La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El alemán Peter Sloterdijk acuñó el concepto de “fobocracia” para definir un sistema basado en el miedo. Lo analizó en un libro con ese mismo título y lo situó en el ámbito de las religiones. Pero ese recelo hacia otros colectivos no se limita solo a quienes comparten una creencia. Cada vez se explota más en la política y en estas últimas semanas hemos tenido varios ejemplos. Es lo que se podría denominar una nueva fobocracia.

El caso más reciente lo ha protagonizado el presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha confirmado que la ignorancia mezclada con IA puede ser aún más atrevida. Su teoría de las ratas nadadoras para crear un mayor temor (infundado, según los expertos) al hantavirus es de las que serán recordadas. No es que el Gobierno haya querido “ridiculizarlo”, como él denuncia. Es que hizo el ridículo y, lo que es peor, fue un irresponsable al difundir una teoría que solo contribuía a extender el miedo entre la población de su comunidad.

Clavijo se equivocó y haría bien en reconocer dos cosas. La primera, que su teoría ha sido descartada por los científicos. La segunda, que contribuyó a fomentar una angustia injustificada.

La nueva fobocracia es la que transmite alarma y aprensión. “Esparce miedo y ansiedad”, resume la filósofa Donatella Di Cesare en su último libro, Tecnofascismo (publicado por Paidós y Arcàdia en catalán).

La pensadora italiana se refiere a la estrategia que muchos Estados cultivan para alimentar la obsesión por la seguridad. “Los miedos individuales, que de otra manera dividen y aíslan, se suman y dan lugar al fantasmagórico ‘nosotros’ de una comunidad del miedo”, reflexiona. Ella se refiere al papel de muchos Estados, aunque en política quien mejor está explotando esos temores —que, en muchos casos, son ya fobias— es la extrema derecha.

Un caso reciente se ha vivido en Catalunya a raíz del asesinato de una mujer en Esplugues de Llobregat. Cuando los Mossos aún no habían dado ningún detalle del caso, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ya escribió en X este mensaje: “Un islamista degolla a una niña en Esplugues y sale la izquierda woke a hablar de feminicidio. Se llama terrorismo, desgraciados. TERRORISMO. Y sois vosotros quienes le habéis dejado entrar”.

La policía autonómica informó al cabo de unas horas de que el asesino había sufrido posiblemente un brote psicótico (a día de hoy permanece en prisión preventiva en una unidad psiquiátrica) y de que la víctima no era una niña, sino una mujer de origen asiático de 41 años. Pero la tesis de un atentado a manos de un islamista ya era imparable en redes: algunos la difundían con cuentas a cara descubierta; otros, escondidos tras avatares.

No hay otro partido que explote mejor el miedo que Aliança Catalana. Tampoco hay ningún otro al que los sondeos vaticinen un auge tan espectacular. La última encuesta publicada, en el diario Ara, pronosticaba que el partido de Orriols podría ser el tercero en el Parlament, por detrás de PSC y ERC, y superando a Junts, que pasaría de segundo a quinto en la Cámara catalana.

Se trata al migrante como un intruso y su llegada como una invasión. “Esta deriva patriótica se traduce así en un soberanismo de fondo racista”, diagnostica Di Cesare. En esa estrategia se enmarca también el concepto de “prioridad nacional” que Vox y PP han suscrito en sus acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura. 

“Si el miedo domina los ánimos, entonces se pueden dominar los ánimos de los otros con el miedo”, concluye Di Cesare. ¡Bien que lo sabía Maquiavelo!

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

¿Quiénes formamos el nosotros? Claudica el PP ante las exigencias ultraderechistas —da igual cuando lea usted esto— y nos damos de bruces con la filosofía política. 

En la respuesta que demos a la pregunta se contiene nuestra visión del mundo. Lo que somos y lo que nos gustaría ser. 

Lo de la prioridad nacional es un mal eufemismo para camuflar la segregación, pero sirve bien para señalar una de las principales fracturas entre distintas concepciones de la sociedad. 

De un lado, tenemos a quienes conciben que el nosotros sólo puede estar formado por los de aquí de toda la vida. Una vaguedad nativista que a duras penas logra disimular el etnonacionalismo subyacente. De acuerdo con esta visión, la comunidad es una realidad natural determinada —dicho toscamente— por una lengua, unos paisajes y unas costumbres. El individuo nace en ella y no hay, en realidad, otra forma de incorporarse a ella. En última instancia, se tienen derechos sólo en tanto que se pertenece.

Aunque la ultraderecha empezó cargando contra la inmigración irregular, ahora ya apunta contra la que tiene resuelta su situación administrativa. Hagas lo que hagas, para ellos nunca serás lo suficientemente de aquí.  

Hace escasos meses uno de los máximos dirigentes del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, calificaba la política de prioridad nacional como «la antesala del fascismo». No sabemos qué piensa ahora que su partido la ha adoptado, pero hay que conceder que tenía razón cuando lo dijo.

VOX y Aliança Catalana no han inventado nada. Zeev Sternhell trazó en «Les anti-Lumières» una interesante genealogía de los movimientos reaccionarios desde el siglo XVIII y su caracterización de la Nueva Derecha francesa de los años sesenta y setenta del siglo pasado ilumina con precisión el origen del núcleo del pensamiento y la estrategia de las ultraderechas locales. 

Se sustituye el argumento racial —ya inutilizable— por el argumento cultural. Se habla de culturas incompatibles, de identidad amenazada, de civilización que defender, de una patria que salvar. 

El argumento derechista sobre la escasez de recursos para garantizar derechos a todos los miembros de nuestra sociedad —lo que permite presentar como razonable una opción tan extremista como la negación de derechos por razón del origen— es radicalmente falaz. La cuestión central es cómo se producen y distribuyen los recursos necesarios, que es el debate que la derecha siempre quiere esquivar.

Se construye al otro como una amenaza existencial para desviar la atención del conflicto de clase, para convertir el miedo y el odio en un factor de movilización electoral y de acceso al poder, facilitando además una jerarquización social funcional a los intereses de los poderosos.

No puede escapársenos que, en esta jerarquía de la pertenencia, los siguientes en perder derechos serán los enemigos internos. On connaît la chanson. La lista es larga y nunca se cierra del todo, siempre hay sitio para uno más. 

Existe, sin embargo, otra manera de responder a la pregunta. En la tradición republicano-democrática, en la que la comunidad está en permanente construcción, con cada acto de deliberación pública. Por ello, en esta concepción del mundo las sociedades son abiertas, plurales, diversas e inclusivas. En ellas, los derechos no son un privilegio de los nacidos dentro de un determinado grupo sino una conquista democrática de la que son portadores los individuos en tanto que lo son, sin negar la relevancia política del hecho nacional. 

Para los que pensamos que la razón es universal y que todos los seres humanos compartimos una misma y común naturaleza, no hay fundamento legítimo para negar a nadie los derechos positivizados en los tratados internacionales, los que deben considerarse inherentes a la persona porque lo es, ni tampoco se puede negar el acceso a las prestaciones y servicios públicos que los hacen efectivos. 

Desde luego, incluso en esta línea de pensamiento existe una tensión en cuanto a la pertenencia a la comunidad política, en un sentido estricto, de todo individuo que vive en una sociedad determinada. El acceso a los derechos relacionados con la participación política sigue reservándose, en gran medida, a los ciudadanos. En cierto modo, se puede leer la historia del movimiento democrático como una lucha permanente por la no-dominación y por la ampliación del demos, hacia dentro y hacia afuera, así que el debate sobre la incorporación progresiva a los derechos de participación política para todos los que vivimos juntos seguirá abierto. 

No hay duda posible sobre lo que implica recorrer uno u otro camino. A las generaciones de progresistas hoy vivas nos corresponde, pues, profundizar en la lógica democrática, sin complejos y sin demora.

Aliança Catalana está teniendo problemas para encontrar candidatos a las próximas elecciones municipales. La formación ultra había prometido que anunciaría el día de Sant Jordi a su cabeza de lista en Barcelona, una forma de dar empaque a la revelación de sus aspirantes en las elecciones municipales. Pero, una vez llegada la fecha, la formación únicamente ha hecho públicos los nombres de seis candidatos y, la mayoría de ellos de ciudades medianas, y con sonada ausencia de la capital catalana.

La formación xenófoba ya avanzó hace unos días que se veía obligada a posponer el gran anuncio, ya que la persona a la que había “encomendado” que fuera el candidato se habría retirado en el último momento. Desde el partido reiteraron su deseo de presentar candidatura por Barcelona y aseguraron además que se encontraba en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar la lista.

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, por el momento, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes. Para ello, está haciendo un esfuerzo por reunir nombres propios para encabezar las candidaturas y también personas dispuestas a aparecer en sus listas, una tarea que no siempre es fácil para un partido sin implantación territorial en muchas zonas de la geografía catalana.

Además, Aliança desea poder presentar por Barcelona a un candidato que sea una cara conocida para los votantes, lo que consideran que podría ser un golpe de efecto para el resto de candidaturas. En los últimos meses la formación se ha interesado por el exconseller de Economía de Junts, Jaume Giró, que rechazó la propuesta y, según publicó recientemente Nació, también por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien tampoco aceptó.

El Partido Socialista de Catalunya (PSC) vive momentos convulsos en Ripoll, zona cero del poder territorial de la Aliança Catalana. Y la razón de esta crisis no es otra que la relación entre los socialistas y la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, después de que la semana pasada los dos concejales socialistas optaran por abstenerse para dejar pasar las primeras cuentas del gobierno municipal de extrema derecha.

Tras esa decisión, que la dirección socialista no tardó en censurar, el PSC decidió el lunes por la noche cesar a sus dos concejales. Lo que no se esperaba era que esa expulsión acabara en rebelión de toda la agrupación ripollense, que el partido ha acabado disolviendo y nombrando una gestora.

En un comunicado trasladado este martes, la formación explicó que había tomado la decisión de cesar a los concejales tras reunir a miembros de la ejecutiva nacional con la federación de comarcas de Girona y miembros del grupo municipal. Las actas de ambos concejales debían ser asumidas, según indicó entonces el partido, por otros miembros de la lista del PSC.

Pero los dos ediles cesados replicaron que esta decisión fue tomada “de forma unilateral” por la dirección nacional del PSC“ e insistieron en que no hubo ninguna reunión para abordar el tema. ”Ni ayer por la tarde ni en el momento en que hemos tenido conocimiento de esta decisión por los medios de comunicación. Ni se nos ha trasladado ninguna comunicación formal al respecto“, apuntaron ambos concejales en un comunicado.

En el mismo texto, añadieron que ninguno de sus compañeros de lista quiere tomarles el relevo y aseguraron que la formación local “no comparte en ningún caso esta decisión y está en absoluto desacuerdo”. Los dos ediles afearon al PSC que se “nadie del partido se ha acercado presencialmente a trasladar la petición de dimisión”, con lo que consideraron que se han visto forzados a hacerlo. “A pesar de eso, y con la información conocida, hemos actuado con responsabilidad y hemos formalizado la renuncia”, manifestaron.

Ambos concejales ya pusieron sus cargos a disposición del partido tras la abstención. En un comunicado, los concejales admitieron el “error” de haberse abstenido y afirmaron que su proyecto estaba en las “antípodas” de los valores que defiende Orriols. Lo publicaron después de haber sido reprobados de la Federación del PSC de Girona, que pidió actuar “en consecuencia”.

“Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll”, añadieron en el comunicado. “Aun así, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a aquella intención inicial”, añadieron.

Orriols logró aprobar sus primeras cuentas en pleno de este mandato tras activar su voto de calidad para desempatar la votación: la alcaldesa de Aliança Catalana tenía 7 votos favorables y 7 en contra (Junts, ERC y CUP). Los socialistas, con su abstención, permitieron que salieran adelante las cuentas.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, defendió que la dimisión anunciada este martes de los dos concejales socialistas de Ripoll responde a una “asunción de responsabilidades” tras una reunión de “madurez política”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por la agencia ACN, Moret subrayó que Enric Pérez y Anna-Belén Avilés “dejan su responsabilidad institucional” después de haber puesto sus cargos a disposición del partido, y remarcó que el PSC mantiene que “nunca” pactará con fuerzas que, según ha dicho, no defienden “los valores democráticos y de la convivencia”, en referencia a Aliança Catalana y Vox.

La renuncia de estos dos concelajes del PSC se suma a la cascada de dimisiones que ha habido entre los partidos de la oposición: a menos de un año de las elecciones municipales, ya son 7 de los 11 ediles los que han dimitido.

Los primeros fueron los de Junts, formación que ha renovado completamente su grupo local después de la fallida moción de censura contra la alcaldesa ultra. Durante las negociaciones de dicha moción, también presentó su dimisión uno de los concejales de la CUP. Poco después, ERC también tuvo que despedirse de los dos primeros nombres de su lista.

Con todo, los únicos ediles electos que continúan en el consistorio son dos de ERC -habiendo uno de ellos que renunciará a final de mandato-, otro de la CUP y Joaquim Colomer, que lidera una lista independiente. Por contra, los seis concejales de Aliança Catalana, todos con cargos de gobierno, se han mantenido intactos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este sábado los acuerdos “con los que hacen apología de la intolerancia y la división” después de que los dos ediles del PSC en Ripoll (Girona) facilitaran, con su abstención, la aprobación de los presupuestos de la ultraderechista Sílvia Orriols, alcaldesa de la localidad.

Sin hacer mención explicita a lo ocurrido en Ripoll, Illa ha dedicado parte de su intervención en el consejo nacional del PSC de este sábado a criticar a la extrema derecha “que pone en riesgo al mundo”, en especial los líderes de EE.UU. e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según Illa, ambos mandatarios “no es que simplifiquen la realidad; es que mienten directamente”. Sus gobiernos, ha recordado el president, “empobrecen, dividen y enfrontan a la ciudadanía”, algo que ha rechazado con contundencia.

“A los socialistas siempre nos encontrarán en el diálogo y los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Catalunya, y nunca en acuerdos con los que hacen apología de la intolerancia y la división”, ha aseverado el president y primer secretario del PSC.

Los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pusieron este viernes sus cargos a disposición del partido tras asumir como “error” la abstención de ambos en el pleno que facilitó la aprobación de los presupuestos a la alcaldesa de la localidad, la líder de la formación de ultraderecha independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista de Ripoll explicó que comparte el criterio de la dirección de la Federación del PSC de las comarcas de Girona, que expresó su “desacuerdo absoluto” con el sentido de la votación que permitió que el partido ultraderechista sacara adelante las cuentas. La decisión de los dos ediles también dejó a contrapie a Illa, que no duda en confrontar con Orriols durante los debates en el Parlament.

Illa ha recordado la socialista Carme Chacón y su deseo de hacer de España y Catalunya “agentes en favor de la paz”. “Sí a la paz, no a la guerra”, ha sentenciado entre aplausos. Illa también ha apoyado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender los acuerdos de Europa con Israel: “No se hacen transacciones con los valores ni se tiene una doble vara de medir con los valores”. “Hoy ser progresista se ha convertido en una urgencia moral”, ha sentenciado el president.

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha conseguido aprobar los presupuestos de 2026 en su localidad gracias a la abstención del PSC y tras romper un empate con su voto de calidad como edil. Las cuentas ripollesas han salido adelante con los siete votos a favor de Aliança Catalana y Som-hi Ripoll, y siete en contra de Junts, ERC y CUP. Ante la abstención socialista, que dejaba el empate, Orriols ha hecho valer su voto de calidad.

Orriols ha agradecido la “responsabilidad” de los partidos de la oposición que, por primera vez en este mandato, han facilitado que el gobierno en minoría apruebe por pleno unos presupuestos. El año pasado se aprobaron de forma automática tras fracasar la moción de censura con la retirada de Junts, y la anterior tuvieron que prorrogarse. La aprobación se produjo in extremis, a cinco minutos de que acabara el pleno este jueves.

Orriols había apelado a la responsabilidad pidiendo la abstención de la oposición para hacerlo posible, consciente de que los números eran muy justos, después de que Junts ya anunciara hace unos días su voto contrario. Este presupuesto, dotado con 15 millones de euros, es –según el gobierno local– “continuista” y mantiene la apuesta estratégica por la seguridad, la cultura popular y la limpieza, aunque Orriols no detalló las partidas de cada ámbito y hizo énfasis en seguir la política de “contención” de gasto.

En este pleno, también se ha roto por primera vez el bloque unitario del 'no' de la oposición. El concejal de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha sido el único que ha votado a favor, valorando las negociaciones que han permitido incluir algunas de sus propuestas, como mejorar la partida del alumbrado y la de los parques infantiles. “No es nuestro presupuesto, es poco soñador y algo pequeño”, ha afirmado, pero “a diferencia de otros años” ha habido una voluntad de escucha y entendimiento que ha permitido llegar a “muchos acuerdos”.

Polémica dentro del PSC

El PSC, con dos ediles, ha sido el único que se ha abstenido. Su portavoz, Enric Pérez, ha sido muy crítico. Al equipo de gobierno les ha reprochado una carencia de voluntad real para llegar a acuerdos con propuestas que los han hecho. Son unos presupuestos, ha afirmado, con falta de “ambición” y que “no dan respuesta a lo que Ripoll necesita”, como mejoras en los barrios, vivienda o más propuestas para los jóvenes. Sin embargo, ha explicado su abstención por quere seguir trabajando para incorporar mejoras y porque no quieren repetir la situación de tener que ir a una cuestión de confianza y “hacer perder el tiempo”.

La decisión del grupo municipal ha sido censurada por la dirección provincial del partido que, en un comunicado, ha manifiestado su “desacuerdo absoluto”. “Esta decisión no cuenta con el aval ni el conocimiento previo de esta federación”, aseguran en el texto. Por este motivo, la ejecutiva del partido en las comarcas gerundenses ha citado “de manera inmediata” a los concejales del grupo municipal para “exigir explicaciones y actuar en consecuencia”.

Poco después, los dos ediles socialistas han emitido un comunicado en el que aseguran “admitir el error” de haber facilitado la aprobación de las cuentas. También han puesto su cargo a disposición del partido. “Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll. Sin embargo, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a esa intención inicial”, afirman en el comunicado.

El portavoz de Junts, Ferran Raigón, ha reiterado que las cuentas de Aliança no eran realistas. “No haremos el tonto, como sería pactar unas propuestas que son papel mojado porque, si tenemos que devolver casi 3 millones de euros (el importe de la subvención del fondo europeo más la penalización por rehabilitar el edificio de la Nau del Pla) no podrá cumplir las propuestas prometidas”, ha dicho.

Pero la alcaldesa le ha respondido que aún no lo dan por perdido y que, en el peor de los casos, hay recursos para afrontarlo. Entre otras cosas, porque se ha cerrado el ejercicio de 2025 con un remanente positivo de más de 967.000 euros. Un ahorro, según ha dicho, que permitirá realizar inversiones por valor de 404.000 euros.

Por su parte, ERC se ha quejado de que las propuestas que han hecho no han quedado recogidas en los presupuestos y que, “por coherencia”, debían votar en contra. La republicana Chantal Pérez ha admitido que, con la abstención del PSC, se evitó tener que entrar en el “circo mediático” de hace un año, cuando la moción de confianza no prosperó y, por tanto, creían que era “coherente” mantener el 'no'. Y ha añadido, “no entendemos que Junts no vote a favor o se abstenga, porque ellos sí que han votado a favor de la mayoría de cosas de Aliança en este pleno”. Y por último, el portavoz de Alternativa por Ripoll, Jordi Hostench, ha expuesto su 'no' por la falta de afinidad de sus políticas hacia las de Aliança.

No hay totalitarismo que avance sin colaboradores ni se lamina la democracia solo desde las instituciones. Muchas de las familias que Mariano Sánchez Soler cita en Los ricos de Franco (Roca editorial) siguen siendo apellidos que tanto aparecen en la revista Hola como en Expansión. March, Fierro, Koplowitz, Coca, Banús, Aguirre… ¿Les suenan?

En el caso de algunos millonarios catalanes, más dados a la discreción vasca que a la ostentación mesetaria, el objetivo es el mismo que el del resto: asegurarse de que gobierne quien gobierne, sus negocios no sufrirán y los beneficios no se verán mermados. Incluso que, ya puestos, la entente con el poder político les permita mejorar la cuenta de resultados. El quién y el cómo es lo de menos porque los presidentes, consejeros, diputados o alcaldes pasan, pero ellos y sus descendientes quedan.

De ahí que la reunión que la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, mantuvo el pasado sábado con una representación de socios del golf Empordà despertase tanto interés. Primero porque quien propuso el encuentro fue Emilio Cuatrecasas, presidente de honor del conocido bufete de abogados y también empresario. El objetivo era “descubrir el proyecto político” que encabeza la alcaldesa de Ripoll y que, de confirmarse la tendencia de los sondeos, podría incluso superar a Junts en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona. Y segundo, porque la invitación es la manera de naturalizar su presencia y darle un mayor protagonismo. 

La reunión se celebró en el Hotel Terraverda de Gualta y contó con unos 200 asistentes. El periodista Manel Pérez, probablemente el mejor informado de todo lo que se cuece en los ámbitos empresariales catalanes, explicaba este lunes en su artículo en La Vanguardia que los presentes recomendaron a la líder ultra que emulase a la también ultra Giorgia Meloni para aparecer como más moderada.

En el mismo artículo se explicaba que Orriols había desplegado ante los empresarios y directivos un catecismo liberal que incluye rebajas de impuestos, algo que siempre suena a música celestial en auditorios como ese. Exhibió de nuevo el euroescepticismo que la ha convertido en referente para una parte no menor de los agricultores contrarios al acuerdo con Mercosur y para sorpresa de nadie reiteró su rechazo a la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno.

Aliança Catalana puede acabar condicionando el futuro Parlament, ostentar más de una alcaldía y determinar muchas alianzas municipales. Orriols rehúye la etiqueta de extrema derecha pese a que su ideología encaja perfectamente con la de la Agrupación Nacional lepenista o los herederos de las camisas negras que ahora visten trajes pastel con Meloni. Se ha felicitado públicamente por la política migratoria de Trump y recurre a la teoría del gran reemplazo con términos similares a los de los discursos etnonacionalistas de Santiago Abascal. La única diferencia es la bandera. 

El sondeo del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), adscrito a la Universitat de Barcelona, publicado este martes señala que los votantes de Vox valoran casi con la misma nota a su líder, Ignacio Garriga, con un 5,84 de media, que a Sílvia Orriols, a la que puntúan con un 5,83. Algo que, en cambio, no pasa al revés, pues los votantes de Aliança solo dan un 2,64 a Garriga. Y otro dato interesante: En 2025, solo el 52% de los votantes de Aliança se declaran independentistas. 

El discurso de la extrema derecha, con unas siglas u otras, es el mismo, el peligro es el mismo. Y frente a la oleada reaccionaria solo caben dos posturas: combatirla o abrazarla. La equidistancia no puede ser una opción, tampoco para los empresarios, aunque es fácil acertar en el pronóstico de lo que, llegado el caso, harían. Las reverencias de Josu Jon Imaz ante Trump en la Casa Blanca les marcan el camino.

La percepción sobre la inmigración ha dado un rápido vuelco en Catalunya. Segun un sondeo del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), adscrito a la Universitat de Barcelona, dos de cada tres catalanes (64%) son partidarios de limitar la llegada de personas extranjeras, mientras que el 33% lo rechaza. Esta amplia mayoría contra la inmigración fraguada en 2025 contrasta con la respuesta que arrojaba la misma encusta hace dos años, cuando solo un 44% reclamaba restringir las llegadas y eran más de la mitad los que se mostraban en contra.

Este ascenso de la inmigración como fuente de preocupación no ha sido igual en todos los sectores políticos ni demográficos. Si se observa por partidos, los votantes de Junts son quienes más han basculado hacia posiciones contrarias a la inmigración, convergiendo con el resto de fuerzas de la derecha. En 2023, menos de la mitad de los ciudadanos que aseguraban haber votado al partido de Carles Puigdemont estaban a favor de limitar la entrada de extranjeros. Sin embargo, dos años después, el porcentaje era de cerca del 75%.

Junts, que hace dos años tenía un electorado que en políticas migratorias pensaba parecido a PSC y ERC, en 2025 se parecía más a PP, Vox y Aliança Catalana, donde la opinión contraria a la inmigración es muy mayoritaria.

Esa mimetización entre las derechas puede verse también en las opiniones cruzadas sobre los líderes políticos. Es llamativo que los votantes de Vox valoran casi con la misma nota a su líder, Ignacio Garriga, con un 5,84 de media, que a Sílvia Orriols, a la que puntuan con un 5,83. Algo que, en cambio, no pasa al revés, pues los votantes de Aliança solo dan un 2,64 a Garriga.

Que entre Junts y Aliança la frontera de voto es difusa lo demuestra el hecho de que su electorado valora relativamente bien al líder del otro partido. Los exconvergentes dan un 6,4 a Puigdemont pero, a la hora de elegir una segunda opción, no se decantan por Oriol Junqueras ni por Salvador Illa, sino por Orriols, a la que puntúan con un 4,87.

Entre el electorado de Aliança pasa algo similar. Aunque son quienes mejor valoran a su líder, con un 8,65, si tienen que buscar una alternativa se van a buscar a Puigdemont, a quien le ponen un 4,83.

Esta concentración de la derechas tanto en opiniones sobre la inmigración como en valoración de sus líderes está haciendo crecer a Aliança, un partido que se muestra capaz de atraer votantes de muy diferentes espectros. Uno de los datos que arroja el estudio del ICPS es que en 2025, solo en 52% de los votantes de Orriols se declaran independentistas. Pero además, un tercio de sus votantes manifiesta esncontrarse cómodo con el actual estado de autonomía para Catalunya o, incluso, con menos autogobierno.

El casal popular La Metxa, que agrupa a colectivos libertarios y de la izquierda independentista catalana, ha denunciado que el Ayuntamiento de Ripoll, encabezado por la ultraderechista Sílvia Orriols, les pone “limitaciones constantes” y “tasas abusivas” para desarrollar su actividad política en el municipio, y lo ha vinculado a su ideología.

“Somos su oposición en la calle. No les interesa que organicemos actos”, ha asegurado Eduard, miembro del casal, en un acto público celebrado este sábado en Ripoll y que ha seguido de cerca la alcaldesa y diputada en el Parlament, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Según la entidad, desde que Aliança Catalana está en el gobierno tienen problemas burocráticos que antes no tenían. También han alertado de que esta discriminación podría afectar a otras entidades y lo han asociado al “modus operandi de la extrema derecha”.

Estas trabas se han traducido, ha expuesto el casal, en dificultades para poder usar el espacio público y en retrasos administrativos que acaban condicionando la organización de sus actividades. “Como no somos favorables a su sintonía ideológica, las trabas son frecuentes”, ha afirmado Eduard.

Los miembros del casal han puesto como ejemplo el torneo deportivo antirracista que organizan desde hace años. Para la edición de 2025, solicitaron el permiso municipal con meses de antelación, pero no recibieron la autorización favorable hasta dos días antes de la fecha prevista. “Logísticamente era inviable seguir adelante”, han lamentado. Finalmente, optaron por buscar una alternativa fuera de Ripoll.

El casal también denuncia la aplicación de tasas que califican de “abusivas”, como las exigidas recientemente para un almuerzo popular con recital de poesía, con un coste superior a los 1.100 euros entre el uso del espacio público y el material municipal, pese a haber presentado toda la documentación requerida.

El casal ha iniciado la campaña 'Ripoll, zona represiva', en cuyo marco se organizarán actividades de sensibilización en los próximos meses. “Estamos aquí para denunciarlo, para advertir de lo que puede llegar a venir, pero también para empezar a construir un discurso alternativo y de una forma de hacer que se aleje de las imposiciones”, han indicado.

Desde La Metxa también recuerdan que en 2024 tuvieron que cerrar durante unos meses después de los requisitos del Ayuntamiento de Ripoll, que ordenó su clausura.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ripoll niega cualquier acoso. La alcaldesa, Silvia Orriols, asegura que el gobierno municipal “no persigue ni reprime la disidencia” y que su actuación se limita a hacer cumplir las ordenanzas municipales.

Según el consistorio, los integrantes del casal “llevan años pintando las paredes con tachaduras y encartelando fachadas y vidrieras de comercios”, lo que, según afirma, contribuye a dar una mala imagen del municipio. Bajo su mandato, estas prácticas ya no gozan de la “impunidad” que, mantiene el Ayuntamiento, tenían en etapas anteriores.

En cuanto al uso de material municipal, el Ayuntamiento ha afirmado que el casal lo ha solicitado “continuamente”, que “son cuatro gatos” y que la cesión y transporte de este material supone un coste “que corre a cargo de los contribuyentes”. La cesión gratuita de material, ha alegado, solo se da en aquellas actividades en las que el consistorio colabora directamente.

Cada vez gana más fuerza, auspiciada por algunos partidos y analistas, una corriente cuya premisa básica es que no se debe llamar fascistas a los votantes de partidos fascistas (o neofascistas o ur-fascistas o el término que prefieran). La idea, que ha ganado fuerza a raíz del éxito de Vox en Extremadura, o las encuestas cada vez más favorables a Aliança Catalana en Catalunya, es que los votantes de extrema derecha no pueden ser considerados de extrema derecha. De hecho, muchos no aceptan que se les defina como tal. Pero que ellos no se vean así no significa que no lo sean. 

Estar preocupado por el futuro, enfadado con el Gobierno o decepcionado con un sistema diseñado para favorecer a los que más tienen, no justifica apoyar alternativas que, a menudo sustentadas en un falseamiento de la realidad, exaltan los peores instintos humanos.

El profesor Jordi Mir acaba de publicar un ensayo titulado ‘El nostre feixisme’ (editado solo en catalán por Ara Llibres) en el que describe muy bien que uno de los retos es saberlo detectar. Nos cuesta ver el fascismo, pero eso tampoco es nuevo. Recuerda que Primo Levi explicó que era habitual que le preguntasen cómo eran los soldados de los campos de concentración. “Tenían nuestro mismo rostro, pero habían estado mal educados”, les contestaba. También ahora los votantes racistas que aplauden los discursos de Abascal, Albiol o Silvia Orriols tienen nuestra misma cara. Se aprovechan y alientan el miedo, no solo en las redes, para fomentar el odio. Y así van creciendo. 

Ha sido interesante, aunque no una sorpresa, comprobar que estos días los partidos que en Europa han aplaudido con más entusiasmo el ataque de Trump a Venezuela han sido el PP (pese a las reticencias de la FAES de Aznar, ver para creer), Vox y Aliança Catalana. En un momento en el que hay que reivindicar la defensa de los derechos, también del Derecho Internacional, ellos apuestan por debilitarlos. Es paradójico que fuerzas que tanto apelan a las banderas y que se llenan la boca de patriotismo sean las que menos empacho tienen en felicitarse por la falta de respeto a la soberanía nacional de un país, por más que Venezuela estuviera en manos de un sátrapa como Maduro.

Hay dos tipos de mandatarios y de votantes: los que trabajan para reforzar la democracia y aquellos que contribuyen a demolerla. Trump, Putin y Xi Jinping son de los segundos. Quienes les jalean acríticamente, como hemos visto últimamente, en vez de intentar desactivarlos, se convierten en cómplices de la deriva totalitaria a la que estamos asistiendo. Es importante también constatar que a menudo los que les apoyan se presentan como víctimas de un sistema que estos políticos intentan moldear a su conveniencia, anteponiendo sus respectivos intereses económicos a cualquier otro que se parezca al bien común. 

No creen en las reglas si no son las que ellos imponen y haría bien la Unión Europea, que no ha estado a la altura con su respuesta a la operación ilegal llevada a cabo por Estados Unidos, en despertar de una vez e intentar convertirse en portavoz de los que aún creen en el derecho y la justicia universales.

El autoritarismo se combate con más democracia. Y eso no solo sirve para Venezuela.

Si hoy se celebraran unas elecciones en Barcelona, las ganaría el actual alcalde Jaume Collboni, pero nada le garantizaría revalidar la alcaldía. Así se desgrana de la intención de voto que recoge el Barómetro municipal y que muestra que la reelección del PSC se complicaría.

El encaje que necesitaron los socialistas para llegar a gobernar ya era de por sí difícil de repetirse (necesitó el apoyo del PP, que accedió para impedir que Junts gobernara, y de los Comuns, que ya han dejado claro que no volverán a pactar con Collboni), pero los resultados de la encuesta dejan un escenario todavía más frágil.

Si bien los socialistas suben ligeramente, pierden cuatro puntos respecto la última edición del barómetro. Por su parte, ERC gana casi un punto y se situaría como segunda fuerza. Y, cerrando el bloque de la izquierda, los Comuns consolidan su caída y perderían casi el 42% de sus apoyos si se compara la intención de voto y el resultado de los comicios.

Este dato se relaciona directamente con el 43% de los encuestados, que no tiene claro a día de hoy qué votaría en los comicios, la cifra más alta desde que hay registros y cinco veces mayor que en el último barómetro.

Por otro lado, quien también augura un resultado muy negativo es Junts, que perdería el 75% de los votos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El descenso de este partido se ha sostenido en el tiempo desde las elecciones de 2023. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Según el barómetro, también descenderían el PP (3,5 puntos) y Vox (1,3). Estos votos fugados, sumados a algunos de los de Junts, son los que irían a parar a una Aliança Catalana que entraría por primera vez en el Ayuntamiento para ponerse en cuarta posición y convertirse en primera fuerza de la derecha.

“A nadie se le escapa que este aumento de voto hacia Aliança va en la línea de las encuestas de otras administraciones, y la extrema derecha no es nueva en la ciudad, porque ya tenemos dos concejales de Vox, pero nos preocupa mucho que el discurso del odio pueda ganar peso en Barcelona”, ha apuntado la primera teniente de Alcaldía, Laia Bonet.

A falta de ver qué acabará haciendo el 43% de incedisos y el 12,5 de los que abogan por la abstención, el resultado de las elecciones dejaría un pleno en el que sería muy difícil llegar a acuerdos de gobierno.

Preguntada también por la valoración de los líderes municipales, la ciudadanía de Barcelona da un aprobado a su alcalde con un 5,2, una nota que no se conseguía desde 2019, todavía bajo gobierno de Ada Colau. En esta encuesta, Collboni empata con el líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí Galbís; y con la líder republicana, Elisenda Alamany, aunque hay que destacar que la mayoría de la población no les conoce: el 80% en el caso del primero y el 68% en el caso de la segunda). Por su parte, el resto de líderes suspenden.

La vivienda, la principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 32,8% de la ciudadanía (3 puntos más que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, aunque se mantiene en segunda posición, también aumenta y pasa del 23,1 al 25,2. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la limpieza, que se intercambia el quinto puesto con el turismo, que baja del 9.8% al 4,1%. En el cuarto puesto se mantiene la preocupación por “los problemas asociados a la migración”.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que el 90% de los barceloneses se muestra a favor de endurecer las sanciones a los comportamientos incívicos, una cifra que se mantiene estable desde antes de las elecciones de 2023. Las respuestas para la última edición de esta encuesta se recogieron entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025, justo un mes antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de civismo, que incorpora multas más altas.

El barómetro recoge, en general, un apoyo de más del 60% a todas las políticas públicas sobre las que se ha preguntado (que no son todas las que se han llevado a cabo). Así, el 70% se muestra de acuerdo con conectar el Tramvia por la Diagonal, el 60% a reducir el número de cruceros con escala en Barcelona y el 61,7% con establecer cooperación solidaria con ciudades palestinas.

Lejos quedan las imágenes aéreas de aquella inmensa cadena humana de 400 kilómetros que se extendió el 11 de septiembre de 2013, la Vía Catalana hacia la independencia. Más allá de la opinión de cada cual, fue un éxito mediático y organizativo. Medios internacionales como The New York Times o Le Monde se hicieron eco. En plena crisis financiera, surgió en Catalunya el movimiento de masas más persistente de aquellos años. El apoyo a la independencia en las encuestas se situaba alrededor del 50%. En los centros de poder de Madrid se respiraba miedo y en los pasillos de Bruselas, inquietud. La derecha –y buena parte de la población en España y en Catalunya– identificó la amenaza como real.

En 2025, a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria y el Govern, el independentismo sigue siendo un hecho social y político incontrovertible en Catalunya. En España, la gobernabilidad ha dependido de él. También cualquier posibilidad de mantener a la extrema derecha alejada del Consejo de ministros. Por eso, la ruptura anunciada por Junts hace tres semanas y su tono virulento –Míriam Nogueras calificó a Pedro Sánchez de “cínico” e “hipócrita”– deberían ser motivo de preocupación. No tanto por el gesto en sí, sino por lo que revela. Dividido, fatigado y amnistiado tras años de represión, el movimiento ha visto emerger una amenaza en su propio interior: Aliança Catalana. La última encuesta del CEO lo certifica: la formación de Silvia Orriols apunta a la tercera posición, superando a los de Carles Puigdemont. 

El independentismo, evolución histórica del catalanismo, ha sido un movimiento de clases medias y populares, radicalizadas por la crisis del 2008 y el fracaso político del Estatut. Durante buena parte del siglo XX, se forjaron en la lucha democrática contra el franquismo. Pero la Catalunya de 2025 ya no es la de 2013. Hoy, un nuevo partido independentista resume su programa en defender “la raza catalana” frente a una supuesta sustitución migratoria promovida por el Estado español. ¿Qué ha pasado para que la revolución dels somriures, que contaba con la independencia como horizonte utópico, haya visto surgir a un partido islamófobo de sus entrañas, cuya apuesta es deportar a cientos de miles de catalanes?

Catalunya ha atravesado una auténtica policrisis que ha convertido la desconfianza en la emoción dominante. El procés no solo fracasó en su objetivo, sino que generó una sensación de engaño, desgaste y distancia entre la dirigencia y las bases. Aliança vive, en primer lugar, de esa crisis de representación. Pero la desconfianza también responde a causas económicas. Con las heridas de la crisis de 2008 aún abiertas y un peso económico menguante respecto a Madrid, la crisis de la Covid-19 agravó la situación. Su impacto se sintió en los hogares: cierre de negocios, encarecimiento de la vida y precariedad. A pesar de que la macroeconomía muestre señales de recuperación, la ciudadanía no vive esa mejoría. El día a día pesa más que cualquier indicador. El precio de la vivienda sigue desbocado, los salarios no acompañan y los servicios públicos están tensionados. La sensación general es de decadencia. 

La pandemia trajo consigo una crisis de la salud mental. Las depresiones y la ansiedad fueron una constante. Durante el confinamiento, el uso masivo de las redes favoreció un repunte del pensamiento conspirativo. Otra vez, la desconfianza, ahora dirigida hacia la ciencia, la medicina o la universidad. Una encuesta reciente del CEO advertía de que esos discursos están arraigados en un tercio de la población catalana, especialmente entre los votantes de Aliança Catalana y Vox.

A este cóctel explosivo, se le suma un cambio demográfico acelerado. Entre 2016 y 2025, la población nacida fuera de España creció un 57%. Los inmigrantes han sido decisivos a la hora de sostener el mercado de trabajo. Hoy, un 23,8% de la población es migrante, con importantes variantes territoriales. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP), a pesar de que el número total de hablantes de catalán aumenta, solo el 32,6% lo utiliza en exclusiva de forma habitual.

El geógrafo Christophe Guilluy describió la ruptura entre las grandes ciudades, donde se concentran la riqueza, los empleos y las oportunidades, y las periferias, donde la decadencia se instala y la sensación de minorización cultural es mayor. Ahí es donde han arraigado las fuerzas nacionalpopulistas en Europa, y Catalunya no es una excepción. Sin pulso ni fuerza para enfrentarse al “Estado español”, esa desconfianza se ha proyectado hacia el catalán más débil o el recién llegado. La antigua clase media en crisis, defraudada con el sistema y que ve amenazada su identidad, se reagrupa alrededor del agravio y el miedo. No es casualidad que la fuerza de AC se asiente en las comarcas de Girona o la Plana de Lleida.

Aliança Catalana es una amenaza en un doble sentido. En primer lugar, para la supervivencia de la propia nación catalana. Si Catalunya ha sobrevivido históricamente como nación ha sido gracias a la sorprendente voluntad de seguir siendo un pueblo con su lengua, su cultura y sus instituciones, pero sobre todo a su capacidad de integrar a los nouvinguts. La integración ha sido el nervio del país: sin ella, no hay futuro posible. Las propuestas de AC provocarían una caída del número de hablantes de catalán, un colapso del tejido socioeconómico y un fuerte empobrecimiento cultural. Esa Catalunya imaginada, aislada y encerrada sobre sí misma, no solamente exigiría fuertes dosis de autoritarismo y violencia para intentar llevarse a cabo, sino que, además, iría contra su propio objetivo declarado.

En segundo lugar, el partido de Silvia Orriols es una amenaza para la posibilidad de mantener a raya a la extrema derecha española. Su declaración de no participar en la gobernabilidad del Estado puede arrastrar al conjunto del independentismo y del catalanismo y llevar al país a un bloqueo permanente. El avance de la desconfianza hacia cualquier solución dialogada solo mejorará las opciones de Santiago Abascal de llegar a la Moncloa.

La única manera de combatir al nacionalpopulismo es reconstruir la confianza entre España y Catalunya, y dentro de la sociedad catalana. Por un lado, el Gobierno de coalición progresista debe asumir que necesita a Catalunya y que hacen falta pasos firmes. Es imprescindible reformar el sistema de financiación, cumpliendo los compromisos de singularidad, ordinalidad y responsabilidad. Por otro, queda la tarea más compleja: hacer posible un nuevo acuerdo que devuelva la legitimidad y el horizonte compartido. Catalunya sigue rigiéndose por un Estatut recortado por el Tribunal Constitucional.

Por último, el independentismo y el catalanismo deben ser capaces de articular mayorías amplias para resolver los inmensos retos de país. En la semana de arranque del juicio al expresident Pujol es como si se cerrase una época y otra intentase abrirse. En esta última, los catalanes y catalanas deberán responder a una pregunta fundamental: ¿quién forma para del “nosotros”? ¿Volveremos a ser aquella comunidad en la que catalán es “quien vive en Catalunya y lo quiere ser”? 

El 7 de julio de 2010 cambió la historia de Catalunya y la de una familia: los Pujol. Pero ese día casi nadie lo sabía. Casi nadie a excepción del entonces jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, que fue quien le encargó a la que era líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que invitase a comer a María Victoria Álvarez, Vicky, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, conocido como ‘Junior’.

El micro colocado en un jarrón por un investigador de la agencia de detectives Método 3 grabó la conversación en la que Álvarez le relató a la dirigente popular como el primogénito de los Pujol movía bolsas de basura llenas de billetes entre España y Andorra. Todavía hoy no se sabe quién contrató a Método 3 aunque Álvarez y algunos trabajadores de la agencia señalaron al ahora diputado del PSC José Zaragoza, algo que él siempre ha negado, también en sede judicial. Es un episodio que parece tan enrevesado como fue, aunque nada comparado con los capítulos posteriores.

Ese material no vio la luz hasta pasados cinco años. También después apareció otra grabación, fechada en noviembre de 2012, en la que Sánchez-Camacho le daba una serie de nombres al excomisario Villarejo, entre ellos el de Artur Mas, el de otro de los hijos de Pujol, Oriol, o los empresarios Sumarroca, para que fuesen investigados por la mal llamada ‘policía patriótica’ del PP. Fue Villarejo quien ese mismo mes acompañó a Vicky a presentar una denuncia ante la UDEF y fue también el excomisario quien, con un nombre falso, se entrevistó con el empresario caído en desgracia Javier de la Rosa, para obtener información sobre los Pujol. El tercer elemento y muy decisivo para lograr sentar a esta familia en el banquillo fueron las presiones que se ejercieron a los hermanos Cierco, propietarios de la Banca Privada d’Andorra, en 2014, con el procés ya en marcha, y que una jueza del país vecino investiga pese a que los tribunales españoles siempre han optado por mirar a otro lado. 

Fueron unas presiones que fructificaron, puesto que ‘El Mundo’ publicó el 7 de julio de ese año movimientos bancarios de los Pujol en cuentas andorranas. A diferencia de la famosa cuenta de Xavier Trias, que era falsa, en esta piscina sí había agua. Y mucha. Sin esa portada, Pujol nunca hubiese confesado. Lo hizo 20 días después, atribuyendo un dinero que después se multiplicaría de manera prodigiosa, a un legado de su padre. Por ejemplo, según se supo a través de registros posteriores, en el año 2000, en una cuenta titularidad del expresident, se ingresaron en efectivo 307 millones de pesetas que no se declararon. Hacienda calculó que el fraude fiscal del fundador de Convergència ascendía a 885.651 euros, pero ya estaba prescrito.

Pujol pensaba que si él se inmolaba salvaría a la prole, esa de la que siempre se había sospechado por sus negocios a la sombra del padre. La primera cuenta andorrana la abrieron en 1990 y a partir de entonces se fue moviendo dinero de una cuenta a otra. No hubo ni hay prueba alguna de que el origen de esa fortuna escondida en Andorra fuese de la ‘deixa’ del abuelo Florenci. 

“Pero, ¿de qué herencia hablas, Jordi?”, explican que soltó María Pujol, su hermana, al ver por la televisión la confesión del expresident. Ese 25 de julio de 2014 era la primera vez que María oía hablar de un legado de su padre en Andorra.

El expresident fue obligado a renunciar a sus privilegios institucionales y condenado al ostracismo incluso en Convergència, el partido que fundó. Pero su cortafuegos no funcionó y quien primero lo comprobó fue el primogénito, un tipo dado a la ostentación y que no cuenta con la humildad entre sus virtudes. Los negocios de ‘Junior’ hacía décadas que eran la comidilla en los círculos empresariales catalanes. Se le atribuye “la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos” que operaban a través de sociedades opacas y cuyos beneficios después repartía entre sus hermanos. 

Él y su mujer actuaban como una “unidad de caja”, según consta en el sumario. Que la influencia del apellido le sirvió para hacer negocios es más que evidente. Igual que a su madre, la fallecida Marta Ferrusola, propietaria de una empresa de jardinería y que se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”, según consta en una anotación. O a otros hermanos, que, a través de sus consultorías, también accedieron a contratos de la Generalitat. Lo que a fecha de hoy no se ha podido aún relacionar es un pago concreto de una empresa que tras lograr un contrato público entregase un dinero que acabase en alguna de las cuentas en el extranjero de los Pujol. Ahí está la clave de este caso, demostrar que los indicios, por creíbles que sean, son pruebas suficientes para condenar al clan y a su patriarca, que en estos más de 11 años ha recorrido el camino del castigo público a la rehabilitación política. La imagen definitiva y más celebrada por la familia fue la recepción a Pujol en el Palau de la Generalitat por parte del president, Salvador Illa, en septiembre del año pasado. 

La deshonra del expresident, el hombre que lo fue todo en Catalunya, arrastró a su partido, ya lastrado en ese momento por unos recortes sociales a los que intentaba dar la vuelta envolviéndose en la bandera y con argumentos que aún son actuales como el déficit fiscal y el de infraestructuras. Artur Mas tuvo que deshacerse del padre político y con él, de sus siglas, Convergència, una decisión que todavía hoy hay quien ahí dentro considera que fue un error. El partido de orden se sumó al desorden y el propio Mas acabó apeado, en 2016, tras la votación más famosa de las bases de la CUP. El argumento de los cupaires fue que de esta manera se superaban el pujolismo y los recortes.

Convergència ya había empezado a transmutar en sopas de siglas diferentes. En 2015 rompió el matrimonio electoral con Unió y se integró en una coalición, Junts pel Sí, junto a ERC y representantes de la ANC y Òmnium Cultural. Un año después se enterró definitivamente la marca fundada por Pujol y se la rebautizó como el PDeCAT. El invento no funcionó, entre otros motivos porque se le imputó por la causa del 3%, sobre la presunta corrupción de CDC que se investiga desde hace más de una década. Así, en julio del 2020, aparecen las nuevas siglas: Junts per Catalunya. Pero más allá de las sucesivas marcas, si el procés aceleró y descarriló, fue de su mano (no solo de la suya) y provocó el desconcierto de una parte de su electorado que ahora quiere pasarle cuentas votando a Aliança Catalana.

Lo que vaticinan las encuestas es que al menos uno de cada cinco votantes de Junts en las últimas elecciones estaría ya dispuesto a depositar en las urnas la papeleta azul oscuro de Aliança. Si el electorado de Convergència era el más fiel en las autonómicas, el de Junts es el más infiel. Así lo constata el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que publicó este lunes un barómetro que en los cuarteles del partido de Puigdemont se esperaba con temor: los de Sílvia Orriols atraparían hoy a Junts, con una estimación ambas formaciones de 19-20 escaños, y la alcaldesa de Ripoll obtendría mayores tasas de aprobación que el expresident.

El auge de Aliança, que en provincias como Lleida o Girona se situaría como primera fuerza, bebe principalmente de ese trasvase de Junts, al que pegaría un bocado del 20% de sus electores. “Las dudas sobre el papel de Junts y su orientación política favorecen ahora a su principal adversario”, advierte Juan Rodríguez Teruel, director del CEO, en referencia por ejemplo a la ruptura anunciada por Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Con todo, el crecimiento de Aliança supera al universo de Junts, y avanza también a costa de transferencias de voto de partidos como ERC o Vox. No debería sorprender entonces los grados de simpatía que expresan los votantes de Orriols hacia otros partidos: solo aprueban a uno, el partido de Santiago Abascal (5,2), y suspenden a los demás. El director del CEO apunta incluso a la aparición en un futuro de un voto dual de derecha radical que opte por Vox en las generales y por Aliança, en Catalunya.

A ambas formaciones las une su principal preocupación, el rechazo a la inmigración, pero también otros factores: su rotundo rechazo a los gobiernos español y catalán, o la nostalgia del pasado y de pérdida de valores tradicionales. Tres elementos que ayudan a entender los agasajos recientes de la derecha política y mediática a la alcaldesa de Ripoll. 

Pujol, a diferencia de su hijo Oriol, el primero en pisar la cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el llamado ‘caso ITV’, nunca tuvo la independencia entre sus objetivos aunque, a medida que avanzó el procés, afirmó que no tenía “alternativa” a un movimiento que, en sus propias palabras, actuaba como “placas tectónicas en movimiento”. Lo que ni el expresident ni sus sucesores supieron calcular es que ese desplazamiento se los llevarían a él y a su partido por delante.

Aliança Catalana se dispararía en unas elecciones catalanas hasta alcanzar a Junts, su principal competidor. El partido de Sílvia Orriols, que hoy tiene dos diputados en el Parlament, se situaría actualmente en una horquilla de 19-20 escaños, según el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, un resultado que le permitiría disputar la tercera fuerza a los de Carles Puigdemont, también en 19-20. 

El desplome de Junts, que caería desde sus actuales 35 escaños, se explica por un notable trasvase de apoyos hacia Aliança, según constata el CEO. A día de hoy, hasta un 20% de los votantes de Puigdemont, uno de cada cinco, optaría hoy por Orriols. Destaca también cómo el partido de la alcaldesa de Ripoll se alimentarían también del 9% de votantes de la extrema derecha de Vox.

“Esta transferencia de Junts a Aliança indica un cierto realineamiento”, ha apuntado Juan Rodríguez Teruel, director del CEO, que ha recalcado que actualmente Junts es el partido con “menor lealtad electoral” del panorama catalán. “Las dudas sobre su papel y orientación política favorecen a su principal adversario”, ha argumentado Teruel, que ha señalado además que Aliança sería directamente fuerza ganadora en Girona y Lleida. 

El crecimiento de Aliança, además, se nutre de votantes no necesariamente independentistas, sino de electores que dan prioridad al discurso xenófobo al que la formación dedica la mayoría de sus esfuerzos. Esto se traduce en que actualmente el 32% de quienes les votarían son contrarios a la secesión, por un 62% que están a favor. Su competidor en la derecha, Junts, presenta unos porcentajes de 14% frente al 81%, respectivamente.

El barómetro, que abarca una muestra de 2.000 personas, se llevó a cabo entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre. Precisamente en medio de ese período se produjo uno de los movimientos políticos de mayor calado en Catalunya: la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Al margen de la competición en la derecha independentista, la otra gran novedad de la encuesta es el sorpasso de Vox al PP, algo que ya ocurrió en los comicios de 2021, pero que los populares habían logrado revertir en 2024. El CEO otorga a Vox entre 13 y 14 escaños –hasta tres más que ahora–, mientras que al PP, 12-13 –hasta tres menos–. 

Del resto de formaciones, ERC mantiene su cierta tendencia al alza, con 22-23 escaños estimados, por encima de los 20 que obtuvo Pere Aragonès en 2024. Por su parte, Comuns y CUP continuarían estables en la parte baja, con 6 y 3-4 diputados, respectivamente.

Los votantes independentistas, de hecho, ya ven con tan buenos ojos a Carles Puigdemont como a Sílvia Orriols como posible president del Govern. El líder de Junts y la de Aliança Catalana empatan con un 8% como favorito para ocupar el Palau de la Generalitat. El mejor valorado para ello es, con diferencia, Salvador Illa con un 21%. El líder de ERC, Oriol Junqueras, se queda con un 7% de los apoyos.

En este sentido, en índices de aprobación, Orriols saca de nuevo la cabeza por encima de Puigdemont, con un 42% frente a un 38%. Superados ambos por Illa (62%), Junqueras (55%) y Albiach (47%).

El CEO incluye también estimación de votos en unas elecciones al Congreso de los Diputados, donde PSC sería nuevamente primera fuerza con 19-20 asientos. Le seguiría ERC (9-10), Junts (5-6), PP (5-6), Vox (5-6), Sumar (3) y Podemos (0-1).

En cuanto a preocupaciones de los catalanes, el acceso a la vivienda es con diferencia la mayor. Hasta el 31% de los entrevistados señalaron que la dificultad para encontrar un techo era el principal problema de Catalunya, muy lejos de la inmigración (10%), situado como el segundo problema seguido de la inseguridad ciudadana (9%). La preocupación por el precio de la vivienda es transversal en prácticamente los votantes de todos los partidos: solo los votantes de Aliança Catalana (29%) y Vox (26%) priorizan la inmigración como principal problema.

Los buenos datos macroeconómicos del país siguen sin percibirse entre la población. Cuatro de cada diez catalanes consideran que la situación económica es “mala o muy mala” y casi un tercio de los encuestados (28%) declaran que su situación económica personal ha empeorado el último año.

El histórico independentista corso Nicolas Battini selló hace unas semanas una inesperada alianza con el partido de Marine Le Pen. Battini, proveniente del nacionalismo anticolonial y preso durante seis años por participar en acciones armadas con el Frente de Liberación Nacional de Córcega, ha virado en la última década hacia posiciones xenófobas, lo que le ha permitido entenderse ahora con Reagrupamiento Nacional, un partido de jacobinismo radical que nunca ha hecho concesiones a sensibilidades regionalistas.

“En Córcega está el futuro de la extrema derecha catalana”, escribía hace una semana Vicent Partal en VilaWeb, que argumentaba que cuando una formación prioriza la agenda contra la inmigración tiende a dejar en segundo plano la cuestión nacional. En vista de ello, el periodista se preguntaba si acabaríamos viendo esa misma evolución en el partido de Sílvia Orriols.

La respuesta a esa pregunta parece haber llegado desde las filas de la derecha y extrema derecha española que, tras unos primeros meses de aturdimiento, han comenzado a incorporar la existencia de Aliança Catalana a sus análisis. Y la noticia es que la formación islamófoba que gobierna Ripoll no recibe rechazo, sino más bien lo contrario en cenáculos de corte españolista.

Una de las posiciones más significativas sobre esto fue la que manifestó el propio Santiago Abascal en una reciente entrevista en La Vanguardia. El líder de Vox sostuvo entonces que, pese a las diferencias respecto a la cuestión nacional, Aliança y su partido tenían importantes puntos en común. “No hay un choque [con Orriols], porque en estos momentos Aliança Catalana está centrada en criticar la inmigración ilegal y no tanto en la ambición separatista”, aseguró Abascal.

Pero el líder de Vox fue más allá y confirmó, desde el extremo opuesto, la misma tesis a la que se refería Partal. “Creo que [el discurso antimigración de Aliança Nacional] es una buena noticia sobre cómo está cambiando la sociedad española y cómo está cambiando también Catalunya. Creo que esas preocupaciones verdaderamente importantes van a cohesionar a los españoles y en Catalunya eso se está produciendo de una manera acelerada. Creo que el rechazo a la inmigración masiva de gentes influidas por el fanatismo islámico va a unificar España”, aseguró Abascal.

No ha sido la única figura vinculada con Vox que ha hablado en términos elogiosos de la formación de Orriols. Unos días antes Alejo Vidal-Quadras, fundador de la formación de extrema derecha, aseguró en los micrófonos de Onda Cero que Aliança Catalana acabaría “salvando España”. El expolítico se refería al hecho de que, según su análisis, era la presión de Orriols lo que había hecho que Junts retirase su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras describirla como una “independentista tremenda, que quiere la independencia unilateral”, Vidal-Quadras aseguraba sobre Orriols: “Esta señora es la que nos va a salvar porque va a hacer que se cumpla una necesidad perentoria que tiene España ahora, de la que depende su supervivencia como nación, que es sacar a Sánchez de la Moncloa”.

Uno de los hitos en el salto de Sílvia Orriols a los medios de comunicación estatales ocurrió el 26 de febrero del año 2024. En aquel momento, la líder de Aliança no era aún diputada y quedaban meses para que se avanzasen las elecciones que metieron al partido en el Parlament. Sin embargo, El Mundo decidió dedicarle la gran fotografía de portada, anunciando una entrevista de la que destacaba esta cita: “España usa la inmigración para acabar con la nación catalana”.

Desde entonces, Orriols ha sido entrevistada en diferentes medios con sede en Madrid. Algunos locutores han alabado su buen catalán, como Federico Jiménez Losantos. Otros, como Juan Soto Ivars, han remarcado su “coherencia” dentro del separatismo. Manu Gálvez ha afirmado desde The Objective que “pensar en Sílvia Orriols como presidenta de Catalunya no es una distopía, sino una posibilidad bastante realista”.

Pero si su mensaje ha acabado teniendo eco en el contexto castellanoparlante es gracias a influencers alineados con la extrema derecha, como Wall Street Wolverine, que en las últimas semanas ha compartido varias intervenciones de la diputada catalana. Unos vídeos que han llamado la atención de personas como el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, que ha asegurado que “al margen del separatismo, Orriols es de los pocos políticos en activo que dicen verdades como puños en pensiones, paguitas o inmigración”.

El mismo vídeo utilizó el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exlíder regional de Vox, Juan García-Gallardo, para argumentar que su antigua formación debía hacer un discurso más similar al de Sílvia Orriols.

La fascinación que ha provocado Orriols en círculos tradicionales de la derecha española ha llamado la atención incluso entre la prensa catalana contraria al independentismo. Hace unos días, en ElLiberal.cat titulaban: “La España «constitucionalista» se enamora de Sílvia Orriols”. Una afirmación que recuerda inmediatamente al idilio entre Battini y Le Pen, aunados ahora en una candidatura conjunta con el nombre de Unión de los Patriotas (Unione di i Patriotti).

Cuentan que un veterano político ligado durante décadas a Convergència y que, pese a haberla acompañado en el giro independentista, era muy crítico con la retórica movimentista de Junts y el desembarco de caras conocidas de otros ámbitos, se quejaba tras el procés diciendo: “¿Cuándo pasó que los frikis asaltaron este partido?”.

La pregunta era un dardo obvio hacia la llamada “generación 1-O”, la que se incorporó a la política después de 2017 de la mano de Carles Puigdemont, en parte barriendo a las anteriores. Pero también refleja la preocupación de la vieja guardia nacionalista por lo que podría ocurrir en un partido que prescindiese de aquellos que conocían la importancia del poder y tenían experiencia en ejercerlo.

Junts es hoy una formación claramente mermada en lo que a poder e influencia se refiere. Pese a que en los últimos dos años haya podido reinventarse como circunstancial ariete del empresariado catalán en el Congreso, ese papel siempre estuvo condicionado. Junts era deudor de una aritmética parlamentaria concreta y, además, necesitaba mantener su ascendente sobre el Gobierno, tal como le han advertido a la formación desde los sectores económicos en encuentros como el que desveló elDiario.es.

A eso hay que sumarle que la formación de Carles Puigdemont vive un momento de clara mengua en su representación política en contraste con épocas recientes. Más aún si se pone en comparación con el elevado peso institucional que llegó a tener Convergència en tiempos de máximo esplendor.

Al espacio político del nacionalismo catalán de centroderecha le ha pasado en la última década casi de todo. El procés, varias escisiones y mutaciones, luchas internas y una desenfrenada acción judicial que le ha obligado a hacer relevos a marchas forzadas y a tener que mirar a Waterloo para tomar cada decisión. Por si eso fuera poco, en los últimos años Junts también ha padecido la irrupción de una extrema derecha independentista.

Pero el ocaso institucional de Junts no puede explicarse sin tener en cuenta, también, la gestión errática de su propio espacio electoral, su incapacidad para encontrar líderes duraderos (lejos quedan Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Puigneró) o su reiterada tendencia a aislarse hacia afuera y purgarse hacia adentro.

La ruptura del pacto de investidura entre Junts y el PSOE es el último capítulo en el que los postconvergentes vuelven a demostrar poco instinto por la conservación del poder institucional. Antes salieron del Govern de Pere Aragonès y rechazaron (o no fueron capaces de alcanzar) pactos municipales que les hubieran garantizado puestos en ayuntamientos y diputaciones. Hay que señalar, no obstante, que por el momento ninguno de los cargos conseguidos por Junts para organismos y empresas públicas del Estado ha anunciado su salida.

En el año 2014, Convergència era de largo el partido más influyente de la política catalana. Tenía la presidencia de la Generalitat, la del Parlament y la de las cuatro diputaciones, además de la gran alcaldía de Barcelona. También controlaba buena parte de los grandes ayuntamientos, como Girona, Sant Cugat, Reus, Mataró, Martorell, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueres. En el Congreso, la formación contaba con 16 asientos, cerca de su récord de 1993.

Las municipales de 2015, las que ganó Ada Colau en Barcelona y que iniciaron la ola de las alcaldías del cambio, fueron una tormenta dura para el poder de la antigua Convergència. Pero aún mantuvieron entonces buena parte de sus bastiones, impulsados sobre todo por la presidencia del Govern, que recayó en manos de Puigdemont en enero de 2016 tras las tortuosas negociaciones que descabalgaron a Artur Mas.

Visto con la perspectiva de una década, nada de lo que ocurrió después en Catalunya, ni tampoco en el espacio político de la antigua Convergència, ayudó electoralmente al nacionalismo conservador.

Después del 1-O, ERC experimentó una pujanza extraordinaria, que hizo mella a Junts tanto en ayuntamientos como en el Parlament y Congreso. Quim Torra demostró que no era una propuesta ganadora para defender una plaza tan sensible como la presidencia de la Generalitat y quizás Laura Borràs, tocada ya por un caso de corrupción que la acabaría apartando, tampoco era la mejor apuesta para las elecciones generales.

En 2021, Junts cedió por primera vez su liderazgo dentro del bloque independentista a ERC. Lo hizo cuando el PSC ya se había recompuesto de su larga crisis y estaba en disposición de ser “el primer partido de Catalunya”, tal como proclamaba Miquel Iceta. El independentismo de centroderecha aceptó, no sin tiranteces, entrar en un gobierno presidido por ERC, que acabó abandonando un año después.

El poder institucional de Junts mermaba. Pero en el partido el paso afuera se justificaba como una muestra de coherencia independentista que daría sus frutos más adelante. Algo que nunca acabó de pasar. En las municipales de mayo de 2023, Junts perdió votos, pero consiguió imponerse como primera fuerza en Barcelona de la mano de Xavier Trias. La situación en el ayuntamiento era enrevesada pues, para quitarle la vara municipal al exconvergente, solo servia un extraño pacto a tres que pusiese de acuerdo a PSC, Comuns y PP. Sin embargo esa operación acabó fructificando en torno a Jaume Collboni. Trias acabaría acusando a Illa y el alcalde de haberlo engañado.

Perdida Barcelona, el Govern y buena parte de las capitales de comarca, en las siguientes elecciones, primero generales y después autonómicas, Junts solo pudo esconder sus malos resultados poniéndolos en comparación con unos números aún más nefastos para ERC.

La situación actual del partido no es demasiado prometedora. En Parlament lidera la oposición, un espacio que, según el análisis que la propia Junts hace, les da poca visibilidad en el debate político catalán. Puigdemont trató de remediar esa situación en el último debate de política general, cuando exigió que el PSC de Salvador Illa votara algunas de sus propuestas como muestra de buena voluntad para un posible acercamiento. En Junts hablaban incluso de la posibilidad de mirarse los presupuestos catalanes con otros ojos. Pero la oferta no cuajó.

En el mundo municipal, Junts solo conserva ahora la alcaldía de una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, donde gobiernan con ERC. Tiene otros seis alcaldes en ciudades de más de 25.000 habitantes, cuatro de ellas capitales de comarca, como son Figueres, Vic, Igualada y Olot. Cuentan también con varios primeros ediles en ciudades medianas en la comarca del Maresme, además de la presidencia de la Diputación de Girona.

Pocas más líneas tiene la actual cuenta de resultados de un partido que llegó a parecer una dinastía pero que en los últimos años no ha parado de encoger hasta quedar en una posición bastante menguada. No queda nada de aquella apuesta por convertirse en una especie de movimiento social con el Consell per la República como bastión. Tampoco es hoy relevante el espacio internacional abierto por el equipo de Puigdemont en el plano político o judicial, en el que tantas esperanzas depositaron.

Junts, sobre todo desde la llegada de Jordi Turull a la sala de máquinas, es ahora un partido de toda la vida, de los que valen tanto como representación consiguen. La paradoja es que el ocaso institucional de Junts es una realidad con la que Puigdemont debe lidiar mientras, a la vez, hace frente al crecimiento entre su electorado de una formación como Aliança, que actúa como si enmendase la institucionalidad tradicional.