La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la absolución del acusado Miguel López de asesinar a su suegra, María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM, en un concesionario de coches de Alicante el 9 de diciembre de 2016.

La Sala desestima así los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la acusación particular contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Alicante, a partir del veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular.

La sentencia del TSJCV, notificada este viernes a las partes y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, rechaza la indefensión alegada por los apelantes en relación al trámite de audiencia tras la devolución al jurado del acta por un primer veredicto que adolecía de falta de motivación.

“Se quiera o no, audiencia hubo”, señalan los magistrados, independientemente de que dicha audiencia se produjera en el mismo trámite de la devolución del acta. Por ello “no se despojó a las partes de sus facultades de alegación, no les obstaculizó la posibilidad de debatir y formalizar su correspondiente oposición”, agregan.

El fallo recuerda que las acusaciones no formularon reparos al desarrollo de dicho trámite y “tampoco consideraron preciso conocer el resultado de la votación” del jurado previa a la devolución del acta “o solicitar la entrega de una copia” de la misma.

En cuanto al desconocimiento que alegan Fiscalía y acusación particular de lo que ambas partes denominan “primer veredicto”, la Sala señala que no existe ninguna norma expresa que obligue a adjuntar el acta devuelta al jurado a las actuaciones.

Tampoco consta que la magistrada de la Audiencia alicantina que presidió el tribunal de jurado les negara la entrega de la copia del veredicto, “por lo demás nunca solicitada por ninguna de las partes”.

“Tal interés –añade- surgió después, al conocer que los jurados habían declarado no culpable al acusado”. En esta línea, la jurisprudencia sostiene que el veredicto del jurado “es un acto de progresiva construcción y, por supuesto, que los jueces legos pueden alterar su sentido al producirse una nueva deliberación y votación”.

La sentencia tampoco aprecia la falta de imparcialidad de la magistrada que presidió el jurado alegada por los recurrentes, pues “no cabe dar crédito a sensaciones y sospechas”. Y aunque admite que algunas expresiones de la magistrada puedan ser “innecesarias” y, en otros casos, “desbordar el ámbito de motivación exigida al jurado”, matiza que “en modo alguno suponen apartar a los jurados de su libertad de valoración”.

Del mismo modo, la Sala no encuentra objeción en el hecho de que se ilustrara a los miembros del jurado acerca de la “obligada mención a la versión de la defensa y su prueba, así como a la necesidad de que explicaran el correspondiente y propio resultado valorativo”.

De hecho, en el hipotético caso de que se hubieran declarado probados los hechos desfavorables al acusado, “el deber de motivación de los jurados se extendía a argumentar sucintamente por qué se eligió la tesis de la acusación frente a la de la defensa”.

De este modo, considera la Sala que el único “pero” que se podría objetar sería un “exceso de celo” de la magistrada presidenta del tribunal del jurado en su “intento de cerrar la puerta a futuras y siempre inconvenientes anulaciones”. “Porque no hubo, los recurrentes desde luego no lo han podido justificar un propósito latente en la impartición de las instrucciones al jurado de alteración del veredicto de culpabilidad por el de absolución

El jurado popular declaró “no culpable” a Miguel López del crimen a tiros de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, porque nadie le vio y por falta de pruebas de que fuera la persona que efectuase los disparos.

La Audiencia de Alicante ha dictado este lunes la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que es absolutoria para López, el único acusado en el juicio antes de ser absuelto de un supuesto delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, por el que se le pedían 24 años de cárcel.

La sentencia ha sido dictada por la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, quien refleja que las seis mujeres y tres hombres del jurado emitieron el veredicto de “no culpable” con 6 votos a favor y 3 en contra porque “nadie testificó en el acto de la vista oral” haber visto a López “acompañar a su suegra al lavadero” ni en los “posteriores hechos producidos”.

El veredicto definitivo se emitió el domingo 10 de noviembre por la tarde, 48 horas después de otro previo que la magistrada devolvió por errores en algunas de las doce preguntas que formaban parte en el denominado 'objeto del veredicto“.

Con la decisión de que el yerno es “no culpable”, el jurado rechazó la tesis tanto de la fiscalía como de la acusación particular, ejercida por el hijo primogénito del matrimonio Sala Martínez, Vicente.

La sentencia apunta que, en el veredicto, el jurado concluyó “expresamente que la prueba de la parafina dio negativo (en López), según el informe pericial de residuos de disparo, indicando que no hay huellas de Miguel ni ADN en el escenario del crimen”.

Respecto a la pistola de alrededor de cien años utilizada, el jurado estimó que la misma “no se ha encontrado” y añadió “expresamente que, como no ha sido probado que Miguel López disparara, es irrelevante que no tuviese licencia de armas adecuada para el tipo de arma que se utilizó en el crimen”.

La sentencia ha sido repartida hoy a la defensa, la acusación particular y la fiscalía, partes estas dos ultimas que ya anunciaron la pasada semana que tenían intención de analizar el contenido ante la posibilidad de recurrir en apelación ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Una de las partes que estudiarán detenidamente será el acta de devolución del primer objeto del veredicto, lo cual ocurrió el viernes 8 por la noche.

María del Carmen Martínez falleció poco antes de las 19 horas del 9 de diciembre de 2016 desangrada tras recibir dos disparos en la cabeza de un desconocido cuando recogía su coche en el lavadero del concesionario Novocar, que regentaba López.

Durante el juicio se han reflejado las diferencias irreconciliables entre la víctima y su hijo primogénito, el citado Vicente Sala Martínez, por un lado, y las tres hijas y sus cónyuges, por otro.

Estas desavenencias tienen su origen en la gestión de los negocios familiares, con un valor de unos 120 millones de euros sobre todo por la firma de plásticos Samar, y se ha puesto de manifiesto que la víctima tenía previsto traspasar la 'acción de oro' a su primogénito, lo que le habría dado el control de las empresas en perjuicio de las tres hermanas.

El Tribunal Suprem ha absolt l'ex director general de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) Roberto López Abad de falsejar els comptes de 2010 de l'entitat per entendre que hi ha “almenys un dubte raonable” sobre l'efecte real que va tindre donar de baixa els actius titulitzats.

No obstant això, condemna l'exdirectora general María Dolores Amorós, que va succeir en el lloc López Abad, per un delicte societari de falsedat en els comptes del primer trimestre i del primer semestre de 2011, encara que rebaixa la seua pena de tres anys a un any i sis mesos.

Pel mateix motiu condemna l'ex director general de l'Àrea de Planificació i Control Teófilo Sogorb, si bé rebaixa la seua condemna de quatre a dos anys de presó.

A l'octubre de 2017, l'Audiència Nacional va condemnar l'antiga cúpula de la caixa a penes de dos anys i nou mesos i quatre anys de presó per considerar-los culpables d'haver falsejat els comptes de l'entitat entre 2010 i 2011. Ara, la Sala Penal admet el recurs de López Abad i de l'ex director general d'Inversions i Riscos Francisco José Martínez García i els absol del delicte societari continuat de falsedat comptable de l'exercici de 2010, en considerar que no ha quedat prou acreditat que l'alteració dels comptes fora “idònia per a causar un perjudici a la societat, als socis o a un tercer”.

L'alt tribunal entén que la sentència de l'Audiència Nacional no resol la qüestió de si un dels fets que s'atribueix a López Abad i Martínez García, donar de baixa en el balanç actius titulitzats, va alterar la imatge fidel de la CAM.

Davant la impossibilitat d'afirmar l'existència d'una alteració rellevant de la imatge fidel de l'entitat, prossegueix el Suprem, derivada del fet que qualsevol de les dues opcions haguera portat a un resultat similar, “no pot apreciar-se amb la necessària certesa la idoneïtat per a causar un perjudici”, per aquest motiu els absol.

El Suprem es pronuncia també sobre les quotes participatives emeses per la caixa en 2008, sobre la qual cosa l'Audiència Nacional va considerar que no estava acreditat que els inversors que van subscriure aquest producte entre l'1 de març i el 22 de juliol de 2011 ho feren fiant-se en la “suposada i irreal situació econòmica de l'entitat”.

Menys encara, assenyalava la sentència d'octubre de 2017, que els acusats hagueren maniobrat artificiosament en el seu propi benefici, de la CAM o de tercers.

El Tribunal Suprem destaca ara que no pot revisar els fets provats sobre les quotes participatives, i recorda que se'n pot deduir la “necessària vinculació” entre la falsedat de les dades incorporades als documents sobre l'estat econòmic de la CAM i el perjudici patit pels adquirents d'aquestes quotes.

En el seu moment, explica el Suprem, l'Audiència Nacional va rebutjar l'existència de delicte en no quedar acreditat que hi haguera actuació enganyosa o esbiaixada dels acusats, basant-se en el fet que el perjudici econòmic no va superar els 300.000 euros.

No consta quantes quotes participatives es van adquirir en el període en què va tindre lloc la intervenció de l'entitat per part del Banc d'Espanya; la CAM va ser intervinguda el 22 de juliol de 2011 pel Banc d'Espanya, que va capitalitzar l'entitat mitjançant una aportació de 2.800 milions i va nomenar el FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) com administrador provisional. La CAM va ser adquirida posteriorment pel Banc de Sabadell.

La Fiscalía solicita penas que suman 24 años y seis meses de prisión para Miguel López, yerno del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, por el crimen a tiros de su suegra, María del Carmen Martínez, ocurrido hace ahora casi dos años en Alicante.

Así se recoge en el escrito de conclusiones presentado hoy por el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que cerró hace unos días la investigación.

La acusación pública atribuye al único acusado, Miguel López, que está en libertad provisional bajo fianza por esta causa, un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, y reclama al magistrado instructor que abra juicio contra él.

María del Carmen Martínez, de 72 años, falleció el 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza en el lavadero del concesionario de coches propiedad de su familia, Novocar, que dirigía su yerno.

Según el relato del fiscal, Miguel López cometió el crimen sobre las 18.25 horas de ese día, “en ejecución de un plan previamente trazado”, con la excusa de entregar a la víctima el coche que ésta había dejado previamente en el negocio automovilístico.

Así, la acompañó al lugar donde él mismo había estacionado previamente el coche “para facilitar su propósito”, el lavadero, y la tiroteó “nada más subir” al mismo, cuando se hallaba sentada en el asiento del conductor, con la puerta todavía abierta.

Llor, que no hace alusión al móvil del crimen (el control de las empresas familiares, según se desprende del sumario), sostiene que el ataque cogió “totalmente desprevenida” a María del Carmen Martínez, quien se halló así ante “una imposibilidad absoluta de defensa”.

Los dos disparos fueron efectuados a muy corta distancia, sobre la cara izquierda de la mujer, con una pistola que no ha sido identificada pero podría corresponderse con una Webley-Scott o una FN modelo 1903, “a tenor de la munición utilizada”.

El acusado carecía de la licencia necesaria para poseer ese arma, a la que supuestamente había acoplado un silenciador.

Los disparos provocaron a la víctima una lesión en la corteza de ambos lóbulos frontales de la cabeza que desembocó en una hemorragia aguda y le provocaron la muerte sobre las 19.00 horas de ese mismo día.

El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante considera a López autor de un delito de asesinato con la agravante de parentesco, por el que pide 23 años de prisión, y otro de tenencia ilícita de armas, por el que reclama otros 18 meses de cárcel.

Además, en su escrito, solicita provisionalmente que indemnice con 35.000 euros a cada uno de los cuatro hijos (un hombre y tres mujeres) de la fallecida en concepto de responsabilidad civil.

Llor pide, asimismo, al magistrado instructor, José Luis de la Fuente, que abra juicio oral contra el procesado y propone la práctica de pruebas para esa vista, que debería celebrarse en varios días ante un jurado popular.

Entre dichas pruebas pide que los miembros del jurado puedan hacer una inspección ocular en la escena del crimen, es decir, en la sede de la que fue la empresa Novocar, Centro del Automóvil, situada en la alicantina avenida del Zodiaco.

Igualmente, solicita la audición de las grabaciones efectuadas por la Policía Nacional bajo orden judicial tras la intervención de los teléfonos móviles utilizados por López y el interrogatorio de más de medio centenar de personas, entre testigos, policías y peritos.

Las dos acusaciones particulares que representan a más de 1.500 preferentistas en la vista contra los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Dolores Amorós, han pedido el sobreseimiento del juicio que acoge la Audiencia Nacional al considerar resarcido el daño después de que el Banco Sabadell, que compró la caja alicantina por un euro, les ofreciera la recompra de acciones de la entidad.

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que no ejerce acusación en este procedimiento, ha solicitado que se aplique la doctrina Botín, que establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se archive la causa. De ser así se evitaría la que sería la segunda vista oral en estas dependencias judiciales contra los dos exdirectivos, que ahora se enfrentan a diez años de prisión por delito de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.

El letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, y la asociación Adicae, que ejerce la defensa de 700 personas, se han retirado en calidad de acusación particular puesto que la mayoría de sus representados se acogieron a este plan propuesto por el Sabadell, y por tanto, carece de sentido acusar por delito de estafa a los dos exdirectivos de la CAM, en tanto este tipo penal requiere que se produzca un perjuicio. Adicae se mantiene como acusación popular.

Diez minutos después del comienzo de la vista, el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la ha suspendido para deliberar sobre las peticiones formuladas y decidir si sigue adelante con el juicio --para el que estaban señaladas nueve sesiones-- o archiva la causa.

Las dos acusaciones pedían para López Abad y Amorós ocho años de prisión por el delito de estafa agravado en concurso con delito de publicidad engañosa y otros dos por maquinación para alterar el precio de las cosas, además de una indemnización conjunta y solidaria de 11 millones de euros. Además, solicitaban que respondieran como responsables civiles subsidiarios La Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (heredera de la extinta CAM) y como responsable civil directo Seguros Caser.

“El Estado no nos quiere proteger”

El letrado Diego de Ramón ha recordado a la salida de la vista que lleva en esta causa diez años cuando el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional, incoó diligencias contra la venta de este producto a clientes minoristas de la caja que buscaba con esta maniobra reforzar su solvencia ante su mala situación financiera.

“Se les vendieron las preferentes como producto de ahorro cuando en verdad era un producto de inversión y además con vencimiento perpetuo, es decir, no había plazo de vencimiento, por lo que podrían estar 3.000 años y no cobrar”, ha lamentado el letrado, que ha reconocido que se han visto “forzados a desistir” sin el apoyo de la Fiscalía. “Me siento defraudado y francamente triste porque el Estado es el que nos tiene que proteger”, ha añadido.

Por su parte, Manuel Pardos, presidente de Adicae, ha defendido que tendría que haber sido la instrucción de oficio la que comprobara que los 1.600 millones de euros defraudados se devolvieron a las 75.000 familias que adquirieron las participaciones preferentes “con las debidas condiciones de intereses legales”.

“Los delitos están ahí, los daños a la sociedad española y a la economía están muy claros y esos no se van a resarcir porque la Justicia española no tiene capacidad para que se juzguen los daños sociales que defiende claramente Adicae, porque las preferentes de la CAM fueron criminales. Hoy la Fiscalía ha adoptado una situación vergonzosa, que es que el fraude de las preferentes no tenga ningún reproche penal, su retirada es arbitraria y sin sentido aunque consigan su propósito, que seguramente lo conseguirán”, ha dicho Pardos.

Plan de resarcimiento del Sabadell

Según fuentes de la investigación, hubo un grupo de damnificados que se acogió a la propuesta del Banco Sabadell de compra de acciones en margen de tiempo de cuatro años con un beneficio final comparable a la cantidad invertida. Un segundo grupo no aceptó el canje propuesto por la entidad y decidió llevar a la causa a la vía penal mientras que otro reducido grupo de clientes llegó a un preacuerdo con la entidad percibiendo una indemnización con quita del 10 por ciento sobre el valor nominal.

Tras la larga instrucción, la magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral el pasado mes de enero contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos. No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.

850 millones en la emisión C

En lo que respecta a la venta de preferentes, la caja alicantina realizó tres emisiones: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.

La comercialización de la serie C a un total de 5.540 clientes se hizo en un momento en el que la Caja de Ahorros del Mediterráneo atravesaba graves problemas financieros, lo que le llevó a ocultar la verdadera situación económica de la caja y a presentar unos balances durante los ejercicios de 2011 y 2012 que reflejaban beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

El expresidente de la CAM Modesto Crespo ha asumido este lunes la totalidad del escrito de acusación del ministerio fiscal por el que se declara culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas.

En la segunda sesión de juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial, a preguntas del fiscal ha afirmado: “Estoy de acuerdo con el escrito de Fiscalía con todas sus consecuencias”, y ha desestimado contestar a más preguntas.

Crespo ha formalizado así en la sesión el acuerdo alcanzado con Fiscalía y acusación particular, por el que reconoce los hechos y logra una rebaja de la pena que se le pide de cuatro años de prisión a uno.

En la vista se juzga a 20 miembros del Consejo de Administración de la entidad alicantina, acusados de aprobar el cobro de dietas entre los que encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón.

El acuerdo de Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, representada por Diego de Ramón en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM, implica para Modesto Crespo la reducción de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos, el primero de ellos ya ha sido abonado.

En este proceso se juzga si el director general de la entidad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que se establecía el carácter honorífico y gratuito de la Presidencia, lo que impedía al presidente cobrar dietas extraordinarias.

Para saltarse la prohibición, según Fiscalía, López Abad propuso el 26 de noviembre de 2009 a la Comisión de Retribuciones de la CAM que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009.

Cobro de dietas

El exdirector de la entidad, Roberto López Abad, que mantiene su inocencia, ha afirmado a preguntas del ministerio fiscal que al Consejo de Administración de la CAM del 27 de noviembre se le trasladó una propuesta de la Comisión de Retribuciones y que esta incluía una contraprestación de 300.000 euros.

Ha dicho que no recordaba si en el Consejo fue leída una carta- informe de la Comisión de Retribuciones en la que ha asegurado que no se abordó la retroactividad -pese a que sí figura en el artículo 4 del acta de este Consejo 'Informaciones y Propuestas el Director General'-, pero sí que “todo fue expuesto tal y como figura en el acta. Se expuso en el punto 8”.

Para el exdirector, que ha reconocido que las actas no siempre reflejan la totalidad de lo que se aborda, se trató de un Consejo muy denso, ya que en él se abordaron, entre otras cuestiones, las futuras fusiones que se estaban planteando en el seno de la entidad.

López Abad ha defendido que el objetivo era el relanzamiento de Tinser Cartera S.L., y que, ante la propuesta de Modesto Crespo de ocupar la Presidencia, “se consideró que potenciaría la Tenedora de Inversiones por su experiencia previa con las medianas y pequeñas empresas”, ha explicado.

A Modesto Crespo se le contrató para trabajar, y en este caso “pasó a haber una gran vinculación y un enorme compromiso. Eso es lo que justifica las dietas”, aunque ha admitido que era la primera vez que se planteaba que un presidente de la CAM cobrara unas dietas.

Sueldos fuera de mercado

El fiscal Anticorrupción le ha cuestionado por el artículo 9 de la CAM, así como por la pertinencia de que fuera la asamblea general quien tendría que aprobar la cuantía de las dietas.

López Abad ha aprovechado la ocasión para destacar la inoperancia de las dietas en estos momentos, a lo que ha añadido que “nunca en las Cajas entendimos que las cuestiones de las dietas afectasen a los consejeros fuera de los órganos de gobierno y, en este caso, Tinser es una empresa participada que no forma parte de estos órganos”.

Además, ha añadido que la decisión se basó en las recomendaciones de dos consultoras externas que concluyeron que “los consejeros estaban fuera del mercado, que sus retribuciones no eran acorde a su responsabilidad”, por lo que recomendó “la corrección en donde lo permitan los Estatutos de la CAM”.

Asimismo ha reconocido que de todo eso se dio cuenta a la Asamblea General en los informes anuales del gobierno corporativo de la caja alicantina. El ministerio público acusa a Roberto López Abad de inductor y cooperador necesario y le pide cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación particular, y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.

El expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM.

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.

El acuerdo implica una reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos.

Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra Crespo; el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. El tribunal, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo. El 4, 5, 6, 11 y 12, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

La Audiencia de Alicante juzgará a partir de hoy a 21 exconsejeros de la extinta CAM por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la entidad Modesto Crespo en la sociedad Tinser Cartera SL, según fuentes judiciales.

La vista oral, declarada de especial complejidad, se desarrollará en trece sesiones diarias durante los meses de mayo, junio y julio en una sala de la sede judicial ubicada en la calle Pardo Gimeno de la ciudad.

Esta causa es una de las que afectan a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruida como el resto por la Audiencia Nacional, que la derivó en 2016 a un juzgado de Instrucción de Alicante.

Crespo percibió de la sociedad Tinser Cartera, una firma partida de la CAM, 600.000 euros brutos entre 2009 y 2011.

Ese pago era una retribución como presidente ejecutivo de dicha firma, aunque su dedicación a la misma “fue inexistente”, según la Fiscalía, en tanto que la presidencia de la CAM era “gratuita por disposición legal”.

La Fiscalía Anticorrupción pide provisionalmente penas de cuatro años de cárcel y multas de 120.000 euros para el propio Crespo y el exdirector general Roberto López Abad, a los que acusa de delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Sin embargo, el expresidente de la CAM ha negociado en los últimos días un acuerdo previo con el fiscal que incluye una confesión y el pago de la responsabilidad civil a cambio de una rebaja de la pena que le permita eludir el ingreso en prisión, según fuentes próximas al caso.

Para los otros 19 acusados, el Ministerio Público reclama penas de hasta tres años y multas de hasta 81.000 euros como autores de los mismos delitos.

Anticorrupción reclama en su escrito que los 21 acusados indemnicen conjunta y solidariamente con 600.000 euros a Bansabadell Inversió Desenvolupament, SA, sociedad filial de Banco Sabadell que absorbió el 29 diciembre de 2014 a Tinser Cartera.

Esta semana, la Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa.  

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.

Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.

Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.

Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.

También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.

El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.

En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz. En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que “nunca” había oído de “paraísos fiscales” en la caja. También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.

Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.

Aquesta setmana, l'Audiència Nacional ha fet un pas més per a seure en la banqueta els responsables de la trama immobiliària de l'antiga Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM). La jutgessa Carmen Lamela investiga suposades il·legalitats de l'entitat en inversions en el Carib. L'acte apunta a operacions de crèdit presumptament irregulars entre la CAM i la societat Valfensal per a l'adquisició d'hotels i parcel·les en la República Dominicana, Mèxic i Tenerife per un  total de 1.011 milions d'euros, que ha ocasionat un perjudici de 28 milions al Fons de Garantia de Dipòsits (FDG), personat en la causa.

L'ordre de processament ha tornat a l'actualitat els suposats excessos protagonitzats per la que va arribar a ser quarta caixa d'estalvis d'Espanya, absorbida per 1 euro el 2011 pel Sabadell després que el Fons de Garantia de Dipòsits la sanejara amb 5.249 milions d'euros. La CAM també va acabar sent víctima del desmesurat pes del negoci immobiliari tant a Espanya com en l'estranger, que es va enfonsar amb la crisi financera internacional. Això va permetre posar al descobert tota “una sèrie d'irregularitats comunes” com expressa l'informe pericial de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en el qual es recolza la jutgessa Lamela. Les irregularitats tenen el segell d'exdirectius de la caixa, empresaris i membres de la comissió de control que, per acció o omissió, van creure trobar en el Carib l'anhelat tresor que tot pirata cerca.

Tots ells, 13 en total, han sigut processats per suposats delictes d'apropiació indeguda i/o administració deslleial per una causa oberta des del 2013. A més, els tres empresaris de la societat Valfensal amb la qual operava la CAM hauran de respondre per sis delictes contra la Hisenda Pública en detectar-se operacions de pagament a través de societats radicades en paradisos fiscals. Aquests últims són els hotelers alacantins Juan Ferri i José Baldó i el treballador Francisco Climent, que es van beneficiar des del 2004 fins al 2011 d'una sèrie de préstecs atorgats per la CAM al front de la qual estaven l'exdirector general Roberto López Abad i l'exdirector general d'empreses Daniel Gil.

Indiciariament la magistrada assumeix que Abad i Gil “van consentir” que tots dos empresaris “disposaren d'elevades quantitats econòmiques i les utilitzaren en aquella inversió que estimaren més oportuna, contribuint amb aquesta operativa a generar una confusió entre préstecs i inversions efectivament realitzades”. Un exemple d'això, l'adquisició de l'hotel Caracol i d'una parcel·la annexa en Riviera Maya (Mèxic) per 60 milions d'euros gràcies a uns préstecs de la caixa d'estalvis “en els quals no es va complir amb els requisits propis de concessió del préstec, com la inexistència d'informació sobre el projecte de forma prèvia a la seua realització o com l'absència d'anàlisi suportada i crítica sobre els aspectes econòmics de les propostes”, afirma la resolució. També es van fer en aquesta mateixa localització amb l'hotel Gala, dos terrenys per a la construcció de complexos en Playa del Carmen (Mèxic) i la República Dominicana, així com l'entrada en l'accionariat d'una companyia d'hotels de Tenerife.

D'altra banda, l'Audiència Nacional també està investigant les polèmiques inversions de Ferri i Baldó a través de l'empresa Grand Coral que va disposar d'una línia de crèdit de més de 500 milions facilitada per Banc de València i Bancaixa per a inversions immobiliàries a Mèxic, segons ha explicat El Mundo.

Quan es va destapar la trama, l'Audiència Nacional va ordenar per a aquests dos empresaris de Benidorm i els dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil i López Abad, presó preventiva sota fiança que van dipositar per a quedar en llibertat. D'aquesta forma, López Abad es va convertir en el segon banquer entre reixes després de l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa. Va estar sis dies pres fins que els seus familiars i amics van aconseguir reunir el milió i mig d'euros de fiança. Tornarà a asseure's en el banc dels acusats la setmana que ve per les dietes que va percebre l'últim president de l'extinta CAM, Modesto Crespo, que van ascendir a 600.000 euros en dos anys. En aquest sentit, segons avança el diari Información, Crespo reconeixeria els cobraments a canvi que la Fiscalia no ordenara el seu ingrés a la presó. S'enfronta, com López Abad, a quatre anys.

Membres de la comissió de control processats

A més dels ja esmentats, entre els acusats per la magistrada es troben els sis membres de la comissió de control de la CAM que, al seu torn, també eren membres de la comissió de control de TIP, societat que participava en les inversions, i que també conformaven el Comitè d'Auditoria. Al capdavant de la mateixa estava Juan Ramón Avilés Olmos des de principis del 2007; exregiodor del Partit Popular a Múrcia que va haver de bregar amb la Justícia per les dietes i crèdits que va rebre en una causa en la qual finalment va quedar absolt.

També estan sent investigats el que fou director de l'Institut Valencià de Finances (IVF) amb el Partit Popular entre 1995 i 2004 José Manuel Uncio. Uncio és un assidu dels jutjats, encara que fins avui ha quedat absolt, per exemple, del cas de l'hotel de Xalans, municipi de l'interior de la província, per haver concedit com a responsable de l'IVF en 1999 un préstec a la mercantil de l'hotel. Encara que és més conegut l'abús que va fer de la targeta visa associada a l'entitat amb la qual va malbaratar quasi 7.000 euros en maquinetes d'afaitar, electrodomèstics i articles de luxe pels quals va ser investigat primer i absolt després per la fiscalia.

El tercer membre de la comissió de control de la CAM processat és el professor d'Economia Financera i Comptabilitat en la Universitat d'Alacant (UA), Francisco Grau, considerat de l'entorn proper de l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. El segueix Remedios Ramón, professora d'Economia en la UA i exintegrant de l'Executiva local del PSOE d'Alacant. Va ser sonada la seua intervenció en el programa Salvados de la Sexta en el qual va denunciar el descontrol dels òrgans de la CAM. Després es va saber que havia sigut esguitada també pel cobrament de dietes.

En la interlocutòria de la magistrada també s'imputen presumptes delictes d'administració deslleial i/o apropiació indeguda a la procuradora (llicenciada en Dret) Asunción Martínez Muñoz. En la comissió d'investigació de la CAM en les Corts Valencianes va dir en 2012 que “mai” no havia sentit de “paradisos fiscals” en la caixa. També apareix en la resolució Dolores Mataix, que en aquesta comissió parlamentària va assegurar que mai no havia obtingut “cap benefici” de l'entitat, encara que va acabar reconeixent que no tenia “coneixements financers” d'alt nivell –va entrar a la caixa per sorteig com Martínez-. Nascuda a Madrid, va dir residir a Saragossa, la qual cosa no li impedia, va assegurar, acudir a les reunions que se solien celebrar a Alacant.

Finalment, Lamela proposa sobreseure i arxivar les actuacions contra l'expresident de la Cambra de Comerç d'Alacant José Enrique Garrigós i contra, entre altres, Isabel Cambronero Casanova, professora de dansa a Múrcia que, com ella mateixa va adduir en la comissió d'investigació, havia acabat en la CAM “per no destorbar molt”.

El exconseller de Economía y Hacienda con Francisco Camps, Gerardo Camps, ha afirmado este miércoles que se enteró de la grave crisis que atravesaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2010 y que el Banco de España no autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas a colaborar en sus inspecciones.

En su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Camps ha afirmado que la CAM estaba completamente “monitorizada” por el Banco de España y ha señalado que durante su mandato nunca se reunió con el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Camps ha considerado que la caída de la CAM se produjo por la mala gestión del equipo directivo y no tanto por el concentrado riesgo de activos inmobiliarios que podía tener y ha recordado que el único que estaba autorizado para cesar a su equipo directivo era el Banco de España.

De hecho, ha afirmado que algunos de los directivos de la CAM estaban con gobiernos socialistas y continuaron después.

“El que los podía cesar era el Banco de España. Las Cortes Valencianas o la Generalitat no tenía facultad ni para cesar ni para intervenir”, ha puntualizado.

También ha rechazado “rotundamente” que la dirección de esta caja de ahorros fuera nombrada por los poderes públicos valencianos.

En este sentido, ha negado que los consejos de administración de las cajas de ahorros valencianas estuvieran politizadas y ha dicho que “el Consell no elegía ningún nombramiento en ningún cargo de ninguna caja, eran las Cortes Valencianas”.

Camps se ha referido al debate sobre las “puertas giratorias” que le han recriminado varios diputados de la oposición y ha considerado que no se debe “demonizar” a una persona que haya sido conseller o presidente de la Generalitat para poder ocupar luego un cargo como presidente de una caja de ahorros.

“El hecho de haber tenido cargos políticos no impide que no tenga competencia para presidir una caja de ahorros”, ha asegurado.

Por otra parte, ha explicado que el Instituto Valenciano de Finanzas nunca ha estado autorizado a hacer inspecciones en las cajas de ahorros en esta comunidad y que solo estaba facultado para controlar las cooperativas con sección de crédito.

Sin embargo, ha afirmado que este instituto pidió al Banco de España poder colaborar en las inspecciones mediante un convenio y que el supervisor les dijo “que no, que la competencia era suya y la ejercían ellos”.

El Banco de España remitió cuatro informes al Instituto Valenciano y en los tres primeros no vieron riesgo alguno y fue en el cuarto, en diciembre de 2010, cuando formularon requerimientos serios.

“Ahí es cuando considero que la situación de la CAM es grave y puede traer consigo problemas”, ha dicho, tras insistir en que no tuvo constancia durante su etapa de que el Banco de España podría intervenir la entidad, como ocurrió en julio de 2011.

El exconseller valenciano también ha negado que el “agujero” de la CAM se debiera a los apoyos crediticios de la Generalitat, que representaron una “mínima parte” de los que recibió.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe y propone juzgar a trece investigados, entre ellos al exdirector general Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, la juez entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

La magistrada da a partir de ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.

El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una “serie de irregularidades comunes”, tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales “fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal”. Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

De esta forma Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, afirma Lamela, “consintieron que ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”.

La juez explica que conforme expresa el informe emitido por Deloitte SL en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012 “es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y e TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad. ”Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los Miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros“, apunta.

El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional. Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 pone fin a la instrucción de este procedimiento y llega a la calificación provisional de los hechos una vez que ha tomado declaración a investigados, testigos y peritos, por la documental obrante en las actuaciones y fundamentalmente por los informes de los peritos del Banco de España, de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria, así como también por los guardias civiles que han intervenido en calidad de testigos-peritos.

La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dado carpetazo por prescrita la causa contra los administradores de la CAM que provocaron un agujero de 467 millones de euros. La jueza que también investiga el 'procés' catalán ha archivado esta pieza tras aceptar los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y considerar únicamente las operaciones investigadas como un delito de administración desleal de los antiguos miembros de la comisión de control de la caja, delito que tiene un vigor de 5 años y que ahora ya habría prescrito. Por el contrario descarta atribuir el delito de apropiación indebida, que todavía tendría vigor al expirar a los 10 años.

Esta pieza investigaba a los administradores de la CAM por financiar con 594,2 millones de euros a once sociedades para la compra de suelo para supuestos 'pelotazos' inmobiliarios en la Comiunitat Valenciana, Murcia, Catalunya y Andalucía, operaciones que no dieron los frutos esperados y al final le supusieron unas pérdidas de 467 millones a la caja.

Las operaciones por las que se abrió este procedimiento se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2009 datándose la finalización de la última el 1 de octubre de 2009, por lo que “los delitos de administración desleal investigados habrían prescrito el 1 de octubre de 2014”, sostiene la juez. El procedimiento se inició en febrero de 2015 a instancia del Fondo de Garantía de Depósitos, que se considera perjudicado tras inyectar más de 5.249 millones a la CAM antes de su venta al Sabadell y al que el documento del organismo regulador apunta como único perjudicado por el quebranto.

La fiscal Belén Dorremochea reconoce que en las operaciones “se aprecian evidentes indicios de actos abusivos al haberse concedido por parte de la CAM préstamos hipotecarios para adquisiciones de terrenos por un valor mucho más elevados de los reales”, pero lo limita a una administración desleal. Descarta así el posible delito de apropiación indebida que no habría prescrito, y que se basaba en el lucro de los socios de la CAM que habrían obtenido pese al fracaso de las operaciones.

Este lucro es descrito por el informe del Banco de España que cifraba en 467,2 millones el pufo de la entidad en el que apuntaba que la CAM permitía “que sus socios se lucraran con independencia del resultado del proyecto”. El mismo informe explica que las cifras de las operaciones “reflejan la calidad de la gestión realizada (...) con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos”.

Según se apunta en el auto de la jueza, contra el que cabe recurso, las operaciones bancarias y financieras permitían que “los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías”. Este consistía en que el socio de la caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. “Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad”.

La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dado carpetazo por prescrita la causa que investiga la administración de la CAM por financiar con 594,2 millones de euros a once sociedades para la compra de suelo para supuestos 'pelotazos' inmobiliarios en la Comiunitat Valenciana, Murcia, Catalunya y Andalucía, operaciones que no dieron los frutos esperados y al final le supusieron unas pérdidas de 467 millones a la caja.

Lamela da carpetazo a la causa tras aceptar los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que consideraba estas operaciones como un delito de administración desleal de los antiguos miembros de la comisión de control de la caja, delito que tiene un vigor de 5 años y que ahora ya habría prescrito. Por el contrario descarta atribuir el delito de apropiación indebida, que todavía tendría vigor al expirar a los 10 años.

Las operaciones por las que se abrió este procedimiento se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2009 datándose la finalización de la última el 1 de octubre de 2009, por lo que “los delitos de administración desleal investigados habrían prescrito el 1 de octubre de 2014”, sostiene la juez. El procedimiento se inició en febrero de 2015 a instancia del Fondo de Garantía de Depósitos, que se considera perjudicado tras inyectar más de 5.249 millones a la CAM antes de su venta al Sabadell y al que el documento del organismo regulador apunta como único perjudicado por el quebranto.

La fiscal Belén Dorremochea reconoce que en las operaciones “se aprecian evidentes indicios de actos abusivos al haberse concedido por parte de la CAM préstamos hipotecarios para adquisiciones de terrenos por un valor mucho más elevados de los reales”, pero lo limita a una administración desleal. Descarta así el posible delito de apropiación indebida que no habría prescrito, y que se basaba en el lucro de los socios de la CAM que habrían obtenido pese al fracaso de las operaciones.

Este lucro es descrito por el informe del Banco de España que cifraba en 467,2 millones el pufo de la entidad en el que apuntaba que la CAM permitía “que sus socios se lucraran con independencia del resultado del proyecto”. El mismo informe explica que las cifras de las operaciones “reflejan la calidad de la gestión realizada (...) con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos”.

Según se apunta en el auto de la jueza, contra el que cabe recurso, las operaciones bancarias y financieras permitían que “los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías”. Este consistía en que el socio de la caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. “Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad”.

“Usted no solo ha sido un pésimo gestor y presidente sino también quiero que se sepa que usted ha sido un pésimo cristiano y en el pecado llevará la penitencia”. Con estas palabras concluía este miércoles su intervención el diputado por Compromís Ignasi Candela en la Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados.

Delante tenía al que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que asistió con cierta incomodidad a la reprimenda del político de Crevillente, sobre todo cuando este le recordó que como “hombre de fuertes convicciones religiosas” que es, le proponía un test con diez preguntas que coincidían con los diez mandamientos.

Sin entrar a valorar todo el decálogo de las Tablas de la Ley, Candela se refirió a los dos primeros principios: “Amarás a Dios sobre todas las cosas” y “No tomarás el nombre de Dios en vano” para espetarle al que fuera presidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA) que “aquí nos surgen dudas si venera más a Dios o al Dios Dinero”.

Sobre el tercer mandamiento –“Santificarás las fiestas”-, Ignasi Candela, que se había presentado en la comisión como “nieto de una mujer estafada por las cuotas participativas”, afirmó que Crespo lo ha cumplido “a rajatabla” porque “todos sabemos que el Consejo de Administración de la CAM celebraba las reuniones en Shanghái, Chicago o Nueva Delhi”.

Aunque los momentos tensos se vivieron después cuando se refirió al séptimo mandamiento, el de “No robarás”. “Usted cobraba 300.000 euros al año, eso son 821,9 euros al día en concepto de dietas por una empresa participada por la CAM, Tinser, y además usted en la Audiencia Nacional dijo que cobraba eso para acompañar a las señoras de los representantes de otras entidades para comprar bolsos y zapatos y para la representación del Misteri d'Elx”, señaló para concluir: “Si eso no es robar que baje Dios y lo vea”.

Aún faltaban dos principios cristianos por comentar. Sobre el octavo, “No darás falso testimonio ni mentirás”, el joven diputado aludió a la declaración de Crespo ante el juez al que aseguró carecer de conocimientos contables. “Vamos, que daba igual poner de presidente de la CAM a usted o a la infanta Cristina, porque usted se marcó una infanta”, dijo Candela. Sobre “No codiciarás los bienes ajenos”, el último mandamiento, el representante en la Comisión por Compromís se refirió a las cuotas participativos, “si eso no es codiciar los bienes ajenos, otra vez que baje Dios lo vea y lo juzgue”.

Crespo pide perdón

En su intervención en la comisión parlamentaria, este empresario del sector de la automoción en Elche designado presidente de la CAM por Camps en 2009 insistió en su “desconocimiento técnico total” en la gestión de la que fuera hasta su rescate la cuarta caja de ahorros de España. “Pido perdón. Me hubiera gustado que el resultado de mi gestión hubiese sido otro, pero hice lo que pude hacer. Lo lamento muchísimo”, afirmó al final de su locución.

Crespo volverá a sentarse en el banquillo en mayo para hacer frente a las acusaciones de apropiación indebida por el caso de las dietas de la CAM en un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.

Modesto Crespo Martínez, expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pendiente todavía de un juicio por el cobro de dietas en la entidad, ha declarado que fue el Banco de España es que utilizó a la caja como “conejillo de indias” en el lanzamiento de las cuotas participativas durante su comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación obre la crisis financiera de España.

Crespo ha llegado a decir que “no tenía conocimientos contables. Soy graduado social” pero que su cargo en la caja era institucional, aunque luego ha admitido que su sueldo provenía de una filial de la entidad, Tinser Cartera, por la que cobraba más de 300.000 euros al año. Por este sueldo está imputado por un delito de de apropiación indebida en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante.

“Las cuotas participativas fueron antes de que yo fuera presidente. El banco de España ideó las cuotas participativas para que tuviéramos recursos. Determinó que fuéramos nosotros los que las sacáramos pero ignoro por qué. Fuimos el conejillo de indias del Banco de España”, ha explicado Crespo.

Las cuotas participativas de la CAM, absorbida por el Banco Sabadell, fueron colocadas a 55.000 pequeños inversores desde 2008, una operación por la que la caja recogió 292 millones de euros; en diciembre de 2011, meses después de la intervención del Banco de España, dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

La CAM fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011, que se apropio de la entidad tras inyectar 2.800 millones de euros de capital a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y 3.000 millones de liquidez, para posteriormente vendérsela al Banco de Sabadell por un solo euro.

El expresidente de la CAM se ha descargado de cualquier responsabilidad en la gestión de la caja por tener un cargo no ejecutivo. “El control de gestión de la caja era de los directivos. Las distintas comisiones hacían las propuestas, la de retribuciones aprobaron las dietas que han percibido los directivos sin problemas, estaban aprobadas por los órganos correspondientes. Las cuentas de la caja son auditadas sin salvedad alguna. Nuestra misión no era el control exhaustivo o policiaco. Nos traían las cuentas auditadas y solo nos quedaba aprobarlas, si había un dato falso eso ya está en una sentencia de la Audiencia Nacional”, ha explicado.

Este martes se daba a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que condena por los delitos societarios continuados de falsedad contable y falsedad en la información a los inversores a penas que van de los dos años y nueve meses a los cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), responsables del saqueo de la entidad. El tribunal ha absuelto a los otros cuatro acusados, Modesto Crespo,  Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

Se trata de los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós (tres años de prisión a cada uno de ellos), el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb (cuatro años) y el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José García (dos años, nueve meses y un día).

La alicantina María Dolores Amorós, mano derecha de Roberto López Abad, fue la última directora general de CAM, entidad en la que entró a trabajar con apenas 20 años en 1982. Apenas duró unos meses en el cargo. Asumió la dirección general en noviembre de 2010 -relevó a López Abad, de quien fue su adjunta desde 2001- y en el verano de 2011 la entidad fue intervenida por el Banco de España. En agosto de 2011 los interventores del FROB primero la suspendieron de empleo y poco después, en septiembre, la despidieron al constatar irregularidades en su gestión en forma de “contabilidad creativa” y al entender que utilizó su cargo en beneficio propio.

Amorós, conocida en su meteórico ascenso como 'la maga de los números' por su habilidad para cuadrar las cuentas, se fijó como directora general un salario anual de 593.040 euros y pactó con el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, una pensión anual vitalicia de más de 30.000 euros mensuales -370.000 euros al año-. En octubre de 2011 fue noticia de nuevo, cuando se apuntó al paro para tener derecho a una prestación por desempleo de unos 1.400 euros al mes.

En cuanto al mentor de Amorós y su antecesor en el cargo, Roberto López Abad (Alcoy, 1955), éste llegó a la dirección general de la CAM en 2001 con el beneplácito del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y abandonó la caja definitivamente apenas unas semanas antes de la intervención del Banco de España. López Abad se embolsó una indemnización de 3,8 millones de euros y se fijó una pensión vitalicia de 345.000 euros anuales -ligeramente inferior a la de Amorós-.

Según los datos del Tribunal de Cuentas, el Banco de España ha inyectado en el rescate de la CAM unos 11.000 millones de euros. La caja alicantina fue saneada y posteriormente vendida al irrisorio precio de un euro al Banco de Sabadell.

La Secció Quarta de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha condemnat a penes que van de dos anys i nou mesos i quatre anys de presó quatre exdirectius de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), entre els quals els exdirectors generals Roberto López Abad i María Dolores Amorós, per haver falsejat presumptament els comptes relatius als exercicis 2010 i 2011.

La sentència de l’Audiència Nacional condemna pels delictes societaris de falsedat comptable i falsedat en la informació als inversors per contribuir aquests directius a “vulnerar el principi d’imatge fidel de la CAM en moments de greu crisi econòmica i financera”. Segons queda provat, els banquers duien a terme conductes “tendents a distorsionar els comptes i balanços de l’entitat, contribuint així a la vulneració del principi d’imatge fidel de la CAM, en moments de greu crisi econòmica i financera que es va intentar amagar o, almenys, maquillar”.

La sentència, de 310 fulls, considera provat que els quatre condemnats són responsables de reflectir en els estats financers de l’entitat una situació econòmica de beneficis en compte de les pèrdues que realment generava aquesta entitat. Així, en el primer trimestre del 2011 es van presentar uns comptes davant del Banc d’Espanya amb un resultat positiu de l’exercici (benefici) de 39.771 milions d’euros que no reflectien de cap manera la situació real econòmica de la Caixa, els resultats de la qual a 30 de juny del 2011, preparats pel FROB, fixaven en 1.163,493 milions d’euros de pèrdues i una ràtio de morositat del 19%.

Les xifres dels estats de balanç, diu la sentència, eren “irreals i espúries” i aqueixa disparitat de xifres, afig el tribunal, “va constituir un dels motius rellevants per a la intervenció de l’entitat, pels riscos que suposava aquesta situació per al sistema financer en conjunt, a banda de la contravenció del principi de seguretat juridicocomptable que això implicava”.

Pel que fa als delictes d’estafa agreujada, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat en document mercantil per les remuneracions obtingudes pels exdirectius, la Sala els absol per una “total absència de prova de l’acte enganyós, especialment quan crida l’atenció que cap dels pretesos enganyats ha acudit al judici a explicar aquell o aquells pretesos actes de disposició que van dur a terme per l’engany previ a què van ser pretesament sotmesos”.

El tribunal absol la Fundació de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caixa Mediterrani (Fundació CAM) el Banc Sabadell i la Caixa d’Assegurances Reunides, Companyia d’Assegurances i Reassegurances (CASER) de les reclamacions dineràries que se’ls formulaven.

Les penes completes són: als exdirectors generals de l’entitat financera, Roberto López Abad i Maria Dolores Amorós, 3 anys de presó pel delicte societari continuat de falsedat comptable; a l’exdirector general de Planificació i Control Teófilo Sogorb, 4 anys de presó per delicte societari continuat de falsedat comptable (3 anys) i delicte de falsedat en la informació als inversors (1 any); a l’exdirector General d’Inversions i Riscos Francisco José Martínez García, la Sala li imposa dos anys, nou mesos i un dia pel delicte societari continuat de falsedat comptable. El Tribunal absol els altres 4 acusats, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater i Salvador Ochoa.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes los cargos contra siete miembros de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que ha acusado de “hacer trampas” en los estados contables de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones “sin lógica económica”.

Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha asegurado que esas “cuentas falseadas” de forma “intencionada” consolidaron una situación de “tranquilidad” en el ejercicio siguiente que ocasionó un “daño innegable” tanto al mercado como a los inversores, quienes “no habrían adquirido cuotas participativas de haber sabido que no obtendrían nada”.

En este sentido, ha cargado contra los exdirectivos de la entidad por “engañar” e “inflar” el resultado con el único fin de “ganar la partida” y mejorar la liquidez, objetivo para el cual considera acreditado que los siete incurrieron en una gestión con “deficiencias críticas” que avaló operaciones sin sentido cuyos riesgos no fueron controlados.

Entre éstas, ha señalado el pase de créditos fallidos a normales, estrategia que, junto a las titulizaciones, figura en uno de los correos remitidos por el ex director general y “administrador de hecho” de la caja Roberto López Abad en noviembre de 2010, en el que se hacía eco de la precaria liquidez de la CAM, que necesitaba de 300 millones de euros.

López Abad, primer responsable de las irregularidades

El Ministerio Público ha destacado a López Abad por ser el primer responsable de las irregularidades cometidas en el seno de la caja, así como a su adjunta, María Dolores Amorós, en tanto que ha señalado al exdirector general de Riesgos Francisco Martínez como cooperador necesario al ser su departamento el encargado de ejecutar las titulizaciones y reclasificaciones de créditos investigadas.

Una acusación similar a la que formula contra el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, quien “conocía las cuentas perfectamente como experto que era” y, además, autorizó unas retribuciones de 47,3 millones para el equipo directivo que “nunca deberían haberse percibido de haberse reflejado los resultados reales”.

De este modo, acusa a los cuatro de un delito de falsedad contable continuada y de estafa, por lo que mantiene su petición de siete años y medio de cárcel, una solicitud que baja hasta el año y dos meses en el caso de los exdirectores de Financiación y Gestión de Liquidez y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

Sobre el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a diez meses de cárcel, el fiscal ha reconocido que su participación fue más limitada que la del resto, si bien lo continúa creyendo “cómplice” de la estafa; tampoco ha variado su postura en relación al expresidente de la CAM Modesto Crespo, contra el que no ejerce cargos.

La Fiscalía ha pedido también que los acusados abonen las indemnizaciones tanto a los inversores de cuotas participativas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, fecha en la que la CAM fue intervenida por el Banco de España, así como a Banco Sabadell, que, no obstante, podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad civil extracontractual.

La Audiencia de Alicante ha confirmado el procesamiento de los 21 exconsejeros de la extinta CAM por los 600.000 euros en dietas que cobró presuntamente de forma ilegal su expresidente Modesto Crespo en la firma participada Tinser Cartera, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El caso de Tinser constituye una de las causas penales que implican a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruido, como el resto, por la Audiencia Nacional, aunque se derivó a un juzgado alicantino el pasado año.

La instrucción estaba prácticamente concluida, por lo que el juez Manrique Tejada, en el que recayeron las diligencias, dictó un auto de procedimiento abreviado unos meses después y abrió el juicio oral contra los procesados en junio del año pasado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente penas de cuatro años de cárcel para el expresidente de la CAM Modesto Crespo y el ex director general de la entidad Roberto López Abad.

El ministerio público acusa también a otros 19 exconsejeros por las retribuciones que cobró Crespo, supuestamente de forma ilegal, en Tinser Cartera SL, la sociedad participada por la caja que presidió entre 2009 y 2011.

Anticorrupción sostiene que Crespo percibió en ese periodo 600.000 euros “como retribución por una supuesta dedicación que en Tinser Cartera fue inexistente y que en la CAM” era “gratuita por disposición legal”.

Hechos constitutivos de delito

El ministerio público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada y de un delito de societario de administración desleal, y mantiene que López Abad es “inductor y cooperador necesario” y que Crespo y los otros 19 acusados son “autores”.

En este último grupo, tres de los exconsejeros -Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez- se enfrentan a peticiones de tres años de cárcel, mientras que las peticiones de condena para los 16 restantes es de dos años

Se da la circunstancia de que una de ellas, la sección primera, confirmó el pasado mes de enero la apertura de juicio oral contra los 21 sospechosos por los presuntos delitos societarios y apropiación indebida.

Los encausados recurrieron en su día tanto la apertura de juicio oral, que fue confirmada por otra sala de la Audiencia de Alicante hace unos meses, como el auto de apertura del proceso contra ellos, que acaba de ser ratificado ahora por la sección tercera de la institución judicial de la provincia.

El tribunal ha determinado que la mayoría de alegaciones planteadas por las defensas en los quince recursos analizados se refieren a “aspectos que deberán valorarse en el momento del juicio”.

Según la Audiencia, el auto dictado por el juez Tejada cumple las exigencias tanto formales como de motivación, pues detalla “las diligencias practicadas que se estiman esenciales para la determinación de los hechos que se estiman punible y se concretan las personas a quienes se atribuyen”.