La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por un delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario de energías fotovoltaicas Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte en la primera pieza del caso Mediador.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el general y el empresario han sido condenados a nueve meses de cárcel, mientras que Navarro Tacoronte tiene una pensa de prisión de cuatro meses y medio.

El caso saltó a la luz pública cuando a finales de enero de 2023, Navarro Tacoronte fue detenido acusado de apropiarse de la tarjeta de un alto cargo del Cabildo tinerfeño, lo que ha supuesto la apertura de una causa paralela por denuncia falsa en contra de éste.

Tras varios días en el calabozo el mediador confesó que en sus móviles habían miles de archivos de conversaciones, videos e imágenes que demostrarían una trama de corrupción en la que estaba implicado también el exdiputado nacional, Bernardo Fuentes y su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector general de Agricultura.

Declarados culpables por un tribunal de jurado

La primera pieza del caso Mediador se juzgó a finales de enero en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el tribunal de jurado declaró culpables al general Espinosa, a Navarro Tacoronte y al empresario Antonio Bautista de un delito de cohecho vinculado a sobornos para conseguir contratos de placas solares en las Islas.

En el veredicto, el jurado dio por probados los 12 pagos cuestionados, cinco de ellos con mayoría de siete votos y el resto por unanimidad.

Durante la vista oral, uno de los peritos, miembro de la Guardia Civil, aseveró que Espinosa era miembro activo del cuerpo cuando se produjeron los hechos, por lo que no podía recibir ningún tipo de regalo ni dinero a cambio de gestiones.

En el caso de Navarro Tacoronte, se confirma que actuó como intermediario entre ambos con el fin de facilitar los negocios de placas solares que Bautista quería implantar en las islas.

En la primera pieza que se ha juzgado ahora, se relata que el mediador contactó con Bautista en agosto de 2020 por teléfono y luego le presentó al exgeneral, con el que Navarro Tacoronte había entablado amistad por esas fechas.

En septiembre Bautista viajó a las Islas para conocer al mediador y entonces sin haber visto a Espinosa le envió una caja de puros canarios para comenzar a continuación una decena de encuentros en restaurantes en los que se repetía siempre la misma dinámica: el empresario corría con los gastos.

Un hito en la trama que el veredicto considera otro cohecho es el viaje que un fin de semana de noviembre de 2020 hacen los tres, más una amiga de Espinosa, a Fuerteventura para que ex guardia civil diera una charla y el empresario pudiera conocer a la mujer dado que iba a trabajar en su empresa, al igual que haría Espinosa cuando se jubilara.

En este caso el empresario también corrió con todos los gastos de billetes de avión, hotel y alquiler de vehículos y el supuesto cobro de 3.000 euros por la conferencia de la que no hay constancia, y que el fiscal sostuvo que fue una excusa para justificar el viaje, teoría que avala el jurado.

Cuando en el mes de enero Bautista constató que era imposible conseguir ningún resultado, finalmente cerró cualquier posibilidad de trato con el mediador.

Como conclusión de la trama, Bautista se sintió engañado y estafado, Espinosa asegura que en aquellos momentos era director de una Fundación y ya no tenía condición de funcionario y Navarro Tacoronte declaró que siempre actuó como un particular realizando funciones comerciales.

Ninguno de estos argumentos han sido aceptados por el jurado popular en su veredicto.

La jueza de Santa Cruz de Tenerife al cargo de la trama de presunta corrupción conocida como caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo, ha concluido la instrucción de la pieza principal. En el auto conocido este jueves, la magistrada procesa a un total de 23 personas como presuntas autoras de hasta nueve delitos, desde cohecho a tráfico de influencias y estafa.

Entre los procesados en la trama figuran el exdiputado socialista en el Congreso y presunto cabecilla del grupo Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni); el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, sobrino del anterior; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y el intermediario o mediador que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Concretamente, a Navarro Tacorote, a Tito Berni, a Taishet Fuentes, a Francisco Espinosa y a otras diez personas más se les investiga por los presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa y falsedad.

En un segundo bloque se investiga también al exviceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias Álvaro de la Bárcena, al exdirector general de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canaria, José Domingo Fernández, y otras cuatro personas más por presunta prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública o malversación de caudales públicos.

En un tercer bloque e investiga a Navarro Tacoronte y a otras cinco personas por blanqueo de capitales e igualmente hay otra persona investigada por un presunto delito contra la hacienda pública.

La primera pieza del caso Mediador se juzgó hace algunas semanas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el tribunal de jurado declaró culpables al general Espinosa, a Navarro Tacoronte y al empresario Antonio Bautista de un delito de cohecho vinculado a sobornos para conesguir contratos de placas solares.

La entrada al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife obsequió este jueves a los viandantes con algo de escena calculada. No por la solemnidad del inicio del juicio del caso Mediador, uno de los asuntos más ruidosos de los últimos años en España, venido a menos a medida que se detectaba que los altos cargos socialistas implicados en una de sus piezas habían dejado de estarlo, sino por el modo en que el principal encartado decidió presentarse ante cámaras y curiosos: Marco Antonio Navarro Tacoronte no llegó vestido para pasar inadvertido. Llegó vestido para ser leído.

Efectivamente, arrancaba el juicio contra Navarro Tacoronte, el famoso mediador, que se sentaba en el banquillo junto a un general retirado de la Guardia Civil que alcanzó gran prestigio en su día, Francisco Espinosa, y el empresario Antonio Bautista. Es la llamada rama de la fotovoltaica, en la que no se ha detectado rastro de cargos políticos, aunque la Fiscalía sitúa esta primera pieza como una introducción penal la parte más amplia del caso que vendrá a continuación. Los cargos que se les imputan también lo reflejan: cohecho por una sucesión de regalos, favores y promesas que, según el escrito, buscaban lubricar relaciones y abrir puertas en la Administración a cambio de contraprestaciones. En total, por ahora, un año de petición de prisión para cada uno de los encartados.

En esa lista, que ha ido aflorando en informaciones previas al juicio, aparecen invitaciones, comidas, viajes, dinero y hasta una exigencia especialmente significativa: la contratación de la pareja del general con sueldo mensual de 3.000 euros, además de la perspectiva de un puesto para él tras su jubilación. La tesis fiscal es sencilla: el intermediario presumía de la figura del general como aval de influencia y poder; el empresario aportaba dádivas; y el servidor público, aun en retiro o transitando hacia él, aceptaba beneficios incompatibles con el cargo.

En el arranque del juicio hay, sin embargo, un dato que resulta igual de elocuente por lo que contiene y por lo que deja fuera: por ahora no se sientan cargos políticos en el banquillo. La imagen pública del caso Mediador quedó asociada en su día al escándalo político que salpicó al exdiputado socialista majorero Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, pero esta primera pieza se limita a los tres acusados citados.

La camisa como pancarta

Fue en ese contexto en el que Navarro Tacoronte eligió convertir su propio cuerpo en mensaje. Camisa blanca de manga larga y botones exigidos hasta la extenuación, es decir, requintada: una apariencia normal… hasta que mostraba la espalda.

En esa amplia espalda Tacoronte exhibía en gran formato el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, obra del escultor Juan de Ávalos, con una leyenda diseñada para que todos los presentes se fijaran y para posicionarse: “80.000 tinerfeños donaron” para “el ángel de la paz”. Un eslogan con apariencia de dato histórico, que viene siendo el del colectivo que defiende con pasión el mantenimiento de ese vestigio franquista. Un gesto que, más que accidental, parecía una declaración política hecha en plena jornada judicial. El Mediador quería aclararle al mundo lo que seguramente algunos ya sabían: “Soy franquista”. 

Conociendo al personaje, que se dedicó siempre a medrar presumiendo de tener más influencia de la que tenía, es posible que la intencionalidad no sea muy sofisticada. Cabría pensar, por lo tanto, que lo que quiere es situarse en ese espacio de la ultraderecha sin complejos, teniendo en cuenta las altas posibilidades de que Vox pueda ser decisivo en un próximo gobierno de España -con el PP- que pudiera o pudiese tener que ver con un potencial indulto a la pena o penas que pudieran imponérsele.

En otras palabras, mientras la Audiencia Provincial lo sentaba en el banqulllo por corrupción, Navarro Tacoronte se presentaba ante el futuro envuelto en memoria, memoria de futuro. Por lo que pueda ocurrir.

La elección de la pancarta que se cargó el Mediador a la espalda no fue caprichosa. El monumento —conocido popularmente como el Monumento a Franco y también como Ángel de la Victoria — se ha convertido en una pieza central de las guerras culturales locales: para unos, vestigio franquista que debe retirarse; para otros, obra artística susceptible de “resignificación” o incluso de protección patrimonial.

Coalición Canaria se disputa con el Partido Popular y Vox la intensidad en su defensa. Tal competencia se explica en lo que arrojan las encuestas cada vez con más nitidez. Vox sube, y en Tenerife no lo hace a costa únicamente del PP, como ocurre en el resto de España. El votante regionalista (de CC) es muy conservador en esa isla y no ve con buenos ojos el revisionismo de lo que siempre ha considerado parte de su paisaje urbano y sus apreciaciones políticas.

Los 80.000 tinerfeños que en 1966 aportaron entre 1 y 5 pesetas para erigir el Ángel de la Victoria han dejado secuela varias generaciones después. Y el mediador quiere seguir mediando.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga a partir de este jueves, con tribunal de jurado, la primera de las tres piezas del caso Mediador, la relacionada con la trama de sobornos para instalar placas fotovoltaicas en el archipiélago.

La Fiscalía solicita una pena de un año por un presunto delito de cohecho para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, según el escrito recogido por Europa Press.

En principio el juicio se alargará durante cuatro días y la primera jornada se dedicará a escuchar las cuestiones previas de acusaciones y defensas.

La Fiscalía relata que Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte por sus supuestos contactos en el mundo empresarial y el ámbito público en el archipiélago, al presentarse como una persona “integrada” en el Gobierno regional, pese a saber que “carecía” de cualquier representación o responsabilidad en el Ejecutivo.

Así, Navarro se ofrecía a conseguir la celebración de contratos con entidades relevantes del mundo empresarial y prometía también acceder a la concesión de subvenciones a favor de la empresa de Bautista, aparte de formalizar “lucrativos contratos” con la administración pública, señala la Fiscalía.

Para ganarse la confianza de los empresarios, a quienes exigía “comisiones, dádivas o regalos”, organizaba encuentros con personas influyentes del ámbito político o económico principalmente, caso del general de la Guardia Civil, que actuaba en connivencia con Navarro, y hacía valer que durante cuatro años fue una de las máximas autoridades del instituto armado en Canarias.

Algunas reuniones se celebraban en la Península para ganarse la confianza de Bautista y generar una “imagen de seriedad y poder” con el fin de que tuviera la convicción de que “accediendo a las exigencias, pagos y comisiones podía obtener negocios ventajosos y lucrativos contratos para sus empresas”.

Estos encuentros se desarrollaban normalmente en restaurantes donde el empresario “siempre asumía el pago de los gastos”, subraya la Fiscalía, hasta el punto de que empezó a realizar los primeros regalos al general, como cajas de puros valoradas en casi 250 euros, y también al mediador, lo mismo que diferentes viajes.

Contratar al general cuando se jubilara

Progresivamente, las exigencias del general y del mediador iban en aumento como la petición de contratación de algunas personas en las empresas de Bautista --concretamente la novia del general con un sueldo mensual de 3.000 euros-- y hasta la promesa de contratar al propio general una vez jubilado.

Asimismo, el empresario llegó a abonar casi 20.000 euros en sobres y en efectivo al general y al mediador en contraprestación para lograr sus fines comerciales.

Con el fin de “impresionar” a los posibles empresarios que querían captar para la trama, las reuniones se realizaban en la dirección general de la Guardia Civil en Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde eran recibidos por el actual exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -investigado en otras piezas del caso-.

Según consta a la Fiscalía, Bautista obsequió al general y una acompañante con un viaje a Canarias que incluía el abono del hotel y coche de alquiler, más una cantidad de dinero en efectivo.

Bautista llegó a presentar hasta cuatro proyectos de instalación de placas fotovoltaicas a empresarios ganaderos de Fuerteventura, pero las ofertas no fructificaron.

El caso Koldo que investigan a medias la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se ha convertido en la primera gran causa de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018. Una investigación que, a medida que trascienden informes, autos, grabaciones y mensajes, va sumando los ingredientes de las tramas habituales de corrupción de la vida pública: comisiones ilegales, adjudicaciones públicas de obras, grabaciones a escondidas y políticos imputados por usar su poder para, supuestamente, engrasar la maquinaria corrupta.

La conversación fue registrada por Koldo García en abril de 2019 sin que su interlocutor supiera que estaba siendo grabado. José Luis Ábalos no había cumplido aún 12 meses como ministro de Fomento, era secretario de organización del PSOE y faltaban pocos días para las primeras elecciones generales de las dos que hubo ese año.

Político y asesor hablaban, entre bromas, de negocios y beneficios. De las adjudicaciones de obras en Sevilla y Logroño que, según la Guardia Civil, se otorgaron irregularmente para sacar mordidas. Otras grabaciones incorporan a Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE implicado en el escándalo y a quien los investigadores acusan de haber ejercido como intermediario para que ese dinero fluyera entre las empresas y los cargos públicos. “No quiero que hables de eso”, reprocha cuando Koldo García empieza a mencionar el dinero de origen inconfesable.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) habla de una serie de obras en carreteras, ferrocarriles y el Puente del Centenario que sobrevuela el Guadalquivir en Sevilla cuyas adjudicaciones suman 637 millones de euros y de las que, supuestamente, salieron más de 600.000 euros en comisiones, algunos pendientes de cobro. Una fórmula que, lejos de ser inédita, es la más habitual en las grandes causas de corrupción investigadas y sentenciadas, muchas de ellas en firme, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Tramas corruptas como Gürtel o Púnica se edificaron sobre esos mismos cimientos. Empresarios como Francisco Correa o David Marjaliza que se asentaron en regiones o municipios donde gobernaba el Partido Popular para untar con mordidas a cargos públicos a cambio de conseguir adjudicaciones, grandes y pequeñas, o cobrar su parte por convertirse en intermediarios para otros empresarios.

Las revelaciones que ya examina el magistrado Leopoldo Puente apuntan a la zona de confort de las tramas corruptas que hacen de las instituciones públicas su cortijo: cargos públicos que se corrompen a cambio de dinero o algún tipo de dádiva. El caso Koldo apunta a una particularidad. Mientras que en otros escándalos como la trama Gürtel de Arganda los jueces han declarado probado que los empresarios se convirtieron en un ayuntamiento paralelo para hacer y deshacer a su antojo, las grabaciones de esta nueva causa apuntan a que era Koldo García quien elegía obras, empresas y adjudicaciones para ir obteniendo comisiones y atendiendo sus necesidades económicas.

No faltan tampoco los chivatazos. Uno de los grandes objetivos de las organizaciones criminales, se dediquen a la corrupción política o al tráfico de drogas, es tener información del otro lado del pinchazo telefónico. Saber si están siendo investigados o si, al menos, han hecho saltar alguna alarma en la Policía o la Guardia Civil.

En la trama Púnica un guardia civil fue condenado por advertir a Francisco Granados que la Audiencia Nacional seguía sus pasos. En este caso Koldo, desde el estallido de las primeras detenciones hace un año, hay un guardia civil imputado bajo la acusación de dar un chivatazo y las grabaciones demuestran que Santos Cerdán sabía, o afirmaba saber, que alguien les seguía la pista.

Era diciembre de 2023 y todavía faltaban más de dos meses para que Koldo García fuera detenido por orden del juez Ismael Moreno. Pero para entonces la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su querella y la Audiencia Nacional llevaba semanas investigando bajo secreto a la trama. En las conversaciones, Koldo García da a entender que sabe que le están persiguiendo e incluso afirma haber hablado con mandos de la Guardia Civil.

Grabaciones y favores personales

Una de las herramientas más efectivas para investigar el crimen es poder escuchar en directo a los supuestos criminales pero los pinchazos telefónicos, autorización judicial mediante, no siempre llegan a tiempo para captar las pruebas clave. Otras veces son los propios implicados los que, con un teléfono o una grabadora camuflada, empiezan a grabar a sus socios a escondidas.

A veces el objetivo es tener munición con la que protegerse, a veces pruebas para denunciar la corrupción desde dentro y buscar un trato favorable y a veces intentar ganar el relato ante la opinión pública. El resultado siempre es similar: las grabaciones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, acaban trascendiendo y juegan un papel fundamental en el proceso judicial.

La trama Gürtel se conoció gracias a que José Luis Peñas, entonces concejal del PP en Majadahonda, grabó durante horas y horas a Francisco Correa y sus compinches con el objetivo de ir a la Fiscalía y denunciar el entramado corrupto del que él mismo había formado parte y del que quería salir. Sin él, la Gürtel no se habría conocido.

El archivo del excomisario José Manuel Villarejo es, a día de hoy, un glosario de la corrupción además de un arma arrojadiza y en ocasiones un elemento de extorsión. Ahora el entorno de Koldo García ha explicado a varios medios que los audios que la Guardia Civil encontró en uno de sus dispositivos no son los únicos que hay y existe una posibilidad de que nuevas grabaciones lleven las réplicas del terremoto hasta la puerta del Palacio de la Moncloa.

No todo eran comisiones económicas en la operación Delorme. Las investigaciones hablan también de favores, de pagos en especie y la solución de problemas inmobiliarios a golpe de adjudicaciones y gestiones entre bambalinas. Un piso de lujo alquilado y un empleo para una pareja de José Luis Ábalos, puestos de trabajo en empresas públicas a personas de su entorno y, en definitiva, la influencia más allá del dinero contante y sonante.

El favor personal es el condimento esencial de todas las tramas corruptas que, en un momento dado, tienen que tratar a diario con cargos públicos que, el día de mañana, pueden favorecerles. De Koldo García pidiendo empleo para una mujer hasta Víctor de Aldama pagando miles de euros al mes al exasesor de Ábalos cuando ya no estaba en el Ministerio pero por si acaso en el futuro podía hacer algo por él.

La trama Gürtel de Francisco Correa demostró la importancia de saber dar atención personalizada a los amigos. El entramado llegó a pagar la fiesta de cumpleaños de los hijos de Ana Mato, posteriormente ministra con Mariano Rajoy pero entonces casada con el alcalde de Pozuelo de Alarcón, uno de los grandes aliados de los corruptos en Madrid esos años. Vacaciones, vuelos, viajes y hoteles.

Organismos centrales y financiación ilegal

La trama que gira en torno a José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y ahora también Santos Cerdán cuenta con otra particularidad. En Gürtel, Púnica y Lezo –sota, caballo y rey de la corrupción española– los amaños, las irregularidades y las comisiones se ceñían al ámbito municipal o regional. Bastiones del PP como Majadahonda, Pozuelo, Arganda o Boadilla o la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana con la excepción de AENA, el gestor público aeroportuario.

La trama del caso Koldo, todavía bajo instrucción, se ciñe exclusivamente a organismos centrales y el ámbito estatal. Las obras públicas bajo sospecha salieron, sobre todo, de la Dirección General de Carreteras y del gestor ferroviario ADIF, las dos bajo el paraguas del Ministerio que entonces controlaba Ábalos. “Hay que hacer una con Acciona, otra con Sacyr, me dice que tiene que darle una a Ferrovial...”, enumeraba Koldo García en una de estas conversaciones. Acciona era, supuestamente, su principal pagador de comisiones. Tras estallar el escándalo la empresa ha hecho público un comunicado en el que alega que nunca supo de estos manejos y que el empleado que se menciona ya no trabaja en la compañía.

La ramificación de la operación Delorme que se investiga en el Tribunal Supremo tiene en la lista de imputados a dos personas que se han sentado a la diestra de Pedro Sánchez en la sede del PSOE en la calle Ferraz: secretarios de organización. Por el momento el juez no ha encontrado indicios que sí supusieron uno de los puntos más relevantes de casos como Gürtel: la financiación ilegal del Partido Popular.

Varias sentencias firmes, entre ellas la que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 a través de una moción de censura, han declarado probado que el partido se financió con cientos de miles de euros de la trama corrupta en municipios como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. Una relación “simbiótica” según los investigadores entre el PP y la Gürtel que llevó al partido a ser condenado como responsable a título lucrativo en un momento en que no existía un delito específico para la financiación ilegal. Está por ver si el caso Koldo da ese salto sin que, por el momento, los investigadores hayan apuntado a una financiación irregular del PSOE.

La Policía Nacional ha detenido en Canarias a ocho personas, entre ellas tres miembros del cuerpo, incluido el inspector que comenzó la investigación del caso Mediador sobre presunta corrupción, Francisco Moar, ya jubilado.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de estas detenciones en una operación que continúa abierta y que corre a cargo de Asuntos Internos bajo la dirección de un juzgado de Arona (Tenerife), que ha declarado secretas las actuaciones.

Entre los delitos que se les atribuyen figuran narcotráfico, blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y falsedad documental.

De los tres policías, uno está en activo y los otros dos jubilados, entre ellos Moar, que en su día fue inspector jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

Moar fue apartado del caso Mediador después de haber denunciado el robo de los teléfonos móviles de los que se extrajeron los mensajes, conversaciones y datos que constan en el expediente de esa investigación.

La decisión de apartarlo la tomó el entonces comisario jefe provincial de la Policía en Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín, quien a su vez está ahora suspendido del servicio al haber sido denunciado por un delito de violencia machista contra su pareja.

La denuncia contra el comisario jefe la interpuso el propio Francisco Moar, al tener acceso a una memoria USB con un vídeo grabado por la víctima.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez por difamar a Javier Alfonso Cendón, diputado del PSOE por León y secretario general del partido en la provincia. El Ministerio Público entiende que el líder de 'Se Acabó La Fiesta' pudo incurrir en varios delitos de injurias, calumnias e incluso de amenazas por los múltiples mensajes de Alvise en su canal de Telegram relacionando al diputado socialista con la trama del 'caso Mediador', mensajes que posteriormente derivaron en que otros usuarios le insultaran y amenazaran en mensajes directos. El político y agitador ultra está pendiente de que el Supremo abra una causa contra él por cobrar 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas al que había prometido legislar a su favor.

El canal de Telegram de Alvise acumula, a día de hoy, más de 706.000 suscriptores y desde hace años es la principal plataforma que utiliza para difundir sus mensajes, entre los que incluye habitualmente bulos, desinformación y desde hace meses propaganda de su plataforma 'Se Acabó La Fiesta' en el Parlamento Europeo, además de pedir constantes aportaciones de dinero a sus seguidores. Una de sus estrategias del último lustro es afirmar que cuenta con información confidencial de casos de corrupción con la que conseguirá, afirma continuamente, llevar el sistema a una “catarsis” aunque la mayor parte de las veces esas pruebas no existen.

Javier Alfonso Cendón llevó a Alvise ante los tribunales en febrero de 2023 cuando el agitador ultra dedicaba varios mensajes al día a hablar del 'caso Mediador': el entramado corrupto tejido en torno al empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte y el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El sumario del caso aportaba datos sobre fiestas en las que participó el político, incluyendo supuestamente prostitución, y Alvise anunció que tenía “audios” que le permitían desvelar hasta casi una veintena de nombres de políticos socialistas implicados en la trama.

Los audios nunca aparecieron pero el hoy eurodiputado apuntó a varios políticos socialistas, entre ellos Javier Alfonso Cendón, diputado y secretario general del PSOE en León. Mensajes con su fotografía y listas con su nombre que, poco a poco, fue ampliando a otros parlamentarios socialistas: “Nos legislan puteros, cocainómanos y comisionistas de nuestro dinero, y esa mierda se tiene que acabar ya”, afirmaba en mensajes que siguen disponibles en su canal. El dirigente del PSOE de León presentó una denuncia contra él y contra otros agitadores ultras por relacionarle con el caso, explicando que a raíz de esas difamaciones otros usuarios de Twitter o Instagram habían empezado a amenazarle por escrito.

Su denuncia se transformó en dos causas distintas. Una seguida en un juzgado de León contra los youtubers conspiranoicos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa por difundir estos mensajes y, además, afirmar sin pruebas que tiene dinero escondido en el extranjero, un tipo de bulos que les mantiene imputados en la Audiencia Nacional junto con el exjuez Fernando Presencia. La segunda ramificación fue abierta contra Luis 'Alvise' Pérez y enviada al Supremo por su aforamiento como eurodiputado. La Fiscalía de este tribunal, según ha podido comprobar elDiario.es, ha pedido a los jueces que asuman la causa contra él y le llamen a declarar como investigado.

El escrito del fiscal Luis Fernando Rey explica que los hechos que el diputado del PSOE atribuye a Alvise “pudieran ser constitutivos de los delitos de injurias, calumnias y amenazas, existiendo indicios racionales o un principio de prueba para atribuir su comisión al Excmo. Sr. Don Luis Pérez Fernández”. El Ministerio Público cree que se le debe ofrecer la posibilidad de declarar voluntariamente e insiste en que se le notifique todo de forma efectiva. Localizar a Alvise ha sido un problema para los múltiples juzgados y tribunales que han intentado notificarle denuncias y diligencias. En este caso, la Guardia Civil tuvo que acudir a una casa rural en la que el eurodiputado estaba en compañía del 'Pequeño Nicolás'.

En su denuncia, Cendón apunta a una “campaña de desprestigio” del agitador usando “manifestaciones falsas” desde finales de febrero de 2023, relacionándole con un caso de corrupción en el que no ha sido mencionado ni llamado a declarar. Una campaña, explica, puesta en marcha contra “secretarios generales provinciales del PSOE estando las elecciones municipales y autonómicas cerca de la presente fecha”. Todo esto, afirma Cendón, le está causando “daños morales graves a sus familiares” y ha recibido mensajes privados por Instagram de cuentas anónimas: “Hijo de la gran puta, sinvergüenza, vamos a por vosotros, con la cara de maricón que tienes”.

La financiación de la campaña de Alvise

Diversos juzgados y tribunales han remitido en los últimos meses al Supremo diligencias abiertas contra el hoy parlamentario ultra en base a un aforamiento que, afirmó él mismo durante la campaña, era su gran objetivo de las últimas elecciones europeas. La Sala de lo Penal tiene pendiente la apertura de varias de estas diligencias, entre ellas una sobre la financiación de su plataforma electoral 'Se Acabó La Fiesta'.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, Alvise cobró 100.000 euros en efectivo de manos de un empresario del sector de las criptomonedas pocas horas antes de empezar su campaña electoral de los últimos comicios europeos. Un empresario al que había prometido legislar a su favor si en algún momento ostentaba un cargo de responsabilidad.

Los jueces tienen pendiente decidir si abren o no una causa contra él después de que la Audiencia Nacional viera indicios suficientes para que fuera imputado por posible financiación ilegal de la candidatura con la que tiene tres sillones en Bruselas. Después de ser condenado en firme por la vía civil por difamar a la periodista Ana Pastor, varias causas penales hacen cola en el registro de la Sala de lo Penal: desde las acusaciones de amenazas de una jueza de Sevilla hasta la imputación por revelar una falsa prueba PCR del entonces ministro y hoy president Salvador Illa.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asegura que la avería técnica del escáner del Juzgado de Instrucción número 4 que había sido puesta en conocimiento del decanato al implicar un retraso en la instrucción del sumario del conocido caso Mediador está en vía de solucionarse y ya se han dado las órdenes para ello por parte del Gobierno de Canarias.

El TSJC ha informado de que este problema afecta a “varios” juzgados, sin cuantificar exactamente cuántos, dado que ha surgido una dificultad con algunos aparatos de un marca determinada.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, según el TSJC, “ya ha dado orden de sustituirlas por digitalizadoras de mesa”, informa el TSJC.

De hecho, ya se ha encargado a una empresa de transportes que vaya a recogerlas a un almacén de Las Palmas de Gran Canaria y las previsiones son que lleguen este mismo miércoles por barco a la capital tinerfeña, de manera que “mañana estarán en la mesa de los Juzgados que tienen este problema ”, se asegura.

En el caso del Instrucción número cuatro el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) mostró su preocupación por el retraso que puede implicar en la tramitación de esta causa que suma más de 8.000 folios y cuenta con medio centenar de imputados.

Por esta razón se advertía que al no poderse utilizar el escáner desde el 26 de diciembre, podría incurrirse en dilaciones indebida o indefensión en la instrucción de una trama que investiga posibles delitos de cohecho entre políticos y empresarios y al que en breve se daría vía libre a la vista oral de la primera pieza.

La magistrada del Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Farizo, sitúa al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, “a la cabeza” de la presunta trama de extorsión a empresarios ganaderos de Canarias.

Así lo recoge en un auto judicial sobre una pieza separada del caso Mediador al que ha tenido acceso Europa Press en el que la jueza ve indicios de los presuntos delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos por parte del propio Fuentes, su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, el empresario vinculado a la energía solar, Antonio Bautista, y el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

La jueza describe cómo Tito Berni llegó a operar desde una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, enviando mensajes al empresario, en noviembre de 2020, con los teléfonos de ganaderos canarios susceptibles de ser captados por la trama para desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaica.

Así, a la magistrada le llama la atención que Fuentes conteste “en tiempo real” pese a que está en una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y le atiende de forma inmediata, organizando viajes, comidas y visitas a ganaderos, especialmente en la isla de Fuerteventura, actividades que siempre abonaba el empresario.

Los hechos de esta pieza separada arrancan en noviembre de 2020 y la trama se favorecía de que el exdiputado socialista conocía los “entresijos y peculiaridades” de las empresas ganaderas canarias y sus situaciones legales al haber sido director general del Ejecuto canario y al mismo tiempo propietario de una empresa ganadera, otra quesera y una gestoría.

Igualmente pertenecía a la directiva del Club Vega de Tetir, todo radicado en la isla de Fuerteventura.

Bajo las órdenes directas de Fuentes Curbelo se situaría Taishet Fuentes, su sobrino y director general del Gobierno (le relevó en el cargo), nombramiento que le permitía seguir disponiendo de información relevante y actualizada acerca de las situaciones personales y administrativas de los ganaderos canarios y empresas del sector.

Así, la jueza considera que se valdrían de sus cargos públicos para acceder a información “esencial y sensible” de sus futuras víctimas y hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones “se harían realidad” a cambio de una serie de “pagos y dádivas” que se efectuarían a través del mediador, Marco Antonio Navarro.

Pagos de casi 150.000 euros

En el auto se apuntan indicios de que Bautista pagó a la trama algo más de 145.000 euros a cambio de conseguir los contactos de empresarios ganaderos de las islas a quienes ofrecerles productos relacionados con la energía solar en sus instalaciones a través de una empresa dada de alta en la zona ZEC (Zona Especial Canaria).

Para presentar estos proyectos, el empresario iría acompañado del propio director general del Gobierno, quien seleccionaría las empresas de común acuerdo con su tío.

Asimismo, la juez apunta que Bautista habría aportado otros 10.000 euros al club de fútbol de Tetir y también se habría convertido en cliente de la gestoría de Juan Bernardo Fuentes.

Igualmente ve “especialmente relevante” la participación política en estas visitas hasta el punto de que era “indispensable” la presencia del director general en las visitas para lograr la confianza de los empresarios.

Asimismo, consta el pago de 6.000 euros en efectivo de un ganadero en un hotel bajo la creencia de que la trama podría permitirle legalizar una finca ganadera, hotel abonado por Bautista y que contó con una fiesta privada con prostitutas.

La red también solicitó otros 30.000 euros a un ganadero que había perdido una subvención de 150.000 euros pero se negó a abonarla.

La jueza, que ha dado por finalizada la instrucción de esta pieza separada, ha citado a las partes para este viernes, a las 10.00 horas en el Palacio de Justicia, para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación.

El Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha concluido la instrucción de una segunda pieza derivada de la presunta trama de corrupción conocida como caso Mediador: una supuesta extorsión a ganaderos con problemas legales a cuyo frente sitúa al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE) y al exdirector de Ganadería del Gobierno canario Taishet Fuentes.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la jueza María de los Ángeles Lorenzo Cáceres expone a las partes la relación de indicios que, a su entender, incriminan en delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos a Fuentes Curbelo, a su sobrino Taishet, al empresario del sector de la energía solar Antonio Bautista y al intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Concluida la instrucción, la jueza cita a una comparecencia este viernes, 10 de enero, a acusaciones y defensas para que le concreten las imputaciones, digan si creen preciso realizar alguna diligencia más de investigación y se pronuncien sobre si quieren que el caso se sobresea o se lleve a un juicio ante Jurado.

Esta es la segunda de las piezas del caso Mediador que llega a la antesala del juicio oral, tras la que implica al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y al exdiputado Fuentes Curbelo en el supuesto cobro de comisiones a cambio de favorecer en Canarias los negocios de Antonio Bautista.

Como en el asunto de los ganaderos, están imputados en esa primera causa el Mediador (Navarro Tacoronte) y el empresario Antonio Bautista y también en ella la jueza sugiere que se lleve ante un Jurado, ya que considera que los implicados incurrieron en cohecho.

El caso que ahora la jueza envía a las partes para transformarlo en un segundo procedimiento de Jurado describe una serie de maniobras que los Fuentes supuestamente hicieron aprovechándose de sus influencias en el sector agropecuario (Taishet sustituyó a su tío Juan Bernardo como director general de Ganadería del Gobierno canario cuando este fue elegido como diputado del PSOE en el Congreso).

La magistrada aprecia indicios de que los Fuentes cobraron comisiones de Antonio Bautista por facilitarle información sobre granjas de Canarias a las que ofrecer sus placas solares, todo ello con la intermediación del presunto comisionista Navarro Tacoronte.

En las visitas que realizó en Fuerteventura para ofrecer las placas fotovoltaicas de Bautista, Navarro Tacoronte contactó con un ganadero que tenía problemas para legalizar su explotación y con otro que había perdido una subvención de 150.000 euros.

Con los dos se reunió después en presencia de Taishet Fuentes, entonces director general del área en Canarias, remarca la jueza, y a los dos les ofreció ayuda a cambio del pago de 6.000 y 30.000 euros, respectivamente.

Según el auto, el segundo se negó a pagar ese soborno, pero el primero sí abonó la “mordida” de 6.000 euros.

La resolución judicial asegura que ese trato se cerró en un hotel de Fuerteventura donde Marco Antonio Navarro Tacoronte y Taishet Fuentes se hospedaban a cuenta del empresario Antonio Bautista y donde ambos, tras conseguir ese cobro -detalla- celebraron “una noche de fiesta con chicas de compañía”.

La Fiscalía ha pedido un año de cárcel para un teniente general de la Guardia Civil en una de las ramificaciones del caso Mediador: el amaño de contratos para hacer obras en cuarteles. El Ministerio Público cree que el mando del cuerpo, Pedro Vázquez Jarava, favoreció a un empresario amigo a cambio de comisiones y viajes: más de 25.000 euros en diversos pagos y viajes, entre otros, para poder ver las finales de Champions League de 2016 y 2017 en Milán y Cardiff, respectivamente.

Se trata de una de las derivadas del caso Mediador, la investigación que gira en torno al empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte y su relación, entre otros, con el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Parte de la causa se centró en posibles irregularidades cometidas en el seno de la Guardia Civil y la adjudicación de contratos de obras.

La Fiscalía considera que este teniente general, que en ese momento ejercía como subdirector general de apoyo de la Guardia Civil, era el encargado de coordinar y gestionar los recursos financieros y la política de recursos materiales del cuerpo. Capacitado, entre otras cosas, para atender determinados gastos correspondientes a las comandancias o incluso de puestos a nivel local.

En un momento dado, según la acusación del Ministerio Público, el mando se dirigió a varias comandancias ofreciendo gestionar obras de pintura en varios cuarteles, explicando que conocía un contratista con un “producto novedoso, el corcho proyectado”. Ese contratista era un empresario amigo suyo y hasta ocho comandancias accedieron.

Tres sociedades de este empresario facturaron los servicios a lo largo de 2016 por casi 1,4 millones de euros en los últimos dos meses del año. El problema, afirma la Fiscalía, es que ejecutó las obras de forma “inadecuada”, no tenía la técnica suficiente para colocar ese corcho proyectado y causó “un gran perjuicio” a la Guardia Civil.

A cambio, y como pago por esas facilidades para contratar con la Guardia Civil, según la Fiscalía el empresario pagó al mando diversas comisiones que suman 25.000 euros además de pagarle diversos viajes, entre otros a las dos finales de Champions League que ganó en Real Madrid en Milán y Cardiff en 2016 y 2017, respectivamente.

Varios agentes de la Guardia Civil acudieron en la noche del miércoles a una casa rural de Madrid para informar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez de una requisitoria vigente contra él en un juzgado de León. Fuentes del caso explican a elDiario.es que un juzgado de instrucción de la ciudad mantiene diligencias abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' por una denuncia del diputado socialista Javier Alfonso Cendón por varias afirmaciones del agitador ultra que le relacionaban con la trama del 'caso Mediador'.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que este juzgado de León puso en búsqueda y captura a Alvise Pérez el pasado 18 de junio, pocos días después de las elecciones europeas y después de varios intentos infructuosos de localizarle para tomarle declaración como imputado. Lleva desde entonces en rebeldía hasta que la jueza ha enviado el caso al Supremo por su aforamiento.

Es uno de los múltiples casos penales abiertos contra el eurodiputado que, por su aforamiento, tendrán que ser enviados al Tribunal Supremo para ser investigados por la Sala de lo Penal. Alvise ha afirmado en su canal de Telegram que denunciará al juzgado por una detención ilegal.

Fuentes de la Guardia Civil explican a este periódico que el aviso saltó cuando el eurodiputado se registró en el alojamiento rural situado en un camping de la localidad de Bustarviejo (Madrid). Como es habitual cuando alguien tiene una requisitoria de un juzgado , el registro en la residencia turística saltó en la central de la Guardia Civil, que envió una patrulla desde la cercana localidad de Soto del Real, a la que luego se sumaron otros agentes.

Los agentes se personaron en el lugar y solicitaron la documentación a Alvise. Al comprobar que se trataba del eurodiputado, y que goza de inmunidad, evitaron su detención. Los agentes también identificaron a sus dos acompañantres: un abogado que ejerce como asesor de Alvise en Bruselas y Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de los hechos. Los agentes comunicaron la existencia de las diligencias y la requisitoria y se marcharon del lugar.

El Pequeño Nicolás ya se ha dejado ver en compañía de Alvise. El joven asistió a la fiesta de celebración de los resultados de 'Se acabó la fiesta' en las últimas elecciones europeas, que se celebró en una conocida discoteca madrileña. Gómez Iglesias acaba de anunciar una 'newsletter' en la que promete que comunicará a sus suscriptores “los mayores secretos del Estado”.

El origen de la requisitoria contra Alvise está en un juzgado de León que instruye las acciones penales que Cendón, político leonés que ejerce de secretario general del PSOE en la provincia además de como diputado en el Congreso, presentó contra Alvise y dos personas más por diversas afirmaciones sobre el caso Mediador, también conocido como el caso Tito Berni, en el que se investiga si el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo formó parte de un entramado corrupto. El hoy eurodiputado afirmó en su canal de Telegram en febrero de 2023 que Cendón era uno de los políticos que acudían a fiestas organizadas por el entramado corrupto.

El aforamiento de Alvise como eurodiputado desde el pasado verano implica que cualquier causa legal abierta contra él por la vía penal debe ser enviada al Tribunal Supremo. Como ha sucedido con las pesquisas sobre los 100.000 euros que cobró en efectivo, su imputación por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa o la denuncia de una jueza de Sevilla por amenazas. Las causas civiles por pleitos de honor no tienen que ser tramitadas por el Supremo sino por los juzgados ordinarios. Otro diputado socialista, Luis Carlos Sahuquillo, también denunció al hoy eurodiputado.

En su canal de Telegram, el líder de SALF ha anunciado la interposición de una querella contra el titular del juzgado de León por el “intento de detención ilegal”, además de una denuncia en asuntos internos de la Guardia Civil “para que se investiguen las razones y circunstancias por las que se ha cursado una orden de detención contra un eurodiputado”.

La jueza de Santa Cruz de Tenerife al cargo del caso Mediador ha citado a declarar los días 19 y 23 de julio a dos nuevos imputados: el empresario Miguel Alemán Bolaños y el exdirector general de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, José Domingo Fernández Herrera.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo llama al exalto cargo del Gobierno canario a que comparezca en su Juzgado como imputado en delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y revelación de secretos y a Bolaños lo cita como posible responsable de delitos de cohecho y tráfico de influencias, según figura en una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

El nombre de José Domingo Fernández Herrera había aparecido ya hace tiempo en el sumario de esta presunta trama de sobornos a cargos públicos, donde constan fotografías suyas con el mediador que da nombre a la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Se trata de imágenes de una comida que se celebró en un restaurante de Fuerteventura el 9 de octubre de 2020, a la que también asistieron dos de los imputados iniciales del caso: el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los supuestos cabecillas del caso, y el empresario Antonio Bautista.

Este último había recurrido a la mediación de Fuentes Curbelo y Navarro Tacoronte para intentar constituir una filial de sus empresas en la Zona Especial Canaria (ZEC), el área de baja tributación fiscal de las islas. En concreto, Cleanergetic Insular.

La jueza no solo cita al exdirector general de Lucha contra el Cambio Climático a declarar por posibles delitos, sino que pide a la Policía que investigue su patrimonio en los años a los que se remonta la causa.

Por su parte, el empresario Miguel Alemán Bolaños deberá comparecer el 19 de julio como investigado y también su caso la jueza pide que se investigue su patrimonio.

Bolaños es propietario de la sociedad Solar Energy Revolution SL. En el sumario, su nombre se menciona entre quienes supuestamente realizaban pagos a la trama de Fuentes Curbelo a través del equipo de fútbol aficionado que este presidía en Fuerteventura.

La jueza ha solicitado -y se le ha concedido- una tercera prórroga de la instrucción de seis meses dado el número de imputados, que ronda el medio centenar, y el amplio volumen de documentos recabados (la causa va ya por 30 tomos). 

La Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y delito contra la seguridad social por supuestamente simular un contrato de trabajo que se investiga en el marco de una pieza separada del denominado caso Mediador.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife que acuerde la apertura de juicio oral contra Fuentes Curbelo y otros tres investigados para los que reclama las mismas penas: Rachid Zankti, Domingo Fuentes Gutiérrez y María Jesús Rodríguez de Ver.

La Fiscalía también reclama que se les imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 3.000 euros. Además, solicita que los acusados indemnicen de forma solidaria y conjunta al Servicio Público Estatal de Empleo con 2.184,27 euros más los intereses legales devengados.

En el marco de su escrito, el fiscal sostiene que Zankti contactó con Fuentes Curbelo, “en cuanto había sido el administrador solidario de la entidad Ganadería Tetir” para que le diera el alta laboral y “conseguir cumplir con las exigencias legales previstas en la legislación nacional sobre extranjería y obtener la pretendida residencia en España”.

Según el Ministerio Público, Fuentes Curbelo se puso en contacto con su hijo Domingo para que “elaborara o encargara elaborar un contrato ficticio que cumpliera con las expectativas” de Zankti. Posteriormente, para ejecutar el acuerdo, entregaron el contrato a otra acusada --Rodríguez de Ver--.

“Como consecuencia del contrato de trabajo ficticio presentado, en fecha de 4 de enero de 2021, se dictó resolución por la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas por la que se acordaba la concesión de autorización de residencia temporal y trabajo del acusado Rachid Zankti”, apunta el fiscal.

Al margen, Zankti consiguió también obtener “la percepción de 2.184,27 euros en concepto de prestación del Servicio Público de Empleo Estatal, habiendo sido imprescindible para ello los tres meses de cotización a la seguridad social que se aportaron por la Ganadería Tetir en virtud del contrato de trabajo ficticio”.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado los teléfonos móviles que el policía que inició la investigación del caso Mediador (y que posteriormente fue apartado) denunció que habían desaparecido de una caja fuerte de su despacho. Según el diario ABC, que cita fuentes policiales, los teléfonos de Antonio Navarro Tacoronte, alias El mediador, estaban siendo custodiados en comisaría por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Tenerife, y tras la denuncia del policía, Francisco Moar, la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres pidió que le fueran entregados, cosa que ocurrió el pasado martes.

Según confirmaron a Canarias Ahora fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el inspector jefe Francisco Moar presentó una denuncia alegando dos cuestiones: por un lado, injurias y calumnias contra agentes que le habían denunciado en el ámbito administrativo por presunto acoso laboral, y, por otro, la supuesta sustracción de teléfonos móviles de la caja fuerte de su despacho. Se trata de los teléfonos del mediador, Antonio Navarro Tacoronte.

Moar fue apartado del caso Mediador por el comisario provincial, Luis Felipe San Martín, quien a su vez está suspendido al estar siendo investigado en un caso de violencia de género. Esa investigación se inició tras una denuncia presentada precisamente por el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, Francisco Moar, quien supuestamente tuvo conocimiento de los hechos en el ejercicio de sus funciones, y quien trasladó a los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) una memoria USB que contiene un vídeo que ha sido difundido por algunos medios, en el que se ve el arma y se escuchan frases de la mujer cuando decía “deja por favor, deja la pistola”.

Moar también ha presentado una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza instructora del caso, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo. Según han confirmado desde el órgano de los jueces a este periódico, que no ha entrado en el contenido de la misma, esa queja se encuentra en fase muy inicial.

Según explican desde el Consejo General del Poder Judicial, cuando llega una denuncia contra los jueces se abren diligencias informativas, una fase preliminar para determinar si hay materia disciplinaria pero sin entrar a juzgar.

En estos momentos aún no se ha decidido si se archiva esa queja o si incoa un expediente disciplinario que de lugar a una investigación en la que se llamen a declarar a las partes. Por tanto, insisten en que la queja se encuentra en una fase muy inicial. El expediente puede terminar en archivo o con una propuesta de sanción.

Cabe recordar que en el caso Mediador  se investiga una presunta trama de sobornos que motivó en su momento la detención del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino el exalto cargo del Gobierno canario Taishet Fuentes y el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas.

El inspector que investigaba el caso Mediador, Francisco Moar, ha denunciado el robo de teléfonos móviles aportados a la causa de la caja fuerte de su despacho. Según confirman a Canarias Ahora fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el inspector jefe denunció alegando dos cuestiones: por un lado, injurias y calumnias contra agentes que le habían denunciado en el ámbito administrativo por presunto acoso laboral,  y, por otro, la supuesta sustracción de teléfonos móviles de la caja fuerte de su despacho. Se trata de los teléfonos del mediador, Antonio Navarro Tacoronte, que dieron lugar a la investigación.

El magistrado del juzgado instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha incoado diligencias previas por el primero de los asuntos, y al no apreciar conexión entre este con el supuesto robo, ha enviado a reparto la denuncia referente a este último caso. En el primero, ya ha solicitado el expediente, mientras que el segundo aún no se ha repartido, destacan las fuentes.

Moar fue apartado del caso Mediador por el comisario provincial, Luis Felipe San Martín, que ahora está suspendido al estar siendo investigado en un caso de violencia de género. Esa investigación se inició tras una denuncia presentada precisamente por el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, Francisco Moar, quien supuestamente tuvo conocimiento de los hechos en el ejercicio de sus funciones, y quien trasladó a los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) una memoria usb que contiene un vídeo que ha sido difundido por algunos medios, en el que se ve el arma y se escuchan frases de la mujer cuando decía “deja por favor, deja la pistola”.

Además, el inspector ha presentado una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza instructora del caso, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo. Según han confirmado desde el órgano de los jueces a este periódico, que no ha entrado en el contenido de la misma, esa queja se encuentra en fase muy inicial.

Según explican desde el Consejo General del Poder Judicial, cuando llega una denuncia contra los jueces se abren diligencias informativas, una fase preliminar para determinar si hay materia disciplinaria pero sin entrar a juzgar.

En estos momentos aún no se ha decidido si se archiva esa queja o si incoa un expediente disciplinario que de lugar a una investigación en la que se llamen a declarar a las partes. Por tanto, insisten en que la queja se encuentra en una fase muy inicial. El expediente puede terminar en archivo o con una propuesta de sanción.

Cabe recordar que en el caso Mediador  se investiga una presunta trama de sobornos que motivó en su momento la detención del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino el exalto cargo del Gobierno canario Taishet Fuentes y el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas.

En el caso Mediador hay doce personas investigadas. Dos de ellas pertenecen al PSOE y se encuentran suspendidas de militancia. Otro es el general jubilado de la Guardia Civil. El resto son empresarios y un polémico intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

El contenido del teléfono móvil del mediador es clave en este caso puesto que la investigación se destapó tras entregar Antonio Navarro Tacoronte en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife dos teléfonos móviles y un pendrive que contenían una gran cantidad de archivos audiovisuales. Esos dispositivos los entregó para defenderse de otra denuncia por estafa que formuló contra él el director general de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez Peña.

El presidente de la Asociación deportiva Vega Tetir de Fuerteventura, Carlos Ignacio Vera Barrios, ha descartado ante la juez del caso Mediador irregularidades en el destino que se ha dado a las transferencias recibidas por el club cuando lo presidía el exdiputado Bernardo Fuentes Curbelo y que, según ha dicho, se destinaban al pago de actividades deportivas.

Otra cosa, ha dicho Vera, es el origen del dinero y por ello ha instado al expresidente del club y exparlamentario nacional de PSOE que lo aclare.

La Audiencia Provincial acogió hoy una nueva jornada de comparecencias de imputados y testigos de esta trama en la que ya consta una veintena de investigados por supuestamente pagar sobornos a cargos públicos a cambio de obtener favores para acelerar sus proyectos.

Las investigaciones recogen que habían encontrado varios pagos de empresarios que, a instancia de los investigados, hacían donaciones en la cuenta de la entidad para supuestamente blanquear el dinero.

“Particularmente lo dudo porque todo el dinero que llegaba se empleaba en costear las actividades deportiva del propio club. Nunca vi desvío alguno”, dijo en varias ocasiones ante la juez el presidente de esta asociación que en ese momento ocupaba la vicepresidencia.

Vera Barrios permaneció cerca de dos horas declarando como testigo y durante este tiempo la magistrada insistió especialmente en tres transferencias de 5.000 euros cada una seguidas en el tiempo, cuyo origen el presidente no supo determinar pero que desliga de cualquier actividad irregular, por lo menos en cuanto a su uso.

Acto seguido el dirigente deportivo explicó ante la magistrada que, por ejemplo, hace algunas fechas recibieron una “donación” de 15.000 euros y que por lo tanto estas transferencias de empresas o particulares son habituales. Lo que sí garantizó es que todo el dinero que entró en las cuentas de la Asociación como donaciones tuvo un fin lícito.

Incidió en que la cuenta está mancomunada de manera que hace falta dos firmas para realizar cualquier operación, una de ellas la suya como vicepresidente primero y como presidente ahora y por lo tanto manifestó que nunca detectó “nada extraño.

“Jamás vi algo raro ni tuve alguna duda o sospecha”, ha dicho y en cuanto a la auditoría interna que se anunció para aclarar las cuentas de la entidad entre 2018 y 2022, indicó que aún no ha concluido pero por lo pronto tampoco le han comunicado que se haya atisbado irregularidad alguna.

La exinterventora general de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias, Natalia de Luis, ha negado este martes ante la juez que investiga el denominado caso Mediador haber recibido presiones de la presunta trama de cobro de sobornos a cambio de favores políticos liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.

Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, De Luis ha comparecido en calidad de testigo y ha asegurado que no recibió llamada o presiones (ni por parte de los investigados ni de terceros) por los expedientes administrativos abiertos al ganadero y quesero Alberto Montesdeoca, quien figura en la lista de imputados de la causa.

La declaración de Natalia de Luis se enmarca en esta causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en la que la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres indaga en una presunta trama de corrupción que ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratación y un supuesto trato de favor en inspecciones y ayudas públicas.

Las fuentes consultadas han indicado que el interrogatorio ha versado en su mayoría sobre los expedientes abiertos a Montesdeoca. Según han precisado, De Luis se ha limitado a afirmar que sí llegó a emitir un informe sobre un procedimiento de reintegro de dinero subvencionado al ganadero y que aunque en un principio calificó el asunto como “grave” finalmente fijó que era “leve”, pero ha descartado haber recibido presiones y ha circunscrito su trabajo en el ámbito de la “normalidad”.

Según consta en el sumario de la investigación, al que ha tenido acceso Europa Press, el exdiputado Fuentes Curbelo, su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez -quien era director de Ganadería de Canarias-- y el empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte (conocido como El mediador) le prometieron a Montesdeoca “el archivo de las actuaciones administrativas” que tenía abiertas “a cambio del pago de diversas dávidas”.

De las pesquisas se desprende que el sobrino de Tito Berni era “conocedor” de que la quesería de Montesdeoca estaba “pendiente de una sanción dimanante de un expediente del Servicio de Control de Financiaciones Europeas Agrícolas, en el que se le proponía el reintegro de subvenciones recibidas por dicha mercantil por valor de 74.099,56 euros más el interés de demora”. Según los investigadores, Montesdeoca “perseguía el archivo” de dicho expediente y llegó a reunirse con Navarro Tacoronte, supuesto intermediador de la trama que se investiga.

Al margen de la declaración de la exinterventora general del Gobierno canario y en el marco de las diligencias previstas para este martes, la juez ha escuchado también a otros 3 testigos: el jefe del servicio de Registros, Industrias y Bienestar animal de la Dirección General de Ganadería, Antonio Manuel Cardona; el técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Peláez Pérez; y el jefe de servicio de Reintegro de Subvenciones de la Secretaría General Técnica, Guillermo José de Diego.

Declaraciones pendientes

Este miércoles será el turno de los investigados Cristian Lillo y Gemma Venegas, los presuntos receptores de una transferencia de 7.500 euros ejecutada por la empresa de José Suárez, alias José el Drones, imputado en la causa.

También está citado el empresario Sergio de Frutos Gouth por unas transferencias que se investigan en el procedimiento. Estas citaciones estaban previstas en un principio para el pasado julio, pero se aplazaron a septiembre y finalmente a este 7 y 8 de noviembre.

Cabe recordar que en el marco de las pesquisas, el propio Fuentes Curbelo y su sobrino comparecieron en sede judicial como investigados el pasado junio. Esa vez, ambos se acogieron a su derecho a no declarar, pero accedieron a someterse a la prueba caligráfica que había encargado la instructora, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. En una ocasión anterior el exdiputado del PSOE negó formar parte de la cúpula de la presunta trama.

El abogado del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (conocido como “Tito Berni”), principal inculpado en el caso Mediador, ha comunicado a la juez responsable del caso, María de los Ángeles Lorenzo, que nadie desempeña el cargo de administrador del Club de Fútbol Vega de Tetir, entidad que el propio expolítico presidía y que, según la Policía, presuntamente utilizó para el cobro de sobornos.

En el caso Mediador se investigan supuestos pagos a políticos por parte de empresarios para favorecer sus proyectos, un entramado en el que se sospecha que se utilizó ese equipo de fútbol aficionado de Fuerteventura para blanquear los supuestos sobornos, tal y como aparece en varias conversaciones telefónicas y grabaciones.

El exdiputado dimitió como presidente del club tras la apertura del caso, por lo que la juez llamó a declarar en su momento al “administrador” de la entidad deportiva, sin precisar su nombre.

En principio, la nueva comparecencia de testigos y de imputados debería haber tenido lugar este jueves, pero se ha pospuesto hasta el mes de noviembre. En la nueva citación, ya no se nombra al administrador del equipo.

Para el 7 y 8 de noviembre han sido citados como testigos técnicos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y como imputados, entre otros, al empresario Sergio de Frutos Gouth, en cuyo local situado en Madrid se celebraban algunas de las fiestas en la que participaron los procesados.

Además, se acusa a este empresario de haber hecho una transferencia de más de 25.000 euros a la pareja sentimental de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre a esta causa, con el fin de conseguir una ampliación de la terraza de un restaurante situado en el centro de Madrid.

En cualquier caso, el letrado de “Tito Berni” había informado a la magistrada de que no podía acudir este 21 de septiembre a esta declaración dado que desde hace meses tenía organizado un viaje familiar, lo que junto con la baja por paternidad de otro de los letrados ha obligado a retrasar las citaciones.

El abogado se muestra interesado en concretar la comparecencia del representante del Club de Fútbol una vez que sea identificado al entender que será “muy importante” para la defensa de su representado.

En contra de una prórroga en la investigación

Por su parte, Rachid Mohamed Hammu, abogado de Navarro Tacoronte, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife para oponerse a que se conceda una nueva prórroga en la instrucción.

El letrado acusa a la magistrada de no estar investigando hechos concretos sino buscar nuevos delitos y llegar “al límite de la injerencia en los derechos fundamentales” de los procesados.

Todo ello en cuanto al intento de la juez de investigar los teléfonos y correos dirigidos a la Administración de los implicados así como de sus bienes patrimoniales y movimientos bancarios, “con lo que nunca acabaríamos el procedimiento”.

Esta línea de trabajo que ha marcado la instructora supone, según el abogado del “Mediador”, que no se puedan llevar a cabo otras diligencias que estaban admitidas dentro del plazo vigente.

Hammu cree que, de continuar en estas dinámica, se haría eterna la investigación puesto que no se están intentado esclarecer hechos sino proceder al volcado de terminales y dispositivos electrónicos, lo que supone una continua ampliación “subjetiva y objetiva de la causa”.

El representante legal de Navarro Tacoronte sostiene que con las pruebas obtenidas de los móviles de su cliente, sobre cuya validez legal ya ha lanzado varias sospechas, existen hechos suficientes como para centrar la investigación y que obrar de otra manera incurriría en una “inquisición generalizada” sobre la vida de los implicados.

Prueba de ello, asegura, sería la investigación de 170 cuentas bancarias y 90.000 movimientos, en los que la juez se basa para solicitar la prórroga de la instrucción. E

El abogado de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al “caso Mediador”, ha alegado ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que su cliente fue “coaccionado” para entregar los teléfonos en los que guardaba las grabaciones, mensajes escritos y fotos que destaparon la existencia de una presunta trama de corrupción.

Es lo que plantea el letrado Rachid Mohamed Hammu en su recurso contra la decisión de la juez al cargo del caso de no aceptar su solicitud de nulidad de actuaciones, por una supuesta indefensión de Navarro Tacoronte, a quien asistía al inicio de caso otro abogado.

El letrado sostiene que el delito que motivó la detención de Navarro Tacoronte a finales de enero (una supuesta estafa de 2.575 euros en una tarjeta de crédito) “no tiene nada que ver con la que se inició” luego por cohecho y tráfico de influencias contra una larga lista de cargos públicos y empresarios.

Su recurso apunta un “cierto elemento coaccionador” en lo ocurrido en aquellas horas en las que el “Mediador” pasó de estar imputado por estafa a declarar sin asistencia letrada en el nuevo procedimiento, “sin cumplir la observancia y respeto a sus derechos fundamentales”, desde su punto de vista.

El letrado cree que podría ser nulo el permiso sin limitaciones dado en su día por Navarro Tacoronte para que el Juzgado y la Policía extrajeran el contenido de su móviles, dado que un testigo o un imputado no pueden declarar contra si mismo.

En su respuesta al recurso, la juez instructora expresa su sorpresa por el hecho de que se esté convirtiendo a los investigadores en investigados y se cuestione “gratuitamente” la labor policial y a suya propia al apuntar la existencia de irregularidades en la detención y en las siguientes fases.