No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

Un operario de unos 40 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras precipitarse desde una altura de 25 metros cuando trabajaba en una torre eléctrica de la subestación de Cebreros (Ávila), ha informado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En torno a las 18.20 horas, una llamada ha alertado al 1-1-2 de la caída del trabajador desde unos 25 metros de altura, cuando trabajaba en una torre eléctrica de este municipio de 3.400 habitantes, situado a unos 45 kilómetros al este de la provincia.

El accidente ha tenido lugar cuando el operario trabajaba en la subestación eléctrica de Cebreros, y han avisado del mismo a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han enviado un helicóptero medicalizado.

Asimismo, ha sido avisado el Centro Coordinador de Emergencias, ya que el suceso se ha producido en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia. Finalmente, los facultativos de Sacyl que han atendido al trabajador, de unos 40 años, y han confirmado su muerte.

Un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono 112 atendió a las 2.30 horas un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey, en Mollina. De inmediato, se activó a efectivos de Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.

Fuentes de Bomberos han informado de que tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado. A pesar de la actuación de los servicios sanitarios, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 51 años, que ha resultado fallecido. De todo ello se ha informado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Partido Popular (PP) y Foro Asturias respaldan la propuesta incluida en el dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que murieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025, donde considera como responsables políticos a los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, así como al exviceconsejero Isaac Pola durante la etapa de gobierno del presidente socialista Adrián Barbón.

El grupo parlamentario popular y el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares -que propone, al igual que IU, que el Principado asuma su responsabilidad patrimonial por este siniestro- respaldan, asimismo, la responsabilidad de los funcionarios del Servicio de Minas del Principado con matices en la redacción del texto para garantizar su encaje jurídico.

Alegaciones del PP

El PP ha registrado diez aportaciones al dictamen inicial de la comisión parlamentaria, una para pedir que se creen dos grupos diferentes de responsabilidad, uno vinculado a los altos cargos y otros para los puestos administrativos para que haya una “mejor definición” y un “mejor encaje con la doctrina constitucional”, ha señalado el diputado Rafael Alonso.

Los populares excluyen al presidente del Principado, Adrián Barbón, de este listado de responsables políticos al considerar que “no es el momento”, al igual que al alcalde de Degaña, Óscar Áncares, dado que excede del ámbito competencial al que se circunscribe la comisión.

Otras de sus alegaciones tiene como objetivo que se detallen cuestiones relacionadas con la transmisión de los derechos mineros y las solvencias económicas y técnicas y pedir que se incluya una referencia a la “participación” del Idepa en las subvenciones concedidas por el Instituto de Transición Justa a Combayl y Blue Solving.

Los 'apellidos mineros' de Barbón

El PP también ha introducido alegaciones sobre los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) para pedir que se revisen aquellos que están vinculados con la extracción de carbón.

Según ha denunciado el parlamentario Luis Venta, al PSOE, con su gestión de este asunto, “se le caen las vocales de sus siglas, a Barbón se le caen sus apellidos mineros y al Gobierno se le rompen las costuras”.

Las ayudas a los familiares

En relación a las ayudas a los familiares, los populares han señalado que la idea del Gobierno de enmarcarlas en el ámbito de la siniestralidad laboral es una “vía de escape para no asumir responsabilidades políticas” y consideran que la asunción de la responsabilidad patrimonial “es una vía más dentro de las que existen” para satisfacer a las familias.

Alegaciones de Foro

Por su parte, Pumares ha dicho que comparte “plenamente” las responsabilidades que plantea el dictamen provisional si bien ha presentado una alegación para delimitar correctamente las de los funcionarios de Minas conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre comisiones de investigación.

Entre sus siete alegaciones, Pumares ha defendido, además, que el Principado admita la existencia de una responsabilidad patrimonial, dado que así sería “más fácil canalizar” las ayudas a los afectados, y que se concrete la responsabilidad política de Barbón en el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera tras el decreto de 2019.

El diputado de Foro ha insistido en sus aportaciones en que el siniestro “no se habría producido” sin la “arquitectura jurídica impulsada” por el Principado “que buscaba esquivar la legislación restrictiva sobre la extracción de carbón”.

Diferencias entre PSOE e IU

El grupo parlamentario del PSOE no ha registrado alegaciones al texto al considerar que no se puede corregir con aportaciones “puntuales” un documento “con errores estructurales de base” y que “reconoce responsabilidades políticas que en, ningún momento, se fundamentan en argumentos sólidos”.

“No fundamenta sus conclusiones con profundidad ni un análisis detallado”, ha dicho la portavoz, Dolores Carcedo, quien ha avanzado que si el documento se mantiene con estas conclusiones su partido votará en contra.

El acuerdo de investidura

Carcedo ha admitido que el PSOE “no comparte ni el fondo ni la forma” de los planteamientos de IU en relación a este asunto en el que cuentan con diferencias, si bien ha insistido en que ambos partidos están centrados en desarrollar el acuerdo de investidura.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas ha defendido que las ayudas planteadas por el Principado a los fallecidos por accidentes laborales se tramiten con un proyecto de ley e incluyan al herido en el siniestro de Cerredo de 2022, tras apuntar que estas subvenciones no eximen al Principado de su “responsabilidad patrimonial” en el accidente. 

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha advertido este miércoles de la existencia de “errores graves” en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Zarréu, elaborado por su presidenta, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y ha abogado por eliminarlos en la redacción definitiva del texto que se apruebe.

Según Sánchez, el borrador, que atribuye responsabilidades políticas a cuatro exconsejeros de Industria del PSOE así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas, peca de una “redacción arbitraria” en cuestiones como la relativa a la actuación del extinto Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) que, ha subrayado, no ostentó competencias materiales sobre la autorización o el control de la actividad minera más allá de la evaluación técnica, económica o procedimental de los proyectos empresariales.

Los cuestionamientos del consejero

Pese a que el borrador del dictamen reconoce este extremo, ha indicado el consejero, a la vez “responsabiliza” al Idepa por su gestión en relación con la actividad minera, un error que se suma, a su juicio, al que supone señalar directamente a funcionarios del Principado por su labor en ese ámbito.

Sánchez ha recordado que la Junta General del Principado ya fue reconvenida por el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de una funcionaria del Gestor de Infraestructuras (GITPA) en el dictamen de una comisión de investigación sobre dicho organismo.

Asumir las once recomendaciones

Para el consejero, a nivel personal y tras hacerse cargo de la competencias en materia de minería con posterioridad al accidente, su responsabilidad pasa por asumir las once recomendaciones que plantea el informe elaborado por la Inspección General de Servicios y por completar la evaluación que están realizando junto al Instituto de Transición Justo sobre la explotación de carbón que se venía realizando en Asturias y su posible colisión con la ley de cambio climático y el plan de cierre de la minería no rentable.

Sánchez se ha expresado así en su respuesta ante el pleno del parlamento asturiano a una pregunta sobre si ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Zarréu formulada por el diputado del PP Rafael Alonso, que ha advertido de que el Gobierno se ha quedado “solo y enrocado” al rechazar por el momento que tenga que haber ceses entre los cargos públicos involucrados.

PP: “Aquí no dimite nadie”

“Con todo lo que pasó y con seis fallecidos -cinco el accidente de 2025 y uno en el registrado en 2022- aquí no dimite nadie. Eso es lo que se pregunta la opinión pública”, ha subrayado Alonso tras recordarle al PSOE que su socio de gobierno, Izquierda Unida, exige también que se asuman ya responsabilidades.

Así, ha cuestionado que se pueda seguir hablado como hace el Ejecutivo de gobierno “de unidad progresista” dadas las discrepancias en su seno, a la vez que ha cuestionado si se puede calificar de “progresista” el hecho de no asumir responsabilidades políticas por parte de un gabinete que muestra su “nerviosismo” al cambiar de opinión en 48 horas sobre la posibilidad de conceder ayudas a las víctimas.

“A ustedes se les va a hacer largo porque este asunto no termina ni mañana ni pasado mañana y, mientras tanto, todos los asturianos esperamos que se haga realidad el caiga quien caiga del señor Barbóon”, ha advertido.

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí ha rechazado este martes la existencia de un vínculo entre las causas del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, y la “gestión política” en el departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro.

En declaraciones a los periodistas, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón ha recordado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, “no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política” en la consejería.

“Son actuaciones a mejorar”, alega

Este informe establece una seria de “actuaciones a mejorar”, pero en ningún caso “hace una vinculación entre el accidente y la gestión política”, ha incidido la exconsejera.

Roqueñí se ha pronunciado así después de que el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente minero y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, haya señalado la responsabilidad de tres exconsejeros de Industria -Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, quien dimitió a los pocos días del accidente-, así como del exviceconsejero Isaac Pola, que había sido consejero en el Gobierno de Javier Fernández, y tres funcionarios.

La postura de Roqueñí coincide con la sostenida por la parte socialista del Gobierno del Principado, que considera que hasta el momento no se han establecido responsabilidades políticas por el accidente, mientras que su socio IU sí que las aprecia. 

Casi la mitad de los accidentes laborales, en concreto el 49,32%, se deben a factores relacionados con la organización del trabajo, una responsabilidad “única y exclusiva” de las empresas. Así lo ha señalado la técnica de prevención de UGT Aragón, María José Salvo, durante un receso de la jornada celebrada este martes, 28 de abril, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada por CCOO y UGT en Zaragoza.

Salvo ha explicado que, históricamente, la prevención de riesgos laborales se ha tratado en muchas empresas como un mero trámite burocrático, centrado en cumplir con la documentación sin realizar evaluaciones que identifiquen de forma real los riesgos. “No hay una evaluación que recoja todos los riesgos”, ha subrayado.

Junto a la organización del trabajo, la gestión de la prevención, el uso de maquinaria y las condiciones laborales figuran como los principales factores de siniestralidad, mientras que las circunstancias individuales tienen un peso menor. En este sentido, ha rechazado que se responsabilice a los trabajadores de los accidentes. “Ya vale de culpabilizar a los trabajadores con frases como que estaba despistado o no tenía formación”, ha afirmado. Estas conclusiones se apoyan en los informes del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), organismo del Gobierno de Aragón especializado en prevención.

Uno de los aspectos destacados es el peso de las pequeñas empresas en la siniestralidad. Casi el 50% de los accidentes laborales en Aragón se producen en compañías de menos de 50 trabajadores, donde no existe la obligación de contar con un comité de seguridad y salud. Según Salvo, esta ausencia de representación dificulta la detección de riesgos y la adopción de medidas preventivas.

En los tres primeros meses de 2026 se han registrado en Aragón 4.774 accidentes laborales, de los que 12 han sido mortales in itinere o durante la jornada laboral.

Bajas por incapacidad temporal

La jornada también ha abordado el incremento de las bajas por incapacidad temporal. Los procesos de corta duración (menos de 15 días) han aumentado en torno a un 32%, mientras que los de larga duración crecieron un 92% en 2025, especialmente vinculados a trastornos musculoesqueléticos y problemas de salud mental, como la ansiedad.

UGT relaciona este aumento con las listas de espera sanitarias. Como ejemplo, Salvo ha señalado que en 2024 el tiempo medio para acceder a traumatología era de 169 días, mientras que en neurocirugía alcanzaba los 396 días, lo que prolonga los procesos de recuperación. A ello se suman factores como el envejecimiento de la población trabajadora, el estrés laboral y la reincorporación prematura al puesto de trabajo.

Por ello, el sindicato reclama más inversión en el sistema sanitario y que determinadas bajas derivadas del trabajo se consideren contingencias profesionales y sean asumidas por las mutuas, con el objetivo de reducir la presión sobre la sanidad pública y acortar los tiempos de recuperación.

Según Salvo, el otro 50% de los accidentes está relacionado con los ritmos de trabajo y la falta de sustitución de bajas, lo que incrementa la carga laboral sobre el resto de la plantilla y repercute negativamente en su salud.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado sectores especialmente afectados como el sociosanitario, caracterizado por la precariedad y la sobrecarga de trabajo. Ha denunciado situaciones en las que “dos personas hacen el trabajo de cinco”, lo que deriva en problemas físicos y de salud mental y en enfermedades profesionales que no siempre se reconocen.

Clarimón también ha advertido contra el uso del término absentismo para referirse a las bajas médicas, defendiendo que se trata de un derecho vinculado a la recuperación de la salud. “No se puede criminalizar a las personas trabajadoras por enfermar”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que, pese al aumento de las bajas, los datos reflejan un crecimiento de la productividad empresarial, los beneficios y las horas extra no remuneradas, lo que, a su juicio, contradice el discurso que responsabiliza a los trabajadores.

Ambos sindicatos han coincidido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y han reclamado el objetivo de reducir la siniestralidad laboral hasta alcanzar la mortalidad cero.

Un agente forestal de Medio Natural ha tenido que ser evacuado en helicóptero al hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una caída con su moto en el cerro de Arviza, en el término municipal de Ojacastro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido uno de sus compañeros quien ha alertado del suceso sobre las 12,00 horas de este lunes.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, un retén de Bomberos Forestales, el helicóptero de Medio Natural y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle un árbol encima en el municipio pontevedrés de Covelo. El accidente ocurrió sobre las 9,50 horas en A Lamosa, en el lugar de Corzós, según informa el 112 Galicia.

Fueron avisados los Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea. También se movilizó personal del 061, que ya tenían constancia del suceso.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

CCOO La Rioja se ha concentrado este lunes frente las puertas del sindicato para denunciar “una nueva muerte en el trabajo”. El pasado viernes 17 de abril, en Albelda de Iregua, un trabajador de 43 años falleció tras sufrir una electrocución por un cable de alta tensión. Un trágico suceso que aseguran “no es aislado, sino la consecuencia de fallos en la prevención de riesgos laborales que siguen produciéndose en nuestras empresas”. Así, y con los datos de siniestralidad laboral de 2025 ya consolidados, desde la formación sindical explica que “aunque en el conjunto del Estado la Reforma Laboral (Real Decreto-ley 32/2021) ha supuesto avances importantes en la estabilidad en el empleo y en la reducción de la precariedad (factores estrechamente vinculados a la disminución de los accidentes de trabajo), en La Rioja estos efectos no están teniendo el mismo impacto”.

De igual forma consideran que “la reducción de la temporalidad, el descenso del desempleo y el aumento de la afiliación deberían traducirse en entornos laborales más seguros, pero en La Rioja esta relación no se está materializando, lo que pone de manifiesto la falta de un compromiso real por parte de muchas empresas con la prevención”.

Las estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025 reflejan una ligera disminución del 0,7 por ciento en el número de accidentes con baja respecto al año anterior, “un descenso prácticamente irrelevante que evidencia el estancamiento en la mejora de la siniestralidad laboral”. Desde CCOO La Rioja alertan sobre el incfremento de los accidentes graves en jornada de trabajo que han aumentado un 50 por ciento. “Un dato que pone de manifiesto un deterioro en las condiciones de seguridad en los centros de trabajo”. En cuanto a la siniestralidad mortal, en 2025 se han registrado seis personas fallecidas, una cifra “inaceptable que evidencia la falta de avances reales en la prevención de riesgos laborales”.

Asimismo, el descenso de las enfermedades profesionales en La Rioja “no puede interpretarse como una mejora de la salud laboral. En 2025 se cerraron 166 partes de enfermedad profesional, 35 menos que el año anterior, siendo todos ellos calificados como leves”. Este dato resulta especialmente preocupante y apunta claramente a una “infradeclaración o a dificultades en su reconocimiento, lo que contribuye a invisibilizar daños derivados del trabajo que deberían ser identificados y prevenidos adecuadamente”. Y es que los informes de la Inspección de Trabajo señalan de forma reiterada que “detrás de numerosos accidentes laborales se encuentran la falta de información y formación adecuada a las plantillas, así como evaluaciones de riesgos que no se ajustan a la realidad de los puestos de trabajo. Evaluaciones que, en demasiadas ocasiones, se realizan de manera formalista y no permiten identificar correctamente los riesgos existentes ni adoptar medidas preventivas eficaces”.

El “mal llamado absentismo laboral”

De igual forma, CCOO La Rioja analiza el “mal llamado absentismo laboral”, que pretende responsabilizar a las personas trabajadoras de problemas estructurales en la organización del trabajo. Un enfoque que rechazan porque “desvía la atención de las verdaderas causas: las deficientes condiciones laborales, la falta de medidas preventivas y la presión en los centros de trabajo, factores que están detrás tanto de los accidentes como de muchas bajas por enfermedad”. Por todo ello insisten en que “no se puede normalizar que trabajar suponga poner en riesgo la vida”. Y urgen reforzar las políticas de prevención, garantizar una formación efectiva y situar la salud de las personas trabajadoras en el centro de las decisiones empresariales.

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha un proyecto piloto en 15 empresas situadas en los polígonos industriales y en el centro urbano de la localidad de San Adrián, con el objetivo de elaborar “soluciones sostenibles y seguras de movilidad laboral y reducir los accidentes de circulación” durante los desplazamientos a la entrada o salida del trabajo.

Tal y como han explicado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz; el director del Servicio de Tráfico, José Javier Boulandier, y representantes sindicales de UGT y CCOO; la iniciativa podría “ser replicada en otras localidades o zonas de Navarra” si tuviera una trayectoria positiva.

Esta “lucha contra la siniestralidad laboral” se recoge en el Plan de Empleo 2025-2028 en Navarra, una estrategia “integral, multifactorial y multiagente” en la que los accidentes laborales se abordan “como una de sus áreas estratégicas y es en el seno del mismo donde nace esta iniciativa”. El proyecto, además de intentar reducir la siniestralidad laboral sobre todo en los accidentes de trayecto, también se fija como objetivo “disminuir las emisiones contaminantes y el consumo energético asociados al transporte laboral”.

En esta línea, también pone el foco en “fomentar un cambio de modelo en los desplazamientos, promoviendo medios de transporte más sostenibles, seguros y accesibles frente al uso del vehículo privado”. “La congestión en los desplazamientos es un factor importante en la competitividad”, según el “diagnóstico realizado por los sindicatos para la implementación de este proyecto”, pues los atascos y sus consecuencias provocan retrasos y falta de puntualidad, suponiendo la pérdida de miles de horas de productividad laboral.

En España un trabajador dedica de media 52 minutos diarios a los desplazamientos laborales, aunque en Navarra el dato es ligeramente más reducido.

La iniciativa, que “pasa por la elaboración de un informe de diagnóstico y recomendaciones para la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible” para las circunstancias de las empresas de San Adrián, tiene varias fases. La primera, la “elaboración de un diagnóstico inicial por la empresa”; después el “diseño de un plan de movilidad individualizado por empresa y conjunto del polígono, buscando sinergias entre los diferentes tipos de empresas, especialmente las más pequeñas”; un “análisis ambiental”; también el “establecimiento de un modelo de gobernanza y seguimiento compartido”; y por último la “comunicación y sensibilización para la promoción de buenas prácticas en materia de movilidad segura”. 

El proyecto piloto está promovido por un grupo de trabajo interdepartamental en el seno del Gobierno de Navarra, coordinado por la Dirección General de Economía Social y Trabajo, en el marco del Plan de Empleo de Navarra 2025-2028. De esta forma, el grupo lo conforman, además, la Dirección General de Interior, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Transición Energética y Digital, I+D+I Empresarial y Emprendimiento, la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Este equipo multidisciplinar aporta distintas capacidades complementarias en materia de empleo, movilidad, medioambiente y desarrollo económico. Todas ellas comparten un enfoque común, que impulsa la reducción de la siniestralidad laboral asociada a la movilidad, integrando además objetivos propios como la disminución de emisiones, la mejora de la eficiencia energética y la competitividad territorial, que hacen que esta cooperación tenga un mayor impacto y alcance en sus actuaciones.

La colaboración se basa en el intercambio de conocimiento técnico y la formulación conjunta de intervenciones que contribuyan a alcanzar metas compartidas, desde un enfoque participativo y orientado al diálogo social y la acción coordinada. 

Colaboración de agentes sociales y empresas

Además, el proyecto pretende impulsar la participación de agentes sociales y del tejido empresarial de San Adrián, creando un grupo de trabajo coordinado e integrado en materia de movilidad sostenible que pueda tener continuidad. Se pretende trabajar en un diagnóstico preciso, basado en la realidad de las relaciones laborales en las empresas, contando con la participación de las plantillas y sus RLT, junto con las direcciones de las empresas a través de sus órganos de gestión. De esta manera, el objetivo es alcanzar a disponer de información de partida con una visión integral donde el diálogo social aporte un esquema diferencial y compartido para la implantación de las medidas de mejora que se propongan con un mayor potencial de impacto.

Por tanto, la primera fase del proyecto se enfocará en el diagnóstico y generación de propuestas adaptadas al entorno laboral y características de las empresas, con el objetivo de disponer de una batería de intervenciones que puedan ser implementadas en una segunda fase desde el propio entorno laboral, en colaboración con la parte social y empresarial.

Estas propuestas también serán compartidas con otros agentes sociales y económicos del entorno como el ayuntamiento, mancomunidad y asociaciones empresariales, dando forma a la configuración de una mesa de coordinación de movilidad sostenible que se encargaría de asegurar la participación y la visión conjunta desde toda la ciudadanía.

La colaboración entre distintos departamentos y organismos públicos se configura como una práctica eficaz para abordar de forma estructural una problemática compleja y transversal, que afecta a la salud de las personas, pero también a la calidad del empleo y, por tanto, a la competitividad de las empresas.

Diagnóstico y análisis

Según un informe diagnóstico elaborado por UGT y CCOO en la zona del estudio, el 89,35% de las personas encuestadas acude al trabajo en coche o moto mientras que el 10,65% lo hace a pie, en bicicleta o patinete. Los motivos principales señalados son la ausencia de transporte público y la comodidad. El perfil tipo del usuario de vehículo privado corresponde mayoritariamente a hombres de entre 31 y 60 años, que valoran especialmente la accesibilidad, el tiempo de viaje y la comodidad. 

La falta de accesibilidad al transporte público y la percepción del tiempo de desplazamiento constituyen barreras clave para reducir el uso del coche. Este hecho refuerza la necesidad de diseñar una movilidad que priorice medios alternativos y fortalezca la red de transporte público. Un factor añadido de complejidad es que las personas trabajadoras proceden de 47 localidades distintas, lo que dificulta la creación de una red de transporte público plenamente adaptada al tejido empresarial de San Adrián.

El 50% de las personas encuestadas reconoce sufrir congestión vial en los trayectos de ida y/o vuelta al centro de trabajo, lo que evidencia dificultades para quienes utilizan vehículo propio como medio de transporte. Cabe señalar que las personas que se desplazan a pie no reportan este problema. La congestión se concentra principalmente en dos franjas horarias: 6:00 horas y 14:00 horas, coincidiendo con los momentos de mayor entrada y salida laboral. Asimismo, las personas trabajadoras señalaron que no emplean la bicicleta debido a la ausencia de carriles habilitados, lo que limita la viabilidad de este medio como alternativa sostenible.

En este sentido, el informe propone fomentar el uso del transporte público, proporcionar transporte colectivo privado, fomentar el viaje compartido en coche. Al mismo tiempo, incide en la necesidad de campañas de información y sensibilización, y propone acciones concretas en las empresas, como la priorización en aparcamientos propios de vehículos con dos o más trabajadores o la aplicación de horarios flexibles.

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha exigido este miércoles al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que acuda a Fiscalía si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos, como sugirió ayer el líder popular.

“Si dice que sabe, o que tiene conocimiento a lo mejor por sus relaciones con determinados ámbitos económicos, de que hay intereses económicos le invito, es más, le exijo, que acuda a Fiscalía”, ha dicho Barbón en una rueda de prensa para hablar del contenido del informe encargado a la Inspección General de Servicios acerca del funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, que le costó la vida a cinco mineros el 31 de marzo de 2025.

Actuaciones de investigación

Entre las medidas que va a adoptar el Gobierno del Principado a raíz de dicho informe están el inicio de actuaciones de investigación sobre un contrato entre Blue Solving y Combayl (empresas del mismo entramado societario que explotaban la mina), que la propia Inspección de Servicios ya ha remitido a Fiscalía, y también sobre la rebaja de la calificación del expediente sancionador por otro accidente en el que murió un trabajador en agosto de 2022 y los procedimientos que se encuentran pendiente de resolución.

Barbón ha asegurado que ha dado la “orden estricta” de acudir “inmediatamente” a Fiscalía si en estas investigaciones se detecta cualquier indicio de la comisión de un delito.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que la Fiscalía deberá dirimir si hubo una omisión punible o no por parte de algún funcionario de Minas al no actuar tras recibirse un contrato entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, en la que se hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón a pesar de que no existía autorización para ello. 

Sin avisos de inspecciones

Por otro lado, el Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu que refleja que Minas hizo una instrucción “insuficiente” al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del 'proyecto de investigación complementaria' (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.

Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que “de manera ilegal” incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando “una actividad clandestina” que ha constatado la necesidad de “regenerar” en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.

A su juicio, la publicación del informe y las medidas que hoy ha anunciado son “el principio de todo” en torno a una investigación que abrió con el compromiso de “llegar hasta el final” para que se haga “justicia”. 

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

El torero retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta tras una fuerte cogida por parte de un astado en la tarde de este pasado viernes en su puesto de trabajo.

Así lo han confirmado el Sistema Emergencias 112 y Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, que ha confirmado que la muerte del trabajador ha tenido lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular corrida picassiana que se celebra este sábado.

Lances de Futuro ha expresado en un comunicado que el trabajador fallecido es Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. “El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte”, ha recogido la empresa en un comunicado.

Condolencias

En cuanto a la gestión de la emergencia, el 112 recibió sobre las 19.45 horas que indicaba que un trabajador había sido pillado por un toro en los corrales de la Plaza de la Malagueta. De inmediato se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el fallecimiento del trabajador, un varón de 51 años, por las lesiones causadas por el animal.

El empresario José María Garzón y el resto del equipo de Lances de Futuro ha manifestado en un comunicado que se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña y ha expresado públicamente su pesar por esta pérdida.

Un hombre ha perdido la vida este martes al sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba dentro de una arqueta -pequeña cámara subterránea- en O Grove (Pontevedra). Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, alrededor de las 15.30 horas el hombre se encontraba trabajando en una arqueta en la carretera que comunica A Lanzada con San Vicente, cuando sufrió una descarga eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela y Emerxencias do Grove. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por reanimarlo, no pudieron hacer nada por el hombre, que perdió la vida.

Una percebeira que trabajaba en la extracción del crustáceo entre el Castro de Baroña y el Farito, en Porto do Son (A Coruña), ha fallecido en la mañana de este martes por un golpe de mar. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 10,00 horas de este martes. En este momento, pescadores que se encontraban por la zona consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto más próximo para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido.

Muchos de los recursos activados para su rescate fueron, finalmente, anulados, ya que nada podía hacerse para salvarle la vida. Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Un hombre de 55 años de edad ha fallecido fruto de un accidente laboral ocurrido la tarde del viernes en una granja del concejo alavés de San Román de San Millán, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Según han explicado, la voz de alarma se dio a las 18.30 horas tras producirse el accidente. El trabajador, de 55 años, ha fallecido la misma semana en la que otros dos trabajadores, dos transportistas de 41 y 58 años, fallecieron en Legutio y Vitoria respectivamente, también en el territorio alavés.

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

Un hombre de 52 años ha fallecido la mañana de este jueves tras ser golpeado por una pala cargadora en una empresa ubicada en el polígono ganadero de Valtierra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.00 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero de Valtierra cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, un varón de 52 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.