El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un proyecto piloto en 15 empresas situadas en los polígonos industriales y en el centro urbano de la localidad de San Adrián, con el objetivo de elaborar “soluciones sostenibles y seguras de movilidad laboral y reducir los accidentes de circulación” durante los desplazamientos a la entrada o salida del trabajo.

Tal y como han explicado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz; el director del Servicio de Tráfico, José Javier Boulandier, y representantes sindicales de UGT y CCOO; la iniciativa podría “ser replicada en otras localidades o zonas de Navarra” si tuviera una trayectoria positiva.

Esta “lucha contra la siniestralidad laboral” se recoge en el Plan de Empleo 2025-2028 en Navarra, una estrategia “integral, multifactorial y multiagente” en la que los accidentes laborales se abordan “como una de sus áreas estratégicas y es en el seno del mismo donde nace esta iniciativa”. El proyecto, además de intentar reducir la siniestralidad laboral sobre todo en los accidentes de trayecto, también se fija como objetivo “disminuir las emisiones contaminantes y el consumo energético asociados al transporte laboral”.

En esta línea, también pone el foco en “fomentar un cambio de modelo en los desplazamientos, promoviendo medios de transporte más sostenibles, seguros y accesibles frente al uso del vehículo privado”. “La congestión en los desplazamientos es un factor importante en la competitividad”, según el “diagnóstico realizado por los sindicatos para la implementación de este proyecto”, pues los atascos y sus consecuencias provocan retrasos y falta de puntualidad, suponiendo la pérdida de miles de horas de productividad laboral.

En España un trabajador dedica de media 52 minutos diarios a los desplazamientos laborales, aunque en Navarra el dato es ligeramente más reducido.

La iniciativa, que “pasa por la elaboración de un informe de diagnóstico y recomendaciones para la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible” para las circunstancias de las empresas de San Adrián, tiene varias fases. La primera, la “elaboración de un diagnóstico inicial por la empresa”; después el “diseño de un plan de movilidad individualizado por empresa y conjunto del polígono, buscando sinergias entre los diferentes tipos de empresas, especialmente las más pequeñas”; un “análisis ambiental”; también el “establecimiento de un modelo de gobernanza y seguimiento compartido”; y por último la “comunicación y sensibilización para la promoción de buenas prácticas en materia de movilidad segura”. 

El proyecto piloto está promovido por un grupo de trabajo interdepartamental en el seno del Gobierno de Navarra, coordinado por la Dirección General de Economía Social y Trabajo, en el marco del Plan de Empleo de Navarra 2025-2028. De esta forma, el grupo lo conforman, además, la Dirección General de Interior, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Transición Energética y Digital, I+D+I Empresarial y Emprendimiento, la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Este equipo multidisciplinar aporta distintas capacidades complementarias en materia de empleo, movilidad, medioambiente y desarrollo económico. Todas ellas comparten un enfoque común, que impulsa la reducción de la siniestralidad laboral asociada a la movilidad, integrando además objetivos propios como la disminución de emisiones, la mejora de la eficiencia energética y la competitividad territorial, que hacen que esta cooperación tenga un mayor impacto y alcance en sus actuaciones.

La colaboración se basa en el intercambio de conocimiento técnico y la formulación conjunta de intervenciones que contribuyan a alcanzar metas compartidas, desde un enfoque participativo y orientado al diálogo social y la acción coordinada. 

Colaboración de agentes sociales y empresas

Además, el proyecto pretende impulsar la participación de agentes sociales y del tejido empresarial de San Adrián, creando un grupo de trabajo coordinado e integrado en materia de movilidad sostenible que pueda tener continuidad. Se pretende trabajar en un diagnóstico preciso, basado en la realidad de las relaciones laborales en las empresas, contando con la participación de las plantillas y sus RLT, junto con las direcciones de las empresas a través de sus órganos de gestión. De esta manera, el objetivo es alcanzar a disponer de información de partida con una visión integral donde el diálogo social aporte un esquema diferencial y compartido para la implantación de las medidas de mejora que se propongan con un mayor potencial de impacto.

Por tanto, la primera fase del proyecto se enfocará en el diagnóstico y generación de propuestas adaptadas al entorno laboral y características de las empresas, con el objetivo de disponer de una batería de intervenciones que puedan ser implementadas en una segunda fase desde el propio entorno laboral, en colaboración con la parte social y empresarial.

Estas propuestas también serán compartidas con otros agentes sociales y económicos del entorno como el ayuntamiento, mancomunidad y asociaciones empresariales, dando forma a la configuración de una mesa de coordinación de movilidad sostenible que se encargaría de asegurar la participación y la visión conjunta desde toda la ciudadanía.

La colaboración entre distintos departamentos y organismos públicos se configura como una práctica eficaz para abordar de forma estructural una problemática compleja y transversal, que afecta a la salud de las personas, pero también a la calidad del empleo y, por tanto, a la competitividad de las empresas.

Diagnóstico y análisis

Según un informe diagnóstico elaborado por UGT y CCOO en la zona del estudio, el 89,35% de las personas encuestadas acude al trabajo en coche o moto mientras que el 10,65% lo hace a pie, en bicicleta o patinete. Los motivos principales señalados son la ausencia de transporte público y la comodidad. El perfil tipo del usuario de vehículo privado corresponde mayoritariamente a hombres de entre 31 y 60 años, que valoran especialmente la accesibilidad, el tiempo de viaje y la comodidad. 

La falta de accesibilidad al transporte público y la percepción del tiempo de desplazamiento constituyen barreras clave para reducir el uso del coche. Este hecho refuerza la necesidad de diseñar una movilidad que priorice medios alternativos y fortalezca la red de transporte público. Un factor añadido de complejidad es que las personas trabajadoras proceden de 47 localidades distintas, lo que dificulta la creación de una red de transporte público plenamente adaptada al tejido empresarial de San Adrián.

El 50% de las personas encuestadas reconoce sufrir congestión vial en los trayectos de ida y/o vuelta al centro de trabajo, lo que evidencia dificultades para quienes utilizan vehículo propio como medio de transporte. Cabe señalar que las personas que se desplazan a pie no reportan este problema. La congestión se concentra principalmente en dos franjas horarias: 6:00 horas y 14:00 horas, coincidiendo con los momentos de mayor entrada y salida laboral. Asimismo, las personas trabajadoras señalaron que no emplean la bicicleta debido a la ausencia de carriles habilitados, lo que limita la viabilidad de este medio como alternativa sostenible.

En este sentido, el informe propone fomentar el uso del transporte público, proporcionar transporte colectivo privado, fomentar el viaje compartido en coche. Al mismo tiempo, incide en la necesidad de campañas de información y sensibilización, y propone acciones concretas en las empresas, como la priorización en aparcamientos propios de vehículos con dos o más trabajadores o la aplicación de horarios flexibles.

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha exigido este miércoles al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que acuda a Fiscalía si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos, como sugirió ayer el líder popular.

“Si dice que sabe, o que tiene conocimiento a lo mejor por sus relaciones con determinados ámbitos económicos, de que hay intereses económicos le invito, es más, le exijo, que acuda a Fiscalía”, ha dicho Barbón en una rueda de prensa para hablar del contenido del informe encargado a la Inspección General de Servicios acerca del funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, que le costó la vida a cinco mineros el 31 de marzo de 2025.

Actuaciones de investigación

Entre las medidas que va a adoptar el Gobierno del Principado a raíz de dicho informe están el inicio de actuaciones de investigación sobre un contrato entre Blue Solving y Combayl (empresas del mismo entramado societario que explotaban la mina), que la propia Inspección de Servicios ya ha remitido a Fiscalía, y también sobre la rebaja de la calificación del expediente sancionador por otro accidente en el que murió un trabajador en agosto de 2022 y los procedimientos que se encuentran pendiente de resolución.

Barbón ha asegurado que ha dado la “orden estricta” de acudir “inmediatamente” a Fiscalía si en estas investigaciones se detecta cualquier indicio de la comisión de un delito.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que la Fiscalía deberá dirimir si hubo una omisión punible o no por parte de algún funcionario de Minas al no actuar tras recibirse un contrato entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, en la que se hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón a pesar de que no existía autorización para ello. 

Sin avisos de inspecciones

Por otro lado, el Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu que refleja que Minas hizo una instrucción “insuficiente” al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del 'proyecto de investigación complementaria' (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.

Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que “de manera ilegal” incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando “una actividad clandestina” que ha constatado la necesidad de “regenerar” en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.

A su juicio, la publicación del informe y las medidas que hoy ha anunciado son “el principio de todo” en torno a una investigación que abrió con el compromiso de “llegar hasta el final” para que se haga “justicia”. 

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

El torero retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta tras una fuerte cogida por parte de un astado en la tarde de este pasado viernes en su puesto de trabajo.

Así lo han confirmado el Sistema Emergencias 112 y Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, que ha confirmado que la muerte del trabajador ha tenido lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular corrida picassiana que se celebra este sábado.

Lances de Futuro ha expresado en un comunicado que el trabajador fallecido es Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. “El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte”, ha recogido la empresa en un comunicado.

Condolencias

En cuanto a la gestión de la emergencia, el 112 recibió sobre las 19.45 horas que indicaba que un trabajador había sido pillado por un toro en los corrales de la Plaza de la Malagueta. De inmediato se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el fallecimiento del trabajador, un varón de 51 años, por las lesiones causadas por el animal.

El empresario José María Garzón y el resto del equipo de Lances de Futuro ha manifestado en un comunicado que se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña y ha expresado públicamente su pesar por esta pérdida.

Un hombre ha perdido la vida este martes al sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba dentro de una arqueta -pequeña cámara subterránea- en O Grove (Pontevedra). Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, alrededor de las 15.30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando sufrió una descarga eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no pudieron hacer nada por el hombre, que perdió la vida.

Una percebeira que trabajaba en la extracción del crustáceo entre el Castro de Baroña y el Farito, en Porto do Son (A Coruña), ha fallecido en la mañana de este martes por un golpe de mar. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 10,00 horas de este martes. En este momento, pescadores que se encontraban por la zona consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto más próximo para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido.

Muchos de los recursos activados para su rescate fueron, finalmente, anulados, ya que nada podía hacerse para salvarle la vida. Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Un hombre de 55 años de edad ha fallecido fruto de un accidente laboral ocurrido la tarde del viernes en una granja del concejo alavés de San Román de San Millán, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Según han explicado, la voz de alarma se dio a las 18.30 horas tras producirse el accidente. El trabajador, de 55 años, ha fallecido la misma semana en la que otros dos trabajadores, dos transportistas de 41 y 58 años, fallecieron en Legutio y Vitoria respectivamente, también en el territorio alavés.

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

Un hombre de 52 años ha fallecido la mañana de este jueves tras ser golpeado por una pala cargadora en una empresa ubicada en el polígono ganadero de Valtierra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.00 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero de Valtierra cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, un varón de 52 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

“La mina de Zarréu era una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”. Con estas palabras, el director general de Energía y Minería del Principado de Asturias, Javier Cueli, confirmaba este lunes la conclusión principal a la que ha llegado el Servicio de Minas en su informe sobre la investigación del accidente que, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro.

Javier Cueli no se ha andado con paños calientes y ha corroborado con estas declaraciones, efectuadas ante los medios de comunicación asturianos, una de las principales sospechas que desde un principio han planeado sobre el siniestro, ya que el siniestro puso de manifiesto tanto las evidentes faltas de seguridad como la previsible extracción ilegal de carbón.

Siniestralidad en la mina

Una bolsa de grisú en el interior de la explotación es la principal hipótesis con la que han trabajado desde el inicio los investigadores como principal causa del siniestro.

El director general de Energía y Minería ha realizado estas manifestaciones momentos antes de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad celebradas en Oviedo.

Siete mineros muertos

En ambas reuniones se iban a analizar los informes elaborados por el Servicio de Minas del Principado sobre el accidente ocurrido en la mina de Zarréu donde murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, así como en el accidente registrado, el 21 de noviembre pasado, en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde fallecieron Óscar Díaz, de 32 años, y Anilson Soares, de 42 años.

Comisión de Seguridad

En principio, la primera comisión iba a abordar la sesión ordinaria del trimestre, con un balance de la siniestralidad de 2025, y la segunda como cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente mortal en Zarréu, una vez que ya se disponía de las principales conclusiones de la investigación.

La documentación, del que se ha dado traslado a la comisión especial de investigación de la Junta General, concluye que el suceso se produjo como consecuencia de una explosión de metano durante la extracción clandestina de carbón en la antigua mina de montaña.

Las infracciones

El informe de Minas constata, además, que las labores se realizaban sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin sistema de ventilación.

Ambas acciones constituyen infracciones relacionadas con la formación de atmósferas potencialmente explosivas, así como con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

Las recomendaciones

Entre otras recomendaciones, Minas aconseja dar traslado del informe al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de abrir un expediente sancionador a Blue Solving, empresa que operaba en la explotación.

Con la elaboración de este informe técnico, realizado a partir de las declaraciones de los testigos, se da por cerrada la Comisión Especial de Seguridad puesta en marcha a raíz de la explosión en Zarréu.

Mejorar las condiciones

Javier Cueli ha explicado que, ante la gravedad de estos siniestros mortales, habrá que mejorar las condiciones de las explotaciones mineras.

Preguntado sobre el caso concreto de las medidas existentes en Zarréu ha dicho lo siguiente: “En la vida todo es mejorable. Elaborar ahora una teoría sobre qué se puede mejorar, seguramente, sea precipitado por mi parte, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar. No sé quién ni cómo ni cuándo, pero está claro que en algo hay que mejorar”, ha ratificado.

Los delitos en la causa de Zarréu

La jueza instructora de la causa del accidente de Zarréu ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

El accidente en Vega de Rengos

Por otro lado, el director general ha avanzado que a lo largo de esta semana mantendrá una reunión con la empresa TYC Narcea, de la explotación de Vega de Rengos, donde Minas ha concluido que el accidente que costó la vida a los dos mineros se debió a “un hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

El resultado del informe coincide plenamente con la apreciación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, en las primeras horas tras conocerse el alcance del accidente mortal en esta explotación.

Borja Sánchez ya apuntaba a que la principal causa del siniestro podía deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calculaban que el desprendimiento fue de seis a ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Un tercer minero salvó la vida

Los dos mineros quedaron atrapados a un kilómetro y medio de la entrada del yacimiento. Un tercer trabajador logró salir con vida de la explotación al haberse desplazado para ir a recoger unos materiales.

El consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. En los últimos meses había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

Sin incumplimientos de TYC Narcea

La empresa TYC Narcea ya ha remitido toda la documentación que se le ha requerido y a partir de ahora el siguiente paso es que la administración regional firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente.

La inspección del Servicio de Minas no ha apreciado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa, según los datos con que cuenta la administración autonómica.

Las movilizaciones de los mineros

El documento se ha remitido al juzgado y a los grupos parlamentarios de la Junta General y el Servicio de Minas ha elaborado una información separada sobre la jornada laboral de la plantilla que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores y sus familiares han llevado a cabo varias movilizaciones para solicitar la vuelta al tajo, ya que es uno de los principales medios de vida de la zona.

Una trabajadora de 65 años de edad una empresa cárnica de la localidad conquense de Tarancón, situada en la calle Aliagales, ha resultado intoxicada por una fuga en el depósito de amoniaco.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este sábado sobre las 22.49 horas.

La trabajadora fue trasladada, en ambulancia de soporte vital básico, al hospital de Cuenca. Al lugar también acudió la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos del municipio.

Un joven de 27 años ha fallecido en El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) por aplastamiento tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kilogramos cada una mientras trabajaba en una explotación agrícola.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar este martes, sobre las 20.41 horas, cuando se ha producido el incidente en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, perteneciente al municipio alcarreño.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil; equipos de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), aunque la víctima había sido liberada por vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por la víctima, fallecida en el acto.

Un hombre de 51 años ha fallecido la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral en un rocódromo de la localidad navarra de Berrioplano.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10:16 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador ha sufrido una caída en altura en una nave situada en el polígono industrial de Berrioplano. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto navarro de Medicina legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

Un hombre de 26 años ha sido ingresado este martes, 24 de febrero, en el Hospital Universitario de Albacete tras sufrir una caída a un foso del taller en el que trabaja en la capital albaceteña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 10.39 en las instalaciones situadas en el kilómetro 3,5 de la carretera de Mahora.

A causa de la caída, el trabajador ha perdido el conocimiento, no habiendo trascendido la gravedad de sus heridas. Una UVI móvil, que ha acudido al lugar de los hechos, ha procedido a su trasladado al citado centro hospitalario.

Junto al vehículo sanitario, también han acudido al lugar agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por un trabajador que reclamaba 137.926 euros a su empresa y a la aseguradora por los daños sufridos tras un grave accidente laboral. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el trabajador, -mecánico de profesión- acudió a ayudar a un compañero que intentaba aflojar un tornillo oxidado. Para ello utilizó una maza y un martillo. Durante la maniobra, una esquirla metálica procedente de la herramienta impactó en su ojo derecho. En ese momento no llevaba puestas las gafas de protección.

Como consecuencia del accidente, el trabajador precisó dos intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de incapacidad temporal y sufrió secuelas permanentes: pérdida de visión en el ojo derecho, alteraciones traumáticas en el iris, trastorno neurótico postraumático y perjuicio estético.

La Inspección de Trabajo investigó el accidente y concluyó que no existía incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. El plan preventivo de la empresa contemplaba expresamente el riesgo de proyección de partículas en el puesto de mecánico y establecía la obligación de utilizar gafas de protección UNE-EN 166. Además, constaba acreditado que la empresa había entregado dicho equipo al trabajador, que disponía de formación preventiva y que podía obtener nuevas gafas en una máquina tipo vending situada en el propio centro de trabajo.

La sentencia de instancia ya había desestimado la demanda al considerar que el accidente se produjo exclusivamente porque el trabajador no utilizó el equipo de protección individual facilitado por la empresa. 

El fallo recuerda que la responsabilidad empresarial en accidentes laborales queda excluida cuando el empresario acredita haber adoptado todas las medidas preventivas exigibles. En este caso, el Tribunal considera probado que la empresa evaluó el riesgo, formó al trabajador, le entregó los equipos necesarios y los puso a su disposición en todo momento.

Por ello, la Sala concluye que la causa única del accidente fue la actuación imprudente del trabajador al no utilizar las gafas de protección obligatorias, desestimando definitivamente su reclamación indemnizatoria y confirmando la absolución de la empresa y de la aseguradora.

Un varón de 59 años ha fallecido en la jornada de este jueves mientras trabajaba en un salón de celebraciones en la Avenida de la Canela del municipio sevillano de Estepa. Con este siniestro, ya son cuatro las defunciones que se han producido en apenas 15 días en la provincia.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha trasladado que el suceso tuvo lugar sobre las 11.06 horas, momento en el que el centro de emergencias 061 alertaba del hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones del inmueble que podría haber estado desempeñando labores de limpieza

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y sanitarios, que tan solo pudieron certificar el fallecimiento del varón. Aún la investigación del caso es incipiente. Entre el 28 de enero y la jornada de hoy, se han dado cuatro accidentes laborales mortales en Sevilla, concretamente, en las localidades de Palmas Altas, en Mairena del Aljarafe y Alcolea del Río. Además, es la tercera persona que muere precipitada en altura mientras realizaba unas labores profesionales en lo que va de año.

El juzgado de Cangas del Narcea que instruye la causa por el accidente laboral en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos el pasado 31 de marzo en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ha levantado el secreto de sumario y ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, según ha adelantado este martes la RTPA.

Junto a los delitos de homicidio por imprudencia, también se les investiga por otros cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados como medida cautelar para garantizar la posible responsabilidad civil.

Acogidos a su derecho a no declarar

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' compareció el pasado 27 de enero ante los diputados y diputadas asturianas y eludió responder a sus preguntas que quedaron recogidas en el acta sin respuesta. Acudió a la citación acompañado de su abogado, Luis Tuero, y se limitó a leer un texto que llevaba redactado donde exponía que optaba por no declarar en ese momento para “preservar el derecho fundamental de la defensa”.

Necesidad de “prudencia legal”

El empresario puntualizó que su rechazo a declarar no debía interpretarse como “falta de colaboración, sino como necesidad de prudencia legal”.

En más de una ocasión se le preguntó si quería ofrecer su testimonio y su respuesta fue la siguiente: “Con ganas me quedo, pero no voy a contestar”.

Apenas dos días después, su hijo Adrián Rodríguez decidía también guardar silencio. Al igual que había hecho su padre, manifestó su dolor por el accidente en el que perdieron la vida los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y mostró sus condolencias a sus familiares.

“Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible”, lamentó el administrador único de Blue Solving.

Trabajo judicial “sin presiones”

Adrián Rodríguez explicó que confiaba en la justicia para que “a su debido tiempo” pusiera las cosas en su lugar “para dar paz a quienes más hoy lo sufren”.

Asimismo, expresó su deseo de que “la verdad resplandezca y las familias obtengan las respuestas que necesitan”. Para que esto ocurra, según comentó, la justicia “debe trabajar en paz sin ruidos ni presiones”.

Colaborar desde “el silencio”

Al día siguiente, comparecía su madre Ana María Rodríguez, administradora única de la compañia Combayl, que tampoco quiso aclarar las dudas de los diputados y diputadas: “El silencio es la mejor forma de colaborar” para que la investigación “llegue a buen término”, explicó la empresaria.

La comparecencia del responsable de seguridad en la mina de Zarréu, en el momento del accidente, era José Antonio Fernández Casillas que, al igual que había hecho la familia Rodríguez, se acogió a su derecho a no declarar, lo que no fue impedimento para expresar su “absoluta disposición a continuar colaborando” con el esclarecimiento de las causas del accidente mortal al estar en ese momento la causa bajo secreto sumarial.

Levantado el secreto de sumario

A partir de ahora, una vez levantado el secreto de sumario, los representantes legales de los investigados podrán acceder a las diligencias de investigación para poder conocer de primera mano las acusaciones que se dirigen contra ellos para poder aclarar toda la verdad de lo que ocurrió el 31 de marzo pasado, cuando los cinco mineros perdieron la vida cuando trabajaban en la explotación minera de Zarréu.

Las primeras investigaciones apuntaron a que se produjo una explosión de grisú cuando los trabajadores se encontraban en el interior de la mina.

Uno de los principales extremos que se está investigando es si en la explotación se llevaban a cabo extracciones ilegales de carbón, ya que la empresa no contaba con licencia para este tipo de trabajo y las versiones de los comparecientes hasta ahora ante la comisión parlamentaria son muy contradictorias.