El presidente de la Diputación de Burgos, concejal en el Ayuntamiento y presidente del PP provincial, Borja Suárez, ha querido “salir al paso” de la información publicada por elDiario.es sobre los presuntos cobros en B de la empresa de la que es copropietario. Según ha declarado Suárez, ya dio explicaciones en el Pleno por los contratos adjudicados a Eventos El Espino SL y nunca ocultó su participación en la mercantil. Además, ha vuelto a reconocer que los contratos son nulos y que había una incompatibilidad absoluta para contratar y ha insistido en establecer “algún medio de control” para que los concejales “estén más seguros, más controlados y no haya ese conflicto de intereses”. Sobre ello, ha dicho, ha actuado con “absoluta transparencia” -sólo advirtió al secretario municipal del posible conflicto tras la llamada de este diario- y que ya hay un informe de secretaría “que dice lo que dice” y que le obliga a desprenderse de la participación en sociedades.

Lo que ha obviado es que debió hacerlo antes o bien haber renunciado a su acta de concejal que le permite presidir la Diputación. No ha ocurrido ninguna de las dos cosas y sigue siendo concejal. “No hay reproche legal, se queda en el ámbito administrativo pero sí que tengo que desprenderme de cualquier participación y separar la actividad pública de la actividad privada, no porque sea una obligación o sea incompatible, sino porque creo que lo tengo que hacer”, ha comunicado.

Pero además ha querido pronunciarse sobre la información sobre los presuntos cobros en B. Borja Suárez se ha referido a unas denuncias entre socios y administradores “que ya ha sido archivada por parte de los juzgados”. Así, ha hablado de una “campaña” que “lleva ya varias semanas” de “difamación absoluta” hacia él. “Yo puedo entender que en clave electoral, después de los resultados que ha habido valga todo para tratar de poner sobre la mesa ciertos asuntos, más si cabe ahora, que se han abierto multitud de causas judiciales en torno a la corrupción, a la corrupción que existe por parte de representantes públicos que son lacerantes. Este no es el caso”, ha manifestado. Suárez entiende que “lo que se pretende” es dar una Imagen sobre su “figura” como presidente del Partido Popular de Burgos, como presidente de la Diputación y como concejal del Ayuntamiento sobre la que tiene que defenderse. En ese sentido, ha dicho que forma parte de una “esfera” de la que ya no va a tener que formar parte porque se va a desprender de las acciones.

“Cuando se difama a una persona, cuando se trata de destruir la imagen de una gestión de la diputación provincial, del Ayuntamiento de Burgos y también a la del Partido Popular, decirles que a ese juego ni voy ni puedo entrar”, ha zanjado. Sin embargo, ha asumido que debía hacer declaraciones “sobre lo que está pasando” para dejar claro que “en ningún momento ha habido un reproche legal ni de ningún tipo” hacia él, y que se está hablando de “hechos ya archivados por parte de la Justicia”. Tal y como ha publicado este diario, el archivo de la causa de los exsocios se ha recurrido. Suárez se ha permitido calificar las informaciones de este medio sobre su participación en las empresas y ha dicho que tienen “tientes sensacionalistas e implicaciones muy graves” aun cuando el propio secretario municipal ha ratificado esas informaciones: Suárez debió renunciar al acta si quería ser empresario y los contratos adjudicados son nulos. También ha mandado un mensaje a la oposición: “y a los partidos que están cogiendo esto y están haciendo especial sangre, decirles que están entrando en un ámbito realmente complejo”. “Se hacen eco de forma tan lacerante con ese objetivo de tratar de quitarme del medio”, ha dicho a la vez que les animaba a ponerse frente al espejo.

A preguntas de la prensa, ha desmentido “absolutamente” haber cobrado en B y ha repetido que el asunto se archivó en un juzgado. También ha hablado de los correos reproducidos por este diario. “Son de 2019 y ahora estamos en 2026 y esto sale ahora justo cuando salen los procesos en torno a la corrupción y se trata de exponer circunstancias que no son ni mucho menos parecidas. Las cosas hay que demostrarlas, hay que ir al juzgado y este tipo de insinuaciones lo único que hacen es una campaña de desprestigio y de difamación que no puedo tolerar”, ha lamentado.

Suárez ha descartado acudir a los tribunales: “En ningún caso, se ha cuidado muy bien la información de decir algún tipo de ilegalidad, y eso, escrito queda y algo queda, por eso tengo que salir. Que me digan qué tipo de presunto delito se ha cometido, que se demuestre y que se juzgue. A partir de ahí si lo que se ha hecho se ha juzgado y se ha archivado, lo que no se puede en 2026 -se archivó en 2025- venir y coincidiendo con lo que está coincidiendo, a soltar esa información que en ningún caso me implica a mí de ninguna manera”, ha comentado.

“Niego cualquier tipo de reparto de dividendos de esa sociedad de manera ilícita”, ha insistido. Sobre la dimisión que reclaman tanto PSOE como Vox, se ha remitido al informe del secretario del Ayuntamiento en el que “no hay reproche legal”, y al “protocolo” que se pretende hacer “para evitar este tipo de situaciones” y a dar explicaciones en el propio Pleno si se le piden. También ha cuestionado las palabras de Vox sobre la “falta de ética y de estética” que le atribuye. “Dejan a Sócrates, a Platón y a Nietze a la altura de cañita brava”

La mercantil Eventos El Espino SL, de la que el presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, posee el 33% de las acciones, tenía una caja B, una contabilidad paralela para repartir dinero negro entre los socios. Así se desprende de una serie de correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es y de las declaraciones que han hecho dos exsocios de la empresa, que confirman esa forma de operar y que la denunciaron en un juzgado.

Tal y como publicó este periódico en exclusiva, Eventos El Espino ha recibido una docena de contratos del Ayuntamiento de Burgos, donde Suárez es edil. Sólo una vez publicada esa presunta ilegalidad, tanto Suárez como la alcaldesa solicitaron un informe al secretario municipal que determinó que los contratos eran nulos y que Suárez debió elegir entre el acta o la mercantil. Recomendaba además elaborar un “protocolo” para evitar situaciones similares en el futuro. Suárez sigue siendo concejal y accionista de la empresa.

Laura Gazpio y José Manuel Varas fueron trabajadores y socios de Eventos El Espino junto a Koldo Madariaga, en ese momento presidente de la empresa y ahora administrador solidario, Daniel Madariaga, que era secretario y actualmente es administrador solidario, y Borja Suárez. La empresa se creó en 2008 y Gazpio fue la última en entrar como accionista, con un 10%, frente al 22% del resto de socios. Según Gazpio, en Eventos El Espino “estaba la caja A y la caja B”.

Un reparto en metálico que se hacía tras una cena

“De la caja B se hacía reparto a final de año, quedábamos en casa de Koldo Madariaga. Daniel Madariaga Fuente era quien administraba las dos cajas y llevaba un poco las cuentas de las sociedades –además de Eventos El Espino SL está El Granero de San Francisco SL– y nos hacía una exposición de cómo se había desarrollado el año. Cenábamos, picábamos algo y repartíamos en metálico. Bueno, repartía Daniel Madariaga, él se encargaba de hacer el reparto. Estábamos los cinco socios entre los que se encontraba Borja Suárez”. Gazpio se incorporó a las reuniones cuando entró en la sociedad: “Creo que fue en 2017. Era la forma habitual de reparto de dividendos de ellos desde que la empresa empezó a dar beneficios. Nosotros [Gazpio y Varas] dejamos de participar en esas reuniones en 2020, cuando salimos del día a día de la empresa como trabajadores y únicamente nos quedamos como socios. Ahí ya se nos sesga la información y ya no participamos más”, asegura.

Varas confirma el relato de Gazpio: “Siempre ha habido dos contabilidades, la A y la B”, ratifica. “Nos lo repartiamos a finales de año o a principios del siguiente. Solíamos quedar en casa de Koldo a cenar, y alguna vez recuerdo que en el Monasterio [un espacio con un antiguo monasterio y un granero americano que construyeron para acoger bodas]”, explica Varas. “Cuando Dani tenía los repartos hechos tanto lo A como lo B, estábamos siempre los cinco y lo hacíamos desde que la empresa pudo dar beneficios, los principios siempre son duros. En torno a tres o cuatro años nos hemos repartido el dinero en B. Dejamos de ser trabajadores y dejamos de estar en los repartos”, comenta.

El relato de los dos exsocios quedaría apuntalado por los emails remitidos en 2019 y 2020 por el secretario de la sociedad al resto de socios. En él aparecen en copia los correos electrónicos de Koldo Madariaga, Laura Gazpio, José Manuel Varas y Borja Suárez. En el primero, fechado el 21 de febrero de 2019, y con el asunto 'Cierre de cuentas 2018 EE y GSF' Madariaga les propone repartir ganancias. “Buenos días. Parece que andáis sobrados de tela y no queréis juntaros conmigo para hacer el reparto. Os adjunto los datos de cierre de cuentas de Granero (GSF) y El Espino (EE), estoy a vuestra disposición para aclarar dudas acerca de los mismos”, dice. “Si os va bien a todos quedamos mañana para comer o cenar y hacemos el reparto”, concluye.

El resultado “extracontable”

Hay otro correo de febrero de 2020 en el que Madariaga les manda los datos de cierre contable de Eventos El Espino de 2019 y en el que aportaba la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación, balance de sumas y saldos, libro mayor... pero también menciona la “integración” de las dos “contas” (sic). En el apartado de pérdidas y ganancias aparece un resultado de 225.111,64 euros. El resultado contable era de 80.140,12 euros, de los que 20.035,03 indica que son para el pago de impuestos y el “resultado extracontable” era de 144.971,52. O lo que es lo mismo: en 2019 Eventos El Espino ganó más de 225.000 euros y declararía poco más de 80.000, un 64% menos. Los más de 144.000 que no se declaraban se repartían entre los socios.

Así, en el mail está la “propuesta de reparto” en la que Madariaga sugiere distribuir entre los socios sólo 100.000 de los 144.971,52 a los que se suman 4.000 de un préstamo y más de 1.900 de un “acumulado” de años anteriores, porque tienen un asunto en el juzgado. “Hay que protegerse de lo que pueda venir de esta causa”, justificaba. Así, correspondían 22.500 euros a cada uno de los cuatro socios con un 22% de acciones, entre los que estaba Borja Suárez, y 10.000 para Gazpio, que tenía el 10% de las acciones.

Según las cuentas de 2019 depositadas en el Registro Mercantil, el resultado de explotación fue de 80.168,61, una cantidad que difiere en unos euros a la que se dio en el mail, sin incluir el dinero B.

En esos años, Eventos El Espino se dedicaba fundamentalmente a la organización de bodas, y la cifra de negocio superaba el millón de euros. En concreto, y según las cuentas registradas de 2018, en ese ejercicio la cifra neta fue de 1.077.767,72 euros.

Borja Suárez: “Es falso, nunca se repartían dividendos”

elDiario.es ha contactado con Borja Suárez, quien niega la existencia de una contabilidad paralela a la oficial. De hecho, Suárez asegura que nunca ha cobrado dividendos y que lo único que ha recibido son “devoluciones de préstamos” que hizo a la empresa, y que las ganancias no se repartían sino que se reinvertían. “Es falso”, dice de un supuesto reparto de dinero negro. Además, niega la existencia de los emails a los que ha tenido acceso este diario. “No hemos repartido dinero negro”, repite. Aunque reconoce que uno de los correos que aparece en copia del enviado por Daniel Madariaga es el suyo, niega haber recibido nada así y haber estado en una cena con los socios en los que se repartieron dinero en metálico. “No se ha repartido nunca dinero en metálico, ni dinero en B, ni nada. Esa empresa tiene unos dividendos que están declarados”, zanja.

El entonces presidente de la mercantil y ahora administrador solidario, Koldo Madariaga, también ha atendido la llamada de elDiario.es. “Me suena un poco a chino, una cosa así no se me debería olvidar, me suena un poco a chino, la verdad, por email... porque nosotros no hemos juntado en las reuniones de las juntas generales”, comentó. Según explicó, la sociedad está formada por cuatro amigos y ha sufrido “un deterioro que va de la mano del trabajo y la amistad” y que todo ha acabado con la salida de dos de los socios “con sangre, sudor y lágrimas”.

“Ha sido una situación muy fea, desagradable, que seguramente tenga que ver con todas estas cosas e incluso con el propio crecimiento del accionariado, porque su salida –en 2025– condicionó el crecimiento de las participaciones y han sido dos años complicados porque no había acuerdo y todo eso pues siempre hace que se sufra, unos porque no pueden salir, otros porque no se termina con la situación. Estás siempre rodeado de entornos en los que no tienes costumbre de abogados y demás y a final de año se llevó a cabo esto”, precisa. Según Koldo Madariaga, el deterioro de la sociedad se produjo en 2020–2021 y estuvo vinculado a la crisis del covid. “Me suena extraño un email de 2019 y no puedo decir más porque no me acuerdo, me acordaría porque no es una cosa banal”, reconoce.

Sobre las declaraciones de los dos exsocios, ha añadido que ellos dirán “lo que haga falta”, porque incluso denunciaron al resto, y aunque desconoce en qué fase está el caso, sí sabe que en primera instancia se desestimó y lo recurrieron. Lo que reclamaban, dijo, eran “ciertas mejoras salariales” porque con su salida el resto tuvo que “arrimar mucho el hombro para salir adelante”. Según las cuentas de la empresa a las que ha tenido acceso elDiario.es, el total de los salarios de alta dirección que se pagaban rondaban los 140.000 euros anuales. Los exsocios no estaban de acuerdo con la subida salarial, algo “normal” que se produce en una salida en la que no hay acuerdo y en la que “buscan presión para que se consiga”, algo que considera “lícito” porque “están en su derecho”.

Sin embargo, sí apunta a que han utilizado “artimañas más que dudosas”. “Creo que esta es una de ellas, lo que pasa es que hay un político por medio [Borja Suárez] que no sé lo que conlleva, pero los que somos gente anónima, lo sufrimos un montón. Pero vamos es que me suena a chino. Me imagino que tendrán alguna prueba más que un correo, ¿no? Porque dos personas que salen de una sociedad y ahora cuentan eso suena un poco así, digo yo que tendrán pruebas, ¿qué base tienen?”, cuestiona. “El email tiene que ir sujeto a un soporte porque yo te puedo mandar un mail que diga barbaridades y tú según llega lo puedes exportar pero ahí se queda el email como enviado. Entiendo que tiene que haber algo más porque si no sería todo terrible”, argumenta. “Estamos hablando de dos personas enemigas, que han salido de la sociedad, nos han denunciado”, insiste. “No creo que sea muy difícil manipular una captura de pantalla, es que me suena a chino, no había uno, habría mil”, dijo.

“Esta llamada imagínate cómo me deja. La próxima es con mi abogado porque esto seguramente se tenga que judicializar y, si sale esta noticia, nosotros imagino que no nos quedaremos mirando. Me niego a aceptarlo, esto se tendrá que demostrar, porque si no es la hostia”, lamentó. Respecto a que Suárez, con más de dos décadas en política, forme parte de la empresa, Madariaga recuerda que la compañía se constituyó en 2008, “cuando Borja estaba un poco en el limbo”. Según la biografía que está publicada en la web de la Diputación de Burgos, Suárez fue director general de Juventud de la Junta de Castilla y León de 2003 a 2007 y de 2007 a 2019 fue concejal y portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. “Es un soldado raso en el Ayuntamiento, en la Diputación, es un amigo de la infancia y es una época en la que todos tenemos edad de buscarnos las habichuelas. Y es verdad que cuando Borja es nombrado presidente de la Diputación (en julio de 2023) se pone encima de la mesa”.

“Se nos queda cara de tontos cuando nos enteramos de que es incompatible ser concejal y tener más del 10% de acciones”

Madariaga afirma que tuvieron “muchísimo cuidado” porque la empresa ha trabajado en Euskadi, La Rioja y Burgos y reciben solicitudes de todo tipo. “Teníamos mucho cuidado cuando llegaba una de la Diputación, porque les podíamos contestar de mil maneras pero nunca aceptando la solicitud, se tuvo cuidado, se ha tenido siempre”. Sin embargo, dice que desconocían que la participación de Borja, con un 22% de acciones al principio y un 33% desde 2025 les “privase de poder trabajar para otras administraciones”. “Parece que hemos descubierto, que puede sonar un poco así, pero es verdad, que no puede tener más de un 10% y se nos queda cara de tontos porque no hay nada peor que trabajar y parecer que no trabajas. Si trabajar en sí es jodido, imagina que parezca que te lo dan hecho”, asegura.

Con una facturación de dos millones de euros, Madariaga resalta que es una empresa que viene del medio rural, que contrata a un centenar de trabajadores entre fijos y discontinuos. “Es que es duro, y que vayas por la calle y digan es que se lo han dado hecho, para nosotros es tremendo, es un drama”, insistió. Además, repitió que Suárez desconocía la incompatibilidad de tener un cargo público y más de un 10% de acciones de una empresa que trabaja con administraciones. “Pues parece ser que el hombre no lo sabía, ni él, ni la administración que tiene que velar porque eso no pase, porque lo tenía en la declaración de bienes. Puede que cueste creerlo, pero esto ha pasado, no era consciente de la situación”, afirma.

Respecto a que Borja Suárez defendiese el 'txacoli burgalés' que elaboraba la empresa de bodeguera de su socio, Madariaga destaca que nunca recibió ayudas públicas y que Suárez hizo su trabajo. Recuerda, además, lo duro que fue enfrentarse a la administración vasca. “Somos trabajadores, habremos cometido errores y nos juzgará quien nos tenga que juzgar, pero fue algo que se nos ocurrió, recuperar la tradición del txacoli en Miranda”. La defensa dice, era “obligada” por parte de la Diputación y de la Junta. “Puede haber interpretaciones, pero verdad en esto del txacoli solo hay una”, zanja.

Daniel Madariaga, quien supuestamente remite los emails, también ha atendido a este diario y asegura que no reconoce los correos electrónicos. Además, precisa que los dos exsocios dejan la mercantil precisamente porque si durante tres ejercicios no se reparten, tienen la opción de salida. Pero recordó que siguen en la otra sociedad (El granero de San Francisco SL) y con un procedimiento judicial en marcha del que no puede hablar, si bien añade que han sufrido varios años de “chantajes” por parte de los denunciantes.

elDiario.es sí ha tenido acceso al procedimiento, una querella por un delito continuado de administración desleal y otro de apropiación indebida que se presentó contra los Madariaga (Koldo y Daniel) en los juzgados de Miranda de Ebro en mayo de 2024. Los dos exsocios argumentaron que estos, “prevaliéndose de su posición de poder como administradores y socios mayoritarios, lejos de velar por la empresa y el resto de socios”, realizaban “conductas lesivas para el patrimonio de la empresa y del resto de socios, a quienes con su actitud obstruccionista vetan la posibilidad de, ni siquiera, conocer la realidad de las circunstancias”. Entre otras prácticas, se mencionaba el uso de una doble contabilidad: “Lo cierto es que durante los primeros años de actividad de la mercantil, Eventos el Espino S.L., a través de sus administradores, generaba cantidades de dinero en B que aquellos repartían entre los socios de la empresa, ello hasta el año 2020, en el que a su propuesta se decidió regularizar tal situación, contabilizando a partir de entonces todos los ingresos y gastos de la empresa con el objetivo de llevar a cabo la gestión de la misma de forma transparente”, decía la querella.

“Nada de lo pactado se ha cumplido, pues mis representados han tenido conocimiento de que los querellados vienen manteniendo un sistema de cobro a los clientes en dos partes, mediante una factura 'oficial' cuya cuantía se debe ingresar en cuenta bancaria y con una 'nota' cuyo importe debe abonar el cliente en efectivo”, añadían. La querella iba acompañada de una extensa documentación que incluye mails con clientes y también entre los socios.

Sin embargo, el juzgado la archivó en septiembre de 2025. “No se ha acreditado la administración desleal ni la apropiación indebida dado que no consta probado un abuso de funciones ni una gestión de los administradores que haya causado de forma dolosa perjuicio patrimonial a la sociedad o a los socios, ni una disposición definitiva de los bienes de la sociedad en favor propio o de tercero”, decía el auto.

Un recurso ante la Audiencia Provincial

Los dos exsocios presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos en octubre de 2025. Entre otros argumentos, aluden un defecto formal en ese auto al “tener en consideración única y exclusivamente los medios probatorios aportados por la parte querellada”, mientras que la instructora no se pronunció sobre la prueba documental de los querellantes: “Prácticamente la totalidad de las pruebas propuestas por esta parte no se han admitido por la Instructora (ni inadmitido, pues no ha habido pronunciamiento alguno), de la documental aportada bien se puede determinar la existencia de indicios de comisión de los delitos imputados a los administradores de las sociedades Eventos el Espino S.L. y El Granero de San Francisco S.L”, expresan en el recurso en el que piden la nulidad del auto.

El Pleno de la Diputación de Burgos ha aprobado, con los votos de PP y PSOE, una defensa de la pertenencia de Treviño a Burgos a través de una proposición que reivindica los acuerdos marco para la prestación de servicios y apuesta por reactivar el debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

La proposición, defendida por el Partido Popular para dar respuesta institucional a la moción aprobada en mayo por las Juntas Generales de Álava favorable a la anexión del enclave a la provincia vasca, ha recibido los votos en contra de Vox y de Sentir Aranda, formaciones que completan la representación provincia.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez (PP), ha insistido en la necesidad de “reforzar la unidad de acción” de la provincia frente a lo que considera un intento de romper los acuerdos -que regulan la prestación de servicios en las zonas limítrofes de ambas provincias- por parte de la Diputación Foral de Álava.

Ha admitido que, actualmente, “casi todo el Condado de Treviño apuesta por una segregación del territorio en Álava, y eso es una realidad”, sin embargo ha recordado que es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León el que define el proceso a seguir para esa segregación.

Y por el momento, la anexión a Álava “es un tema cerrado” para la Diputación, mientras no se modifique la Constitución Española, de ahí que valore que el siguiente paso es llevar el debate a la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, tal como ha propuesto el PSOE, con una enmienda.

Cuestión de servicios, no de identidad

Los socialistas han pedido a los 'populares', como condición para apoyar su proposición, la sustitución del punto que hacía referencia a la posibilidad de que los estudiantes del enclave reciban becas académicas de instituciones educativas públicas del País Vasco, lo que el PP considera un “agravio comparativo”.

Y ha introducido un punto más genérico, sobre trato equitativo en los ámbitos educativo, sanitario y otros, y la propuesta de avanzar llevando el debate al Senado, ya que el PSOE considera que la cuestión “no es un problema de identidad, ni partidista, sino de prestación de servicios”, ha indicado Nuria Barrio.

Los argumentos dados por ambas formaciones no han convencido al diputado de Vox, Ángel Martín, quien ha replicado a Barrio afirmando que “no es una cuestión de servicios sino de privilegios”, los que perpetúa un sistema, el de las comunidades autónomas, que genera desigualdades entre los españoles.

“El deseo de anexión a Álava solo se explica por el afán expansionista de los separatistas vascos”, ha insistido, y por el hecho de que los vecinos del enclave “ven con buenos ojos poder beneficiarse de los privilegios del País Vasco, que se han concedido en base a fueros medievales” y a concesiones políticas.

Situación excepcional

Tampoco se ha sumado a la proposición la representante de Sentir Aranda, Belén Esteban, para la que la misma supone “desandar el camino” que ha recorrido la Diputación en los últimos años con los acuerdos marco, que es la línea en la que debe seguir transitando la institución provincial para garantizar servicios.

Unos acuerdos marco que “reconocen la excepcionalidad”, ha asegurado, porque “la realidad es tozuda” y la ubicación del enclave perjudica a los vecinos, ha aseverado Esteban, que ha afirmado que si se sigue por este camino Burgos “tendrá un territorio sin gente porque estarán empadronados en Álava”.

Para el PP, la responsable de Sentir Aranda peca de “ingenuidad”, ya que las becas académicas no buscan mejorar la vida de los estudiantes, sino que “son un invento del nacionalismo en su afán fagocitante”, ha aseverado la portavoz Inmaculada Sierra, que persiguen otros intereses políticos.

Vox ha comprometido su apoyo a los Presupuestos de la Diputación de Burgos para 2025, una Administración que dirige el Partido Popular con mayoría absoluta después de que este acordara multiplicar por 30 los fondos para mujeres vulnerables que se planteen abortar. “Había prevista una partida de mil euros y lo vamos a aumentar a 30.000 euros”, ha explicado este lunes a los medios el portavoz de Vox en la Diputación, Ángel Martín, quien ha destacado la importancia de apoyar a las mujeres que “se vean abocadas a tomar la decisión de interrumpir el embarazo” por no tener “el apoyo de su familia o ingresos suficientes”. “Ninguna mujer debería verse en esa tesitura teniendo en cuenta las consecuencias que esa decisión arrastra, entre otras la muerte del niño, y los problemas psicológicos para la madre, que la marcan para toda la vida”, ha defendido el diputado provincial.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, ha llegado a un acuerdo con Vox en otros cinco puntos, pero este en concreto sobre las mujeres que deciden abortar ha sido “un punto básico e importantísimo en la negociación”. “El presidente ha sido receptivo ante nuestros argumentos y vamos a apostar desde la Diputación para ayudar a estas mujeres”, ha suscrito Ángel Martín, quien ha mostrado su intención por que los 21 Centros de Acción Social (CEAS) dependientes de la Diputación hagan un seguimiento de estas mujeres y se les acompañe también “a través de una ayuda material”. Martín no ha detallado cómo se concretará esta partida.

“No solo es cuestión de poner más dinero, pensamos que no se estaba apostando por ayudar a las mujeres embarazadas en esa situación de vulnerabilidad”, ha señalado el diputado provincial de Vox, que cree que hay muchas personas que no conocen las ayudas que puede haber en casos de vulnerabilidad porque además “las mujeres no encuentran a quién contarle estas cosas”. “Queremos que sepan que hay una puerta abierta. Eso es tan importante como el dinero”, ha rematado Martín.

30.000 euros dentro de las ayudas de urgente necesidad

La diputada responsable de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, explica a este diario que esos 30.000 euros están integrados en las ayudas de urgente necesidad que concede la Diputación en colaboración con el acuerdo marco de la Junta de Castilla y León, y que este año han estado dotadas con 500.000 euros. Hasta ahora se destinaban mil euros al año específicos para las mujeres embarazadas que estuvieran en una situación vulnerable, aunque si hubieran sido necesarios más fondos, se habrían destinado “sin problema”.

“Si necesitan cualquier cosa, pueden acudir a la trabajadora social, que elabora el informe de valoración y se estudia la ayuda que corresponde. Normalmente vemos cómo se ha desarrollado la partida para ver en qué puntos hay más necesidades en el año siguiente”, apostilla Sierra, que asegura que no han notado “mucha demanda” de esta ayuda por parte de este colectivo en concreto, aunque considera que esto puede ser también porque no sea muy conocida.

En Castilla y León solo hay dos hospitales públicos que realicen interrupciones del embarazo: el comarcal de Miranda de Ebro atiende interrupciones quirúrgicas y farmacológicas desde hace diez años, y el Universitario de Burgos realiza interrupciones farmacológicas (hasta la semana 9 de gestación). Para todo lo demás, las mujeres acuden a las únicas cuatro clínicas privadas que tienen autorización de Sanidad para realizar abortos. De hecho, la Junta de Castilla y León incumple la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo porque no ha actualizado el registro sobre qué médicos concretos del sistema público de salud objetan para practicar abortos, un registro que solo se hizo en 2010 y no se ha puesto al día. Hace unos días, el portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que estaban a la espera de que el Gobierno desarrolle la normativa antes de actualizar su registro, como ya han empezado a hacer comunidades dirigidas por el PSOE o el PP.

Otros puntos del acuerdo

Vox ha anunciado que dará su apoyo a los Presupuestos de 2025 tras “varias reuniones” con el presidente de la Diputación de Burgos, en las que también se acordaron otros puntos como aumentar la dotación para el Plan de Entidades Locales (de 2,7 millones a 3.9 millones); incluir a los grupos de folklore en las subvenciones de Cultura (que también se aumenta de 600.000 a 660.000 euros); la ejecución del primer tramo del carril bici que conectará Burgos, Villagonzalo Pedernales, Arcos y Villarizo; y la mejora de algunos tramos del Camino de Santiago para evitar que los peregrinos caminen por la calzada junto a los vehículos.

La también portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Burgos ha apostado por llegar a acuerdos con los partidos de la oposición a pesar de que el PP no los necesite porque cuenta con mayoría absoluta. “Esto indica la buena salud de la institución. Estamos abiertos a negociar con los partidos de la oposición si vemos que las propuestas son lógicas y se pueden hacer”, suscribe inmaculada Sierra.

Ángel Martín ha destacado la “buena predisposición” de PP y Vox y ha subrayado la utilidad de su formación política, que puede “trabajar, negociar y alcanzar acuerdos” en unos presupuestos que, aunque no son los que Vox hubiera elaborado, sí sirven en beneficio de todos los ciudadanos de Burgos.

Preguntado por si el grupo de Vox en las Cortes que dirige Juan García-Gallardo no es útil al haberse negado a negociar con Mañueco, el diputado provincial ha destacado que desconoce si la Junta de Castilla y León ha mostrado “la misma predisposición” que Borja Suárez en la Diputación de Burgos. “No es cuestión solo de que una de las partes ponga voluntad. Ahí está la razón del desencuentro”, ha rematado.

Borja Suárez (PP) ha sido proclamado este martes presidente de la Diputación de Burgos con los votos del Partido Popular y ante la ausencia de los diputados de Vox, cuya elección ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, en un auto al que ha tenido acceso EFE, ha admitido parcialmente el recurso presentado por el concejal de Vox en el municipio burgalés de Sasamón, Juan Carlos Gallego.

Gallego había recurrido la proclamación de Ángel Martín y Nicasio Gómez como diputados de Vox por el partido judicial de Burgos, que ahora ha sido anulada por el TSJ. El concejal de Vox consideraba que debía haberse aplicado la ley D’Hont en lugar de elegir a los dos representantes atendiendo a cual de las dos listas, cerradas, había obtenido mayoría. La lista encabezada por Martín, con Gómez como segundo, obtuvo quince votos de concejales de Vox en la provincia frente a los diez conseguidos por la candidatura de Gallego.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechaza la aplicación de la ley D’Hont pero considera que el proceso de proclamación no se ajusta al espíritu de la Constitución Española.

De ahí que haya acordado la nulidad parcial del acuerdo del 21 de junio por el que la Junta Electoral de Zona de Burgos proclamó a Martín y Gómez como diputados de Vox. Y ordena que se convoque de nuevo a los concejales de la formación para la elección, mediante lista abierta, de los representantes en la institución provincial. Se deberá elegir entre los titulares y los suplentes, de modo que se proclamen nuevos diputados aquellos que mayor número de votos hayan obtenido, según el auto del tribunal regional.

El auto del TSJ llegó en la tarde del lunes, lo que ha obligado a la Secretaría de la Diputación de Burgos a tomar una decisión ‘in extremis’, dado que el pleno de constitución estaba convocado par este martes. El secretario ha optado por celebrarlo tal como estaba previsto y se ha constituido la institución provincial con 23 de los 25 diputados.

Tal como ha explicado en la sesión plenaria, ni el auto ni el recurso previo son “suspensivos”, de ahí que no procediera a la suspensión de la constitución. Los dos representantes de Vox han devuelto sus actas, a la espera de la nueva convocatoria que haga la Junta Electoral de Zona de Burgos, para la que todavía no hay fecha.

De este modo, el ‘popular’ Borja Suárez ha sido investido por mayoría absoluta nuevo presidente de la Diputación, en sustitución de César Rico (PP), quien abandona el cargo tras doce años.

Al PP solo le hacían falta los apoyos de sus diputados, al disponer de 13 de los 25 representantes provinciales; mientras, el PSOE se ha quedado con 9 y Vox con dos, con la entrada de Sentir Aranda con uno.

Al Tribunal Constitucional

La decisión del secretario de la Diputación de celebrar el pleno de constitución no acaba de convencer al concejal de Vox recurrente. Juan Carlos Gallego ha explicado a EFE que, a su juicio, la institución está “incumpliendo” la ley y su propio reglamento de funcionamiento interno.

“No me lo explico”, ha aseverado, al mismo tiempo que ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pues no está conforme con el auto del TSJ. Por su parte, Ángel Martín ha indicado que “aceptan la sentencia” y esperarán a que la Junta Electoral les convoque para una nueva votación. El diputado de Vox cuya acta ha sido anulada ha admitido a EFE que están “descontentos” pero ahora solo esperan que la Junta Electoral “no tarde mucho” en convocar la nueva votación.

Hasta entonces, la Diputación de Burgos funcionará con 23 diputados y, cuando se haya elegido a los representantes de Vox, tomarán posesión y se sumarán a la corporación provincial.