Las primeras denuncias de Aliança Catalana contra simpatizantes de la izquierda independentista por protestar en sus actos han fracasado. Dos juzgados de Manresa y Berga (Barcelona) han absuelto a dos activistas acusados por la formación de extrema derecha de amenazas leves contra sus dirigentes mientras repartían propaganda.

Desde su irrupción en el Parlament en 2024, Aliança Catalana ha desplegado una estrategia de crecimiento territorial con el objetivo puesto en las municipales del año que viene. No hay fin de semana sin que el partido no ponga un tenderete y reparta información en una o varias capitales de comarca. A veces, estos actos se responden desde la izquierda independentista local o grupos antifascistas con protestas.

En una de las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza de Berga absuelve al simpatizante de la izquierda independentista de amenazas leves al no considerar acreditado que, tal y como denunció la militante de Aliança Inmaculada Nadal (que llegó a ir de número 5 en las listas al Parlament), el denunciado le dijera “no te estrañe que algún día te hagamos daño”.

Nadal afirmó que el hombre se acercó a ella y le profirió esa amenaza, pero ni el testigo que declaró en el juicio ni los vídeos sobre los hechos lo han demostrado. Es más, en las grabaciones de la protesta, según destaca la jueza, “no se aprecia en ningún momento que el denunciante se dirigja a la denunciante”. Sí se observa al hombre dar una patada a un cartel de Aliança, pero en el vídeo Nadal lo graba todo con su móvil, sin que el denunciado se acerque a ella.

En suma, para la jueza lo ocurrido “no resulta plenamente compatible con la intensidad intimidatoria qe cabría esperar de una amenaza percibida como cierta y efectiva”, toda vez que después de la breve protesta Nadal siguió repartiendo octavillas de Aliança en una céntrica plaza de Berga.

Aliança también ha cosechado una absolución de su denuncia a un militante de la CUP de Manresa y exconcejal del partido en el municipio, Jordi Garcés. La sentencia concluye que no ha quedado acreditado que Garcés amenazara al dirigente de Aliança Bernat Bernabeu, quien en la vista negó que el denunciado hubiera pronunciado la frase que constaba inicialmente en el atesado “en relación con la acción de matar”.

En un comunicado, Alerta Solidària, la organización antirrepresiva de la izquierda independentista catalana, ha celebrado las absoluciones y considerado que “la propaganda victimista y criminalizadora de Aliança se desinfla”. “Seguiremos protestando cada día contra su discurso de odio”, han agregado.

El partido xenófobo Aliança Catalana pasaría de tener dos diputados a 30 si las elecciones se celebraran hoy, cosa que le haría disputarse el primer puesto en escaños con el PSC. Así lo apunta la encuesta del instituto Ipsos para La Vanguardia, que refleja la posibilidad de un crecimiento sin igual para los de Sílvia Orriols, que vienen de ser la formación con menos diputados.

Esta proyección muestra una Catalunya muy difícil de gobernar, con Parlament muy fragmentado en el que destaca no sólo el auge de la extrema derecha, sino también la caída de los partidos que, hasta ahora, se han ido repartiendo el poder.

Por un lado, al PSC le pesa la legislatura de Illa y perdería 12 escaños (pasaría de 42 a 30), mientras que Junts se dejaría 19 asientos en las urnas, pasando de los 35 actuales a sólo 16, lo que le haría pasar de ser el segundo al quinto partido más votado. Se quedarían justo delante de PP, que perdería 4 escaños (se quedarían en 11) y los Comunes, dos (hasta los cuatro). Las únicas formaciones, aparte de Aliança, que saldrían beneficiadas son ERC, que ganaría tres diputados y se situaría en los 26; y Vox, que llegaría a los 18 escaños (siete más).

La intención de voto deja un panorama muy halagüeño para los de Orriols, que pasarían de ser votados sólo por el 3,8% de la población hasta hoy, que un 18% de los encuestados afirma que les dará su apoyo. De nuevo, todos los partidos pierden en intención, excepto ERC, que ganaría poco más de un punto, y Vox, que aumenta en cinco.

La encuesta muestra una crecida sin precedentes de la extrema derecha, lo que deja un panorama complicado. La reedición del pacto de Govern que mantiene a Illa en el poder sería insuficiente, ya que entre PSC, Comuns y ERC sólo sumaría 57 escaños. Se podría rascar algo más sumando a la CUP, con los que llegarían a ls 60 (estando la mayoría absoluta en 68).

La mayoría más clara se encuentra en los partidos independentistas, (aunque ese sentimiento sigue interpelando a menos del 50% de la población catalana). Si se suman, entre Junts, Aliança, ERC y la CUP llegarían a los 72. El problema es que en esta amalgama habría que restar, seguro, a los republicanos y los anticapitalistas, que ya han dejado claro su cordón sanitario frente a Orriols.

La otra fórmula que sumaría, pero sigue siendo igual de improbable, es la de las derechas, con Aliança, Vox, Junts y PP, que sumarían 75 escaños. En estos escenarios, lo que marcará la gobernabilidad será, pues, Aliança. Quienes se avengan a pactar con Orriols y, por contra, quienes estén dispuestos a asumir pactos que ahora parecen poco posibles, serán los que marcarán el nuevo Govern.

Paralelamente a la intención de voto, se encuentra el nivel de aprobación de los líderes catalanes, que deja a Gabriel Rufián como el preferido, con un 52% de apoyo. En segunda posición se encuentra Illa, con un descolgado 36%, seguido de Junqueras, 35%, y Sílvia Orriols. En cambio, el líder más reprobado, con diferencia, es Carles Puigdemont, con un 67% de votos negativos.

No fue un error. Después de que la diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana votase este martes en contra de la amonestación contra Vox por haber llamado “asesino” a Lluís Companys, su formación emitió un comunicado en que aseguró que se había tratado de una equivocación de la representante en la Junta de Portavoces. Sin embargo, no era la primera vez que Aliança se posicionaba en estos mismos términos sobre la cuestión.

En octubre de 2025 fue la propia Sílvia Orriols quien votó en contra de abrir expediente contra el diputado de Vox Joan Garriga por sus expresiones injuriosas contra el president de la Generalitat fusilado.

Según relatan a elDiario.es hasta cinco fuentes presenciales, la líder de Aliança lo hizo durante la sesión de la Comisión del Estatuto del Diputado (CED) que examinaba el caso y todos lo consultados recuerdan que incluso tomó la palabra para explicar el sentido del voto. Vilaweb también ha podido acreditar este posicionamiento por parte de la formación de extrema derecha.

Pero las citadas ni siquiera fueron las únicas dos ocasiones en las que Aliança salió en apoyo de Vox por sus palabras sobre el Companys. Si la sesión del 23 de octubre sirvió para iniciar la incoación del expedientes, fue en julio de este año cuando se devolvieron los informes a la comisión. Allí la formación que lidera la alcaldesa de Ripoll volvió a argumentar en contra de abrir expediente a Vox, aunque finalmente salieron adelante y se remitieron a la Junta de Portavoces.

“Por eso sabemos que la posición que expresó Rosa Maria Soberana [este martes en la Junta de Portavoces] no es un error, sino una postura coherente con su actuación en el pasado y sobre la que tienen siempre los mismos argumentos”, explica un diputado presente.

Una comisión “difícil de olvidar”

La reunión que mantuvo la Comisión del Estatuto de los Diputados el pasado 23 de octubre fue “difícil de olvidar”, según afirma un diputado que participó en ella. Pese a que Orriols no es la representante de Aliança en esa comisión, aquel día sustituyó a su compañera.

Orriols conoció así el conjunto de los expedientes sancionadores, que incluían el polémico sobre Companys, pero también el que abría la vía sancionadora contra ella misma por sus reiteradas referencias insultantes hacia la diputada de ERC Najat Driouech por vestir velo islámico.

“Estaba muy enfadada, repetía que aquella comisión era una caza de brujas, que no debía celebrarse”, recuerda una persona que lo presenció. En un momento dado la líder de Aliança se puso a hacer fotografías con el móvil de los expedientes que tenían sobre sus mesas, por lo que la presidencia de la comisión, junto a la letrada, debió recordarle que no podía reproducir esos documentos por estar bajo secreto parlamentario.

Pese a que esa Comisión es secreta y está prohibido que los debates trasciendan, Orriols tomó la palabra para explicar el sentido de su voto sobre el expediente de Vox contra Companys. Según las fuentes consultadas, argumentó que, aunque rechazaba las expresiones de la formación de Abascal, estaba en contra de sancionarlo. “Al igual que yo pienso que Franco fue un asesino, puedo entender que Vox considere lo mismo sobre Companys”, afirmó la diputada de Aliança, según confirman varias fuentes.

La comparación entre Companys y Franco todavía escandalizó más a algunos de los diputados presentes, que recuerdan haber percibido en las palabras de Orriols una intención provocadora. En la misma línea, algunos de estos parlamentarios recuerdan que en ese mismo discurso Orriols se habría referido a los hermanos Badia [militantes de Estat Català] como dos víctimas de Companys, pese a que la historiografía no avala esa tesis.

Aliança Catalana ha apoyado este martes a Vox en el Parlament de Catalunya para tratar de evitar que un diputado de la extrema derecha sea amonestado por sus insultos contra Lluís Companys. Pese a la suma de los votos de estas dos formaciones a los del PP, la propuesta de la formación de Garriga no ha seguido adelante, por lo que la sanción seguirá adelante. Horas después de la publicación de esta noticia, la diputada Maria R Soberana ha publicado un mensaje en X en el que ha asegurado que su voto había sido fruto de un error.

La polémica votación ha ocurrido en la Junta de Portavoces, donde Vox había llevado dos escritos en los que pedía reconsiderar dos de las amonestaciones verbales que el Parlament impuso a su portavoz, Joan Garriga. Una de ellas era por acusar a los socialistas de “gastarse el dinero en drogas y putas” y, la segunda, por acusar a Companys de asesino con motivo del homenaje que la Cámara realiza al expresident fusilado tras la Guerra Civil.

Aunque inicialmente Aliança ha guardado silencio a preguntas de elDiario.es, tras el revuelo suscitado en las redes la formación se ha pronunciado vía redes sociales.

“Hoy me he equivocado en el sentido del voto sobre la sanción por los carteles de Vox. Lo dejo claro: Aliança Catalana no está a favor de retirarla y condena los ignominiosos carteles contra el presidente Companys. Registraremos un escrito en la Mesa para dejar constancia”, ha asegurado la diputada Soberana.

Pese a excusarlo como un “error”, algunos diputados que asisten habitualmente relatan a este diario que Soberana ha apoyado más de una vez a Vox en esta cuestión bajo el argumento que llamar “asesino” a Companys debía entrar dentro de la libertad de expresión de los diputados.

En la Junta de Portavoces de este martes, los representantes de Vox han explicado con toda claridad que la reconsideración que reclamaban tenía que ver con la sanción impuesta por llamar “asesino” a Companys. Tras eso se ha abierto una ronda de palabra entre los portavoces, que han votado de viva voz. En el caso de Aliança, han apoyado la propuesta de Vox asegurando que se trataba de “libertad de expresión”.

Ambas formaciones de extrema derecha comparten una guerra contra las sanciones que el Parlament impone a los diputados que se saltan el código de conducta, con las que pretende frenar el discurso de odio en el hemiciclo.

No es la primera vez que Vox y Aliança se alían en el Parlament, donde coinciden con frecuencia en posicionamientos y votaciones, pero esta vez sorprende especialmente, ya que la formación de Sílvia Orriols suele enarbolar un discurso independentista y, en principio, contrario a difamar la memoria de todo un referente del catalanismo, como es Companys, capturado por los nazis en Francia y entregado a las autoridades franquistas en 1940.

La sanción contra Garriga fue impuesta en la Comisión del Estatuto del Diputado, que consideró que el diputado de Vox se había saltado el código de conducta, pese a que también advirtió que para imponer penas mayores debía reformarse el reglamento de la Cámara. Posteriormente fue la Mesa la que fijó el castigo en una amonestación verbal, que debe leerse al inicio de un pleno.

No todo lo odioso es sancionable, y más si no se justifica. Así lo ha vuelto a recordar una sentencia que ha anulado la multa de 10.000 euros que la Generalitat impuso a Sílvia Orriols por sus comentarios islamófobos en una tertulia de 2022 en 8TV, cuando era concejal de Aliança Catalana en la oposición en Ripoll (Girona).

El caso se remonta a una intervención en un debate sobre inmigración en televisión de hace cuatro años, cuando Orriols afirmó, entre otros comentarios islamófobos, que “los musulmanes no reconocen las democracias europeas” y que si ganaban las elecciones “podrían imponer la sharia, la misoginia y la homofobia”.

El Govern justificó la sanción, impuesta dos años después, basándose en la legislación catalana para fomentar la igualdad de trato y evitar la discriminación, que permite abrir expedientes y proponer sanciones ante declaraciones o comportamientos racistas.

Sin embargo, la magistrada del juzgado contencioso de Girona estima que la intervención televisiva de Orriols por la que fue sancionada no entra dentro de las conductas castigadas por la normativa antidiscriminación.

El expediente administrativo, razona la jueza, no incluyó “ninguna consideración” sobre los daños producidos por la “discriminación” por la que Orriols fue sancionada, ni las personas afectadas por su intervención ni los daños producidos, tal y como prevé la ley.

“No consta que se diera una efectiva discriminación en este caso concreto, tal y como exige la ley, ni por las declaraciones en sí mismas, ni por incidir, poner en riesgo o incitar a la discriminación, hostilidad o rechazo”, señala la magistrada.

A la hora de imponer una sanción, ahonda la magistrada, se debe tener en cuenta el contexto de las declaraciones, su repercusión y cómo se produjeron. En el caso de Orriols, la jueza remarca que el programa de 8TV apenas tuvo audiencia, que tampoco se convirtió en viral en redes sociales porque, por entonces, Orriols no era un personaje muy conocido. La “repercusión” de la líder de la extrema derecha catalana a día de hoy “no era la que tenía” cuando la Generalitat le puso la multa en 2024 ni cuando se emitió la tertulia en 2022.

Para imponer una multa, recuerda la magistrada, la normativa precisa de que se haya producido “una efectiva materialización de la discriminación con actos concretos de distinción, exclusión, restricción o preferencia de forma evidente”, algo que no ocurrió con el discurso islamófobo, pero genérico, de Orriols.

“No hace falta confundir lo que son opiniones o prejuicios, rechazables en según que ámbitos, con actuaciones penal o administrativamente reprobables porque producen discriminaciones”, asevera la sentencia.

El partido de extrema derecha de Orriols, Aliança Catalana, ha aprovechado la resolución para volver a cargar contra la religión musulmana en redes sociales y ha arremetido contra la anterior consellera de Igualdad, Tània Verge, bajo cuyo mandato se impuso la sanción.

Pocos la han mencionado por su nombre, pero Aliança Catalana ha sido una de las protagonistas la Diada. No por su capacidad de movilización en la calle, sino porque el catalanismo y el independentismo han encendido definitivamente las alarmas ante el avance de la extrema derecha. La jornada ha mostrado que existe consenso en advertir contra el auge de los de Sílvia Orriols, pero el contexto preelectoral impide ir más allá. Catalunya no es distinta a tantos países de Europa y tampoco encuentra la tecla para frenar la ola ultra.

Desde el expresident Jordi Pujol al actual jefe del Govern, Salvador Illa, pasando por Junts, ERC, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural y los Comuns: las llamadas a la cohesión del catalanismo y a no ceder ante los “discursos de odio” se han repetido a lo largo de la jornada. Este año, además, se cumplían 50 años de la Diada en la que todo el catalanismo salió a la calle en Sant Boi de Llobregat por primera vez tras el franquismo. La Generalitat y varios partidos han pedido recuperar el espíritu de unidad de esa jornada histórica.

La propuesta más clara de este viernes ha venido del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Sin dejar de reivindicar la autodeterminación y la independencia, Antich ha reorganizado las prioridades del soberanismo y ha pedido “un gran acuerdo del catalanismo democrático” para “avanzar de forma constructiva en la defensa de los derechos, las libertades y soberanía nacional”.

“Si Catalunya deja de ser tierra de acogida, pierde su razón de ser”, ha apostillado Antich, que ha pedido “dejar de normalizar” a los que “alimentan la fractura social, pretenden recortar derechos y libertades y movilizan el miedo para transformar el malestar en odio”, en referencia a Orriols.

Por su lado, el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a rebelarse ante la “decadencia lingüística y nacional” mediante “la construcción de una república catalana”. “O independencia o decadencia”, ha zanjado, además de pedir una “gran movilización” en otoño de 2027, coincidiendo con los 10 años del 1-O.

La Diada ha dejado de ser la exhibición de fuerza en la calle que en la pasada década empujó al independentismo hasta el otoño soberanista de 2017. Nueve años después, para poner fin al procés solo queda la amnistía a sus líderes este otoño. El Govern de Illa cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament, donde el independentismo perdió la mayoría absoluta en 2024 tras años de reproches cruzados.

Por si fuera poco, apareció Aliança Catalana, la extrema derecha independentista a la que todas las encuestas pronostican un gran crecimiento tanto en las municipales de 2027 como en las elecciones al Parlament de 2028.

Al igual que el año pasado, la manifestación independentista se ha descentralizado en tres ciudades (Barcelona, Girona y Amposta), sin la lectura de manifiesto conjunto y cada entidad ha realizado una intervención. En conjunto, las marchas han reunido a unas 60.000 personas.

Las cifras de este viernes confirman una vez más la desmovilización independentista: en Barcelona los asistentes han sido 45.000 personas, según la Guàrdia Urbana (el año pasado, marcado por la lluvia, fueron 28.000). Además, en los discursos políticos de la jornada que antes monopolizaban los planes soberanistas ahora se habla de extrema derecha, servicios públicos y la obra del Govern de Illa.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión se repitió en la víspera de la Diada con los choques en el Fossar con grupos antifascistas. Este viernes no ha ido a más en la manifestación de la tarde, en la que la aparición de banderas de Aliança no ha comportado más que algunos silbidos.

La jornada se cerró con algunos contenedores quemados por grupos antifascistas que protestaron contra la marcha de los neonazis Núcleo Nacional. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 18 antifascistas, diez de ellos menores, por desórdenes públicos.

“Un solo pueblo”

El apelativo a “un solo pueblo” que, igual que en la Diada de Sant Boi, han repetido todos los partidos este año es más un ideal retórico que una realidad (si es que alguna vez lo fue). Catalunya ha cambiado mucho desde aquel 1976, pero hoy las altas tasas de desigualdad, la crisis de vivienda y el debilitamiento de servicios públicos esenciales son obstáculos a la cohesión social y, a la vez, el caldo de cultivo ideal para Aliança y Vox, como ocurre en toda Europa con las formaciones ultras.

El partido que más sufre por el auge de Aliança es Junts. La formación de Puigdemont, que en los últimos años ha comprado en ocasiones el discurso ultra en seguridad, ha marcado distancias con Orriols esta Diada (aunque en el partido hay debate sobre qué hacer en los pactos tras las municipales). “No convirtamos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio”, ha advertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que también ha acusado al Govern de buscar la “polarización” con Aliança.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido Catalunya como una “casa amplia”. “No somos un búnker pequeño y aislado”, ha mantenido, al tiempo que ha reivindicado la lengua catalana y “una economía con salarios dignos, vivienda digna y transporte digno para todos.”. “Un país no se construye dividiendo ni restando sino sumando”, ha agregado en su vuelta a una marcha de la Diada, a la que no acudía desde 2021.

Por parte de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido de que defender Catalunya “no será nunca levantar muros entre catalanes” y ha rechazado que los “extremistas vengan a dar carnés de catalanidad en función del origen” de las personas.

En un tono más duro se ha expresado la CUP, que ha querido “señalar”, en palabras de la portavoz de su secretariado, Su Moreno, “la ofensiva españolista y la extrema derecha que intenta apropiarse de la cuestión nacional para dividir a la sociedad”.

Por la mañana, en línea con el mensaje de este jueves del president, la consellera Sílvia Paneque ha pedido “fraternidad, orgullo y esperanza por una Catalunya sin exclusiones” y ha advertido a la extrema derecha de que “el odio no tiene cabida”: “Catalunya somos todos y todas”, ha remachado.

Hasta el expresident Jordi Pujol ha reivindicado su visión inclusiva de la catalanidad, al definir la Diada como la “fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes”, y, a sus 96 años, ha apelado a la “esperanza”. No ha sido la Diada más optimista, pero todo es susceptible de empeorar: el de 2027 puede ser el primer 11 de septiembre con un Gobierno de PP y Vox.

Llamada a la convivencia y contra el odio del president de la Generalitat, Salvador Illa, en su discurso institucional de la Diada. El jefe del Govern ha instado a enorgullecerse de que ciudadanos nacidos en distintas partes de España y el mundo “se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho”. “En Catalunya somos y queremos continuar siendo un solo pueblo”, ha agregado.

La Diada del ecuador de la legislatura de Illa llega en un clima preelectoral, con el Govern encadenando crisis (huelga de maestros y dimisión de Trapero esta misma semana) y con la vista de los partidos en las elecciones generales y municipales de 2027.

Las alarmas están encendidas por el fuerte ascenso que detectan las encuestas para Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, en casi todos los municipios. La tensión que genera la extrema derecha independentista se ha vuelto a constatar este miércoles en el Fossar de las Moreres en la previa de la Diada nacional de Catalunya.

En sus palabras a los catalanes, Illa ha celebrado la diversidad de Catalunya “gracias a los vínculos humanos generados entre catalanes y personas de todo el mundo que han encontrado aquí su hogar y su país”.

“No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia en Catalunya. En nuestra casa el odio no cabe”, ha enfatizado el president, en referencia al clima hostil que despliega en municipios y redes la extrema derecha contra los migrantes.

El president ha insistido en el “latido común” y el “sentido colectivo, fraternal y humano del país” sea cual sea el origen de los catalanes. “Sintámonos orgullosos de nuestra capacidad para que personas nacidas en distintos sitios —de Andalucía a Extremadura, de Marruecos a Colombia— se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho, con deberes también por cumplir”.

“Nadie es más catalán que nadie. Catalunya somos todos y todas”, ha ahondado Illa. Citando a uno de sus referentes políticos, el expresident Terradellas, el jefe del Govern ha instado a que Catalunya sea “la avanzada del bienestar, la prosperidad y la democracia de los pueblos de Europa y el mundo”.

El president ha pedido “alzar la mirada” ante el momento “trascendental” que vive el mundo y “actuar con unidad de país”: “Haremos grande a Catalunya si no nos limitamos a mirarnos el ombligo y encogernos”. También ha solicitado “renovar la confianza en el país, las instituciones, las personas y las potencialidades” de Catalunya.

Tarde de tensión y enfrentamientos en el Fossar de les Moreres, en la víspera de la Diada. Cientos de activistas antifascistas han tratado de boicotear un acto de Aliança Catalana, pero los Mossos d’Esquadra han desplegado un fuerte cordón y han contenido a los manifestantes, con algunas cargas incluidas, que ha acabado con tres personas detenidas.

La asistencia de la formación xenófoba e independentista tensiona desde hace unos años los actos solemnes del Fossar de les Moreres, pero en esta ocasión una convocatoria multitudinaria de grupos de la izquierda independentista, antifascistas y entidades sociales ha llevado a los Mossos d'Esquadra a acordonar toda la plaza para evitar enfrentamientos.

El acto de Aliança, previsto para las 17:30 h pero que ha arrancado una hora más tarde, ha congregado decenas de militantes del partido, que ocupaban en solitario el Fossar ante el blindaje policial. La líder de la formación, Sílvia Orriols, ha pronunciado su discurso mientras de fondo se escuchaban gritos de “Catalunya antifascista”.

Orriols ha llegado a las inmediaciones de la plaza media hora antes de la convocatoria. Ha ido a esperar a una cafetería, a la que ha sido custodiada por un grupo de sus acólitos. Mientras tanto, sus bases proferían gritos de “independencia”, “puta CUP y puta España”, o “Catalunya catalana”, lema ya clásico entre el nacionalismo más xenófobo.

Cargas y una agresión al fotógrafo Jordi Borràs

La tensión ha derivado en enfrentamientos al término de la intervención de la líder del partido xenófobo. Por un lado, los Mossos han cargado contra los manifestantes antifascistas para mantener el cordón policial en hasta en tres ocasiones, mientras los simpatizantes de Aliança Catalana arrancaban las pancartas de la contramanifestación.

Uno de los momentos más complicados se ha dado después de que un grupo de activistas, que de alguna forma logró entrar en el Fossar, lanzara pintura contra miembros de Aliança. Los Mossos les han detenido y algunos simpatizantes del partido han tratado de agredirles. 

Instantes después, un manifestante antifascista detenido ha sido trasladado fuera del perímetro policial pasando por delante de donde se encontraban los simpatizantes de Orriols, que han tratado de abalanzarse sobre él.

Durante esos altercados, el fotoperiodista Jordi Borràs ha sido también víctima de una agresión. Según ha relatado y se observa en imágenes captadas por VilaWeb, un agente de policía lo ha empujado y ha caído al suelo y, allí, ha recibido una patada de un manifestante del grupo xenófobo.

En el balance policial, los Mossos han contado este jueves tres detenciones, además de la investigación por desórdenes públicos contra el grupo que ha tirado pintura y otras dos mujeres detenidas antes de la manifestación por llevar extintores en una maleta. 

Al término del acto, algunos militantes de Aliança han abandonado el lugar entre insultos de los manifestantes antifascistas. Una de las últimas en salir ha sido la propia Orriols, escoltada por algunos de sus colaboradores y posteriormente por los antidisturbios de los Mossos. Pasadas las 19:00 horas ha subido entre abucheos a uno de los autocares del partido.

La protesta de rechazo a la formación xenófoba estaba convocada por numerosas entidades: Arran, COS, Alerta Solidària, SEPC, la Organización Juvenil Socialista, el sindicato IAC o Top Manta han llamado a la manifestación a las 17:00 horas en el Fossar de les Moreres. Pero también desde Aliança Catalana prevían hoy sacar músculo y congregar más militantes que en anteriores ocasiones, algunos de ellos llegados en autobús a Barcelona. 

“Hacemos un llamamiento a demostrar que hay una mayoría que no acepta la catalanidad retrógrada y cerrada que utiliza la extrema derecha para dividirnos”, señalan los organizadores, autodenominados Unitat antifeixista per una terra de tothom. “¡No podemos normalizar su proyecto!”, proclaman. La concentración ha provocado diversos momentos de tensión entre la policía catalana y los manifestantes, pero por el momento los Mossos no han tenido que intervenir.

Por su parte, Orriols ha mandado un mensaje supuestamente para “calmar los ánimos”, pero ha arremetido contra quienes considera que les quieren agredir. “Si vienen a agredirnos, lo que haremos es amorrarlos al suelo hasta que los Mossos lleguen y puedan levantar acta”, ha afirmado en X. “En ningún caso cediremos a su voluntad de que haya una lucha directa”, ha añadido.

Los dirigentes de Aliança Catalana, empezando por Silvia Orriols, niegan que su partido pueda calificarse de extrema derecha. No es que les moleste, lo cierto es que tienen tanto viento a favor que les molestan pocas cosas, pero su etiqueta, con la que ellos se sienten identificados, es con la islamofobia.

Se puede ser islamófobo y no ser de extrema derecha (solo hace falta mirar a Dinamarca o a una parte del laborismo británico), pero también es cierto que si hay una característica común a todos, absolutamente a todos, los partidos de extrema derecha es el rechazo al Islam y los musulmanes.

Aliança y Vox han enseñado sus cartas claramente cuando han salido a felicitar públicamente a la AfD por su resultado en Sajonia-Anhalt. Ambos asociaron la victoria de la ultraderecha alemana a la “esperanza”. No es la primera vez que muestran sus simpatías respecto a una formación que relativiza el nazismo y cuyo programa electoral debería poner en alerta a cualquiera que se considere demócrata. Debería hacerlo, pero no pasa, y solo hace falta ver cómo están subiendo en las encuestas.

Los sondeos detectan un incremento sostenido de Aliança en Catalunya. Suben y suben, encuesta tras encuesta. Ese ascenso demoscópico se confirma en conversaciones de sobremesa en las que sus futuros votantes ya no se esconden. Al igual que sus dirigentes rehúyen la etiqueta de extrema derecha y se escudan en el orden y en la necesidad de recuperar una Catalunya que solo existe en su imaginario.

Ulrich Siegmund, el líder de AfD, vende políticas ultras con una sonrisa, del mismo modo que Orriols lo hace con un catalán de dicción perfecta y atribuyendo las desigualdades a la presencia de migrantes. En el caso de Aliança hay una espita, los atentados del 17-A, que explica el éxito de Orriols en Ripoll. Es la semilla de un proyecto que puede convertirse en la tercera fuerza del Parlament.

En las elecciones del domingo se confirmó que no existe un único perfil de votante de la extrema derecha. AfD se impone en todas las franjas de edad y en especial entre aquellos que tienen entre 35 y 59 años, entre los que logra más de la mitad de los votos. Es especialmente destacable el apoyo que recibe por parte de sectores obreros, con un 59%. También son el partido preferido para aquellos votantes con bajo nivel de estudios (57%).

AfD ha conseguido que ciudadanos que se abstenían vuelvan a las urnas. Eso es algo que también puede pasar con Aliança, en su caso, independentistas desencantados con el resto de formaciones. Prometen la independencia aunque tampoco explican cómo la conseguirán. Tanto AfD como Aliança son euroescépticos y a quien más votantes le quitan es a la derecha y el centroderecha (si es que ese espacio aún existe). Llámale CDU, llámale Junts.

No será por libros y artículos que intentan explicar las causas del avance de la extrema derecha. Hay quien defiende que la historia es lineal (normalmente es argumento de la izquierda) y quien considera que es cíclica. En ambos casos, si hubiese que buscar un origen a por qué no ha parado de avanzar, probablemente la explicación, o una de las más evidentes, habría que buscarla en la crisis financiera del 2008, cuya onda expansiva ha durado décadas. En tres palabras: vivienda, salarios y servicios públicos.

Se ha roto el tabú. Los votantes de extrema derecha ya no se esconden, incluso presumen de ello. Los hay que incluso justifican que se niegue comida y un lecho a una persona que lleva semanas viviendo al raso en Ceuta o en una de nuestras calles. “Cómo se han tenido que quebrar los vínculos con algo que antes llamábamos ética o moral universal para que puedas creerte bueno mientras estás participando en un linchamiento”, alertaba el filósofo Santiago Alba Rico en una entrevista en este diario.

Hemos llegado a ese punto. Personas que se consideran buenas y cuyo enfado con el sistema les lleva a negar la atención sanitaria, la educación o un hogar a otras por su raza u origen. Asusta, pero está pasando.

Reacción del Govern a los bulos que ha esparcido la extrema derecha para sacar partido políticamente del crimen de un hombre en Manresa (Barcelona).

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que los dos menores detenidos por matar a un hombre con arma blanca en la localidad son catalanes que viven con sus familias, y ha cargado contra Aliança y Vox por “manipular” y “generar odio” al difundir el bulo que eran menores no acompañados de origen magrebí.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde a dos menores, de 15 y 16 años, que este miércoles pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores por su presunta vinculación con la muerte de un hombre de 45 años y vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle la madrugada del martes en Manresa, en plena fiesta mayor de la localidad.

Las extremas derechas catalana y española, Aliança Catalana y Vox, han empleado el manual de todos los partidos ultra de Europa para intentar aprovechar electoralmente un suceso, vinculando de forma falsa delincuencia e inmigración.

Según ha detallado Parlon en una entrevista a Catalunya Ràdio, los hechos, que investigan los Mossos para determinar si podría haber más implicados, ocurrieron hacia las 5.10 horas, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas.

Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud “reprobable” y ya llevaban tiempo con comportamientos “no adecuados” para unos menores, según la consellera.

Parlon ha denunciado que Aliança Catalana y Vox han “aprovechado” este crimen para “hacer asociaciones oportunistas y xenófobas” y practicar la “política del odio”, al tiempo que ha remarcado que los dos detenidos no son menores no acompañados ni están en un centro de menores.

Los arrestados son dos chicos nacidos en Catalunya, uno de padres catalanes y otro de padres de origen inmigrante, que viven con sus familias.

Según la consellera, los dirigentes de Vox y Aliança que difundieron que los detenidos eran menores no acompañados y afirmaron que eran de origen magrebí “aprovecharon” unos “hechos gravísimos” para “generar odio, discordia y confundir a la gente”.

Parlon ha insistido en que este tipo de conductas se tendrán que denunciar: “La manipulación de la sociedad para generar odio y generar enfrentamientos sociales tiene una gravedad extrema”.

Según Parlon, no se puede “jugar” con “el dolor de la población” ni culpar a un colectivo de personas por hechos “gravísimos” cometidos por algunas personas ni “manipular ni dar informaciones orientadas a fomentar el enfrentamiento y el odio a menores no acompañados”.

“Es una auténtica vergüenza aprovechar el dolor por unos hechos graves para lanzar informaciones contra un colectivo de personas vulnerables. Si esta es la política que ellos practican, es la política del odio. Debe tener una respuesta social y política”, ha insistido, informa EFE.

La consellera ha reconocido que en Catalunya existe una percepción de inseguridad debido a los tiroteosvinculados al crimen organizado por el narcotráfico y a la proliferación de disputas con armas blancas.

“Tenemos un problema con la normalización de llevar una navaja encima”, ha admitido Parlon, que ha insistido en que es una cuestión que se debe abordar desde diversas perspectivas, como la educacional, familiar y social, y no solo desde el ámbito policial.

Junts y ERC han marcado distancias con la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Durante sus intervenciones en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido en identificar al partido de Sílvia Orriols con el “odio”.

En la familia mal avenida que es el independentismo catalán ha irrumpido una formación de extrema derecha, Aliança Catalana, que pese a tener solo dos diputados en el Parlament ha logrado que Junts vire hacia posiciones más duras en materia de migración y seguridad, tal y como ha ocurrido en España con el PP y Vox.

A todos los partidos catalanes, no solo a los soberanistas, preocupa el crecimiento que todas las encuestas otorgan a la formación ultra, tanto en los comicios a la Cámara catalana previstos para 2028 como, en especial, en las municipales del año que viene. Aliança crece especialmente a costa de Junts, que teme el auge de los de Orriols en sus feudos locales tradicionales.

En la antesala del nuevo curso político catalán que tradicionalmente abre la conmemoración de la Diada, Turull, llamó este miércoles a combatir a la extrema derecha para “salvar la nación” catalana sin tacticismo partidista. “Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía o una hegemonía electoral”, subrayó.

Turull abogó por un “combate de valores” contra la extrema derecha, más allá de una batalla “electoral” con los partidos que la representan. “Estamos concentrados en soluciones y esperanzas, no en fomentar aún más la desesperación de la gente por cuatro votos. Nunca lo haremos”, se comprometió.

“Es en términos de ética política que deben combatirse los mensajes de odio, de señalamiento a lo diferente, de división de la sociedad y eso es lo que Junts, mayoritariamente, está hablando y decidiendo”, aseveró. “Si el odio va inoculándose en la sociedad catalana, acabará dividida”, pronosticó.

El número dos de Junts sostuvo que a la extrema derecha se la combate “con valores” como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso. El mensaje de Turull llega después de que el empresario David Madí, expeso pesado convergente ahora sin cargo orgánico alguno pero que pretende influenciar en Junts, avalara los pactos de Junts con Aliança.

Turull criticó a los representantes políticos que intentan “distraer” a Junts para que miren “hacia una determinada formación política”, en alusión a Aliança Catalana, y subrayó que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

Por su lado, Junqueras ha aseverado que “no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad”.

Para el líder de ERC, que ha confirmado su asistencia a la manifestación independentista de la Diada en Barcelona tras su ausiencia del año pasado, “el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido”.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un expediente a la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, por presuntas irregularidades en la contratación de su hija como policía local.

Según ha podido saber Europa Press, el procedimiento en la OAC responde a una denuncia, que ha sido admitida a trámite y pasa ahora a una fase de instrucción (fase de evaluación previa de verosimilitud).

La semana pasada, en una declaración ante los medios, Orriols negó haber influido en la contratación de su hija como policía local y defendió que obtuvo “la mejor nota en un proceso de selección reglado” para una plaza de urgencia.

Lo dijo después de que el grupo de Junts per Ripoll pidiera a la alcaldesa delegar las competencias de la concejalía de Seguridad para evitar un “conflicto de intereses” tras la incorporación de su hija al cuerpo.

“El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo. Pero lo que les interesa no es el expediente que demuestra que no ha habido ningún tipo de trato de favor ni de interferencia. Lo que les interesa es hacer correr rumores”, dijo.

Añadió que, como alcaldesa, no puede beneficiar ni perjudicar a nadie sirviéndose de su cargo: “Y es exactamente lo que he hecho. Mantenerme al margen del proceso de selección tal y como marca la ley”, como dice que hace en todos los que se impulsan desde el consistorio.

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

La Mesa del Parlament ha sancionado este martes a la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, con una amonestación pública por haber cometido una infracción leve del Código de Conducta de la cámara. En concreto, por contravenir el artículo que dictamina que los diputados deben mantener “en todo momento” una actitud “respetuosa” con el resto de parlamentarios y con la ciudadanía, sin discriminación.

Así lo explican fuentes parlamentarias, que detallan que esta amonestación pública —que no conlleva una sanción económica— se notificará a las personas afectadas, aparecerá en el Boletín Oficial del Parlamento, constará en el expediente del diputado y se leerá en el próximo Pleno.

En el caso de Orriols, la Comisión del Estatuto del Diputado consideró que la dirigente de Aliança había incurrido en un “acoso sistemático” hacia la diputada de ERC Najat Driouech, señalada por la formación ultra por profesar la religión musulmana.

Fue el pasado 14 de julio cuando la Comisión del Estatuto del Diputado resolvió como “faltas leves” los expedientes abiertos por posible vulneración del código de conducta a Orriols y Garriga.

Para Orriols, el procedimiento de verificación comenzó —a petición de ERC— después de que acusara a la diputada de los republicanos Najat Driouech de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar velo. Sobre Garriga había dos expedientes abiertos: uno por colgar carteles con la inscripción “Companys asesino” en las ventanas de sus despachos, y otro por sus palabras en el Pleno del 8 de mayo de 2025 vinculando a los socialistas y la prostitución.

En estos tres casos, la Mesa del Parlamento ha seguido el posicionamiento expresado por la Comisión del Estatuto del Diputado y, tal como también le recomendó dicho órgano, ha trasladado a los grupos parlamentarios la “oportunidad” de reformar el Reglamento del Parlamento para incorporar en él el Código de Conducta, un cambio que requeriría mayoría absoluta.

En 2022, la Mesa sancionó al parlamentario de Junts Francesc de Dalmases con una multa de 600 euros y una amonestación pública, después de que reprendiera a una periodista del programa de TV3 FAQs.

En el caso de la también diputada de Vox Júlia Calvet, la Mesa también ha mantenido el criterio expresado por la comisión, que desestimó el expediente y lo enmarcó dentro de la libertad de expresión. Su expediente, abierto a instancias del PSC-Units, se debía a una intervención que realizó el verano pasado en la Comisión de Políticas de Juventud, donde acusó a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los mayores casos de corrupción de la historia de este Parlamento”, en referencia a la dirección de Infancia, la DGAIA.

Por otra parte, las fuentes parlamentarias añaden que la Junta de Portavoces celebrada este martes ha desestimado la petición —por parte de Junts— de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el error en las pruebas PISA. Los de Carles Puigdemont querían modificar el calendario de sesiones para poder sustanciar la comparecencia este viernes, 31 de julio, pero no han obtenido los apoyos necesarios.

Finalmente, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite, entre otras cuestiones, la proposición de ley del PSC-Units y los Comuns para acelerar la construcción de vivienda protegida, la renuncia de Anna Navarro como diputada de Junts —con efectos a partir del 1 de septiembre—, o las solicitudes de delegación de voto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconsejero Lluís Puig, ambos parlamentarios de Junts, para el próximo período de sesiones.

Enric Daza, el hasta ahora cabeza de lista de Junts en Cambrils, anunció este lunes su incorporación a Aliança Catalana y dio a entender que todo su grupo se iba en bloque a la formación ultra. No era cierto y sus dos compañeras le han desmentido unas horas después, pero el efecto ya se había conseguido: dar a entender que sectores y secciones locales completas están pasando de un partido a otro. Es decir, sumar a la estampida de votantes que sí está ocurriendo una sangría orgánica que, por el momento, Junts no está sufriendo, pero que Aliança tiene mucho interés en que acabe pasando. 'Fingirlo hasta conseguirlo' [Fake it till you make it], tal como recomienda el conocido aforismo en inglés.

El sueño de Aliança sería poder fichar a grandes nombres y caras conocidas del espacio de Junts, porque eso abonaría el relato de unos rivales en decadencia mientras ellos están en auge. Una sustitución de siglas dentro de un espacio político igual o similar, algo que han intentado la mayoría de las extremas derechas, pero también todas las nuevas formaciones en crecimiento cuando tratan de abrirse hueco.

El caso paradigmático que buscan emular es el de Donald Trump y su movimiento MAGA, que se ha extendido por el campo sociológico tradicional del republicanismo en EEUU y ha puesto en su órbita tanto viejos líderes como nuevas promesas de toda la derecha. En el Reino Unido, Reform UK ha conseguido algo similar: en enero pasado nueve líderes conservadores se fueron a la formación de Nigel Farage, que suma en sus filas hasta 21 exdiputados tories y once exministros. En una escala menor, algo parecido ha ocurrido con el alcalde de Niza, Éric Ciotti, y sus escarceos entre Les Républicains y Le Pen.

Pero, aunque sería lo más codiciado para el partido, no es exactamente eso lo que está ocurriendo entre Aliança y Junts. Al menos hasta la fecha. De hecho, uno los mayores intentos del partido de Orriols para robar nombres al universo de Carles Puigdemont tuvo lugar en Barcelona, donde la extrema derecha probó con el exconseller de Economía, Jaume Giró. Y, tras él, nombres relacionados con el Barça, como Sandro Rosell o Lluís Carrasco. Nada de ello fructificó, por lo que Aliança tiró mano de su propio banquillo con Jordi Aragonès.

En otros lugares, Aliança sí ha sido eficaz a la hora de atraer a cuadros de sus principales rivales. Daza, en Cambrils (aunque no sus compañeras) es un caso claro, como también lo es Èric Esteban, hasta ahora numero dos de Junts en Amposta. O Marina Quintana, exconcejal de Junts en Roda de Ter que ahora probará suerte con las siglas xenófobas.

Pero no es el único espacio del que pesca Aliança: en Tortosa presentan a Eduard Rel, proveniente del PSC, el mismo partido que había puesto en listas a Eduard Planes, que ahora irá con Aliança en Mont-roig del Camp. Y de ERC, con Conxita Iglesias en Sant Feliu de Buixalleu o Ramon Abad, que pasó de las listas de los republicanos a ser el coordinador del Aliança en la comarca de la capital de Lleida.

La pesca de candidatos ha sido tan variada que Aliança ha tenido una de sus primeras crisis por acercarse a nombres propios de la extrema derecha españolista. En concreto, en Vic, ciudad donde ya estuvo radicada la xenófoba Plataforma per Catalunya, Aliança ha fichado a Xavier Capelles, un hombre de la extrema derecha clásica que combatió el independentismo desde Societat Civil Catalana.

Pero, más allá de casos concretos, en la larga lista de nombres que la formación de Orriols está teniendo que confeccionar para abastecerse de cabezas de listas municipales, lo que más abunda son personas sin trayectoria política o partidista. Hay caras conocidas de las redes sociales, como el alcaldable a Girona, Marc Villafañe Valero, mucha cantera en el sector empresarial, y gente que se ha acercado al partido en los últimos años, como Arnau Liesa, candidato apartado en Figueres por mantener una relación con una exalumna menor de edad.

Esta heterogeneidad de procedencias, tan habitual cuando un partido está de subida, puede verse como una virtud, pero representa también un reto, en la medida que Aliança necesitará armonizar en el día a día multitud de intereses y acentos. De hecho, Junts fue también una sucesión de Convergència que bebió de la llegada de muy diferentes corrientes. Algo que inicialmente se mostró como signo de transversalidad pero que, en los momentos flacos, se ha acabado interpretando como una de las razones del actual desdibujamiento de su perfil ideológico.

Si bien el trasvase de cargos y líderes desde Junts no está siendo la avalancha que a Aliança le gustaría exhibir, los pronósticos electorales no son nada halagüeños para la formación de Puigdemont. Las encuestas indican que la formación de Sílvia Orriols está siendo muy eficaz robando electorado que había votado a Junts en anteriores elecciones.

En el último CEO, del total de encuestados que manifestaron haber votado a Junts al Parlament en mayo de 2024, un 28% decían que ahora elegirían a Aliança. Pero esta formación es atractiva para toda la derecha porque, de los exvotantes de Vox, un sorprendente 23% dice ahora que tomarán la papeleta de Orriols, y hasta un 8% de los que optaron por el PP.

Pero además, hay un dato que aparece de forma reiterada en los estudios demoscópicos y que debería poner en guardia a la derecha españolista tanto o más que a Junts. A los votantes de Vox y del PP les gusta Silvia Orriols casi tanto como su propio candidato. De hecho, la líder de Aliança obtiene la mejor nota de sus propios votantes, pero después de los de Vox, del PP en tercer lugar y, finalmente, de los de Junts. Esto, en cambio, no es recíproco, ya que los votantes de Aliança detestan a Ignacio Garriga y Alejandro Fernández, que serían los últimos candidatos a los que votarían como presidente.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

El portavoz de Junts en Cambrils, en la provincia de Tarragona, ha dado el salto a Aliança Catalana. El partido que lidera Sílvia Orriols ha anunciado el fichaje como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 de Enric Daza, actual portavoz de la formación de Carles Puigdemont.

Aliança ha celebrado un acto público en Cambrils para anunciarlo, en el que han tomado parte su secretario de organización, Oriol Gès, y la secretaria de Política Institucional, Aurora Fornos, además del propio Daza.

En un principio, se informó de que los otros dos concejales de Junts, Teresa Recasens y Laura Mellau, también se iban a la formación xenófoba, pero lo ha desmentido Recasens en una rueda de prensa este martes. “No he pactado nada ni comulgo con Aliança Catalana”, ha declarado.

Lo que sí ha desvelado es que Compromís per Cambrils, la marca de Junts en el municipio, celebró este domingo una reunión en la que se puso sobre la mesa acudir a las elecciones con Aliança, y “mucha gente” estuvo de acuerdo.

Recasens ha comparecido sola. Menllau, la otra edil de Junts, ha asegurado a la agencia ACN que no seguirá en política.

Daza, que a principios del año pasado fue expulsado del gobierno en coalición que el PSC formaba con Junts –lo que provocó la salida del pacto de los de Puigdemont y la dimisión del alcalde– ha explicado que el cambio de partido responde a una reflexión “profunda” y ha afirmado que asume el reto “con la misma ilusión y más”.

“Necesitamos volver a poner orden, cuidar nuestras calles, reforzar la seguridad, impulsar el comercio, proteger nuestro modelo turístico y situar de nuevo los intereses de los cambrilenses en el centro de todas las decisiones. Estoy convencido de que Aliança Catalana es la fuerza que nos permitirá hacer posible este cambio”, ha asegurado Daza.

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que Cataluña era un territorio libre de ultraderecha. Mientras la ola reaccionaria global ganaba espacio en España (que durante décadas también fue la excepción europea en materia de ultraderecha, pero esa es otra historia), Cataluña se presentaba como un dique, al igual que las demás comunidades históricas: Euskadi, Navarra y Galicia, donde el auge ultra no calaba.

Ya sé, ya sé, no se me pongan nerviosos lo del fondo: hay quien piensa que las posiciones reaccionarias anidaban ya dentro del nacionalismo catalán, de la misma forma que la extrema derecha española vivía cómoda en el seno del PP, pero no me estropeen el argumento. Lo cierto es que por un tiempo vivimos la ilusión de que Cataluña se mantenía al margen de la derechización general, por sus propias peculiaridades.

La ilusión duró poco: en las Catalanas de 2021 ya entró Vox en el Parlament, aunque es cierto que con menos ímpetu que en otras zonas, y a costa del PP y de los restos de Ciudadanos. De la misma forma, en las generales de 2019 y 2023 la extrema derecha sumó menos diputados en las provincias catalanas que en otras regiones, por lo que todavía se prolongaba la ilusión de que los catalanes resistían los cantos de sirena del populismo reaccionario, como un residuo de aquel mitificado “oasis catalán”.

Pues si no querías ultraderecha, dos tazas: según el último barómetro del CEO (el llamado CIS catalán), los ultras crecen en Cataluña por partida doble: lo hace Vox, por encima del cada vez más derechizado PP, y sobre todo Aliança Catalana, a costa del también cada vez más derechizado Junts. Entre las dos ultraderechas suman un 30%, muy por encima del peso ultra en cualquier otro parlamento en España. Que ya sé que hay quien piensa que no se pueden sumar así, que son muy diferentes y radicalmente incompatibles (en el eje identitario, españolistas unos y catalanistas los otros, y también en algunos temas de agenda social); pero en su esencia ultra, esto es, en lo que tienen de xenófobos y autoritarios, representan la misma pulsión populista reaccionaria.

El rápido ascenso de la ultraderecha independentista catalana es uno de los fenómenos más sorprendentes y desconcertantes de la política reciente, al menos para mí. No es que yo participase de aquel espejismo de una Cataluña incompatible con el fascismo, pero me impacta cómo la misma receta ultra que en cada país europeo ha encontrado su versión local, en Cataluña ha cuajado en dos platos tan diferentes y a la vez tan similares, confluyentes, simétricos y espejo el uno del otro en sus planteamientos ultranacionalistas.

Los politólogos tendrán sus explicaciones al fenómeno: algunos lo vinculan a aquel Procés que alteró radicalmente la política catalana (y de paso la española), otros al aumento de la desigualdad social y el deterioro de lo público, a la polarización política, a la frustración independentista, o al fermento identitario que siempre hubo en parte del nacionalismo catalán. Los mismos politólogos, por cierto, que hoy explican con argumentos muy convincentes la excepción vasca: que en Euskadi no haya ultraderecha, que Vox sea residual y no haya surgido un equivalente vasco a Aliança Catalana. Veremos si no acaba siendo otra ilusión.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.