Recoletas, uno de los principales grupos regionales de sanidad privada en España, líder en Castilla y León y en expansión en Galicia o Andalucía, es una de las empresas del sector que inspeccionó en noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles abusos y acuerdos irregulares.

La Audiencia Nacional ha rechazado una petición de esta empresa de paralizar cautelarmente el proceso e impedir que la CNMC utilice la información recopilada por sus inspectores en los registros que, según un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al que ha tenido acceso elDiario.es, realizó el organismo en la sede de Recoletas en Valladolid entre los pasados 18 y 21 de noviembre.

La empresa alegaba que esa inspección fue irregular y “que, una vez incoado el expediente sancionador, se suspenda su tramitación”, recoge el auto. Alegaba que la pesquisa le causa graves pérdidas económicas y reputacionales, pese a que el organismo no identificó las empresas investigadas ni consta la apertura de expediente alguno por ahora.

Para pedir esa suspensión cautelar, Recoletas recurrió la orden de inspección de la CNMC de 7 de noviembre de 2025 (en el marco de la información reservada S/0019/25), la actuación inspectora y la negativa del personal del organismo a entregar el auto judicial de un juzgado-administrativo autorizando el registro. La empresa arguyó falta de competencia de la CNMC para llevar a cabo la investigación y entendía vulnerados sus derechos fundamentales, con “un perjuicio irreparable” para sus intereses.

Alegó que “en el plano reputacional, la eventual incoación de un expediente sancionador y la publicidad que la CNMC le otorga a ello –además del eco que le dan los medios de comunicación– comporta un daño particularmente intenso y difícilmente reversible para una organización sanitaria en su relación con aseguradoras y Administraciones públicas”.

Además, expuso que “ese deterioro reputacional tiene efectos multiplicadores: puede generar revisiones contractuales o exigencias de garantías adicionales, y condicionar, en el ámbito de la contratación pública sanitaria, la valoración de solvencia y fiabilidad del operador en procedimientos de licitación y renovación de conciertos y convenios”.

La Sala señala que esos costes económicos y reputacionales “no pueden ser el fundamento de la concesión de la medida cautelar”, al ser “inherentes a toda orden de inspección y de investigación dictada por la Dirección de Competencia de la CNMC”. “En todos los casos en que se dictaran tales órdenes habría que conceder medidas cautelares como las que aquí se solicitan, haciendo ineficaz la actuación de la CNMC realizada para preservar la competencia”, razona.

En el top 10

Recoletas, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está entre las diez principales empresas del sector en España. El Observatorio del Sector Sanitario 2026, publicado en mayo por su patronal, IDIS (de la que es patrono el grupo), situaba a la empresa en décima posición por número de camas “no benéficas” (vinculadas, por ejemplo, a órdenes religiosas) entre los hospitales privados en 2024, con 439 unidades y una cuota del 1,6% (por delante de la canaria Hospiten), y un total de ocho hospitales.

Esta cifra ha quedado desactualizada y el grupo, que ha protagonizado varias compras en los últimos años, tiene ya más de una decena de hospitales en funcionamiento. En Castilla y León tiene siete (en Valladolid, Burgos, Segovia, Palencia y Ponferrada), a los que sumará próximamente el que construye en Salamanca.

También proyecta desde hace años otro en Aranda de Duero. Y cuenta con hospitales en Cuenca, en Orense (donde compró el grupo Cosaga en 2022) y en Marbella, inaugurado a finales del año pasado. En Palma gestiona la Policlínica de Miramar. Además, tiene una veintena de centros médicos y una docena de centros de diagnóstico por imagen, clínicas de medicina reproductiva e institutos y unidades especializadas, según su web.

En Andalucía se está expandiendo tras incorporar a su red el Grupo Médico Doctor López Cano de Cádiz en julio de 2024. En 2023 fue uno de los adjudicatarios del acuerdo marco para el servicio de asistencia “complementaria” del servicio andaluz de salud (SAS) para derivar operaciones quirúrgicas a clínicas privadas y reducir listas de espera, un megacontrato con un valor estimado en 533 millones de euros, copado por otros grupos como Quirón, Vithas, HLA u Hospitales Pascual, entre otros.

La anterior edición de ese informe de IDIS cifraba la facturación de Recoletas en 113 millones anuales, a partir de datos de la consultora DBK. El grupo (de los pocos que quedan de capital familiar en España) no aporta cifras de facturación ni consolida sus cuentas en una cabecera que dé idea de su verdadera dimensión.

Está a años luz de Quirónsalud, líder del sector en España (la filial del gigante alemán Fresenius facturó en 2025 unos 5.400 millones y tiene medio centenar de hospitales), y lejos de los siguientes en el ranking: Ribera Salud (unos 900 millones) y HM Hospitales y Vithas, que rondan los 800 millones. Pero es un actor relevante en un mercado muy atomizado, con buenas perspectivas de crecimiento y que, según Fresenius, movió 22.500 millones en 2024.

Recoletas se fundó en 1989 cuando su fundador, presidente y propietario, Amando Rodríguez, dejó el Banco de Bilbao, del que era directivo, para montar con varios socios el primer centro de resonancia magnética y TAC en Valladolid, en un local en la calle Recoletas, en el centro de la capital pucelana. De ahí el nombre de la compañía.

El grupo se incorporó a CEOE en 2021. Su principal sociedad, Grupo Hospitalario Recoletas, cerró 2024 con activos de 331 millones, según sus últimas cuentas disponibles, accesibles a través de Insight View. Esta cifra haría merecedor a su propietario de entrar en las tradicionales listas de ricos españoles, en las que nunca ha figurado, aunque ha sido señalado en alguna ocasión entre las familias más poderosas del país.

Rodríguez, que en alguna de sus escasas intervenciones públicas ha presumido de correr “delante de los grises” en su etapa universitaria en Bilbao, se prodiga poco en medios. Hace un par de años, en la que según dijo era su primera entrevista en televisión, contó al veterano periodista Manuel Campo Vidal que había recibido “muchas” ofertas por su “pequeño grupo”, que tenía entonces ya más de 3.000 empleados, y aseguró que “los fondos de inversión no debieran de pintar nada en la sanidad” porque “la contaminación que producen, perseguir sin denuedo el resultado para poder dar un pase y obtener dinero, a mí me parece que no es lo que se merece la sociedad ni los empleados que trabajan en esas empresas”.

El empresario aceptó en 2009 la oferta de uno de esos fondos, la extinta firma de capital riesgo Mercapital (no la nombró en esa entrevista), para desarrollar su negocio de diagnóstico por imagen, pero la experiencia “salió mal porque el fondo perseguía el dinero. Nosotros perseguimos ser útiles”. Rodríguez ha declarado que hace años exploró “de la mano de la Xunta” de Galicia su desembarco en Latinoamérica, pero no fructificó. Ha afirmado que los ingresos del sector público no llegan “a la mitad” del total del grupo.

Según Rodríguez, en su empresa son “colaboradores fieles” de la sanidad pública. “Entre el Sacyl [la sanidad de Castilla y León] y Recoletas tenemos que solucionar los problemas de salud de la comunidad”. Un ejemplo, el “maravilloso” acuerdo firmado en pandemia para dar apoyo a la sanidad pública “sin hacer ruido”.

Hace unos meses, la Fiscalía de Ourense denunció al grupo por presunta estafa y falsedad documental al cobrar supuestamente facturas infladas al Sergas (Servicio Gallego de Salud), simulando sedaciones completas en lugar de anestesia local. A finales de 2025 el Sacyl admitió que investiga a 15 médicos del hospital público de Burgos por incompatibilidad con su trabajo en centros de Recoletas.

La CNMC inició en la primavera de 2023 un estudio sobre las condiciones de competencia en el seguro de asistencia sanitaria en España. El pasado 27 de noviembre el organismo que desde julio preside Juan José Ganuza anunció que “investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la asistencia sanitaria privada y la consultoría sanitaria”.

“Se investiga la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las empresas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada”, indicó.

De confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que prohíben los acuerdos o recomendaciones dirigidos a “impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional” y los abusos de posición dominante.

Estas inspecciones, recalcó el organismo, son un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la LDC, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la sanción.

En marzo de 2025, la CNMC anunció un expediente sancionador a Sanitas, una de las principales compañías del sector en España, y a la aseguradora Generali por supuestas prácticas anticompetitivas, relacionadas con un acuerdo firmado en octubre de 2022 por el que el grupo de sanidad privada asumió la gestión de los servicios asistenciales de los clientes de la aseguradora y su pago a los centros hospitalarios.

Fue el primer expediente sancionador incoado por el organismo (creado en 2013) a este sector, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2025, se superaron por primera vez los 14 millones de clientes con seguros de salud en España. Entre enero y junio fue el segmento que más creció (un 6,9%), según los últimos datos de la asociación Icea.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), suman ya más de veinte medidas aprobadas o en trámite para intentar reforzar el control de la tensión eléctrica, clave en el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

El despliegue se ha acelerado este verano y el esfuerzo regulatorio apuntala la idea de que había un vacío legal en esta materia en el momento del apagón. Justo lo que negó en abril la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, tras advertir de ello tanto REE como las grandes eléctricas, los dos bandos que se culpan del peor incidente de este tipo en Europa.

El Ministerio para la Transición Ecológica cerró hace unos días una consulta para la reforma “urgente” de un decreto de 2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, que entre otras cosas, actualiza el marco aplicable al control de tensión de las instalaciones de producción y permite a las renovables participar activamente en este servicio.

El objetivo es que la configuración “por defecto” de estas plantas haga “una mayor contribución al control de tensión del sistema, aprovechando las capacidades técnicas con las que ya cuentan estas tecnologías en cumplimiento de la normativa europea y nacional, y reduciendo con ello la necesidad de uso de centrales fósiles”. Así “se reduce el recurso a la generación convencional para el control de tensión y se refuerza la seguridad del sistema eléctrico, lo que resulta especialmente urgente a medida que se incrementa la penetración de renovables”, justifica la propuesta.

El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto aprobó, a propuesta de Transición Ecológica, el Real Decreto con los planes de inversión de las redes de transporte y distribución: hasta 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030, y uno de los aspectos que condicionan el incremento del tope de inversiones de las distribuidoras (hasta 10.200 millones) es que se destinen “exclusivamente” a, entre otras cuestiones, control de tensión. Es el primer aspecto que se contempla, junto a otros como mejorar la observabilidad de las instalaciones y ciberseguridad.

El decreto se anunció en septiembre junto a la Propuesta de planificación de la red de transporte hasta 2030, pendiente de aprobarse, y que también prioriza el control de tensión y la integración de renovables, incluidas en un conjunto de actuaciones de más de 4.440 millones para reducir las denominadas restricciones técnicas: el coste de resolver congestiones de la red al margen del mercado mayorista diario que incluye la denominada “operación reforzada” que aplica REE desde el apagón; este colchón extra de seguridad, con más gas (y que las generadoras trasladan a los consumidores), ha tenido un coste de 666 millones solo en un año, según Redeia (matriz de REE).

El último Consejo de Ministros de julio también modificó aspectos puntuales de la Planificación vigente de la red de alta tensión (2021-2026): 615 millones de inversión (instalación de reactancias, compensadores…) para aumentar la resiliencia del sistema, abaratar la factura y reducir las importaciones de energía y las emisiones. Una medida en respuesta a una solicitud de REE, en línea con las recomendaciones de Entso-e (la asociación europea de transportistas que elaboró el informe sobre el apagón) y ACER (regulador europeo), para “complementar y mitigar la aplicación del mecanismo de restricciones técnicas para controlar la tensión y amortiguar las oscilaciones”.

Ya en julio de 2025, tras el informe del comité de investigación del Gobierno que repartió culpas sobre el apagón, Transición Ecológica aprobó otra modificación puntual con 65 actuaciones urgentes por importe de 750 millones para “incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema”.

Decretos ley

A finales de junio, el Real Decreto-ley 18/2026 de respuesta a la guerra en Irán introdujo novedades en este aspecto. Reforzó el papel operativo de las distribuidoras, permitiéndoles impartir instrucciones directas para controlar tensión y operar sus redes. Un cambio en la Ley del Sector Eléctrico incorporó expresamente el control de tensión entre las funciones que se les encomiendan en el ámbito de las redes que gestionan.

El aluvión normativo comenzó en junio de 2025. Semanas después del apagón, Transición Ecológica impulsó otro decreto-ley (luego lo tumbó el Congreso) con 24 medidas para incrementar la resiliencia del sistema. Tras decaer el texto, el ministerio aprobó en noviembre un Real Decreto urgente (997/2025) que, sin pasar por el Congreso, recogía buena parte y obligó a la CNMC a realizar informes trimestrales sobre el control de tensión que el organismo se resistía a elaborar.

Además, el decreto emplazó a REE a proponer modificaciones normativas para reforzar todo lo que falló ese fatídico día: amortiguamiento frente a oscilaciones, velocidad de cambios de tensión en el sistema, calidad en la inyección de potencia activa por parte de las instalaciones de producción, funcionamiento de los servicios de ajuste, requisitos de monitorización y remisión de datos para análisis de incidentes.

Tras ese encargo, el operador del sistema pidió a la CNMC cambiar seis procedimientos de operación (1.1, 1.4, 8.2, 11.2, SENP 1 y 8.2) y aprobar otro (el 1.7), con medidas como desconectar instalaciones “cuyo comportamiento pueda comprometer la seguridad del sistema eléctrico”. REE cita “la inyección de potencia reactiva que pueda comprometer de forma significativa el cumplimiento de los umbrales de tensión en nudos de la red de transporte, así como la introducción en el sistema de oscilaciones de cualquier naturaleza”, como la que produjo antes del apagón una gran fotovoltaica de Iberdrola.

Esta “medida extraordinaria” para “preservar la seguridad del sistema eléctrico”, “por la naturaleza de las situaciones que pueden requerir su aplicación, no resulta posible establecer una relación exhaustiva de supuestos”. Su adopción “no responde a criterios discrecionales y podrá resultar de aplicación a cualquier instalación cuyo comportamiento genere un riesgo potencial relevante”, según REE.

El texto que acaba de publicar señala que los umbrales de referencia de variabilidad de tensión “se han determinado a partir del análisis histórico de un conjunto representativo de nudos de la red del Sistema Peninsular” y tras “un seguimiento diario de los niveles de tensión y de su variabilidad en dichos nudos” realizado desde otoño. REE trabaja en otro PO para los centros de control. Cuando esté vigente supondrá derogar uno de los que ahora se reformarán (el 8.2).

Esos PO los debe aprobar Competencia, que tras el apagón ha dado luz verde a una cascada de regulaciones sobre control de tensión. Semanas después del histórico colapso energético, tras cinco años analizándolo, actualizó (junto a otros cuatro PO) el ya famoso PO 7.4, específico sobre esta cuestión y que databa de 2000, cuando las renovables eran testimoniales. El pasado 25 de junio volvió a actualizar el 7.4 junto al PO 14.4, para incentivar que las energías limpias participen en el control de tensión de forma dinámica, como hacen desde 2020 en Portugal, que comparte su mercado eléctrico con el español.

En octubre, tras más variaciones bruscas de tensión en las semanas previas, Competencia aprobó a petición de REE y ante “los riesgos para la seguridad del suministro”, cambios urgentes en tres PO (3.1, 3.2 y 7.2) que luego prorrogó sucesivamente “para facilitar la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular”. También se modificaron las rampas de incorporación de las renovables.

La CNMC creó en febrero, en el marco de un plan de actuación para asegurar la estabilidad del sistema, tres grupos de trabajo sobre control de tensión, a corto plazo y para las redes de transporte y distribución, por lo que son esperables más cambios normativos en las áreas que competen al organismo que desde hace unas semanas preside el catedrático Juan José Ganuza. Este martes se publicaba en el BOE la nueva regulación de la CNMC para facilitar la conexión de nuevos consumidores a la red eléctrica mediante permisos de acceso flexible.

Y para los permisos destinados a los consumidores más grandes, los denominados de “tipo 3”, para las instalaciones de consumo conectadas directamente a la red de transporte peninsular con capacidad flexible superior a 1 MW, el texto señala que deberán “cumplir los requisitos de reactiva o, en su caso, de control de tensión que se establezcan”. Los titulares de estos puntos deberán estar preparados para reducir su consumo cuando el operador del sistema lo solicite por razones estrictas de seguridad.

Competencia tiene abiertos 64 expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos relacionados con el apagón. Ha cifrado en 39 millones el coste de reponer el servicio tras el cero energético. Su informe de marzo con recomendaciones sobre el incidente concluyó que uno de los factores que contribuyó al “fenómeno de sobretensiones” fue “que el sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de tensión”.

El documento reclamó medidas para mitigar “los cambios bruscos de tensión y que refuercen la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes” y avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad. Aunque, según la CNMC, “en el momento del incidente, el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estimado parcialmente la denuncia de Iryo sobre el acceso a instalaciones de mantenimiento pesado de Renfe, a quien requiere que permita el acceso de los trenes de Iryo al taller ubicado en la comarca toledana de la Sagra para el desmontaje y montaje de sus 'bogies', según ha comunicado este martes.

La CNMC ha resuelto la denuncia presentada por Iryo en relación con la denegación de acceso de su material rodante a los talleres de mantenimiento pesado de Renfe y ha concluido que este lo rechazó a solo unos días del inicio previsto de las operaciones y “sin justificación objetiva suficiente”.

El organismo explica que Renfe Mantenimiento ofertó servicios de mantenimiento pesado al mercado y, tras haber negociado con Iryo durante más de 18 meses las condiciones de acceso de los trenes de este operador a los talleres y la prestación de servicios de mantenimiento, comunicó que no los prestaría “a solo dos semanas del inicio de las operaciones”, “sin justificación objetiva suficiente y sin haber seguido los procedimientos de coordinación y priorización de solicitudes incompatibles”.

Las razones que esgrime la CNMC

En un comunicado expresa que esta retirada de la oferta por parte de Renfe dejó a Iryo “sin alternativas viables para ejecutar a tiempo” el mantenimiento pesado de sus trenes, “con el consiguiente riesgo de inmovilización” de los mismos.

Así, considera que dicha inmovilización le “impediría cumplir” con sus compromisos de reserva de capacidad con el administrador de las infraestructuras e “impactaría en la pluralidad de la oferta de servicios de transporte disponible” para los usuarios.

Por ese motivo, la CNMC requiere ahora a Renfe Mantenimiento que “facilite el acceso” de los trenes de Iryo al taller de La Sagra, en Toledo, para las operaciones de desmontaje y montaje de 'bogies', “en los términos previamente negociados por las partes y sin perjuicio de que ambas puedan alcanzar una solución alternativa de mutuo acuerdo”.

Sin embargo, aclara que esta obligación se circunscribe a los 19 trenes objeto de las negociaciones y no obliga a Renfe a prestar el servicio de mantenimiento de los 'bogies' en el taller Valladolid, al haberse acreditado que Iryo “dispone de alternativas” para realizar esas operaciones.

Tanpoco estima la pretensión de Iryo de que Renfe facilite el acceso a sus instalaciones para la ejecución en autoprestación de todas las operaciones asociadas a la intervención “R2” de los trenes del operador, pues la oferta de Renfe Mantenimiento “no incluyó este elemento”, añade.

Finalmente, el organismo público explica que el mantenimiento pesado del material rodante es una actividad “crítica” para las empresas ferroviarias, ya que su no realización en plazo puede suponer la inmovilización de los trenes.

Además, recuerda que la normativa obliga a los prestadores de servicios de mantenimiento pesado a prestarlos a todos los operadores de forma “transparente y no discriminatoria”, una vez que los ofrecen al mercado.

Ante solicitudes incompatibles, continúa, el prestador “debe intentar acomodarlas, entablando negociaciones con los operadores y maximizando la capacidad de los talleres y, solo si eso no es posible, aplicar criterios de priorización de objetivos para adjudicar la capacidad”.

Renfe no descarta recurrir la resolución

Renfe ha afirmado que está “analizando en detalle” la resolución y no descarta recurrirla porque, según ha advertido, su capacidad industrial no es “ilimitada” ni se encuentra “desocupada” y que “la asignación continuada de capacidad a terceros reduce el margen disponible para el mantenimiento y recuperación” de su flota.

Los talleres, equipos y recursos humanos han sido “dimensionados para atender una amplia flota propia y garantizar el cumplimiento” de las obligaciones operativas y de servicio que tiene asumidas para los próximos años, aclara.

En este contexto, fuentes de Renfe han indicado a Europa Press que la empresa “actuará, como siempre, dentro del marco legal y atendiendo a las decisiones administrativas o judiciales que resulten aplicables”.

Además, ha indicado que la resolución de la CNMC descarta “buena parte de las pretensiones de Iryo” y dice “mantiene únicamente una obligación concreta” en la Sagra: el uso temporal del bajabogies de dichos talleres, en régimen de autoprestación y conforme a determinadas condiciones, recogidas en la oferta que realizó Renfe Ingeniería y Mantenimiento el 3 de julio de 2025.

También ha resaltado que esta “no establece una apertura general ni permanente de la Sagra” y que dicha propuesta de Renfe Ingeniería y Mantenimiento “no llegó a formalizarse y las conversaciones concluyeron sin acuerdo entre las partes ni compromiso contractual de acceso”.

“El análisis posterior de las necesidades de mantenimiento llevó a Renfe a concluir que el acceso solicitado no podía atenderse sin detraer capacidad destinada a la flota de Renfe Viajeros”, apunta.

Renfe afea que no se valoren sus últimas actuaciones

Renfe afirma que la existencia de una oferta formulada en el marco de una negociación --como la realizada en julio de 2025-- “no supone la asignación definitiva de capacidad” y recuerda que, tras las medidas provisionales acordadas por la CNMC, Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolló “actuaciones concretas para posibilitar su cumplimiento”.

Así, programó las pruebas de compatibilidad, movilizó recursos, coordinó a las unidades implicadas y propuso una nueva fecha cuatro días después de la suspensión de una primera prueba debido a una incidencia, mientras que la prueba de compatibilidad se celebró finalmente el 26 de junio de 2026.

Por otra parte, Renfe considera que la resolución “no valora suficientemente” las últimas actuaciones y alegaciones y sostiene que “la cuestión de fondo no se limita al acceso a una instalación concreta”, sino “el modelo de desarrollo industrial que debe acompañar a la liberalización ferroviaria”, y señala que “la capacidad industrial condiciona directamente el mantenimiento de la flota, la recuperación ante incidencias y la calidad y continuidad del servicio ferroviario”.

Además, fuentes de Renfe celebran que la resolución de la CNMC “reduce considerablemente el alcance de lo solicitado” por Iryo, ya que descarta el acceso de este a la base de Valladolid --al aceptar el carácter “desproporcionado” de esa medida--, así como la autoprestación de la totalidad del mantenimiento pesado (“R2”).

Por otra parte, desde Renfe mantienen que la valoración de la capacidad industrial disponible debe realizarse atendiendo a la disponibilidad conjunta de instalaciones, equipos, personal cualificado, horarios, secuencias de trabajo y requisitos de seguridad, y que “no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una instalación aislada”.

Por tanto, “se debe determinar si la capacidad contemplada en julio de 2025 continúa efectivamente disponible en las condiciones actuales y puede facilitarse sin detraer recursos necesarios para el mantenimiento de la flota de Renfe Viajeros”, precisa el operador.

Finalmente, llama a la “necesidad de reciprocidad en un mercado liberalizado”. En específico, defiende un mercado ferroviario “abierto y competitivo”, basado en principios de seguridad, reciprocidad y responsabilidad industrial, en el que la competencia debe desarrollarse “garantizando que cada operador asuma las inversiones y capacidades necesarias para sostener su propia actividad”.

En esa línea, prosigue, considera que el crecimiento del mercado debe apoyarse en nuevas inversiones industriales y de mantenimiento por parte de todos los operadores, y no en “una utilización estructural de capacidades ya comprometidas para atender la operación propia de Renfe”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la disposición de la nueva Ley de Uso Turístico de la Vivienda de Canarias que obliga a los dueños de viviendas vacacionales a comunicarlas al ayuntamiento como actividad clasificada vulnera legislación estatal.

En una resolución hecha pública este viernes, la CNMC advierte de que esa comunicación al ayuntamiento, adicional a la obligación de presentar una declaración responsable de inicio de actividad ante el Cabildo, es “una carga innecesaria”.

Y lo es, a su juicio, porque la propia Ley de Uso Turístico de la Vivienda de Canarias “exime explícitamente a las nuevas VUT (viviendas de uso turístico) de la aplicación del régimen jurídico de las actividades clasificadas al declarar que 'el uso turístico de hospedaje en viviendas está exento de los instrumentos de intervención previa regulados en la Ley 7/2011 (de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos) y sus reglamentos'”.

A criterio de la CNMC, la exención prevista en la Ley de Uso Turítisto de la Vivienda “debería ser de aplicación preferente al artículo 4 del decreto canario 113/2015, al ser una previsión legal frente a una disposición reglamentaria de acuerdo con el principio de jerarquía normativa recogido en los artículos 9.3 y 97 de la Constitución y en los artículos 47.2 y 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

En ese contexto, Competencia considera que exigir este trámite a las viviendas vacacionales en Canarias vulnera el principio de simplificación de cargas que recoge el artículo 7 de la Ley estatal de Garantía de Unidad del Mercado.

La energética Holaluz defiende que todas las facturas reclamadas por las distribuidoras eléctricas están al corriente de pago y asegura que “no concurre ninguna causa para la extinción de su habilitación como comercializadora”, tras el procedimiento incoado por el Ministerio para la Transición Ecológica por una deuda que se ha cifrado en unos 6 millones de euros, y en el que ha presentado ya sus alegaciones.

La compañía que pilota Carlota Pi ha informado en un comunicado de que presentó este martes, “antes de la finalización del plazo legalmente establecido”, que concluía el próximo viernes, sus alegaciones al procedimiento, y afirma que “continúa plenamente habilitada para operar, desarrolla su actividad con absoluta normalidad y defenderá sus derechos por todas las vías legales a su alcance, reafirmando su compromiso con un mercado eléctrico competitivo y en beneficio de los consumidores”.

“Desde el inicio del procedimiento, Holaluz ha mantenido en todo momento la plena continuidad de su actividad, garantizando el suministro y la prestación de sus servicios sin interrupción alguna y con absoluta normalidad para todos sus clientes, lo que ha permitido a los clientes permanecer en la Compañía. En especial, y al hilo de las noticias aparecidas en prensa estos días, la Compañía confirma que todas las facturas reclamadas por las distribuidoras están al corriente de pago”, indica la nota.

La empresa confía en que, una vez analizadas las alegaciones y los hechos objetivos acreditados durante el procedimiento, “éste quede resuelto a la mayor brevedad posible, confirmando la plena continuidad de su habilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica”.

Holaluz subraya que la apertura del procedimiento administrativo “no produce por sí misma efecto alguno sobre la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad ni sobre su cartera de clientes”, y que “continúa plenamente habilitada para operar como comercializadora de energía eléctrica, desarrolla su actividad con absoluta normalidad y no se ha producido, ni se está produciendo, el traspaso efectivo de cliente alguno a comercializadoras de referencia”, las que suministran la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

La empresa asegura que “cumple con todos los requisitos legales y regulatorios exigibles para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica, tanto operativos como financieros”. “A pesar de una denuncia injustificada”, considera que no concurre ninguna de las causas previstas en la normativa vigente que pudiera justificar la extinción de su habilitación ni, por tanto, el eventual traspaso de clientes a terceras empresas.

Holaluz confía en que “una vez analizadas las alegaciones presentadas y los hechos objetivos acreditados en el procedimiento, éste quede resuelto a la mayor brevedad posible, confirmando la plena continuidad de la habilitación de Holaluz para el ejercicio de su actividad”. Y asegura que ha tomado “todas las medidas necesarias para que no pueda repetirse una situación como ésta, garantizando, de esta manera, la continuidad de la Compañía”.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Iberdrola y ha levantado la sanción de 25 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015, que multó a la compañía por haber manipulado el mercado para subir artificialmente los precios y llevarse un beneficio económico de 21,5 millones. Unos hechos por los que la energética fue absuelta en 2024.

En una sentencia fechada el 8 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sigue la estela del fallo de la Sala de lo Penal de enero de 2024, en el que se absolvió a la energética de haber alterado los precios durante el llamado 'tarifazo', cuando el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular— decidió no cubrir los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse el 1 de enero de 2014. Pocos días después se produjo una escalada de precios que, entonces, se vinculó con esta decisión política.

En concreto, la práctica de la que se acusó a Iberdrola Generación —la filial dedicada a la producción eléctrica— fue la de elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

Ahora, la Audiencia Nacional considera que la multa ha de levantarse ya que los hechos por los que se impuso “son sustancialmente análogos” a los ya juzgados, por los que no cabe lugar la sanción “muy grave” que la CNMC impuso amparándose en la Ley del Sector Eléctrico.

La sentencia incide en el tirón de orejas al supervisor que dio la Sala de lo Penal, al apuntar que el procedimiento por el que se investigó el perjuicio “se basó en meras estimaciones” y se consideró “un sistema ad hoc creado exclusivamente para este caso concreto”, adoleciendo de “graves deficiencias” y con sus “variables fundamentales (...) siendo modificadas subjetivamente”.

La Sala de lo Penal también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, descartando la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Energía XXI Comercializadora de Referencia, perteneciente al Grupo Endesa, por generar confusión entre sus marcas al no diferenciar correctamente entre la comercializadora de referencia de tarifas reguladas y las comercializadoras asociadas al mercado libre.

En concreto, Competencia ha sancionado con 400.000 euros a la energética, que se han quedado en 320.000 tras aplicarse una reducción del 20% por pago voluntario, al entender que se cometió una infracción grave contemplada en la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, el supervisor detectó varios incumplimientos en una inspección que realizó a Energía XXI para supervisar las obligaciones de separación e identificación de las actividades de las comercializadoras de referencia.

Según determina la CNMC, Energía XXI “dificultó su identificación clara e inequívoca como comercializadora de referencia” en sus contactos con los clientes. En llamadas con los consumidores empleó denominaciones sociales o nombres comerciales referidos a empresas distintas del grupo y, en los documentos contractuales, empleó elementos identificativos de la marca Endesa, que está asociada a la comercializadora libre.

Esto, dice Competencia, generó “confusión” en el consumidor y puso “en riesgo” la libertad de elección del tipo de contrato entre la tarifa regulada y el mercado libre.

La CNMC recuerda que la normativa exige a las comercializadoras de referencia mantener una imagen y comunicación con los clientes “claramente diferenciada” respecto a las comercializadoras del mismo grupo que operan en el mercado libre. Obligaciones con las que proteger la capacidad de los consumidores para distinguir a las comercializadoras de cada mercado y preservar la competencia.

Si bien no se han acreditado daños, beneficios económicos ni intencionalidad en la conducta de Energía XXI, la CNMC apunta que la sociedad, al estar integrada en uno de los principales grupos energéticos del país, “dispone de capacidad económica suficiente para evitar situaciones como las detectadas en la inspección, vinculadas a deficiencias en los mecanismos de formación y en los procesos de atención al cliente”.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nombramiento del catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el apoyo del Gobierno y sus socios habituales, frente al rechazo del PP y Junts.

Los candidatos a incorporarse al consejo de Competencia han comparecido este martes en el Congreso, un trámite preceptivo para avalar la designación que hizo el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio. Además de Ganuza, los diputados han aprobado la designación de tres nuevos consejeros por un mandato de seis años: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

La mayoría de la Comisión ha avalado los nombramientos, con 19 votos a favor y 17 en contra, y ha desestimado los vetos que han presentado tanto PP como Vox a los nombramientos de los cuatro nuevos miembros de la CNMC.

Durante su intervención, Ganuza se ha definido como un “apasionado de la competencia”, que es “un mecanismo para reducir la desigualdad”. El ya presidente de la CNMC ha defendido que el mayor reto al que se enfrenta el supervisor están relacionados con la “competencia extrema” que suponen la economía digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esto obliga, ha dicho el ya presidente de la CNMC, a actuar no solo 'ex post', sino con nuevas herramientas que eviten el “abuso de posiciones de dominio”.

“Soy un apasionado de la competencia. Creo firmemente que democratiza los mercados, abarata los precios, traslada las mejoras de productividad a los salarios de los trabajadores e incentiva a las empresas a innovar”, ha dicho.

El nuevo presidente de la CNMC, que sustituye a Cani Fernández al frente del 'zar' que supervisa los sectores regulados, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III. Catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, se ha especializado en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública y dirigió durante más de una década el máster de Competencia y Regulación de la Barcelona School of Economics.

Además, desde 2014 es el responsable de la División de Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, y preside el Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia.

Un exdiputado, la exjefa de gabinete de Calviño y una catedrática

Junto al nuevo presidente, se incorporan como vocal Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021 y, ahora, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. Balsa, que es técnico comercial y economista del Estado, cuenta con una dilatada experiencia en la Administración pública española y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Fue subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la CNC, organismo que se integró en la CNMC, entre 2008 y 2009. Ha defendido durante su comparecencia el “honor” de sumarse al consejo de la CNMC.

También Joan Capdevila, exdiputado de ERC (2015-2024) y exdelegado del Govern de Catalunya en Madrid (2024-2025), que se desempeñó en su época en el Congreso en las comisiones de Industria, Transición Ecológica y Economía. Precisamente ha glosado esta experiencia y su trabajo “en más de 30 proyectos de ley”, lo que le ha permitido, a su juicio, “saber de la intersercción entre norma, mercado, empresa, consumidor y administración”. “Una experiencia presumo que útil para un órgano colegiado que debe decidir sobre problemas en los que la norma jurídica, el análisis económico, la realidad sectorial y el impacto social se cruzan constantemente”, ha señalado.

Por su parte, Marina Echebarría es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, cuya investigación académica se ha especializado en ámbitos como el Derecho de la distribución comercial, los mercados electrónicos y las nuevas tecnologías. Echebarría, nombrada en 2020 la primera catedrática trans de España, fue candidata de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado mes de marzo.

La jurista ha asegurado que no pretende ser “experta” en los ocho sectores regulados de la CNMC pero se ha confiado a su “experiencia y capacidad de aprendizaje” para tomar las mejores decisiones en su órgano colegiado y hacer frente a los “abusos explotativos” vinculados a las posiciones dominantes en los mercados, lo que puede favorecer “actos desleales” que tengan incidencia en el derecho de la competencia.

Los diputados se han despedido con un sentido aplauso de Cani Fernández, presente en la sala mientras defendían su idoneidad los nuevos consejeros de la CNMC, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Renfe Ingeniería y Mantenimiento por no abrir a su competidor Iryo los talleres para el mantenimiento y la reparación de trenes.

Según consta en los registros del portal web de la CNMC, el expediente se abrió el pasado 23 de junio y responde a una presunta infracción del artículo 107.UNO.2.2.1 de la Ley del Sector Ferroviario, que versa sobre el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la CNMC, cuando no constituyan infracción muy grave.

En concreto, el regulador resolvió el pasado mes de marzo una denuncia interpuesta por Iryo e impuso a Renfe la obligación de abrir sus talleres, en este caso concreto a Iryo, cuyo control lo ejerce la empresa estatal italiana Trenitalia. Renfe recurrió a la Audiencia Nacional, pero el 2 de junio la justicia rechazó las peticiones de la compañía.

Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press aseguran que esta decisión de la CNMC es “desproporcionada” y explican que la empresa ya contactó con Iryo, en cumplimiento de la normativa, para que esta otra compañía facilitara toda la documentación necesaria para poder acceder a su taller de La Sagra (Toledo).

Sin embargo, en estos dos últimos meses y pese a ser responsabilidad de Iryo la entrega de esa documentación, el operador italiano no ha realizado las gestiones necesarias, por lo que desde Renfe aseguran no ser responsables de esta demora.

Asimismo, Renfe denuncia que cuando Ouigo lleva a cabo operaciones de mantenimiento pesado en instalaciones autorizadas únicamente para mantenimiento ligero, la CNMC permite la continuidad de esos trabajos, a pesar de que sostienen que no se ajustan al marco normativo.

En caso de abrir sus talleres, que ya están al límite de su capacidad operativa, Renfe teme un impacto económico estimado en más de 60 millones de euros anuales, por la caída de ingresos y los desajustes operativos derivados de la reducción de la oferta de trenes.

Renfe recuerda que tanto Iryo como Ouigo han tenido tiempo “suficiente” desde la liberalización iniciada en 2021 para construir sus propios talleres, como así ha hecho otra filial italiana del dueño de Iryo en Francia, donde ha invertido 80 millones de euros en talleres para su operativa en ese país.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado un paso más en su cruzada sobre las hipotecas y ahora investiga al sector de la intermediación, el paso previo a la apertura de un potencial expediente sancionados por la concertación de precios y de políticas comerciales.

Competencia ha anunciado que la semana pasada inspeccionó la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria y se investiga si existe una recomendación o la decisión colectiva de no captar empleados entre las empresas miembros de dicha asociación, así como relativas a la fijación de precios o condiciones comerciales de los servicios que prestan.

Esta nueva línea de investigación llega solo dos semanas después de que la CNMC abriera un procedimiento de sanción contra la gran banca del Ibex, por una posible concertación en sus políticas comerciales sobre las hipotecas a tipo fijo a través de las declaraciones públicas de sus principales directivos. En concreto, contra Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell porque sus intervenciones “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, pero no da más detalles al respecto.

La CNMC apenas da detalles sobre la investigación en curso, más allá de que son “un paso preliminar” en las indagaciones sobre estas posibles prácticas anticompetitivas “y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas”.

Sí apuntan que dichas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la Ley de Competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

La banca defiende que ha actuado “correctamente”

La apertura del expediente contra los seis bancos del Ibex fue la última gran investigación impulsada por Cani Fernández, ahora presidenta en funciones de la CNMC, hasta que el Congreso confirme al sucesor que ha designado el Ejecutivo, el catedrático Juan José Ganuza.

La banca se ha defendido de las acusaciones. El presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió la semana pasada que el banco ha actuado “correctamente” y que su política comercial “no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”.

En términos similares se expresó la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, que defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”.

Mientras, el Banco de España estudia poner en marcha algún tipo de restricción al crédito ligado a la vivienda, tras la petición de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconoció el gobernador José Luis Escrivá la semana pasada, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.

Hola.

¿Cómo llevas la semana? 

La vida te da sorpresas, cantaba Rubén Blades. Hay semanas en que la actualidad económica produce el tipo de paradoja que ningún manual de teoría económica sabe bien cómo clasificar. Cuba ha aprobado en apenas siete días el mayor paquete de reformas económicas de los últimos quince años: 176 medidas que pasan por la autorización de la banca privada, la inversión extranjera directa de la diáspora cubana, la creación de pymes agrícolas por primera vez en la historia del país y el fin gradual de los subsidios universales de la libreta de abastecimiento.

A miles de kilómetros, en el Reino Unido, Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro, defiende exactamente lo contrario: recuperar el control público del agua, la energía, el transporte y la vivienda, bajo lo que él llama “manchesterismo”, una apuesta por deshacer cuatro décadas de privatizaciones thatcheristas, según avanzaba The Guardian. La isla comunista mira hacia el mercado y la cuna del capitalismo industrial reclama más Estado.

Las motivaciones de cada movimiento son tan distintas como sus puntos de partida, aunque el diagnóstico de fondo comparte un hilo conductor: el modelo vigente ha fallado a la gente corriente. En Cuba, el presidente Díaz-Canel ha reconocido ante la Asamblea Nacional que el país “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.  El día previo, el Granma —el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)— destacaba el espaldarazo del gran camarada Raúl Castro a los cambios: “No solo resistir, también avanzar y desarrollarnos”.

La presión es doble: el deterioro económico interno acumulado durante seis años y el bloqueo petrolero de la Administración Trump, que ha dejado a regiones enteras de la isla con apenas dos horas de electricidad cada tres días. En el caso británico, el ensayo The Productive State, publicado por el think tank Common Wealth como marco teórico del “manchesterismo”, argumenta que los ciudadanos pagan una especie de “prima de privatización”, un impuesto regresivo oculto en las facturas cotidianas que transfiere riqueza de los hogares a los inversores, mientras el Estado se ve obligado a subvencionar con ayudas sociales los costes inflados por la gestión privada de los servicios esenciales.

La gran pregunta, en ambos casos, es si las reformas llegarán a buen puerto. En el Reino Unido, el anuncio de que Burnham podría llegar a Downing Street ya ha puesto nerviosos a los mercados financieros, que han elevado el coste de la deuda pública británica. En Cuba, el escepticismo tiene raíces más profundas: desde la era de Raúl Castro, el Gobierno cubano ha hecho reiterados anuncios reformistas que luego no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática. Y sobre todo esto planea la sombra del bloqueo estadounidense, que amenaza con asfixiar cualquier apertura antes de que pueda generar los frutos que promete.

El dato

7.239

Son los millones de euros que el Gobierno destinará a la dependencia en 2027. Se trata de la mayor inyección financiera a la dependencia de la historia…y de un movimiento con claro aroma a precampaña que busca refundar el maltrecho “cuarto pilar” del Estado del Bienestar.  El Ejecutivo sumará 2.218 millones de euros en 2026 y movilizará 6.200 millones extra hasta 2027 respecto a los últimos Presupuestos, logrando la pirueta de duplicar la inversión de 2025 sin nuevas cuentas públicas y multiplicando por cinco los fondos desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Este manguerazo de millones busca revertir el colapso de un sistema infrafinanciado desde los recortes de la era Rajoy, que ha provocado que miles de dependientes mueran sin recibir sus ayudas.

Desde el 1 de julio, las comunidades recibirán más recursos por cada persona atendida: la cuantía mensual para la gran dependencia pasará de 290 a 660 euros; para la dependencia severa, de 130 a 260; y para la moderada, de 76 a 90. El objetivo urgente es reducir una lista de espera que asfixia a más de 265.000 personas, potenciar la atención domiciliaria y dignificar un sector muy precarizado. No obstante, el decreto deberá superar ahora el examen de un Congreso hostil para convalidarse, mientras se tramita en paralelo una reforma legal más profunda que pretende cambiar el modelo actual hacia cuidados menos centrados en residencias tradicionales.

Por cierto, fue el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero el que aprobó en 2006 la ley de la Dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

 Tipos (y tipas) de interés

Sube Juan José Ganuza, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El elegio por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para relevar a Cani Fernández es un perfil marcadamente académico y técnico. Ganuza es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, doctor en Economía por la Carlos III, catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2014, responsable de la división de regulación y competencia de Funcas. El perfil acredita solvencia técnica fuera de toda duda. La ironía es que el propio Ganuza fue uno de los académicos que en su día criticó con dureza el diseño del superregulador que ahora presidirá, alertando de que un mal diseño institucional podía perjudicar la reputación de cualquier experto que aceptara el cargo. Trece años después, el destino lo coloca ante su propio espejo.

El primer frente que le espera es el digital, y no tiene tiempo que perder. España ha designado a la CNMC como autoridad competente para hacer cumplir la regulación de mercados digitales de la UE, pero el organismo arrastra un vacío operativo de envergadura: el bloqueo parlamentario de la legislatura ha impedido que las Cortes aprueben las reformas legales necesarias para dotarlo de herramientas sancionadoras reales. Vigilar algoritmos, frenar abusos de las grandes plataformas y regular la nube es hoy, literalmente, imposible con la estructura actual.

A eso se suma un tablero empresarial tensionado por la reconversión energética, con las propuestas de las redes de gas de distribución y transporte o los 66 expedientes sancionadores incoados en relación con el apagón. También la investigación sobre los precios de las hipotecas que se anunció recientemente y que ha caído como una bomba en el sector bancario.

Tiene otro reto que es político. Ganuza no llega solo: el Consejo de Ministros ha propuesto también a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño y técnica comercial del Estado; al exdiputado de ERC Joan Capdevila; y a la catedrática Marina Echebarría, a propuesta de Sumar, lo que deja al Partido Popular sin representación en esta renovación. La oposición ya habla de “blindaje progresista” y el ruido amenaza con contaminar la credibilidad del supervisor antes de que dicte su primera resolución. Así que el gran desafío de Ganuza no será solo técnico, que pocos lo discuten, sino de resistencia institucional: demostrar, con resoluciones incontestables, que el criterio de la CNMC está por encima de las cuotas.

No todo nos parece mal

El grupo Roca ha logrado enderezar el rumbo financiero tras dejar atrás el doloroso peaje de su salida de Rusia. La multinacional catalana de sanitarios, fundada en 1917, cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 43 millones de euros, una cifra que contrasta con los 61 millones de pérdidas registrados el año anterior debido al proceso de desinversión en el mercado ruso. Emplea a 20.000 trabajadores.

Este regreso a los números negros se ha conseguido en un contexto de estancamiento de la construcción en Occidente y un notable parón en las reformas del hogar, ya que el consumidor postpandemia prefiere gastar en servicios y experiencias antes que en cambiar los azulejos.

Aun así, la facturación resistió el golpe situándose en los 1.960 millones de euros el último año, un 3,8 % más a tipos de cambio constantes, si bien el aumento final de las ventas fue del 0,6 % tras la depreciación de algunas de las monedas en las que opera la compañía, ha señalado la compañía en un comunicado.

La estrategia de Roca pasa por abrir el grifo de la inversión y mirar hacia arriba: destinó 126 millones de euros en 2025 a automatizar sus plantas con fábricas robotizadas, avanzar en sostenibilidad y explorar la integración de la inteligencia artificial aplicada a la salud en el baño. Pero el verdadero giro de guion es corporativo: reforzó su apuesta por los segmentos 'premium' y de lujo con la adquisición de la mayoría del fabricante italiano Antonio Lupi Design, especializado en equipamiento de baño de alta gama, y de la australiana Phoenix Industries, dedicada a la grifería de gama alta.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Ya sabes que si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Un abrazo!

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha asegurado que es “razonable” dividir el negocio de Redeia (matriz de Red Eléctrica) y que, por una parte, esté el operador del sistema y, por otro, la rama del despliegue de las redes de transporte, que debería estar abierta a otras empresas privadas a través de un modelo de subastas.

“Nuestra preocupación son los conflictos que se generan entre uno y otro. No lo decimos nosotros, lo dice la propia CNMC. Hay señales e indicios de que hay potenciales conflictos de interés en el funcionamiento de ambos”, ha dicho el CEO de la filial, durante una intervención en el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Para Ruiz-Tagle, la solución sería una operación a través de modelos de subasta, en el que las empresas privadas puedan optar al desarrollo de determinadas líneas. Esto, a su juicio, permitiría una ejecución más rápida de las inversiones, ante una red de transportes que, ahora mismo, está saturada.

“La mitad de la planificación futura son obras que vienen del pasado. Si no cumplimos con hacer las obras que tenemos que hacer en el transporte, no le pidamos a la distribuidora que tenga capacidad para poder dar acceso a la red”, ha dicho el ejecutivo.

Apuesta por copiar a Brasil o Chile

En la actualidad, Redeia, presidida por Beatriz Corredor, es a la vez la operadora –una actividad controlada por el Estado, que ejecuta Red Eléctrica– y la principal responsable del despliegue de las redes de transporte energético del país.

Para Ruiz-Tagle, modelos como el de Brasil o Chile, mercados en los que operan tanto Iberdrola como REE, así como el de Reino Unido tras el Brexit, serían deseables: “Es un modelo que sea más eficiente en la planificación para no generar sobreinversión y un modelo que sea más eficaz en la contrucción. En Brasil, se subasta una línea, ofrezco un precio por transporte y el riesgo de la inversión lo asumo yo. Aquí el riesgo lo estamos asumiendo todos los consumidores”.

El empresario ha insistido en que su propuesta “no es ir contra nadie”, sino que necesitan “que el sistema funcione”. Y una posibilidad “razonable”, a su juicio, es permitir la participación de otras empresas en competencia para “reducir costes” y eliminar el “cuello de botella” de la inversión.

Ruiz-Tagle ha dedicado gran parte de su intervención a defender que es necesario desbloquear las inversiones en redes, que están provocando que numerosas industrias en regiones como Euskadi se queden sin conectar a las infraestructuras de transporte eléctrico. “La industria está pidiendo acceso y no estamos siendo capaces de atenderlo”, ha dicho.

Sobre el apagón, el consejero delegado de Iberdrola España ha avanzado que la compañía ya ha respondido a los expedientes sancionadores incoados por Competencia en el marco de su investigación sobre los hechos del 28 de abril de 2025. Respecto a los expedientes abiertos por la CNMC, Ruiz-Tagle ha contado que cuando los analizaron vieron que no están vinculados con el día del apagón y ha apuntado que ha pedido los datos de Competencia para contrastarlos con los suyos.

El Gobierno ha escogido al catedrático Juan José Ganuza como candidato a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en sustitución de Cani Fernández, cuyo mandato terminó el pasado 16 de junio, según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la propuesta de Ganuza como nuevo responsable del organismo que supervisa la competencia en los mercados y algunos sectores regulados tan relevantes como la energía o las telecomunicaciones. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III, Ganuza es catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, donde se ha especializado en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública y dirigió durante más de una década el máster de Competencia y Regulación de la Barcelona School of Economics.

Además, desde 2014 es el responsable de la División de Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, y preside el Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia.

Ganuza, como uno de los mayores expertos de España en cuanto a competencia, también fue muy crítico con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de fusionar en un único 'superregulador' la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP) y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria (CRFA), además de asumir las competencias de supervisión del sector audiovisual.

Ganuza apuntó, como informó elDiario.es, que el argumento que se utilizó entonces, el del recorte de gasto, era “ridículo”, cuando “se trataba de quitarte diez sueldos de altos cargos para una institución con un impacto gigantesco, de miles de millones de euros, en la economía”. “Lo importante es más que nada las personas que integren el organismo. Lo ideal era un modelo como el anterior, donde la CNC fuera una segunda instancia, como el Tribunal Supremo, y que tuviera muchísimo capital humano en un servicio de estudios, asesores y un economista jefe de prestigio internacional”, señaló entonces, al hilo del cuarto aniversario de la creación de la CNMC.

“Nadie sabe de todo, y sospechamos que no existen personas que puedan ser calificadas como expertas en política de competencia a la vez que en el funcionamiento de todos los mercados regulados. Pero incluso si existieran, ninguno de estos expertos habría aceptado ser consejero de la CNMC, precisamente porque su mal diseño (y temores sobre influencia política) podría perjudicar su valiosísima reputación profesional”, apuntó en una tribuna publicada por El País, firmada junto a otros expertos en el área: el catedrático Antonio Cabrales y el doctor Gerard Llobet Codina.

Un mandato de seis años

La elección de Ganuza, que contará con un mandato de seis años, ahora tiene que ser avalada por la Comisión de Economía del Congreso. Si bien el mandato de los consejeros salientes –Cani Fernández, Josep María Salas (cercano a ERC) y Carlos Aguilar (vinculado a Podemos), junto a la dimitida Pilar Sánchez– culminó la pasada semana, el Gobierno se ha dado unos días adicionales para negociar con los socios parlamentarios habituales los nombres a proponer en el Consejo de Ministros.

Junto al nuevo presidente, el Gobierno ha designado como vocales a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021 y, ahora, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. Balsa, que es técnico comercial y economista del Estado, tiene una dilatada experiencia en la Administración pública española y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Fue subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la CNC, organismo que se integró en la CNMC, entre 2008 y 2009.

También a Joan Capdevila, exdiputado de ERC (2015-2024) y exdelegado del Govern de Catalunya en Madrid (2024-2025), que se desempeñó en su época en el Congreso en las comisiones de Industria, Transición Ecológica y Economía. Es precisamente esta experiencia y cercanía con sectores regulados por lo que su nombre sonaba como uno de los potenciales reemplazos.

A propuesta de Sumar, el Consejo de Ministros ha propuesto a Marina Echebarría, catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, cuya investigación académica se ha especializado en ámbitos como el Derecho de la distribución comercial, los mercados electrónicos y las nuevas tecnologías. Echebarría, nombrada en 2020 la primera catedrática trans de España, fue candidata de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado mes de marzo.

Fuentes de Sumar en el Gobierno destacan que, de ser ratificada, será la primera mujer trans en formar parte del organismo y que su aportación será “valiosa”, ya que “ aporta un profundo conocimiento de la competencia y de los retos regulatorios derivados de la digitalización de la economía. Su experiencia contribuirá a fortalecer el análisis y la supervisión de mercados cada vez más complejos y a garantizar una regulación eficaz en beneficio de consumidores y empresas”.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido la actuación “correcta” de la entidad en cuanto a su política comercial en el mercado hipotecario, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abriera un expediente a toda la gran banca del Ibex 35 ante una posible concertación en sus ofertas de préstamos a tipo fijo.

“Desde el BBVA tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normaes y, en todo momento, hemos actuado correctamente y creo que así se vera en lo que se sustancie en este procedimiento que está en sus inicios”, ha dicho el máximo responsable de la entidad.

La CNMC abrió la semana pasada un procedimiento sancionador contra las principales entidades bancarias del país –Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell– ya que “las declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo” de algunos directivos “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”.

Es decir, aunque sin dar detalle, Competencia investiga si esas intervenciones podrían haber dado pistas al resto del sector sobre cuál sería su estrategia en cuanto a productos tan relevantes como los hipotecarios.

Las hipotecas españolas son “tremendamente competitivas”

Torres ha participado en la apertura del Curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, que cuenta con el patrocinio de la entidad.

Tras una intervención centrada en el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector bancario, y a preguntas de los periodistas, el presidente del BBVA ha defendido que el mercado español de hipotecas es “tremendamente competitivo” y que los clientes españoles “gozan de unas condiciones de financiación extraordinarias”.

“Es muy atractivo. Creo que es el tercero de la Unión con los tipos más bajos. Eso es una buena muestra de las buenas condiciones que tienen los clientes hipotecarios en España”, ha dicho el banquero, que ha apuntado que los españoles pagan un interés medio del 2,8%, frente al 3,8% que abonan los alemanes en sus créditos para la compra de una vivienda.

En este sentido, Torres ha incidido “con vehemencia” que la política comercial del BBVA “no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”. “De lo que depende nuestra política comercial y nuestros productos es de la creación de valor y del cliente”, ha subrayado.

Sobre la situación del mercado hipotecario, y tras las recomendaciones de algunos organismos internacionales a intervenir en la concesión de hipotecas para evitar un sobrecalentamiento del mismo, Torres se ha opuesto con contundencia y ha incidido en el “atractivo” del entorno español. “No es conveniente que haya intervenciones en mercados que están funcionando bien porque es contraproducente”, ha dicho.

La renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidencia incluida, va a tener que esperar. El Consejo de Ministros de este martes no tomó ninguna decisión sobre los nombramientos que, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos, debe proponer el Gobierno al Congreso. Fuentes gubernamentales no precisan qué plazos maneja el Ejecutivo para abordar este proceso, que llega en un momento de máxima debilidad parlamentaria del Gobierno.

Este 16 de junio vencía el mandato de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y los vocales Josep María Salas (cercano a ERC) y Carlos Aguilar (vinculado a Podemos). En el pleno del organismo (que por ley debe estar formado por diez miembros, incluyendo la presidencia y la vicepresidencia) está vacante además desde enero un puesto tras la dimisión de Pilar Sánchez, que poco después de su cese fichó como consejera independiente de Cajamar.

Los mandatos en la CNMC tienen una duración de seis años. Las propuestas de nombramiento las puede vetar la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja. La obligada renovación de este organismo, que vigila el funcionamiento de los mercados y supervisa los sectores de energía, telecomunicaciones o transportes, entre otros, llega con el Ejecutivo en una situación muy complicada por la sucesión de escándalos en el entorno del Gobierno y el PSOE, del caso Leire Díez al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Entre los partidos que deben dar el plácet a la renovación de la autoridad de la Competencia está Junts, que este martes elevaba la presión sobre Pedro Sánchez con una moción junto al PP para que el Congreso vote si exige un adelanto electoral. Esta formación colocó en enero de 2025 como consejero de la Comisión de la Competencia a Pere Soler, ex concejal de CiU que fue director de los Mossos de Escuadra hasta el referéndum independentista de 2017.

Por su parte, el PP se ha quedado nuevamente fuera de esta negociación, como viene ocurriendo desde 2020, cuando Fernández fue nombrada presidenta del organismo. Este martes, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible de los populares, Alberto Nadal, lamentaba en la red social X (antes Twitter) que en este proceso de renovación “el Gobierno no ha mantenido contacto alguno con el PP. Sanchismo en estado puro”.

Cuando creó la CNMC aplicando el rodillo de su mayoría absoluta de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a meter en el consejo del organismo a un miembro de la ejecutiva del PP, el ex juez Fernando Torremocha.

Está previsto que la próxima semana la presidenta de la CNMC participe en la jornada de clausura del tradicional curso de verano que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El curso versará sobre “La Inteligencia Artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía”. Lo inaugurará el próximo lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

“Mi último día no sé cuándo será”, dijo la semana pasada la todavía presidenta de la CNMC, que se despidió en su último acto público antes de vencer su mandato pidiendo que su sucesor o sucesora “mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas”, porque la competencia para captar talento es “durísima”.

“Capacidad técnica” y “sentido común”

Fernández, que en los últimos meses ha impulsado una inédita investigación contra el entorno de uno de los consejeros salientes (Josep María Salas, uno de los vocales díscolos en asuntos como la retribución de las redes eléctricas), reclamó que la persona elegida para sustituirla tenga “capacidad técnica”, “sentido común” y que, como ella (que fue socia del área de Competencia del bufete Cuatrecasas durante casi 30 años), acredite “conocimiento de competencia”, porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). 

El perfil que reclama la todavía presidenta de la CNMC no encajaría con el de uno de los candidatos cuyo nombre para presidir el organismo ha sonado en las quinielas en las últimas semanas, el de Mariano Bacigalupo, marido de la ex vicepresidenta y actual comisaria europea, Teresa Ribera, y en la actualidad consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gran experto en energía, Bacigalupo, doctor en Derecho, fue consejero de la CNMC hasta septiembre de 2022 y trabajó durante seis años en la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), el regulador energético que fulminó el PP al crear la CNMC, del que fue secretario y director del Servicio Jurídico.

Otro nombre que circula es el de Inmaculada Gutiérrez, técnico comercial del Estado (como el vicepresidente Cuerpo) que fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), donde permaneció seis años, además de ejercer como jefa de gabinete de Cani Fernández antes de fichar por Renfe.

En su intervención de la semana pasada, Fernández concedió cierto espacio a la autocrítica al hacer un balance “con aciertos y con errores [no dijo cuáles] porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta” al organismo.

El papel de la CNMC ha quedado muy cuestionado tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, por su inédito retraso de casi cinco años en aprobar un procedimiento para permitir a las energías renovables controlar la tensión eléctrica que, según muchos expertos, habría evitado ese cero energético. Esa inacción no equivale a un “vacío normativo”, según dijo Fernández en el Congreso el pasado 21 de abril, en una intervención que ya tuvo sabor a despedida: “Les deseo mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, dijo a los diputados, que le recordaron que esa comparecencia podría no ser la última. “Si me llaman, aquí estaré”, afirmó.

Fernández y los otros dos vocales con el mandato caducado seguirán por ahora en funciones. Esta situación ya se prolongó durante meses con el anterior presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. El catedrático y ex directivo de Cepsa (actual Moeve) estuvo casi un año en funciones junto a la mitad del consejo de entonces tras caducar su mandato, hasta que el Gobierno de Sánchez pudo pactar la renovación del pleno tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Marín había sido nombrado cuando el PP creó la CNMC en 2013 al fulminar el anterior modelo de reguladores sectoriales y la extinta autoridad de la Competencia, basándose en un informe encargado por Telefónica y con la excusa de un muy discutible “ahorro de costes”. Un modelo polémico y prácticamente único en el mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó revertir con un proyecto de ley para recuperar la CNE que ha encallado en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios. Los mismos que ahora dificultan la renovación de este organismo clave para la economía española.

Este mismo martes, la CNMC anunciaba un expediente sancionador a los seis bancos del Ibex 35 (Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell) por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las hipotecas a tipo fijo. El organismo también anunció la actualización de su guía de programas de cumplimiento en materia de competencia y su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y por el que se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha hecho balance este jueves de su mandato, que acaba la próxima semana, admitiendo “errores” que no ha concretado, pero lamentando la “crítica injusta” al organismo, muy cuestionado por su lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión eléctrica que llevaba años desfasado y que, según muchos expertos, podría haber evitado el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Fernández ha dicho que cierra “con orgullo” esta etapa, “con aciertos y con errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, y con “momentos de crítica justa y de crítica injusta. He aprendido a leer la prensa desapasionadamente”.

Sin citar ejemplos concretos, ha subrayado que “la técnica tiene sus tiempos”, la seguridad jurídica es “una garantía democrática” y “la CNMC solo sirve a España si decide con rigor, con transparencia”. El cero peninsular, del que “hemos aprendido todos enormemente” y “también a nivel europeo”, mostró que es necesario “seguir avanzando en la regulación” para que la creciente incorporación de energías renovables “sea segura” y un colapso así “no vuelva a ocurrir”.

Fernández ha dicho que el ámbito que “ha llevado más tiempo” en estos años ha sido con diferencia la regulación energética, un “Everest regulatorio” que “ha exigido técnica, temple y sentido de Estado porque la energía no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica”, define la autonomía estratégica o la seguridad del suministro.

“Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino”, “escuchar al sector sin dejarse capturar” y sin “precipitación”. Ha querido “reconocer especialmente a quienes han trabajado en la CNMC en energía”, con “un escrutinio público como pocos” y “con rigor, con entrega y con una serenidad que no siempre se ha reconocido lo suficiente”.

“He visto cansancio, he visto presión, he visto discrepancias”, ha dicho la presidenta de la CNMC, que ha tenido un cariñoso recuerdo para el fallecido ex vicepresidente Ángel Torres, fallecido en 2023, y ha alabado “a todos los trabajadores” del organismo. “Ellos son la CNMC, no son titulares”. Las instituciones son una “mezcla de inteligencia, paciencia y decencia que permite que un país funcione un poco mejor”.

Con un discurso con referencias a Baltasar Gracián, aragonés como ella (apelando a la “prudencia activa”, que “es pensar antes de decidir”), ha citado a Quevedo, porque “poderoso caballero es don Dinero”, aunque debe estar sujeto a “reglas”, y a Cervantes, al glosar “la libertad como uno de los bienes más preciosos”.

A su sucesor o sucesora le ha pedido “que mantenga la calidad técnica de los servicios” y “eso implica cuidar sobre todo a las personas” porque la competencia para captar talento es “durísima”. Ha pedido que la persona elegida para sustituirla, que el Gobierno debe pactar con los grupos políticos, tenga dos cualidades: “capacidad técnica” y “sentido común”, con “conocimiento de competencia” porque “su función diaria” es presidir esa Sala (la de Regulación la encabeza la vicepresidencia de la CNMC). Su último día “no sé cuándo será”, ha deslizado, aunque su mandato acaba el próximo martes.

Fernández se ha felicitado de la “victoria” de haber aprobado una mayor desregulación en el sector de las telecomunicaciones tras 30 años de liberalización, y por la mayor competencia en ferrocarril. Ha dicho que deja una CNMC “más sólida, más cohesionada, más internacional, más consciente de su papel y más preparada”, y con un “futuro claro” para las carreras profesionales de su plantilla. Ha definido su mandato como “mi propia odisea”: “No se trata de obtener una recompensa al final del camino porque no la hay”.

“Mi Ítaca”, que “no ha sido un puerto fácil”, era dejar una institución “más fuerte, más útil, más independiente, más respetada, más humana”. “Ha sido un honor inmenso” y la etapa “más intensa, más exigente y más feliz de mi vida profesional”.

Entre los retos de futuro de la CNMC, ha citado continuar el despliegue de la transición energética, la “transformación digital acelerada” o el impacto de la Inteligencia Artificial. Ha lamentado que no se haya revisado la Ley de Defensa de la Competencia en materia de cárteles. Cuando tomó posesión “estaba clarísimo” que se iba a actualizar, pero “a fecha de hoy sigue sin aprobarse”.

Preguntada por cuál sería la decisión que destacaría, ha citado la prohibición, a finales del año pasado, de la compra de la catalana Irab por parte de Curium en el mercado de radiofármacos contra el cáncer. Ha recordado que esta empresa acaba de ser adquirida por un fondo francés especializado en el sector sanitario para desarrollar su negocio de radiofármacos en toda Europa.

Fernández ha sido presentada por Rafael García-Valdecasas, abogado del Estado y juez del Tribunal General de la Unión Europea (1989-2007), que ha explicado cómo le “impactó la inteligencia que mostraba” la hoy presidenta de la CNMC cuando la conoció recién licenciada y cómo en 1994 tuvo “la inmensa suerte” de que aceptara el puesto de jefa de su gabinete cuando él estaba en el TJUE, hasta que en 1997 volvió al bufete Cuatrecasas cuando le ofrecieron ser socia en Barcelona de ese despacho, en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

Según García-Valdecasas, “en este puesto tan difícil yo creo que ha sido capaz de controlar con eficacia y con tacto” el funcionamiento de la competencia en un mercado donde hay “operadores con un gran poder”. Y ha confiado en que una vez expire su mandato “el Gobierno sea consciente del potencial de Cani” y “la sitúe en un puesto acorde con su valía”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado una reducción anual de las tarifas aeroportuarias del 0,59% entre el periodo de 2027 y 2031, que contrasta con la subida del 3,82% planteada por Aena.

Con esta propuesta, el organismo que preside Cani Fernández busca reforzar la eficiencia del sistema aeroportuario y asegurar su sostenibilidad económica, según se detalla en el informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 (DORA III).

Para alcanzar esta reducción, la Comisión ha revisado al alza las previsiones de tráfico aéreo en España, frente a los datos suministrados por Aena. Así, plantea un incremento del 2,2% del tráfico de aviones, hasta alcanzar los 366,7 millones de pasajeros en 2031, mientras que el gestor aeroportuario español calcula un aumento del 1,3% y 346,7 millones de pasajeros estimados para 2031.

Igualmente, ha propuesto reducir los gastos de explotación (OPEX) en 741,5 millones de euros, frente al incremento planteado por Aena --superior al aumento del tráfico--. También ha recomendado disminuir el coste de capital (WACC) del 9% al 7,4%, en línea con la regulación europea.

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha celebrado el informe.

En esta línea, la patronal de las aerolíneas ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que respete el criterio del supervisor independiente y que apruebe el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) del quinquenio 2027-2031 con bajadas en las tarifas.