Tres investigadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) han publicado un estudio que analiza el nexo entre agua, energía y agricultura en la localidad de Playa de Vargas, en el municipio grancanario de Agüimes, donde un sistema descentralizado de desalación alimentado por renovables provee de recursos hidrícos a los agricultores de la zona.

Baltasar Peñate, Juan Antonio de la Fuente y Ana Musicki son coautores de la publicación científica que lleva por título “Structuring an integrated water-energy-food nexus assessment of a local wind energy desalination system for irrigation” (‘Science of the Total Environment 2019’, volumen 689), resultado de los trabajos de investigación desarrollados en el marco del proyecto H2020 MAGIC en el que intervienen, además, expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB, ICREA).

A través de un enfoque novedoso que busca ilustrar las interrelaciones del nexo agua-energía-alimentación (WEF, por sus siglas en inglés), el estudio pone de manifiesto la estrecha imbricación de estos recursos en el contexto del mundo agrícola insular, basado en el caso de estudio del sistema ubicado en la costa este de Gran Canaria, en la zona conocida como Playa de Vargas. Allí, la empresa Soslaires cuenta con una planta desaladora conectada a un parque eólico, en régimen de autoconsumo, que abastece la demanda de agua para riego de 230 hectáreas de cultivos en la zona.

Este modelo de producción de agua desalada a través de energía eólica es un ejemplo de solución local sostenible frente a la escasez hídrica en zonas vulnerables, donde el aumento de la población y la sobreexplotación de los acuíferos obligan a buscar soluciones inteligentes, innovadoras y eficientes para garantizar recursos hídricos suficientes y de calidad para la agricultura.

Este sistema cumple con el patrón de sostenibilidad de los recursos del nexo WEF, ya que “permite que un sistema socio-ecológico semiárido aislado produzca sus propios cultivos gracias al autoabastecimiento de agua de riego; el agua se obtiene del mar, por lo que se evita la sobreexplotación de los acuíferos, y la energía para la desalación se obtiene en un alto porcentaje del viento, por lo que no requiere la importación de combustibles desde el exterior”.

Gobernanza europea para un desarrollo sostenible

El proyecto de investigación MAGIC, financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, busca obtener la información más precisa que ayude en la toma de decisiones informada ante los retos futuros de sostenibilidad, basándose en la interrelación del nexo agua-energía-alimentación y su equilibrio ante factores de impacto medioambiental y como consecuencia del cambio climático.

Liderado por la UAB, y contando con el Joint Research Centre de la Comisión Europea, a través de un consorcio formado por universidades y centros de investigación europeos, entre los que se encuentra el Instituto Tecnológico de Canarias, el proyecto MAGIC busca ofrecer las evidencias científicas en las que apoyar la formulación de políticas europeas que respondan a las necesidades de las sociedades futuras.

La toxicidad de las colonias de microalgas que ha aparecido en las aguas canarias desde La Restinga a Las Canteras ha llenado de temor a los residentes de las Islas ante la peligrosidad de estos organismos vivos. Sin embargo, no todos ellos son perjudiciales para la salud e, incluso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado el uso de las microalgas contra la malnutrición.

No ha sido una serpiente de verano, precisamente, la que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo, sino un ser vivo mucho más pequeño: la microalga Trichodesmium erythraeum. Si los marcianos de H.G. Wells en su famosa La Guerra de los Mundos fueron vencidos por las bacterias y no por la tecnología y sapiencia humanas, es posible que el gabinete regional quede más sacudido por la toxicidad de las colonias de microalgas que por cualquier otra iniciativa que hubieran ideado sus adversarios políticos.

De hecho en pleno síndrome postvacacional del Ejecutivo han comparecido con carácter de urgencia este jueves a petición de toda la oposición (salvo la ASG que lidera Casimiro Curbelo) los consejeros de Sanidad, José Manuel Baltar, y Política Territorial, Nieves Lady Barreto, para informarde cómo afecta la proliferación masiva de microalgas en aguas del Archipiélago tanto “a la salud pública”, como ,“al medio ambiente marino”.

Una comparecencia en la que ambos consejeros han culpado a la oposición, a los medios de comunicación y a las redes sociales, de la alarma social generada pese a que el Gobierno “ha hecho lo correcto” y “las medidas han sido adecuadas y proporcionadas al riesgo”.

Una omisión de responsabilidad política y de la gestión de la crisis que ha indignado a la oposición hasta el punto de que en los pasillos del Parlamento empezaron a hacerse corrillos para analizar la posibilidad de presentar una reprobación conjunta a Baltar y Barreto.

Y, aunque no lo decían en la convocatoria solicitada, también se tiene el temor de que en el fondo la Trichodesmium erythraeum mengüe los pingües beneficios que está generando en las Islas su principal motor económico: el turismo de sol y playa. No en vano, la extraparlamentaria Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) no tiene “ninguna duda” de que el Gobierno canario “ocultó” información “para no afectar a los negocios de unos pocos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas”.

“Los intereses de la industria turística -vinculada al saqueo del territorio, la sobreexplotación de los recursos naturales, como el agua, y la explotación laboral de mano de obra barata- está detrás de ese llamado al silencio de Clavijo y de la desinformación”, aseguraban los de ANC el 27 de agosto en un comunicado.

Y es que no ha sido tanto la microalga sino la gestión que de su aparición en las costas ha hecho el presidente Clavijo lo que ha causado indignación, máxime cuando su gabinete no prohíbe el baño en las zonas de afectadas al mismo tiempo que sus técnicos y los del Banco Español de Algas confiesan públicamente que no se bañarían “por sentido común”.

Más o menos como hace el propio Gobierno con el carguero británico a la deriva Cheshire, del que no tienen información (el propio Clavijo lo hundió rápidamente mientras seguía navegando), pero no quieren que se acerque a ningún puerto canario, o el concurso de informativos de Radiotelevisión Canaria, del que se declaran incompetentes tras habilitar una partida presupuestaria para que el presidente del ente, Santiago Negrín, lo impulsase.

Y si bien es cierto que estas cianobacterias no favorecen la aparición de tumores o hepatitis A, tampoco se puede negar que no conviene bañarse cerca de ellas porque producen un irritante amonio como desecho cuyo contacto puede producir dermatitis y no sirve, como hasta ahora ha hecho el presidente y sus consejeros, mirar hacia otro lado esperando que las microalgas se desintegren en la mar océana.

Superalimento contra la malnutrición

Toda esta polémica ha hecho que las microalgas aparezcan de repente en el mapa mental de la población, que hasta hace semanas no sabía casi ni que existían, pero (como pasó con el telurio) ahora todo el mundo habla de ellas con el temor pendiendo sobre las cabezas.

Sin embargo, no todos estos organismos son dañinos para los humanos, incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado el uso de microalga spirulina contra la malnutrición porque es un superalimento y una excelente fuente de proteínas digeribles, comparables en cantidad con lo que es ingerir carnes de res.

Si la trichodesmium erythraeum oferta amonio, la spirulina cuenta con un alto nivel proteico y aporta vitaminas B y ácidos grasos esenciales. Debido a su contenido en selenio, clorofila, tocoferol y retinoides cuenta con una buena capacidad antioxidante, en pacientes con diabetes tiene efecto antihipertensivo, controla el colesterol y fortalece el sistema inmune en hipertensos y pacientes con cáncer oral.

El ITC y el ITER

Y sin ir muy lejos, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) creó hace años la empresa público-privada Alglimento S.L con el objetivo de preindustrializar la producción de alimentos elaborados a partir de microalgas productoras de carotenos y ácidos grasos omega-3. Para ello, el ITC tiene una planta de cultivo de microalgas en sus instalaciones de Pozo Izquierdo.

Hasta tal punto el ITC cree en este proyecto alimentario que elaboró un aperitivo, el VeggieBo, a partir de microalgas que ganó el primer premio de Écotrophélia España 2015, certamen organizado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) que premia el carácter innovador en la elaboración de productos alimentarios.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), con su proyecto Spiterm, pretende aprovechar las características de las aguas geotermales de las galerías de Tenerife para reducir los costes de producción comercial de la microalga spirulina, pues considera que “Canarias es la región europea más competitiva para el cultivo de spirulina, ya que dispone de altas tasas anuales de irradiación y temperatura, así como de aguas saladas o salobres no contaminadas”.

Las algas han sido un ingrediente base en la gastronomía de países como Japón, donde ha sido una pieza fundamental en la preparación de una gran cantidad de recetas y alimentos. La industria alimentaria, por ejemplo, las ha incorporado a flanes, helados o mermeladas y desde hace tiempo los científicos han estado investigándolas al suponer una fuente potencial de compuestos bioactivos, ser ricas en vitaminas, aminoácidos y polisacáridos, ingredientes que contribuyen a combatir las carencias nutricionales y ayudando así a equilibrar los déficits en defensas.

30.000 especies

Diversas investigaciones calculan en cerca de 30.000 las especies de microalgas existentes, consideradas como uno de los recursos más importantes de la tierra debido a su contribución en el balance de oxígeno, generando por lo menos un 50% de la actividad de la fotosíntesis global.

En Medellín, por ejemplo, investigan si las microalgas pueden cumplir un papel esencial en el tratamiento de aguas residuales y la producción de energéticos renovables. Las investigaciones están lideradas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Universidad de Antioquia (UA).

Y es que las microalgas depuran las aguas residuales debido a que se alimentan de los agentes contaminantes y también se usan en la producción industrial de biocombustibles, como sucede en el Instituto de Ingeniería de la Universidad de México (UNAM) o el departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica de Chile. La Universidad de Almería coordina desde 2016 el proyecto Sabana para conseguir nuevos biofertilizantes y biopesticidas alternativos a los productos químicos mediante el empleo de microalgas, lo que posibilitará una agricultura “más segura” para el consumidor y el medioambiente, mientras que investigadores del grupo de Fotobiología y Biotecnología de Organismos Acuáticos (Fyboa) de la Universidad de Málaga (UMA) lideran un proyecto, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Almería, en el que estudia el uso pionero de microalgas para la depuración de granjas porcinas, con el objetivo de reducir el olor y la contaminación de las aguas subterráneas.

Biodiesel, biofertilizantes y bioplaguicidas

Por su parte, el grupo de investigación de Biotecnología de Algas (Bital) de la Universidad de Huelva, está inmerso desde hace un año en dos proyectos con financiación europea sobre las posibles utilidades de las microalgas para la elaboración tanto de bioplásticos como de biodiesel a fin de eliminar la dependencia de petróleo para la elaboración de estos productos.

Desde 2010, la empresa de biotecnología Biorizon Biotech ha investigado en las múltiples aplicaciones de las microalgas en el campo de la agricultura intensiva y ecológica, creando biofertilizantes y bioestimulantes con base microalgal y bioplaguicidas sin residuos para la agricultura, que son compatibles con lucha biológica.

Estos son solo unos ejemplos de que, mientras en Canarias las microalgas han aparecido rodeadas de temor y recelo, en el resto del mundo se las estudia y cultiva para utilizarse en alimentación, piensos animales, cosmética, energía e incluso plásticos porque, además de poder producir urticarias, tienen su lado bueno.

CCOO ha lamentado este sábado el “olvido intencionado” por parte del Gobierno canario del 25 aniversario de la creación del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que liga a “la verdadera medida de lo que importa al Ejecutivo la investigación, la innovación y el desarrollo”.

En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO recuerda que el 30 de julio de 1992 se creó el ITC, aniversario que ha pasado “completamente desapercibido” para el Gobierno, sobre todo si se compara con el de hace cinco años, cuando se celebró sus veinte años “con toda suerte de notas de prensa, guías con los méritos logrados, divulgación de los proyectos desarrollados y relación de patentes”.

El sindicato CCOO y el comité de empresa del ITC señalan que mantienen su empeño y compromiso con la innovación, la investigación y el desarrollo, “a pesar del escaso apoyo por parte de su accionista único, el Ejecutivo de Canarias, que en junio del año pasado llegó a amenazar con la disolución de la empresa si su personal no accedía a una reducción de salarios y derechos laborales”.

Según CCOO, en estos veinticinco años el ITC ha acumulado un saber hacer y una experiencia de “valor incalculable” en cuestiones estratégicas para Canarias, tales como las energías renovables, aguas, biotecnología, ingeniería biomédica o innovación, que le han permitido ganarse el aprecio de otros centros del entorno europeo.

Para el sindicato y el comité de empresa, el ITC, como herramienta de I+D+i, merece ser apoyado, impulsado y potenciado, para la mejor consecución de su objeto social y el mejor aporte al progreso sostenible de la sociedad canaria y su entorno.

“El ITC puede y debe, seguir jugando un papel importante en el avance de las energías renovables, de la autosuficiencia energética, del fomento de la economía azul y la innovación”, concluye CCOO en el comunicado.

Desde el año 2013 el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la empresa puntera en energías renovables, tecnologías del agua, biotecnología, ingeniería biomédica o innovación, atraviesa una preocupante situación sin que la gestión política de los distintos consejeros del Gobierno de Canarias que la han dirigido haya podido sacarla del colapso. Al contrario, lo han hundido más.

El 7 de febrero el diputado socialista grancanario Gabriel Corujo acusó en sede parlamentaria al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, de “estar en la estrategia” de “desmantelar” el ITC para “potenciar el ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) que impulsa el Cabildo de Tenerife”.

Una acusación que no ha sido Corujo el primero en pronunciar, pues el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ya dijo en julio de 2016 que “hay una estrategia premeditada que responde a las decisiones de reducir los presupuestos del ITC desde 2009, de tener una baja ejecución de los mismos, de despedir e incentivar la marcha del personal científico, de renunciar a los beneficios en otras empresas públicas participadas, como el ITER; de endosar a la cuenta de la empresa los 2,3 millones de euros por el varapalo del Constitucional en materia laboral y de negarse a inyectar fondos públicos, como hace con el 80% de las empresas públicas del Ejecutivo, que también serán inviables si se aplican las mismas recetas que al ITC”.

El ITER, fundado en 1990 (dos años antes que el ITC) está participado en más de un 90% por el Cabildo Insular, que en casi tres décadas no ha dejado de impulsar este organismo, cuya misión es aumentar la penetración de energías renovables en Tenerife y dotar a Canarias de infraestructuras de I+D+i (Ingeniería y TIC's) de vanguardia favoreciendo el desarrollo de proyectos de investigación y exportar sus resultados al resto del mundo.

En el caso contrario se encuentra el ITC, que depende del Gobierno de Canarias y que solo desde 2011 a 2014 (los años más duros de la crisis) vio como una decisión política redujo la financiación en un 80% (un recorte muy superior al que soportaron otros entes públicos), lo que dejaba en el alero la supervivencia de esta empresa pública.

El fantasma del ERE de 2014

Corujo es del mismo partido, el PSOE canario, que la anterior consejera responsable del ITC, Francisca Luengo, que fue la primera que se tuvo que enfrentar a la posibilidad de un ERE para sortear el déficit de 1,3 millones de euros que soportaba la empresa por la falta de financiación gubernamental.

Una situación que se saldó con la aceptación de los trabajadores de rebajarse los salarios y congelar los complementos retributivos durante al menos dos años para lograr un ahorro de 920.000 euros anuales que asegurara la continuidad de los proyectos y el mantenimiento de todos los puestos trabajo.

Por aquel entonces, Luengo aseguraba que todos los problemas se iniciaron en la etapa en la que Luis Soria fue consejero de Industria (2003-2005), al que acusó de “enchufar” a 27 personas en el ITC y provocar “una guerra interna” con el personal del centro.

Tres años después, la plantilla se ha reducido sobremanera (60 bajas en los últimos años) y dista mucho de los 165 trabajadores con los que contaba en 2014. El secretario general de la FSC-Comisiones Obreras en Canarias, Pedro Moreno, dijo en ese momento que el reciente despido de diez trabajadores más del ITC es la “prueba” de que el Gobierno de Canarias quiere “desmantelar” esa empresa pública.

Fue Luengo la que acuñó la estrategia de la reestructuración (la misma a la que ahora apela Ortega, su sucesor) de unos servicios excesivamente sobredimensionados. Según la ex consejera, los problemas del ITC derivaban de su complicada naturaleza jurídica, pues estar constituido como una sociedad anónima supone una traba importante a la hora de presentarse a concursos y obtener subvenciones.

Despidos por la viabilidad

“¿Por qué no ha ido la Consejería con el ITC a captar fondos del Fdcan como sí ha hecho el Cabildo de Tenerife con el ITER?”; insistió Corujo en la sesión plenaria del 7 de febrero, máxime cuando Ortega ha “despedido a trabajadores que han ayudado a captar financiación para 15 proyectos europeos con los que iban a estar en la vanguardia”.

“Hay que reajustar la plantilla a las nuevas necesidades de ITC para hacer posible su sostenibilidad financiera, pues estaba sujeto a desequilibrios estructurales”, le respondió el consejero, que insistió en que “se ha querido garantizar la integridad total del ITC”, pues los despidos “se enmarcan tanto en mejorar la gestión como la estructura organizativa” del organismo.

No parece, a tenor de lo sucedido en los últimos días, que Ortega haya tenido éxito en su promesa del mes de noviembre de 2015: “No es mi intención mantener en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) al ITC, sino sacar al supuesto enfermo de ella y ponerlo a correr”.

Al igual que ahora Ortega, su antecesora en el cargo afirmó en 2012 que iba a reforzar las potencialidades del ITC, “no solo como empresa al servicio del Gobierno de Canarias sino como empresa al servicio de la sociedad canaria”, y en este sentido remarcó que la proyección a largo plazo del ITC “es servir a la sociedad y ser herramienta de futuro”.

Un futuro que en octubre de 2014 era, según Comisiones Obreras, nefasto, pues denunció que la plantilla del ITC se veía “obligada a pagar la luz, el agua y los teléfonos para poder seguir trabajando”, incumpliendo el mandato del propio Parlamento, que a instancias de NC instó al Gobierno a “garantizar la sostenibilidad financiera de esta entidad adoptando las partidas económicas suficientes en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2015 y en las próximas leyes presupuestarias”.

Presupuestos a la baja

Sin embargo, tampoco para 2015 el Gobierno destinó una partida para cubrir los costes generales de funcionamiento como sí lo hizo en otras empresas públicas (un trato discriminatorio que ha sido denunciado por todos los grupos parlamentarios de la oposición), de manera que el personal tuvo que seguir pagando con parte de sus salarios recortados los costes de funcionamiento.

El Gobierno elaboró un Presupuesto para 2016 en el que solamente se destinaron 550.000 euros para los gastos de funcionamiento, obviando los 850.000 euros que restaban para compensar el recorte salarial del 14%, lo que llevó al nuevo gerente, Gabriel Megías, a dejar caer que la única manera de solventar el déficit era seguir manteniendo la reducción salarial durante dos años más, pues de los contrario habría que afrontar “un ERE, o algo peor…”.

La respuesta estaba clara, y se materializó en un preaviso de huelga y un comunicado con duras acusaciones por parte de los trabajadores: “El nuevo gobierno de CC-PSOE, con Fernando Clavijo a la cabeza, y Pedro Ortega como consejero de Industria y presidente del Consejo de Administración del ITC, con un equipo de gobierno completamente renovado, parece sin embargo mostrar una línea continuadora en el acoso y derribo contra el ITC”.

Certificado de defunción

Las negociaciones y los preavisos de huelga se sucedieron durante los primeros meses de 2016, y fue en junio cuando Ortega certificó en el Parlamento la más que posible defunción del ITC por su “inviabilidad actual y futura”, cuando acusó directamente al comité de empresa de “impedir el avance en las negociaciones” para buscar soluciones que eviten que el déficit de la empresa pública se salde con despidos en la plantilla, al rechazar las tres propuestas presentadas y poner sobre la mesa “nuevas exigencias”.

Ante esta situación, el consejero ha insistido en que si no se “flexibilizan las posiciones”, su departamento deberá “proceder a actuar en consecuencia”. Un mensaje que aceptó el diputado de NC Luis Campos, que conminó a Ortega a “sentarse a negociar y a ceder en busca de puntos de encuentro”, toda vez que el problema de la empresa pública es fruto de una decisión política fraguada en el seno del Gobierno que presidió Paulino Rivero en la pasada legislatura, cuando se recortaron hasta un 80% los fondos para el ITC.

Éxitos de proyectos

A pesar de los políticos, y a trancas y barrancas, los profesionales del ITC siguieron investigando, entre otras muchas cuestiones, en  la mejora de la calidad de las aguas recreativas y costeras de la Macaronesia, el desarrollo de tecnologías sostenibles para el ciclo integral del agua, un sistema de desalación de agua del mar accionado por energía eólica, la creación de un banco genético marino, o la producción de microalgas marinas y productos derivados orientada al mercado de la alimentación.

Tanto es así que la dirección del ITC celebró el pasado año los éxitos de la empresa pública en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, en la que el ITC fue el promotor y jefe de filas de cinco proyectos (Enermac, Desal+, Adaptares, Macbioblue y Clustering).

Talento y proyectos que ahora están inmersos en la incertidumbre y que pueden desaparecer si el Gobierno sigue apostando por la inhibición, la dejadez y el inmovilismo, que es como parece entender las siglas  I+D+i el Ejecutivo desde hace dos legislaturas.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha afirmado este martes en el Parlamento que su departamento está tratando de contratar en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) a trabajadores temporales para que acometan los proyectos que tienen financiación y personal específico para llevarlos a cabo.

Unos trabajadores que Ortega tiene la intención de que sean jóvenes universitarios, para vincular a los centros de enseñanza superior de las Islas y que ejercitarían una suerte de prácticas (con sueldos, previsiblemente, bajos) en el organismo puntero en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Archipiélago

Este anuncio de Ortega se ha producido después de que la propia Consejería haya despedido a diez trabajadores del ITC por la necesidad de acometer una reestructuración del mismo ante su inviabilidad para afrontar el déficit financiero que soporta.

Unos despidos que el propio consejero ha desvelado en su comparecencia ante la Comisión de Industria que se produjeron porque el acuerdo alcanzado en su momento con los trabajadores para rebajar sus salarios no incluía una cláusula anti-despidos porque “no se daban las condiciones para ello”.

Una decena de rescisiones contractuales que se acometieron tras comprobar que había personas “sin suficiente carga de trabajo” y que se llevaron a cabo para poder mantener la viabilidad del ITC, pues el mandato parlamentario del pasado año era, precisamente, ese y no el de mantener la plantilla en su totalidad.

“No hay nada más doloroso que despedir, pero cuando hay que tomar medidas para salvar al 93% de la plantilla hay que tomarlas”, ha asegurado Ortega tras recordar que él nunca se comprometió a que no hubiera despidos, sino a no cerrar la empresa pública.

Por ello, ha insistido que tanto los despidos como los nuevos contratos temporales están dirigidos a poner el ITC en “la cima de la I+D+i” para que sea una referencia en toda España.

Unas justificaciones que no aceptaron los principales partidos de la oposición, pues sus portavoces señalaron que otras empresas públicas, como Hecansa, la Radiotelevisión Canarias (RTVC) tienes tantas pérdidas como el ITC y, sin embargo, el Gobierno mantiene intocables sus plantillas.

“Todos los palos”

Así, el portavoz y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha insistido en su tesis de que desde hace cinco años el Gobierno regional “ha querido liquidar” el ITC, una empresa pública que “se ha llevado todos los palos” mientras otras han sido impulsadas por el Ejecutivo porque “son echaderos” clientelares.

En parecidos términos, el socialista Gabriel Corujo ha insistido, como hiciera en el pleno parlamentario de la pasada semana, que “a alguien le interesa mantener el ITC debilitado para potenciar que otras empresas investigadoras florezcan”.

Tampoco tuvo Ortega el apoyo de la conservadora Astrid Pérez, que insistió en que los despidos son injustificados cuando el ITC tiene más proyectos que hace un año, lo que le ha permitido captar fondos europeos que pueden perderse si no salen adelante por falta del personal cuyos contratos han sido rescindidos.

El portavoz del Grupo Socialista en materia de I+D+i, Gabriel Corujo, ha acusado a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento que dirige Pedro Ortega de “estar en la estrategia” de “desmantelar” el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para “potenciar el ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) que impulsa el Cabildo de Tenerife”.

Corujo, que junto al portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, criticó los últimos diez despidos de personal del ITC llevado a cabo por Ortega, insistió en que el Gobierno canario usa “la sostenibilidad” para justificar “las maniobras de su estrategia para desmantelar el ITC”.

“¿Por qué no ha ido la Consejería con el ITC a captar fondos del Fdcan como sí ha hecho el Cabildo de Tenerife con el ITER?”; insistió Corujo, máxime cuando “usted ha despedido a trabajadores que han ayudado a captar financiación para 15 proyectos europeos con los que iban a estar en la vanguardia”.

Al respecto, Ortega ha insistido en sus tesis de que con estos despidos “Se ha querido garantizar la integridad total del ITC”, pues los mismos “se enmarcan tanto en mejorar la gestión como la estructura organizativa” del organismo.

“Los recursos hay que emplearlos bien y el ITC se va a especializar en innovación, no en I+D. Antes de los despidos, hemos buscado cambios, incluso en otras empresas públicas, y no se consiguió”, insistió el consejero.

Por su parte, el líder de NC dijo que “si se aplicara en el Gobierno lo de la eficiencia, algunos de los consejeros sobraban”, y acusó al consejero de “incumplir” el mandato del Parlamento de apostar por el organismo de la Comunidad Autónoma dedicado a I+D+i.

“Se ha querido garantizar la integridad total del ITC y hemos trabajado para que dure mucho tiempo”, se defendió Ortega.

Para Rodríguez, “a pesar de que existían nuevos proyectos, despiden a diez trabajadores porque quieren liquidar el ITC, y eso les retrata”, sobre todo porque la plantilla “firmó un acuerdo bajo amenaza de cierre de ITC, tras haberse reducido un 40% los empleos en los últimos años”.

“Hay que reajustar la plantilla a las nuevas necesidades de ITC para hacer posible su sostenibilidad financiera, pues estaba sujeto a desequilibrios estructurales”, concluyó el consejero.

El secretario general de la FSC-CCOO en Canarias, Pedro Moreno, ha dicho este viernes que el despido de diez trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) es la “prueba” de que el Gobierno de Canarias quiere “desmantelar” esa empresa pública.

Pedro Moreno ha manifestado por medio del un comunicado que el despido de diez trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) es una “tomadura de pelo”, tras el documento que los empleados del centro firmaron el pasado verano para reducir sus salarios para garantizar la viabilidad de la empresa.

La reducción del salario ha sido superior al 13 %, indica Pedro Moreno, quien cree que, “en ningún caso” ha existido por parte del gobierno canario el ánimo de hacer viable la empresa “a pesar de los enormes recortes salariales que los trabajadores han ido aceptando año tras año”.

Recuerda Pedro Moreno que la dirección del ITC celebró el pasado año los éxitos de esa empresa pública en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020, en la que el ITC es el promotor y jefe de fila de cinco proyectos (ENERMAC, DESAL+, ADAPTaRES, MACBIOBLUE y CLUSTERING).

Los despidos han sido justificados por la dirección por razones económicas y organizativas, pero, asegura el dirigente de CCOO, ni la empresa está ahora en la situación económica que estaba hace un año, ni el volumen de trabajo es el mismo pues se ha incrementado notablemente como consecuencia de los resultados del ITC captando fondos en las convocatorias europeas.

De los diez despidos, ocho son mujeres y dos varones, y la mayoría de los perfiles son técnicos, se indica en el comunicado, en el que se añade que tres empleados estaban en Tenerife, uno de El Hierro, y seis en Gran Canaria.

También dice Pedro Moreno que en agosto de 2016 la plantilla, “tras un duro conflicto, aceptó un acuerdo con la empresa que suponía recortar sus salarios en más de un 13% desde de agosto de ese año a febrero del 2017 y el 4% anuales en otros conceptos salariales. Los trabajadores esperaban que estos recortes salariales fueran suficientes para hacer viable la empresa”.

Sin embargo, se han producido despido en áreas operativas y de gran importancia estratégica para el ITC como en el Departamento de Biotecnología donde se ha despedido a 3 investigadoras de amplia experiencia en ese campo, explica Moreno.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha denunciado este miércoles que los diez nuevos despidos que se han producido en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) incumplen un mandato unánime del Parlamento canario, y ha señalado que se trata de una “agresión” a los trabajadores.

Román Rodríguez indica en un comunicado que se trata de la única empresa pública canaria de investigación, desarrollo e innovación, y agrega que con el despido de los diez trabajadores se incumple el mandato parlamentario de mantenerla.

El también portavoz parlamentario de NC explica que en el pleno del Parlamento de Canarias de la próxima semana abordará esa “nueva agresión” al personal.

Según Román Rodríguez, cuando se suponía que los conflictos del Gobierno de Canarias y la plantilla del ITC se habían encauzado de forma definitiva, se produce el despido de diez empleados de esta empresa, cinco en cada provincia, y la mayoría de ellos con perfiles técnicos.

Dice Román Rodríguez que algunos de esos trabajadores llevaban en el Instituto Tecnológico de Canarias más de diecisiete años.

Para el dirigente de Nueva Canarias es “sorprendente” que la mayoría de los despedicos pertenezcan a las áreas de I+D+i, y comenta que en el departamento de Biotecnología, uno de los más afectados, “el Ejecutivo canario ha echado a tres trabajadores a pesar de que, para 2017, tiene un importante volumen de trabajo”.

Otros tres despidos han afectado al departamento de Innovación y dos más al de Sistemas Informáticos, censuró Román Rodríguez.

Estos despidos, apunta Román Rodríguez, han sido justificados por razones económicas y organizativas pero, “ni la empresa está ahora” en la situación económica de hace un año, “ni el volumen de trabajo es el mismo”, ya que “se ha incrementado notablemente” tras la captación de fondos en las convocatorias europeas.

El portavoz de NC señala que la dirección del ITC anunció en diciembre de 2016 el “éxito” en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020.

El nuevo conflicto surge después de que, el pasado agosto y tras otro episodio muy conflictivo, la plantilla aceptara un acuerdo con la dirección, comenta Román Rodríguez.

Agrega que el coste de ese acuerdo fue un recorte salarial de un 13%,“nada más y nada menos”, desde agosto 2016 y hasta febrero de 2017 así como el 4% anual en otros conceptos salariales.

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha firmado un acuerdo con la empresa canaria AT Hidrotecnia para la transferencia de conocimiento en materia de depuración natural de aguas residuales, informó este domingo la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento autonómica.

Con este acuerdo el ITC otorga a AT Hidrotecnia una licencia de uso y explotación del conocimiento acumulado durante los últimos veinte años en la concepción, diseño e integración de sistemas de depuración natural de aguas residuales con criterios de bajo o nulo coste energético.

La licencia de uso y explotación concedida por el centro público a la empresa de ingeniería abarca diversos ámbitos de conocimiento relativos a la planificación, diseño e integración de sistemas de depuración de aguas residuales haciendo uso de procesos de tratamiento naturales de bajo o nulo coste energético.

Esta tecnología tiene una aplicación directa para el tratamiento y regeneración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones de población y actividades equivalentes, añade.

A diferencia de las depuradoras convencionales, los sistemas de depuración natural presentan un mínimo o nulo gasto energético, requieren un mantenimiento y explotación muy simples y garantizan un funcionamiento eficaz y estable frente a grandes oscilaciones de caudal y carga contaminante de los influentes a tratar.

Además, simplifican y minimizan la gestión de los lodos generados y se diseñan para poder tener una adecuada integración ambiental en el entorno.

Asimismo se incluye el compromiso por parte del ITC de potenciar la capacitación del personal técnico de AT Hidrotecnia en el diseño, instalación, explotación e integración socioeconómica y ambiental de los sistemas de depuración natural concebidos por el Instituto, según un programa de formación continuo que se llevará a cabo a lo largo de 2017.

Esta iniciativa tiene como objetivo último transferir a la sociedad los beneficios del conocimiento generado por el ITC en su línea de trabajo para la sostenibilidad en el tratamiento de aguas residuales, posibilitando, a su vez, el desarrollo de actividades económicas vinculadas a estos sistemas y la creación de empleo cualificado.

En este caso particular, AT Hidrotecnia aporta sus más de 20 años de experiencia en adaptación de proyectos al medio, actuaciones en suelo rústico y planificación hidrológica y un grupo de trabajo consolidado y con amplia experiencia profesional en los campos de la ingeniería, geología, recursos hídricos y medio ambiente.

El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias (CCOO), Carmelo Jorge, acusó este viernes al Gobierno regional de ser “excesivamente conservador” y de estar “muy ligado a la derecha” por no realizar los esfuerzos necesarios para aumentar los ingresos de la Comunidad Autónoma.

“A los gobiernos les definen sus políticas”, afirmó Jorge en relación a las tendencias políticas del Gobierno de Canarias, al tiempo que criticó que la única solución a la “ocurrencia” de cerrar el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) por parte del Ejecutivo Regional ha sido reducir el salario de los trabajadores en un 20%.

“Eso muy progresista no me parece”, afirmó Carmelo Jorge, quien denunció que el Gobierno canario, que sigue “sin enterarse” que invertir en investigación e innovación es el futuro, no respetó el derecho fundamental a huelga de los trabajadores del ITC.

Asimismo, Carmelo Jorge señaló que es “vergonzoso” que el Gobierno Regional presuma del cumplimiento de los objetivos del déficit cuando existen 40.000 unidades familiares que no reciben ningún tipo de ingresos.

El carácter conservador de este Gobierno, manifestó Jorge, también se aprecia en el anteproyecto de la ley del suelo porque es “desequilibrado”, creado para beneficiar a un sector concreto de la sociedad que “está de fiesta” y que defiende que el problema de la economía en Canarias es que está excesivamente regulada.

Según el secretario general de CCOO Canarias, se puede generar un modelo de desarrollo económico compatible con el cuidado del paisaje y medioambiente.

De la misma manera, con respecto a la tramitación de la ley del suelo, Jorge aclaró que el Ejecutivo regional ha sustituido la participación ciudadana por la propaganda.

“Esa es una relación entre gobiernos y súbditos”, manifestó Jorge, quien aseveró que el Gobierno solo escogerá las sugerencias sociales que considere oportunas.

Aun así, Jorge aseguró que el Ejecutivo regional tiene “luces y sombras” y con respecto al anterior gobierno ha habido un cambio de talante en el que se muestra menos distancia no sólo con los sindicatos sino con distintos sectores de la sociedad.

Carmelo Jorge aclaró que ahora se puede hablar con un consejero del Gobierno de Canarias sólo llamándole por teléfono, lo que antes no se podía y se facilita, por tanto, “al trabajo de todos”.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes el acuerdo de viabilidad propuesto por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), según ha anunciado la consejera de Hacienda regional, Rosa Dávila.

Este acuerdo ya fue presentado al comité de huelga y contempla acuerdos adoptados por los trabajadores del ITC en la asamblea que celebraron el pasado día 11, ha indicado la consejera en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, junto al responsable regional del departamento de Agricultura, Narvay Quintero.

La consejera ha señalado además que la reunión del Consejo ha transcurrido con normalidad y que las diferencias suscitadas en su reunión anterior del pasado jueves, para aprobar la Ley de Crédito Extraordinaria, son las que surgen también cuando se debate la ley de presupuestos autonómicos.

“Todos los departamentos tienen necesidades” y es normal que surjan “insatisfacciones” por el poco presupuesto que se dispone, ha manifestado la consejera, quien ha asegurado que “en absoluto ha habido amagos de dimisión” por parte de ningún consejero del Gobierno.

El consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha lamentado este lunes que la solución que se está buscando al conflicto del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) sea cortoplacista y alerta de que no se sabe “si dentro de seis meses nos vamos a encontrar con unas circunstancias parecidas”.

García Brink ha hecho estas declaraciones tras realizar el balance de su primer año al frente del departamento que dirige, que durante estos meses le ha encargado estudios al ITC de distinta índole relacionados, entre otros temas, con la eficiencia y ahorro energético.

Para el político de Nueva Canarias el Gobierno canario debe apostar por la investigación y el desarrollo en las Islas y ofrecer al ITC una solución estable, al tiempo que denunció que el Ejecutivo autonómico ha sido el que más ha recortado en I+D+i de todo el país desde el inicio de la crisis.

“Este gobierno ha sido el que ha estado recortando de manera sistemática en estos ámbitos cuando tendría que ser al contrario, apostar por el I+D+i”. Y es que, desde su punto de vista, el I+D+i es el futuro de cualquier región del mundo para diversificar su economía.

El consejero alentó a “una solución definitiva que permita que la investigación, el desarrollo, la innovación en la isla de Gran Canaria y en Canarias en general” mejore y que se garantice la continuidad de este ente público.

Cuestionado por las críticas del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que llegó a decir en su balance de su primer año que el ITC es una estructura que “no es útil” para la sociedad, el consejero insular aseguró que Clavijo “se está tirando piedras sobre su propio tejado”.

“Me llama la atención que aquellos que han estado dirigiendo desde Canarias el ITC, la gestión que ha estado realizando en este caso CC en los últimos años ha sido una mala gestión. Por lo tanto, que lo arreglen”, subrayó.

Por último, alabó el trabajo realizado en los últimos años por esta sociedad. “Han logrado muchísimos proyectos de desarrollo de diferentes tecnologías en Gran Canaria. Decir que el ITC no ha servido para nada es un desconocimiento profundo y plagado de prejuicios por parte del presidente”, sentenció García Brink.

El comité de huelga del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) exige mantener los términos del acuerdo aprobado por los trabajadores en la asamblea celebrada el pasado 11 de julio, afirma CCOO en un comunicado.

En caso contrario, habría que volver a votar el documento alterado por la gerencia del ITC, ya que éste cambia “sustancialmente” lo que se votó, asegura el sindicado.

El comité desmiente a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias cuando afirma que el comité de huelga aceptó dichos cambios.

“Las decisiones de un comité de huelga, como ha de saber la Consejería, deben manifestarse expresamente y por escrito y no con un 'al parecer', como afirma el Gobierno en una nota remitida a los medios”, afirma CCOO.

Asimismo, considera inapropiado que el Gobierno canario acuse a los trabajadores de pretender “paralizar o dilatar la firma del acuerdo”, cuando las actas del Tribunal Laboral Canario consta que fue la gerencia del ITC quien solicitó el aplazamiento de la reunión del pasado viernes y “cuando fue la gerencia del ITC la que argumentó que el documento no podía firmarse porque no contaba con la aprobación del gobierno”.

Según CCOO, el comité está “plenamente dispuesto” a firmar el documento “inmediatamente” si se trata del aprobado por los trabajadores, “máxime cuando la propia gerencia reconoce que los cambios no son sustanciales”.

A juicio del comité, “si ellos creen que no tienen sustancia, que no añaden nada a lo votado, entonces aceptarán que no hace falta incluirlos”.

Para el comité de huelga, la gerencia del ITC tiene dos opciones: o elimina las alteraciones añadidas al documento con posterioridad a la votación o acepta que se tenga que volver a votar el documento alterado.

“Lo que resulta inmoral es pedir al comité de huelga que firme lo que traiciona la voluntad de los trabajadores al ejercer el voto”, afirma en la nota.

Según los representantes de los trabajadores, “cuando se decidió someter a votación el documento, el comité de huelga se comprometió a aceptar el resultado fuera cual fuera. Lo que ahora cabe esperar es que la gerencia tenga el mismo respeto democrático”.

El comité de huelga considera que la reacción de la Consejería volviendo a culpar a los trabajadores “no es más que otra cortina de humo para ocultar peores condiciones laboral y, sobre todo, desviar el tema de lo verdaderamente importante, que consiste en que el Gobierno canario se comprometa de una vez con la viabilidad del ITC”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, condena que la Consejería vuelva a “optar por la estrategia de culpar a los trabajadores ante la opinión pública y amenazarlos otra vez con cerrar el Instituto si no votan lo que ellos quieren y aceptan sumisamente los cambios que a ellos se les antojen”.

A su juicio, “resulta deplorable ver actuar al Gobierno canario en términos similares a los de esos empresarios sin escrúpulos a los que poco o nada les importa la dignidad de los trabajadores”.

El futuro del Instituto Tecnológico de Canarias continúa en la incertidumbre. A pesar de que los trabajadores habían votado mayoritariamente “sí” al acuerdo propuesto por la gerencia, este aún no se ha ratificado.

Fuentes de la Consejería han señalado a Efe que este viernes el comité de huelga rechazó ante el Tribunal Laboral Canario aceptar el acuerdo por incluir unos cambios que, según los representantes de los trabajadores, no conocían y son sustanciales y según la Consejería, estaban acordados con el comité y no varían el espíritu del acuerdo.

Comisiones Obreras, por su parte, exigió este viernes en un comunicado que la gerencia del ITC formalizara ante el Tribunal Laboral Canario el acuerdo con los trabajadores votado en asamblea el pasado 11 de julio y que este se acompañe de un plan de viabilidad para la empresa.

El comité de huelga, el sindicato y la gerencia del ITC mantuvieron una reunión ese día para formalizar dicho acuerdo, pero el motivo por el que no se ratificó fue el hecho de que “es necesaria la aprobación del Gobierno canario y ésta aún o se ha producido”, asegura el sindicato.

Sin embargo, este sábado son fuentes del Gobierno las que han indicado a Efe que el acuerdo no puede ser ratificado por el Consejo de Gobierno hasta que el comité de huelga se pronuncie y advierten de que una paralización o dilatación del acuerdo puede poner en riesgo la viabilidad del ITC y los puestos de trabajo de 148 personas al no poder aplicar el plan de viabilidad.

Estas fuentes agregan que tanto la Consejería como la gerencia del centro quieren dar mayor celeridad al proceso para la aprobación inmediata del acuerdo.

Según la Consejería, tras ser ratificado por los trabajadores el pasado 11 de julio, el acuerdo empezó su tramitación para ser aprobado por el Consejo de Gobierno pero el presidente del comité pidió una modificación aclaratoria del texto que fue aceptada por la dirección de la empresa.

Posteriormente la gerencia del ITC, a iniciativa de sus asesores, consideró que uno de los puntos debía ser redactado de manera diferente, aunque, según la Consejería, ello no alteraba el acuerdo y mantenía íntegramente su espíritu.

Este viernes, trabajadores y representantes de CCOO se concentraron antes las puertas del Tribunal Laboral Canario para exigir una solución y viabilidad para la empresa. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moren, se mostró confiado en que en una o dos semanas se firme el acuerdo que ponga fin al conflicto y que éste vaya acompañado de un plan de viabilidad para el ITC. No obstante, insistió en que el Gobierno canario debía pronunciarse “a la menor brevedad”.

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido este viernes a la gerencia del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que formalice ante el Tribunal Laboral Canario el acuerdo con los trabajadores votado en asamblea el pasado 11 de julio y piden que este se acompañe de un plan de viabilidad para la empresa.

Trabajadores de esta empresa se han concentrado este viernes a las puertas del Tribunal Laboral. Además, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, al término de la reunión que que mantuvieron el comité de huelga, el sindicato y la gerencia del ITC para formalizar el acuerdo votado por los trabajadores ha insistido en que este documento “es el que han votado los trabajadores y el que tenemos obligación de formalizar. Ya después serán los tribunales los que se pronuncien sobre si se alcanzó o no mediante coacciones”.

No obstante, en la reunión de este viernes no pudo formalizarse el acuerdo debido a que es necesaria la aprobación del Gobierno canario y ésta aún o se ha producido, indica el sindicato en un comunicado.

Para CCOO, “sería razonable que el Gobierno se pronunciara a la mayor brevedad y que el ITC llevara cuanto antes al Tribunal Laboral el acuerdo para que se firmara”.

Moreno también ha mostrado su malestar porque el documento votado por los trabajadores haya sido unilateralmente modificado por la empresa, porque “aunque la empresa esgrime que son cambios insustanciales, y no lo son, y aunque lo fueran, no es de recibo que se voten unos términos y se cambien estos después de la votación”.

El representante sindical confía en que en una o dos semanas se firme el acuerdo que ponga fin al conflicto y que éste vaya acompañado de un plan de viabilidad para el ITC.

Además, para el sindicato, “no se sostiene que después de los recortes generales del año 2012, la reducción de salarios de 1,8 millones en el 2014-2015, los 800.000 que van a recortar en 2016 y los 400.000 que se van a ahorrar en el 2017, el Gobierno canario aún no sea capaz de asegurar la continuidad del Instituto por la vía de señalar en los presupuestos las cuantías necesarias para su supervivencia”.

Comisiones Obreras (CCOO) aprecia que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales con la plantilla del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) como el derecho a la libertad sindical, a la huelga y a la negociación colectiva. 

Así lo ha hecho constar en la querella presentada ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la empresa pública como persona jurídica, el gerente de esta y los integrantes de  su Consejo de Administración (presidente, vicepresidente y vocales). 

El sindicato entiende que el Consejo de Administración adoptó el acuerdo de iniciar los trámites para la disolución del ITC porque los trabajadores no aceptaban las condiciones que veían por parte de la Gerencia. Sin embargo, recuerda que la plantilla se encontraba en plena negociación de sus condiciones y estaba previsto celebrar una reunión en el Tribunal Laboral Canario el día 22 de este mes de julio.

Entre estas condiciones propuestas por la gerencia destacaba la de rebajar los salarios de los trabajadores. Algo que CCOO denuncia que ya se había producido en otra ocasión. Además, acusan a la gerencia de vincular la viabilidad de la empresa a esta bajada de salarios y despidos. 

En la demanda, se expresa que ante las amenazas de disolución, la plantilla se vio “forzada”a celebrar una asamblea el viernes día 8 de julio para llevar a cabo una votación el lunes día 11 sobre la propuesta de la empresa. Y es que, de no aceptarse la misma, “sería remitida la disolución de la empresa ITC a la Consejería de Hacienda”, indica CCOO. 

Esta propuesta, cabe recordar que fue respaldada por mayoría y a consecuencia de ello se decidió paralizar la disolución de la empresa. La plantilla aceptó así la reducción de salario en un  13,3%, desde el momento de la firma del acuerdo hasta febrero del próximo año. Además se verán sometidos a la rebaja de la paga extra anual en un 4%. 

La asociación sindical sostiene que la empresa ha utilizado el “farol” de la disolución para ejercer presión sobre los trabajadores y fuera del “escenario de negociación correcto”. 

En este sentido es donde aprecian una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical , y concretamente, del derecho a la huelga y a la negociación colectiva, ya que afirman que el Consejo de Administración ha omitido “absolutamente” los trámites establecidos en el Decreto 176/2000, de 6 de septiembre, por el que se establecen normas sobre la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles (B.O.C. 129, de 27.9.2000).

Y es que, esta falta de cumplimiento de la normativa específica de disolución de las empresas públicas, no puede “achacarla”, el gerente y los restantes miembros del Consejo de Administración a un desconocimiento, sino a que creen que “no hubo una auténtica intención de proceder a la disolución, por lo que se obviaron todos los requisitos normativos necesarios”, recogen. 

El agónico acuerdo in extremis alcanzado por los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para evitar la disolución de la empresa pública no garantiza “por sí solo” la viabilidad de la misma, que debe acometer un plan de reestructuración para que no cierre en 2018.

Así lo ha asegurado en el pleno del Parlamento el consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que ha sido duramente criticado por la totalidad de los grupos de la oposición al considerar que ha negociado con el comité de empresa en base a imposiciones que lindan con el chantaje.

“El ITC debe mantenerse, pero no a cualquier precio, por eso hay una reestructuración estratégica”, afirmó Ortega.

“Si hubiera sido una trabajadora me hubiera visto altamente humillada ¿qué diferencia existe entre lo que usted ha hecho y ponerle una pistola en la sien a una persona pidiéndole la bolsa o la vida? Supongo que no le habrá sorprendido que un sindicato haya interpuesto una querella por coacciones”, aseguró la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González.

Y es que todos los grupos han coincidido en lamentar que la única salida para acabar con el déficit del ITC haya sido una nueva rebaja de los sueldos de 150 familias, que optaban por esa decisión o por ir al paro.

“Me parece que las condiciones que se las impuesto han sido un chantaje y una extorsión”, insistió la diputada de NC, que recordó que otras empresas públicas como Canarias Cultura en Red, la Radio Canaria, Gesplan o Gestur también tienen pérdidas y a sus trabajadores no se les ha rebajado el sueldo ni se ha iniciado ningún trámite para disolverlas, como sí ha sucedido con el ITC

“¿Dónde está la responsabilidad de los directivos? Todo ha recaído en los trabajadores”, insistió González.

ITC VS. ITER

En parecidos términos, la diputada de Podemos Concepción Monzón consideró que ha habido un trato desfavorable por parte del Gobierno hacia el ITC con respecto al ITER, e incluso ha insinuado que el Gobierno ha estado en una estrategia de desmantelamiento del primero para potenciar el segundo. “Proteja el patrimonio tecnológico de Canarias y ponga en valor el capital humano que tenemos dedicado al I+D+i”, aseguró Monzón.

“Si este Gobierno apuesta de verdad por el ITC, digánlo, pero si no lo hace, digánlo también”, apostilló.

Una tesis que, “sin que sirva de precedente”, ha sido “suscrita” por el portavoz conservador, Jorge Rodríguez, para quien el Gobierno “debe pronunciarse de una vez por todas sobre si tiene la intención de que el ITC vaya de espaldas al ITER”.

“El ITC debe ser el corazón de la innovación en Canarias, pero no a costa de los trabajadores”, insistió el diputado del PP.

Hasta el socialista Gabriel Corujo, socio de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno, retó a Ortega a “conseguir premiar a los trabajadores, a los que hay que dar las gracias, para que recuperen su poder adquisitivo antes de 2018 y usted consiga la financiación para salvar al ITC”.

“Sin el sacrificio de los trabajadores, el escenario actual del ITC sería desastroso”, dijo el socialista.

Solo el diputado nacionalista Pablo Rodríguez ha defendido la gestión del consejero en esta crisis, e incluso ha llegado a afirmar que hubo intereses internos en el ITC para enquistar las negociaciones ya que “no se dejó que los trabajadores votaran los seis planes anteriores al último”.

“Esta no es una guerra entre buenos ni malos ni un episodio más del caduco pleito insular, pero he visto falta de diálogo y de voluntad para llegar a un acuerdo”, afirmó el diputado nacionalista frente a las críticas de la oposición.

CONCIENCIA TRANQUILA

En este sentido, el propio consejero afirmó que “no hemos encontrado en las negociaciones voluntad y actitud en el enfermo para poder salir de la UVI, la situación de diciembre de 2015 era la misma que en 2013,pero algunos no actuaron igual, pues cuanto menos es curioso que los trabajadores pidieran votación secreta y que no hubiera nadie de la empresa” cuando se decidió aceptar la última propuesta para evitar el cierre salarial.

“Mi conciencia y la del resto del comité de dirección está en paz y tranquila, no sé si la de otros que han participado lo estará”, aseguró el consejero.

Y es que Ortega ha insistido en que la rebaja salarial solo es una forma de “ganar el tiempo” suficiente para poder emprender una reorganización y mejora de funcionamiento el ITC como única f´romula para “garantizar a medio y a largo plazo la viabilidad y, por tanto, el futuro de la empresa”.

Con todo, insistió en que la bajada del sueldo del personal del ITC concluirá el 1 de enero de 2018, y se recuperará el total del 14% de reducción salarial que se les aplicó el 1 de enero de 2014.

GOBERNAR PARA LOS EMPRESARIOS

Previamente a este debate, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, acusó al Gobierno de despreciar al ITC y a la I+D+i en Canarias de solamente ejecutar 49 millones en I+D+I de los más de 96 presupuestados, “lo que significa que el Ejecutivo dejó sin ejecutar casi el 49 por ciento de los fondos, es decir 47 millones de euros”.

“El ITC continúa su actividad no por la implicación del Ejecutivo sino por el esfuerzo que una vez más realizan sus trabajadores, renunciando de nuevo a sus derechos labores, a pesar de que el Gobierno no es capaz de ejecutar todo lo presupuestado en investigación y desarrollo”, dijo Santana

La postavoz de Podemos dijo durante la pregunta de control al presidente que “usted apuesta la recuperación económica en lo de siempre, en el ladrillazo, y no en la innovación”, pues “la única verdad que ha dicho en este Parlamento es que usted gobierna para los empresarios”.

Para la portavoz de Podemos, el Ejecutivo de Clavijo solo invierte el 0,24% del PIB canario en I+D+i, aunque el realmente ejecutado fue del 0,12%, lo que significa que “Canarias es una de las regiones de Europa que menor esfuerzo está realizando en I+D+i”.

Clavijo negó los datos aportados por la portavoz de Podemos y aseguró que la ejecución presupuestaria de los fondos de I+D+I alcanzó el 95,5%, “un punto y medio por encima de la media nacional”.

Comisiones Obreras presentará una querella por la vía de urgencia contra el Consejo de Administración del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), al que acusa de haber coaccionado a sus trabajadores con el posible cierre de la empresa cuando había una huelga convocada.

El secretario general de Servicios de CCOO en Canarias, Pedro Moreno, considera que se ha producido un atentado contra la libertad sindical y el derecho de huelga, pues el Consejo de Administración del ITC anunció que liquidaría la empresa si los trabajadores no accedían a reducirse el salario, tal como ellos exigían.

A su juicio, el acuerdo adoptado este jueves por el Consejo de Administración del ITC de paralizar el expediente de disolución de la empresa, para seguir trabajando en su reestructuración, una vez que los trabajadores han aceptado la reducción salarial, demuestra las coacciones.

Moreno entiende que se trata de “la prueba evidente de que el consejo de administración pretendía generar angustia y miedo para que la plantilla se plegara a sus exigencias”.

El sindicato tiene previsto registrar en los juzgados la querella contra el consejo de administración el próximo lunes.

CCOO exige también que la propuesta hecha por la dirección a los trabajadores para el futuro de la empresa se formalice ante el Tribunal Laboral Canario, para que tenga fuerza legal, e incluya un plan de viabilidad además de otras cuestiones laborales.

Moreno ha dicho hoy que no se fían, porque tienen “la experiencia de lo sucedido en los años 2014 y 2015, cuando los trabajadores del ITC ya se rebajaron el salario sin que haya dado resultados”.

Por eso, el sindicato demanda que la propuesta se formalice ante la cita que la dirección del ITC y el comité de empresa tiene el próximo 22 de julio en el Tribunal Laboral Canario, para que tenga rango de convenio colectivo y garantías suficientes.

Asimismo, Moreno ha lamentado que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se sumase a “la actitud coactiva” adoptada por el consejo de administración del ITC el mismo día que los trabajadores votaban sobre la propuesta laboral.

Ese día, el presidente anunció que su Gobierno no estaba dispuesto a sostener empresas públicas que no resultasen útiles a la sociedad, si, además, estaban generando cada año déficit.

Moreno ha recordado que Clavijo es el presidente de la comunidad autónoma y ese tipo de comportamientos no son aceptables en alguien que ostenta su cargo.

Por otra parte, ha criticado que el ITC asegure que no se perderán puestos de trabajo cuando en los últimos años ya se han reducido 60 empleos.

El secretario general de CCOO en las islas, Carmelo Jorge, ha destacado que el ITC es “una herramienta estratégica de la sociedad” y que cerrarlo supondría desperdiciar todo el esfuerzo hecho en investigación.

“Parece que el Gobierno de Canarias se ha apuntado al 'que inventen ellos'”, de Miguel de Unamuno, ha parafraseado Jorge.

Asimismo, ha criticado la propuesta del Ejecutivo de que, si se cierra el ITC, la labor investigadora la asumirían las universidades, y ha recordado que el Gobierno carece de potestad para decirles qué deben hacer.

Jorge considera que en la gestión del ITC deberían participar los trabajadores y los investigadores de alguna manera, y ha asegurado que no se cerrará pues de su supervivencia depende que haya “un futuro diferente al que tenemos”.

El consejo de administración del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha acordado este jueves, por unanimidad, paralizar el expediente de disolución de la empresa, para seguir trabajando en su reestructuración, según ha anunciado el consejero regional de Industria, Pedro Ortega.

La dirección del ITC ha tomado esta decisión tres días después de que la plantilla de esta sociedad pública votase, por mayoría, aceptar la última propuesta del Gobierno de Canarias para adoptar una serie de medidas que despejasen su futuro económico.

De hecho, el consejo de administración del ITC ya había dictado un informe en el que reflejaba que, de persistir su situación actual, la empresa no era viable y, por ello, había propuesto al Gobierno de Canarias liquidarla si no se lograba un acuerdo con la plantilla.

Tras la sesión que ha celebrado el consejo de administración del ITC, el consejero de Industria del Gobierno canario ha informado de que el acuerdo que se ha suscrito este jueves implicará que la plantilla de la empresa pública de I+D+I+ vaya recuperando, progresivamente, la reducción salarial del 14 % que le afecta en la actualidad, de forma que el 1 de enero de 2018 esta ya no se aplique.

Pedro Ortega ha recalcado que lo que se pretende con el ITC es que la sociedad sepa realmente qué hace, además de que esta empresa pública sea el referente de la I+D+i de Canarias, junto con los 30 organismos que se dedican a esta materia en las islas.

El consejero ha subrayado que este acuerdo no prevé la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo en el ITC, una medida que se tratará de evitar a través de las recolocaciones de personal que se hagan necesarias, tanto dentro de la misma empresa como en otros departamentos del Ejecutivo regional.

“Este plan intenta garantizar los puestos de trabajadores de las 150 familias que dependen del ITC”, ha asegurado Ortega.

El consejero ha recordado que los números aportados por el consejo de administración del ITC al Gobierno canario indicaban “que la empresa era inviable e iba a la disolución”.

Ortega no ha querido entrar a valorar las causas de esa inviabilidad económica del ITC, si bien ha apuntado que entre ellas figuran “líneas de investigación deficitarias”, como el uso, al 10 % de su capacidad, de un supercomputador que costaba al año 70.000 euros y que se llegó a ofrecer a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución que lo rechazó por obsoleto.

El consejero ha manifestado que prefiere ser optimista y mirar hacia la nueva etapa de la empresa, en la que se pretenden “convertir en verdaderas empresas a sus diez departamentos de investigación”, de forma que el ITC sea “un verdadero elemento de innovación”.

Con un presupuesto anual de 10 millones de euros, de los que ocho corresponden a costes de personal, el consejero ha recordado que el déficit del ITC es de 2,5 millones de euros.

De igual forma, ha estimado que la nueva etapa que se pretende establecer en el ITC requerirá de un mayor apoyo económico por parte del Gobierno canario.

Los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) confían en firmar un acuerdo con la dirección de la empresa que permita su futuro, después de que ayer votasen mayoritariamente a favor de aceptar el documento propuesto por la gerencia.

El presidente del comité de empresa del ITC, Antonio Ortegón, ha indicado este martes que existe un principio de acuerdo y es el momento “de remar todos juntos en la misma dirección y ver cómo el acuerdo se traduce en la viabilidad de la empresa”.

Los representantes de la plantilla han comunicado a la gerencia de la empresa su deseo de sentarse a negociar “los flecos sueltos” de la propuesta, después de ser aceptada mayoritariamente por la plantilla con 89 votos a favor, 46 en contra y cuatro en blanco o nulos, de un total de 139 sufragios emitidos.

La intención de los representantes de los trabajadores es “firmar cuanto antes el documento y proporcionar garantías al consejo de administración de que ese acuerdo regirá la vida laboral durante los próximos dos años”, ha dicho Ortegón.

Tras ello, “en buena lógica”, el consejo de administración debería desistir de iniciar los trámites de liquidación de la empresa, según el presidente del comité.

El consejo de administración del ITC propuso la semana pasada al Gobierno iniciar los trámites para disolverlo, porque considera que este organismo público es “inviable” económicamente.

La Consejería de Industria alega que lleva tiempo negociando con el comité de empresa del ITC al que había hecho hasta seis propuestas anteriores a la que la plantilla ha aceptado.

El acuerdo prevé una reducción del salario de los trabajadores del 13,3 por ciento a partir del próximo 1 de agosto, que afecta a los 146 trabajadores del ITC en Tenerife y Gran Canaria, ha indicado Ortegón.

En 2014 y 2015, los trabajadores del ITC ya sufrieron una reducción salarial del 14 por ciento, recorte que finalizó el 1 de enero de este año.

El principio de acuerdo prevé también el compromiso del Gobierno de Canarias de reestructurar la empresa para hacerla viable.

Los responsables del comité de empresa del ITC se han reunido hoy con representantes de Podemos, a los que han agradecido su interés, ya que actúan como “auténticos brazos, luchando codo con codo con la plantilla” y comprenden el interés público de la empresa.

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha lamentado que el Gobierno de Canarias considere la inversión en investigación y desarrollo un gasto y no una inversión y ha considerado que la labor que desarrolla el ITC “es clave para el futuro de Canarias”.

Asimismo, ha lamentado que el acuerdo para la viabilidad de la empresa pase por “dar un hachazo a los derechos laborales de los trabajadores” y que el Gobierno de Canarias tenga un modelo de desarrollo similar “al de Bangladesh, y no al de Dinamarca o Finlandia, por ejemplo”.

Santana ha pedido la dimisión del consejero de Industria, Pedro Ortega, “porque lleva meses faltando a la verdad, ya que la estrategia del Gobierno de Canarias pasa por desmantelar el ITC”.