La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Renfe Ingeniería y Mantenimiento por no abrir a su competidor Iryo los talleres para el mantenimiento y la reparación de trenes.

Según consta en los registros del portal web de la CNMC, el expediente se abrió el pasado 23 de junio y responde a una presunta infracción del artículo 107.UNO.2.2.1 de la Ley del Sector Ferroviario, que versa sobre el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la CNMC, cuando no constituyan infracción muy grave.

En concreto, el regulador resolvió el pasado mes de marzo una denuncia interpuesta por Iryo e impuso a Renfe la obligación de abrir sus talleres, en este caso concreto a Iryo, cuyo control lo ejerce la empresa estatal italiana Trenitalia. Renfe recurrió a la Audiencia Nacional, pero el 2 de junio la justicia rechazó las peticiones de la compañía.

Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press aseguran que esta decisión de la CNMC es “desproporcionada” y explican que la empresa ya contactó con Iryo, en cumplimiento de la normativa, para que esta otra compañía facilitara toda la documentación necesaria para poder acceder a su taller de La Sagra (Toledo).

Sin embargo, en estos dos últimos meses y pese a ser responsabilidad de Iryo la entrega de esa documentación, el operador italiano no ha realizado las gestiones necesarias, por lo que desde Renfe aseguran no ser responsables de esta demora.

Asimismo, Renfe denuncia que cuando Ouigo lleva a cabo operaciones de mantenimiento pesado en instalaciones autorizadas únicamente para mantenimiento ligero, la CNMC permite la continuidad de esos trabajos, a pesar de que sostienen que no se ajustan al marco normativo.

En caso de abrir sus talleres, que ya están al límite de su capacidad operativa, Renfe teme un impacto económico estimado en más de 60 millones de euros anuales, por la caída de ingresos y los desajustes operativos derivados de la reducción de la oferta de trenes.

Renfe recuerda que tanto Iryo como Ouigo han tenido tiempo “suficiente” desde la liberalización iniciada en 2021 para construir sus propios talleres, como así ha hecho otra filial italiana del dueño de Iryo en Francia, donde ha invertido 80 millones de euros en talleres para su operativa en ese país.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado un paso más en su cruzada sobre las hipotecas y ahora investiga al sector de la intermediación, el paso previo a la apertura de un potencial expediente sancionados por la concertación de precios y de políticas comerciales.

Competencia ha anunciado que la semana pasada inspeccionó la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria y se investiga si existe una recomendación o la decisión colectiva de no captar empleados entre las empresas miembros de dicha asociación, así como relativas a la fijación de precios o condiciones comerciales de los servicios que prestan.

Esta nueva línea de investigación llega solo dos semanas después de que la CNMC abriera un procedimiento de sanción contra la gran banca del Ibex, por una posible concertación en sus políticas comerciales sobre las hipotecas a tipo fijo a través de las declaraciones públicas de sus principales directivos. En concreto, contra Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell porque sus intervenciones “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, pero no da más detalles al respecto.

La CNMC apenas da detalles sobre la investigación en curso, más allá de que son “un paso preliminar” en las indagaciones sobre estas posibles prácticas anticompetitivas “y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas”.

Sí apuntan que dichas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la Ley de Competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

La banca defiende que ha actuado “correctamente”

La apertura del expediente contra los seis bancos del Ibex fue la última gran investigación impulsada por Cani Fernández, ahora presidenta en funciones de la CNMC, hasta que el Congreso confirme al sucesor que ha designado el Ejecutivo, el catedrático Juan José Ganuza.

La banca se ha defendido de las acusaciones. El presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió la semana pasada que el banco ha actuado “correctamente” y que su política comercial “no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”.

En términos similares se expresó la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, que defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”.

Mientras, el Banco de España estudia poner en marcha algún tipo de restricción al crédito ligado a la vivienda, tras la petición de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconoció el gobernador José Luis Escrivá la semana pasada, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.

Hola.

¿Cómo llevas la semana? 

La vida te da sorpresas, cantaba Rubén Blades. Hay semanas en que la actualidad económica produce el tipo de paradoja que ningún manual de teoría económica sabe bien cómo clasificar. Cuba ha aprobado en apenas siete días el mayor paquete de reformas económicas de los últimos quince años: 176 medidas que pasan por la autorización de la banca privada, la inversión extranjera directa de la diáspora cubana, la creación de pymes agrícolas por primera vez en la historia del país y el fin gradual de los subsidios universales de la libreta de abastecimiento.

A miles de kilómetros, en el Reino Unido, Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro, defiende exactamente lo contrario: recuperar el control público del agua, la energía, el transporte y la vivienda, bajo lo que él llama “manchesterismo”, una apuesta por deshacer cuatro décadas de privatizaciones thatcheristas, según avanzaba The Guardian. La isla comunista mira hacia el mercado y la cuna del capitalismo industrial reclama más Estado.

Las motivaciones de cada movimiento son tan distintas como sus puntos de partida, aunque el diagnóstico de fondo comparte un hilo conductor: el modelo vigente ha fallado a la gente corriente. En Cuba, el presidente Díaz-Canel ha reconocido ante la Asamblea Nacional que el país “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.  El día previo, el Granma —el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)— destacaba el espaldarazo del gran camarada Raúl Castro a los cambios: “No solo resistir, también avanzar y desarrollarnos”.

La presión es doble: el deterioro económico interno acumulado durante seis años y el bloqueo petrolero de la Administración Trump, que ha dejado a regiones enteras de la isla con apenas dos horas de electricidad cada tres días. En el caso británico, el ensayo The Productive State, publicado por el think tank Common Wealth como marco teórico del “manchesterismo”, argumenta que los ciudadanos pagan una especie de “prima de privatización”, un impuesto regresivo oculto en las facturas cotidianas que transfiere riqueza de los hogares a los inversores, mientras el Estado se ve obligado a subvencionar con ayudas sociales los costes inflados por la gestión privada de los servicios esenciales.

La gran pregunta, en ambos casos, es si las reformas llegarán a buen puerto. En el Reino Unido, el anuncio de que Burnham podría llegar a Downing Street ya ha puesto nerviosos a los mercados financieros, que han elevado el coste de la deuda pública británica. En Cuba, el escepticismo tiene raíces más profundas: desde la era de Raúl Castro, el Gobierno cubano ha hecho reiterados anuncios reformistas que luego no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática. Y sobre todo esto planea la sombra del bloqueo estadounidense, que amenaza con asfixiar cualquier apertura antes de que pueda generar los frutos que promete.

El dato

7.239

Son los millones de euros que el Gobierno destinará a la dependencia en 2027. Se trata de la mayor inyección financiera a la dependencia de la historia…y de un movimiento con claro aroma a precampaña que busca refundar el maltrecho “cuarto pilar” del Estado del Bienestar.  El Ejecutivo sumará 2.218 millones de euros en 2026 y movilizará 6.200 millones extra hasta 2027 respecto a los últimos Presupuestos, logrando la pirueta de duplicar la inversión de 2025 sin nuevas cuentas públicas y multiplicando por cinco los fondos desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Este manguerazo de millones busca revertir el colapso de un sistema infrafinanciado desde los recortes de la era Rajoy, que ha provocado que miles de dependientes mueran sin recibir sus ayudas.

Desde el 1 de julio, las comunidades recibirán más recursos por cada persona atendida: la cuantía mensual para la gran dependencia pasará de 290 a 660 euros; para la dependencia severa, de 130 a 260; y para la moderada, de 76 a 90. El objetivo urgente es reducir una lista de espera que asfixia a más de 265.000 personas, potenciar la atención domiciliaria y dignificar un sector muy precarizado. No obstante, el decreto deberá superar ahora el examen de un Congreso hostil para convalidarse, mientras se tramita en paralelo una reforma legal más profunda que pretende cambiar el modelo actual hacia cuidados menos centrados en residencias tradicionales.

Por cierto, fue el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero el que aprobó en 2006 la ley de la Dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

 Tipos (y tipas) de interés

Sube Juan José Ganuza, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El elegio por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para relevar a Cani Fernández es un perfil marcadamente académico y técnico. Ganuza es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, doctor en Economía por la Carlos III, catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2014, responsable de la división de regulación y competencia de Funcas. El perfil acredita solvencia técnica fuera de toda duda. La ironía es que el propio Ganuza fue uno de los académicos que en su día criticó con dureza el diseño del superregulador que ahora presidirá, alertando de que un mal diseño institucional podía perjudicar la reputación de cualquier experto que aceptara el cargo. Trece años después, el destino lo coloca ante su propio espejo.

El primer frente que le espera es el digital, y no tiene tiempo que perder. España ha designado a la CNMC como autoridad competente para hacer cumplir la regulación de mercados digitales de la UE, pero el organismo arrastra un vacío operativo de envergadura: el bloqueo parlamentario de la legislatura ha impedido que las Cortes aprueben las reformas legales necesarias para dotarlo de herramientas sancionadoras reales. Vigilar algoritmos, frenar abusos de las grandes plataformas y regular la nube es hoy, literalmente, imposible con la estructura actual.

A eso se suma un tablero empresarial tensionado por la reconversión energética, con las propuestas de las redes de gas de distribución y transporte o los 66 expedientes sancionadores incoados en relación con el apagón. También la investigación sobre los precios de las hipotecas que se anunció recientemente y que ha caído como una bomba en el sector bancario.

Tiene otro reto que es político. Ganuza no llega solo: el Consejo de Ministros ha propuesto también a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño y técnica comercial del Estado; al exdiputado de ERC Joan Capdevila; y a la catedrática Marina Echebarría, a propuesta de Sumar, lo que deja al Partido Popular sin representación en esta renovación. La oposición ya habla de “blindaje progresista” y el ruido amenaza con contaminar la credibilidad del supervisor antes de que dicte su primera resolución. Así que el gran desafío de Ganuza no será solo técnico, que pocos lo discuten, sino de resistencia institucional: demostrar, con resoluciones incontestables, que el criterio de la CNMC está por encima de las cuotas.

No todo nos parece mal

El grupo Roca ha logrado enderezar el rumbo financiero tras dejar atrás el doloroso peaje de su salida de Rusia. La multinacional catalana de sanitarios, fundada en 1917, cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 43 millones de euros, una cifra que contrasta con los 61 millones de pérdidas registrados el año anterior debido al proceso de desinversión en el mercado ruso. Emplea a 20.000 trabajadores.

Este regreso a los números negros se ha conseguido en un contexto de estancamiento de la construcción en Occidente y un notable parón en las reformas del hogar, ya que el consumidor postpandemia prefiere gastar en servicios y experiencias antes que en cambiar los azulejos.

Aun así, la facturación resistió el golpe situándose en los 1.960 millones de euros el último año, un 3,8 % más a tipos de cambio constantes, si bien el aumento final de las ventas fue del 0,6 % tras la depreciación de algunas de las monedas en las que opera la compañía, ha señalado la compañía en un comunicado.

La estrategia de Roca pasa por abrir el grifo de la inversión y mirar hacia arriba: destinó 126 millones de euros en 2025 a automatizar sus plantas con fábricas robotizadas, avanzar en sostenibilidad y explorar la integración de la inteligencia artificial aplicada a la salud en el baño. Pero el verdadero giro de guion es corporativo: reforzó su apuesta por los segmentos 'premium' y de lujo con la adquisición de la mayoría del fabricante italiano Antonio Lupi Design, especializado en equipamiento de baño de alta gama, y de la australiana Phoenix Industries, dedicada a la grifería de gama alta.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Ya sabes que si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Un abrazo!

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha asegurado que es “razonable” dividir el negocio de Redeia (matriz de Red Eléctrica) y que, por una parte, esté el operador del sistema y, por otro, la rama del despliegue de las redes de transporte, que debería estar abierta a otras empresas privadas a través de un modelo de subastas.

“Nuestra preocupación son los conflictos que se generan entre uno y otro. No lo decimos nosotros, lo dice la propia CNMC. Hay señales e indicios de que hay potenciales conflictos de interés en el funcionamiento de ambos”, ha dicho el CEO de la filial, durante una intervención en el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Para Ruiz-Tagle, la solución sería una operación a través de modelos de subasta, en el que las empresas privadas puedan optar al desarrollo de determinadas líneas. Esto, a su juicio, permitiría una ejecución más rápida de las inversiones, ante una red de transportes que, ahora mismo, está saturada.

“La mitad de la planificación futura son obras que vienen del pasado. Si no cumplimos con hacer las obras que tenemos que hacer en el transporte, no le pidamos a la distribuidora que tenga capacidad para poder dar acceso a la red”, ha dicho el ejecutivo.

Apuesta por copiar a Brasil o Chile

En la actualidad, Redeia, presidida por Beatriz Corredor, es a la vez la operadora –una actividad controlada por el Estado, que ejecuta Red Eléctrica– y la principal responsable del despliegue de las redes de transporte energético del país.

Para Ruiz-Tagle, modelos como el de Brasil o Chile, mercados en los que operan tanto Iberdrola como REE, así como el de Reino Unido tras el Brexit, serían deseables: “Es un modelo que sea más eficiente en la planificación para no generar sobreinversión y un modelo que sea más eficaz en la contrucción. En Brasil, se subasta una línea, ofrezco un precio por transporte y el riesgo de la inversión lo asumo yo. Aquí el riesgo lo estamos asumiendo todos los consumidores”.

El empresario ha insistido en que su propuesta “no es ir contra nadie”, sino que necesitan “que el sistema funcione”. Y una posibilidad “razonable”, a su juicio, es permitir la participación de otras empresas en competencia para “reducir costes” y eliminar el “cuello de botella” de la inversión.

Ruiz-Tagle ha dedicado gran parte de su intervención a defender que es necesario desbloquear las inversiones en redes, que están provocando que numerosas industrias en regiones como Euskadi se queden sin conectar a las infraestructuras de transporte eléctrico. “La industria está pidiendo acceso y no estamos siendo capaces de atenderlo”, ha dicho.

Sobre el apagón, el consejero delegado de Iberdrola España ha avanzado que la compañía ya ha respondido a los expedientes sancionadores incoados por Competencia en el marco de su investigación sobre los hechos del 28 de abril de 2025. Respecto a los expedientes abiertos por la CNMC, Ruiz-Tagle ha contado que cuando los analizaron vieron que no están vinculados con el día del apagón y ha apuntado que ha pedido los datos de Competencia para contrastarlos con los suyos.

El Gobierno ha escogido al catedrático Juan José Ganuza como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en sustitución de Cani Fernández, cuyo mandato terminó el pasado 16 de junio, según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la propuesta de Ganuza como nuevo responsable del organismo que supervisa la competencia en los mercados y algunos sectores regulados tan relevantes como la energía o las telecomunicaciones. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III, Ganuza es catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, donde se ha especializado en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública y dirigió durante más de una década el máster de Competencia y Regulación de la Barcelona School of Economics.

Además, desde 2014 es el responsable de la División de Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, y preside el Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia.

Ganuza, como uno de los mayores expertos de España en cuanto a competencia, también fue muy crítico con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de fusionar en un único 'superregulador' la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP) y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria (CRFA), además de asumir las competencias de supervisión del sector audiovisual.

Ganuza apuntó, como informó elDiario.es, que el argumento que se utilizó entonces, el del recorte de gasto, era “ridículo”, cuando “se trataba de quitarte diez sueldos de altos cargos para una institución con un impacto gigantesco, de miles de millones de euros, en la economía”. “Lo importante es más que nada las personas que integren el organismo. Lo ideal era un modelo como el anterior, donde la CNC fuera una segunda instancia, como el Tribunal Supremo, y que tuviera muchísimo capital humano en un servicio de estudios, asesores y un economista jefe de prestigio internacional”, señaló entonces, al hilo del cuarto aniversario de la creación de la CNMC.

“Nadie sabe de todo, y sospechamos que no existen personas que puedan ser calificadas como expertas en política de competencia a la vez que en el funcionamiento de todos los mercados regulados. Pero incluso si existieran, ninguno de estos expertos habría aceptado ser consejero de la CNMC, precisamente porque su mal diseño (y temores sobre influencia política) podría perjudicar su valiosísima reputación profesional”, apuntó en una tribuna publicada por El País, firmada junto a otros expertos en el área: el catedrático Antonio Cabrales y el doctor Gerard Llobet Codina.

Un mandato de seis años

La elección de Ganuza, que contará con un mandato de seis años, ahora tiene que ser avalada por la Comisión de Economía del Congreso. Si bien el mandato de los consejeros salientes –Cani Fernández, Josep María Salas (cercano a ERC) y Carlos Aguilar (vinculado a Podemos), junto a la dimitida Pilar Sánchez– culminó la pasada semana, el Gobierno se ha dado unos días adicionales para negociar con los socios parlamentarios habituales los nombres a proponer en el Consejo de Ministros.

Junto al nuevo presidente, el Gobierno ha designado como vocales a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021 y, ahora, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. Balsa, que es técnico comercial y economista del Estado, tiene una dilatada experiencia en la Administración pública española y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Fue subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la CNC, organismo que se integró en la CNMC, entre 2008 y 2009.

También a Joan Capdevila, exdiputado de ERC (2015-2024) y exdelegado del Govern de Catalunya en Madrid (2024-2025), que se desempeñó en su época en el Congreso en las comisiones de Industria, Transición Ecológica y Economía. Es precisamente esta experiencia y cercanía con sectores regulados por lo que su nombre sonaba como uno de los potenciales reemplazos.

A propuesta de Sumar, el Consejo de Ministros ha propuesto a Marina Echebarría, catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, cuya investigación académica se ha especializado en ámbitos como el Derecho de la distribución comercial, los mercados electrónicos y las nuevas tecnologías. Echebarría, nombrada en 2020 la primera catedrática trans de España, fue candidata de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado mes de marzo.

Fuentes de Sumar en el Gobierno destacan que, de ser ratificada, será la primera mujer trans en formar parte del organismo y que su aportación será “valiosa”, ya que “ aporta un profundo conocimiento de la competencia y de los retos regulatorios derivados de la digitalización de la economía. Su experiencia contribuirá a fortalecer el análisis y la supervisión de mercados cada vez más complejos y a garantizar una regulación eficaz en beneficio de consumidores y empresas”.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido la actuación “correcta” de la entidad en cuanto a su política comercial en el mercado hipotecario, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abriera un expediente a toda la gran banca del Ibex 35 ante una posible concertación en sus ofertas de préstamos a tipo fijo.

“Desde el BBVA tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normaes y, en todo momento, hemos actuado correctamente y creo que así se vera en lo que se sustancie en este procedimiento que está en sus inicios”, ha dicho el máximo responsable de la entidad.

La CNMC abrió la semana pasada un procedimiento sancionador contra las principales entidades bancarias del país –Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell– ya que “las declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo” de algunos directivos “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”.

Es decir, aunque sin dar detalle, Competencia investiga si esas intervenciones podrían haber dado pistas al resto del sector sobre cuál sería su estrategia en cuanto a productos tan relevantes como los hipotecarios.

Las hipotecas españolas son “tremendamente competitivas”

Torres ha participado en la apertura del Curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, que cuenta con el patrocinio de la entidad.

Tras una intervención centrada en el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector bancario, y a preguntas de los periodistas, el presidente del BBVA ha defendido que el mercado español de hipotecas es “tremendamente competitivo” y que los clientes españoles “gozan de unas condiciones de financiación extraordinarias”.

“Es muy atractivo. Creo que es el tercero de la Unión con los tipos más bajos. Eso es una buena muestra de las buenas condiciones que tienen los clientes hipotecarios en España”, ha dicho el banquero, que ha apuntado que los españoles pagan un interés medio del 2,8%, frente al 3,8% que abonan los alemanes en sus créditos para la compra de una vivienda.

En este sentido, Torres ha incidido “con vehemencia” que la política comercial del BBVA “no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”. “De lo que depende nuestra política comercial y nuestros productos es de la creación de valor y del cliente”, ha subrayado.

Sobre la situación del mercado hipotecario, y tras las recomendaciones de algunos organismos internacionales a intervenir en la concesión de hipotecas para evitar un sobrecalentamiento del mismo, Torres se ha opuesto con contundencia y ha incidido en el “atractivo” del entorno español. “No es conveniente que haya intervenciones en mercados que están funcionando bien porque es contraproducente”, ha dicho.

La renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidencia incluida, va a tener que esperar. El Consejo de Ministros de este martes no tomó ninguna decisión sobre los nombramientos que, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos, debe proponer el Gobierno al Congreso. Fuentes gubernamentales no precisan qué plazos maneja el Ejecutivo para abordar este proceso, que llega en un momento de máxima debilidad parlamentaria del Gobierno.

Este 16 de junio vencía el mandato de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y los vocales Josep María Salas (cercano a ERC) y Carlos Aguilar (vinculado a Podemos). En el pleno del organismo (que por ley debe estar formado por diez miembros, incluyendo la presidencia y la vicepresidencia) está vacante además desde enero un puesto tras la dimisión de Pilar Sánchez, que poco después de su cese fichó como consejera independiente de Cajamar.

Los mandatos en la CNMC tienen una duración de seis años. Las propuestas de nombramiento las puede vetar la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja. La obligada renovación de este organismo, que vigila el funcionamiento de los mercados y supervisa los sectores de energía, telecomunicaciones o transportes, entre otros, llega con el Ejecutivo en una situación muy complicada por la sucesión de escándalos en el entorno del Gobierno y el PSOE, del caso Leire Díez al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Entre los partidos que deben dar el plácet a la renovación de la autoridad de la Competencia está Junts, que este martes elevaba la presión sobre Pedro Sánchez con una moción junto al PP para que el Congreso vote si exige un adelanto electoral. Esta formación colocó en enero de 2025 como consejero de la Comisión de la Competencia a Pere Soler, ex concejal de CiU que fue director de los Mossos de Escuadra hasta el referéndum independentista de 2017.

Por su parte, el PP se ha quedado nuevamente fuera de esta negociación, como viene ocurriendo desde 2020, cuando Fernández fue nombrada presidenta del organismo. Este martes, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible de los populares, Alberto Nadal, lamentaba en la red social X (antes Twitter) que en este proceso de renovación “el Gobierno no ha mantenido contacto alguno con el PP. Sanchismo en estado puro”.

Cuando creó la CNMC aplicando el rodillo de su mayoría absoluta de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a meter en el consejo del organismo a un miembro de la ejecutiva del PP, el ex juez Fernando Torremocha.

Está previsto que la próxima semana la presidenta de la CNMC participe en la jornada de clausura del tradicional curso de verano que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El curso versará sobre “La Inteligencia Artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía”. Lo inaugurará el próximo lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

“Mi último día no sé cuándo será”, dijo la semana pasada la todavía presidenta de la CNMC, que se despidió en su último acto público antes de vencer su mandato pidiendo que su sucesor o sucesora “mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas”, porque la competencia para captar talento es “durísima”.

“Capacidad técnica” y “sentido común”

Fernández, que en los últimos meses ha impulsado una inédita investigación contra el entorno de uno de los consejeros salientes (Josep María Salas, uno de los vocales díscolos en asuntos como la retribución de las redes eléctricas), reclamó que la persona elegida para sustituirla tenga “capacidad técnica”, “sentido común” y que, como ella (que fue socia del área de Competencia del bufete Cuatrecasas durante casi 30 años), acredite “conocimiento de competencia”, porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). 

El perfil que reclama la todavía presidenta de la CNMC no encajaría con el de uno de los candidatos cuyo nombre para presidir el organismo ha sonado en las quinielas en las últimas semanas, el de Mariano Bacigalupo, marido de la ex vicepresidenta y actual comisaria europea, Teresa Ribera, y en la actualidad consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gran experto en energía, Bacigalupo, doctor en Derecho, fue consejero de la CNMC hasta septiembre de 2022 y trabajó durante seis años en la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), el regulador energético que fulminó el PP al crear la CNMC, del que fue secretario y director del Servicio Jurídico.

Otro nombre que circula es el de Inmaculada Gutiérrez, técnico comercial del Estado (como el vicepresidente Cuerpo) que fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), donde permaneció seis años, además de ejercer como jefa de gabinete de Cani Fernández antes de fichar por Renfe.

En su intervención de la semana pasada, Fernández concedió cierto espacio a la autocrítica al hacer un balance “con aciertos y con errores [no dijo cuáles] porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta” al organismo.

El papel de la CNMC ha quedado muy cuestionado tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, por su inédito retraso de casi cinco años en aprobar un procedimiento para permitir a las energías renovables controlar la tensión eléctrica que, según muchos expertos, habría evitado ese cero energético. Esa inacción no equivale a un “vacío normativo”, según dijo Fernández en el Congreso el pasado 21 de abril, en una intervención que ya tuvo sabor a despedida: “Les deseo mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, dijo a los diputados, que le recordaron que esa comparecencia podría no ser la última. “Si me llaman, aquí estaré”, afirmó.

Fernández y los otros dos vocales con el mandato caducado seguirán por ahora en funciones. Esta situación ya se prolongó durante meses con el anterior presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. El catedrático y ex directivo de Cepsa (actual Moeve) estuvo casi un año en funciones junto a la mitad del consejo de entonces tras caducar su mandato, hasta que el Gobierno de Sánchez pudo pactar la renovación del pleno tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Marín había sido nombrado cuando el PP creó la CNMC en 2013 al fulminar el anterior modelo de reguladores sectoriales y la extinta autoridad de la Competencia, basándose en un informe encargado por Telefónica y con la excusa de un muy discutible “ahorro de costes”. Un modelo polémico y prácticamente único en el mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó revertir con un proyecto de ley para recuperar la CNE que ha encallado en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios. Los mismos que ahora dificultan la renovación de este organismo clave para la economía española.

Este mismo martes, la CNMC anunciaba un expediente sancionador a los seis bancos del Ibex 35 (Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell) por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas a tipo fijo. El organismo también anunció la actualización de su guía de programas de cumplimiento en materia de competencia y su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y por el que se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha hecho balance este jueves de su mandato, que acaba la próxima semana, admitiendo “errores” que no ha concretado, pero lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Fernández ha dicho que cierra “con orgullo” esta etapa, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin citar ejemplos concretos, ha subrayado que “la técnica tiene sus tiempos”, la seguridad jurídica es “una garantía democrática” y “la CNMC solo sirve a España si decide con rigor, con transparencia”. El cero peninsular, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Fernández ha dicho que el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la regulación energética, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado porque la energía no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica o la seguridad del suministro.

“Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”. Ha querido “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”.

“He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”, ha dicho la presidenta de la CNMC, que ha tenido un cariñoso recuerdo para el fallecido ex vicepresidente Ángel Torres, fallecido en 2023, y ha alabado “a todos los trabajadores” del organismo. “Ellos son la CNMC, no son titulares”. Las instituciones son una “mezcla de inteligencia, paciencia y decencia que permite que un país funcione un poco mejor”.

Con un discurso con referencias a Baltasar Gracián, aragonés como ella (apelando a la “prudencia activa”, que “es pensar antes de decidir”), ha citado a Quevedo, porque “poderoso caballero es don Dinero”, aunque debe estar sujeto a “reglas”, y a Cervantes, al glosar “la libertad como uno de los bienes más preciosos”.

A su sucesor o sucesora le ha pedido “que mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas” porque la competencia para captar talento es “durísima”. Ha pedido que la persona elegida para sustituirla, que el Gobierno debe pactar con los grupos políticos, tenga dos cualidades: “capacidad técnica” y “sentido común”, con “conocimiento de competencia” porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). Su último día “no sé cuándo será”, ha deslizado, aunque su mandato acaba el próximo martes.

Fernández se ha felicitado de la “victoria” de haber aprobado una mayor desregulación en el sector de las telecomunicaciones tras 30 años de liberalización, y por la mayor competencia en ferrocarril. Ha dicho que deja una CNMC “más sólida, más cohesionada, más internacional, más consciente de su papel y más preparada”, y con un “futuro claro” para las carreras profesionales de su plantilla. Ha definido su mandato como “mi propia odisea”: “No se trata de obtener una recompensa al final del camino porque no la hay”.

“Mi Ítaca”, que “no ha sido un puerto fácil”, era dejar una institución “más fuerte, más útil, más independiente, más respetada, más humana”. “Ha sido un honor inmenso” y la etapa “más intensa, más exigente y más feliz de mi vida profesional”.

Entre los retos de futuro de la CNMC, ha citado continuar el despliegue de la transición energética, la “transformación digital acelerada” o el impacto de la Inteligencia Artificial. Ha lamentado que no se haya revisado la Ley de Defensa de la Competencia en materia de cárteles. Cuando tomó posesión “estaba clarísimo” que se iba a actualizar, pero “a fecha de hoy sigue sin aprobarse”.

Preguntada por cuál sería la decisión que destacaría, ha citado la prohibición, a finales del año pasado, de la compra de la catalana Irab por parte de Curium en el mercado de radiofármacos contra el cáncer. Ha recordado que esta empresa acaba de ser adquirida por un fondo francés especializado en el sector sanitario para desarrollar su negocio de radiofármacos en toda Europa.

Fernández ha sido presentada por Rafael García-Valdecasas, abogado del Estado y juez del Tribunal General de la Unión Europea (1989-2007), que ha explicado cómo le “impactó la inteligencia que mostraba” la hoy presidenta de la CNMC cuando la conoció recién licenciada y cómo en 1994 tuvo “la inmensa suerte” de que aceptara el puesto de jefa de su gabinete cuando él estaba en el TJUE, hasta que en 1997 volvió al bufete Cuatrecasas cuando le ofrecieron ser socia en Barcelona de ese despacho, en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

Según García-Valdecasas, “en este puesto tan difícil yo creo que ha sido capaz de controlar con eficacia y con tacto” el funcionamiento de la competencia en un mercado donde hay “operadores con un gran poder”. Y ha confiado en que una vez expire su mandato “el Gobierno sea consciente del potencial de Cani” y “la sitúe en un puesto acorde con su valía”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado una reducción anual de las tarifas aeroportuarias del 0,59% entre el periodo de 2027 y 2031, que contrasta con la subida del 3,82% planteada por Aena.

Con esta propuesta, el organismo que preside Cani Fernández busca reforzar la eficiencia del sistema aeroportuario y asegurar su sostenibilidad económica, según se detalla en el informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 (DORA III).

Para alcanzar esta reducción, la Comisión ha revisado al alza las previsiones de tráfico aéreo en España, frente a los datos suministrados por Aena. Así, plantea un incremento del 2,2% del tráfico de aviones, hasta alcanzar los 366,7 millones de pasajeros en 2031, mientras que el gestor aeroportuario español calcula un aumento del 1,3% y 346,7 millones de pasajeros estimados para 2031.

Igualmente, ha propuesto reducir los gastos de explotación (OPEX) en 741,5 millones de euros, frente al incremento planteado por Aena --superior al aumento del tráfico--. También ha recomendado disminuir el coste de capital (WACC) del 9% al 7,4%, en línea con la regulación europea.

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha celebrado el informe.

En esta línea, la patronal de las aerolíneas ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que respete el criterio del supervisor independiente y que apruebe el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) del quinquenio 2027-2031 con bajadas en las tarifas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este viernes un análisis en el que reclama un “enfoque procompetitivo” en una futura liberalización de los servicios de media distancia ferroviaria y Cercanías, para los que aún no hay fecha marcada en el calendario.

La CNMC entra en este debate en un momento donde Renfe mantiene una disputa con Iryo y Ouigo porque Competencia le insta a ceder, en alquiler, el uso de sus talleres para que los operadores privados realicen en ellos el mantenimiento de sus trenes. Una exigencia que, en el caso de Iryo, va a acabar dirimiéndose en la Audiencia Nacional.

Competencia explica que ha analizado “el marco necesario para abrir a la competencia” de estos servicios que actualmente presta Renfe, para “cumplir” con la normativa europea, que insta a esa liberalización. “Casi 450 millones de viajeros al año utilizan Cercanías, a los que se suman alrededor de 50 millones en trayectos en Media Distancia. Ambos concentran el 90% de los desplazamientos ferroviarios en España y están sujetos a obligaciones de servicio público (OSP)”, indica la CNMC a través de un comunicado.

“Al entenderse que estos servicios no podrían proveerse en condiciones adecuadas en términos adecuados, los servicios se han venido prestando en exclusiva por determinados operadores, siendo Renfe el más destacado”, apunta. “La normativa europea prevé una liberalización de los servicios OSP ferroviarios, de forma que se adjudiquen como regla general mediante procedimientos de licitación competitiva. La liberalización de estos servicios puede traer beneficios en términos de eficiencia, calidad y reducción de costes, beneficios se materializarán si dicha liberalización se diseña con un enfoque procompetitivo”.

Competencia entiende que debe “evitarse declarar servicios con OSP sin haber realizado un análisis riguroso sobre la demanda y la oferta. También recurrir a las adjudicaciones directas frente a las licitaciones competitivas”. “Además, la prórroga de la situación actual puede retrasar la liberalización hasta 2033 y desaprovechar este periodo para ir licitando los servicios con un calendario predecible para una apertura a la competencia más gradual”, añade.

“El diseño de las licitaciones y las exigencias de los contratos (duración, tamaño, obligaciones de solvencia, medios o criterios) puede condicionar la entrada de nuevos operadores”, asegura la CNMC. “El acceso equilibrado a la información, al material rodante, a los talleres y a los maquinistas es otra barrera y podrían surgir conflictos de interés si no hay una adecuada separación entre organismos licitadores y operadores del sector”.

Pide “un marco institucional orientado a fomentar la competencia”

Por ello, el organismo presidido por Cani Fernández insta a afrontar la liberalización de Cercanías y Media Distancia con un “enfoque procompetitivo en las licitaciones y aplicación de la normativa”. Eso pasa, enumera, por realizar una adecuada declaración de servicios OSP, minimizar la concesión de derechos exclusivos a un operador sin un procedimiento competitivo, publicar una consulta previa sobre el diseño del contrato de las obligaciones de servicio público, adoptar un calendario de licitaciones que favorezca la competencia y utilizar y diseñar un procedimiento competitivo de licitación como norma general.

Competencia quiere “establecer un marco institucional orientado a fomentar la competencia”, que pase por eliminar o reducir la participación pública en operadores ferroviarios que puedan concurrir a las licitaciones, o, subsidiariamente, separarlos orgánicamente del órgano convocante; para minimizar el riesgo de conflicto de interés“, según explica en su comunicado.

Además, pide “aprobar la Orden Ministerial oportuna para regular la autorización para la prestación de servicios OSP, clarificar el marco aplicable a esos servicios en todos los territorios y asegurar que las subvenciones al transporte no distorsionan la liberalización”. También, “reforzar la supervisión independiente del sector por parte de la CNMC y acudir al asesoramiento de la CNMC como supervisor y Autoridad de Competencia”.

Por último, la CNMC afirma que se debería “asegurar que los nuevos operadores pueden acceder a los insumos relevantes para operar de forma efectiva”, en cuanto al “acceso a la red ferroviaria en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias”. En ese mismo sentido, pide “desvincular a los operadores de transporte ferroviario de la gestión de estaciones, asegurar el acceso al material rodante y a los talleres de mantenimiento y un correcto aprovisionamiento de personal conductor”. Por último, reclama “establecer obligaciones reforzadas de reporte de información” a los operadores del servicio OSP y “evitar distorsiones al combinar billetes de OSP y servicios comerciales”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este martes que “está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España”. Estas prácticas “consistirían en la aplicación de precios excesivos y en la negativa de acceso a infraestructuras energéticas”. El organismo no detalla qué actividad está investigando.

En un comunicado, la CNMC explica que la semana pasada, entre los días 18 y 21 de mayo, “realizó una inspección en la sede de una empresa del sector energético en el marco de una información reservada abierta tras la investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia”.

“En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en estos mercados, constituirían una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Las inspecciones “son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad”.

“Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador”.

La CNMC recuerda que las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado una investigación abierta a UFD, la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy, y a sus matrices, por un posible abuso de posición de dominio, al no acreditar un posible trato discriminatorio a otras comercializadoras eléctricas en la gestión de las incidencias técnicas.

En su resolución, la Sala de Competencia del regulador considera no acreditado que UFD y sus matrices hayan cometido una infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) consistente en el tratamiento discriminatorio por parte de la filial de Naturgy de las reclamaciones presentadas por distintas comercializadoras presentes en el mercado del suministro de la energía eléctrica en los territorios donde opera como distribuidora, procediendo así al archivo de las actuaciones.

En 2023 varias empresas del sector eléctrico -entre ellas Energy Solar Tech, Enerfia, Factorenergia o Totalenergies- denunciaron a UFD por posibles prácticas anticompetitivas.

En abril de ese año, la CNMC inspeccionó las sedes de varias empresas del Grupo Naturgy o relacionadas con este y, posteriormente, inició dos expedientes sancionadores.

El primero de ellos por un posible abuso de posición de dominio finalizó con una sanción de 5,08 millones de euros, aunque este por un posible falseamiento de la libre competencia por actos desleales finalmente ha sido archivado. Ambas conductas investigadas están prohibidas por los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

En un comunicado, el organismo presidido por Cani Fernández señaló que esta resolución “no contradice o resta efectividad al expediente sancionador S/0006/23, que sí acreditó que UFD abusó de su posición de dominio” y subrayó que ambos “tratan conductas diferentes y han afectado a distintos mercados”, informa Europa Press.

Así, en esta reciente resolución de este expediente incoado, la CNMC no ha considerado acreditado que UFD y sus matrices trataran de forma discriminatoria las incidencias técnicas de las comercializadoras rivales frente a las de su propio grupo.

Además, el regulador estima que UFD utilizaba criterios objetivos, como la priorización por antigüedad de la solicitud, y contaba con canales de atención prioritaria a disposición de las comercializadoras competidoras de las del Grupo Naturgy, por lo que ha resuelto el archivo de las actuaciones por un posible falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ascendido recientemente como subdirectora de un área clave de su Dirección de Energía a la esposa de un directivo de una patronal eléctrica que dice dedicarse a “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” e “interlocución con la CNMC” y otros agentes relevantes del sector.

Henar Soto, con una larga trayectoria en la CNMC es desde enero subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados en el organismo que supervisa y regula al sector eléctrico.

Su marido, David Trebolle, con una dilatada trayectoria en empresas y lobbies del sector eléctrico, es desde mayo de 2024 “director Técnico” de la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), una patronal de pequeñas distribuidoras. En ella se encarga de tareas de “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” y de “interlocución con la CNMC, REE, Ministerio y otros agentes relevantes del sector”, explica en su LinkedIn.

ASEME engloba a unas 90 distribuidoras de pequeño tamaño (menos de 100.000 puntos de suministro) y está muy vinculada a Catalunya. Su presidente, Oriol Xalabarder, directivo de Electra Caldense, preside la comisión de Energía y Sostenibilidad de la patronal catalana Cecot.

Trebolle, que no ha querido atender a elDiario.es, representó a ASEME en las discusiones con la CNMC sobre la nueva circular que establece la metodología para calcular los peajes de transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2026-2031.

Un portavoz de la CNMC indica que Henar Soto “es una empleada pública de reconocido prestigio profesional, con una trayectoria de 18 años de servicio público en el regulador, que no ostenta la condición de alto cargo y que en todo momento ha cumplido con todas sus obligaciones legales y de conducta”.

Soto no tiene facultad para hacer propuestas al consejo de la CNMC. Reporta a la directora de Energía, Rocío Prieto, que este lunes comparece en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el histórico apagón del 28 de abril de 2025, que ha dejado cuestionada a la CNMC por su lentitud en aprobar un procedimiento de control de tensión que tuvo años en un cajón y que, según muchos expertos, habría evitado ese colapso.

Henar Soto, añade ese portavoz de la CNMC, “es una de las cuatro subdirectoras de la Dirección de Energía” (las otras tres subdirecciones son las de Energía Eléctrica, Gas Natural y Mercados Derivados). “Dentro de la Dirección de Energía, todas las propuestas son firmadas y elevadas por decisión de la Directora al Consejo”, como establece el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la CNMC para las Direcciones de Instrucción.

El consejo, recuerda ese portavoz, es “el órgano que resuelve todos los asuntos”. “Como subdirectora tiene las mismas causas de abstención que cualquier empleado público de la administración española”.

“Mantener la independencia”

La normativa de incompatibilidades de las autoridades y el personal al servicio del sector público, recogida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, les obliga a abstenerse en cualquier asunto cuando exista “un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable” con “cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento”.

Además, la CNMC tiene desde 2015 un Código de Conducta que obliga a los miembros del Consejo, Directores y empleados del organismo a “mantener la independencia de cualquier interés comercial o empresarial respecto de toda persona o entidad, absteniéndose de intervenir en asuntos en los que concurran causas que puedan afectar a la objetividad”.

La CNMC, que tiene una Dirección de Control Interno para vigilar estos asuntos, no aclara si Soto se ha inhibido en algún asunto por su relación con Trebolle, ni si ha comunicado su relación conyugal a esa dirección.

La CNMC tiene también un registro de grupos de interés con un “decálogo ético” que exhorta a las empresas y asociaciones inscritas en él (como ASEME) a no poner al personal de la CNMC “en ninguna situación que pueda generar un conflicto de intereses”.

El área que dirige Soto en la Dirección de Energía desde enero es muy relevante. Sus funciones se centran en la regulación económica del sector energético (electricidad y gas), que debe buena parte de sus ingresos a lo que dicta el BOE. En especial, para las distribuidoras, que operan en régimen de monopolio natural y cuya retribución fija la CNMC.

Esa subdirección tiene entre sus funciones principales elaborar y supervisar la regulación económico-financiera de los sectores eléctrico y gasista; diseñar y analizar los precios regulados, peajes y cargos energéticos; o participar en la definición de la retribución regulada de actividades como el transporte y la distribución eléctrica o las redes de gas. Según fuentes del sector, “ella es la que supervisa las declaraciones contables de las distribuidoras de electricidad” que se centralizan en una aplicación interna de la CNMC llamada SICSE.

Soto cubrió en enero la vacante de Ismael Bahíllo, destituido en diciembre por el pleno de la CNMC en una decisión inédita. Bahíllo llevaba 13 años en el cargo y fue fulminado por sus diferencias con la directora de Energía sobre la retribución de las redes de luz y gas. Algún medio lo definió entonces como “hombre clave del supervisor para los asuntos económicos del sector energético”.

La convocatoria para cubrir la vacante de Bahíllo exigía una antigüedad mínima de 5 años en el organismo, requisito que Soto cubría sobradamente. Ingeniera Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y Executive Máster en Dirección Financiera por IE Business School, hasta su nombramiento era jefa de la Unidad de Análisis Económico-Financiero en la Dirección de Energía.

Acreditaba “sólida formación y experiencia en energía, fundamentalmente con relación al análisis y regulación económico-financiera, además de experiencia en el sector privado y público; con 16 años de experiencia en el ámbito de la regulación económico-financiera, primero en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y luego en la CNMC”, recoge la resolución que aprobó su nombramiento tras una convocatoria publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre.

En su haber Henar Soto tenía asimismo “experiencia en el desarrollo de circulares normativas en materia retributiva, resoluciones de toma de participación en el sector energético, resoluciones en materia retributiva, informes de análisis económico-financiero, decisiones jurídicamente vinculantes, sancionadores y circulares informativas”, añadía la resolución que firmó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Soto ingresó en 2008 en la CNE como Subdirectora de Análisis Económico-Financiero. En esa etapa participó en la preparación de informes, resoluciones y análisis relacionados con la regulación de los sectores eléctrico y gasista. Con la integración de la CNE en la CNMC en 2013, pasó a ser jefa de la Unidad de Análisis Económico-Financiero en la Dirección de Energía, posición que mantuvo hasta su reciente ascenso y en la que intervino “en resoluciones, informes y circulares que han definido el funcionamiento de los mercados energéticos y las redes reguladas durante la última década”, destacaba en diciembre El Periódico de la Energía, cuando la situó como favorita para suceder a Bahíllo.

Antes de trabajar en esa asociación de distribuidoras, el marido de Soto fue director de Regulación de Magnon Green Energy, filial de biomasa de Ence (de julio a 2023 a mayo de 2024). Allí, explica Trebolle en su LinkedIn, también hacía tareas de lobby e “interlocución” con el organismo en el que trabaja su esposa. Antes, (de julio de 2022 a 2023), fue secretario general de Protermosolar, patronal de las empresas de energía termosolar.

“Ahorro” de 2.900 millones

Previamente estuvo muchos años en la pata de redes de la antigua Unión Fenosa (actual Naturgy), de la que Trebolle era mando intermedio. Salió en 2021, de forma “amistosa”, según fuentes del sector. Algunas fuentes apuntan que lo hizo con una sustanciosa indemnización. En la tercera eléctrica española y primera empresa del sector del gas en España, tenía a su cargo un equipo de más de 30 personas, con rango de subdirector, explica en su LinkedIn.

En su época en Fenosa también trabajó para la patronal europea de grandes eléctricas. “Como Chairman [presidente] en Eurelectric, representé a 2.700 compañías de distribución de Europa, logrando un impacto de ahorro para la industria de 2.900 M€ en la redacción de los Network Codes” [códigos de red], explica en su LinkedIn.

Trebolle también es profesor universitario y divulgador financiero. El año pasado fue entrevistado en Cuatro tras publicar un libro con consejos de ahorro para alcanzar la “libertad financiera”: “Tu salario no te hace rico, sino tus hábitos de ahorro y gasto”, decía.

Trebolle y Soto tienen a su nombre un considerable patrimonio inmobiliario. Comparten la propiedad de una decena de activos (viviendas, trasteros y plazas de garaje) cuyo valor de mercado superaría holgadamente los tres millones, según una estimación con inmuebles similares publicados en idealista. En poco más de un año el matrimonio ha puesto a su nombre inmuebles cuyo valor ronda el millón. Una de sus últimas adquisiciones es un dúplex frente al mar en Menorca que compraron en septiembre, según el Registro de la Propiedad.

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha cifrado este miércoles en 711 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada que Red Eléctrica de España (REE) aplica desde el apagón del pasado 28 de abril, con más uso del gas, y ha pedido la “nulidad” del expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante su intervención en la junta de accionistas de Redeia, Corredor ha defendido las alegaciones “y pruebas rotundas” que ha expuesto la compañía ante ese expediente y ha reprochado a la CNMC su “conflicto de interés” en este asunto, como responsable de aprobar una normativa sobre control de tensión que se retrasó durante cinco años y no se aprobó hasta después del apagón.

El expediente de Competencia, según Corredor, tiene “defectos de forma y de fondo” y adolece de una “indeterminación de los hechos imputados” que ha calificado de “incompresible”, lo que provocaría “la nulidad” del procedimiento.

Corredor ha subrayado que “el sistema eléctrico es más que Red Eléctrica” y requiere “que todos los agentes cumplan” para ser “más seguro”. Según la exministra socialista, “el tiempo nos ha dado la razón” sobre las razones de un apagón que fue “inédito, imprevisible y multifactorial”, según “todos los expertos”, y “especialmente” el informe “encargado por la comisión europea” que se presentó en marzo tras diez meses de investigación, que demuestra que REE “no falló” y avala “punto por punto” el primer análisis del histórico cero energético que publicó el operador del sistema español en junio de 2025.

Corredor, que ha dicho que esperaba “otro tipo de señales regulatorias” de la CNMC respecto a la retribución de la actividad de transporte de electricidad, ha insistido en que “los mismos que incumplieron” sus obligaciones en el control de tensión, las generadoras de electricidad, son ahora “los que perciben” los ingresos extra de la denominada operación reforzada, para la que no ha puesto fecha de retirada y cuyo coste ha cifrado en 711 millones hasta el 30 de abril (frente a los 666 millones que alcanzó hasta marzo), el 2% de los costes totales del sistema, con un impacto de unos cuatro céntimos al día para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC).

La exministra de Vivienda ha destacado el valor de las energías renovables para proteger a España de la disrupción provocada por crisis energética derivada de la guerra en Irán. Ha subrayado que España es el segundo país europeo en potencia y generación eólica y solar, solo por detrás de Alemania, con 150 GW instalados, incluyendo el autoconsumo, y las renovables sumando ya el 70% del parque de generación.

Corredor, que ha recordado que fue renovada en la junta del año pasado y ha dicho que se siente “plenamente legitimada” para seguir presidiendo la compañía, ha calificado de “descripción interesada” el retrato de una red de alta tensión colapsada por la avalancha de proyectos, pero ha reconocido que existe “acaparamiento” de proyectos.

En la junta de este miércoles se ha aprobado entre otros asuntos el nombramiento como consejero de Redeia del anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista del grupo (20%). Ha sido una asamblea más tranquila que la de 2025, en la que ha vuelto a intervenir un concejal del PP en Asturias para cargar contra la gestión de Corredor.

La presidenta de Redeia ha justificado la celebración de la asamblea de forma exclusivamente telemática (como la del año pasado, semanas después del apagón) en que “favorece una asignación mas eficiente de los recursos” y permite otorgar “igualdad de trato” a los accionistas, independientemente de donde se encuentren.

“No somos la única compañía cotizada que lo ha hecho” y “la ley y los estatutos lo permiten”.

Renfe ha calculado cuánto le puede costar la exigencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de ceder sus talleres al operador privado Iryo, participado por el Estado italiano, para realizar en ellos reparaciones y mantenimiento pesado, que conllevan trabajos complejos y de varias jornadas. Un requerimiento por parte del supervisor de los mercados al que Renfe ha tenido que dar respuesta en 10 días y que la empresa estatal ha llevado ante la Audiencia Nacional, por considerar que puede suponer un golpe para el servicio público.

En concreto, asume que puede afectar al mantenimiento de rutas clave y conllevar la retirada de trenes, por ejemplo, en el Eje Atlántico, en los servicios de Avant a Valladolid y, también, en el corredor que une Barcelona y Madrid. Un golpe que puede suponer a la empresa pública 60 millones de euros anuales.

La medida de ceder sus talleres, según indican fuentes de Renfe, iría en contra de sus propias reparaciones y mantenimiento y afectaría tanto a servicios comerciales como a trenes sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP). Por ello, cree que podría provocar un fuerte recorte diario de la oferta de trenes en varios de los principales corredores del país.

Esa exigencia de “hacer hueco” en sus talleres a los convoyes de Alta Velocidad de Iryo, supondría elevar la carga de trabajo en instalaciones de mantenimiento críticas, que en muchos casos ya están saturadas, explican las citadas fuentes.

Por ello, en contra de lo que apunta Competencia, argumentan que no se trata de “un mero ajuste administrativo”. “Supone restar capacidad industrial” a Renfe. Eso, en la práctica, obligaría al operador público español a “sacar de los talleres sus trenes” para “dar entrada a material de otros operadores”. Hay que recordar que Renfe mantiene un choque similar con Competencia, porque también obliga a la cesión de sus instalaciones a Ouigo, el operador de origen francés. 

“La consecuencia inmediata sería menos trenes disponibles cada día y, por tanto, la supresión de servicios públicos en la programación habitual”, explican desde el operador público español. “La menor capacidad de mantenimiento pesado tendría además un efecto en cadena y podría derivar en una paralización progresiva de la flota en pocas semanas”, advierten.

El motivo, que “si no se realizan a tiempo las intervenciones obligatorias al alcanzar determinados umbrales de kilometraje, los trenes deben inmovilizarse por seguridad”, argumentan. “Eso carga la operación sobre un parque cada vez más pequeño y se traduce en menos trenes en servicio día tras día”.

Y reducir el servicio tendría un coste económico, que Renfe calcula en 60 millones de euros anuales, tanto por la caída de ingresos que experimentaría como por los desajustes operativos derivados de la reducción de la oferta. 

Los corredores más afectados

Renfe, en sus estimaciones sobre el impacto de esta medida que requiere Competencia, ha calculado el impacto concreto en los corredores más afectados, por ejemplo, el que une Madrid y Barcelona, el Eje Atlántico o los Avant que unen la capital y Valladolid. En total podría afectar a casi una treintena de circulaciones diarias.

Respecto al primero, las citadas fuentes de Renfe señalan que “el impacto sería especialmente notable” en ese corredor. “La menor disponibilidad de trenes de la Serie 103”, que circulan entre Madrid y Barcelona, “podría suponer una reducción de hasta 650.000 kilómetros al año, la supresión de unas 1.100 circulaciones y la pérdida de más de 450.000 plazas ofertadas”, enumeran.

Eso, en términos operativos, conllevaría retirar “de forma estable alrededor de dos trenes al día por sentido, es decir, unas seis circulaciones menos cada jornada en uno de los ejes con mayor demanda, con un recorte cercano al 10% de la oferta diaria”.

Por otro lado, la menor disponibilidad de mantenimiento en talleres clave afectaría a corredores donde se emplean trenes de las Series 120 y 121, como en el Eje Atlántico, Huelva y Euskadi. En estos casos, la estimación de Renfe “apunta a 1,5 millones de kilómetros menos al año, más de 3.300 circulaciones suprimidas y cerca de 800.000 plazas menos”.

Es decir, en estos servicios, la reducción “equivaldría a disponer de hasta ocho trenes menos en el conjunto de los corredores donde opera esta familia, lo que afectaría a unas 16 circulaciones diarias en su conjunto”.

También se verían afectados los servicios Avant, que operan en el corredor entre Madrid y Valladolid. En él, podría conllevar la supresión de seis servicios Avant al día o a eliminar composiciones dobles en horas punta, reduciendo de inmediato la capacidad ofertada.

Las argumentaciones jurídicas

En este choque entre Renfe y el organismo presidido por Cani Fernández, el operador público argumenta desde el punto de vista jurídico que la tramitación acelerada –le ha exigido la cesión de los talleres en un plazo de 10 días, que Renfe ha recurrido– y la adopción de medidas presentadas como cautelares “estarían produciendo efectos estructurales y difíciles de revertir, al anticipar en la práctica decisiones de fondo sin una ponderación suficiente del interés general ni del impacto sobre la prestación diaria del servicio público ferroviario”.

Es decir, las exigencias de la CNMC conllevarían, según Renfe, “redefinir el marco técnico y jurídico del mantenimiento pesado” ferroviario. “Esto alteraría las reglas del sistema a través de una decisión urgente y conllevaría el riesgo de reordenar capacidades industriales críticas ya comprometidas con el servicio público, trasladando el coste a los viajeros en forma de trenes que dejan de circular cada día”, recalcan.

“En la práctica”, añaden las citadas fuentes, “el requerimiento desplazaría a la operadora pública de sus propios talleres para facilitar la entrada de otros operadores vinculados a grandes grupos empresariales extranjeros, mientras el sistema público asumiría el impacto operativo, económico y social de esa decisión”.

Además, las fuentes consultadas insisten en que “no hay alternativas técnicas reales para absorber estas actuaciones en otros talleres, a diferencia de las opciones disponibles” en otros países, como en Francia o Italia. “El resultado”, concluyen, es que “en última instancia, el coste no recaería en quienes acceden a las instalaciones, sino en los ciudadanos, mediante una merma efectiva de su movilidad y de la continuidad de servicios ferroviarios esenciales”.

La postura de Iryo

Iryo explica que ha mantenido negociaciones con Renfe durante 18 meses y que, cuando llegó la hora de firmar, Hitachi, su proveedor, firmó; y Renfe, no. Fuentes de la compañía italiana apuntan que Renfe, en su web, ofrece el servicio de sus talleres y que no se trata de una cesión, sino de un alquiler. 

También apuntan que Iryo “solo necesita el 7% de capacidad de los talleres” de Renfe, según las citadas fuentes. Argumenta que el “mantenimiento privado no se improvisa, depende del número de kilómetros de los trenes; y está calendarizado desde el momento en que empiezan a circular. ”El mantenimiento de los trenes de Iryo no puede poner en riesgo el servicio público en España, añaden. “Iryo tiene 20 trenes” de alta velocidad, “frente a los 270 de Renfe”. 

Las citadas fuentes también señalan que, si tiene que enviar a Italia sus trenes para su mantenimiento, le supondría “perder cada tren durante dos meses, que no estarían operativos, y coste cercano a los 17 millones de euros”.

Renfe se opone a las exigencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligan a ceder sus talleres para el mantenimiento pesado de los trenes de alta velocidad de los dos operadores privados, el francés Ouigo y el italiano Iryo. Una disparidad de criterios que puede acabar decidiéndose en la Audiencia Nacional.

Se trata de diferencias que vienen de lejos. En el caso de Ouigo, fuentes de Renfe explican que desde el inicio de la operativa de la empresa controlada por la estatal francesa SNCF se le ha permitido el acceso a sus talleres para el mantenimiento ligero. Sin embargo, a partir de marzo de 2025, comenzó a detectar indicios de que Ouigo podría “estar realizando o pretendía realizar” intervenciones de mantenimiento pesado. Por ello, apuntan, le solicitó un “plan de mantenimiento completo, detallado y validado”. Un plan que, según las citadas fuentes, confirmó que las operaciones excedían el ámbito del mantenimiento ligero. 

Hay que recordar que la Ley del Sector Ferroviario de 2015 obliga a Renfe a permitir el acceso a sus talleres en condiciones no discriminatorias. Las citadas fuentes recalcan que esa accesibilidad solo abarca el mantenimiento ligero –como revisiones, limpieza o pequeñas reparaciones– y no el mantenimiento pesado, en profundidad, como la sustitución de componentes o grandes reparaciones técnicas, que requieren varias jornadas de trabajo y elevados recursos. 

Tras esa planificación de Ouigo, las citadas fuentes explican que Renfe ajustó la capacidad asignada, excluyendo esas intervenciones consideradas pesadas, lo que llevó a la empresa participada por el Estado francés a recurrir a la CNMC. El organismo presidido por Cani Fernández planteó que Renfe Ingeniería y Mantenimiento permitiese a Ouigo utilizar talleres como el de Fuencarral, en Madrid; o el de Can Tunis, en Barcelona, incluyendo intervenciones de complejidad.

Esta situación, según indican, “supone una carga desproporcionada, que no se exige en otros países europeos en condiciones equivalentes”, como en Alemania o Francia. En este último, los talleres de mantenimiento para labores de mayor complejidad, como los de alta velocidad, no están obligados a compartirse y cada operador tiene que buscar sus propias alternativas. Por ello, las citadas fuentes indican que las exigencias de Competencia pueden poner en riesgo el servicio público y el interés general de los viajeros, ya que Renfe presta servicios de proximidad, como Cercanías o Rodalies, así como Media Distancia, mientras que Ouigo e Iryo solo operan determinados corredores de alta velocidad. 

Las citadas fuentes critican, por ejemplo, que Competencia equipare las actuaciones en los talleres en función de su duración, ignorando el contenido técnico, lo que puede llevar a que operaciones complejas se puedan presentar como ligeras mediante su fragmentación. También, que ese tipo de reparaciones puede reducir la disponibilidad de trenes de Renfe, sobre todo, en momentos de alta demanda o elevadas incidencias.

Negociaciones con Iryo

En el caso de Iryo, la situación es ligeramente diferente. Las dos empresas mantuvieron negociaciones para que la operadora pública española asumiera el mantenimiento pesado de los trenes de este operador privado. En concreto, hubo un principio de acuerdo para que los talleres de Renfe se encargaran del mantenimiento de los bogies, pero no llegó a formalizarse el contrato. Ese principio de acuerdo se rompió en febrero –después de la tragedia de Adamuz y el accidente de Gelida– en un momento que coincidió con un aumento de las incidencias técnicas, retrasos en la llegada de nuevos trenes y un aumento de carga de trabajo y de fuerte saturación. Por ello, según las citadas fuentes, Renfe comunicó a Iryo que no podría contar con sus talleres, por la necesidad de priorizar su propia operativa.

La operadora controlada por el Estado italiano recurrió a la CNMC, que a finales de marzo falló a su favor. En concreto, Competencia requirió a Renfe Ingeniería y Mantenimiento que permitiese “el acceso la base de mantenimiento integral de La Sagra, durante el tiempo necesario para que Hitachi Rail España [la proveedora de mantenimiento de Iryo] proceda al montaje y desmontaje de los bogies en autoprestación, y para que permita el uso de las instalaciones y equipamientos necesarios, así como la realización de las maniobras necesarias, para que se desarrollen estas intervenciones”.

Las citadas fuentes defienden que Renfe no ha actuado de “mala fe”, sino que la decisión de no ceder sus talleres se debió “a causas objetivas y de operatividad” y que “La Sagra es una instalación de mantenimiento pesado con intervenciones de ciclo alto que requieren desmontajes profundos, utillaje y paradas prolongadas y que, además, la limitación no es solo espacio”, sino que también conlleva “equipos” considerados “críticos”. También señalan que Iryo puede buscar alternativas, como contar con talleres propios.

Ese choque ha derivado en que Renfe recurra la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares urgentes solicitadas por Renfe y ha abierto una pieza separada de suspensión ordinaria, que le llevará a decidir en las próximas semanas sobre las peticiones de la empresa pública española.

En el trasfondo, no es la primera vez que el organismo presidido por Cani Fernández se posiciona a favor de la liberalización ferroviaria. De hecho, en diferentes informes ha destacado los aspectos positivos que ve a este proceso, sobre todo, la bajada de precios en el caso de la alta velocidad.

En cambio, Renfe recalca que esas puertas que España ha abierto de par en par a los operadores privados –con capital público francés e italiano– contrastan con lo que están haciendo esos mismos países. De hecho, la compañía española ha tenido que aparcar su proyecto de llegar a París con la alta velocidad, ante las trabas que se está encontrando para operar sus trenes en el mercado galo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

El todavía consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha descartado este martes que la cascada de expedientes informativos abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en las últimas semanas vaya a contribuir a “esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades” de lo ocurrido el día del apagón eléctrico, ya que analizan incidencias en el funcionamiento de las centrales de generación registradas en otras jornadas.

En el aniversario del histórico apagón del 28 de abril de 2025, y en su discurso ante la Junta General de accionista de la compañía, su última como primer ejecutivo de la eléctrica, Bogas indicó que estos procedimientos analizan y sancionarán incidencias en los dos años anteriores al día del histórico cero eléctrico, del que este mismo día se cumple un año, aunque no “evalúan la operativa” de esas instalaciones en la jornada de autos.

“Se trata, por tanto, de un ejercicio que puede resultar necesario desde el punto de vista regulatorio, pero que no contribuye a esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades de lo ocurrido ese día”, dijo.

De hecho, confirmó que, a pesar del rosario de expedientes que el regulador ha abierto a Endesa, junto a otras eléctricas o el propio operador del sistema, todas las centrales de generación de la eléctrica “operaron correctamente según lo previsto”.

Así, insistió en señalar al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE) como el único culpable del 'blackout'. “Se trató de un incidente cuya causa debe situarse en las deficiencias estructurales y de planificación, previsión y reacción del operador del sistema ante las elevadas oscilaciones de tensión del sistema eléctrico”, consideró.

A este respecto, estimó que, en esa situación de elevadas oscilaciones de tensiones, confluyeron diversos factores técnicos interrelacionados, “entre ellos, una programación insuficiente de generación síncrona para garantizar la estabilidad del sistema en determinadas zonas, especialmente en el suroeste peninsular, donde la potencia síncrona acoplada resultó claramente insuficiente para absorber y estabilizar las oscilaciones de tensión se estaban produciendo”.

“La generación renovable, que ese día era la más abundante del 'mix', no podía participar activamente en el control de la tensión porque el marco operativo vigente, responsabilidad de la CNMC y 'denunciado' reiteradamente por REE, no contemplaba todavía su plena integración en los servicios dinámicos de gestión de la tensión. A ello se sumó la particularidad del sistema español que, por petición del operador del sistema, opera con niveles de tensión más elevados que el resto de Europa, lo que incrementó la vulnerabilidad del sistema ante cualquier anomalía”, destacó.

Además, subrayó que esa misma mañana del apagón los equipos de Endesa ya trasladaron a Red Eléctrica esas variaciones de tensión de “gran amplitud”, superándose en múltiples ocasiones el umbral de 420 kV, que es el considerado normal en el resto de Europa.

No obstante, Bogas trasladó un “mensaje de tranquilidad” y consideró que “no es probable que un episodio” como el apagón “vuelva a repetirse”, ya que, desde entonces, el sistema opera con “una mayor presencia de tecnologías síncronas, lo que refuerza la estabilidad y la seguridad del suministro”.

Aún así, aseguró que el control de la tensión “seguirá siendo un reto” en un sistema con una creciente penetración de las renovables, para lo que señaló que es “imprescindible” que todas las tecnologías puedan contribuir activamente a la estabilidad del sistema, incluidas las tecnologías verdes.

Igualmente, pidió avanzar, para evitar episodios como el de hace un año, con “reglas claras, coordinación institucional y diálogo permanente entre regulador, operador del sistema, administraciones y empresas”. “Desde Endesa, siempre hemos defendido que la colaboración es la mejor herramienta para garantizar un sistema eléctrico seguro, robusto y preparado para el futuro”, añadió al respecto.

Despedida “orgulloso”

En su última junta como primer ejecutivo de Endesa, Bogas se ha mostrado “orgulloso de trabajar y liderar una de las principales eléctricas del país”. El directivo, que deja las labores ejecutivas de una compañía que ha pilotado durante más de una década -con tres mandatos- en un contexto marcado por la transición energética, el impulso de las renovables y la electrificación de la economía, reconoció que a lo largo de una carrera de 44 años “dedicados” a Endesa, “los cambios más profundos” los ha vivido en estos últimos 12 años.

Bogas, que seguirá como consejero de la compañía, reconoció que desde el primer momento al frente del grupo su empeño pasó por “hacer evolucionar a Endesa desde dentro para dejar atrás el carbón y consolidarse como una empresa líder en España y Portugal”.

“No ha sido un camino fácil, pero los resultados son evidentes”, dijo, añadiendo que, en la actualidad, la eléctrica es “una de las empresas líderes de la transición energética y avanza con determinación hacia un futuro cero emisiones sostenido por el desarrollo de la energía renovable”.

Bogas ha expresado su agradecimiento “a todos los trabajadores de Endesa, así como a ”las personas que en años pasados fueron “referentes clave” en su carrera -Rodolfo Martín Villa, Manuel Pizarro, Rafael Miranda-, o al actual presidente del grupo, Juan Sánchez-Calero, y al consejero delegado de Enel, Flavio Cattaneo. Deseó “el mayor de los éxitos al nuevo consejero delegado” de la eléctrica, que deberá ser nombrado en un consejo de administración posterior a la junta y cargo para el que suena como favorito Gianni Vittorio Armani, director de Enel Grids e Innovation y que es consejero de Endesa desde 2023.

“Estoy convencido de que sabrá guiar a la compañía hacia nuevas metas y alcanzará cotas aún más altas”, aseguró, añadiendo que continuará “apoyando” a la compañía, a la que considera su “casa”, como miembro del órgano rector.