Enric Daza, el hasta ahora cabeza de lista de Junts en Cambrils, anunció este lunes su incorporación a Aliança Catalana y dio a entender que todo su grupo se iba en bloque a la formación ultra. No era cierto y sus dos compañeras le han desmentido unas horas después, pero el efecto ya se había conseguido: dar a entender que sectores y secciones locales completas están pasando de un partido a otro. Es decir, sumar a la estampida de votantes que sí está ocurriendo una sangría orgánica que, por el momento, Junts no está sufriendo, pero que Aliança tiene mucho interés en que acabe pasando. 'Fingirlo hasta conseguirlo' [Fake it till you make it], tal como recomienda el conocido aforismo en inglés.

El sueño de Aliança sería poder fichar a grandes nombres y caras conocidas del espacio de Junts, porque eso abonaría el relato de unos rivales en decadencia mientras ellos están en auge. Una sustitución de siglas dentro de un espacio político igual o similar, algo que han intentado la mayoría de las extremas derechas, pero también todas las nuevas formaciones en crecimiento cuando tratan de abrirse hueco.

El caso paradigmático que buscan emular es el de Donald Trump y su movimiento MAGA, que se ha extendido por el campo sociológico tradicional del republicanismo en EEUU y ha puesto en su órbita tanto viejos líderes como nuevas promesas de toda la derecha. En el Reino Unido, Reform UK ha conseguido algo similar: en enero pasado nueve líderes conservadores se fueron a la formación de Nigel Farage, que suma en sus filas hasta 21 exdiputados tories y once exministros. En una escala menor, algo parecido ha ocurrido con el alcalde de Niza, Éric Ciotti, y sus escarceos entre Les Républicains y Le Pen.

Pero, aunque sería lo más codiciado para el partido, no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre Aliança y Junts. Al menos hasta la fecha. De hecho, uno los mayores intentos del partido de Orriols para robar nombres al universo de Carles Puigdemont tuvo lugar en Barcelona, donde la extrema derecha probó con el exconseller de Economía, Jaume Giró. Y, tras él, nombres relacionados con el Barça, como Sandro Rosell o Lluís Carrasco. Nada de ello fructificó, por lo que Aliança tiró mano de su propio banquillo con Jordi Aragonès.

En otros lugares, Aliança sí ha sido eficaz a la hora de atraer a cuadros de sus principales rivales. Daza, en Cambrils (aunque no sus compañeras) es un caso claro, como también lo es Èric Esteban, hasta ahora numero dos de Junts en Amposta. O Marina Quintana, exconcejal de Junts en Roda de Ter que ahora probará suerte con las siglas xenófobas.

Pero no es el único espacio del que pesca Aliança: en Tortosa presentan a Eduard Rel, proveniente del PSC, el mismo partido que había puesto en listas a Eduard Planes, que ahora irá con Aliança en Mont-roig del Camp. Y de ERC, con Conxita Iglesias en Sant Feliu de Buixalleu o Ramon Abad, que pasó de las listas de los republicanos a ser el coordinador del Aliança en la comarca de la capital de Lleida.

La pesca de candidatos ha sido tan variada que Aliança ha tenido una de sus primeras crisis por acercarse a nombres propios de la extrema derecha españolista. En concreto, en Vic, ciudad donde ya estuvo radicada la xenófoba Plataforma per Catalunya, Aliança ha fichado a Xavier Capelles, un hombre de la extrema derecha clásica que combatió el independentismo desde Societat Civil Catalana.

Pero, más allá de casos concretos, en la larga lista de nombres que la formación de Orriols está teniendo que confeccionar para abastecerse de cabezas de listas municipales, lo que más abunda son personas sin trayectoria política o partidista. Hay caras conocidas de las redes sociales, como el alcaldable a Girona, Marc Villafañe Valero, mucha cantera en el sector empresarial, y gente que se ha acercado al partido en los últimos años, como Arnau Liesa, candidato apartado en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

Esta heterogeneidad de procedencias, tan habitual cuando un partido está de subida, puede verse como una virtud, pero representa también un reto, en la medida que Aliança necesitará armonizar en el día a día multitud de intereses y acentos. De hecho, Junts fue también una sucesión de Convergència que bebió de la llegada de muy diferentes corrientes. Algo que inicialmente se mostró como signo de transversalidad pero que, en los momentos flacos, se ha acabado interpretando como una de las razones del actual desdibujamiento de su perfil ideológico.

Si bien el trasvase de cargos y líderes desde Junts no está siendo la avalancha que a Aliança le gustaría exhibir, los pronósticos electorales no son nada halagüeños para la formación de Puigdemont. Las encuestas indican que la formación de Sílvia Orriols está siendo muy eficaz robando electorado que había votado a Junts en anteriores elecciones.

En el último CEO, del total de encuestados que manifestaron haber votado a Junts al Parlament en mayo de 2024, un 28% decían que ahora elegirían a Aliança. Pero esta formación es atractiva para toda la derecha porque, de los exvotantes de Vox, un sorprendente 23% dice ahora que tomarán la papeleta de Orriols, y hasta un 8% de los que optaron por el PP.

Pero además, hay un dato que aparece de forma reiterada en los estudios demoscópicos y que debería poner en guardia a la derecha españolista tanto o más que a Junts. A los votantes de Vox y del PP les gusta Silvia Orriols casi tanto como su propio candidato. De hecho, la líder de Aliança obtiene la mejor nota de sus propios votantes, pero después de los de Vox, del PP en tercer lugar y, finalmente, de los de Junts. Esto, en cambio, no es recíproco, ya que los votantes de Aliança detestan a Ignacio Garriga y Alejandro Fernández, que serían los últimos candidatos a los que votarían como presidente.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

El portavoz de Junts en Cambrils, en la provincia de Tarragona, ha dado el salto a Aliança Catalana. El partido que lidera Sílvia Orriols ha anunciado el fichaje como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 de Enric Daza, actual portavoz de la formación de Carles Puigdemont.

Aliança ha celebrado un acto público en Cambrils para anunciarlo, en el que han tomado parte su secretario de organización, Oriol Gès, y la secretaria de Política Institucional, Aurora Fornos, además del propio Daza.

En un principio, se informó de que los otros dos concejales de Junts, Teresa Recasens y Laura Mellau, también se iban a la formación xenófoba, pero lo ha desmentido Recasens en una rueda de prensa este martes. “No he pactado nada ni comulgo con Aliança Catalana”, ha declarado.

Lo que sí ha desvelado es que Compromís per Cambrils, la marca de Junts en el municipio, celebró este domingo una reunión en la que se puso sobre la mesa acudir a las elecciones con Aliança, y “mucha gente” estuvo de acuerdo.

Recasens ha comparecido sola. Menllau, la otra edil de Junts, ha asegurado a la agencia ACN que no seguirá en política.

Daza, que a principios del año pasado fue expulsado del gobierno en coalición que el PSC formaba con Junts –lo que provocó la salida del pacto de los de Puigdemont y la dimisión del alcalde– ha explicado que el cambio de partido responde a una reflexión “profunda” y ha afirmado que asume el reto “con la misma ilusión y más”.

“Necesitamos volver a poner orden, cuidar nuestras calles, reforzar la seguridad, impulsar el comercio, proteger nuestro modelo turístico y situar de nuevo los intereses de los cambrilenses en el centro de todas las decisiones. Estoy convencido de que Aliança Catalana es la fuerza que nos permitirá hacer posible este cambio”, ha asegurado Daza.

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que Cataluña era un territorio libre de ultraderecha. Mientras la ola reaccionaria global ganaba espacio en España (que durante décadas también fue la excepción europea en materia de ultraderecha, pero esa es otra historia), Cataluña se presentaba como un dique, al igual que las demás comunidades históricas: Euskadi, Navarra y Galicia, donde el auge ultra no calaba.

Ya sé, ya sé, no se me pongan nerviosos lo del fondo: hay quien piensa que las posiciones reaccionarias anidaban ya dentro del nacionalismo catalán, de la misma forma que la extrema derecha española vivía cómoda en el seno del PP, pero no me estropeen el argumento. Lo cierto es que por un tiempo vivimos la ilusión de que Cataluña se mantenía al margen de la derechización general, por sus propias peculiaridades.

La ilusión duró poco: en las Catalanas de 2021 ya entró Vox en el Parlament, aunque es cierto que con menos ímpetu que en otras zonas, y a costa del PP y de los restos de Ciudadanos. De la misma forma, en las generales de 2019 y 2023 la extrema derecha sumó menos diputados en las provincias catalanas que en otras regiones, por lo que todavía se prolongaba la ilusión de que los catalanes resistían los cantos de sirena del populismo reaccionario, como un residuo de aquel mitificado “oasis catalán”.

Pues si no querías ultraderecha, dos tazas: según el último barómetro del CEO (el llamado CIS catalán), los ultras crecen en Cataluña por partida doble: lo hace Vox, por encima del cada vez más derechizado PP, y sobre todo Aliança Catalana, a costa del también cada vez más derechizado Junts. Entre las dos ultraderechas suman un 30%, muy por encima del peso ultra en cualquier otro parlamento en España. Que ya sé que hay quien piensa que no se pueden sumar así, que son muy diferentes y radicalmente incompatibles (en el eje identitario, españolistas unos y catalanistas los otros, y también en algunos temas de agenda social); pero en su esencia ultra, esto es, en lo que tienen de xenófobos y autoritarios, representan la misma pulsión populista reaccionaria.

El rápido ascenso de la ultraderecha independentista catalana es uno de los fenómenos más sorprendentes y desconcertantes de la política reciente, al menos para mí. No es que yo participase de aquel espejismo de una Cataluña incompatible con el fascismo, pero me impacta cómo la misma receta ultra que en cada país europeo ha encontrado su versión local, en Cataluña ha cuajado en dos platos tan diferentes y a la vez tan similares, confluyentes, simétricos y espejo el uno del otro en sus planteamientos ultranacionalistas.

Los politólogos tendrán sus explicaciones al fenómeno: algunos lo vinculan a aquel Procés que alteró radicalmente la política catalana (y de paso la española), otros al aumento de la desigualdad social y el deterioro de lo público, a la polarización política, a la frustración independentista, o al fermento identitario que siempre hubo en parte del nacionalismo catalán. Los mismos politólogos, por cierto, que hoy explican con argumentos muy convincentes la excepción vasca: que en Euskadi no haya ultraderecha, que Vox sea residual y no haya surgido un equivalente vasco a Aliança Catalana. Veremos si no acaba siendo otra ilusión.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.

El movimiento sísmico que ha supuesto la irrupción de la formación xenófoba Aliança Catalana continúa rompiendo el tradicional mapa electoral catalán. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el partido de extrema derecha ha pulverizado a Junts y pisa los talones a ERC en la competición por ser el segundo partido en el Parlament. Además, el Govern de Salvador Illa podría ver comprometida su mayoría parlamentaria.

El estudio proyecta un PSC a la baja, en la horquilla entre los 36 y 38 escaños, es decir, hasta seis menos que los obtenidos en 2024. Por debajo se situaría ERC, con entre 24 y 26, que se recuperaría ligeramente de sus anteriores resultados. Y, justo por detrás, Aliança aspiraría a entre 23 y 25 asientos en la Cámara catalana, un crecimiento disparado desde sus actuales dos únicas representantes.

Junts llegaría por detrás, hundido entre los 16 y 18 escaños, lo que suponen la mitad de los diputados obtenidos hace dos años. PP y Vox continúan empatando en su particular duelo, ambos con entre 12 y 13 escaños. En la banda baja quedarían los Comuns y la CUP, que también empatan con entre 4 y 5 representantes.

Además del crecimiento de la extrema derecha, estos resultados dibujan por primera vez la posibilidad de que la actual suma de gobierno no llegue a la mayoría absoluta de 68 escaños, ya que PSC, ERC y Comuns sumarían entre 64 y 69 diputados.

Las transferencias de voto que ofrece el mismo estudio indican que solo la mitad de las personas que votaron a Junts en 2024 cogerían la misma papaleta ahora. En cambio, el 28% de ellos apostaría por el partido de Sílvia Orriols, y otro 9% por ERC. Pero Aliança bebe también de partido de la derecha españolista, sobre todo de Vox, a quien arrancarían el 23% de sus votos hace dos años.

Que el elemento disruptor es Aliança queda claro en la proyección para las elecciones generales, donde no está previsto que la formación xenófoba se presente. En el contexto de unas generales, los movimientos son más suaves: el PSC caería un solo diputado, ERC sumaría entre 3 y 4 en pleno 'efecto Rufián', que hace daño a los Comuns a los que arrebatan el trofeo de segunda fuerza. Además Junts perdería entre 2 y 3 de sus actuales 7 escaños en el Congreso.

Aliança Catalana ha retirado “por unanimidad” la confianza a Arnau Liesa como candidato de la formación al Ayuntamiento de Figueres. En un comunicado, el partido afirmó que la medida se tomó después de que la dirección tuviera conocimiento de una “situación personal” que, aseguran, no había sido comunicada previamente y que consideran “incompatible con los principios fundacionales” del proyecto político. Poco después, Liesa explicó que había iniciado una relación con una exalumna suya, mayor de dieciséis años, y admitió que se equivocó al no informar al partido. Según ha dicho, por “responsabilidad” y evitar “generar un perjuicio a una organización que está muy por encima de cualquier proyecto personal”, ha presentado su renuncia.

En el comunicado, Aliança Catalana no ha especificado cuál es la situación personal que ha motivado la retirada de confianza en Liesa. Se ha limitado a informar que es “incompatible” con los principios del partido. También ha explicado que habían iniciado un procedimiento disciplinario interno para expulsarlo y que, una vez se le ha comunicado, Liesa ha optado por desvincularse voluntariamente del partido.

Poco después de la difusión de este comunicado, Liesa ha hecho público un mensaje en las redes sociales, explicando su versión de los hechos. Ha detallado que estaba trabajando como profesor cuando conoció a una alumna mayor de dieciséis años. Por “coherencia, responsabilidad y respeto”, renunció al trabajo como docente antes de empezar con él una relación sentimental. Según afirmó, la relación es “pública y conocida” en su entorno personal desde finales de enero.

El hasta ahora candidato de Aliança Catalana a Figueres ha admitido en el comunicado que no lo puso en conocimiento del partido. “No valoré suficientemente que esta circunstancia podía acabar afectando a su imagen pública”, detalló. Por este motivo, y “por responsabilidad”, ha anunciado que deja de ser el candidato de Aliança Catalana a Figueres y renuncia también a todos los cargos orgánicos que ocupaba dentro de la formación.

En el mismo escrito, agradeció la confianza recibida de los compañeros y aseguró que continuará “amando a Catalunya y defendiendo los mismos ideales” desde fuera del partido.

La formación, por su parte, aseguró que seguirá trabajando para formar una candidatura “sólida, honesta y fiel” a los valores del partido.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

Aliança Catalana ha tenido serios problemas para encontrar un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tras llamar a la puerta de diversas caras conocidas, como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, y recibir una y otra vez un 'no' por respuesta, la formación xenófoba ha decidido tirar de banquillo y colocar al actual número dos e ideólogo del partido, Jordi Aragonès, como cabeza de lista en la capital.

El partido ultra sabe que se lo juega todo en las municipales del próximo año y que ha de presentar listas solo allí donde tenga candidatos competitivos y previsión de poder hacer buenos números. Pero Barcelona es diferente. La capital catalana es un símbolo y la única ciudad donde la política local juega en la liga de la nacional. Si Aliança quiere ser algo en el Parlament, no podía dejar desierta la carrera de Barcelona.

Así se ha acabado tomando la decisión de que sea Jordi Aragonès quien concurra por la capital. Pese a no ser una cara conocida por el gran público, este joven de 33 años es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, una de las personas que tienen la última palabra en todas las decisiones del partido.

En los círculos de la extrema derecha independentista se le considera el ideólogo y uno de los padres del crecimiento disparado de AC en las encuestas en los últimos dos años. En el último barómetro municipal de Barcelona la formación xenófoba se situaba en el cuarto puesto y lo más llamativo era que batían a Junts.

El candidato de Barcelona se ha trasladado recientemente a la capital, pero está afincado desde su nacimiento en Pineda de Mar (Maresme), municipio del que proviene su familia y que también comparte con su primo Pere Aragonès, expresident de la Generalitat.

El abuelo de ambos, Josep Aragonès, fue alcalde franquista del municipio y quien levantó la próspera cadena hotelera que ahora dirige el exjefe del Govern. El que fuera líder de ERC no tiene prácticamente relación con su primo y, dentro de su familia de derechas, siempre fue considerado una rara avis.

Ese mismo abuelo escribió una página de la historia política catalana al fundar, junto a políticos como Manuel Millán Mestre o Josep Maria Santacreu un partido denominado Reforma Democràtica de Catalunya, que se consideraba el núcleo de Manuel Fraga en Catalunya y que, poco después, acabaría integrado en Alianza Popular. 43 años más tarde Jordi Aragonès fundaría otro partido con el nombre de alianza, en este caso con el apellido de “catalana” y de orientación independentista y xenófoba.

Antes que eso, Jordi Aragonès había pasado por las juventudes de Unió, cantera de parte de las nuevas hornadas de líderes de extrema derecha catalanista. Licenciado en Historia y profesor de instituto en la localidad de Begur (Baix Empordà), el cerebro de Aliança es ultraliberal en postulados económicos y defiende, por ejemplo, reducir al mínimo el estado de bienestar o privatizar las pensiones.

Tampoco oculta que su proyecto pasa por deportaciones masivas de inmigrantes, a las que se refiere como “remigración”.

Este concepto es, en realidad, un eufemismo de la extrema derecha europea para hablar de deportación masiva, incluyendo a ciudadanos nacidos en Catalunya pero de origen extranjero. Aliança explica en su programa que debe expulsarse al conjunto de las personas sin regularizar, así como a todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. Además, señalan con frecuencia que el crecimiento de la población catalana es un problema para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Aliança estaba en plena campaña sobre la “remigración” hace un año cuando fue acusada por otros independentistas de que, si se aplicaran sus propuestas, se acabaría deportando a dos millones de catalanes. Una sentencia a la que el propio Aragonès contestó en tono afirmativo: “Y son cifras ciertamente conservadoras”. Este número de ciudadanos que el candidato quisiera fuera de Catalunya equivale al 25% de la población catalana.

Después de probar suerte con la plataforma Moviment Democràta Català, que formó en 2013 junto al exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, Aragonès fundó Aliança en 2020 junto a Orriols y unos cuantos escindidos del Front Nacional de Catalunya.

Su ideario es, según su propia definición, islamófobo. Con esa bandera conquistaron la alcaldía de Ripoll gracias a que la oposición, mayoritaria, no logró ponerse de acuerdo. De la localidad gerundense saltaron al panorama catalán en 2024, cuando lograron dos escaños en el Parlament. Su ascenso desde entonces ha sido imparable y las encuestas más optimistas auguran que podrían llegar a los 20 diputados.

Pero su gran reválida serán las elecciones municipales de mayo de 2027. Está en juego su consolidación, para lo que necesitarían entrar en un porcentaje relevante de ayuntamientos catalanes.

La estrategia del partido no es abarcar lo máximo posible, sino presentar listas solo en aquellos lugares que puedan tener éxito. Pero encontrar candidatos adecuados en decenas de municipios en los que Aliança aún no tiene estructura orgánica no está siendo tarea fácil y, por el momento, faltan conocerse las propuestas de las algunas de las mayores ciudades catalanas.

Postulando a Aragonès para Barcelona, Aliança pone un parche al fracaso de no haber encontrado una cara conocida que defienda sus siglas en la capital. A cambio, saca al terreno de juego a una de las figuras con más proyección del partido, pero que hasta ahora había trabajado entre bambalinas. En los últimos días, Aragonès ya ha tenido contactos con los círculos económicos de la ciudad con los que su partido aspira a conectar. Si lo conseguirá o no está aún por ver.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El alemán Peter Sloterdijk acuñó el concepto de “fobocracia” para definir un sistema basado en el miedo. Lo analizó en un libro con ese mismo título y lo situó en el ámbito de las religiones. Pero ese recelo hacia otros colectivos no se limita solo a quienes comparten una creencia. Cada vez se explota más en la política y en estas últimas semanas hemos tenido varios ejemplos. Es lo que se podría denominar una nueva fobocracia.

El caso más reciente lo ha protagonizado el presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha confirmado que la ignorancia mezclada con IA puede ser aún más atrevida. Su teoría de las ratas nadadoras para crear un mayor temor (infundado, según los expertos) al hantavirus es de las que serán recordadas. No es que el Gobierno haya querido “ridiculizarlo”, como él denuncia. Es que hizo el ridículo y, lo que es peor, fue un irresponsable al difundir una teoría que solo contribuía a extender el miedo entre la población de su comunidad.

Clavijo se equivocó y haría bien en reconocer dos cosas. La primera, que su teoría ha sido descartada por los científicos. La segunda, que contribuyó a fomentar una angustia injustificada.

La nueva fobocracia es la que transmite alarma y aprensión. “Esparce miedo y ansiedad”, resume la filósofa Donatella Di Cesare en su último libro, Tecnofascismo (publicado por Paidós y Arcàdia en catalán).

La pensadora italiana se refiere a la estrategia que muchos Estados cultivan para alimentar la obsesión por la seguridad. “Los miedos individuales, que de otra manera dividen y aíslan, se suman y dan lugar al fantasmagórico ‘nosotros’ de una comunidad del miedo”, reflexiona. Ella se refiere al papel de muchos Estados, aunque en política quien mejor está explotando esos temores —que, en muchos casos, son ya fobias— es la extrema derecha.

Un caso reciente se ha vivido en Catalunya a raíz del asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat. Cuando los Mossos aún no habían dado ningún detalle del caso, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ya escribió en X este mensaje: “Un islamista degolla a una niña en Esplugues y sale la izquierda woke a hablar de feminicidio. Se llama terrorismo, desgraciados. TERRORISMO. Y sois vosotros quienes le habéis dejado entrar”.

La policía autonómica informó al cabo de unas horas de que el asesino había sufrido posiblemente un brote psicótico (a día de hoy permanece en prisión preventiva en una unidad psiquiátrica) y de que la víctima no era una niña, sino una mujer de origen asiático de 41 años. Pero la tesis de un atentado a manos de un islamista ya era imparable en redes: algunos la difundían con cuentas a cara descubierta; otros, escondidos tras avatares.

No hay otro partido que explote mejor el miedo que Aliança Catalana. Tampoco hay ningún otro al que los sondeos vaticinen un auge tan espectacular. La última encuesta publicada, en el diario Ara, pronosticaba que el partido de Orriols podría ser el tercero en el Parlament, por detrás de PSC y ERC, y superando a Junts, que pasaría de segundo a quinto en la Cámara catalana.

Se trata al migrante como un intruso y su llegada como una invasión. “Esta deriva patriótica se traduce así en un soberanismo de fondo racista”, diagnostica Di Cesare. En esa estrategia se enmarca también el concepto de “prioridad nacional” que Vox y PP han suscrito en sus acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura. 

“Si el miedo domina los ánimos, entonces se pueden dominar los ánimos de los otros con el miedo”, concluye Di Cesare. ¡Bien que lo sabía Maquiavelo!

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

¿Quiénes formamos el nosotros? Claudica el PP ante las exigencias ultraderechistas —da igual cuando lea usted esto— y nos damos de bruces con la filosofía política. 

En la respuesta que demos a la pregunta se contiene nuestra visión del mundo. Lo que somos y lo que nos gustaría ser. 

Lo de la prioridad nacional es un mal eufemismo para camuflar la segregación, pero sirve bien para señalar una de las principales fracturas entre distintas concepciones de la sociedad. 

De un lado, tenemos a quienes conciben que el nosotros sólo puede estar formado por los de aquí de toda la vida. Una vaguedad nativista que a duras penas logra disimular el etnonacionalismo subyacente. De acuerdo con esta visión, la comunidad es una realidad natural determinada —dicho toscamente— por una lengua, unos paisajes y unas costumbres. El individuo nace en ella y no hay, en realidad, otra forma de incorporarse a ella. En última instancia, se tienen derechos sólo en tanto que se pertenece.

Aunque la ultraderecha empezó cargando contra la inmigración irregular, ahora ya apunta contra la que tiene resuelta su situación administrativa. Hagas lo que hagas, para ellos nunca serás lo suficientemente de aquí.  

Hace escasos meses uno de los máximos dirigentes del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, calificaba la política de prioridad nacional como «la antesala del fascismo». No sabemos qué piensa ahora que su partido la ha adoptado, pero hay que conceder que tenía razón cuando lo dijo.

VOX y Aliança Catalana no han inventado nada. Zeev Sternhell trazó en «Les anti-Lumières» una interesante genealogía de los movimientos reaccionarios desde el siglo XVIII y su caracterización de la Nueva Derecha francesa de los años sesenta y setenta del siglo pasado ilumina con precisión el origen del núcleo del pensamiento y la estrategia de las ultraderechas locales. 

Se sustituye el argumento racial —ya inutilizable— por el argumento cultural. Se habla de culturas incompatibles, de identidad amenazada, de civilización que defender, de una patria que salvar. 

El argumento derechista sobre la escasez de recursos para garantizar derechos a todos los miembros de nuestra sociedad —lo que permite presentar como razonable una opción tan extremista como la negación de derechos por razón del origen— es radicalmente falaz. La cuestión central es cómo se producen y distribuyen los recursos necesarios, que es el debate que la derecha siempre quiere esquivar.

Se construye al otro como una amenaza existencial para desviar la atención del conflicto de clase, para convertir el miedo y el odio en un factor de movilización electoral y de acceso al poder, facilitando además una jerarquización social funcional a los intereses de los poderosos.

No puede escapársenos que, en esta jerarquía de la pertenencia, los siguientes en perder derechos serán los enemigos internos. On connaît la chanson. La lista es larga y nunca se cierra del todo, siempre hay sitio para uno más. 

Existe, sin embargo, otra manera de responder a la pregunta. En la tradición republicano-democrática, en la que la comunidad está en permanente construcción, con cada acto de deliberación pública. Por ello, en esta concepción del mundo las sociedades son abiertas, plurales, diversas e inclusivas. En ellas, los derechos no son un privilegio de los nacidos dentro de un determinado grupo sino una conquista democrática de la que son portadores los individuos en tanto que lo son, sin negar la relevancia política del hecho nacional. 

Para los que pensamos que la razón es universal y que todos los seres humanos compartimos una misma y común naturaleza, no hay fundamento legítimo para negar a nadie los derechos positivizados en los tratados internacionales, los que deben considerarse inherentes a la persona porque lo es, ni tampoco se puede negar el acceso a las prestaciones y servicios públicos que los hacen efectivos. 

Desde luego, incluso en esta línea de pensamiento existe una tensión en cuanto a la pertenencia a la comunidad política, en un sentido estricto, de todo individuo que vive en una sociedad determinada. El acceso a los derechos relacionados con la participación política sigue reservándose, en gran medida, a los ciudadanos. En cierto modo, se puede leer la historia del movimiento democrático como una lucha permanente por la no-dominación y por la ampliación del demos, hacia dentro y hacia afuera, así que el debate sobre la incorporación progresiva a los derechos de participación política para todos los que vivimos juntos seguirá abierto. 

No hay duda posible sobre lo que implica recorrer uno u otro camino. A las generaciones de progresistas hoy vivas nos corresponde, pues, profundizar en la lógica democrática, sin complejos y sin demora.

Aliança Catalana está teniendo problemas para encontrar candidatos a las próximas elecciones municipales. La formación ultra había prometido que anunciaría el día de Sant Jordi a su cabeza de lista en Barcelona, una forma de dar empaque a la revelación de sus aspirantes en las elecciones municipales. Pero, una vez llegada la fecha, la formación únicamente ha hecho públicos los nombres de seis candidatos y, la mayoría de ellos de ciudades medianas, y con sonada ausencia de la capital catalana.

La formación xenófoba ya avanzó hace unos días que se veía obligada a posponer el gran anuncio, ya que la persona a la que había “encomendado” que fuera el candidato se habría retirado en el último momento. Desde el partido reiteraron su deseo de presentar candidatura por Barcelona y aseguraron además que se encontraba en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar la lista.

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, por el momento, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes. Para ello, está haciendo un esfuerzo por reunir nombres propios para encabezar las candidaturas y también personas dispuestas a aparecer en sus listas, una tarea que no siempre es fácil para un partido sin implantación territorial en muchas zonas de la geografía catalana.

Además, Aliança desea poder presentar por Barcelona a un candidato que sea una cara conocida para los votantes, lo que consideran que podría ser un golpe de efecto para el resto de candidaturas. En los últimos meses la formación se ha interesado por el exconseller de Economía de Junts, Jaume Giró, que rechazó la propuesta y, según publicó recientemente Nació, también por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien tampoco aceptó.

El Partido Socialista de Catalunya (PSC) vive momentos convulsos en Ripoll, zona cero del poder territorial de la Aliança Catalana. Y la razón de esta crisis no es otra que la relación entre los socialistas y la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, después de que la semana pasada los dos concejales socialistas optaran por abstenerse para dejar pasar las primeras cuentas del gobierno municipal de extrema derecha.

Tras esa decisión, que la dirección socialista no tardó en censurar, el PSC decidió el lunes por la noche cesar a sus dos concejales. Lo que no se esperaba era que esa expulsión acabara en rebelión de toda la agrupación ripollense, que el partido ha acabado disolviendo y nombrando una gestora.

En un comunicado trasladado este martes, la formación explicó que había tomado la decisión de cesar a los concejales tras reunir a miembros de la ejecutiva nacional con la federación de comarcas de Girona y miembros del grupo municipal. Las actas de ambos concejales debían ser asumidas, según indicó entonces el partido, por otros miembros de la lista del PSC.

Pero los dos ediles cesados replicaron que esta decisión fue tomada “de forma unilateral” por la dirección nacional del PSC“ e insistieron en que no hubo ninguna reunión para abordar el tema. ”Ni ayer por la tarde ni en el momento en que hemos tenido conocimiento de esta decisión por los medios de comunicación. Ni se nos ha trasladado ninguna comunicación formal al respecto“, apuntaron ambos concejales en un comunicado.

En el mismo texto, añadieron que ninguno de sus compañeros de lista quiere tomarles el relevo y aseguraron que la formación local “no comparte en ningún caso esta decisión y está en absoluto desacuerdo”. Los dos ediles afearon al PSC que se “nadie del partido se ha acercado presencialmente a trasladar la petición de dimisión”, con lo que consideraron que se han visto forzados a hacerlo. “A pesar de eso, y con la información conocida, hemos actuado con responsabilidad y hemos formalizado la renuncia”, manifestaron.

Ambos concejales ya pusieron sus cargos a disposición del partido tras la abstención. En un comunicado, los concejales admitieron el “error” de haberse abstenido y afirmaron que su proyecto estaba en las “antípodas” de los valores que defiende Orriols. Lo publicaron después de haber sido reprobados de la Federación del PSC de Girona, que pidió actuar “en consecuencia”.

“Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll”, añadieron en el comunicado. “Aun así, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a aquella intención inicial”, añadieron.

Orriols logró aprobar sus primeras cuentas en pleno de este mandato tras activar su voto de calidad para desempatar la votación: la alcaldesa de Aliança Catalana tenía 7 votos favorables y 7 en contra (Junts, ERC y CUP). Los socialistas, con su abstención, permitieron que salieran adelante las cuentas.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, defendió que la dimisión anunciada este martes de los dos concejales socialistas de Ripoll responde a una “asunción de responsabilidades” tras una reunión de “madurez política”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por la agencia ACN, Moret subrayó que Enric Pérez y Anna-Belén Avilés “dejan su responsabilidad institucional” después de haber puesto sus cargos a disposición del partido, y remarcó que el PSC mantiene que “nunca” pactará con fuerzas que, según ha dicho, no defienden “los valores democráticos y de la convivencia”, en referencia a Aliança Catalana y Vox.

La renuncia de estos dos concelajes del PSC se suma a la cascada de dimisiones que ha habido entre los partidos de la oposición: a menos de un año de las elecciones municipales, ya son 7 de los 11 ediles los que han dimitido.

Los primeros fueron los de Junts, formación que ha renovado completamente su grupo local después de la fallida moción de censura contra la alcaldesa ultra. Durante las negociaciones de dicha moción, también presentó su dimisión uno de los concejales de la CUP. Poco después, ERC también tuvo que despedirse de los dos primeros nombres de su lista.

Con todo, los únicos ediles electos que continúan en el consistorio son dos de ERC -habiendo uno de ellos que renunciará a final de mandato-, otro de la CUP y Joaquim Colomer, que lidera una lista independiente. Por contra, los seis concejales de Aliança Catalana, todos con cargos de gobierno, se han mantenido intactos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este sábado los acuerdos “con los que hacen apología de la intolerancia y la división” después de que los dos ediles del PSC en Ripoll (Girona) facilitaran, con su abstención, la aprobación de los presupuestos de la ultraderechista Sílvia Orriols, alcaldesa de la localidad.

Sin hacer mención explicita a lo ocurrido en Ripoll, Illa ha dedicado parte de su intervención en el consejo nacional del PSC de este sábado a criticar a la extrema derecha “que pone en riesgo al mundo”, en especial los líderes de EE.UU. e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según Illa, ambos mandatarios “no es que simplifiquen la realidad; es que mienten directamente”. Sus gobiernos, ha recordado el president, “empobrecen, dividen y enfrontan a la ciudadanía”, algo que ha rechazado con contundencia.

“A los socialistas siempre nos encontrarán en el diálogo y los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Catalunya, y nunca en acuerdos con los que hacen apología de la intolerancia y la división”, ha aseverado el president y primer secretario del PSC.

Los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pusieron este viernes sus cargos a disposición del partido tras asumir como “error” la abstención de ambos en el pleno que facilitó la aprobación de los presupuestos a la alcaldesa de la localidad, la líder de la formación de ultraderecha independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista de Ripoll explicó que comparte el criterio de la dirección de la Federación del PSC de las comarcas de Girona, que expresó su “desacuerdo absoluto” con el sentido de la votación que permitió que el partido ultraderechista sacara adelante las cuentas. La decisión de los dos ediles también dejó a contrapie a Illa, que no duda en confrontar con Orriols durante los debates en el Parlament.

Illa ha recordado la socialista Carme Chacón y su deseo de hacer de España y Catalunya “agentes en favor de la paz”. “Sí a la paz, no a la guerra”, ha sentenciado entre aplausos. Illa también ha apoyado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender los acuerdos de Europa con Israel: “No se hacen transacciones con los valores ni se tiene una doble vara de medir con los valores”. “Hoy ser progresista se ha convertido en una urgencia moral”, ha sentenciado el president.

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha conseguido aprobar los presupuestos de 2026 en su localidad gracias a la abstención del PSC y tras romper un empate con su voto de calidad como edil. Las cuentas ripollesas han salido adelante con los siete votos a favor de Aliança Catalana y Som-hi Ripoll, y siete en contra de Junts, ERC y CUP. Ante la abstención socialista, que dejaba el empate, Orriols ha hecho valer su voto de calidad.

Orriols ha agradecido la “responsabilidad” de los partidos de la oposición que, por primera vez en este mandato, han facilitado que el gobierno en minoría apruebe por pleno unos presupuestos. El año pasado se aprobaron de forma automática tras fracasar la moción de censura con la retirada de Junts, y la anterior tuvieron que prorrogarse. La aprobación se produjo in extremis, a cinco minutos de que acabara el pleno este jueves.

Orriols había apelado a la responsabilidad pidiendo la abstención de la oposición para hacerlo posible, consciente de que los números eran muy justos, después de que Junts ya anunciara hace unos días su voto contrario. Este presupuesto, dotado con 15 millones de euros, es –según el gobierno local– “continuista” y mantiene la apuesta estratégica por la seguridad, la cultura popular y la limpieza, aunque Orriols no detalló las partidas de cada ámbito y hizo énfasis en seguir la política de “contención” de gasto.

En este pleno, también se ha roto por primera vez el bloque unitario del 'no' de la oposición. El concejal de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha sido el único que ha votado a favor, valorando las negociaciones que han permitido incluir algunas de sus propuestas, como mejorar la partida del alumbrado y la de los parques infantiles. “No es nuestro presupuesto, es poco soñador y algo pequeño”, ha afirmado, pero “a diferencia de otros años” ha habido una voluntad de escucha y entendimiento que ha permitido llegar a “muchos acuerdos”.

Polémica dentro del PSC

El PSC, con dos ediles, ha sido el único que se ha abstenido. Su portavoz, Enric Pérez, ha sido muy crítico. Al equipo de gobierno les ha reprochado una carencia de voluntad real para llegar a acuerdos con propuestas que los han hecho. Son unos presupuestos, ha afirmado, con falta de “ambición” y que “no dan respuesta a lo que Ripoll necesita”, como mejoras en los barrios, vivienda o más propuestas para los jóvenes. Sin embargo, ha explicado su abstención por quere seguir trabajando para incorporar mejoras y porque no quieren repetir la situación de tener que ir a una cuestión de confianza y “hacer perder el tiempo”.

La decisión del grupo municipal ha sido censurada por la dirección provincial del partido que, en un comunicado, ha manifiestado su “desacuerdo absoluto”. “Esta decisión no cuenta con el aval ni el conocimiento previo de esta federación”, aseguran en el texto. Por este motivo, la ejecutiva del partido en las comarcas gerundenses ha citado “de manera inmediata” a los concejales del grupo municipal para “exigir explicaciones y actuar en consecuencia”.

Poco después, los dos ediles socialistas han emitido un comunicado en el que aseguran “admitir el error” de haber facilitado la aprobación de las cuentas. También han puesto su cargo a disposición del partido. “Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll. Sin embargo, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a esa intención inicial”, afirman en el comunicado.

El portavoz de Junts, Ferran Raigón, ha reiterado que las cuentas de Aliança no eran realistas. “No haremos el tonto, como sería pactar unas propuestas que son papel mojado porque, si tenemos que devolver casi 3 millones de euros (el importe de la subvención del fondo europeo más la penalización por rehabilitar el edificio de la Nau del Pla) no podrá cumplir las propuestas prometidas”, ha dicho.

Pero la alcaldesa le ha respondido que aún no lo dan por perdido y que, en el peor de los casos, hay recursos para afrontarlo. Entre otras cosas, porque se ha cerrado el ejercicio de 2025 con un remanente positivo de más de 967.000 euros. Un ahorro, según ha dicho, que permitirá realizar inversiones por valor de 404.000 euros.

Por su parte, ERC se ha quejado de que las propuestas que han hecho no han quedado recogidas en los presupuestos y que, “por coherencia”, debían votar en contra. La republicana Chantal Pérez ha admitido que, con la abstención del PSC, se evitó tener que entrar en el “circo mediático” de hace un año, cuando la moción de confianza no prosperó y, por tanto, creían que era “coherente” mantener el 'no'. Y ha añadido, “no entendemos que Junts no vote a favor o se abstenga, porque ellos sí que han votado a favor de la mayoría de cosas de Aliança en este pleno”. Y por último, el portavoz de Alternativa por Ripoll, Jordi Hostench, ha expuesto su 'no' por la falta de afinidad de sus políticas hacia las de Aliança.

No hay totalitarismo que avance sin colaboradores ni se lamina la democracia solo desde las instituciones. Muchas de las familias que Mariano Sánchez Soler cita en Los ricos de Franco (Roca editorial) siguen siendo apellidos que tanto aparecen en la revista Hola como en Expansión. March, Fierro, Koplowitz, Coca, Banús, Aguirre… ¿Les suenan?

En el caso de algunos millonarios catalanes, más dados a la discreción vasca que a la ostentación mesetaria, el objetivo es el mismo que el del resto: asegurarse de que gobierne quien gobierne, sus negocios no sufrirán y los beneficios no se verán mermados. Incluso que, ya puestos, la entente con el poder político les permita mejorar la cuenta de resultados. El quién y el cómo es lo de menos porque los presidentes, consejeros, diputados o alcaldes pasan, pero ellos y sus descendientes quedan.

De ahí que la reunión que la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, mantuvo el pasado sábado con una representación de socios del golf Empordà despertase tanto interés. Primero porque quien propuso el encuentro fue Emilio Cuatrecasas, presidente de honor del conocido bufete de abogados y también empresario. El objetivo era “descubrir el proyecto político” que encabeza la alcaldesa de Ripoll y que, de confirmarse la tendencia de los sondeos, podría incluso superar a Junts en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona. Y segundo, porque la invitación es la manera de naturalizar su presencia y darle un mayor protagonismo. 

La reunión se celebró en el Hotel Terraverda de Gualta y contó con unos 200 asistentes. El periodista Manel Pérez, probablemente el mejor informado de todo lo que se cuece en los ámbitos empresariales catalanes, explicaba este lunes en su artículo en La Vanguardia que los presentes recomendaron a la líder ultra que emulase a la también ultra Giorgia Meloni para aparecer como más moderada.

En el mismo artículo se explicaba que Orriols había desplegado ante los empresarios y directivos un catecismo liberal que incluye rebajas de impuestos, algo que siempre suena a música celestial en auditorios como ese. Exhibió de nuevo el euroescepticismo que la ha convertido en referente para una parte no menor de los agricultores contrarios al acuerdo con Mercosur y para sorpresa de nadie reiteró su rechazo a la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno.

Aliança Catalana puede acabar condicionando el futuro Parlament, ostentar más de una alcaldía y determinar muchas alianzas municipales. Orriols rehúye la etiqueta de extrema derecha pese a que su ideología encaja perfectamente con la de la Agrupación Nacional lepenista o los herederos de las camisas negras que ahora visten trajes pastel con Meloni. Se ha felicitado públicamente por la política migratoria de Trump y recurre a la teoría del gran reemplazo con términos similares a los de los discursos etnonacionalistas de Santiago Abascal. La única diferencia es la bandera. 

El sondeo del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), adscrito a la Universitat de Barcelona, publicado este martes señala que los votantes de Vox valoran casi con la misma nota a su líder, Ignacio Garriga, con un 5,84 de media, que a Sílvia Orriols, a la que puntúan con un 5,83. Algo que, en cambio, no pasa al revés, pues los votantes de Aliança solo dan un 2,64 a Garriga. Y otro dato interesante: En 2025, solo el 52% de los votantes de Aliança se declaran independentistas. 

El discurso de la extrema derecha, con unas siglas u otras, es el mismo, el peligro es el mismo. Y frente a la oleada reaccionaria solo caben dos posturas: combatirla o abrazarla. La equidistancia no puede ser una opción, tampoco para los empresarios, aunque es fácil acertar en el pronóstico de lo que, llegado el caso, harían. Las reverencias de Josu Jon Imaz ante Trump en la Casa Blanca les marcan el camino.