El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena a nueve años y un mes de inhabilitación especial para el exalcalde de Olmedo —se dio de baja como militante del PP en marzo de 2014 aunque su partido le presentó como candidato a la Alcaldíapesar de estar encausado— y expresidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (SODEVA), Alfonso Centeno, por un delito continuado de prevaricación administrativa en el caso Meseta Ski, el frustrado intento para crear un complejo de ocio y esquí seco proyectado en Villavieja del Cerro, localidad perteneciente a Tordesillas. Asimismo, en las sentencias se ha absuelto al exvicepresidente ejecutivo de SODEVA, Pedro Pariente, al considerar prescrito el delito que le atribuía la Audiencia Provincial de Valladolid.

El TSJ ha ratificado que el exvicepresidente de la Diputación de Valladolid dictó resoluciones “arbitrarias y a sabiendas de su injusticia” al impulsar modificaciones sustanciales en un proyecto que ya había sido objeto de advertencias legales y judiciales.

En el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal ha señalado en su resolución que los responsables públicos “no pueden invocar la discrecionalidad para amparar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico” y ha subrayado que la actuación de Centeno vulneró “los principios esenciales de legalidad y buena administración”.

Centeno, condenado por prevaricación continuada

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha desestimado desestima el recurso de Centeno y mantiene su condena por un delito continuado de prevaricación administrativa, con la atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal ha considerado probado que el exalcalde de Olmedo dictó varias resoluciones ilegales entre 2006 y 2008 para mantener el proyecto pese a las advertencias jurídicas.

La continuidad delictiva, ha explicado el fallo, extiende el plazo de prescripción a 15 años, lo que impide declarar extinguida la responsabilidad penal. El exdirigente del PP, que dimitió una semana después de conocerse la sentencia de la Audiencia de Valladolid, queda inhabilitado para empleo o cargo público durante nueve años y un mes, y deberá asumir una parte de las costas procesales.

El tribunal ha destacado que actuó “con pleno conocimiento de la injusticia de sus actos” y con “voluntad de favorecer un proyecto manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico”.

Pariente, absuelto por prescripción

Por el contrario, el TSJCyL sí que ha estimado el recurso de Pedro Pariente, que había sido condenado en primera instancia a siete años y tres meses de inhabilitación por un único delito de prevaricación. El tribunal ha considerado que su actuación, limitada a la aprobación del proyecto refundido en marzo de 2008, no forma parte del delito continuado de Centeno, sino que constituye un acto aislado, y, por tanto, prescrito.

El plazo aplicable en su caso es de 10 años, y dado que la denuncia se presentó en agosto de 2019, la Sala declara extinguida su responsabilidad penal. El fallo ha descartado el argumento de la acusación popular —ejercida por Ecologistas en Acción y la coalición Valladolid Toma la Palabra— de que existía un “plan común” entre ambos dirigentes.

Un proyecto millonario levantado sobre suelo protegido

El proyecto Meseta Ski, del que solo queda el esqueleto en Villavieja, fue promovido por SODEVA, una sociedad íntegramente pública creada por la Diputación para fomentar el desarrollo económico provincial. En 2006, bajo la presidencia de Centeno, SODEVA adjudicó a Corsán-Corviam Construcción S.A. la construcción de una pista de esquí seco y un complejo de ocio sobre terrenos de monte público en Tordesillas, por un importe inicial de 4,06 millones de euros.

Pocos meses después, el proyecto fue modificado sin justificación técnica ni económica aparente, hasta elevar el presupuesto en casi tres millones más, lo que supuso un incremento del 75%. Además, se cambiaron las dimensiones y materiales de la pista, una alteración “relevante, cuantitativa y cualitativamente”, según subraya la sentencia.

El TSJCyL ha asegurado que estas decisiones se adoptaron sin iniciar un nuevo proceso de contratación y sin comunicar el cambio a la otra empresa licitadora, vulnerando “de forma flagrante los principios de publicidad y libre concurrencia”. Varias sentencias entre 2008 y 2010 anularon las licencias urbanísticas, la autorización ambiental y la cesión de los terrenos. En 2010, la Junta trató de salvar el proyecto mediante una ley autonómica que lo declaraba de “interés regional”, pero el Tribunal Constitucional la anuló en 2014 por ser contraria a la Ley de Montes.

Más de 12 millones de euros de dinero público gastado

Tras casi veinte años de litigios, el caso Meseta Ski deja tras de sí más de 12 millones de euros de dinero público gastado, un complejo abandonado y una sola condena firme. Los otros dos acusados, el arquitecto Valentín González y el jefe de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, fueron absueltos ya en primera instancia.

Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recusar al Presidente del Tribunal, José Luis Concepción, para que no pueda participar en la resolución de los recursos presentados en la sentencia del caso conocido como 'Meseta Ski', que impone nueve años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito continuado de prevaricación administrativa a Alfonso Centeno, exalcalde de Olmedo (PP) y presidente entonces de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva) de la Diputación de Valladolid.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular formada por Ecologistas en Acción y VTLP piden la recusación de Concepción “por una pérdida de imparcialidad de naturaleza objetiva” tras formular desde “al menos el año 2020” y en calidad de Presidente del TSJCyL, “acervas críticas” contra el Gobierno de España atribuyendo políticas sanitarias, judiciales o en torno a su composición y naturaliza de las organizaciones políticas que lo conforman“.

Recuerdan numerosas declaraciones de Concepción “ya institucionales, ya personales, que ponen de relieve una muy personal posición de naturaleza política e ideológica que no ofrece duda alguna”. Palabras del presidente del TSJCyL durante la pandemia, entre los meses de marzo y abril de 2020, con el objetivo de desmentir las cifras oficiales: “Era un deber que les debíamos a los españoles que frente a la magnitud de la desgracia que estamos padeciendo, tienen derecho a saber la verdad al menos”.

Señalan también manifestaciones de Concepción “a título personal” sobre el “Partido Comunista” al que comparó con el Partido Nacional Socialista Alemán, conocido como Partido Nazi, y los efectos “que su integración en el Gobierno de la Nación tiene para el sistema constitucional/democrático del Reino de España”. En una entrevista concedida a El Diario de Burgos, en junio de 2022, Concepción afirmó: “La democracia está en solfa con el Partido Comunista en el Gobierno, no lo digo yo, lo dice la historia. El comunismo ha provocado 110 millones de muertos”.

El colectivo afirma que, estas declaraciones, “ponen de relieve una muy personal posición de naturaleza política e ideológica que no ofrece duda alguna”. Recuerdan que la coalición electoral de Valladolid Toma La Palabra está integrada por Izquierda Unida y el Partido Comunista, por lo que “desde el punto de vista de los hechos una de las partes en este procedimiento, la que está integrada por Izquierda Unida/Partido Comunista, goza de la animadversión personal y declarada a conciencia, en ejercicio de su libertad personal” de José Luis Concepción.

Por estas razones, solicitan al TSJCyL la recusación de Concepción, presidente de la sala que tendrá que resolver los recursos presentados en la causa de 'Meseta Ski'. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado que no celebrará una vista para resolver los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Valladolid dictada en septiembre de 2024.

Los 225 municipios y ocho pedanías de la provincia de Valladolid reforzarán sus inversiones a lo largo de este año con la mitad de los 16,4 millones de superávit con que la Diputación ha liquidado el ejercicio presupuestario de 2024, unas cuentas de próxima aprobación en un pleno de la corporación.

Por quinto año consecutivo, el Plan V destinado a obras, arreglos e infraestructuras en los municipios, contará con más de ocho millones de presupuesto, ha anunciado este miércoles el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Además de la dotación del Plan V, el superávit de 2024 sufragará parte de la deuda contraída con las entidades financieras (3,7 millones), arreglará y mejorará las carreteras de la red provincial (1,5 millones), suministrará el plan de vivienda rural (1,7 millones) y contribuirá a combatir el reto demográfico con mejoras en servicios (300.000 euros), ha desgranado Íscar.

El presidente ha destacado la “buena gestión”, la eficacia y racionalidad del gasto público en la Diputación, como a su juicio demuestra la anulación de un préstamo previsto para este año (2,8 millones) debido a la buena salud financiera que, a finales de este 2025, situara la ratio de deuda en el 5,90 por ciento de los ingresos ordinarios.

Incertidumbre

El pago a proveedores, ha añadido, se ha situado en un plazo medio de 22,6 días, y todo ello “a pesar de la incertidumbre” derivada de la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no permite planificar con detalle sobre reglas, normas y ayudas de fondos destinados a las administraciones locales, ha apostillado.

Por esta razón, el presidente de la Diputación de Valladolid ha pedido públicamente que se afronte una financiación “justa y real” de las corporaciones locales, por entender que soportan la carga económica de servicios sin tener las competencias correspondientes.

Durante el ejercicio de 2024 la Diputación de Valladolid ingresó 158.091.582,80 euros, un 105,74 por ciento sobre los previstos en el presupuesto, mientras que situó en 148.291.635,62 euros la cifra de gastos, lo que representa un 99,19 por ciento de lo inicialmente presupuestado.

El Grupo Socialista ha criticado la licitación que la Diputación de Valladolid ha realizado para la adquisición de un nuevo vehículo destinado al Gabinete de Presidencia, para “uso exclusivo del presidente” de la institución provincial, Conrado Íscar, por una cantidad máxima de 95.136,13 euros.

Los socialistas han señalado que, como se puede observar en la plataforma de contratación de la institución provincial, se ha realizado una propuesta de adjudicación de un vehículo Audi A6 con un precio de 87,222 euros.

El portavoz del GPS, Francisco Ferreira, ha tildado de “auténtico despilfarro” esta propuesta de adjudicación y teniendo en cuenta los desplazamientos que realiza el presidente provincial, “no se entiende para qué necesita un coche de lujo”, puesto que la distancia media entre la capital vallisoletana y el resto de municipios es de 56 kilómetros, el más cercano Zaratán, a seis, y el más alejado Melgar de Arriba, a 92.

“Los desplazamientos a otras provincias son anecdóticos”, ha remarcado Ferreira, al tiempo que ha asegurado que ños recursos de la Diputación deberían destinarse a financiar los servicios de los pueblos en “lugar de gastarse en lujos y caprichos del presidente”.

El portavoz socialista también ha recordado que más de la mitad de los alcaldes de la provincia no cobran sueldo alguno y que muchos de ellos, así como también concejales, ejercen sus funciones en sus vehículos particulares, recibiendo como única compensación el importe del kilometraje establecido oficialmente.

No obstante, Ferreira ha señalado que no se critica el hecho de que el presidente disponga de un vehículo oficial y ha celebrado que se apueste por uno que cumpla las máximas exigencias medioambientales, pero es “escandaloso que este tenga que ser un vehículo de lujo”, cuando muchos de los regidores de la provincia realizan su labor de forma “altruista poniendo sus propios medios para el cumplimiento de las obligaciones de su cargo”.

“Despilfarro”

Para los socialistas el hecho es “más grave aún” después de que el dinero que se destina a los ayuntamientos haya sufrido un “recorte” de 4,5 millones en la partida destinada al Plan V, mientras que el equipo de Gobierno del PP “presume de presentar el presupuesto más alto de la historia”.

“De momento, lo único que bate récords en el presupuesto de la Diputación de Valladolid es el despilfarro”, ha incidido el portavoz del Grupo Provincial Socialista, algo que “contrasta” con el hecho de que el pasado año, la institución provincial zamorana también licitó la compra de un nuevo vehículo oficial destinado a Presidencia.

En el caso de Zamora, el precio base de la licitación se estableció en 55.371 euros y el precio de la oferta ganadora fue de 47.851, cantidades “muy por debajo tanto del precio de licitación máximo, como de la propuesta de adjudicación presentados por la Diputación de Valladolid”.

“Entendemos que esta cantidad es más razonable para la adquisición de un vehículo que cumpla los requisitos de la función a la que se va a destinar”, ha concluido Francisco Ferreira.

Íscar afea que el portavoz socialista “cobra 100 euros menos que el presidente”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha respondido que lo que es “un lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada para la Diputación”. Íscar, en declaraciones a Europa Press minutos antes de participar en la inauguración de la jornada 'Una mirada a los cuidados del futuro' organizada por Asprona con motivo de su 63 aniversario, ha cargado contra el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Ferreira, que “ni está ni se le espera y cobra 100 euros menos que el presidente”.

En su argumentario, ha aclarado que él no es quién elige el vehículo. “Hay unos técnicos que son los que deciden”, ha sostenido para incidir en que hace todos los meses “una media de 9.000 kilómetros”. “El coche no es mío, es patrimonio de la Diputación. Hacemos una media de 9.000 kilómetros mensuales con él. A mí me encantaría y desearía que los portavoces hicieran esos kilómetros recorriendo la provincia”, ha abundado.

Por último ha tildado de “muy triste” este tipo de críticas para zanjar que no sabe dónde está el “lujo” al que alude el socialista. “El lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada por la Diputación Provincial de Valladolid. Yo no tengo que llevar un carnet por la provinicia para que se me identifique quién soy”, ha finalizado.

El Grupo Provincial Socialista ha pedido este martes la dimisión de Conrado Íscar, como presidente del PP de Valladolid y de la Diputación Provincial, tras la condena y dimisión por prevaricación al alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, por el caso “Meseta ski”.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Diputación vallisoletana, Francisco Ferreira, la dimisión anunciada por Centeno como alcalde de Olmedo, tras la sentencia que le sanciona con nueve años de inhabilitación por prevaricación, “debe ir acompañada por la de Íscar”. “El futuro político de este condenado por prevaricación debe ir unido al futuro político de Íscar, por haber presentado a Centeno como candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones, a pesar de que ya estaba encausado en ese momento”, ha manifestado Ferreira.

De hecho, tal y como ha advertido, “La Ley de Partidos y los Estatutos del propio PP determinan la suspensión cautelar de afiliación al partido cuando exista apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, como en este caso y, por tanto, Centeno nunca debió ser candidato a la Alcaldía de Olmedo, ni luego alcalde”.

“El máximo responsable de que esto sucediera es Conrado Íscar, contraviniendo la Ley y el estatuto del partido, ya que tenía confianza plena en Centeno, quien acaba de recibir la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación por Meseta Ski”, ha precisado.

Por permitir que la Diputación renunciara a ser indemnizada

Asimismo, considera que Íscar debería dimitir como presidente de la institución provincial por haber permitido que Sodeva, sociedad que gestionó la construcción de Meseta Ski y de la que es presidente de la Junta General “renunciara a solicitar responsabilidad civil en este tema y, por tanto, a que los condenados indemnizaran a la Diputación”.

El proyecto Meseta Ski, una pista de esquí en seco que se iba a construir en Villavieja del Cerro que gestionó Centeno como presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación, cuando se comenzó a fraguar hace casi dos décadas, recibió hasta 13 sentencias que impedían su desarrollo, amparadas en la Ley de Montes.

Pero se insistió en tratar de salvar esta iniciativa, y se recurrió a la Junta de Castilla y León para que la declarase bien de interés regional, como así se hizo, hasta que el Tribunal Constitucional también anuló esa declaración, lo que supuso el freno definitivo para Meseta Ski.

Desde que comenzara su recorrido, en 2004, con las primeras gestiones, el coste aumentó desde los 4 millones hasta los 12, lo que supuso un grave perjuicio económico para la Diputación, que no recibirá indemnización por el mismo, debido a la renuncia que aceptó Íscar como presidente de la junta general de Sodeva.

De ahí que Ferreira haya insistido en que este “ha de presentar su dimisión” y también ha exigido que esta sociedad -Sodeva- sea disuelta “en el plazo más breve posible, puesto que lo único que hace es gestionar los centros turísticos, y eso lo puede hacer la Diputación”, ha concluido.

Las acusaciones pública y popular en el juicio de 'Meseta Ski' que investiga un delito de prevaricación en la tramitación y ejecución de un complejo de ocio y aventura en Villavieja del Cerro (Valladolid), con unas pérdidas de casi once millones de euros, entienden que los cuatro acusados, con el alcalde de Olmedo a la cabeza, Alfonso Centeno, “actuaron de forma caprichosa, arbitraria y carente absolutamente de amparo jurídico”.

Así lo han expuesto en el trámite de informes, en la última jornada del juicio en la Audiencia Provincial, la fiscal jefa y el letrado que representa a Valladolid Toma La Palabra y Ecologistas en Acción, para quienes el expediente administrativo que obra en el presente procedimiento es la prueba evidente de la actuación prevaricadora por parte de Centeno, como presidente de la Sociedad de Desarrollo Provincial (Sodeva), y de sus compañeros de banquillo, los que fueran vicepresidente y arquitecto de la entidad, Pedro Pariente y Valentín González, respectivamente, y el jefe de Urbanismo de la Diputación Vallisoletana, Luis Torroglosa.

De hecho, todos ellos se exponen a una pena de inhabilitación de entre siete y once años, que son las peticiones respectivas que la acusación pública y la popular han elevado a definitivas, junto con los más de 11,5 millones de euros que, a mayores y en concepto de responsabilidad civil, solicita la segunda de los acusaciones que los ocupantes del banquillo abonen a Sodeva y/o a la Diputación de Valladolid.

En su exposición recogida por Europa Press, la fiscal considera plenamente probada la culpabilidad de los acusados en su actuación prevaricadora--les aplica, a diferencia de la acción popular, la atenuante de dilaciones indebidas--a lo largo de un periodo que media entre la firma del contrato para la ejecución de las obras del citado complejo de ocio, el 13 de julio de 2006, y la celebración del Consejo de Administración de Sodeva, el 31 de marzo de 2008, en el que se aprobó el proyecto refundido que venía a validar la totalidad de los trabajos que hasta entonces se habían ejecutado y que, sin embargo, diferían por completo de los encomendados de inicio.

En cuanto a la motivación de lo ocurrido, la acusadora ha enmarcado ese presunto objetivo del entonces vicepresidente de la Diputación y presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, de beneficiar a la empresa adjudicataria de las obras, Corsan Corviam, en la “amistad personal” existente entre él y el propietario de la mercantil, algo que considera acreditado por el viaje que el todavía hoy regidor de Olmedo y su esposa realizaron en 2007 a Japón junto al empresario.

A partir de ahí, la fiscal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha situado a Centeno como 'alma mater' de las presuntas irregularidades cometidas, y ello a pesar de que, como así ha advertido irónicamente, “ninguno de los acusados haya explicado a quién se le ilumina la cabeza” y decide modificar por completo el proyecto nada más ser adjudicado a Corsan Corviam, que pasa de un presupuesto base de 4.060.000 euros a más de 9.000.000 de euros tras decidirse modificar la superficie de las pistas de esquí y triplicar la superficie, de 3.000 a 9.000 metros.

Pero además, la acusadora pública ha censurado a los encausados por haber “engañado” al Ayuntamiento de Tordesillas y a la Junta a la hora de solicitar las licencias, ya que las mismas en todo momento se referían al primer proyecto, no a las sucesivas modificaciones que, en opinión tanto de ella como de la acción popular, tendrían que haber llevado a iniciar una tramitación distinta para aprobar un nuevo presupuesto y sacar nuevamente a licitación el complejo de ocio y aventura.

En este sentido, la fiscal ha recordado que para cuando se celebró el Consejo de Administración de Sodeva el 31 de marzo de 20028, los trabajos realizados se encontraban ya al 99 por ciento, es decir, por valor de unos 9.000.000 de euros, de ahí que las obras estuvieron hasta entones al margen de “todo amparo jurídico”, y ello pese a aprobarse entonces ese proyecto refundido con el que se pretendía “validar o amparar” lo ejecutado.

“La participación de Centeno es absolutamente ineludible”, ha insistido la fiscal, que ha extendido la responsabilidad a los otros tres encausados por, desde sus respectivos puestos y funciones, aprobar, validar y respaldar unas obras que sabían perfectamente que eran totalmente distintas de las inicialmente contratadas.

Un contrato que era “papel mojado”

Por su parte, el abogado de la acción popular ha atribuido el 'Caso Meseta Ski' al “capricho y ocurrencia” de una persona, en alusión directa a Centeno por la idea de construir en plena meseta, un lugar “erróneo a todas luces” según entiende, unas pistas de esquí en seco y sin antes haber encargado un informe y estudios rigurosos sobre la viabilidad de la misma, entre ellos un plan de negocios.

El acusador popular sostiene que para ello el entonces presidente de Sodeva se rodeó de “un núcleo de confianza” en dicha entidad--una sociedad pública mercantil sometida a derecho privado--a fin de que sus planes no fueran contradichos y obtuvieran el respaldo de los otros tres acusados, cada uno desde su respectivo cargo, quienes en todo momento sabían que el contrato inicial suscrito con Corsan Corviam era “papel mojado desde el kilómetro cero y demuestra los tintes de arbitrariedad que presidieron toda la tramitación y ejecución”.

El juicio quedará ya este viernes visto para sentencia con la exposición de los informes de las cuatro defensas, que solicitan un fallo absolutorio ante la falta de responsabilidad penal de sus patrocinados basadas en que en todo momento sus actos estuvieron dentro de la legalidad y con el único interés de lograr el desarrollo económico de una zona, la suroeste de la provincia, que hasta entonces no se había beneficiado con iniciativas puestas en marcha desde la Diputación de Valladolid.

Los defensores han insistido en solicitar la prescripción del delito y la aplicaciones de dilaciones indebidas, algo que ya plantearon en la fase de cuestiones previas y que tendrá que resolver el tribunal en ejecución de sentencia.

El proyecto de Meseta Ski estuvo plagado de obstáculos desde un inicio debido, entre otras causas, a la paralización de los iniciales trabajos de movimiento de tierras en Villavieja del Cerro acordada por el Ayuntamiento de Tordesillas al exceder la licencia en precario concedida y por la segunda paralización, en septiembre de 2007, impuesta entonces en vía contencioso administrativa tras descubrirse que una de las parcelas elegidas había sido escenario de un incendio que la imposibilitaba, según la Ley de Montes, para cualquier construcción en un determinado plazo de años.

Aunque el proyecto trató de ser salvado a través de las Cortes, que en 2010 declaró la iniciativa como Proyecto de Interés Regional, una sentencia del Tribunal Constitucional supuso el último varapalo a esta iniciativa y se tradujo en el desmontaje de toda la infraestructura y la restitución de la zona a su estado original. Allí quedaron enterrados cerca de 11.000.000 de euros.

El que fuera presidente del la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva) y vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno, ha reconocido que la aprobación del proyecto refundido de 'Meseta Ski', el que validaba todas las modificaciones surgidas respecto del inicial adjudicado en 2006, lo aprobó el Consejo de Administración de dicha sociedad el 31 de marzo de 2008, para cuando ya entonces se había ejecutado el 99% de las obras y que suponían duplicar el presupuesto primigenio.

El testimonio, en calidad de acusado, se ha desarrollado este jueves durante la cuarta jornada por el denominado caso 'Meseta Ski' que celebra la Audiencia de Valladolid y en el que el todavía hoy alcalde de Olmedo -lo es desde 1996- ha defendido en cualquier caso que tanto la adjudicación como la tramitación administrativa de la iniciativa para dotar a la zona sur de la provincia, concretamente a Villavieja del Cerro, de un centro de ocio que incluía varias pistas de esquí en seco se desarrolló dentro de la más estricta legalidad.

Su planteamiento de fondo lo ha sostenido a pesar de reconocer el “cambio esencial” experimentado entre el contrato que el mismo firmó en persona el 13 de julio de 2006 con Corsan Corviam, la empresa adjudicataria, que contemplaba inicialmente una pista de esquí en seco de 225 metros de largo por 26 de ancho y una segunda, para principiantes, de 40 por 20 metros y el uso de una manta o tipo de hierba sintética concreta, con un presupuesto de base de 4.060.000 euros, y el citado proyecto refundido aprobado por Sodeva en marzo de 2008 y que, además de duplicar superficie y presupuesto hasta los 10 millones, incluía otra sería de modificaciones sustanciales.

En su declaración recogida por Europa Press, Centeno, quien se ha negado a someterse a las preguntas de la acción popular ejercida por Valladolid Toma La Pabra y Ecologistas en Acción, ha precisado que lo que se firmó inicialmente entre Sodeva y Corsan venia a ser como una “idea política, el intento de compensar y buscar el equilibro en el sur de la provincia mediante una iniciativa de desarrollo, ya que hasta entonces la Diputación no había acometido allí actuaciones”.

Y a tal efecto se planteó en Sodeva una iniciativa para ejecutar un complejo de esquí en seco, lo que llevó a contratar a la empresa Traimer para que, por un lado, realizara un estudio sobre cuál podía ser el escenario idóneo en esa zona sur y, por otro, realizar una presentación de la idea en la Feria Fitur en enero de 2006.

Cambios por iniciativa de Corsan Corviam

Centeno, quien presidió Sodeva desde su creación en 2004 y hasta 2015, ha insistido a lo largo de su declaración, con momentos de cierta tensión ante el cariz de las preguntas de la fiscal del caso, que si el contrato se adjudicó en julio de 2006 y, casi inmediatamente después, se decidió modificar por completo el proyecto fue a iniciativa de Corsan Corviam debido a la complejidad del mismo.

Es por eso que, según asegura, la adjudicataria propuso realizar visitas ese mismo verano a complejos en Navacerrada y otras pistas en Inglaterra y Francia para ver qué soluciones se habían planteado puesto que no había en España un complejo de estas características.

“No se había iniciado aún la redacción del proyecto y por eso con estas visitas se pretendía comprobar otras experiencias que llevaban años de funcionamiento para incorporarlas”, ha justificado el regidor olmedano, quien ha restado importancia a las obras que para entonces ya se habían iniciado en Villavieja por cuanto, como así ha recordado, la licencia en precario concedida por el Ayuntamiento de Tordesillas se ceñían a un simple movimiento de tierras.

El acusado también ha indicado que tras esas visitas se elaboró un informe, sin estar aún redactado el proyecto, y no fue hasta el 17 de noviembre de 2006 cuando el Consejo de Administración de Sodeva que él presidía validó todos los cambios respecto de la idea inicial, sin que se viera entonces la necesidad, pese a la modificación sustancial, de realizar una tramitación nueva.

“Hay un informe de la sociedad que dice que no es necesaria otra nueva licitación y que todo estaba conforme con la normativa de contratos”, ha apuntado Centeno, aun cuando dicho consejo aprobara un presupuesto complementario por otros tres millones de euros y ampliara de dos a ocho años la explotación por parte de la adjudicataria del complejo de esquí en Villavieja.

“Ninguna decisión del Consejo de Administración de Sodeva ha sido impugnada durante mi mandato como presidente, algo muy distinto a las que tomaron otras administraciones como el Ayuntamiento de Tordesillas o las Cortes”, ha defendido el regidor en alusión a esa declaración de la iniciativa como Proyecto de Interés Regional que más tarde anuló el Tribunal Constitucional.

Aunque Sodeva contaba en el momento de su constitución con un capital social de un millón de euros, insuficiente para afrontar el proyecto, Centeno ha advertido de que la sociedad contaba con dos préstamos sindicados de la Diputación por importe de seis millones a los que se sumaban periódicamente otras partidas para su funcionamiento que la institución provincial aportaba a través de contratos programa.

Su declaración, no obstante, contrasta con el testimonio aportado en la misma jornada por distintos responsables de Corsan Corviam, entre ellos el entonces responsable de la Oficina Técnica en Castilla y León y el delegado en la Comunidad, Enrique Bobo y Francisco Álvarez, respectivamente, quienes ha coincidido al señalar que la modificación respecto del proyecto inicial partió en exclusiva de “la propiedad”, en alusión a Sodeva, y han reconocido que los cambios surgieron desde el primer momento, nada más firmarse el contrato.

“Entiendo que lo que se estaba ejecutando no era lo que se había aprobado”

“Entiendo que lo que se estaba ejecutando no era lo que se había aprobado”, ha reconocido Enrique Bobo, quien, sin embargo, asegura que los responsables de Sodeva, sobre todo el arquitecto Valentín González, estaban al corriente de todo, mientras que de Centeno ha indicado que le vio alguna vez en el escenario de las obras.

También ha prestado declaración como testigo el que entonces era presidente de la Diputación y de la Junta General de Sodeva, Ramiro Ruiz Medrano, quien ha explicado que la propuesta de obtener de las Cortes la declaración de Proyecto de Interés Regional la planteó inicialmente el Grupo del PP en la Diputación y que luego fue aprobada con el beneplácito del PSOE, y todo ello con el fin de lograr desatascar un proyecto que “tenía el amparo de todas las fuerzas políticas” y que había pasado por distintas paralizaciones.

Está previsto que tras la declaración de las otras tres personas acusadas, el entonces vicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente; el arquitecto de la sociedad, Valentín González, y el responsable de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, las distintas partes personadas en el procedimiento expongan este viernes sus informes definitivos.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción no aplican la atenuante de dilaciones indebidas, elevan la inhabilitación a once años y solicitan el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de SODEVA y/o la Diputación Provincial.

La iniciativa para la construcción de una pista de esquí en seco en Villavieja del Cerro (Valladolid), sometida a juicio en la Audiencia de Valladolid desde este lunes, “nació ya con muchas piedras en su camino”, entre ellas el hecho de que ni siquiera el arquitecto que redactó el proyecto estaba al corriente de la imposibilidad de ejecutarla en la zona elegida debido a que la Ley de Montes lo impedía por haber sido afectada años antes por un incendio.

Son algunas de las 'perlas' que ha dejado la tercera jornada del juicio que sienta en el banquillo, acusados de un delito continuado de prevaricación, al exvicepresidente de la Diputación y expresidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva), Alfonso Centeno; al exvicepresidente y al arquitecto de dicha entidad, Pedro Pariente y Valentín González, respectivamente, y al exjefe de Urbanismo de la institución provincial, Luis Torroglosa.

Si en la jornada anterior 'desfilaron' por la sala integrantes del Consejo de Administración de Sodeva, tanto del PSOE como de IU, durante la época investigada, este miércoles han tomado el relevo otros exmiembros de dicho órgano pero en representación del PP, entre ellos el que fuera alcalde de Zaratán, Carlos Carranza, quien ha reconocido que la iniciativa denominada 'Meseta Ski' no salió finalmente adelante porque no pudo sortear las “muchas piedras en el camino” que se encontró desde un inicio.

Entre ellas, el exalcalde de Zaratán ha citado la prohibición de construir en una de las parcelas elegidas porque en su día se vio afectada por un incendio forestal. De hecho, las obras fueron paralizadas en septiembre de 2007 por orden del Contencioso Administrativo a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción.

“El objetivo era dinamizar una zona, al igual de lo que sucedió con el Museo del Pan en Mayorga de Campos, pero nacieron muchas piedras por todos los sitios, entre ellas la existencia de un pinar que había sufrido un incendio”, ha recordado el exregidor de Zaratán, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado las constantes modificaciones habidas en el proyecto inicial, que dispararon su presupuesto de poco más de cuatro millones a casi diez, al intento de todos “de salvar el proyecto y de que saliera adelante”.

Incluso el arquitecto al que Corsan Corviam, adjudicataria del proyecto, encargó la redacción del mismo y la ejecución de las obras el 13 de julio de 2006, Santiago González, del estudio urbanístico Naos, ha confesado durante su declaración como testigo que ni siquiera estaba al corriente de que la Ley de Montes impedía operar en una de las parcelas elegidas por haberse visto afectada años antes por un incendio.

Su absoluto desconocimiento de este hecho, de la misma forma que en la jornada anterior lo reconoció el que fuera alcalde de Tordesillas, Emilio Álvarez Villazán, se suma al hecho de que el arquitecto ha alegado igualmente que ignora cómo se tramitó la licencia en dicho Consistorio, el mismo que al poco de iniciarse los trabajos--fue la primera suspensión--los paralizó en noviembre de 2006 porque excedieron el movimiento de tierras inicialmente autorizado al haberse realizado también obras de drenaje, muros y zanjas.

El arquitecto Santiago González, quien en su momento llegó a figurar como investigado en este procedimiento, ha explicado que en 2006 le fue encomendada la tarea de elaborar el proyecto de unas pistas de esquí en seco en Villavieja, con un presupuesto de 4.060.000 euros, que él elaboró “ajustado” en todo momento a ese encargo inicial pero que, a posteriori, las obras de ejecución comenzaron teniendo ya como referencia un proyecto totalmente diferente desde el punto de vista técnico y presupuestario, con un coste casi duplicado.

Modificación del proyecto inicial

El testigo ha atribuido ese cambio de planes a varios viajes que en el verano de 2006 efectuó con varios miembros de Sodeva a Inglaterra y más tarde a Francia que condujeron a una modificación del proyecto, desde un cambio del tipo de césped elegido hasta una ampliación de las pistas y la mejora del remonte, entre otras novedades.

“De todo ello estaba al corriente la propiedad”, ha sostenido Santiago González en distintas ocasiones en referencia a Sodeva, de ahí que la obra se inició con un proyecto totalmente alejado del primigenio tanto en materiales como servicios y presupuesto, siempre de común acuerdo con el entonces presidente de la entidad y del arquitecto, Alfonso Centeno y Valentín González, respectivamente, sobre todo este último porque, como así ha apostillado, “era la persona a la que trasladaba cualquier consulta por ser el interlocutor técnico de la propiedad”.

Las distintas vicisitudes en la ejecución de la infraestructura de ocio se tradujeron también en un sobrecoste porque, como así ha reconocido el arquitecto, “hubo que realizar en 2010 un proyecto complementario para subsanar el deterioro sufrido” tras varios años de paralización.

La jornada ha contado también con el testimonio de otros integrantes del entonces Consejo de Administración de Sodeva, la mayoría del PP y en representación de la Agencia de Desarrollo Económico, quienes, propuestos por las defensas, han coincidido al señalar que acudían a las distintas reuniones con documentación previa y con la posibilidad de consultarla con anterioridad, si así lo requerían, y que ninguno de ellos recibió presión alguna por parte de los acusados para votar en uno u otro sentido.

Han explicado que la voz cantante la tenía Alfonso Centeno, el todavía hoy alcalde de Olmedo, y han mantenido que los acuerdos en las distintas reuniones celebradas, entre ellas la de 31 de marzo de 2008 que validó el proyecto refundido que recogía todas las modificaciones de 'Meseta Ski', fueron adoptados por mayoría.

Dos de los acusados declaran este jueves

El juicio continúa este jueves con más declaraciones, entre ellas las de dos de los acusados, Alfonso Centeno y Pedro Pariente, con lo que para el viernes se espera completar el interrogatorio de sus dos compañeros de banquillo y dar por cumplido el trámite de la exposición de los correspondientes informes de las partes.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción no aplican la atenuante de dilaciones indebidas, elevan la inhabilitación a once años y solicitan el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de SODEVA y/o la Diputación Provincial.

Las defensas en el juicio por el caso denominado 'Meseta Ski' han alegado la prescripción del delito de prevaricación que se imputa a los cuatro encausados, entre ellos el actual alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno (ex PP), y tres exdirectivos de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), por el supuesto despilfarro y presuntas irregularidades cometidas en el proyecto de las pistas de esquí en seco en Villavieja del Cerro.

El juicio por estos hechos ha dado comienzo este lunes en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde los letrados de la defensa, en el trámite de cuestiones previas al que se ha reducido en exclusiva la primera sesión, han hecho causa común para, en el intento de 'cortocircuitar' el proceso judicial, solicitar la absolución de sus clientes por entender que el delito de prevaricación que se les imputa ha prescrito.

Y es que sostienen que han transcurrido más de diez años entre el auto de imputación dictado contra los acusados en 2019 y el acuerdo del Consejo de Administración de Sodeva, de fecha 31 de marzo de 2008, en el que se ratifica la ejecución del polémico proyecto que, en opinión de las acusaciones, está muy alejado del inicial y fue tramitado al margen de la legalidad administrativa y sin someterlo a concurso público.

El letrado de Centeno, primero en tomar la palabra, ha argumentado además que la inconstitucionalidad del acuerdo de las Cortes por el que se declaró Meseta Ski como Proyecto Regional supone que todos los hechos previos, entre ellos el acuerdo de Sodeva de marzo de 2008, han quedado al margen de la vía penal.

Sin embargo, tal cuestión previa de las defensas ha sido rechazada de plano tanto por la fiscal jefe, Soledad Martín, como por el letrado de la acusación popular, en representación de Valladolid Toma La Palabra (VTLP) y Ecologistas en Acción, quien además ha recordado que al respecto ya hay un pronunciamiento de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid que dejó bien claro dicha cuestión y que no vio prescripción alguna.

Los defensores han pedido también al tribunal que en caso de sentencia condenatoria aplique como atenuante las dilaciones indebidas registradas, a su juicio, en una fase de instrucción que se ha prolongado durante cinco años, así como por el tiempo transcurrido desde la denuncia formulada ante Fiscalía por los partidos políticos en julio de 2018 hasta que dicha acusación pública decidió, un año después, dar traslado de la misma a un juzgado de instrucción.

Una vez que las partes han puesto sus cartas sobre la mesa, el tribunal ha dado por zanjada la primera sesión tras anunciar a defensores y acusadores que no se pronunciará sobre la prescripción hasta el momento de dictar sentencia.

Minutos antes del inicio de la vista, el diputado de VLTP y el portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, Julio Pereda y Luis Oviedo, respectivamente, han comparecido para recordar que si el proceso sigue adelante es gracias a ellos, ya que en 2022 el juez del caso sobreseyó las diligencias por prescripción de delitos y sólo gracias a su recurso -la Fiscalía no recurrió- ante la Audiencia Provincial se logró la reapertura del procedimiento.

Para Pereda, en declaraciones recogidas por Europa Press, “hay pruebas evidentes de que las cosas no se hicieron bien, mientras que para Oviedo es el momento de depurar responsabilidades pese a haber transcurrido dieciséis años.

“Volatilizados” 15 millones de euros

“Es el momento de que sepamos la verdad y se demuestre el despilfarro registrado en una obra que desde el principio se sabía que era ilegal”, ha denunciado el representante de EA, quien apunta que al final el juicio investiga la comisión de un delito de prevaricación aunque entiende que el trasfondo del caso encierra otro delito de malversación.

“Al final, parece que el que comete una prevaricación lo hace por bondad”, ha criticado Oviedo, quien recuerda que en 'Meseta Skí' se han “volatilizado” 15 millones de euros, entre lo que costó la ejecución del proyecto y los trabajos para su posterior desmantelamiento.

En este proceso se juzga a los cuatro encausados por delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación al proyecto de las pistas de esquí en seco en Villavieja del Cerro (Tordesillas) que empezaron a construirse en 2006 y fueron desmanteladas por orden judicial en 2018.

Junto al 'expopular' Centeno--se dio de baja cautelar de militancia a raíz de su encausamiento--, comparten banquillo el exalcalde de Villaverde de Medina, exdiputado provincial y exvicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente (PP); el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación Luis Torroglosa, y el arquitecto de Sodeva Valentín González.

Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación--no pide responsabilidad civil--en el caso 'Meseta Ski', el fallido Complejo de Ocio y Aventura en Villavieja del Cerro, pedanía del municipio de Tordesillas, impulsado por la Diputación Provincial, que empezó con un presupuesto de 4 millones de euros que se disparó hasta los casi 12.

Se encuentran también personados como acusación popular Valladolid Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción, que, a diferencia de la acusación pública, no aplica la atenuante de dilaciones indebidas, pide 11 años de inhabilitación y el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de Sodeva y/o la Diputación Provincial.

Fue a principios del año 2006 cuando Sodeva planteó abrir un centro de deportes de invierno. El estudio que consta en la documentación de Sodeva tomaba como referencia la pista que se estaba ejecutando en la localidad francesa de Ville de Noeux les Mines y proponía para su construcción la localidad de Tordesillas, con una inversión prevista de 5.000.000 euros que sería factible una pista de 30 metros por 20 metros para principiantes y una pista de 300 metros de longitud por 50 metros de ancho para avanzados.

El 27 de marzo de 2006 el Consejo de Administración de Sodeva aprobó, por unanimidad, la redacción del Proyecto Técnico de ejecución, dirección de las obras y ejecución de las obras de construcción de la estación de ski seco y demás servicios adicionales, durante dos años, en la localidad de Villavieja del Cerro, Tordesillas, por importe máximo de 4.060.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, para lo cual en abril se solicitó al Ayuntamiento de Villavieja del Cerro de la cesión gratuita de terrenos necesarios para su construcción y explotación.

El presupuesto superaba con creces el capital de Sodeva, “sin que conste acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto del proyecto”, que fue adjudicado finalmente el 12 de junio a la empresa Corsan-Corviam Construcciones S.A, que percibiría unos ingresos por el abono de gastos de obra de 4.060.267 euros y unos ingresos por dos años de la explotación de servicios de 2.257.122 euros.

Sin embargo, en lugar de comenzar los trabajos, una vez adjudicado el proyecto, a instancia del entonces presidente del Consejo de Administración de Sodeva, Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, “sin que conste informe alguno que justifique la necesidad”, a fin de construir una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 metros para principiantes cuyo coste se incrementó hasta los 7.498.962,74 euros.

El equipo de Gobierno de Renedo de Esgueva, en Valladolid, formado por PP y Vox, pedirá a la Diputación salir fuera de la red de municipios 'Hombres por la igualdad' que la institución provincial, gobernada por los 'populares', creó en 2017 y que esta localidad fue pionera en sumarse a la iniciativa. Así lo han votado este martes ambas formaciones en el Pleno del Ayuntamiento, el resultado cuatro votos a favor del Partido Popular, uno a favor de Vox y cinco en contra del PSOE. Al haber empate, el voto de calidad del alcalde, Jesús Carlos Martín Bastardo, ha hecho prosperar la votación.

Según ha explicado la portavoz socialista en el consistorio, Sonia Cardaba, el argumento expuesto por el equipo de Gobierno es que la red “no sirve para nada” debido a la baja afluencia de las convocatorias. “Me parece muy triste, un municipio que fue pionero ahora se sale”, ha lamentado. elDiario.es ha tratado de contactar con el regidor por vía telefónica y por mensajería pero no ha obtenido respuesta para conocer la justificación para esta propuesta.

La moción estaba en el pacto entre PP y Vox, según el PSOE

La adhesión a esta red de hombres también fue tomada por el Partido Popular que sin Vox como socio de gobierno le parecía bien esta medida que fue promovida por el ahora presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, el 'popular' Conrado Íscar. Según la explicación dada por la representante del PSOE en el Ayuntamiento de Renedo, la decisión ha sido tomada por el pacto del PP con la extrema derecha. “Es un pacto que tiene con él con Vox, pues reconócelo, que ya sabemos qué políticas hacen el PP y Vox”, ha asegurado.

Cardaba ha criticado que a pesar de que hayan muerto “56 mujeres en el año 2023”, se trata de “una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no se habla solo de hombres”. “Yo creo que el concepto no lo tienen en claro. Lo que se está haciendo es educar en valores de igualdad a los hombres y a las mujeres”, ha apostillado.

Otro aspecto que ha afeado es que el equipo de Gobierno ha achacado a “vuestra” -en referencia al PSOE- Ley de Violencia de Género, como ha asegurado Cardaba, que “no haya una igualdad efectiva en España” además de que no se estaba hablando de “una ley a nivel nacional”. Para el PSOE permanecer en esta red es que con ella se trata de lograr una “efectividad de igualdad entre hombres y mujeres”, algo que “no es un tema de hombres, de hombres y de mujeres, es lo que no entienden”.

Además, para sorpresa de la concejala socialista se ha presentado una moción contra la tramitación de la ley de amnistía. “¿De qué estamos hablando? Preocúpate del pueblo que está indecente. Es una pena para todas las mujeres del pueblo, ha lamentado.

No podrán optar a subvenciones para igualdad

Con esta petición de salida, Renedo no podrá optar a subvenciones por parte de la Diputación y del Plan de Estado por la Igualdad. La red, según recoge la web de la Diputación de Valladolid, “es un espacio de coordinación institucional, para la mejora de la gestión de las políticas públicas locales en materia de igualdad de género, posicionando al hombre en una actitud proactiva contra la violencia hacia las mujeres”.

Entre los objetivos a desarrollar está “sensibilizar y erradicar la violencia hacia las mujeres a través de la prevención, la formación y acercando valores de igualdad a la población”. Además, se busca “prestar apoyo a los municipios para la elaboración de medidas que incorporen a los hombres en la prevención de la violencia de género y en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres”. Contra todo esto ha votado en contra el PP y Vox en el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva.