puestas en marcha por este Gobierno”.

Con la cuesta de enero ya en un considerable grado de pendiente, España sigue sin contar con una Autoridad Fiscal Independiente que supervise que el Ejecutivo, particularmente Hacienda, no cometa astracanadas en sus cuentas públicas. Este organismo fue uno de los compromisos a los que se sometieron los miembros del euro cuando firmaron el two-pack, el programa de vigilancia fiscal reforzada que se suponía iba a ahuyentar los fantasmas de los grandes déficits en Europa y que dibujaba el marco de la nueva gobernanza europea.

España, junto con Grecia e Italia, es el único país que se está haciendo el longuis con la puesta en marcha de este organismo independiente. Muchos países del euro ya contaban con un organismo así (se suele poner como ejemplo el de Holanda) y el resto han cumplido los plazos establecidos en el calendario, que pretendía ser una señal de fiabilidad presupuestaria para los mercados.

Según este compromiso al que se sometió España, la Autoridad debía estar funcionando a 31 de octubre de 2013, por lo que podría haber supervisado ya las cuentas públicas de 2014. Así las cosas, España lleva un retraso que se encamina a los tres meses para cumplir con una norma de Bruselas, pero ni en la sede de Hacienda, ministerio al que está adscrito el nuevo órgano, ni en Bruselas parecen estar inquietos con este retraso.

Según fuentes de Hacienda, el ministerio ha tenido mucho trabajo en las últimas semanas para poder hacer frente a la puesta en marcha de este organismo, pese a que la normativa para su creación se publicó en el BOE ya el 15 de noviembre. Pero, además, su puesta en funcionamiento no parece ser siquiera inminente, ya que desde el ministerio aseguran que se hará en las “próximas semanas”, sin aclarar si el plural puede alcanzar a convertirse en meses.

El equipo de Cristóbal Montoro asegura que el retraso goza del visto bueno de la Comisión Europea, dado que en una reciente visita de la troika a Madrid los hombres de negro fueron informados de que se dilataba el inicio del organismo y “les pareció bien” (sic). Fuentes de Bruselas dicen que se sigue de cerca el desarrollo del organismo y que valoran que España ya haya hecho el desarrollo reglamentario, por lo que están convencidos de su “compromiso” con el organismo. Este diario no ha conseguido una contestación oficial a este supuesto acuerdo informal para retrasar el funcionamiento de la Autoridad.

Sin embargo, como puntualiza el experto en gobernanza europea Antonio Estella, la creación de este organismo independiente se prescribió con forma de reglamento europeo, por lo que su aplicación a cada país debe ser directa y no procede de ningún tipo de retraso “informal” como el que asegura haber pactado Montoro. Estella, que ostenta la cátedra Jean Monnet, recuerda que la obligación de crear un organismo que controle los presupuestos no es una recomendación, sino una ley, por lo que, simplemente España está incumpliendo la norma.

Este experto subraya los problemas de implementación que están teniendo los mecanismos de supervisión reforzada que se pactaron en este denominado two-pack, de inspiración alemana. “Los alemanes creían que reforzar la gobernanza pasaba por poner millones de reglas. Que así se lograría una disciplina fiscal. Al final, en lugar de mejorar la credibilidad, se empeora, porque algunos países son incapaces de cumplir con las nuevas normas”.

Para la oposición socialista, la razón para el retraso en lanzar este supervisor fiscal es, simplemente, que Montoro no cree en estas cuestiones que su compañero de Gobierno, Luis de Guindos, firma en Bruselas. El responsable de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, cree que la imposición de este tipo de figura fue aceptada por Montoro “a regañadientes” y ahora que la presión de los mercados ha bajado, simplemente, pasa de aplicarla. El PSOE anunció que no iba a participar en la constitución de esta agencia al creer que no tiene de independiente más que el nombre. En cualquier caso, hasta el momento, el Ejecutivo ni siquiera se ha acercado a los socialistas para sondear el posible nombre del presidente y de los consejeros.

Fuentes conocedoras de este tipo de procesos aseguran que el problema del retraso, además de la poca importancia que desde Alcalá 9 se le da a la nueva figura, es que Montoro no encuentra un nombre que se ajuste a los requisitos previstos para la presidencia del organismo. El presidente, que sugerirá Hacienda y propondrá el Consejo de Ministros (de ahí la escasa independencia, desde el origen, del nombramiento), debe tener probada solvencia en independencia, con al menos diez años de experiencia y pocas querencias conocidas.

Aunque con la mayoría absoluta del PP se va a aceptar cualquier nombre que proceda de Hacienda, el presidente va a pasar por el escrutinio de Bruselas. A Montoro ya le han sacado los colores en el otro pilar del proceso de supervisión reforzada, el de la revisión de las cuentas públicas por parte del Eurogrupo (la otra pata de este two-pack). Así, Bruselas ya le ha dicho al titular de Hacienda que sus cuentas no cuadransus cuentas no cuadran y sólo falta que ahora le dijeran que el presidente no tiene la debida independencia.

Como recuerda Sebastian Dullien, el investigador principal del European Council of Foreign Relations, la intención de Bruselas al pedir que se solicitaran estos organismos independientes era la de frenar un posible optimismo de los Gobiernos en sus previsiones económicas a la hora de realizar el diseño de las cuentas públicas. Este experto, que trabaja en la oficina de Berlín del think tank, reconoce que no es muy optimista con la capacidad de un organismo así para prevenir crisis como la actual. En su opinión, hasta 2008, el problema de países como, por ejemplo, España no era la utilización de unas previsiones desviadas a la hora de hacer los presupuestos, sino la incapacidad de predecir, o prevenir, los problemas que se estaban formando en la economía.

Dullien cree que la utilidad de esta nueva gobernanza europea sólo se podrá apreciar en el siguiente cambio de ciclo, de forma que se compruebe que las cuentas públicas están más acompasadas con la economía. En cualquier caso, este experto se muestra escéptico con los potenciales beneficios del sistema, ya que por el momento persiguen los objetivos de una rápida reducción de la deuda y del déficit público, algo que cree será “dañino” para la economía.

La presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Mercedes Ruiz-Gimenez, en representación de las 400 organizaciones que componen la coordinadora, ha denunciado que los Presupuestos para 2014, que este jueves culminan su tramitación en el Congreso de los Diputados, “tiran los derechos de los españoles a la basura” y abocan a millones de personas a situaciones de pobreza, desigualdad, e inseguridad humana.

“España ocupa los primeros puestos de desigualdad de Europa, y es uno de los países que más ha recortado en cooperación”, ha lamentado Ruiz-Gimenez en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso, coincidiendo con la aprobación de las cuentas del Estado para 2014.

A su juicio, estos Presupuestos van a debilitar las políticas públicas sociales que garantizan derechos como salud, dependencia, educación, cooperación al desarrollo o la igualdad entre ciudadanos.

La presidenta de la coordinadora de ONG se ha preguntado por qué el Gobierno defiende que son los “Presupuestos de la recuperación” cuando en España hay “casi seis millones de personas que están sin techo, sin trabajo, personas inmigrantes a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria, familas desahuciadas y en situación de extrema pobreza o en grave riesgo de muerte y desnutrición”

Es más, ha recordado que el propio Consejo de Europa ha dado “la voz de alerta” al considerar que los recortes en políticas sociales que se han emprendido en España “son una violación de derechos humanos”. “Parece que esto queda muy claro salvo para el Gobierno que, a pesar de preveer un crecimiento del 0,7 por ciento, continúa debilitando progresivamente los derechos de la ciudadanía”, ha apostillado.

Ruiz-Gimenez considera que el Ejecutivo muestra en sus discursos un “aparente compromiso con los derechos humanos” que “sirve de poco”, al no estar acompañado de los hechos que les corresponden. “Las palabras se las lleva el viento”, ha agregado.

Igualmente, ha señalado que Rajoy ante la ONU reiteró su compromiso con la cooperación al desarrollo, mientras que estos Presupuestos Generales del Estado para 2014 “certifican el remate de una política desmantelada”, que retroceden a niveles de 1990.

“¿Quién disfruta del crecimiento? No son las personas de a pie, sino los bancos y las grandes fortunas que siguen engrosando sus cuentas bancarias en paraísos fiscales y eludiendo el pago de impuestos”, ha indicado.

Es por ello que sostiene que seguir degradando las políticas sociales con los recortes presupuestarios atenta contra los derechos humanos, mina la confianza ciudadana “en un Gobierno que elude sus responsabilidades”, a la vez que debilita el rol de actor global responsable “del que alardea el Ejecutivo”.

Como representante de organizaciones de la sociedad civil ha exigido la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen derechos de las personas y fomenten la solidaridad entre los pueblos, la justicia internacional, y la defensa de los derechos humanos. “Sólo así es posible garantizar nuestro presente y futuro”, ha sentenciado

El Parlamento de Andalucía debate este miércoles y jueves los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio, que con un total de 29.619 millones de euros caen un 3,5 con respecto al presente año y suponen bajar la barrera psicológica de los 30.000: retroceden a las cifras de 2007, antes del estallido de la crisis con toda su virulencia. En este debate, del que saldrán aprobadas las cuentas, el PP-A presenta 382 enmiendas por más de 1.000 millones de euros, según el cálculo hecho por su portavoz Carlos Rojas, quien se ha preguntado: “¿Ninguna le ha servido al bipartito? ¿ninguna? ¿las han analizado?”.

El debate está transcurriendo sin sorpresas, más allá de la concentración de trabajadores del sector público que protestan fuera, e incluso dentro, lo que ha obligado al desalojo de varias personas con pancartas y el torso desnudo.

Es el segundo año consecutivo en el que no se acepta ninguna, por el “rodillo sectario”, según los populares, que han criticado esta “falta de diálogo”. Bien es cierto que es la tónica en la política, donde reconocer una buena idea al rival es casi imposible: en el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con más de 4.200 enmiendas de la oposición, el PP sólo aceptó dos.

Precisamente, una de las enmiendas del PP-A -rechazada también- pide que los fondos de la partida de reintegros por pagos indebidos -adonde en teoría deberían llegar las cantidades devueltas, entre otras, por el caso ERE y el de facturas no justificadas de UGT-A- fueran destinados a políticas de empleo y eso ha anunciado la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que hará. Pero Carlos Rojas le ha restado credibilidad a esta promesa. “¿Qué podemos esperar si ni siquiera sabe cuánto se ha devuelto?”, ha dicho, al tiempo que ha exigido a la Junta de Andalucía que lleve un control “estricto e informando diariamente” de cómo va la recuperación de este dinero.

Ha dejado claro, de hecho, que los populares pretenden derivar hacia el debate de los ERE la comparecencia de la presidenta en enero, a los cinco meses de su investidura, para dar cuenta del estado de la comunidad autónoma, “independientemente de quién sea el interlocutor”, en referencia a que el PP-A podría tener candidato por entonces y nuevo portavoz en el Parlamento de Andalucía. Ha acusado también a Susana Díaz de hacer “puesta en escena y maquillaje” con medidas de transparencia y lucha contra la corrupción “que no conducen a nada”.

Desde el PSOE-A, Mario Jiménez, ha justificado el rechazo a las enmiendas de la oposición “porque lo que tendrían que haber hecho es tomarse esto en serio y presentar un proyecto alternativo, que no tienen”. Ha defendido las bondades de un documento que “blinda las políticas sociales frente a la política destructiva y de recortes del Gobierno de la Nación”. Ha destacado que las cuentas “destinan 8 de cada 10 euros a políticas sociales, lo que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma”. La también diputada del PSOE-A, Rosa Torres, ha subrayado que “son unas cuentas racionales pero no de racionamiento”.

Por su parte, José Antonio Castro (IU), ha acusado a los populares de exhibir “dureza facial” con sus enmiendas y ha criticado especialmente que una pida la creación de un fondo de emergencia para las corporaciones locales, cuando el Congreso de los Diputados ha rechazado garantizar que no se corte la luz a las familias que no puedan pagarla en la crudeza del invierno. “Me resulta muy difícil tener de interlocutor a una señora que se llama Dolores, de Cospedal, porque no piensa en Andalucía”, ha agregado en referencia a la falta de liderazgo en el PP-A.

El idilio entre el PNV y el PSE sigue si curso y ayer se escribrió un nuevo capítulo en su camino hacia los acuerdos presupuestarios del año que viene. En esta ocasión la institución beneficiada por el pacto ha sido la Diputación Foral de Bizkaia, que gracias al entendimiento entre peneuvistas y socialistas podrá contar el año que viene con unas cuentas actualizadas. La principal moneda de cambio del acuerdo firmado ayer por los portavoces junteros de ambos partidos y de la institución foral es la construcción de la variante de Ermua. El texto garantiza una inversión continuada de 90 millones de euros que arrancará en 2014 con los primeros 10.

Las inversiones continuarán a lo largo de los siguientes años con 28, 27 y 25 millones en 2015, 2016 y 2017, respectivamente. El Departamento de Obras Públicas ha previsto licitar los trabajos este invierno y comenzarlos en verano del próximo ejercicio y estima que su plazo de ejecución será de 32 meses por lo que deberían estar acabados para principios de 2017. Hace un mes, en la presentación de los presupuestos de la institución foral, el diputado general, José Luis Bilbao, ya adelantó que la partida para la variante de Ermua había sido incluida como parte de un preacuerdo con el PSE.

Ayer se dieron a conocer los demás flecos del entendimiento. La inversión en la variante empequeñece los 4,5 millones que han conseguido sacarles los socialistas al PNV para otras materias. La mayor parte de esos créditos adicionales se dedicarán a dos proyectos importantes en la Margen Izquierda. El primero es la construcción de la carretera interfábricas de Barakaldo para la se prevé destinar 1 millón de euros con el fin de iniciar los trámites iniciales necesarios. Se trata de un vial que conecta la rotonda del BEC con la ribera de la ría y que, una vez construido, pasará a ser de titularidad municipal. Es un proyecto largo tiempo reclamado por la localidad fabril y que la Diputación ha tenido bloqueado desde hace años.

Por otro lado, Portugalete recibirá 2,5 millones de euros destinados a impulsar la actividad económica y la generación de empleo. Los portavoces no han concretado en qué se sustanciará esta inversión millonaria aludiendo a que todavía es necesario firmar un acuerdo entre la institución foral y el Ayuntamiento. Otros 480.000 euros también han ido a parar a Barakaldo para la construcción del centro de día de La Paz en Cruces.

El millón de euros adicional se dedicará a potenciar partidas del área de Acción Social que, a juicio de los socialistas, se habían quedado cortas en las cuentas para 2014. Un total de 150.000 euros irán destinados a reforzar las subvenciones que recibe la Fundación Síndrome de Down y otros 50.000 para potenciar la figura del cuidador personal recogida en la ley de dependencia. Cooperación al desarrollo, por su parte, recibe 320.000 euros adicionales sobre los 5.354.970 euros presupuestados inicialmente. De esta forma la partida recupera parte del terreno perdido tras la congelación que preveía el anteproyecto y se vuelve a situar por encima del 0,5% del disponible departamental, concretamente en el 0,52%.

Acuerdo abierto al PP

Acuerdo abierto al PPEl PNV hizo una vez más una invitación al PP para que se sume al acuerdo alcanzado con los socialistas y plantee sus propias aportaciones a las cuentas de la Diputación para el año que viene. Con EH Bildu, sin embargo, no ven que haya ninguna posibilidad. “Su estrategia es confrontar con el PNV, ser su alternativa sin ninguna intención de arrimar el hombro y acercar posturas”, criticó la portavoz juntera jeltzale, Lorea Bilbao.

Tanto Bilbao como el portavoz foral, Unai Rementeria, agradecieron la disposición del PSE a prestar su apoyo para que las cuentas salgan adelante. “Estos no son nuestros presupuestos pero creemos que Bizkaia no se puede permitir otro año más de inestabilidad en el Gobierno”, contestó el representante socialista Iñaki Egaña. “Hoy por hoy, los intereses de los ciudadanos deben primar sobre las críticas al gobierno de José Luis Bilbao”, añadió.

Una de las enmiendas parciales registradas esta semana en el Parlamento de Andalucía podría salvar el cumplimiento del Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional, presentado a finales del junio pasado. Una de las premisas del acuerdo era que el recorte en materia de cooperación al desarrollo no superara al general de los presupuestos andaluces. Según el proyecto de la Administración autonómica para 2014, el descenso en este ámbito se situaba el 4,3% frente al 3,5% de bajada absoluta del presupuesto andaluz. Con la enmienda, en caso de aprobarse finalmente, los recortes se equlibrarían a un 3,5%.

El importe de incremento planteado en la enmienda del Grupo Parlamentario de IULV-CA es de 252.001 euros para subvenciones a entidades locales de Andalucía destinadas a acciones de cooperación internacional al desarrollo. Con ello se pretende subir el total de la inversión en cooperación hasta lo acordado en el Pacto, con lo que las partidas dirigidas a esta materia caerían lo mismo que cae el presupuesto de 2014 con respecto a 2013.

Ése es el objetivo de la enmienda. Hasta el día 10 de diciembre, la Comisión de Hacienda tendrá que reunirse para debatir las enmiendas tramitadas, ésta y otras 400, e incorporarlas o no al proyecto de ley de presupuestos, según fuentes parlamentarias. Las que no se incorporen se podrán mantener para su debate en el Pleno del Parlamento de los días 18 y 19 de diciembre, última oportunidad para modificar las cuentas para el año que viene.

La Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo (CAONGD), a finales de octubre, alertaba de un posible “escenario de ruptura” del Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación, si bien valoraba de cualquier forma con “moderada satisfacción” que el proyecto de presupuesto mantuviera “la apuesta por las políticas sociales y la cooperación internacional”. Ya entonces confiaban en que la partida se quedaba muy cerca de cumplir con los compromisos adquiridos en el citado acuerdo y llamaban la atención acerca de que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se comprometía a corregir esta desviación en el trámite parlamentario.

La partida de Ayuda Oficial al Desarrollo se situaría, en el escenario actual, en poco más de 42 millones de euros, frente a los 44 del año 2013. El recorte, pues, es superior al retroceso del conjunto de las cuentas. El motivo que se ha barajado en fuentes gubernamentales y de la CAONGD de haber incumplido en primera instancia el pacto, a expensas de que se solvente en próximas fechas, es que se trataría de un error fruto de la premura con que se cerró el acuerdo de presupuestos pero que los propios socios de gobierno restituirían la dotación mínima acordada. Fuentes consultadas de la CAONGD aseguran no albergar dudas de que así será y el acuerdo pueda finalmente cumplirse en su primer envite presupuestario.

Familias afectadas por los recortes y colectivos sociales de Bizkaia se han concentrado hoy delante de Sabin Etxea, sede del PNV en Bilbao, para protestar contra el proyecto de presupuestos del año que viene. Bajo el lema ‘el paro y los recortes sociales son una mierda’ y sentados en paños menores sobre varios retretes, los activistas han denunciado que las cuentas de 2014 no serán suficientes para cubrir las prestaciones del Servicio vasco de empleo-Lanbide ni las ayudas de emergencia social. Por lo que han dado a entender, verse afectado por los tijeretazos es el mejor remedio contra el estreñimiento.

Y así se lo han hecho saber al partido gobernante con una protesta escatológica, que ha tenido que ser disuelta antes de tiempo por la intervención de la Ertzaintza. Sin embargo, antes de que la policía autonómica haya podido actuar, los manifestantes han tenido tiempo de explicar sus motivos. La principal razón para la concentración es que no creen que la dotación presupuestaria del año que viene sea suficiente para cubrir las ayudas de emergencia social. Este año se han destinado 17 millones euros para pagarlas y la partida se agotó en junio. Para el año que viene han previsto 20, una cantidad que a juicio de los colectivos sociales vizcaínos alcanzará para llegar hasta julio.

Asimismo, también ven insuficiente la cuantía dedicada a cubrir los servicios de apoyo de Lanbide, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la prestación complementaria para personas que tengan un empleo precario o el complemento de pensiones. Desde su punto de vista, esto provoca que se mantenga el recorte del 7% en la cuantía de las ayudas establecido por el anterior gobierno y que cada vez se pongan mayores trabas a las personas que las solicitan.

Del mismo modo, han denunciado las “continuas campañas de criminalización sobre las personas perceptoras de las prestaciones sociales”. “Cuando el propio Gobierno vasco admite que de las 11.050 suspensiones que ha realizado Lanbide en 2012 y 2013 nueve de cada diez familias vuelven a cobrar la ayuda al aportar la documentación que se les requiere”, ha apuntado su portavoz, Miguel Ángel Miguel.

En su opinión, todos estos recortes están provocando que más de 400.000 vascos estén por debajo del umbral de la pobreza y que la tasa de riesgo de caer en ella en Euskadi haya aumentado un 21,15% desde el inicio de la crisis según los datos del Instituto Nacional de Estadística. O que 8.000 personas más hayan recurrido en 2013 al banco de alimentos de Bizkaia llegando hasta las 36.000, más del doble de los 17.000 usuarios que tenía antes de la crisis.

También han advertido de que en los próximos meses la situación se verá agravada por el endurecimiento de los requisitos para acceder a las ayudas de Lanbide, como el plazo máximo de tres años para las personas que reciben un complemento salarial por tener un empleo precario, la retirada de la RGI a familias monoparentales o la ampliación del tiempo de empadronamiento necesario para acceder a ella. Por estos motivos, en la actualidad hay casi 7.000 familias que tienen suspendido el derecho para recibir prestaciones y calculan que en los próximos meses las perderán otras 30.000.

“En una situación de crisis, cuando las prestaciones sociales son cada vez más necesarias, el Gobierno vasco hace un recorte drástico de las mismas”, ha censurado Miguel. “Además, vemos que la dotación presupuestaria del año que viene es insuficiente incluso para cubrir lo que queda”, ha añadido el portavoz. Los activistas reunidos hoy junto a las familias vizcaínas pertenecían a los colectivos sociales Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal Taldea y SOS Racismo.

Incertidumbre

IncertidumbreGorka García, baracaldés de algo más de treinta años, ha sido una de las personas que, afectada de lleno por los recortes y la precariedad laboral, ha participado en la protesta de hoy. Gorka trabaja como monitor en una de las contratas del Ayuntamiento de Berango y ve peligrar su puesto de trabajo día sí, día también debido a la cada vez más acusada escasez presupuestaria de los municipios vizcaínos.

Su contrato es de algo menos de media jornada por la que se embolsa 700 euros al mes. Un salario con el que tiene que cubrir la mitad de un “chollo” de alquiler de 650 euros que comparte con un amigo en Barakaldo y todas sus necesidades básicas. “Tenemos la suerte de que la pareja propietaria de la casa necesita hacer reformas y como los dos están en paro se han ido a vivir a casa de sus padres y han alquilado la suya para poder pagar las obras”, comenta Gorka. En febrero, sin embargo, su contrato de arrendamiento vence y no cree que pueda volver a encontrar otro inmueble tan barato.

Actualmente completa sus ingresos con un complemento salarial que le da Lanbide por tener un empleo precario. Son 250 euros que le han sacado de más de un apuro. “Pero le han puesto una caducidad de 3 años y tampoco me queda mucho más tiempo”, se lamenta el joven baracaldés. A partir de ese momento la incertidumbre en su vida será total y eso si consigue mantener su actual empleo.

A pesar de los recortes anunciados por el Consell y los ERE impulsados en entidades públicas, hasta 17 en lo que llevamos de legislatura, las empresas de la Generalitat costarán 225 millones de euros más en 2014 que en el actual ejercición, según denunciaba el diputado autonómico y portavoz de Indsutria del PSPV, Francisco Toledo, quien aseguraba que esto constata “el fracaso de Fabra” en su intento de reestructurar el sector público valenciano.

Los socialistas, apunta Toledo, ya denunciaron que estas medidas eran una “barbaridad”, ya que a su juicio, las iniciativas del Gobierno valenciano se centraban en expedientes de regulación de empleo “que hicieron mucho ruido”. El de RTVV, que ha concluido con la decisión del Consell de cerrar la radio y televisión valencianas, es tal vez el más significativo.

Sin embargo, recuerdan que los gastos en Personal en estas empresas tan sólo representaban el 10% del presupuesto global, por lo que consideran que el exceso de gasto no estaba en esta partida, sino en el 90% restante.

El PSPV defendía que la reforma del sector público debía preservar las entidades que prestan “servicios básicos a la ciudadanía” y centrarse en recortar “drásticamente” las que gestionan los “caprichos políticos” del PP, mientras que el Consell “ha hecho justo lo contrario”.

Tras dos años de reestructuración, apunta que el balance “no puede ser más negativo”. Mientras el presupuesto de 2013 para el sector público empresarial y funcionarial es de poco más de 597 millones de euros (471.695.040 euros en transferencias y 125.376.000 euros en aportaciones de capital), para 2014 se prevé una partida superior a los 822 millones (690,5 millones en transferencias y 132 millones en aportaciones de capital), lo que se traduce en ese incremento de 225 millones, “en 2014, el sector público empresarial nos costará un 37% más que en 2013.

Ley de acompañamiento

Para Toledo, estas cifras, junto con el “récord de pérdidas” del sector en 2012 (se superaron los 900 millones según recoge la Cuenta General), confirman el “fracaso” del proceso de reestructuración empresarial emprendido por el Consell. Además, destaca que la Ley de Acompañamiento de 2014, actualmente en trámite, “también confirma las bandadas del Gobierno de Fabra con la existencia de entidades que aún no se han extinguido, lo que quiere decir que se reconsidera su extinción”.

Se refiere el portavoz socialista de Industria, por ejemplo, a la Fundación Palau de les Arts, “si se apruba lo previsto en el borrador de la Ley de Acompañamiento se maniene la fundación que se suprimía e integraba en Culturarts”, o que la Corporación Pública Empresarial, creada hace poco más de un año y que “era pieza fundamental para el control del sector público empresarial y fundacional”, quedaría suprimida.

Los jeltzales consiguen que los socialistas no voten en contra de los presupuestos gracias a la aprobación de enmiendas por valor de 4.179.750 euros.

Las cuentas crecerán un 12,75% y volverán a cifras anteriores a la crisis debido a ingresos coyunturales, los gastos que más aumentan son las inversiones urbanísticas.

PP y EHBildu acusan al equipo de Gobierno de presentar un proyecto pensando en la precampaña electoral de 2015 y recuerdan al PSE cómo acabaron los anteriores socios del ejecutivo bilbaíno.

El PNV y el PSE siguen profundizando en su reciente entendimiento. Después de alcanzar varios preacuerdos en el Parlamento vasco y las Juntas Generales, hoy se ha escenificado esta buena relación en el salón de plenos del Ayuntamiento de Bilbao donde ha tenido lugar el debate sobre el presupuesto del año que viene. Aunque los jeltzales tienen mayoría absoluta en la capital vizcaína, se han ganado la abstención socialista gracias a la aprobación de enmiendas valoradas en 4.179.750 euros. Una clara muestra de que ambas formaciones siguen profundizando en su reciente maridaje y la primera piedra de un posible acuerdo de gobierno de cara a las elecciones de 2015.

Circunstancias coyunturales y puntuales han hecho que los presupuestos del año que viene den para algunas alegrías en el consistorio bilbaíno. Las cuentas crecerán un 12,7% y se situarán en 512 millones de euros, cifras previas a la crisis, gracias la venta de patrimonio, el endeudamiento y el aumento de la aportación que hace la Diputación a los ayuntamientos. No hay garantía de que ninguna de estas fuentes se mantenga en el tiempo y en algún caso, como los fondos de Udalkutxa de la Institución foral, su saldo podría llegar a ser negativo si las previsiones de recaudación no se cumplen. En contrapartida los ingresos propios municipales disminuirán ligeramente.

Por estos motivos, los responsables municipales han reiterado en varias ocasiones su llamamiento a la “prudencia” y su aviso de que las cuentas municipales podrían volver a caer el año que viene. En opinión de la concejal de Economía y Hacienda de Bilbao, Marta Ajuria, el equipo de gobierno actúa con “rigor” y por eso “el gasto corriente sólo se incrementará en un 0,7%”. “Además, en los últimos ejercicios hemos tenido ejecuciones presupuestarias cercanas al 99%”, ha añadido.

Donde sí han tirado la casa por la ventana es en las operaciones urbanísticas, que se verán incrementadas en un 115%, concretamente de 46 a 100 millones de euros. Tanto el PP como EHBildu ven en esta apuesta por las obras públicas “un claro movimiento preelectoral”. “Estos presupuestos no son para los vecinos sino para el propio Gobierno de Bilbao”, ha criticado hoy la portavoz popular Beatriz Marcos. “Les van a permitir inaugurar muchas obras en la precampaña de 2015”, ha explicado.

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada y 70 enmiendas parciales de las cuales los jeltzales han admitido 12 por un valor de alrededor de 200.000 euros. Ajuria ha hecho especial hincapié en una de ellas destinada a reforzar el plan de empleo que el Ayuntamiento desarrollará junto al Gobierno vasco. Asimismo, ha asegurado que el equipo de gobierno se encuentra estudiando la posibilidad de abrir una nueva comisaría de policía en Basurto tras el cierre de la central de Garellano, respondiendo así a otra de las peticiones populares.

EHBildu, por su parte, ha tenido menos suerte y sólo ha visto aprobadas 4 de sus más de 70 enmiendas. Tampoco ha prosperado su enmienda a la totalidad. Aitziber Ibaibarriaga, portavoz de la coalición abertzale en el consistorio, ha censurado que Bilbao siga apostando por “una fórmula desfasada basada en la revalorización del suelo y las plusvalías”. “Los datos demuestran que de esta manera Bilbao se está quedando a la cola de las capitales vascas para salir de la crisis”, ha apuntado la concejala. En su opinión el pacto entre PNV y PSE “evidencia que a esta mayoría absoluta le quedan 500 días y ya están buscando una cachaba para cuando se les acabe”. A los socialistas les ha recordado, además, que el último socio de gobierno de los jeltzales, Ezker Batua, perdió su representación en Bilbao después de haber apoyado a Azkuna.

Empleo, barrios y actividad comercial

Empleo, barrios y actividad comercialLas enmiendas presentadas por el PSE tenían como ejes principales la creación de empleo, la inversión en los barrios y el fomento de la actividad comercial. Sus acuerdos con el equipo de gobierno ascienden a algo más de 4 millones, 2,5 de cara a 2014 y 1,6 para 2015, lo que equivale al 46% de lo que planteaban. La mayor parte del dinero, 2,5 millones, se empleará en un plan de inversión en los diferentes distritos pensado para contratar a parados de larga duración que provienen del mundo de la construcción cumpliendo así con dos de las enmiendas socialistas.

Alfonso Gil, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao, ha explicado que su grupo ha decidido “arrimar el hombro porque creemos en el diálogo”. “Las grandes batallas no se ganan haciendo la guerra cada uno por su cuenta, y la batalla más grande que tiene Bilbao en este momento es la lucha contra el paro”, ha declarado. El PSE no ha presentado una enmienda a la totalidad, pero se ha abstenido en la votación presupuestaria porque considera que las cuentas “deben ser más ambiciosas”. “Por ejemplo: en materia fiscal para ampliar los ingresos propios y no depender tanto de fuentes de financiación ajenas”, ha detallado Gil.

La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes considera que el proyecto presupuestario del Gobierno de Javier Maroto genera una situación "restrictiva y desigual", que provocará mayores dificultades a quienes ya sufren los efectos de la pobreza.

Harreziak Apurtuz sostiene que el reparto diseñado por los populares "usa la crisis como excusa para aplicar recortes y no garantiza la cobertura de las necesidades básicas" de sus ciudadanos.

El colectivo reclama al Ayuntamiento una distribución de los recursos justa, equitativa y tendiente a la cohesión social.

La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes, Harreziak Apurtuz, considera que el Gobierno de Javier Maroto pretende aplicar ajustes en el diseño de las cuentas de cara al 2014 que “sacuden de forma discriminatoria a las personas más desfavorecidas y a aquellos ámbitos que atienden a quienes más lo necesitan, al igual que en la anteior edición”. El colectivo de inmigrantes ha manifestado mediante un comunicado que el reparto diseñado por los populares “usa la crisis como excusa para aplicar recortes y no garantiza la cobertura de las necesidades básicas” de sus ciudadanos.

Harreziak Apurtuz se ha referido a puntos concretos tras detectar un empeoramiento de los recursos destinados a áreas que atañen directamente a los servicios sociales. Su primera crítica va dirigida a la reducción aplicada a Norabide y al Plan de Inmigración, denuncian una bajada de 61.630 en 2013 a 40.000 en 2014. “Desde 2012 hemos venido presenciando recortes en esta materia que han dejado a Norabide, prácticamente en las condiciones mínimas, eliminando servicios que son de extrema importancia: apoyo en el contacto con el tercer sector, servicio de atención jurídica, mediación inmobiliaria, aprendizaje del castellano, entre otros. Asistimos a la presentación de un 2014 donde nuevamente se pretenden poner en práctica políticas públicas municipales en materia de inmigración con recursos económicos insuficientes”, denuncia la coordinadora.

Falta de apuesta por el Tercer Sector

Otra de sus preocupaciones son los recursos destinados al Tercer Sector, cuya cuantía, a juicio de la Coordinadora, es insuficiente para responder a las demandas crecientes de la población. Según la lectura realizada por las asociaciones de inmigrantes, el apartado genérico correspondiente a subvenciones baja de 150.000,00 en 2013 a 80.000,00 en 2014. Las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo pasan de 1.200.000 en 2013 a no estar presupuestadas en 2014 y en materia de sensibilización al desarrollo pasan de 120.000 en 2013 a no estar presupuestadas en 2014. Ambos recortes del 100%. “Esta falta de apuesta económica por el Tercer Sector desarticulará a la sociedad y generará vacío de interlocución, creación e intercambio social”, aseguran.

Desde Harresiak Apurtuz y ante la presencia de un “panorama restrictivo y desigual que va generar mucha más dificultad a quienes ya sufren los efectos de la pobreza” exigen al Ayuntamiento de Vitoria que dé respuesta real a las necesidades del conjunto de sus vecinos bajo un criterio de justicia social. Las políticas impuestas no llevan sino a afianzar la desigualdad e incrementar la riqueza de algunos pocos, los que más tienen. Vitoria la formamos todos y todas. Por ello apelamos a la responsabilidad social y política del Ayuntamiento para hacer una distribución justa, equitativa y tendiente a la cohesión social, sin olvidar que no hay mejor inversión que aquella que se hace en las personas“, concluyen.

Es cada vez más evidente que los recortes en inversión social no son solo ajustes temporales en tiempos de crisis, sino que el poder político y económico está estableciendo unas nuevas "reglas del juego"

Estos días se debate en el Parlamento el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. La propuesta de Presupuestos que presenta un Gobierno, lejos de ser una cuestión meramente técnica, constituye la manifestación más auténtica de las políticas públicas de ese Gobierno. En esa propuesta se plasman sus objetivos políticos para el año venidero, pero también nos muestra cuáles son las prioridades a medio y largo plazo, y qué asuntos no lo son.

El desarrollo de políticas sociales en las últimas décadas, que había permitido a España un acercamiento a los niveles de Estado de bienestar de los países europeos de nuestro entorno, se frenó en seco cuando comenzó la crisis. Y la tendencia actual es una reversión acelerada de dichas políticas sociales que, además de alejarnos de nuevo de los países europeos más avanzados, está produciendo pobreza y desigualdades, y destruyendo derechos económicos, sociales y laborales.

La excusa, “no hay dinero”, resulta cada vez menos creíble, pues la ciudadanía observa cómo la banca engulle recursos públicos sin problemas de escasez, las grandes empresas continúan beneficiándose de desgravaciones fiscales y el gran fraude fiscal, con sus necesarios paraísos fiscales, siguen sin ser combatidos. El denominador común de estos “beneficiarios” de las políticas públicas, por acción u omisión, es el poder económico que ostentan.

Resulta, pues, cada vez más evidente que los recortes en inversión social, en las políticas que benefician a sectores mayoritarios de la población, ahora y en el futuro, así como a los vulnerables y a los excluidos, no son ajustes temporales en tiempos de crisis, sino que el poder, político y económico, está estableciendo unas nuevas “reglas del juego” (en este juego que se llama sistema económico capitalista), similares a las que organismos como el FMI llevan años imponiendo en países del Sur, en especial en América Latina: se trata de realizar ajustes estructurales que responden a una ideología neoliberal, en la que priman los intereses de los mercados sobre los derechos de las personas, con evidentes beneficios para la élite económica, pero también con evidentes consecuencias negativas para la gran mayoría, que padece un aumento de las desigualdades y mayores niveles de pobreza. A pesar del fracaso de este tipo de políticas en términos de bienestar de la población —reconocido incluso por el propio FMI—, las clases dirigentes no cejan en su empeño.

En este contexto de recortes generalizados, el gasto público destinado al Estado de bienestar ha retrocedido a niveles de hace más de una década, tal y como pone de manifiesto un revelador artículo de Ana M. Guillén y Marga León, publicado recientemente en el blog 'Agenda Pública' de este diario.

Y aún mayor está resultando la reversión de la política de cooperación española, que constituye también una política social del Estado, destinada en este caso a erradicar la pobreza, defender los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas en los países empobrecidos.

Sin entrar en el hecho de que la política de cooperación al desarrollo va mucho más allá de destinar ciertos recursos a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y centrándonos en esta última, según el análisis realizado por la Coordinadora de ONGD-España, el proyecto de presupuestos para 2014 establece un nuevo recorte de la AOD, por quinto año consecutivo, esta vez de un 9,2% respecto a 2013. La caída acumulada de la AOD desde 2009 es superior al 70%. En ese año, España se situaba entre los principales donantes del mundo, al destinar a la ayuda al desarrollo un 0,46% de nuestra Renta Nacional Bruta. Esa cifra pasará a ser del 0,17% en 2014, devolviéndonos a niveles de principios de los noventa y situándonos a la cola de los países donantes. El compromiso del Gobierno español en la lucha contra la pobreza, tantas veces reiterado en foros internacionales, no se ve respaldado por los hechos.

Este proceso de aniquilación de la AOD significa que España ha abandonado de facto el objetivo de destinar el 0,7% de la RNB a ayuda al desarrollo en el año 2015, compromiso consensuado en las Naciones Unidas en el año 2000, así como asumido en el seno de la UE. Parece que hay compromisos que sí se pueden incumplir, mientras otros resultan indiscutibles.

Detrás de este desmantelamiento de la política de cooperación española se encuentra, como factor subyacente, una visión del desarrollo que, de nuevo, está ganando terreno en los últimos años en el sistema internacional de la ayuda, según la cual se identifica desarrollo con crecimiento económico, y que pretende la reducción de la pobreza mediante soluciones de mercado. Por otro lado, los países donantes intentan conciliar las políticas de cooperación al desarrollo con los “intereses nacionales” (es decir, los intereses económicos de sus grandes empresas). De esta manera, la ayuda al desarrollo pasa a destinarse a facilitar la implantación y el desenvolvimiento de las empresas, especialmente de las corporaciones transnacionales, en esos países. Las empresas, por su parte, diseñan estrategias de negocio (entre las que se incluyen las Alianzas Público-Privadas) dirigidas a lo que denominan la “base de la pirámide”, ese segmento de población compuesto por 4.700 millones de personas pobres en el mundo, a los que se pretende convertir en “consumidores” en lugar de ser ciudadanos con plenos derechos.

Entre las implicaciones de este cambio en el paradigma del desarrollo se encuentra la devaluación del papel que han venido jugando de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente las ONGD, tanto en la definición, seguimiento y control de las políticas de cooperación, como en su implementación. Según un reciente estudio de la Plataforma 2015 y más sobre la reconfiguración del papel de la sociedad civil en el actual contexto, se reconoce ampliamente que las ONGD aportan un valor estratégico a las políticas de cooperación, en términos de fortalecimiento de la propia política de cooperación pero también de la democracia, por su apoyo al desarrollo del tejido asociativo de los países empobrecidos y por la movilización social que generan a través de la construcción de una ciudadanía global activa y preocupada por los problemas del desarrollo. Todo esto está en peligro, a la vez que los actores del sector privado empresarial cobran mayor protagonismo en el diseño de las políticas de cooperación.

Sin embargo, en el mundo globalizado e interdependiente en que nos ha tocado vivir, ningún Estado puede desentenderse de los graves desafíos globales a los que nos enfrentamos: la garantía y defensa de los derechos humanos (incluidos los derechos económicos, sociales y culturales) de todas las personas, la erradicación de la pobreza, la equidad de género, la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad medioambiental y, en fin, el logro de una vida digna y plena, no se van a alcanzar mediante la acción del libre mercado. Deben ser los Estados los que respondan de manera efectiva a los desafíos globales, mediante un intenso trabajo conjunto en el seno de la comunidad internacional, así como destinando recursos suficientes para la gestión de los asuntos globales.

Desde la sociedad civil organizada defendemos unas políticas públicas que beneficien a la inmensa mayoría de la población y luchen contra la pobreza y la exclusión atacando sus causas. Por ello, la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social (que reúnen a más de 1.000 organizaciones sociales españolas) han dirigido recientemente una carta abierta a Mariano Rajoy exigiéndole un compromiso real y firme con la erradicación de la pobreza y las desigualdades, con el desarrollo humano y sostenible y con la justicia social, aquí en nuestro país, pero también allí, en el Sur global. Y los Presupuestos para 2014, lejos de ir en esa dirección, contribuirán al empobrecimiento de la ciudadanía, aquí y allí.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.

Desde la aprobación de la Ley de Igualdad, los Presupuestos Generales del Estado tienen que ir acompañados de un informe de impacto de género que analice los efectos de las cuentas públicas en la igualdad. Decenas de organizaciones feministas, encabezadas por el Fórum de Política Feminista y la Plataforma Impacto de Género Ya, acaban de presentar su propia evaluación de los Presupuestos para 2014, ya que consideran que el informe oficial de impacto de género excluye buena parte de las partidas que tienen que ver con la igualdad “y sigue sin incluir información sobre las asignaciones presupuestarias de los programas incluidos”.

El informe de las organizaciones subraya que no solo deben existir políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no deben discriminar a las mujeres “por acción o por omisión”. Critica, por tanto, que el estudio de impacto de género elaborado por el Gobierno excluya programas ministeriales “con gran incidencia en la situación social de las mujeres”, como la educación Infantil y Primaria, o las pensiones no contributivas.

Las organizaciones feministas destacan que la partida dedicada a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sube este año un 0,6%, una cifra que no sirve para compensar el tajo del 24% que sufrió en 2013. Asimismo, creen que parte de este presupuesto se va en subvenciones a organizaciones empresariales sin concurrencia ni exigencia de paridad. Por contra, la dotación presupuestaria destinada a las organizaciones sociales y de mujeres se recorta y pasa de suponer dos millones de euros a un millón de euros.

La partida para la pevención integral de la violencia de género baja un 1,5% respecto a 2012 y un 22,5% si se compara con 2008. El informe de las organizaciones señala que el programa contra la violencia machista no anima a denunciarla y que el Gobierno “pretende mantener el número escaso de beneficiarias” de ayudas sociales, a pesar de que las agresiones machistas no remiten.

Recortes en dependencia

Las organizaciones son también críticas con el presupuesto para dependencia, que se reduce el 46,7% para el próximo año, un recorte que incluye la eliminación de las cotizaciones sociales de las cuidadoras familiares, que ya no paga el Estado. “Con los recortes, no es que no avance hacia la universalización establecida en la ley, sino que ni siquiera se sustituye a las personas beneficiarias que mueren”, precisan. Los beneficiarios han pasado de 771.049 en septiembre de 2012 a 736.249 en 2013, es decir, 95 personas menos al día. “Son empujadas a ser atendidas por sus familias, mayoritariamente por las mujeres de su familia, después de trámites que duran dos años”, denuncia el informe alternativo, que critica que el Gobierno no incluya este aspecto en su informe de impacto de género, a pesar de que dos tercios de las personas dependientes y el 97% de sus cuidadoras son mujeres.

En cuanto a servicios sociales y sanidad, el estudio de las organizaciones señala que los presupuestos no reflejan la eliminación del Plan Concertado de Servicios Sociales anunciado por la ministra ni el impacto de las medidas que el Gobierno ha tomado y que suponen la exclusión sanitaria de varios colectivos. Alerta también sobre el impacto de la Ley de Régimen Local: “En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo darán información y alguna prestación económica de emergencia puntual, que más de 500.000 personas perderán la ayuda a domicilio y otras prestaciones, se destruirán 65.000 puestos de trabajo y aumentará la exclusión social”.

También señala el informe la creciente feminización de la destrucción de empleo, especialmente en el sector público, así como que la nueva reforma de las pensiones “ignore” el impacto de género que tendrá. Critica, por último, el aplazamiento, un año más, de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas a la que se comprometió el Congreso.

El presidente del Parlamento ha convocado la Comisión de Hacienda y Administración Pública para el próximo miércoles

La Mesa del Parlamento celebrada este lunes por la tarde ha desestimado, con los votos de PSOE e IU, el recurso presentado por el PP que pedía la suspensión de la tramitación legislativa de los Presupuestos hasta que el Gobierno autonómico no remitiera a la Cámara el documento con la estructura de gastos de inversión territorializados, según ha informado el Parlamento en una nota de prensa.

El acuerdo de la Mesa dictamina que “la documentación entregada por el Consejo de Gobierno junto con el Proyecto de Ley del Presupuesto cumple los requisitos reglamentarios en el art. 109.1 del Reglamento, por remisión del art. 129.2, siendo suficiente para que la Cámara pueda pronunciarse sobre el mismo. En modo alguno el hecho de que el Anexo de Inversiones remitido no incluya una clasificación territorial supone una vulneración de los derechos de los diputados del PP. Además, es un hecho que el Reglamento del Parlamento no exige al Consejo de Gobierno la entrega en la Cámara de un documento conteniendo la presentación territorializada de las inversiones previstas en el proyecto de ley de Presupuestos, sino tan solo que acompañe el proyecto de ”...una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse...“ (art. 109.1 del Reglamento).”

A la vez que se celebraba la Mesa, convocada a las cinco de esta tarde, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, María Dolores López Gabarro (PP), pudo haber aplazado la constitución de dicha comisión hasta que se resolviera el recurso del Grupo Popular en la Mesa, pero decidió, ante la ausencia de quórum, dar por no constituida la Comisión. Una vez conocida la decisión de la Mesa, desestimando el recurso del PP, la Consejera de Hacienda y los diputados de PSOE e IU integrantes en la Comisión comparecieron en la misma.

Seguidamente, el presidente del Parlamento propuso al Portavoz del PP, Carlos Rojas, que la Presidenta de la Comisión procediera entonces a la constitución de la misma una vez resulto el recurso sin necesidad de nueva convocatoria a lo que se negó el PP.

En consecuencia y en aplicación de las facultades que le otorga el artículo 42.2, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, ha convocado la Comisión de Hacienda y Administración Pública para el miércoles 6 de noviembre a las 17:00 horas con la comparecencia de la Consejera de Hacienda y Administración Pública para la presentación global de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2014, y para informar sobre dichos Presupuestos en lo relativo a su Consejería.

Manuel Gracia respeta “el derecho del PP a la presentación del recurso y que ejerzan todos los cauces legales y democráticos a su alcance para desarrollar su labor política en la Cámara” pero lamenta “el uso retorcido del reglamento que ha impedido la total normalidad de la actividad parlamentaria. Lo único que ha conseguido el PP con su estrategia de hoy es que no se hable de lo que le interesa a los ciudadanos andaluces que es el contenido de los presupuestos y de la incidencia de los mismos en la resolución de los problemas de los andaluces y andaluzas, y en su lugar se pone el foco en una disputa sobre cuestiones accidentales y de procedimiento que aleja aún más a los ciudadanos de la actividad política en Andalucía”, ha asegurado el presidente del Parlamento.