Los políticos intentan evitar el enfado de los ciudadanos ideando estrategias de evasión de responsabilidades

La idea más extendida entre los españoles es que los recortes tienen un marcado carácter ideológico

El auge de los sentimientos centralistas es uno de los cambios más destacables de la opinión pública en los últimos años

Cuando los gobiernos efectúan políticas impopulares, no siempre acaban siendo castigados por ello en las urnas. El castigo depende, en gran medida, de hasta qué punto se considere a los gobernantes responsables de tales políticas. Los votantes son más indulgentes si creen que las medidas vienen impuestas por alguna situación adversa fuera del control gubernamental y son más severos si intuyen que dichas medidas responden a una mala gestión o a criterios estrictamente ideológicos. Los actuales recortes presupuestarios son un buen ejemplo de ello: el coste en popularidad que le puede reportar al Gobierno dependerá de si los ciudadanos consideran que son imprescindibles o si, por el contrario, estiman que son resultado de una elección voluntaria del Gobierno.

Los políticos, conocedores de nuestras dudas, intentan evitar el enfado de los ciudadanos ideando estrategias de evasión de responsabilidades. Entre el menú de coartadas exculpatorias podemos encontrar argumentos clásicos como: la herencia recibida, las imposiciones de la economía global, las exigencias de Europa o la necesidad de sufrir hoy para garantizar un futuro mejor.

Todos los gobiernos que efectúan recortes presupuestarios acaban recurriendo a alguna de las recetas mencionadas anteriormente. Otra cuestión es que consigan convencer a los ciudadanos. Si algo deja claro el informe de ecmware sobre opinión pública y recortes presupuestarios es que el Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra muy lejos de conseguirlo. La percepción más generalizada entre los españoles es que los recortes ni se justifican por factores ajenos al control del Gobierno, ni son medidas adecuadas para alcanzar un futuro mejor. Al contrario, la idea más extendida es que los recortes tienen un marcado carácter ideológico y responden a una voluntad (que no necesidad) de adelgazar el Estado de Bienestar.

A pesar de que el Gobierno parece haber perdido la batalla de la atribución de responsabilidades, algunos argumentos de exoneración del Gobierno están presentes entre la opinión pública. De entre los clásicos mencionados anteriormente destacan la herencia recibida (los ciudadanos aún conservan una pésima opinión del anterior Gobierno) y las imposiciones provenientes de Europa. Además de estos, últimamente parece emerger con fuerza un nuevo culpable: las Comunidades Autónomas.

El eje vertebrador de las críticas a las autonomías es la percepción de que tenemos una Administración pública con excesivo despilfarro y duplicidades. En efecto, las Comunidades Autónomas se perciben como causantes del descontrol en el gasto público y, por lo tanto, responsables, al menos en parte, de los recortes. Este auge de los sentimientos centralistas es, sin duda, uno de los cambios más destacables de la opinión pública española en los últimos años.

La aversión a las autonomías ha ido creciendo progresivamente desde el inicio de la crisis, pero se ha acelerado durante el último año. Actualmente las encuestas indican incluso que el Estado unitario es el modelo territorial preferido entre los españoles. Quizás, uno de los principales factores que explican este cambio es que, como decíamos anteriormente, las autonomías se asocian cada vez más a la idea del despilfarro. Y eso a pesar de gozar de unas cuentas públicas más equilibradas que las del Gobierno central. Que la realidad no estropee un perfecto chivo expiatorio.

Son más los que creen que el copago supone pagar dos veces; la primera obviamente con los impuestos. Como en el caso de otros recortes, se destaca a los grupos sociales más desfavorecidos al no tenerse en cuenta el nivel de renta. Y hay algunos que sospechan que es el primer paso hacia la privatización de la sanidad pública.

Se aprecia también que la medida repercutirá de forma negativa en la capacidad de consumo de un muy relevante porcentaje de la población con las inevitables consecuencias económicas. También hay críticas al hecho de que la decisión no establezca diferenciación alguna entre los distintos niveles de funcionariado (funcionarios por oposición y empleados públicos de libre designación).

Los ciudadanos opinan que sería necesario un mayor control de su gestión y la investigación de los casos de corrupción que se dan en las autonomías. Son muchos menos los que afirman que se está “criminalizando” a las CCAA adjudicándoles responsabilidades que no tienen.

También en relación al trabajo, hay una valoración muy negativa de la reducción de la prestación de desempleo. Al igual que en el caso de los funcionarios, se percibe que se acusa injustamente a los parados de su situación personal.

Además, existe la sospecha de que provocará un aumento de los pagos sin factura y la economía sumergida. Y hay muchos que no entienden como se puede elevar el IVA mientras al mismo tiempo se pone en marcha una amnistía fiscal que premia a los defraudadores.

No todos los recortes a la política son recibidos con aplausos. La propuesta, aún no concretada por el Gobierno, de reducir el número de municipios y, por tanto, de concejales es contemplada con frialdad, básicamente porque supondría un ahorro mínimo. La gente debe de saber que la inmensa mayoría de los concejales lo son de localidades pequeñas donde reciben ningún sueldo.

• El debate en Internet sobre los recortes de gasto y servicios públicos refleja un profundo descontento en el informe elaborado por ecmware para eldiario.es. Los españoles culpan a los políticos del agravamiento de la crisis.

Entre las dos opciones sobre posibles reformas estructurales de la Administración con su correspondiente recorte de gasto (el coste de la política o el coste del Estado), los internautas eligen sin dudar reducirlo en lo que atañe a los políticos. Queda claro que el rechazo a la clase política es tan amplio que obvia los cálculos económicos. No parece que los salarios de los políticos sean la causa del elevado endeudamiento público, pero las opiniones indican que es ahí donde se debería recortar.

En primer lugar, lo que se pide es reducir el número de políticos y después bajarles el sueldo (a los que queden) y reducir los costes relacionados con la política (dietas, coches oficiales...).

Es de suponer que las reformas estructurales servirían para ahorrar más dinero, pero concitan un nivel de apoyo muy inferior.

Las razones de ese desprestigio del Gobierno anterior por su actuación en el inicio de la crisis son muy variadas. Destacan los que le hacen responsable del alto nivel de deuda de la economía española e incluso los que le convierten en el único responsable de la crisis, probablemente votantes del Partido Popular.

Con este abanico de opiniones, no es raro que el presidente del Gobierno no salga bien parado. Resulta casi imposible encontrar valoraciones positivas sobre su gestión de la crisis. La crítica más extendida es por el incumplimiento de las promesas electorales. El factor personal juega en su contra. No es sólo la política la que es cuestionada, sino también su estatura como dirigente por su “falta de credibilidad” y la “falta de claridad al anunciar medidas”.

En su conjunto el Gobierno arrastra buena parte de las valoraciones negativas de su presidente. No se aprecian medidas que incentiven la economía, el Estado de bienestar es una de las víctimas de la gestión gubernamental y no hay una preocupación suficiente por el desempleo. El único consuelo es que hay gente que no olvida la gestión del Gobierno anterior y que otros aprecian que las medidas drásticas son necesarias.

Un estudio de opiniones en Internet deja de manifiesto la nula confianza en los políticos

Muchos opinan que el sistema autonómico actual es inviable

Se rechazan los cortes por su marcado carácter ideológico

El copago no es aceptado, pero muchos creen que servirá para evitar abusos

El debate en Internet sobre las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno y los recortes de gasto y servicios públicos refleja un profundo descontento en el informe elaborado por ecmware para eldiario.es. Las opiniones publicadas en las páginas web de trece medios de comunicación indican que los españoles culpan a los políticos del agravamiento de la crisis económica y de la falta de medidas que puedan impulsar el crecimiento.

Las medidas más importantes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy reciben una valoración muy negativa. De la subida del IVA, se destaca que provocará una fuerte caída del consumo. Se hace hincapié en que los recortes tienen un contenido ideológico. La supresión de la paga extra de los funcionarios se valora como un castigo excesivo a un colectivo. Se echan de menos políticas que favorezcan el crecimiento. De la reforma laboral, no se espera nada bueno. La UE es sinónimo de pérdida de soberanía y de medidas impuestas contraproducentes. El copago sanitario es criticado, aunque hay una corriente de opinión que afirma que servirá para reducir abusos.

El PSOE tampoco sale bien parado en la medida en que se achaca una gran responsabilidad al legado del Gobierno anterior y no se aprecian diferencias sustanciales con la política del Ejecutivo. El principal partido de la oposición no se beneficia del desgaste del Gobierno.

Los comentarios se preguntan dónde están las reformas estructurales necesarias, en especial las que tienen que ver con el coste de la política. Con independencia del impacto económico real de medidas como la reducción del número de políticos o de sus salarios, hay un convencimiento general de que son imprescindibles. El desprestigio de los políticos es fácil de detectar en los resultados del estudio.

También ha calado entre la gente la idea de que la España de las autonomías es una de las razones de la gravedad de la crisis. Quizá no sean muchos los que apoyan medidas radicales como la supresión de autonomías o la recuperación de competencias por el Gobierno central, pero son mayoría los que creen que el modelo autonómico actual es inviable por suponer un gasto excesivo.

Al igual que en las encuestas del CIS, hay un descontento generalizado con el sistema fiscal en las discusiones en las que se plantean medidas alternativas. Se reprocha de él que no sea justo y de ahí que se reclame una reforma completa. Hay menos acuerdo a la hora de decidir en qué deberían consistir los cambios. Sí hay opiniones significativas a favor del establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas o de que se obligue a la Iglesia a pagar el IBI.

También se reclama un mayor control del gasto en las televisiones autonómicas, convertidas en una época de fragmentación de las audiencias en diana de muchas críticas.

Pero si los políticos de los grandes partidos cuentan con pocos aliados en los debates que se producen en las páginas web, aún menos tienen los bancos, a los que en un porcentaje casi abrumador se acusa de ser los grandes culpables de la crisis. Por el contrario, muchos piensan que los funcionarios están recibiendo un castigo excesivo en la crisis.

Lo que debería provocar un consenso urgente entre los partidos políticos no es la respuesta corporativista contra el juez Santiago Pedraz, sino un plan urgente contra esa decadencia de la política, antes de que el divorcio con la ciudadanía vaya a más y sea irreversible.

No es admisible, por ejemplo, que uno de cada cinco parlamentarios del Partido Popular en las Cortes Valencianas esté imputado por corrupción. O que el Bundestag alemán haya votado y debatido el rescate a España, pero no lo haya hecho el Parlamento español. O que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga tiempo para hacer campaña en las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, pero que se vaya a pasar un mes sin explicar en el Congreso su gestión. O que España sea casi el único país occidental que no tiene una ley de transparencia (o que el proyecto que está sobre la mesa sea opaco en su elaboración e inútil contra la corrupción por su tibio desarrollo).

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No es una buena noticia el consabido divorcio entre los ciudadanos y los que nos gobiernan o los que opositan a gobernarnos porque, empezando por el final, quiero decir que la única manera de salir adelante es con ellos y a pesar de ellos.

He podido constatar que no solo los que tienen el valor de manifestarse en la calle, vistos los riesgos que conlleva la desmedida y absurda represión policial, sino los que mueven los hilos de las grandes empresas tienen aspectos en común: todos están indignados con los políticos y en especial con los que nos gobiernan.

Las multinacionales españolas están apostando por invertir fuera del país. Aquí ya no generan suficientes utilidades. Han decidido incrementar su presencia en otros países donde la estabilidad económica y política está asegurada y, sobre todo, donde las políticas de inversión y crecimiento de los gobiernos son claras.

En nuestro país no existe una política de crecimiento. Es falso que reduciendo el déficit hasta asfixiar al ciudadano y a las empresas vayamos a aumentar el empleo y el PIB. Si el gobierno no implementa medidas para favorecer la inversión empresarial no saldremos de esta crisis, que hoy es peor que ayer y mejor que mañana.

Vale que ya hemos aprendido que aquí gobiernan los políticos y mandan los mercados. Pero los mercados solo se pueden combatir con una economía real en crecimiento.

Las empresas del IBEX 35 no entienden que no se toman medidas con mayor agilidad, teniendo un gobierno de mayoría absoluta. Se sabe el diagnóstico y se dilata el tratamiento. Lo único que se aceleran son las medidas de ajustes y de incremento de la recaudación que socavan el consumo y el bienestar de los ciudadanos.

Si los españoles piensan que tienen malos políticos es porque estos son malos de verdad. Si los que mueven los hilos de las grandes empresas piensan que no se toman las medidas adecuadas, y se dedican a crecer fuera de nuestro país, es porque los que nos gobiernan son realmente incompetentes.

Los beneficios de las grandes empresas se van a generar fuera de España en los próximos tiempos, los empleos también. Aquí no hay política de crecimiento, solo de devastación.

La represión no está solo en la calle, también en la iniciativa empresarial y de crecimiento. No es cierto que podamos levantar este país solos y en contra de nuestros políticos. Debemos exigirles más y, sino, cambiarlos pronto.

El apoyo de IU a Gordillo genera para Lara más comentarios positivos que negativos

El porcentaje de opiniones negativas en el caso de Cayo Lara no es tan grande como en los políticos de los dos grandes partidos, pero cuenta con el dudoso honor de tener el mayor en cuanto a la aparición de la palabra “demagogo”. La dura oposición de IU le pasa factura entre los seguidores de otros partidos.

Lara no sale tampoco bien parado cuando los internautas se refieren a su “falta de credibilidad” y “poca capacidad de comunicación”.

En el plano positivo, sí hay comentarios elogiosos sobre Lara que citan sus “opiniones coherentes” y el hecho de que “representa una opción de cambio”.

En cuanto a la gestión política, hay una noticia reciente que condiciona las opiniones sobre Lara e Izquierda Unida. Se trata del asalto de dos supermercados por un grupo de gente dirigido por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, para denunciar la pobreza causada por la crisis.

El apoyo de IU a Gordillo genera para Lara más comentarios positivos que negativos, pero en ambos casos se genera un fuerte debate con opiniones encontradas.

Hay también muchos internautas que critican a Cayo Lara por lo que llaman “falta de transparencia” sobre la presencia de representantes de la coalición en consejos de administración de las antiguas cajas de ahorro. El desgaste por la crisis bancaria afecta a todos los partidos, incluidos los que tenían una representación muy reducida en las cajas.

La exministra paga el precio de su escasa presencia pública

La valoración política de Carme Chacón está completamente marcada en sentido negativo por la idea de que representa ideas ya defendidas antes por José Luis Rodríguez Zapatero. A menos de un año de su salida de La Moncloa, el expresidente no es una buena referencia en casi cualquier comentario aparecido en Internet.

“Similar a Zapatero” es el valor más citado en los comentarios sobre la exministra, y no con una intención elogiosa. “Sin ideas propias” es otra de las calificaciones que inspira. Excepto en las primarias socialistas y en las campañas electorales, Chacón no se prodiga mucho en declaraciones públicas, en especial desde que fue derrotada por Rubalcaba, y eso contribuye a minar su imagen.

Ese desdén hace que, en un porcentaje mayor que otros políticos, se tache a Chacón de “producto de marketing”. Llama la atención de que en la valoración personal el rasgo más citado es el de la “poca preparación política” cuando Chacón ha sido vicepresidenta del Congreso, ministra de Vivienda y ministra de Defensa.

No parece una trayectoria menor, pero a Chacón le tiene que perjudicar que en al menos dos de esos puestos (en el Congreso y en Defensa) tuviera un perfil bastante bajo en el que no se prodigaba en declaraciones a los medios de comunicación.

Recibe críticas por su apoyo a la privatización de los servicios públicos, pero se recibe bien la idea de reducir diputados

Con Esperanza Aguirre, que acaba de anunciar su retirada de la política, nunca ha habido mucho margen para las medias tintas. Lo que para unos es “valentía” para otros es “demagogia”. Mientras unos ven “claridad” en su conducta, otros la definen como “soberbia”. En los comentarios analizados, las impresiones negativas superan a las positivas, pero se intuye un debate intenso al respecto.

Aguirre aparece definida como representante del sector más conservador del PP. Por eso, en el plano político las críticas más extendidas le acusan de apoyar “recortes sólo a la clase obrera” (en un porcentaje mayor que Rajoy, por ejemplo) y el apoyo a la “privatización de los servicios públicos” por sus declaraciones en relación a la sanidad, educación y transporte.

Pero no todas sus iniciativas reciben un rechazo amplio. Hay un nivel de apoyo muy significativo a su “propuesta de eliminación de diputados” en la Asamblea de Madrid.

La desconfianza hacia los políticos es tan generalizada que cualquier medida que conduzca a su reducción se valora de forma muy positiva. Algunos de los que desconfían de Aguirre no ocultan que apoyan algunas de sus ideas más polémicas.

Se denuncia su "falsa imagen de moderación" y le asignan ahora una posición ideológica “extrema”

Si hay un tema que condiciona por completo la imagen en Internet de Alberto Ruiz Gallardón es el proyecto de reforma del aborto. Las restricciones que prepara el ministro de Justicia provocan una fuerte reacción negativa. También hay opiniones positivas, pero en un número bastante inferior.

Por el contrario, los cambios previstos en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial reciben un porcentaje significativo de elogios. Se interpreta que el ministro está decidido a aplicar reformas en un mundo como el de la Justicia en general resistente a cualquier cambio y con una imagen deteriorada en todas las encuestas.

En el caso del aborto, la valoración negativa de la reforma se ve acompañada de críticas muy duras en el plano personal. En otras palabras, la gente no esperaba esto de Gallardón, y en un porcentaje altísimo, se refieren a la “falsa imagen de moderación” que disfrutaba hasta ahora, también entre votantes que no eran del PP.

Un 70% de los comentarios encontrados sobre él denuncian que esa moderación no era real y ahora asignan al ministro una posición ideológica “extrema”.

La “mala gestión económica” del Ayuntamiento de Madrid también aparece reflejada en los comentarios, aunque es posible que sea una consecuencia de las fuertes críticas recibidas por el tema del aborto.

Cuando un político es criticado por una decisión política, no es extraño que se recuerde cualquier precedente negativo.