Los médicos subcontratados por las mutuas de prevención para detectar cuanto antes indicios de silicosis entre los trabajadores de Cosentino no diagnosticaron la enfermedad cuando ya podían hacerlo, de modo que estos siguieron cortando y puliendo encimeras para la multinacional almeriense cuando ya estaban desarrollando los nódulos pulmonares. Esto les provocó el “agravamiento evitable” de sus condiciones de salud. Todos esos trabajadores sufren hoy silicosis crónica, en varios casos del tipo “complicado”.

Esta es la conclusión a la que ha llegado una médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML). La jueza Adriana Álvarez, titular del juzgado de instrucción 2 de Huércal-Overa, había encargado a este organismo público (dependiente del Ministerio de Justicia) un informe que respondiera a dos cuestiones relativas a la silicosis que sufren varios extrabajadores de Cosentino. La primera: “La posibilidad de diagnóstico previo por parte de los mencionados médicos considerando las pruebas médicas que les realizaban”. La respuesta es sí: podían haberlo diagnosticado. La segunda: “Consecuencias en cuanto al posible agravamiento del estado de salud de los trabajadores afectados derivados del diagnóstico tardío”. La respuesta también es sí: el retraso tuvo consecuencias gravosas para su salud.

La jueza investiga si los médicos de los servicios de vigilancia de la salud contratados por Cosentino a mediados de la pasada década (Quirón Prevención, Aspy Prevención) y Mutua Universal, que cubría los riesgos, incurrieron en mala praxis al no diagnosticar o diagnosticar tardíamente la silicosis de al menos siete trabajadores de la fábrica de la multinacional en Cantoria (Almería). Están investigados tres doctores, la mutua y los servicios de prevención, no así Cosentino, por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Aspy discrepa frontalmente de las conclusiones del IML, a las que achaca un “claro sesgo cognitivo” consistente en evaluar la exposición al riesgo de hace diez años a la luz del conocimiento médico y la normativa de hoy. “Se basan en un estándar que no estuvo vigente mientras Aspy actuó para Cosentino [2012-2017] y aluden a una prueba, el TCAR, que el Protocolo de 2001 descartaba”, señalan desde sus servicios jurídicos, que subrayan que Aspy aplicó “todo el conocimiento y medios disponibles” en aquella época y rechazan que fuera “probable” diagnosticarles silicosis en aquel momento. “No es cierto que existieran indicios de la enfermedad”, aseguran, al tiempo que explican que los servicios de prevención de Cosentino trasladaban que el entorno laboral era seguro gracias al “uso estricto de EPIs”.  

Quirón Prevención ha rechazado comentar con este periódico los informes por estar en sede judicial. Cosentino, que no está investigada pero para la que trabajaban los siete querellantes, también ha declinado su participación en la información de este medio.

La silicosis se caracteriza por la aparición de nódulos fibróticos en los pulmones como consecuencia de la aspiración de pequeñas partículas, en este caso de sílice cristalina. Es una enfermedad progresiva e incurable. La silicosis desarrollada por cientos de trabajadores que trabajaron con los aglomerados de cuarzo, entre ellos decenas en Cosentino, es especialmente agresiva y rápida porque el polvo que desprende el aglomerado al cortar o pulir tiene una concentración de sílice que supera el 90%. Esas micropartículas se clavan en los alveolos pulmonares como cuchillos cuando son inhaladas.

El origen de la causa está en una querella presentada en 2021 por cinco de empleados de Cosentino, a la que luego se han sumado otros dos, en la que se responsabiliza a médicos y servicios de prevención de la empresa de un delito de lesiones por omisión imprudente. Los informes del IML, a los que este medio ha tenido acceso, son la clave a la que se supeditaba el avance de la investigación judicial.

“Exposición adicional e innecesaria”

La doctora del IML que firma los siete informes llega a la misma conclusión en todos los casos. “Se considera probable la posibilidad de diagnóstico previo, considerando los medios con los que se contaba” y “La dilación diagnóstica provocó un agravamiento evitable de su estado de salud al mantenerlo expuesto al agente causal”.

Los siete trabajadores tienen hoy entre 40 y 60 años. Llevaban en torno a 20 en la empresa en tareas de producción (operario de prensa, pulido, mezcladora, silos…) cuando fueron diagnosticados, entre 2019 y 2020. Las radiografías mostraban “repetidamente” anomalías en los pulmones desde 2014, cinco años antes, pero no fueron los servicios de prevención, que debían revisar su salud cada año, los que emitieron el diagnóstico. Por el contrario, minimizaron su relevancia (“algunos nodulillos sin significación patológica”), de modo que estos “hallazgos persistentes” no se interpretaban como sospechosos ni se solicitaba un TCAR (TC de alta resolución), como marca el protocolo de vigilancia aprobado en 2019 y recomendaba el documento médico de consenso de 2015.

Según expone la médica del IML, tampoco llevaban “rigurosamente” el control anual obligatorio mediante prueba de imagen, lo que ya sugiere una “posible dilación en el diagnóstico”. Según los protocolos, la aparición de un solo caso debe considerarse una “alerta de silicosis”, “obligando a intensificar el control sobre el resto de la plantilla”.

El resultado es que para estos trabajadores todo seguía igual, mientras la enfermedad crecía en sus pulmones. “Al emitir un ”APTO“ sin restricciones, se ignoró la necesidad de aplicar un criterio de mayor protección”, censura ahora la profesional del IML, quien concluye que el servicio de prevención, “falló en su misión” de prevenir.

Varios enfermos insistieron a los médicos de la mutua para que revisaran sus radiografías, pero ante el rechazo en diagnosticarles silicosis tuvieron que desplazarse cientos de kilómetros para que otro profesional lo hiciese, tal y como informó este medio en su día. Algunos fueron al Hospital de Baza (Granada), otros al Hospital La Inmaculada o al Virgen de las Nieves (Granada), algunos al Puerta del Mar (Cádiz) y otros incluso al Instituto Nacional de la Seguridad Social (–INS– Oviedo).

“Esta exposición adicional e innecesaria es el principal factor que contribuye a la progresión de la fibrosis pulmonar, pudiendo acelerar el paso de una silicosis simple a una complicada”, concluye la doctora, quien se ha basado en entrevistas con los afectados, la documentación clínica y los protocolos médicos, tanto el de vigilancia de silicosis (aprobado por el Ministerio de Sanidad, 2020) como el Programa Integral de Silicosis de Andalucía (el llamado PISA, 2017-2021).

En uno de los casos, la médico del IML recoge “el envío de la información sesgada” al INS, que llevó a este a descartar inicialmente la silicosis. En otro, señala: “Impresiona que se trate de un error en la 'sospecha diagnóstica'”. Como se ahogaba, el hombre tuvo que acudir a Urgencias, aportar informes y diagnósticos de otros especialistas, que confirmaron que ya sufría silicosis crónica complicada. Hoy tiene la incapacidad permanente absoluta.

Investigación condicionada a los informes

Desde que se abriera en diciembre de 2021, la investigación ante el juzgado de Huércal-Overa ha discurrido con parsimonia, condicionada por la rotación de jueces. El juzgado solicitó al IML un informe de cada trabajador en febrero de 2023, acordó la prórroga de la instrucción en varias ocasiones a la espera de recibirlos, y el 1 de abril de 2025 reiteró la petición urgente al IML. Nueve días después la jueza dio por zanjada la investigación sin haber tenido noticias del IML ni explicar por qué cambiaba abruptamente de criterio.

Los trabajadores recurrieron, alegando que no entendían que se archivara sin esperar las conclusiones de unos informes a las que la propia jueza había calificado como “de suma importancia”, y a cuya recepción había condicionado la práctica de otras diligencias. La Audiencia Provincial obligó a reabrir al menos hasta tener los dictámenes del IML, algo que ocurrió a principios de noviembre.

Ahora, con esos informes en la mano, la jueza ha acordado citar como testigos a un médico de familia de Tíjola que sí diagnosticó silicosis cuando los de la Mutua no lo hacían, tres radiólogos y un sindicalista que facilitó que varios trabajadores se desplazaran a Oviedo, al INS, donde sí les diagnosticaron lo que los médicos de prevención no.

La silicosis en Cosentino

La instalación de encimeras de aglomerados de cuarzo vivió un boom en la primera década del siglo del que se benefició singularmente Cosentino, fabricante del popular Silestone. En apenas unos años la empresa pasó de ser una marmolería casi familiar a una multinacional que se anunciaba en la Superbowl. En 2023 facturó más de 1.460 millones de euros y contaba más de 6.000 empleados.

El material de sus encimeras fue durante muchos años un aglomerado de cuarzo o sílice cristalina llamado Silestone. Una masa compactada con resina resistente, dura, poco porosa, que se limpia fácil y luce vistosa en una amplia gama de colores. Ideal para las cocinas de media España.

El problema es que al cortarse o pulirse desprendía un polvo mortal, porque más del 92% era sílice libre cristalina. Cosentino entregaba las tablas a marmolerías, muchas de las cuales no adaptaron medidas preventivas suficientes (humidificación, extracción, protección individual) para evitar que sus trabajadores inhalaran el polvo en suspensión.

La epidemia de silicosis empezó a aflorar a finales de la pasada década, convirtiendo la enfermedad de un día para otro en la principal de carácter profesional en Andalucía. Chiclana (Cádiz) o Montemayor (Córdoba) concentraban gran parte de las marmolerías que en Andalucía trabajaban el Silestone o el Ceasarstone (de Levantina).

En febrero de 2023, Francisco Martínez-Cosentino llegó a un acuerdo para reconocer en juicio que no informó a suficientemente a una marmolería de los riesgos de tratar el material. Fue condenado a seis meses de prisión. Hoy, la empresa ha reducido el contenido de sílice libre cristalina en sus encimeras por debajo del 10%. Australia se convirtió hace dos años en el primer país en prohibir este tipo de encimeras. Sanidad es partidaria de abrir el debate en España.

Cosentino asegura que en sus fábricas siempre se cumplió la ley y que contaban con mecanismos de prevención que se han ido perfeccionando. En febrero de 2019 respondió a este medio que los “registros oficiales” recogían “un número inferior a 25 casos de silicosis” en sus instalaciones durante 30 años. Por entonces ya habían fallecido al menos dos extrabajadores y la empresa superaba los 4.000 empleados.

Apenas dos años después, el informe de ejecución del Programa Integral de Silicosis de Andalucía recogía 95 casos de silicosis comunicados en el “corte, tallado y acabado de la piedra” en Andalucía entre 2019 y el 30 de noviembre de 2021 en Cosentino.

La investigación judicial abierta ahora apunta a que el impacto de la enfermedad en la empresa pudo minimizarse por la mala praxis médica, retrasando o evitando diagnósticos “probables” de silicosis. Por aquellos años, la empresa llegaba a acuerdos con trabajadores a los que pagaba cuantiosas indemnizaciones a cambio de confidencialidad, lo que también rebajaba los “registros oficiales”.

Cosentino, la multinacional famosa por sus encimeras de aglomerado de cuarzo, ha lanzado la Fundación Premin, “para la prevención, mitigación e investigación de la silicosis”, que incluye a una asociación de víctimas y a profesionales de la marmolería, entre otros actores. La multinacional, que reconoció en los tribunales que no facilitó la información necesaria a marmolistas que enfermaron de silicosis, da este paso para ser “referente en la lucha contra las enfermedades profesionales”. Trabajadores enfermos y algunos investigadores destacados que estudian esta patología recelan de la iniciativa. “Es un paripé”, dice Fernando Arévalo, exempleado de la fábrica de Cosentino en Almería con silicosis y presidente de una nueva asociación de afectados (ASAC).

Cosentino anunció la Fundación Premin con una nota de prensa el pasado 7 de marzo y este miércoles pretende nombrar a su dirección. En los últimos años, la multinacional está afrontando un problema que impacta directamente en su negocio. Es lo que muchos llaman la “epidemia silenciosa” de la silicosis, enfermedad por exposición al sílice (que contienen sus encimeras, entre otros materiales), y que ha registrado a una explosión de trabajadores enfermos en España, con 500 nuevos casos registrados en el último año.

Un reciente informe del Ministerio de Sanidad, La remergencia de la silicosis en España, presentado hace unos días en Madrid con una amplia presencia de los profesionales e investigadores con más experiencia en esta enfermedad, aboga por abrir el debate para prohibir el cuarzo de las encimeras, como ya ha hecho Australia. En Cosentino, que facturó el año pasado 1.464 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 66 millones, sostienen que “los aglomerados de cuarzo se pueden trabajar de forma segura”, aunque la empresa añade que está “reduciendo el contenido de sílice cristalina en sus productos”, con gamas por debajo del “40%” y “entre el 10% y el 1%”.

La compañía señala que van a lanzar “una nueva línea de producto con cero sílice cristalina”, por lo tanto sin los componentes que provocan efectos nocivos contra la salud, a partir de la investigación en el desarrollo de su tecnología 'Inlayr Design'.

“La Fundación Premin no es una iniciativa particular de Cosentino sino la materialización de la confluencia de voluntades de los distintos agentes de la industria para hacer frente de forma holística a esta enfermedad profesional. Afectados, patronal de marmolistas, centros tecnológicos de referencia, fabricantes de materiales, entidades referentes en minería y comunidad médica afrontan la lucha contra la silicosis con un enfoque amplio que incluye la prevención, la mitigación y la investigación”, responden desde la multinacional.

La iniciativa ha partido de Cosentino, según multitud de fuentes consultadas. “Sabemos que Cosentino hacía ya tiempo que quería crear esta mesa de trabajo, pero quería contar con todos los agentes implicados”, explica Francisco Torrico, presidente de la única asociación de afectados que se ha sumado a Premin, la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía (APSA).

ANAES (Asociación Nacional de Personas Afectadas y Enfermedad por Silicosis), más antigua y con un gran número de asociados sobre todo en Chiclana, Cádiz, no forma parte de la Fundación Premin. Tampoco la nueva asociación ASAC, de trabajadores y extrabajadores enfermos de silicosis de la fábrica de Cosentino en Almería. Estos últimos son muy críticos con la asociación presidida por Francisco Torrico, que colabora con Cosentino tras un acuerdo alcanzado en 2023.

“APSA no se ha centrado en los trabajadores de Cosentino afectado por silicosis. Nuestra sensación es que la empresa le ha dicho que se aparte. Nació para eso, pero lo que hicieron fueron evadirse de la fábrica de Cosentino y centrarse en que el problema está en las marmolerías de Córdoba. Por eso hemos nacido nosotros”, afirma Fernando Arévalo, sobre el nacimiento de ASAC.  

“A los detractores les digo que qué quieren. ¿Que se sigan haciendo las cosas como hasta ahora, sin la voz de los perjudicados por la silicosis? Los afectados tenemos que estar en toda mesa que se hable de este tema”, dice Torrico, que no acudió a las jornadas sobre la remergencia de la silicosis organizadas por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) porque afirma que ya había asistido a la presentación del informe en Granada y tenía “entrevistas” con dos televisiones.

Por su parte, en Cosentino destacan que “si trabajan todas las partes en una misma línea se pueden conseguir grandes mejoras”. “En ningún caso, pretende sustituir el papel de las administraciones, sino sumar desde la experiencia de los distintos grupos que mejor conocemos las industrias que se ven afectadas, como son la minería, la piedra natural, como el granito y la pizarra, y la elaboración”, indican sobre los fines de Premin, sin mencionar los aglomerados de cuarzo, que están detrás de una parte muy importante del auge de enfermos de silicosis de los últimos años, según el reciente estudio de Sanidad.

Francisco Torrico explica que su asociación (APSA) está haciendo un estudio sobre el impacto psicológico en las personas afectadas por silicosis, con la Universidad de Sevilla y “financiado por Cosentino”, “que la gente se va a llevar las manos a la cabeza” con los resultados. A preguntas de este medio, Torrico dice que está centrado en trabajadores del sector de las marmolerías y que “Cosentino no permite hacer los test” en la fábrica de la multinacional: “Cada vez que lo he intentado siempre he recibido por respuesta que ellos tienen sus psicólogos y que están súper abastecidos, que no necesitan que entremos allí para nada”. Sobre si no es raro este impedimento, el presidente de APSA indica: “Claro que me extraña y eso se verá reflejado en lo que se publique. ¿Pero qué quieres que haga? A mí me están financiando un estudio y, si no quieren que lo hagamos en su empresa, pues así lo haremos constar”.

“Esto ya lo conocemos. Es la estrategia de Cosentino de siempre. Un muro de contención, para hacer el paripé de que allí no existe problema, que están poniendo soluciones y que no hay problema de silicosis. Ese es el objetivo de Premin”, considera Fernando Arévalo. El abogado vinculado a la asociación ASAC, Raúl Carballedo, que representa a Arévalo y a otros trabajadores afectados por silicosis, lo denomina más bien “caballo de Troya”: “Nuestro mayor temor es que ponga en peligro avances para parar el auge de esta enfermedad”.

En sus estatutos, a cuyo borrador ha tenido acceso este medio, la Fundación Premin se propone “mejorar la salud y seguridad laboral de los trabajadores expuestos al polvo de sílice”, “brindar apoyo integral a los afectados”, “promover y financiar investigaciones médicas y tecnológicas” en esta patología e “involucrar a Administraciones públicas” para “desarrollar las modificaciones legislativas que resulten necesarias”, entre otros objetivos.

“¿Cómo encaja esto cuando en la práctica Cosentino lleva a cabo una política constante de impugnación de derechos de trabajadores enfermos de silicosis, como puede ser una determinación de contingencia de una baja, una incapacidad por enfermedad profesional o el recargo de prestaciones de los empleados?”, indica el abogado Raúl Carballedo. En la multinacional responden que “los tribunales han venido decidiendo en varias resoluciones la falta de responsabilidad de Cosentino respecto de la figura jurídica del recargo de prestaciones”, por lo que evalúan “cada resolución administrativa” y, “cuando se considera que las mismas no se ajustan a Derecho, se acude a la vía judicial”.

Un exministro del PP para liderar y “cambiar la normativa”

Cosentino anunció en la nota de prensa que “el proyecto de Fundación viene apoyado por figuras tan relevantes como el exministro de Trabajo Manuel Pimentel y el doctor José Luis Álvarez-Sala, uno de los mayores referentes en materia de neumología”. El primero, exministro del PP con el Gobierno de Aznar, del que dimitió, va a ser previsiblemente quien lidere el proyecto, una decisión que se tomará el próximo 9 de abril.

“Pimentel es una persona que no cae mal a nadie, no hay nadie que esté muy en contra de él. Con lo cual vamos a utilizar eso para hacer el acercamiento político donde haya que hacerlo. Posiblemente, también de mano de Cosentino y de mano de la minería española, vamos a intentar conseguir cambiar normativas que están obsoletas en este país y que nadie ha cambiado”, dice Francisco Torrico.

Manuel Pimentel, aunque con prudencia hasta la votación del miércoles, responde a este medio que se interesó por el proyecto porque en su día hizo “la transposición de la Directiva de Seguridad y Salud en el Trabajo”: “Y la verdad que es un tema, los casos de silicosis que fueron saliendo, creo que hay que trabajar en ello”. Por ello, cuando fue contactado por “Cosentino y otras partes”, aceptó participar en la Fundación, indica.

Sobre los temores de los afectados sobre la fundación impulsada por la propia multinacional, Manuel Pimentel considera que la iniciativa “habla bien de Cosentino, que está concienciado e intentar aportar”. “No solo está Cosentino, está un instituto de Murcia, empresarios mineros de otras ramas de piedras, los que les afecta esto y que van a intentar mitigarlo. Ojalá que todas las empresas se dedicaran a solucionar el problema. Me parece una iniciativa brillante”, responde el exministro de Trabajo.

El Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales de Murcia, que menciona Pimentel y que Cosentino destaca como una “institución dedicada a la innovación y la formación en el sector de la piedra”, es una asociación empresarial, según consta en sus estatutos. Entre las compañías asociadas a este centro figura Cosentino, de la que recibe fondos. La multinacional subraya que se trata de “un centro independiente de reconocido prestigio en nuestro sector” e indica que “no financia” el centro, aunque reconoce que paga “una cuota anual”. En el Centro Tecnológico no han respondido a las consultas de este medio.

Por su parte, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) confirma que desde Premin ya se han puesto en contacto con el organismo público “con la voluntad de colaborar”. “El marco de relación del INSST en este asunto es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (de la que también forman parte, además de expertos y expertas del INSST, representantes sindicales, empresariales y de las comunidades autónomas)”, responden en el instituto dependiente del Ministerio de Trabajo.

Aunque los estatutos de Premin también destacan la voluntad de trabajar con los agentes sociales, en los sindicatos mayoritarios responden que tampoco colaboran con la fundación. “Formalmente Cosentino no nos ha hecho ninguna invitación de participar, al menos a UGT”, responde Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral del sindicato, que indica que están dispuestos a “escuchar”, pero también reconoce que “hay dudas de la finalidad o la intención de esta fundación”: “No solo porque no protegieran en el pasado, como está reconocido en una sentencia judicial, sino porque todavía no se protege. Aún hoy no se está haciendo todo el trabajo que se debiera para proteger y para resarcir a los trabajadores”. En CCOO se limitan a responder que “no participan en la fundación” y que están “en proceso de observación”.

Fichajes fallidos y recelos de investigadores

La otra personalidad destacada por Cosentino en su nota por su respaldo a la Fundación Premin, el doctor José Luis Álvarez-Sala Walther, catedrático y expresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), ha rechazado a El País que este apoyo esté cerrado. elDiario.es ha tratado de recabar su testimonio al respecto, pero el catedrático ha declinado responder. Este medio sí ha podido constatar que Álvarez-Sala Walther estuvo presente en la sesión fundacional de Premin, junto con dos neumólogos de su antiguo servicio de neumología del Hospital Clínico de Madrid. Según indican varios investigadores a este medio, ninguno de los tres neumólogos están especializados, ni han centrado sus carreras profesionales en la silicosis.

“El Doctor Alvarez-Sala participó en la sesión fundacional de Premin. Hasta que los patronos no aprueben los proyectos que se llevarán a cabo no se puede concretar su participación. Entendemos que por su trayectoria profesional su aportación será de gran valor para la fundación”, responden en Cosentino.

La multinacional intentó sumar a la Separ a la Fundación Premin, pero la sociedad científica rechazó su participación. “Es una organización empresarial, que tendrá sus objetivos, pero es que esos objetivos de prevención, formación e investigación ya los hace la SEPAR, no necesita aliarse a un grupo empresarial”, responde la doctora Sandra Dorado, coordinadora del departamento de neumología ambiental y ocupacional de la sociedad. “La Separ favorece la investigación propia y se reúne con la Administración porque es quien ha de favorecer las estrategias preventivas”, añade Dorado.

En Cosentino también contactaron con el doctor Antonio León, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, para que se uniera a Premin. León se limita a responder que rechazó la oferta. “Tengo mi línea de financiación, de becas, y desde luego nadie va a influir en lo que haga”, indica el neumólogo, que destaca que la silicosis es “un gran problema de salud laboral, de los prioritarios a nivel nacional”.

“Sé lo que han hecho históricamente las industrias tóxicas”

Mucho más crítico es Alfredo Menéndez, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del estudio de La remergencia de la silicosis en España, que no ha sido contactado para sumarse a la fundación. “Yo no sé lo que va a pasar con Premin, pero sí sé lo que han hecho históricamente las industrias tóxicas, como por ejemplo la del tabaco o, la que mejor conozco, la del amianto”, advierte.

“Desde que empieza a haber un cuestionamiento público del amianto, la industria empieza a crear este tipo de instituciones o fundaciones de investigación. El caso mejor estudiado es el Asbestosis Research Council, creado en 1957 y financiado por las industrias, que tiene muchas funciones en Gran Bretaña, pero que fundamentalmente lo que sirve es para generar una información científica que confunda. Que se cuestionen las evidencias y los consensos científicos con el propósito de retrasar la adopción de normativa, favorecer una imagen positiva del producto y minusvalorar los posibles efectos a la salud”, sostiene Menéndez.

El catedrático de la Universidad de Granada considera que “la investigación médica sobre los riesgos a la salud de un material no debe ser financiada por la empresa que lo fabrica o lo transforma porque existe un evidente conflicto de interés. Los fabricantes pueden proporcionar información precisa, por ejemplo, sobre el contenido del producto, en lugar de tener que hacer investigaciones muy costosas con dinero público para ello”.

Alfredo Menéndez recuerda que hay un intento fallido previo de Cosentino, similar a esta iniciativa, un Centro Andaluz de Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral (Caerol) acordado en 2022 con la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, que no llegó a salir adelante. “Pusimos de manifiesto el conflicto de interés. Por ejemplo, aludimos al convenio de la OMS que prohíbe que las industrias tabaqueras puedan financiar cuestiones relacionadas con salud pública”, explica el catedrático.

Entonces, en 2022, Francisco Torrico puso el grito en el cielo ante la iniciativa del Caerol: “Lo que más nos indigna es que se haga en colaboración con la empresa que es precisamente la que está provocando la silicosis. No entendemos eso”. Hoy, el presidente de APSA indica que “paralizó un poco el proyecto” porque “ahí sí había realmente una clarísima intención de que aquello fuese al servicio de Cosentino y para eso iba a financiarlo”. Ahora, Torrico afirma que hay “un antes y un después” de la multinacional tras la sentencia de Vigo en la que reconoció su responsabilidad en la enfermedad de silicosis de varios marmolistas y defiende la nueva Fundación Premin lanzada por el gigante del silestone.

La silicosis, una enfermedad respiratoria incurable de origen profesional causada por la inhalación de sílice cristalina, ha resurgido en España en las últimas dos décadas con un aumento acusado de casos, produciéndose desde 2007 hasta 2024 una notificación de 5.930 partes, 520 de ellos el pasado año, que suponen el máximo anual registrado hasta la actualidad, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Este repunte ha propiciado que diferentes agencias sanitarias hayan empezado a reevaluar en la última década los riesgos de la sílice cristalina respirable. El pasado año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe 'La reemergencia de la silicosis en España', cuyos resultados se han presentado este jueves en una jornada organizada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y recogida por Europa Press.

“España es uno de los países en los que se ha producido una reemergencia de la silicosis de forma más intensa durante el siglo XXI”, ha advertido la directora del Centro de Nuevas Tecnologías del INSST, Olga Sebastián, en relación con los resultados del informe sobre la silicosis, que es la enfermedad profesional más antigua conocida, de carácter irreversible y considerada incapacitante.

La silicosis se ha asociado de forma tradicional con el sector de la minería, pero el repunte de las últimas décadas ha extendido su origen, fundamentalmente, a la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra artificial, utilizados en encimeras de cocina y baños, y también a la construcción, a la metalurgia y a otros tipos de minería no metálica ni relacionada con la extracción energética.

“Hoy sabemos que la exposición a la sílice cristalina respirable no solo provoca silicosis, sino que también está implicada en ciertos procesos como el cáncer de pulmón, enfermedades inmunomediadas y otras patologías respiratorias y vasculares”, ha detallado el subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Santiago González, quien ha apuntado que, en los últimos seis años, se han diagnosticado 46 casos de cáncer de pulmón por exposición a silicosis; 19 de ellos en 2024.

España no ha llegado a una meseta

La investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia Catherine Cavalin, una de las autoras del informe de Sanidad, ha señalado que la media anual de partes por silicosis sigue creciendo, de forma que España no ha llegado todavía a una meseta, y la media anual de partes del último quinquenio es la más alta del periodo analizado.

En concreto, en el periodo 1990-2023, se notificaron 6.019 partes de enfermedad profesional causada por exposiciones a la sílice cristalina; 609 correspondientes al periodo 1990-2006 y 5.410 a 2007-2023. Entre 2020 y 2023 se han registrado un total de 1.601 partes, que supone una media anual de 400,2 partes durante el cuatrienio, una cifra similar a los 404,2 partes anuales registrados en el quinquenio 2015-2019.

Además, las conclusiones del informe revelan que hay más personas afectadas entre los hombres que entre las mujeres, algo “esperable” debido a que en los sectores laborales en los que se origina esta enfermedad trabajan predominantemente hombres. Otro resultado, “no tan esperado”, es que afecta más a hombres jóvenes, por debajo de los 50 años. “Vemos que en el periodo realmente de reemergencia, en 2007-2019, más del 50 por ciento de los partes que se refieren a hombres, son de hombres entre 30 y 49 años”, ha precisado Cavalin.

Centrándose en el periodo 1990-2019, en el que se comunicaron 4.418 partes, el estudio apunta que Galicia fue la comunidad autónoma que concentró el mayor número de casos, con 1.454 (32,9%), seguida de Castilla y León, con 619 (14%), y de Andalucía, con 455 (10,3%).

Procesos asistenciales

Por su parte, el análisis de los procesos asistenciales por silicosis entre 1997 y 2020 confirma el fenómeno de la reemergencia de la silicosis en España. En total, hay 111.325 registros de procesos asistenciales entre estos años, de los que el 95,7 por ciento reflejan la silicosis como diagnóstico secundario y el 4,3 por ciento como diagnóstico principal.

Los trabajadores expuestos a la sílice cristalina pueden desarrollar otras enfermedades, como patologías respiratorias, cardíacas o cáncer de pulmón. Las enfermedades concurrentes más frecuentes son las inmunomediadas, como la artritis reumatoide, el lupues sistémico o la esclerodermia sistémica.

“Lo que vemos es que, en el 40 por ciento de los casos, cuando el diagnóstico secundario es de silicosis, se combina con la artritis reumatoide y, en un 60 por ciento de los casos, con otras enfermedades inmunomediadas. Y, cuando la silicosis es el diagnóstico principal, más del 50 por ciento de los casos son combinaciones con artritis reumatoide, mientras que el resto son otras enfermedades inmunomediadas”, ha señalado Catherine Cavalin.

Asimismo, en el estudio se observa que los costes sanitarios directos de la asistencia a los casos de silicosis corren a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS), que financió el 97,5 por ciento de los procesos asistenciales entre 1997 y 2020, mientras que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social financian el 0,5 por ciento de los procesos.

Finalmente, el estudio de la mortalidad entre 1990 y 2020 muestra que se registraron un total de 4.418 defunciones con diagnósticos relacionados a la silicosis. Los hombres representan el 98,5 por ciento de estas defunciones, una gran mayoría de las cuales (93,7%) se registraron por encima de los 60 años.

Las 4.350 defunciones en hombres presentan una media anual de 140, habiendo sido el máximo registrado en 1991, con 222 defunciones, y el mínimo en 2014, con 63 defunciones. La tendencia es descendente a lo largo de todo el periodo estudiado, con un tramo significativo después de 2000. Por su parte, las 68 defunciones registradas para las mujeres indican una media de 2,2 defunciones anuales, con un máximo de seis en 2004, y una tendencia ligeramente ascendente pero no significativa.

Recomendaciones

El informe incluye algunas recomendaciones para mejorar el conocimiento sobre la silicosis en España y su abordaje. En este sentido, pide considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales, que constituyen el principal sector de origen de la silicosis, siguiendo el ejemplo de otros países como Australia o California.

Además, aboga por seguir investigando acerca de la silicosis y de otras enfermedades laborales asociadas a la exposición a la sílice cristalina y profundizar en el estudio del impacto en las mujeres. Asimismo, sugiere extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de la reemergencia.

A este respecto, la jefa de Área de Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, Montserrat García, ha reclamado la elaboración de un plan similar al Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Amianto para la población expuesta al sílice.

Entre las recomendaciones del documento de Sanidad, también destaca la extensión del reconocimiento de enfermedad profesional causada por la sílice cristalina a enfermedades inmunomediadas sistémicas, tales como la esclerodermia sistémica, la artritis reumatoide o el lupus sistémico.

“España se ha convertido en una de las zonas cero de la epidemia de silicosis observada en la última década y media entre los trabajadores de los aglomerados de cuarzo”. Con esta contundencia se expresa el informe del Ministerio de Sanidad titulado La remergencia de la Silicosis en España, que recoge los datos actualizados hasta 2024 sobre la alarmante evolución esta enfermedad respiratoria en España, impulsada en su mayor parte por el trabajo con encimeras con un alto contenido en sílice cristalina. 

El informe señala un crecimiento acusado de casos desde 2007, hasta alcanzar una media de 404,2 partes anuales por esta enfermedad en el periodo 2015-2019, un 1.423,2% de aumento respecto a la serie 1990-1994. En concreto, desde 2007 a 2024 se han comunicado en España 5.900 partes por silicosis, con un pico por encima de los 500 casos en el año 2024, tal y como adelantó elDiario.es. Ante esta situación, los autores del documento recomiendan considerar la prohibición del material, como han hecho las autoridades australianas y como reclamaban recientemente expertos británicos.

Considerar la prohibición

“Dado que España es el país occidental que ha experimentado la más precoz e intensa remergencia de la silicosis en el siglo XXI, recomendamos estudiar con detenimiento los procesos puestos en marcha en otros países para considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo (Australia, 2023) o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales (California, 2024)”, señalan los autores del informe. El texto destaca que la experiencia australiana ofrece un modelo de abordaje del problema y de implementación del principio de precaución “que nos recuerda que las políticas de salud pública y laboral no tienen que resignarse permanentemente al manejo de sustancias tóxicas en el trabajo y a la posterior e insuficiente compensación del daño”.

“En el informe se recomienda plantear el debate y esa es sin duda una medida que habrá que considerar”, asegura Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del documento, consultado por la prohibición. “Es un diagnóstico para que nadie siga posponiendo la toma de decisiones por falta de conocimiento del problema”. En todo caso, advierte, será el Grupo de Trabajo Sílice Cristalina construido dentro de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo donde las administraciones y los agentes sociales deberán pronunciarse sobre el tema. 

Es un diagnóstico para que nadie siga posponiendo la toma de decisiones por falta de conocimiento del problema

Alfredo Menéndez Navarro — Catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del informe

En un documento anterior, Menéndez y Catherine Cavalin, investigadora del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) en París, calificaban la prohibición australiana como “modélica”, por la forma en que se gestó la decisión, su “sólida fundamentación científica y sociolaboral, y por la aplicación del principio de precaución”. Un reciente editorial de la revista Archivos de Bronconeumología apuntaba en el mismo sentido. “Es urgente considerar medidas firmes, que incluyan la prohibición de aquellos tipos de piedra artificial que ya han demostrado un alto grado de toxicidad, o que se espera que lo hagan en base a su composición”, señalaban sus autores.  

“Es preciso poner en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar (médico, técnico, legal, agentes sociales...), para abordar este problema y tomar las medidas más adecuadas teniendo como objetivo principal evitar la merma de salud en los trabajadores”, sostiene Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). “En la actualidad la silicosis en España es un problema de salud pública”.

La silicosis en España es un problema de salud pública . Es preciso poner en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar para abordarlo

Cristina Martínez — Experta en silicosis y miembro de SEPAR

Antonio León Jiménez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, se manifiesta en la misma línea. “Creo que es muy acertado estudiar la prohibición de las encimeras de sílice y además establecer una vía para llegar a conocer la composición concreta del material con el que se sustituye y todo lo que componen estos tableros”, asegura. “Muchos tienen entre un 10 y un 20% de resina y liberan compuestos orgánicos volátiles o aluminio que llegan a las vías respiratorias y también pueden causar daño”.

Cosentino, en el punto de mira

Las alarmantes cifras apuntan a la industria de los conglomerados de cuarzo y a empresas líderes en el sector como la israelí Caesarstone o la española Cosentino, que ya ha tenido algunos litigios legales en nuestro país por las consecuencias del uso de este material en los trabajadores. “El sector con mayor crecimiento ha sido la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, que ha acumulado el 50% de los partes en todo el periodo de estudio”, indica el documento. Entre 2007 y 2019, la inmensa mayoría (el 93,4%) de los partes de este sector correspondieron al Corte, tallado y acabado de la piedra, actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y las que procesan piedra natural.

La experiencia australiana nos recuerda que las políticas de salud pública y laboral no tienen que resignarse permanentemente al manejo de sustancias tóxicas en el trabajo

'La remergencia de la Silicosis en España' — Ministerio de Sanidad

Tras su introducción en el mercado a comienzos de los años 1990, el consumo de los aglomerados de cuarzo creció durante el boom de la construcción, escriben los autores. “Ello ha implicado un incremento del riesgo de exposición a sílice cristalina en los centros de producción, en los talleres en los que se mecanizan y en la edificación residencial en la que se instalan”. Por otro lado, incide el informe, “los procesos asistenciales por diagnóstico principal están concentrados en territorios donde tienen mayor presencia los nuevos sectores de riesgo que contribuyen a la remergencia de la silicosis en España”.

El informe también hace hincapié en el crecimiento del número de trabajadores jóvenes atendidos por estas afecciones, llama la atención sobre la asociación entre las exposiciones a la sílice y los casos de cáncer de pulmón, recomienda reconocer el origen laboral de esta enfermedad y extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de este pico de casos. 

Desde la empresa Cosentino insisten en que los aglomerados de cuarzo, como cualquier otro producto que contiene sílice cristalina, puede ser trabajado de forma totalmente segura si se aplican las medidas sobradamente conocidas por todos los profesionales del sector. “Es la falta de aplicación de medidas de seguridad y no el producto lo que provoca la aparición de enfermedades profesionales”, aseguran fuentes de la compañía, que recuerdan que su actual gama de encimeras contiene menos del 40% de sílice y este verano lanzarán al mercado una nueva categoría con “cero sílice”.

Una nube blanca y un fuerte sonido de corte inundan una calle de Madrid. Cuando se disuelve la polvareda, emerge con claridad la figura del obrero, con la herramienta en mano para cortar un bloque de granito y sin ningún tipo de protección para la maniobra. Ni mascarilla, ni gafas, ni protección auditiva. Nada. “Ese polvo puede causar cáncer”, advierten los sindicatos sobre las partículas de sílice y alertan de que “por desgracia” la escena no es tan extraña de encontrar.

“A pesar de lo que dicen los empresarios, vemos incumplimientos muy generalizados de la ley de prevención de riesgos laborales”, sostiene Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.

“Lamentablemente, es normal”, coincide Pilar Ituero, responsable Salud Laboral FICA UGT. Sobre todo, en empresas pequeñas, sin representación de los trabajadores, y en obras de la construcción en las que la gran empresa externaliza trabajos en una contrata “y esa a su vez en otra subcontrata y en otra subcontrata”. “Al final, esto nos lleva a personas trabajadoras con falta de medidas de prevención y de formación” en ellas, lamenta Ituero.

El corte de granito sin protecciones detectado por elDiario.es se repitió en la misma obra pública de la capital en varias ocasiones, al menos entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre, como pudo comprobar este medio en tres días diferentes, en puntos distintos y que afectaba a varios trabajadores.

Se trata de la remodelación del Paseo de Usera hacia el Madrid Río, encargada por el Ayuntamiento de Madrid, que licitó y adjudicó por un valor de algo más de dos millones de euros, con financiación de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia.

La empresa adjudicataria se trata del Grupo Ortiz, una gran constructora con 32,5 millones de euros en beneficios en 2023, casi el doble que un año antes (13,7 millones de euros). Sin embargo, al pie de obra, hay personal de muchas subcontratas distintas, como advierten los sindicatos que es habitual en el sector.

Un riesgo más que conocido: cáncer y silicosis

“El polvo de sílice es un riesgo laboral más que comprobado”, explica Mariano Sanz, ya que está reconocido como agente cancerígeno y también como responsable de provocar silicosis. Ambas patologías están al alza, cada vez con más trabajadores enfermos, en lugar de reducirse las patologías, como debería ocurrir y sucede en muchas otras enfermedades profesionales. “La prevención está claro que está fallando”, subrayan en los sindicatos.

Hay especial alerta en el caso de la silicosis, más fácil de detectar y reconocer como enfermedad profesional. En el año 2000, se registraron 15 casos y este año “nos vamos a ir muy por encima de los 500 casos”, alertan en CCOO. Hasta octubre, se registran 436 enfermedades profesionales comunicadas por exposición al polvo de sílice y 15 cánceres por este motivo. Se trata de la segunda causa de cáncer profesional, por detrás del amianto (47), y en este caso sí que enfrenta un gran problema de infradeclaración, indican los sindicatos.

Debido a este peligro constatado, el polvo de sílice lleva aparejado una serie de medidas preventivas para proteger a los trabajadores, que deben adaptarse a cada caso. En esta situación detectada por elDiario.es, de corte de granito al aire libre, en CCOO explican que al no existir una instalación de extracción localizada, se debería cortar en húmedo, en un banco que lanza un chorro de agua en el punto de corte para reducir la emisión de polvo. Además, con protección respiratoria contra la aspiración del polvo de sílice, así como ocular, para evitar que entren partículas o esquirlas, y protección auditiva.

En el Consistorio que dirige José Luis Martínez -Almeida responden que, “como en cualquier otra obra, el Ayuntamiento nombra a un coordinador de seguridad y salud”. En el caso concreto de estas obras, “dicho coordinador ha exigido la adopción de medidas de protección para el corte de piezas de granito o materiales prefabricados”, indican estas fuentes.

Según el Ayuntamiento, en respuesta a su petición, el contratista colocó al comenzar los trabajos una mesa de corte con agua fuera de la obra para realizar la mayor parte de los cortes necesarios. “En la obra solo se realizan pequeños cortes con motivo de ajustes puntuales de colocación de alguna pieza”, indican.

El Ayuntamiento responsabiliza a los trabajadores

Esos cortes “puntuales” a pie de obra, como el detectado por elDiario.es, exigen en cualquier caso unos equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores, que los obreros no llevaban en las observaciones realizadas por este medio. “Los operarios cuentan con los equipos de protección necesarios proporcionados por la empresa adjudicataria, por lo que si un operario puntualmente no se pone el equipo de protección, es bajo su responsabilidad”, responden en el Ayuntamiento de Madrid.

En las escenas visualizadas por este medio, había algún trabajador que se cubría la boca y la nariz con medidas caseras, como un pañuelo de tela y con una mascarilla quirúrgica, como las utilizadas durante la pandemia de COVID. Según fuentes consultadas a pie de obra, sobre el terreno hay trabajadores de muchas subcontratas distintas y estas fuentes apuntaban que no facilitaban los EPI al personal.

La empresa principal, el Grupo Ortiz, responde por su parte que la obra “dispone de un Plan de Seguridad y Salud”, que contempla ese corte en húmedo para la mayoría del corte de material pétreo. Para los riesgos de los cortes puntuales en la vía pública, en Ortiz explican que los EPI “están identificados” y “los trabajadores del contratista que los realiza informado de los mismos”. La multinacional indica que estos equipos de protección “han de ser provistos por la subcontrata correspondiente”.

Aunque el Ayuntamiento y el Grupo Ortiz aseguraron que las medidas preventivas se cumplían, añadieron que actuarían “en caso de incumplimiento”. Tras la consulta de elDiario.es al Consistorio y la empresa principal, realizada el pasado 4 de noviembre, los trabajadores están realizando los cortes con unas gafas y mascarillas protectoras, según ha podido comprobar este medio.

Ir a una prevención integrada y efectiva

Los sindicatos mayoritarios advierten de que “el empresario es el responsable” de garantizar la seguridad de la plantilla. Incluso, si se asumiera que algún trabajador no se pusiera los equipos de prevención disponibles, por falta de conocimiento o por dejación, la misión de la empresa es “garantizar la seguridad” de sus trabajos, indican en CCOO y UGT.

Los representantes de los trabajadores señalan, no obstante, que los incumplimientos que detectan en su mayoría responden a una prevención externalizada, que no se asume como una prioridad y se pretende cumplir más para salvar el expediente o una multa de la Inspección que para ejecutarla realmente. “Y la Inspección de Trabajo no da abasto, así que todo ello es el caldo de cultivo para los datos de siniestralidad que tenemos”, denuncia Pilar Ituero.

Por su parte, en la patronal de la construcción CNC aseguran que las compañías y el sector hacen “todo lo posible para que las empresas tengan toda la información y formación” en materia preventiva y aseguran que “la seguridad es una prioridad”. Recuerdan que la patronal participa junto a los sindicatos en la Fundación Laboral de la Construcción, que financian las empresas con una cotización adicional.

Además, destacan proyectos como “el programa de visitas a obras”, con “14.000 visitas este año”, en el que las delegaciones de la fundación se presentan en obras de pequeñas empresas –conscientes de que son las que presentan más deficiencias– para ver “posibles incidencias” y “asesorar in situ” a las compañías sobre las mejoras a aplicar.

“En el año 2000 la silicosis era una enfermedad en vías de extinción y este año nos vamos a ir muy por encima de los 500 casos”. Estas palabras de Óscar Bayona, miembro de la Secretaría de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), resumen la paradoja de que en pleno año 2024, con la inmensa mayoría de las minas de carbón cerradas desde hace décadas, una enfermedad pulmonar como la silicosis no deje de crecer.

Los datos provisionales del registro de enfermedades profesionales, accesibles a través de la herramienta CEPROSS, indican que hasta el mes de junio de 2024 se registraron 335 casos de silicosis, lo que significa que, si hacemos una proyección, superaremos los 500 casos a final de año, según Bayona.

Para el sindicato, la cifra es especialmente preocupante porque se suma a la serie histórica que desde el año 2000 muestra una clara línea ascendente, con el parón estadístico de 2020 por la pandemia. “Esta es la única enfermedad profesional que tiene esta línea de crecimiento tan exagerado”, insiste Bayona. “Pasar de 15 a 500 casos en este periodo es una barbaridad, se nos ha descontrolado”.

Los datos para reconstruir la evolución los aportó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones a petición de CCOO, en el marco del grupo de trabajo de sílice cristalina de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sindicato cree que los números evidencian que es el trabajo con encimeras con un alto contenido en sílice lo que impulsa este crecimiento. Según estas cifras, los casos enmarcados en el código de actividad del “corte, tallado y acabado de la piedra” (CNAE 2370) suponen el 49% del total en la serie histórica y desde 2020 se han comunicado una media anual de 11 casos por cada 1.000 personas ocupadas en el sector, una clara señal de que los casos atribuidos al corte de piedra marcan la tendencia al alza. 

“Que representen casi la mitad de los casos es una barbaridad, porque es un sector relativamente pequeño, de apenas unas decenas de miles de trabajadores, comparado con el millón y medio largo de profesionales expuestos a sílice en España que se incluyen en el resto de las cifras”, asegura Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada (UGR) que participó en la publicación de la anterior serie histórica de silicosis, desde 2007 a 2019, en la Revista Española de Salud Pública. Menéndez trabaja en un nuevo artículo con números actualizados donde ven la misma tendencia. “Un epidemiólogo no va a aceptar que lo llames epidemia, pero evidentemente el número de casos es muy alto”, señala. “Y estamos hablando de un problema gravísimo, una enfermedad profesional crónica que no tiene solución y que es evitable”. 

Estamos viendo la punta del iceberg. En el sector de las marmolerías se ha desarrollado la enfermedad de forma exponencial y estamos todavía en el periodo alcista

Alfonso Fernández — Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Marmolerías (FEDESMAR)

También desde la patronal del sector reconocen con preocupación la tendencia ascendente. “Estamos viendo la punta del iceberg”, afirma Alfonso Fernández, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Marmolerías (FEDESMAR). A su juicio, en este momento estamos al inicio de la manifestación del fenómeno o en una situación con una tendencia alcista, y aunque es muy difícil de prever, no cree que haya un cambio de tendencia hasta dentro de un mínimo de diez años. “Nuestro sector ha trabajado históricamente la piedra natural y hace 25 años se incorporaron estos aglomerados de cuarzo, que tienen hasta un 92% de sílice, además de pigmentos y resinas, y en las marmolerías se ha desarrollado la enfermedad de forma exponencial”, asegura. Aunque en el lado positivo, considera que ya hay una sensibilidad general sobre este problema en todos los sectores, tanto en empresas de instalación como en fabricantes.

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, recuerda que hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos dependen de una exposición que se produjo hace años y aunque se tomen medidas no se verán los resultados hasta que pase el tiempo. “Se ha ido incrementando la vigilancia y reduciendo la presencia del contaminantes —explica a elDiario.es— y es de esperar que en un ciclo posterior tengamos una menor incidencia, pero desde luego preocupa que esté creciendo y es un tema del que estamos muy pendientes dentro de la salud laboral”.

Un polvo que se instala en los pulmones

La manera de conocer de forma más fiel el número de casos de este tipo de enfermedad pulmonar son los partes de enfermedades profesionales notificados al CEPROSS, el sistema de comunicación de estos datos de la Seguridad Social. Mediante este método, se calcula que hasta 2019 había al menos 1.856 trabajadores que han contraído silicosis por manipular estos materiales, pero los especialistas sospechan que hay muchos más que han pasado sin diagnosticar o se han clasificado como enfermedad común. Esta forma grave y rápidamente progresiva de silicosis no afecta a quienes tienen la encimera en su cocina, sino a quienes han trabajado en el corte y manipulación de los materiales, y está impulsada en gran medida por el alto contenido de sílice de la piedra artificial (más del 90%) y el polvo fino que genera al cortarlo en seco, que se instala en los pulmones de los trabajadores. 

El foco está puesto sobre la empresa española Cosentino, uno de los grandes productores mundiales de este material, que ha sido recientemente condenada por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo y ha sido absuelta en otro juicio por circunstancias similares, y ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis con una cláusula de confidencialidad. Los datos se conocen después de que Australia haya prohibido este mismo verano trabajar con estos materiales y de que en el Reino Unido varios especialistas hayan pedido seguir la misma senda tras detectar los primeros casos de silicosis por aglomerados de cuarzo en su país. 

Pendientes del cáncer de pulmón 

Para Comisiones Obreras, una derivada preocupante de estos datos es la presencia cada vez mayor de los casos de cáncer de pulmón detectados en este sector. “Tenemos una media de 7 al año desde que se empezó a registrar en 2018 y en los datos provisionales hasta julio de 2024 ya llevamos 13 casos”, señala Bayona. “Y, a diferencia de la silicosis, en que es fácil establecer un nexo causal, aquí sí puede haber un subregistro importante”, advierte. “Aun así, se ha convertido en el segundo agente con más casos de cáncer de pulmón después del amianto en apenas siete años”.

La sílice se ha convertido en el segundo agente con más casos de cáncer de pulmón después del amianto en apenas siete años

Óscar Bayona — Miembro de la Secretaría de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO)

Para Antonio León Jiménez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, este es uno de los aspectos más preocupantes. “La sílice está considerada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un carcinógeno del grupo 1, es decir que existe suficiente evidencia de su efecto carcinógeno en humanos”, explica. “Además, los aglomerados de sílice contienen sustancias como compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales (estireno y naftaleno) están considerados como potencialmente cancerígenos”. Es por eso que algunos especialistas creen que la reducción de la cantidad de sílice de las encimeras que han anunciado los fabricantes podría ser una medida insuficiente. 

Equiparar el control al del amianto

Desde el sindicato CCOO reclaman la necesidad de acometer una regulación específica de este sector. “Queremos que se trabaje con unas condiciones mínimas de seguridad, con mascarillas motorizadas con filtros HEPA, porque las mascarillas de partículas que se usan ahora para esto no valen”, señala Bayona. “Incluso hay que proteger la piel con trajes, porque muchas de las sustancias son cancerígenas por la vía dérmica”. Dado que la sílice está reconocida como un cancerígeno desde 2018, recuerda, las leyes europeas y españolas obligan a establecer medidas extra de protección. En ese sentido anuncia la intención de trasladar estas propuestas al grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los diferentes ministerios implicados. 

El portavoz del sindicato propone tomar medidas similares a las que se han tomado ya con el amianto, con el que ve un claro paralelismo, también en la parte médica. “Creemos que tiene que haber un registro de trabajadores expuestos a cualquier tipo de cancerígeno, porque tienen derecho a la vigilancia de la salud post-ocupacional”, indica Bayona. “Esto significa que, como en los casos de personas que han trabajado con amianto, cuando te jubilas o te vas a trabajar a otro sector la empresa esté obligada a dar esa información que tiene a las CCAA y a la autoridad laboral y sanitaria para que continúen con el seguimiento”. 

“Sería ideal crear unidades monográficas especializadas donde puedan revisar y seguir controlando a los trabajadores

Cristina Martínez — Experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la SEPAR

Esta propuesta es aplaudida por Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). “Sería ideal crear unidades monográficas especializadas donde los puedan revisar y seguir controlando, incluso aunque no tengan enfermedad, porque, si han estado trabajando muchos años, puede tardar mucho tiempo en manifestarse”. La especialista también recuerda la necesidad de seguir igualmente de cerca los casos producidos por piedra natural en regiones como Galicia o León, donde hay una alta incidencia asociada a trabajos con pizarra y granito.

¿Un nuevo marco regulatorio?

La patronal FEDESMAR defiende un modelo regulatorio que se base en la prevención, la formación y el estudio epidemiológico de la enfermedad. “Las medidas preventivas que se están utilizando ahora se supone que evitan el riesgo, pero no tenemos la certeza de que sean las más adecuadas o las únicas y tenemos que seguir explorando alternativas”, reconoce su presidente, Alfonso Fernández. En cuanto al hecho de que haya empresas pequeñas que puedan trabajar con este material sin conocer los riesgos, cree que es improbable. “Una cosa es lo que se hacía en el pasado, pero lo que pueda suceder a partir de ahora no es porque no exista conocimiento, porque trabajamos en dar información a todas las empresas, independientemente del tamaño. Puede haber excepciones, lógicamente, pero la mayoría de empresas están concienciadas”. 

Los datos que conocemos hoy responden a malas prácticas en el centro de trabajo de hace más de una década, dicen desde Cosentino

La empresa Cosentino sostiene que los aglomerados de cuarzo, como cualquier otro producto que contiene sílice cristalina, pueden ser trabajados de forma totalmente segura si se aplican las medidas de seguridad sobradamente conocidas por todos los profesionales del sector. En cuanto a las cifras aportadas por CCOO, la compañía asegura que en la categoría profesional CNAE 2370 se incluyen trabajos con multitud de materiales y no solo piedra artificial, entre otras granitos, pizarras y cuarcitas que pueden alcanzar hasta el 90% de contenido en sílice. “Además, la enfermedad tiene un periodo largo de latencia, entre 10 y 15 años de término medio, por lo que los datos que conocemos hoy responden a malas prácticas en el centro de trabajo de hace más de una década”, subrayan.

Fuentes de la compañía con sede en Almería argumentan que es la falta de aplicación de medidas de seguridad y no el producto lo que provoca la aparición de enfermedades profesionales en el sector. “Cosentino hace una llamada a todos los agentes del sector para continuar con la aplicación de los mayores estándares de seguridad en los centros de trabajo de tal forma que se pueda erradicar esta enfermedad profesional”, señalan. “A la vez que pedimos a las administraciones públicas un sistema de licencias para garantizar que los centros de trabajo cuenten con las medidas de seguridad apropiadas y los trabajadores de las marmolerías la formación adecuada”.

Respecto al cuestionamiento de las cifras por parte de Cosentino, Óscar Bayona (CCOO) admite que en las marmolerías se trabaja con piedra natural y artificial, pero desde hace muchos años la artificial es la predominante de largo. “La reemergencia de la epidemia de silicosis no se puede explicar sin la llegada al mercado de los aglomerados de cuarzo”, subraya. “Para simplificar, el CNAES 2370 en Andalucía es básicamente aglomerado de cuarzo aunque en Galicia y León es más difícil especificar”, indica Alfredo Menéndez. En cualquier caso, advierte el catedrático de la UGR, el hecho de no tener una información perfecta no puede ser un argumento para decir que no conocemos el problema y su magnitud. “Este ha sido uno de los motivos tradicionales que emplean los responsables empresariales para negar la existencia o minimizar los problemas generados por sus productos”, asevera.

Los casos fuera del radar

En el lado de los afectados, Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía (APSA), pide que se unifique la manera de recopilar los datos y se haga de forma fiable y coordinada. De la misma opinión es la neumóloga Cristina Martínez, que considera que se necesita un sistema de datos estandarizados y homogeneizados, porque lo que conoce a partir de las bajas laborales puede tener origen muy diverso. “Son datos muy sesgados y no reflejan la realidad del país”, sostiene. “Por eso desde la Sociedad Española de Neumología (SEPAR) estamos trabajando en un registro epidemiológico sobre la silicosis”.

Raúl Carballedo, abogado de trabajadores afectados por la silicosis, también cree que se están quedando muchos diagnósticos fuera del radar. “Primero, porque no existe una base de datos que relacione a las empresas con actividades de riesgo y las enfermedades profesionales reconocidas en el sistema de salud”, explica. “Esto crea una inseguridad jurídica para los trabajadores, quienes dependen de la información que las empresas decidan proporcionar voluntariamente sobre los riesgos laborales”. A esto se suma el desconocimiento de muchos médicos, que no han podido realizar diagnósticos diferenciales correctos al no recabar la información laboral necesaria de los pacientes, y las diferentes fuentes de presión.

Carballedo representa a un grupo de 7 trabajadores que denunciaron a los servicios de prevención de la fábrica Cosentino, en Almería, en un caso que está en fase de instrucción. “Los trabajadores fueron diagnosticados tardíamente, en determinados casos por servicios públicos externos, y otros, incluso, ya en fases crónicas y severas de la enfermedad”, señala. “Esto plantea la pregunta de cómo una enfermedad principal en la fábrica puede tener fallos tan graves en su detección por los servicios de vigilancia, especialmente cuando las medidas de prevención han sido insuficientes en sus puestos de trabajo como señala la Inspección de Trabajo respecto de estos”. “Existen muchos intereses económicos para que esta enfermedad quede diluida en la amalgama de enfermedades profesionales”, sentencia. 

“Existen muchos intereses económicos para que esta enfermedad quede diluida en la amalgama de enfermedades profesionales

Raúl Carballedo — Abogado de trabajadores afectados por la silicosis

La última pata de la mesa, que explica esta desprotección de los trabajadores y la ausencia de una adecuada prevención de riesgos laborales, es la que tiene que ver con la política. “La actual Junta de Andalucía, por ejemplo, muestra una voluntad clara de eliminar el Programa Integral de Silicosis de Andalucía (PISA)”, opina. A su juicio, esto se evidenció en la reciente paralización de la Proposición No de Ley presentada en el Parlamento de Andalucía. “Creo que se pretende diluir la problemática de la silicosis entre otras enfermedades profesionales, sin considerar la necesidad de identificar expresamente los riesgos del material para los trabajadores ”, defiende. 

“Para mí, la cuestión está clarísima”, resume Francisco Torrico como portavoz de los afectados. “Desde el momento en que empezaron a aparecer los primeros casos, no se ha hecho absolutamente nada y seguimos igual. No se ha tomado ninguna medida, en Andalucía se hizo el PISA, pero no ha servido y no ha funcionado. Y, si no se hace nada, lo normal es que se siga manteniendo la misma situación. Solo empezaremos a tener resultados cuando esto se tome en serio”. 

Antonio León Jiménez trabaja en uno de los puntos calientes de la conocida como ‘silicosis cristalina’, la enfermedad pulmonar que afecta a quienes han trabajado alguna vez con encimeras de cocina fabricadas con conglomerados de sílice, prohibidas recientemente por las autoridades australianas y cuya seguridad está siendo cuestionada por los especialistas. 

El doctor León es miembro del área de enfermedades respiratorias ocupacionales y medioambientales de la Sociedad Española de Neumología (SEPAR) y jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial. Fue en este lugar donde en 2009, el equipo de Cristina García Vadillo, por entonces jefa del servicio, identificó uno de los primeros casos de esta enfermedad en un paciente que trabajaba con aglomerados de cuarzo y que se ahogaba al menor esfuerzo. Después, el goteo de casos fue creciendo hasta afectar a alrededor de 2.000 trabajadores en España, según el registro de enfermedades profesionales, aunque los especialistas sospechan que pueden ser muchos más. 

Esta silicosis grave e incapacitante, cuya única solución posible en casos graves es el trasplante de pulmón y que puede llegar a ser mortal, se ha convertido en una de las enfermedades profesionales más prevalentes y, según los expertos, se disparó por una combinación de circunstancias: el boom inmobiliario y la aparición en el mercado del aglomerado de cuarzo para las encimeras bajo marcas como Silestone, de la empresa española Cosentino, que ha sido condenada por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores que manejaban este material.

Charlamos con el doctor León horas después de conocer que los expertos británicos han identificado los primeros casos en Reino Unido y abogan por prohibir el producto en toda Europa, como ya ha hecho Australia. 

¿Cuántos pacientes están siguiendo por este tipo de silicosis en su hospital?

Nosotros tenemos en seguimiento a unos 138 pacientes desde que iniciamos una reorganización de las consultas creando una consulta específica de silicosis por piedra artificial en 2017. Estos pacientes pertenecen al ámbito de la bahía de Cádiz, fundamentalmente proceden de Chiclana, donde hubo un gran número de pequeñas empresas dedicadas a trabajar la piedra natural y que ante la irrupción en el mercado de los aglomerados de sílice pasaron a trabajar este material.

¿Sabemos el número de casos en España?

La cifra que da el CEPROSS [el sistema de comunicación de enfermedades profesionales] es de casi 2.000 casos en toda España. Pero sin duda hay muchos más, es una enfermedad infradiagnosticada e infradeclarada. En muchos casos no se da el diagnóstico de silicosis y quedan como “nódulos indeterminados”, con lo que no se diagnostica como enfermedad profesional y en algunos casos se identifica erróneamente como sarcoidosis, como les ha ocurrido a los ingleses y belgas. En todos estos casos no correctamente diagnosticados quedan como enfermedad común, perdiendo el trabajador los derechos que le proporciona la consideración de enfermedad profesional, y por otro lado no quedan registrados en el sistema CEPROSS. Haría falta una investigación directa y exhaustiva para poder sacar los datos, porque hay muchos más de los que se ven.

¿Qué necesitan los médicos para detectarlo?

Como el médico no tenga conciencia sobre el tema, y no acceda a la historia laboral del paciente, son casos que se pierden. La mayoría se produjeron en los años del boom inmobiliario, de 2000 a 2010, cuando muchos de quienes trabajaron con estos materiales no conocían el problema y tuvieron diferentes grados de exposición. Si pasan los años y no haces una historia laboral de los pacientes que te encuentras, aunque veas lesiones pulmonares no las identificas como silicosis, a no ser que le hagas una biopsia pulmonar. A veces, incluso con la toma de biopsias, hay casos que no son diagnosticados adecuadamente, ya que las formaciones jóvenes en las biopsias son de aspecto granulomatoso y no de nódulo silicótico, y el paciente se diagnostica de sarcoidosis en lugar de silicosis. 

Necesitamos un plan para sacar a la luz todo lo que hay y concienciar a los médicos de que esta enfermedad existe

¿Existe algún plan nacional para ayudar a los médicos a detectarlo?

Aquí existía el Plan Integral de la Silicosis en Andalucía (PISA), vigente de 2017 a 2021 y que no se ha renovado. Que yo sepa no hay otro a nivel estatal y, aunque desde el ministerio de Sanidad publican periódicamente algunas recomendaciones sobre el diagnóstico, necesitamos un plan para sacar a la luz todo lo que hay y concienciar a los médicos de que esta enfermedad existe. Más que nada para establecer unas líneas de actuación para el diagnóstico, como se ha hecho en Australia, además de que las empresas hagan su trabajo de prevención.

¿Qué perfil tienen los pacientes con este tipo de silicosis a los que ustedes hacen seguimiento?

Todos son varones y la edad media está sobre los 40 años, porque cuando les afectó tenían entre 20 y 30 años. En el 50% de ellos la enfermedad evoluciona de forma progresiva, es decir, empeoran. En 2020 nosotros detectamos y publicamos que teníamos al principio un 7% de pacientes con enfermedad grave de entre los que nos llegaban y al cabo de unos años pasamos al 40%. Ahora estamos en un 50% de casos complicados con enfermedad grave, que es una muestra clara de que han progresado, a pesar de haber abandonado la exposición. Tenemos varios pacientes en seguimiento pre trasplante y en otros grupos tienen dos pacientes que han fallecido tras el trasplante de pulmón.

La empresa Cosentino argumenta que sus nuevas encimeras tienen mucha menos concentración de sílice, ¿se ha notado en la llegada de nuevos casos?

Entre los que nosotros tenemos, la mayoría dejaron de estar expuestos al sílice entre 2010 y 2013, los que nos están llegando son de aquella época. Efectivamente, han reducido los niveles de sílice en todos los tableros de aglomerados, aunque también tienen resinas y no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos años. Pero no, no nos están llegando nuevos casos que hayan trabajado exclusivamente con los nuevos materiales, aunque han pasado pocos años desde su introducción y tendremos que estar alerta, no tan sólo por la silicosis, sino por otras afecciones que podrían estar relacionadas con la exposición a los componentes de los tableros de piedra artificial.

La mayoría dejaron de estar expuestos al sílice entre 2010 y 2013, los que nos están llegando son de aquella época

¿Cómo suelen llegar estos pacientes? ¿Cómo se descubre la enfermedad?

Habitualmente llegan con una radiografía de tórax realizada o bien por su mutua o por su médico. Son pacientes que han dejado esta actividad y por cualquier motivo se hacen una radiografía. No llegan ya con problemas respiratorios, que generalmente ocurren en pacientes con un alto nivel de exposición. Casi todos van notando una disminución de su capacidad física que achacan a la edad o a falta de entrenamiento físico. A menudo aparecen síntomas como la disnea, la falta de aire, y se malinterpretan, pero en general suele ser un hallazgo radiológico.

¿Qué sucede desde que llegan? ¿Cuál suele ser la evolución?

Depende mucho de cómo hayan llegado inicialmente. Si son cosas muy sutiles, como pequeños nodulitos, la progresión suele ser de entre seis y diez años. En aquellos pacientes que han debutado con una silicosis complicada la evolución suele ser más rápida, cinco años en general. Muchos de ellos son los que están en seguimiento para pre trasplante, que es diferente de estar en la lista activa. Esto es un seguimiento para ver cuándo es el momento idóneo; el trasplante no es fácil porque son pulmones que están muy adheridos a estructuras de la pared torácica y su extracción es muy complicada y con frecuentes complicaciones. Destaco que lo importante es la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad, para ello las mutuas deben jugar un papel crucial para que el trabajador abandone la exposición en el momento en que se detecten las más mínimas anomalías.

¿Cuál es el efecto que producen las partículas de sílice?

Cuando los trabajadores están cortando o puliendo los tableros se libera a la atmósfera un polvo que en el caso de este tipo de encimeras contiene un alto contenido en sílice. Las partículas menores de cinco micras llegan a los alveolos, la inhalación produce una escalada de reacciones. Primero una serie de células que están encargadas de destruir todo lo que es dañino, los macrófagos, cuando se encuentran a la sílice —que es indestructible— la engullen y activan todos sus mecanismos de defensa.

Como no puede con la partícula, el macrófago acaba autodestruyéndose y libera todo su contenido al exterior y llega a la sangre. De forma que el organismo se enfrenta a una serie de sustancias que vuelven a atraer a más macrófagos y estos se encuentran nuevamente con el sílice, con lo que empieza nuevamente el proceso. Esto puede desatar una serie de enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide. Entre un 10 y un 15% de estos pacientes tienen estas enfermedades, como esclerodermia o síndrome de Sjögren, que empeoran mucho su calidad de vida.

Entre un 10 y un 15% de estos pacientes tienen enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide

A medida que empeoran, este proceso empieza a producir una serie de cicatrices, nódulos de la fibrosis que son los conglomerados silicóticos. Cuando llega esto, el paciente está con una disnea, una asfixia que le va limitando y llegan hasta la insuficiencia respiratoria, que puede precisar oxígeno al esfuerzo o incluso durante todo el día. 

¿Existe algún tratamiento contra estos daños pulmonares?

Ahora mismo no hay ningún fármaco para eso. Nosotros hemos realizado un ensayo clínico con una antifibrótico, pero estamos esperando resultados. Lo único que podemos hacer es aplicar un tratamiento de soporte con fármacos broncodilatadores y oxigenoterapia. No hay ningún tratamiento dirigido a intentar frenar la enfermedad. 

¿Qué le sugiere que expertos de Reino Unido hayan pedido seguir el camino de Australia y prohibir estos materiales?

Creo que este problema hay que regularlo ya y que hace falta una reflexión, como señalábamos en un artículo reciente algunos colegas y yo. Hay que hacer algo, porque, indudablemente, tal y como estamos no se puede continuar. Sobre la prohibición, es obvio que ya se pueden sustituir los aglomerados de sílice por otros elementos con menor contenido en sílice y que no contengan resinas, teniendo en cuenta que no hay un nivel de sílice, por bajo que sea, que pueda considerarse seguro. 

No hay que perder de vista que estas encimeras se siguen fabricando y vendiendo en China, India y Vietnam, y van a invadir el mercado

Los nuevos productos de piedra artificial que están apareciendo en el mercado parece que pueden tener menos toxicidad (porcelánicos o piedra sinterizada), pero sería preciso que los fabricantes, antes de sacarlas al mercado, informaran de toda su composición (no sólo el sílice), y que tuvieran los estudios de seguridad necesarios para que no vuelva a ocurrir otra epidemia como la que están padeciendo nuestros trabajadores. 

Por otro lado, no hay que perder de vista que estas encimeras se siguen fabricando y vendiendo en China, India y Vietnam, y van a invadir el mercado. En Australia está prohibido el trabajo con estos tableros y también la importación, pero aquí podrían llegar a un taller y que los empleados trabajaran con sílice sin saberlo.

Reino Unido se acaba de unir a la lista de países que, desde el año 2010, han notificado casos de silicosis cristalina en trabajadores de la industria de las encimeras de cocina fabricadas con piedra artificial, también llamada genéricamente cuarzo. A los afectados por esta grave enfermedad pulmonar en España, Israel, Italia, Estados Unidos, China, Australia y Bélgica se suman ahora ocho trabajadores británicos que trabajaban en el corte y pulido de las encimeras antes de su instalación, lo que lleva a los especialistas a pedir su prohibición. 

La edad promedio de los afectados en Reino Unido era de 34 años, todos ellos trabajaban para pequeñas empresas con menos de 10 empleados y su exposición acumulada media al polvo de esta piedra fue de 12,5 años, según se publica este miércoles en la revista Thorax. De ellos, dos fueron evaluados para trasplante de pulmón, tres fueron diagnosticados con enfermedad autoinmune y dos fueron tratados por infección pulmonar oportunista causada por micobacterias no tuberculosas.  

A partir de estos datos, los autores del estudio defienden que el Reino Unido y la Unión Europea deben seguir el ejemplo de Australia, que desde el 1 de julio de 2024 ha prohibido la fabricación y manejo de las encimeras de cocina fabricadas con este material. Esta forma grave y rápidamente progresiva de silicosis no se produce con la encimera ya instalada, sino durante su corte y manipulación de los materiales, y está impulsada en gran medida por el alto contenido de sílice de la piedra artificial (más del 90%) en comparación con el mármol (3%) y el granito (30%), y el polvo fino que genera al cortarlo. Cuando se preparan las encimeras para su instalación, a menudo se cortan en seco y se pulen con herramientas manuales sin utilizar agua para suprimir la generación de polvo, lo que aumenta aún más el volumen de polvo fino, explican los autores. 

En España, al menos 1.856 trabajadores desde 2007 a 2019 han contraído silicosis, según los partes de enfermedades profesionales notificadas al CEPROSS (el sistema de comunicación de enfermedades profesionales). Tal y como ha venido informando elDiario.es Andalucía, la empresa española Cosentino, uno de los grandes productores mundiales de este material, fue condenada por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo y ha sido absuelta en otro juicio por circunstancias similares. La compañía, que también ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis con una cláusula de confidencialidad, defiende que sus materiales son seguros si se trabajan con las medidas de protección adecuadas, y que la prevención se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Trabajadores vulnerables

Para valorar con rigor sobre los riesgos acumulativos de esta exposición, los autores de los nuevos estudios aportan un artículo de metaanálisis en el que han revisado por primera vez la evidencia disponible publicada hasta finales de febrero de 2023. A partir de 52 estudios de 8.792 casos de silicosis en Reino Unido basados en radiografías, resultados de exámenes post mortem y certificados de defunción por silicosis, que abarcaran un periodo promedio de más de 20 años, los autores concluyen que reducir a la mitad la exposición acumulada de 4 mg/m³ (equivalente a 40 años de trabajo con 0,1 mg/m³) a 2 mg/m³ (equivalente a 40 años de trabajo con una intensidad de 0,05 mg/m³) conllevaron una reducción del riesgo del 45%, una prueba de la necesidad de restringir su uso. 

“El mercado [de la piedra artificial] está dominado por pequeñas empresas en las que se ha demostrado que la regulación es difícil de implementar”, argumentan los autores. “Además, al menos algunos fabricantes de encimeras pueden no proporcionar información técnica adecuada relacionada con los riesgos potenciales”, añaden, como demuestra el hecho de que ninguno de los ocho trabajadores británicos sabía que en el lugar de trabajo se estuviera controlando activamente el polvo en suspensión. Por otro lado, señala Christopher Barber, médico de los Hospitales Universitarios de Sheffield, en un tercer artículo editorial, “muchas de las personas en riesgo de padecer este tipo de silicosis son trabajadores inmigrantes cuya primera lengua no es el inglés, que pueden tener una comprensión deficiente de los riesgos para la salud y un acceso limitado a la atención médica”.

Muchas de las personas en riesgo son trabajadores inmigrantes, que pueden tener una comprensión deficiente de los riesgos para la salud y un acceso limitado a la atención médica

Christopher Barber — Médico de los Hospitales Universitarios de Sheffield

“Incluso tras el cese de la exposición, se ha observado progresión de la enfermedad en más del 50% de los casos a lo largo de [una media] de 4 años, sostienen los autores. ”Por tanto, la prevención de la enfermedad es fundamental“, subrayan. Si bien no se conoce el número de trabajadores expuestos al polvo de sílice, la experiencia mundial indica que es probable que los casos aumenten significativamente en los próximos años, señalan.

Una prohibición preventiva

“Creemos que esta propuesta [de prohibición] es proporcionada y protegería la salud de los trabajadores europeos y de otros trabajadores de todo el mundo, al tiempo que anima a la industria a seguir desarrollando productos más seguros”, señalan otros tres investigadores en un artículo publicado simultáneamente en la revista Occupational & Environmental Medicine, también del grupo BMJ. En este nuevo texto, los autores consideran que existe una epidemia global de una enfermedad asociada a estos nuevos materiales, lo que ha provocado muertes prematuras, a menudo en trabajadores vulnerables, lo que justifica las restricciones. 

“Por ejemplo, podría haber una prohibición inicial de productos que contengan más del 30% de sílice cristalina, pasando a una prohibición de más del 5% después de cinco años”, proponen. “El contenido del 5% se elige arbitrariamente y nuestro enfoque gradual sugerido debería permitir que se recopilen más pruebas para determinar en qué porcentaje debería estar el nivel de corte seguro real”. “Mientras tanto —concluyen— se deben tomar todas las medidas de control posibles para mantener la exposición lo más baja posible”.

“Por fin abren los ojos”

Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), es una de las médicas que documentaron los primeros casos en España en 2020. Por eso valora este grupo de estudios de médicos británicos muy positivamente, aunque cree que llega con mucho retraso. “Por fin abren los ojos sobre lo que decíamos todos nosotros”, asegura en declaraciones a elDiario.es. 

Hace más de una década, Martínez trabajaba en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cuando recibió a una familia del País Vasco que trabajaba en el negocio de las encimeras, a los que diagnosticaron con silicosis cristalina. “Eran los primeros casos y lo publicamos en la literatura clínica, y ya llamamos la atención de que había que tener un cuidado especial con este material”, recuerda.

“Luego vimos que cada vez salían más casos a nivel nacional, e incluso fuimos a hacer un estudio a la fábrica de Cosentino en Almería. Curiosamente, vimos que la peligrosidad no era tanto en la fábrica, porque ellos fabrican tableros y lo tienen muy automatizado y con medidas de prevención; el problema era que luego estos tableros llegaban a pequeñas empresas y coincidió con el boom de la construcción en Andalucía”.

Es lo que ya sabemos aquí desde hace años, me alegro de que también se den cuenta, pero ellos tienen 8 casos y nosotros tenemos 96 publicados

Cristina Martínez — Experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de SEPAR

Sobre los hallazgos en Reino Unido cree que son positivos pero nada novedosos. “Es lo que ya sabemos aquí desde hace años, me alegro de que también se den cuenta, pero ellos tienen ocho casos y nosotros tenemos 96 publicados”, señala. Respecto a la petición de prohibición, recuerda que es un material peligroso porque tiene el 90% de sílice y debería haberse aplicado el principio de precaución antes de aprobar su uso, y ver si su utilización está justificada por los beneficios. En cualquier caso, Martínez cree que en España harían falta más datos para tomar la medida con certidumbre.

En este sentido, desde la SEPAR están trabajando en la puesta en marcha de un registro a nivel nacional para saber exactamente cuál es la situación actual, anuncia. “Supongo que deberíamos tener más datos, hacer un estudio más riguroso de qué medidas se están tomando y de cómo se está atendiendo a estas personas, antes de decidir prohibir el material”, concluye.

Desde la empresa Cosentino consideran que este tipo de estudios están reflejando más la precariedad del sector, como se vio también en otros trabajos en Estados Unidos. “Es lo que venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo, que aquí hay un problema de seguridad laboral; las instalaciones no cumplen las condiciones de seguridad mínimas”, señalan fuentes de la compañía. Por otro lado, desde Cosentino no niegan que el sílice causa problemas de salud, y de hecho aseguran que han reducido el contenido de sílice cristalina por debajo del 40% en toda su producción y un 20% por debajo del 10%, cifras comparables al granito y al mármol. “El producto a día de hoy no tiene nada que ver con el que ha causado la enfermedad, que es de hace 15 o 20 años”, insisten.

En 2009, el doctor Antonio León, del Hospital Puerta del Mar (Cádiz), diagnosticó mediante TAC el primer caso de silicosis provocada por el corte de los aglomerados de cuarzo. Aquel paciente chiclanero en la treintena, que se ahogaba al menor esfuerzo, había contraído la enfermedad clásica de los mineros por cortar sin protección suficiente un material por entonces (y todavía) altamente popular en las cocinas españolas: el aglomerado de cuarzo, en cualquiera de sus denominaciones comerciales. La principal, el Silestone fabricado por Cosentino (el gran proveedor en España), pero también otras, como el Cesarstone.

La enfermedad era consecuencia indirecta del boom de la construcción, que llevó aparejado el corte de miles de encimeras cuyas micropartículas de sílice se clavaron en los pulmones de cientos de trabajadores que las cortaban a pelo. Quince años después, la silicosis, una afección incapacitante que puede llegar a ser mortal, cuya única solución posible en casos graves es el trasplante de pulmón (no siempre exitoso), es la principal enfermedad profesional en Andalucía, donde se habían detectado 1.110 casos a 30 de junio de 2021, última cifra oficial de la que dispone la Junta de Andalucía.

Es una cifra que, sin embargo, nunca ha divulgado: fue desvelada en exclusiva por este medio hace ahora un año, y está incluida en el informe de seguimiento y evaluación del Plan Integral de la Silicosis en Andalucía (PISA), firmado en noviembre de 2021, justo cuando expiraba ese plan, que entró en vigor en 2017. El plan tenía como objetivo reducir la incidencia de la silicosis mejorando los sistemas de diagnóstico, prevención y notificación de la enfermedad, y también facilitar la reinserción laboral o el acceso a prestaciones de los afectados.

El PISA no cumplió los objetivos pero, tras caducar, no ha tenido continuidad. Y ello, a pesar de las peticiones de las asociaciones de afectados y de que el propio informe final llamaba a perseverar en al menos 23 acciones. Desde la Consejería de Empleo aseguran que el problema, “prioritario”, se aborda con actuaciones concretas y que estará contemplado en la próxima Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028. Es decir: acciones individuales e integración en un plan general. Nada, por ahora, de un plan integral y específico. También explican que hay un protocolo suscrito por Empleo y Salud, para mejorar la coordinación de acciones entre ambas consejerías, una de las fallas del sistema.

Una epidemia persistente

La epidemia de la silicosis de los aglomerados no se ha resuelto desde que expiró el plan. En 2022, se comunicaron a la Seguridad Social 22 partes de enfermedad profesional por silicosis en el sector (identificado con el CNAE237) del corte y tallado de piedra en Andalucía (de un total de 43 casos de silicosis en Andalucía, y 162 en España), según los datos recabados y desagregados por Comisiones Obreras. En 2023 fueron 15 en Andalucía (47 en el total de la silicosis en Andalucía, y 188 en España -solo en CNAE237-).

Si se abre el foco, el panorama sigue siendo sombrío. “Hemos pasado de 15 partes comunicados por silicosis en España en 2000 [en cualquier sector] a 494 en el último año”, detalla Óscar Bayona, de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO. El CNAE237 representa el 38% de esos casos. “No hay ninguna enfermedad profesional que tenga una evolución así en España”. En el total del país, los casos de silicosis en el CNAE 237 ha vuelto a repuntar: tocó techo en 2019 con 287 casos notificados, descendió hasta 2022, y en 2023 repuntó hasta los 188.

No parece que la tendencia se vaya a cortar. Hasta el 31 de mayo de 2024 se habían contabilizado 240 casos de silicosis y 9 de cáncer de pulmón asociados, sin que se puedan desagregar aún por territorio o CNAE.

En Andalucía, la enfermedad afecta a trabajadores que rondan la treintena (36,2 años de media), con baja cualificación, que pasaron su juventud cortando encimeras en pequeñas marmolerías sin apenas protección o inspecciones. En Montemayor (Córdoba), padece silicosis el 3% de la población. Su horizonte, en el mejor de los casos, es la jubilación por incapacidad permanente, pero no es un trámite sencillo.

Voto en contra de la PNL para recuperar el Plan Integral

Ni la Consejería de Salud ni la de Empleo han diseñado por ahora un plan o estrategia que sustituya y mejore al PISA, y este jueves quedó claro que no está entre sus prioridades a corto plazo. El Pleno del Parlamento Andaluz debatió una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE, en la que se pedía que el Gobierno andaluz convocara a consejerías, empresas, afectados, representantes sindicales, mutuas y especialistas para reactivar y actualizar el PISA. También pedía concretar el dinero que se dedicaría a estas acciones en una memoria económica.

La PNL contaba con el respaldo de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía (APSA), una de las dos más representativas entre los afectados por la enfermedad en Andalucía, junto a ANAES.

“Ante este repunte, la solución es activar el PISA y aplicarlo”, reclamó Olga Manzano (PSOE): “El Gobierno andaluz no puede desaprovechar y deshacer este documento. Sería una irresponsabilidad y una torpeza”. Recibió el apoyo de Inmaculada Nieto (Por Andalucía), quien pidió valorar una posible prohibición total del producto, tal y como ya ha ocurrido en Australia, y de Vox, cuyo representante considera al PISA un “buen punto de partida”.

Sin embargo, no salió adelante por el voto en contra del PP, que había presentado una enmienda que desnaturalizaba la petición. El Gobierno andaluz razona que no hay inacción, porque sigue trabajando en las acciones del plan, aunque formalmente caducara. La Consejería de Empleo asegura que se vigilan y controlan las condiciones de trabajo; subvenciona proyectos de prevención de riesgos; desarrolla actividades de información y sensibilización para empresas y trabajadores del sector; y acciones de vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos.

Plan (de momento) no, mesa sí

Durante años, la epidemia de silicosis no recibió especial atención política o mediática, a pesar de las alertas de los trabajadores. Cobró una nueva dimensión cuando, en febrero de 2023, un juzgado de lo penal de Vigo condenó a Francisco Martínez Cosentino a seis meses de prisión por no informar de forma adecuada durante años a los trabajadores de marmolerías externas del riesgo que implicaba manejar el Silestone sin protección adecuada.

Solo un mes después se anunció una mesa con los partidos políticos, dos neumólogos de prestigio (Antonio León -Hospital Puerta del Mar- y Juan María Rubio -Hospital de Montilla-), la asociación de afectados APSA y representantes de los marmolistas. Los presentes acordaron “instar una actualización de PISA”, según el acta de la reunión, que este medio ha podido consultar.

Sin embargo, eso no ha ocurrido y los problemas que recogía el informe final de PISA siguen lejos de resolverse. Por ejemplo, no hay censo de personas expuestas, no se ha protocolizado el sistema de alerta y el acceso a subvenciones para proyectos de prevención de riesgos está limitado a 15.000 euros. Una cantidad alejada de lo que cuesta adoptar sistemas que eviten la proliferación de polvo en suspensión mientras se corta la piedra.

“Es conveniente un plan que marque la línea de hacia dónde tenemos que ir. Sería bueno un PISA totalmente nuevo, con partida económica en cada Presupuesto, y que cuente con los que ya tienen silicosis”, reclama Paco Torrico, portavoz de APSA, quien acudió al Parlamento con varios afectados. Entre ellos, un hombre con los dos pulmones trasplantados, cuyo caso contó este medio, y otro que requiere oxígeno las 24 horas. Según asegura Torrico, tras varios encuentros entre bambalinas, ha obtenido el compromiso de las consejerías de Empleo y Salud reactivar la mesa en los próximos días y darle carácter oficial integrándose en ella.

Una Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud

La Junta de Andalucía (en particular, las consejerías implicadas) defiende que en la práctica se están continuando las medidas del PISA y que no hace falta un plan para articular eso. También, que todas las acciones quedarán subsumidas en un marco general contra las enfermedades profesionales, denominado “Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el trabajo 2024-2028”. “En lo relativo a la silicosis deja mucho que desear, empezando por que utiliza datos de 2019”, apunta Torrico.

Para APSA y la oposición, no es suficiente. “Esta iniciativa [la PNL] salió de la mesa de la silicosis que organizó APSA. Estaban ustedes y también dijeron que había aprobar el PISA. ¿Por qué ese cambio? ¿En la mesa sí y ahora no? ¿Su compromiso con la silicosis es intermitente?”, se preguntó Olga Manzano (PSOE), quien acusó al PP de querer “diluir” el plan contra la silicosis, descafeinando la iniciativa. “No pedimos la luna, sino la reanudación de un programa ya diseñado, que tiene equipos y estructura, y que puede erradicar una enfermedad de aquí a unos años”. 

Un juzgado penal de Bilbao ha absuelto a Francisco Martínez-Cosentino, fundador y dueño de la multinacional almeriense de superficies de piedra artificial, de los delitos contra la salud de ocho trabajadores de una marmolería vizcaína que contrajeron silicosis al manipular encimeras de aglomerados de cuarzo sin que se les advirtiera de su peligrosidad del producto que les proveía.

Esta era la segunda ocasión en que se juzgaba al empresario en vía penal en los últimos meses. En febrero de 2023 un juzgado le consideró responsable de la silicosis de cinco marmolistas vigueses y le condenó a seis meses de prisión, previo acuerdo entre Cosentino y la Fiscalía. En esta ocasión no hubo pacto, el empresario defendió su causa hasta el final y el juzgado concluye que no se le puede imputar una imprudencia tan grave como para condenarle.

Según la nueva resolución absolutoria del juzgado penal 5, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso este periódico, la falta de información de los riesgos que implicaba manipular las encimeras de Silestone no constituye imprudencia grave ni menos grave (los grados que recoge el Código Penal después de que se suprimiesen los supuestos de imprudencia leve). Por tanto, no tendría relevancia penal.

La Fiscalía pedía que Martínez-Cosentino fuese condenado a año y medio de prisión (apreciando la reparación del daño), mientras que la acusación particular elevó inicialmente la petición a tres años, algo que le hubiera colocado al borde del ingreso efectivo en la cárcel tras la condena previa.

Sin embargo, los afectados renunciaron durante el juicio a las acciones civiles y penales contra Cosentino, de quienes han percibido una indemnización económica. En ese acuerdo indemnizatorio se estableció una cláusula de garantías que obliga a los perjudicados a eximir de toda responsabilidad a Cosentino e imputársela al empleador, so pena de tener que restituir a la multinacional las cantidades recibidas en concepto de indemnización, que oscilaban entre los 9.000 y los 184.000 euros.

Advertencias insuficientes

La cuestión clave de este juicio radicaba en determinar si Cosentino incumplió algún deber de diligencia al no advertir de los riesgos del producto a los responsables y trabajadores de Novogranit, y si ese incumplimiento fue lo suficientemente grave como para incurrir en una responsabilidad penal por la silicosis que acabaron desarrollando los trabajadores. La primera premisa se cumple, pero la segunda no.

La sentencia considera probado que el Silestone (el producto mayoritario, que suministraba Cosentino) y el Cesarstone (de Levantina) están formados por “sustancias que contienen importantes cantidades de sílice cristalina, sustancia que inhalada da lugar a silicosis” y que desde 1997 se considera cancerígena para humanos. De ahí que para su manipulación la empresa deba disponer de medidas de protección colectivas (nebulizadores, renovación de aire) y los trabajadores deban llevar mascarillas para evitar inhalar el polvo de sílice.

En la etiqueta o pegatina adherida al Silestone desde 2005 hasta diciembre de 2009 no se mencionaba el alto contenido en sílice, solo se hacía referencia al polvo de cuarzo y se advertía: “Como ocurre con los productos de piedra natural como el mármol o el granito, cortar en seco, moler (..) u otros tratamientos sobre las superficies de cuarzo como 'Silestone', puede generar polvo (..) y una exposición prolongada (…) puede causar graves incidencias en la salud, incluidas las neumoconiosis”.

Las fichas de seguridad del producto no se elaboraron hasta el año 2005, y no se entregaron a las marmolerías hasta 2009. Solo entonces empezó a advertirse de la elevada concentración de sílice y de que una exposición prolongada o masiva de sílice cristalina puede causar fibrosis pulmonar y neumoconiosis como la silicosis.

La sentencia subraya que hasta 2009 se asimilaba el Silestone a cualquier otro producto de piedra natural como el cuarzo, el mármol o el granito, a pesar de que estos contienen entre el 3% y el 20% de sílice, y los aglomerados de cuarzo solían superar el 90%. Novogranit solo empezó a suministrar mascarillas FFP3 a sus empleados cuando aparecieron casos de silicosis en trabajadores de Bermeo que también manipulaban Silestone.

“La información suministrada a la marmolería no puede considerarse suficiente”, se lee en la sentencia, que remata: “La consecuencia de esta falta de información fue que no se adoptaron las medidas de protección de seguridad adecuadas para los trabajadores de la marmolería”.

Diferencias con la condena de Vigo

En Vigo, los hechos probados (muy parecidos a estos) declararon que la empresa (y su máximo responsable) actuaron de forma “gravemente negligente”, pues no facilitaron “información alguna” a pesar de conocer los riesgos y peligrosidad que conllevaba la manipulación al menos desde el año 2000. De ahí que se condenara al empresario, previo acuerdo con el fiscal. En cambio, el juzgado de Bilbao ha llegado a la conclusión opuesta, al entender que solo sería exigible una indemnización por vía civil, que Cosentino ya ha satisfecho.

“De la prueba practicada resulta la existencia en los fabricantes-proveedores de cierta imprudencia al no suministrar a la marmolería una información suficiente y adecuada, si bien esta no reviste entidad suficiente para integrar una imprudencia penalmente relevante”, señala la jueza de Bilbao, que se apoya en una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 2017 (ante la que se tramitaría un eventual recurso de apelación) para argumentar por qué la imprudencia es leve: la ficha era insuficiente, pero sí hacía constar que una exposición prolongada al polvo podía causar “graves incidencias en la salud”, incluidas las neumoconiosis.

Esto implicaría que no se omitieron “las más elementales medidas de cuidado” ni una “desatención grosera de lo exigible”. “Si la conducta infractora hubiese tenido lugar en estos momentos es posible que los hechos sí fuesen constitutivos de delito (...) pero no en aquella época en que no estaba suficientemente contrastado” que la manipulación del Silestone en las marmolerías podía producir silicosis, decía aquella resolución, que concluía que Cosentino informó “tardía, insuficiente y confusamente”, pero que era una imprudencia leve. Además, los hechos habían prescrito. Esa sentencia de 2017 sirve ahora de soporte argumental de la nueva resolución absolutoria.

El nuevo juicio a Cosentino, así como a dos responsables de Levantina, los dueños de Novogranit y un médico de prevención, quedó visto para sentencia el 8 de julio de 2023, apenas cinco meses después de que el empresario andaluz fuese condenado por primera vez, despertando una inusitada atención mediática sobre la silicosis de los aglomerados de cuarzo. La nueva sentencia, de más de 40 páginas, se ha demorado más de lo habitual, algo que fuentes jurídicas achacan a la materia que debía abordarse, con aristas sanitarias y de prevención de riesgos laborales, y abundante documentación técnica.

Satisfacción en Cosentino

El Silestone, producto estrella de Cosentino desde el boom inmobiliario, es un producto de riesgo para los trabajadores si no adoptan fuertes medidas de prevención frente a la inhalación de las pequeñas partículas de sílice que se desprenden al cortarlo o pulirlo. La silicosis que genera es especialmente rápida y agresiva. En Andalucía se notificaron 596 partes entre 2007 y 2022, pero los expertos estiman que la cifra de afectados es muy superior, debido a la falta de exhaustividad de las herramientas de conteo, tal y como contó este medio en este reportaje.

El riesgo de silicosis agravada ha provocado que el producto haya sido recientemente prohibido en Australia, el primer país en dar un paso así. Cosentino defiende que toda su producción de Silestone está ya por debajo del 40% de sílice libre cristalina y que su objetivo a corto plazo es que todos sus colores estén disponibles en materiales con menos del 10%. También aboga por un control reforzado de las medidas de prevención frente a la inhalación del polvo de sílice.

La multinacional, que facturó 1.411 millones de euros en 2022, se declara satisfecha por la absolución en un comunicado remitido a este medio e insiste en que siempre ha sido “prudente” y ha informado a sus clientes “correctamente” sobre cómo trabajar su producto. “La seguridad de todos los trabajadores de la industria ha sido y seguirá siendo la máxima prioridad de Cosentino”, dice la empresa, que subraya su “solidaridad” con los que sufren silicosis.

El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz ha dictado una sentencia por la que condena solidariamente a Navantia S.A. e Izar Construcciones Navales en liquidación (sucesora de Astilleros Españoles, S.A.) al pago de una indemnización de 509.818,60 euros a la viuda y seis hijos de un trabajador de la factoría de Cádiz que murió en julio de 2020 por un cáncer de pulmón por asbestosis.

La familia, representada en su demanda por la letrada gaditana Aida Segura Höhr, responsable del Departamento de Derecho Laboral del bufete Dávila y Asociados, interpuso demanda en reclamación de indemnización a instancias de los familiares del trabajador fallecido, quien prestó servicios como herrero/calderero para la antigua A.E.S.A en la Factoría de Cádiz desde el año 1975 hasta 1990, informa el bufete en una nota de prensa.

El fallo judicial estima íntegramente la demanda interpuesta al considerar probado que la causa del fallecimiento estuvo relacionada con el trabajo que realizó el ahora fallecido como herrero/calderero en la factoría de Astilleros en Cádiz, haciéndolo para la empresa auxiliar Francisco C. Ruiz Rodríguez desde el año1975 hasta enero de 1980. En esa fecha se le integró en AESA, con la manipulación y exposición/inhalación de partículas de amianto, así como con la insuficiencia de medidas de protección, seguridad o prevención de riesgos y la aparición de su enfermedad pulmonar contraída, causante del reconocimiento por Seguridad Social de la declaración de sospecha de enfermedad profesional.

En su sentencia, el magistrado recalca que “en la realización de dichos trabajos en el interior de los buques estuvieron en contacto con materiales compuestos de amianto que se encontraba en diferentes partes de los barcos que debían reparar, concretamente en los mamparos que eran unas estructuras con las cuales se formaban los compartimentos de a bordo de los barcos debiendo cortar dichas estructuras desprendiéndose un polvo que quedaba en el ambiente”.

“Las empresas infringieron los deberes más básicos”

Relata el juzgado que “en las salas de máquinas de los barcos estaba presente el amianto en las mantas que se usaban como aislantes del calor de las tuberías de vapor”. “El trabajo se realizaba en espacios confinados en los que existían partículas de dicho mineral en forma de polvo cuando se manipulaba el material sin que existiese ventilación alguna. La ropa de trabajo consistía en un mono azul que se llevaban a casa para lavarlos sin que por la empresa se dieran mascarillas ni protección alguna que evitase el contacto con aquel producto. No contaban ni con reconocimientos médicos preventivos destinados a verificar enfermedades pulmonares por contacto con ambientes pulvígenos -placas de tórax o asimilables-, al margen de ser voluntarias y anuales tales reconocimientos. No contaban con las mínima medidas de seguridad que evitaran contacto e inhalación de polvo o partículas de amianto (véase mascarillas o sistemas de ventilación y extracción y/o recogida). No contaban con la necesaria formación e información preventiva en los trabajos con amianto. Por tanto, las empresas infringieron los deberes más básicos en la adopción de las medidas preventivas necesarias para evitar lo que a la postre determinó las secuelas y agónica muerte del trabajador con el diagnóstico de carcinoma de epidermoide de bronquio principal izquierdo, post expuesto al asbesto”.

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso, acoge en su totalidad la cuantía reclamada por el bufete Dávila y Asociados, señalando la letrada Aida Segura Höhr que las empresas han sido condenadas también al pago de los intereses legales devengados desde la presentación de la demanda de conciliación que tuvo lugar el 9 de junio de 2021 y que asciende hasta la fecha de la sentencia a unos 40.900 euros más las costas procesales por la inasistencia de las demandadas al acto de conciliación, por lo que la indemnización final alcanzará los 550.314 euros, siendo hasta la fecha la mayor indemnización obtenida a nivel nacional en reclamaciones relacionadas con el amianto.

Navantia, consultada por este periódico, no ha querido comentar nada respecto a esta sentencia.

La prohibición total de las encimeras de piedra artificial divide a los sindicatos y organizaciones de afectados en España. Hasta ahora, el único país que ha adoptado una medida tan restrictiva es el más lejano al nuestro, Australia, pero este viernes California, donde la silicosis entre jóvenes trabajadores es un problema creciente, ha adoptado una medida en la misma dirección. Además, también este viernes Ikea Australia ha anunciado que dejará de trabajar con este tipo de encimeras de forma inmediata.

A diferencia de Australia, donde apenas vende el 1,9% de su producción total, Estados Unidos sí concentra un alto porcentaje de las ventas internacionales de Cosentino, la multinacional española del Silestone. El estado californiano ha prohibido de urgencia todo el corte en seco de material con más del 0,1% de sílice libre cristalina, advirtiendo de que cerrará preventivamente cualquier marmolería que no cumpla. Bajo ese estándar, muchas marmolerías españolas tendrían que cerrar.

El temor entre productores como Cosentino es un efecto en cascada que ponga en jaque toda su línea de producción de encimeras de piedra artificial. De ser así, los sindicatos advierten del efecto potencial en los empleos de miles de trabajadores que se dedican a la producción de este tipo de materiales. Otros confían en la fortaleza de la empresa almeriense para diversificar su producción.

“Preocupación” en los sindicatos

Todos saben desde hace más de una década que trabajar el Silestone u otras encimeras de fabricantes como Caesarstone (la mayoritaria en Australia) o Compac sin medidas de protección adecuadas supone una vía directa y casi segura hacia una silicosis más agresiva y rápida que la de los mineros. En muchas ocasiones, con resultado mortal. Pero la prohibición total del producto genera dudas por el impacto económico que tendría en la comarca del Valle del Almanzora, donde se sitúa la fábrica de Cosentino, o en otras zonas donde se concentran las marmolerías que perfilan la encimera antes de su colocación.

“Dentro de Cosentino hay división. La gente de oficinas y venta piensan que los enfermos buscan sacan dinero. No es así. Se quiere que si sus hijos trabajan aquí no enfermen a los cinco años. Que tengan un trabajo seguro”, dice un trabajador, bajo condición de anonimato, que subraya la importancia de la entidad en la zona: “Esto da mucho trabajo, a media comarca”.

Los trabajadores fueron informados de que este año se ha producido un descenso de las ventas, que en el pasado han llegado a ser de unas 13.000 tablas diarias. “La bajada no es un desastre: en vez de ganar una brutalidad, ganan un poco menos”. En cambio, por ahora el varapalo de Australia no ha merecido ninguna comunicación interna. “Años atrás esto hubiera sido un batacazo, pero ahora vende mucho Dekton, que es un porcelánico. Cosentino es muy fuerte comercialmente, y se centrará en productos más saludables, mientras mejora el Silestone”, señala, también bajo anonimato, un extrabajador. “Si tiene que invertir 20 millones, lo puede hacer perfectamente. No creo que se venga abajo”. Otro exempleado asegura que los trabajadores confían en el músculo de la empresa: “Es fuerte y potente. Remará por un lado y si no, por otro”.

No obstante, entre los sindicatos hay preocupación y, de momento, evitan pedir que se aplique una medida similar en España. “No lo descartamos, pero antes tenemos que hacer una evaluación implicando a todas las autoridades que tienen responsabilidad: laboral y sanitaria”, advierte Mariano Sanz, Secretario Confederal de Comisiones Obreras de Salud Laboral, que pide pausa: “Sabemos que detrás de todo esto hay muchísimos trabajadores, y zonas altísimamente dependientes. Queremos ser prudentes: lo principal es que se trate a los afectados con la mayor rigurosidad desde la prevención de riesgos, y se aplique justicia en el ámbito de la Seguridad Social y judicial”.

En la misma línea está Juan Carlos Lebron, secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía, el sindicato ahora mayoritario en la empresa. “Hablamos de 4000 empleos: esto puede extenderse y mermar las exportaciones, y eso tendría consecuencias. Estamos preocupados”.

Extrabajador: “Australia sí ha tenido valor”

Desde el interior de Cosentino se subraya que la principal obsesión de la empresa sigue siendo la aparición de nuevos casos de silicosis y las demandas que provocan, que generalmente concluyen con acuerdos extrajudiciales con indemnizaciones superiores a la baremación de los juzgados. La empresa resalta que su “principal preocupación” es la salud y seguridad de los trabajadores, y hace hincapié no sólo en que el Silestone actual ha rebajado sustancialmente su contenido en sílice libre cristalina (por debajo del 40% en todos los casos), sino también en que los procesos productivos de ahora no tienen nada que ver con los de hace unos años, que generan los casos de silicosis que aparecen en la actualidad.

Sin embargo, y por ahora, el goteo de nuevos enfermos es continuo, según trabajadores y extrabajadores de la empresa, que creen que es prácticamente imposible eliminar por completo el polvo en la fábrica. Menos aún, en procesos de producción tan intensivos. “Se ponen aspersores, pero el polvo se levanta. Evidentemente, no es lo mismo que cortar en seco, pero está ahí. No me cansaré de decirlo: existirá siempre, pongan las medidas que pongan”, dice uno de los extrabajadores. “Antes era una atmósfera de polvo. Se está mejorando, pero queda mucho”, asegura el otro, que explica que, por ejemplo, se están mejorando los silos para que todo el material entre propulsado y no por cintas transportadoras.

Entre los trabajadores y extrabajadores consultados, todos con silicosis, el sentimiento generalizado es de satisfacción. “Es un jarro de agua fría para ellos, sí. Pero para los que estamos fuera es un ejemplo a seguir”, dice uno de los extrabajadores. “Se veía venir, aunque quizá no hasta el punto de prohibirlo”, dice el otro: “Ahora se comenta mucho dentro que ese Gobierno sí ha tenido valor, no como el español”. Sin embargo, evita la palabra “prohibición”: “La palabra no sería prohibir, sino quitar ciertos productos que producen la enfermedad”. No sólo el sílice, dice, sino otros compuestos químicos que integran la masa que conforma el Silestone.

División en las principales asociaciones de afectados

“Para mí personalmente y los socios ha sido una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Nos hace muy felices. Por fin un gobierno se da cuenta del daño que hace este tipo de material. Es una alegría”, comenta Ismael Aragón, presidente de la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), la primera de este tipo en España, que agrupa mayoritariamente a trabajadores de marmolerías externas que trabajaban encimeras de piedra artificial de Cosentino u otros fabricantes como Caesarstone o Compac. Aragón pide una actuación decidida en España y niega que haya un dilema: “Vender veneno para hacerse ricos no es ético. Pueden trabajar otros materiales porcelánicos que también se fabrican”.

Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis por Andalucía (que agrupa mayoritariamente a antiguos trabajadores de la comarca de Montemayor -Córdoba-), cree en cambio que la prohibición total va demasiado lejos. “Si van a prohibir cualquier piedra incluso con menos del 1% de cuarzo, por esa regla de tres no se podría trabajar ningún tipo de piedra”. En su opinión, todo es cuestión de cómo se maneje el producto. Cree que es posible “encapsular” la manipulación del material y que no salga polvo al exterior. Pero eso exigiría una reconversión que pocas marmolerías pueden hacer sin ayudas.

Constitución de un grupo de trabajo

La entidad almeriense, que llegó a anunciarse en la Superbowl y facturó 1.711 millones en 2022, asegura que las medidas de prevención en su fábrica son hoy incomparables a las que existían una década atrás, y que en los últimos siete años ha reorientado su producción para reducir el porcentaje de sílice libre cristalina: el 80% de los colores de Silestone estaría ya entre el 40% y el 11% (Hybryq40), y el resto entre el 10% y el 2% (Hybryq10). La multinacional cree que los esfuerzos habría que centrarlos en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en las pequeñas marmolerías que trabajan con el producto.

Mientras, a nivel regulatorio empieza a vislumbrarse algún movimiento. Está previsto que la próxima semana se constituya el grupo de trabajo que debe velar por la aplicación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Participarán ministerios, sindicatos, empresarios, Seguridad Social y expertos, y distintas fuentes dan por seguro que abordará el tema de la silicosis de los aglomerados. APSA también está impulsando una mesa de trabajo con afectados, expertos, administraciones y empresas, incluida Cosentino. En marzo, la multinacional y APSA firmaron un convenio muy criticado por ANAES, porque también contempla que Cosentino financie un proyecto de APSA para evaluar las repercusiones psicológicas en afectados por la silicosis y su entorno familiar más cercano.

Esta misma semana, BNG ha llevado al Congreso una petición para que la silicosis tenga un reconocimiento como “incapacidad permanente”. Los trabajadores enfermos denuncian las trabas no solo en el reconocimiento de la enfermedad, sino para el cobro de prestaciones adecuadas, lo que les obliga a una reconversión laboral casi imposible teniendo en cuenta su cualificación (generalmente baja) y su estado de salud (con una capacidad pulmonar mermada). La ministra Elma Sáinz ha prometido una revisión del procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores. 

Las autoridades australianas han acordado prohibir totalmente las encimeras de piedra artificial como las de aglomerados de cuarzo que fabrican la israelí Ceasarstone (mayoritaria en el país austral) o Cosentino, la multinacional fabricante del Silestone con sede en Cantoria (Almería). El acuerdo supone prohibir no solo la fabricación, sino también la instalación o la importación de este material, y será efectivo a partir del próximo 1 de julio.

La prohibición, que se ha dado a conocer este miércoles, sigue la recomendación emitida hace apenas un mes por Safe Work Australia, la agencia de seguridad en el trabajo, que había concluido que el aumento “drástico” de la silicosis en los trabajadores australianos está relacionado con la fabricación, el corte y el manipulado de las encimeras de piedra artificial (no con su uso cotidiano en la cocina). Las únicas excepciones se concederán para retirar, reparar o hacer pequeñas modificaciones en las encimeras ya instaladas, cuya seguridad para los usuarios nunca ha estado en cuestión.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad de los ministros de Salud y Seguridad Laboral de los seis Estados australianos, que han valorado el aumento “sustancial” de la silicosis y enfermedades relacionadas, “con un número desproporcionado de diagnósticos” entre quienes trabajan con piedra artificial. También subrayan que el polvo generado al procesar este producto es más dañino, y contribuye a que las enfermedades sean más rápidas y graves. En el documento se recuerda que “no existe evidencia científica de un umbral seguro de contenido de sílice cristalina”.

Los ministros constatan que la silicosis se puede prevenir, pero concluyen que la legislación no basta para proteger a los trabajadores debido a “una falta persistente de cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades” en la industria. Ante la falta de cumplimiento efectivo de las medidas de prevención, optan por prohibir el producto para evitar que la epidemia de silicosis, una enfermedad sin cura y mortal, vaya a más.

Australia es el primer país en adoptar una legislación tan restrictiva para un producto que está generando graves problemas también en otros países de habla inglesa como Estados Unidos o Reino Unido. En España, la epidemia de la silicosis de los aglomerados de cuarzo afecta al menos a 1.856 trabajadores, contabilizados desde 2007 a 2019, pero esta cifra no recoge todos los casos y los expertos creen que son bastantes más.

Cosentino “no comparte” la decisión

Cosentino “no comparte” la decisión “porque se centra en un solo tipo de producto, dejando fuera otros con una alta cantidad de sílice cristalina”. La entidad española facturó 1.711 millones de euros en 2022, de los que el 1,9% (en torno a 32 millones de euros) correspondieron al mercado australiano.

Con todo, el principal problema que enfrentan Cosentino y otros productores es la crisis reputacional y el posible efecto dominó hacia otros países en los que la preocupación por la silicosis de los trabajadores de la industria es creciente. Antes de conocerse la sentencia, la prensa económica había publicado la intención de Cosentino de salir a Bolsa. Desde entonces, nada se sabe de esos planes.

La multinacional almeriense había puesto el énfasis ante las autoridades australianas en la necesidad de reforzar la seguridad en los entornos laborales, implementando medidas que eviten la generación, dispersión e inhalación de polvo respirable, que es el vehículo que traslada las partículas de sílice cristalina a los pulmones de los trabajadores. “Consideramos que una regulación adecuada, que ataque el foco del problema de la seguridad en el centro de trabajo de forma definitiva, es imprescindible ya que se puede trasladar una falsa imagen de seguridad”, subraya ahora la empresa española en un comunicado remitido a elDiario.es.

La nueva regulación australiana admite aquellos productos con “trazas de sílice cristalina (menos del 1%)”. Además, contiene una excepción abierta a nuevos productos que Safe Work Australia y los reguladores evalúen positivamente “basándose en la provisión de evidencia convincente que demuestre que estos productos pueden usarse de manera segura”. En el sector se interpreta como una mano tendida para proponer nuevos materiales que cumplan con los criterios de seguridad.

Safe Work Australia ya había propuesto la prohibición total entre las tres opciones que había considerado: prohibición total, prohibición de productos con más del 40% de sílice libre cristalina o sistema de licencias. Sin embargo, había cundido la idea de que la presión del sector de la construcción haría que finalmente los reguladores no llegaran tan lejos, optando por una prohibición limitada y el refuerzo de los sistemas de control.

Este era también la preferencia de Cosentino, que había advertido del “riesgo de disrupción en el mercado inmobiliario y de la construcción”, con consecuencias en el mercado laboral. La empresa española abogó ante Australia por fijar límites a la piedra artificial con más de un 40% de sílice cristalina y más seguridad en los centros de trabajo. Ahora asegura que corrigió su posición y admitía una prohibición de materiales que superen el 10%.

División de opiniones entre las asociaciones de afectados

Entre las principales asociaciones de afectados en España hay división respecto a la valoración de la medida. “Es una gran alegría. Por fin un Gobierno se da cuenta del daño que hace este tipo de material”, comenta Ismael Aragón, presidente de la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), una entidad surgida en 2008 con los primeros casos aparecidos en la provincia de Cádiz. “Lo dicen los estudios: no es sólo el sílice, sino que lleva componentes que lo convierten en un cóctel molotov que mata gente. Gente joven”, comenta Aragón, que necesita oxígeno para dormir, perdió a un primo y tiene catorce familiares enfermos. Para él, la única solución es prohibir las encimeras de piedra artificial e insta a las empresas a que trabajen con otros materiales porcelánicos que no causan silicosis: “No sé qué esperan para prohibirlo aquí en España. Creo que sólo ven el lado económico”.

En cambio, Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía, lamenta que se haya adoptado una solución tan drástica. “Australia dice que como no son capaces de controlar que se trabaja con garantías, prohíben el producto. No es razonable: se deben agotar las posibilidades antes de prohibir un producto que además tiene mucha demanda”.

De fondo, late la preocupación de que la prohibición impacte de lleno sobre una gran multinacional andaluza y el tejido económico y social de la provincia de Almería. “Estamos preocupados, porque Cosentino emplea a 4000 personas, se sostiene sobre las exportaciones y esto puede afectar a la producción. Y no hay alternativa en la comarca”, señala Juan Carlos Lebrón, secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía. “Está claro que se ha hecho mal. No se utilizaban los EPIs y medios de prevención, y tienen que responder ante la ley e indemnizar a los trabajadores”, dice. “Pero lo que exigimos es que se cumpla normativa. Hay que invertir más dinero en prevención y vigilancia de la salud, y Cosentino debe buscar nuevos materiales menos peligrosos”.

Condenado en febrero

Igual que en España, la popularidad de este tipo de encimeras en Australia creció exponencialmente a mediados de los años 2000. Las primeras voces de alarma llegaron a finales de la primera década, y desde mediados de la década siguiente las cifras de enfermos no han dejado de crecer, especialmente entre trabajadores jóvenes de entre 30 y 40 años que entraron en el mercado laboral hace veinte años, tal y como contó elDiario.es en este reportaje. Muchos de ellos quedan incapacitados para trabajar o para actividades cotidianas como subir escaleras, hacer deporte o trasladar pequeños pesos por la reducción de la capacidad pulmonar; otros ya han fallecido.

Cosentino, que creció hasta convertirse en multinacional de la mano del Silestone (que llegaba hasta el 95% de sílice cristalina), asegura que toda su producción está ya por debajo del 40%, y que su objetivo a corto plazo es que todos los colores estén disponibles con menos del 10% bajo la gama HybriQ10, que ahora supone ya en torno al 20%. El pasado febrero su fundador y presidente, Francisco Martínez-Cosentino, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Vigo para admitir su culpabilidad por no advertir del riesgo del Silestone a cinco trabajadores que hoy sufren silicosis. Fue condenado a seis meses de prisión por cinco delitos de lesiones graves, y aún tiene pendiente una segunda sentencia en la que se dirimirán hechos parecidos.

En el país austral el gigante de las encimeras es Caesarstone, que dice estar “profundamente decepcionado” por la prohibición, basada en un razonamiento “defectuoso” y que no afronta la causa real del incremento de la silicosis, según recoge el medio australiano ABC. Sindicatos y organizaciones de salud la han aplaudido.

La madrugada del 31 de mayo Juan Antonio González caminó por la línea que separa la vida y la muerte. A las once de la noche, en una habitación pegada a un quirófano del Hospital Reina Sofía de Córdoba, pensó por última vez en María, se despidió de su familia, aspiró tres veces del inhalador y se durmió. Durante una noche, González vivió sin pulmones mientras le retiraban lo que quedaba de los dos que tuvo, carcomidos por la silicosis, y le ponían dos de un donante. Cuatro días después abrió los ojos y encontró la cara de su hermana y de Lucía, su mujer.

Antes de entrar al quirófano, los médicos le habían advertido: el 75% de casos tan graves como el suyo no lo superan. “Mis arterias estaban hechas una piedra, y cuando retiraron los órganos se deshacían como arena. Pero era eso o ir muriéndome lentamente, con mi mujer y mi madre cuidando de mí”.

Antes de entrar, pesaba 56 kilos, no subía la cuesta que llega a su casa, tenía que descansar al cuarto escalón y no tenía fuerzas ni para sentar a su hija de un año en la silla del coche.

“Yo, que cuando estaba en el mármol cogía tablas de 60 kilos, y de 1,60 de largo, y verme que no podía subir ni a un primero…”, cuenta este hombre, todavía joven, desde su casa de Montemayor (Córdoba), donde la epidemia de silicosis causada por el corte y pulido de las encimeras de aglomerados de cuarzo ha dejado un rastro de al menos 80 enfermos y un fallecido, como contó elDiario.es Andalucía en este reportaje.

“A mí esto me ha dado la vida. Ahora hago cosas que pensaba que ya nunca iba a poder hacer. Me da una alegría inmensa poder andar, jugar con mi niña, manejarme yo solo, montar y sacar el carro en el coche. Poder hacer todo eso otra vez”. Hoy camina siete kilómetros diarios y hace 40 de bicicleta. “Estoy hecho un toro”, sonríe.

“Yo no llegaba a Navidad”

A Juan González la silicosis le dejó los pulmones al 33% de su capacidad. Dice que no tenía dos pulmones sino dos piedras, pero ahora le acaban de dar el alta para las broncoscopias: ya no tendrá que desatascar los bronquios cada pocas semanas. El viernes pasado tuvo su primera espirometría desde la operación, y ha triplicado su capacidad. Lleva mascarillas en sitios cerrados porque toma inmunosupresores que evitan que su cuerpo rechace los nuevos órganos, pero eso es poco peaje para él.

Juan está convencido de que sin esa operación a vida o muerte no llegaba a Navidad. “Por eso digo que es un milagro, que se debe a la profesionalidad del equipo del Reina Sofía” y al donante, relata el hombre, que cita por su nombre a quienes le atendieron. María Jesús Cobos, Francisco, Benito, Mercedes, Ana Luz…

Este jueves, en el Día contra la Silicosis que promueven algunas asociaciones, Juan debía entregarles un reconocimiento de parte de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía, pero el equipo, liderado por Ángel Salvatierra, pionero en la especialidad de trasplantes de pulmón e Hijo Predilecto de Andalucía, tuvo que posponer la entrega por decisión del hospital.

Desde hace años, la silicosis es la principal enfermedad profesional en Andalucía, donde había 1.110 “casos prevalentes [existentes]” a 30 de junio de 2021, según los datos de un informe del SAS desvelado por este medio el pasado febrero. En 2022 se comunicaron 34 nuevos casos, nueve incapacidades permanentes y un fallecimiento por silicosis en el sector del corte y tallado de piedra en Andalucía, según el avance de la Estadística de Siniestralidad Laboral. Algunos expertos creen que la epidemia está subestimada porque solo una parte de los casos se notifica.

“Hay gente que piensa que asociarse es para sentarnos a hablar, pero no. Es pelear por nuestros derechos, porque nos han matado”, dice González. 

Ocho años sin contrato y ni una inspección

Como la de muchos afectados, la historia de Juan empieza en los años del boom inmobiliario. Todo el mundo quería una encimera de cocina de Silestone (el producto estrella de Cosentino) o de Caesarstone, y aquello era trabajo a chorros para pueblos como Chiclana (Cádiz) o Montemayor, con escasa alternativa económica y abundante mano de obra barata. “Yo empecé a trabajar a los 16 años. Me salí de la ESO porque no estudiaba. Prefería trabajar. Había amigos míos ganando dineros, y yo quería eso porque para estudiar no servía”.

Era el año 2005 y hasta poco antes de 2016, cuando dejó el oficio con los pulmones ya encogidos, no le advirtieron de que aquellas piedras que cortaba tenían un peligro mortal. Para qué, si ni siquiera tenía contrato: “Cuando lo pedía me decía que había mucha gente en la puerta. Y era cierto”. Todo ese tiempo lo pasó González cortando encimeras con una radial, respirando un polvo con micropartículas de sílice capaces de clavarse como un puñal en los alveolos pulmonares. Siempre en seco, con apenas una mascarilla FFP2. “Era todo polvo. Una nube que no veías al compañero hasta que no estabas encima”.

Tampoco vio nunca a un solo inspector de trabajo. Sólo recuerda que un día, mientras comía el bocadillo con un compañero, les llamó el jefe. “Nos dijo que lo alargáramos, que estaba el inspector por allí”.

“Era como si me pusieran la mano en la boca y la nariz”

Un día de verano de 2016 Juan se dio cuenta de que algo no marchaba. Al volver de la verbena, tuvo que aparcar lejos y subir la cuesta, y entonces sintió el ahogo por primera vez. “Yo había escuchado rumores de la silicosis, pero al principio nadie sabía qué era esto”, recuerda. Así que decidió hacerse las pruebas por su cuenta y la radiografía le tranquilizó. Allí no se veía nada. “Al mes siguiente me llamaron del Hospital de Montilla, porque estaban rastreando casos de silicosis”. Y allí el TAC sí lo encontró: silicosis simple crónica, grado A.

González dejó el mármol, entró a trabajar en una cartonera e hizo vida normal. Pero apenas dos años después, aquello había empeorado. En 2018 la silicosis derivó en crónica complicada, y en 2020, en complicada progresiva. Grado C. Lo peor que podía ser. Fue entonces cuando la neumóloga Blanca Hortal le recomendó que “averiguara” los papeles para jubilarse. Por entonces, él tenía 32 años. “Yo no quería jubilarme con esa edad, no busqué la paga. Pero a finales de 2021 ya me dijo que en dos o tres meses no me iba a poder mover”. “Está yendo muy rápida”, le advirtió.

La doctora estaba en lo cierto. Para marzo de 2022, el joven ya no podía ni dar unos pasos sin ahogarse, aunque siguió trabajando hasta septiembre, cuando se dio de baja por depresión. Verse incapaz de casi todo lo atormentaba.

Desde entonces, sufrió tres ataques graves. “La peor sensación del mundo. Era como si me pusieran la mano en la boca y la nariz. No te quedan fuerzas para moverte. Los ojos se me volvían hacia atrás, y pensaba que me quedaba en el sitio”, relata. Una vez le pilló solo, pero tuvo los reflejos para alcanzar el bote de ventolín que había guardado en el coche, y coger fuerzas para llamar a su padre. Cree que, si no, no lo estaría contando.

El 23 de enero, Juan entró en la lista de trasplantes, y pocos meses después, mientras limpiaba la jaula de los pájaros, lo llamaron. Tenía que estar en el hospital en una hora y 20 minutos. “Mi mujer se hartó de llorar. Yo lo tenía asimilado, sabía que ese día tenía que llegar”.

Ya en Córdoba, le dieron otra sorpresa: no le trasplantarían uno de los pulmones, sino los dos. Por un momento, se le cayó el mundo encima. “Pero tenía la niña con 15 meses: esa es la que impidió que yo saliera corriendo de la camilla. Me dije que me iba a ver crecer, así que para dentro. Cuando me pusieron la mascarilla, pensé ”que sea lo que Dios quiera“. Tres inhalaciones, y a la tercera ya no me acuerdo de nada”. A los cuatro días despertó, de vuelta a la vida. 

Safe Work Australia, la agencia australiana de seguridad en el trabajo, acaba de recomendar la prohibición del uso de piedra artificial, como las encimeras de aglomerados de cuarzo, independientemente del porcentaje de sílice cristalina que contengan. La recomendación se basa en una revisión de la evidencia científica sobre los riesgos de trabajar con este material, y concluye que el aumento “drástico” de la silicosis entre trabajadores australianos está relacionado con el manipulado de la piedra artificial.

Este es el primer país que estudia una limitación tan estricta de estos materiales, muy populares para encimeras de cocina. Aunque su presencia en ese mercado es relativamente menor, una generalización de las restricciones en la línea propuesta por la agencia podría acabar afectando a Cosentino, uno de los grandes productores mundiales y una de las principales empresas de Andalucía, con una facturación de 1.711 millones de euros en 2022.

La compañía cuantifica en el 1,9% su volumen de facturación en Australia, donde cuenta con un centro logístico desde 2017. El gran fabricante y proveedor de este producto en el mercado australiano es Caesarstone, una multinacional israelí cotizada en bolsa.

Cosentino defiende su nueva línea de producción y más seguridad

La multinacional con sede en Cantoria (Almería) rechaza las conclusiones del informe. La decisión “no está fundamentada en evidencias científicas sólidas”, explica a este medio, y estaría priorizando la prohibición en vista de la dificultad para el control, modernización y formación en el sector. Para la compañía, hay otro enfoque mejor, que estaría reduciendo la incidencia de la silicosis en países como Estados Unidos e Israel: “La sensibilización, la formación, el cumplimiento de la regulación por parte de empresas y trabajadores, y trabajar con las medidas de seguridad adecuadas como son el corte al agua, el uso de aspiración, la ventilación del espacio de trabajo y los equipos de protección personal”.

Silestone, el producto estrella de Cosentino, rondaba el 92% de sílice libre cristalina en su versión original y hasta hace poco. Desde hace algunos años, la empresa trabaja en el desarrollo de nuevas líneas que reduzcan ese porcentaje. El HybriQ 10 y el HybriQ40 no superan el 10 y el 40%, respectivamente, y, según los datos ofrecidos por la compañía, “toda” su producción de Silestone se reduce ya a esas cifras. “Nuestro objetivo es que a mitad del próximo año la gama completa de 35 colores sea Q10”, dicen.

“No hay evidencia de un umbral seguro”

Desde hace meses, los ministros de los seis Estados australianos y la autoridad federal están valorando tres opciones para regular los aglomerados de cuarzo: prohibir todos los productos de piedra artificial, prohibir solo aquellos que contengan más del 40% de sílice cristalina o establecer un sistema de licencias para estos últimos. Para retirar, reparar o modificar lo que ya está instalado habría exenciones bajo licencia.

En este contexto, pidieron opinión a la agencia de seguridad en el trabajo, que se decanta por la prohibición total porque no está claro que la reducción garantice la seguridad. “No hay evidencia de que la piedra artificial con bajo contenido de sílice represente menos riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores que la piedra artificial con alto contenido de sílice”, concluye el informe, que añade: “No hay evidencia toxicológica de un umbral ”seguro“”.

De seguirse la recomendación, hay “riesgo de disrupción en el mercado inmobiliario y de la construcción”, según Cosentino, que se decanta por un sistema de licencias. En la consulta pública abierta por la agencia, abogó por una legislación como la del Estado de Victoria, que fija los límites a la “piedra artificial” si contiene más de un 40% de sílice libre cristalina. “Cosentino cree que [la norma] logra el equilibrio adecuado entre mejorar la seguridad de los trabajadores, proteger los puestos de trabajo de 4.500 canteros, así como los empleos en las industrias de la construcción y la construcción de viviendas, sin dejar de ofrecer a los consumidores productos sostenibles y de alta calidad”, anunció en su día.

Aún no se sabe si las autoridades australianas seguirán la recomendación de la agencia u optarán por una limitación más flexible. Aunque la decisión se esperaba para este mes, finalmente ha quedado pospuesta a finales de año. Cuando se produzca, se mirará con lupa por productores y otros reguladores, también en España, donde se observa con atención por un potencial efecto dominó en otros países.

“La gran mayoría de casos de silicosis se dan en trabajadores de piedra artificial”

La recomendación de la agencia australiana se basa en un trabajo de campo realizado por expertos de la Universidad de Adelaida y la Universidad de Monash. “La gran mayoría de los casos de silicosis identificados en los últimos años se dan en trabajadores de la piedra artificial”, dice el informe, que subraya la “sobrerrepresentación” porque son solo el 2% de los trabajadores expuestos.

El informe concluye que este material provoca un tipo de silicosis con un inicio y una progresión más rápida, en línea con las observaciones de especialistas médicos españoles, que vienen advirtiendo en los últimos años del aumento exponencial de estos casos en zonas donde se trabajaron estos productos (Montemayor -Córdoba-, Chiclana -Cádiz- o el Almanzora -Almería-), con cuadros clínicos muy agresivos que degeneran en muy poco tiempo. El motivo es que el polvo de la piedra artificial tiene más sílice libre cristalina, y con propiedades que “probablemente contribuyen a que la enfermedad sea más rápida y grave”, según el informe australiano.

La agencia también señala la laxitud en el cumplimiento de la normativa de prevención para explicar por qué se han producido tantos casos. “Los importadores, fabricantes y proveedores de la industria de la piedra artificial no han proporcionado información adecuada sobre los riesgos”, generando incertidumbre y confusión. Se trata de una constatación similar a la que ya han llegado en España al menos dos juzgados, apuntando tanto a Cosentino como a Compac o Levantina, importadora en España de Caesarstone.

La agencia también encargó a la auditora Ernst & Young que estimase el impacto económico que tendría la prohibición total, del 40% o la introducción de un sistema de licencias. La prohibición completa es la más costosa, pero la conclusión es que es preferible a cualquier otra alternativa.

Acuerdos con los afectados

Cosentino defiende que sus materiales son seguros si se trabajan con las medidas de protección adecuadas, y que la prevención se ha incrementado notablemente en los últimos años. En 2017, una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya ya concluyó que informó “tardía, insuficiente y confusamente” a las marmolerías de los riesgos del Silestone. El pasado febrero, su fundador y presidente llegó a un acuerdo de aceptación de hechos con la Fiscalía, lo que motivó una condena a seis meses de prisión por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo. El proceso se había iniciado quince años antes, y en ese tiempo la empresa indemnizó a los afectados. Martínez-Cosentino fue condenado a seis meses de prisión. En julio afrontó por videoconferencia un segundo juicio penal, aún pendiente de sentencia.

En los últimos meses, la multinacional almeriense ha llegado a acuerdos con sindicatos y asociaciones de afectados. En julio acordó abonar un plus económico a los trabajadores que desempeñen su actividad en “un puesto donde exista un riesgo potencial de exposición al polvo de sílice”. Con la Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía acordó aportar recursos económicos para garantizar una atención psicológica a los afectados. Este acuerdo fue criticado por otras asociaciones.

En España, al menos 1.856 trabajadores desde 2007 a 2019 han contraído silicosis, una enfermedad grave, incurable y en muchos casos, mortal, por trabajar con este material. La cifra, extraída de los partes de enfermedades profesionales notificadas al CEPROSS, no recoge comunicaciones de la mutua o de los juzgados, por los que los expertos creen que la epidemia es notablemente mayor. Durante muchos años, Cosentino ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis, en los que se incluía una cláusula de confidencialidad. Para la compañía, demuestra su responsabilidad con los trabajadores.

Tampoco las mutuas de prevención de riesgos o la administración fueron diligentes para atajar este problema: el Plan Integral contra la Silicosis, aprobado en 2017, apenas se ejecutó, y la Junta de Andalucía lo dejó caducar.

El segundo juicio penal contra Francisco Martínez-Cosentino, fundador y dueño de la multinacional almeriense de superficies de piedra, ha quedado visto para sentencia este viernes. La Fiscalía acusa a Cosentino y a dos antiguos responsables de Levantina, la otra gran fabricante española, de sendos delitos contra la salud de ocho trabajadores de una marmolería vizcaína, que habrían contraído silicosis al manipular encimeras de aglomerados de cuarzo de ambas empresas sin que estas advirtieran de su peligrosidad. La fiscal cree que se causaron lesiones graves de forma imprudente.

Además, están acusados el médico del servicio de prevención y los tres dueños de Novogranit, la marmolería en la que trabajaban los afectados. El juicio se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal 5 de Bilbao. La Fiscalía pide que se condene a Martínez-Cosentino y los dueños de Levantina a año y medio de prisión, el pago de 3.600 euros y que se les inhabilite para administrar empresas durante dos años. Pedía también que entre todos los acusados asuman el pago de indemnizaciones de entre 25.000 y 102.000 euros a los trabajadores, si bien Cosentino satisfizo esa responsabilidad en 2019 mediante acuerdos privados.

“Sí proporcionábamos información, independientemente de que los riesgos del trabajo con piedra son conocidos por las marmolerías. Confiamos en que la justicia reconocerá que la compañía ha actuado correctamente”, señala un portavoz de la empresa, que explica que el caso guarda similitudes con otro ocurrido en Bermeo, en el que Cosentino fue absuelto.

Fiscal: la empresa no prevenía y el fabricante no advertía

Los hechos recogidos en el escrito de acusación de Fiscalía, que este medio ha podido consultar, recogen una práctica común en cientos de marmolerías en la España del boom inmobiliario, y eso es lo que sitúa a Cosentino en la picota, si bien fuentes autorizadas de la empresa aclaran que no hay más causas abiertas, ni las esperan.

Tal y como detalla el escrito de Fiscalía, trabajadores de una pequeña marmolería cortaron y pulieron durante años encimeras Silestone (Cosentino) y Ceasarstone (Levantina), con un alto contenido de sílice cristalina, que al ser cortada genera un polvo respirable que causa una forma especialmente agresiva de silicosis. Hasta 2012, Novagranit no aplicó las medidas de seguridad elementales que evitaran la inhalación. Y ello, a pesar de que la Inspección de Trabajo le había exigido en 2009 una veintena de medidas en 2009, entre las que estaban trabajar en húmedo, instalar nebulizadores, proveer de mascarillas FFP3, formación preventiva, evaluación de riesgos…

Cosentino proveía en torno al 85% de las encimeras, y Levantina el resto, pero ninguna de las dos fue diligente para informar de los riesgos de los aglomerados de cuarzo, según la fiscal. Hasta 2009, la empresa de origen almeriense no suministró ninguna ficha de seguridad, y solo a partir de marzo de ese año empezó a informar del riesgo de que una exposición prolongada a la sílice cristalina cause fibrosis pulmonar y neumoconiosis como la silicosis. Antes, se asimilaba el Silestone a piedras naturales como el cuarzo, el mármol o el granito, que contienen un máximo del 20% de sílice. Los aglomerados de cuarzo rondan el 90%. Es decir, nada que ver a efectos de riesgo.

En su escrito, la fiscal observa que Cosentino ya había tenido un acta de infracción en el año 2002, en la que la Inspección de Trabajo constataba que había enfermos de silicosis en su fábrica de Cantoria (Almería) al menos desde el año 2000. Deduce de aquí que Francisco Martínez-Cosentino sabía el riesgo al menos desde 2002, pero no informó a la marmolería hasta 2009.

Tampoco Levantina dijo nada de los peligros de manipular el Ceasarstone hasta 2009, y hasta diciembre de 2009 no elaboró una ficha de seguridad ni entregó una etiqueta, a pesar de que sus responsables (Cipriano Gómez y Antonio José Pinos) “conocían o tenían la obligación de conocer” los riesgos del producto.

La responsabilidad del médico de prevención

Por último, la Fiscalía apunta también al médico de Novogranit, al que señala por incumplir el protocolo de prevención, que obliga a reconocimientos anuales en casos en los que se sospeche que se puede contraer silicosis, como en las marmolerías.

De hecho, los trabajadores tuvieron que acudir al Instituto Nacional de Silicosis u otros centros públicos para que se les diagnosticara la enfermedad, dado que el servicio de prevención no les realizó el TAC con el que observar los nódulos quísticos característicos de la silicosis. A pesar de que ya estaban desarrollando la enfermedad, las primeras radiografías de tórax no la detectaron y se les fue declarando “aptos” hasta 2012. Eso provocó que se mantuvieran en los puestos de exposición a la sílice cristalina tras haber contraído la enfermedad, “aumentando así el riesgo de agravación de su dolencia”, dice la fiscal.

Para el Ministerio Público, los dueños de la empresa, los fabricantes y el servicio de prevención faltaron a su obligación de proteger la salud de los trabajadores. Como resultado, ocho de los diez trabajadores de la marmolería contrajeron silicosis. Varios tienen reconocida la incapacidad permanente absoluta o para su profesión, casi todos sufren dificultad respiratoria, tos y expectoración, y muchos refieren problemas de sueño, depresión o ansiedad.  

La condena en febrero

Este viernes, la Fiscalía ha reducido su petición de condena a Martínez-Cosentino de dos años y medio de cárcel a año y medio, teniendo en cuenta el retraso del procedimiento (se abrió en 2013) y que Cosentino ya abonó indemnizaciones. “La compañía hace tiempo que decidió no dejar a los trabajadores tirados, sin esperar al último minuto y a las causas penales”, explica un portavoz de Cosentino. La acusación particular se retiró en 2019, cuando se abonaron las indemnizaciones, pero la causa siguió adelante impulsada por la Fiscalía.

A diferencia de lo que ocurrió el pasado febrero, cuando Martínez-Cosentino fue condenado por un juzgado de Vigo a seis meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, en este caso el juicio se ha completado íntegramente en cinco sesiones, en las que han declarado los dueños de los fabricantes, los de la marmolería, testigos y peritos varios.

La silicosis de los aglomerados de cuarzo es una epidemia de magnitud desconocida. Hace tiempo que es la principal enfermedad profesional de Andalucía. Desde 2007 a 2019 se comunicaron a la Seguridad Social 1.856 partes de esta enfermedad, pero los expertos alertan de que las limitaciones metodológicas de ese sistema de comunicación provocan que la cifra real probablemente ronde el triple. En este tiempo, la Junta de Andalucía dejó caducar su plan contra la silicosis sin acercarse al cumplimiento de sus objetivos.

La sentencia de Vigo causó un notable revuelo mediático, empresarial y político porque, por primera vez, se condenaba por lo penal al dueño y artífice de Cosentino, una empresa clave en Andalucía, presente en decenas de países, con 1.401 millones de euros de facturación anual y perspectivas de salir a Bolsa. La sentencia concluía que, de forma “gravemente negligente”, no advirtió de los riesgos de manipular su producto a pesar de conocerlos “al menos desde el año 2000”.

Cosentino se conformó con esa condena, pero en esta ocasión ha decidido pelear hasta el final.