Un trabajador de 27 años de edad ha resultado intoxicado este lunes tras producirse una fuga de ácido por la rotura de un bidón de 700 litros en una bodega, situada en la Avenida Segunda del polígono industrial 'El Salvador' de la localidad albaceteña de La Roda.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.50 horas.

Los bomberos del municipio han contenido el derrame y ventilado la nave, cuyos trabajadores han tenido que ser desalojados. El afectado ha sido trasladado al Hospital de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico y al lugar se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.

Un jornalero de 64 años falleció este jueves en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba el miércoles, en plena ola de calor, en una finca agrícola de Seròs.

Según ha avanzado TV3 y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN), el hombre estaba trabajando en el campo cuando se encontró mal. En un primer momento fue trasladado al centro de salud del municipio y, posteriormente al hospital de la capital leridana, donde falleció un día después.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre la una de la tarde y según explicaron, el hombre habría sufrido un golpe de calor. Inspección de Trabajo, la policía catalana y el juzgado y están investigando las circunstancias de la muerte.

La víctima vivía en Lleida y trabajaba en una empresa de este municipio de la comarca del Segrià. El suceso se ha producido en plena ola de calor. Los avisos para reducir la actividad laboral en las horas de más calor son una recomendación de la Generalitat. Varios municipios de las comarcas de Lleida han registrado temperaturas por encima de los 40 grados esta semana.

El año pasado otro jornalero falleció mientras trabajaba en la cosecha de la fruta en una finca de Alcarràs, en la misma comarca leridana. La muerte volvió a poner en primer plano las duras condiciones de los trabajadores del campo en épocas de calor.

La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó este jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, una cifra que supera los fallecimientos del primer episodio de estas características de finales de junio.

El sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que durante la segunda ola de calor se han producido en España un total de 463 muertes que pueden ser atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, y solo en los dos últimos días han fallecido 261 personas.

No obstante, son datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables. En este sentido, los fallecimientos atribuibles a causas relacionadas con altas temperatura en la primera ola de calor, del 21 al 25 de junio, han sumado finalmente 333 muertes.

Un hombre ha fallecido este martes en un accidente laboral tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 6 metros cuando trabajaba en la cubierta de una nave.

El suceso ha ocurrido a las 8:34 horas en la Avenida Cruz Roja Española de la ciudad de Cuenca. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima, que tenía 37 años.

Un mes de julio crítico para la siniestralidad laboral

Esta nueva muerte supone el cuarto fallecimiento de un empleado en su puesto de trabajo en Castilla-La Mancha durante un mes de julio que está siendo especialmente crítico en cuestión de siniestralidad laboral. Además, otros tres trabajadores han resultado heridos en los últimos días.

El primer incidente del mes se produjo el 1 de julio, cuando un trabajador perdió cuatro dedos en un accidente con una motosierra en Guadalajara. Un día después, en Miguelturra (provincia de Ciudad Real), murió un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial a cinco metros de altura.

El pasado viernes la desgracia se cebó con la provincia de Toledo, ya que hubo dos accidentes laborales que se saldaron con un muerto por una caída desde el tejado de una nave en la capital regional y un herido por el golpe de una empacadora agrícola en el municipio de Domingo Pérez.

Al día siguiente, en la misma provincia, murió un trabajador de 22 años electrocutado mientras manipulaba un cuadro eléctrico en una urbanización de El Casar de Escalona, y este lunes un albañil resultaba herido tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca).

El último caso ha sido la anteriormente mencionada muerte en el día de hoy del trabajador de 37 años en Cuenca.

La concurrencia de estos accidentes llevó a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse en el día de ayer. CCOO afirmó que estaba estudiando personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insistía en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Un albañil de 53 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca), por lo que ha tenido que ser hospitalizado.

Así lo han señalado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 11.33 horas en la calle del Arrabal del municipio. Una UVI lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete y hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias.

Tres muertes en los últimos días

Este suceso llega después de una semana en la que ha habido que lamentar tres muertes en accidente laboral en Castilla-La Mancha, la última de ellas ocurrida este sábado, cuando un trabajador de 22 años murió electrocutado en una urbanización de El Casar de Escalona.

La concurrencia de estos accidentes ha llevado a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse este lunes. CCOO estudia personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Un trabajador de 22 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una electrocución mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 12.00 horas.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona. También ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local.

Un trabajador ha fallecido en la madrugada de este jueves en Miguelturra tras caer desde el tejado de una nave industrial situada en la calle Curtidores de la localidad ciudadrealeña.

Los hechos han tenido lugar a las 02:19 horas, cuando la víctima, un varón de 42 años, se precipitó desde una altura de cinco metros.

Hasta el lugar se trasladaron un médico de urgencias y una UVI móvil, que intentaron reanimarle sin éxito, falleciendo el hombre en el lugar. Hasta allí se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Un trabajador de 42 años ha resultado herido grave este martes tras caer desde 2 metros de altura cuando colocaba una chapa, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital.

Tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 07.16 horas en el Camino Casas Viejas, hasta donde se ha trasladado la Guardia Civil y la Policía Local.

El herido ha sido trasladado en UVI al hospital albaceteño.

Un trabajador de 25 años ha fallecido este miércoles tras caerse desde un tejado, a unos cinco metros de altura, según ha informado el Servicio 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido en el polígono 10 de esta localidad y se notificaba a las 13:47 horas y ocurría en Casas de los Pinos (Cuenca). El hombre se encontraba trabajando en una nave.

Al lugar se desplazó la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y un médico de urgencias, sin que pudiera hacer nada por salvar su vida.

Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido a última hora de la tarde del martes tras colisionar dos camiones en la AP-68, en Murchante.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19:23 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Tudela y Peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando un camión tráiler que circulaba en dirección Zaragoza se ha salido de la vía, se ha saltado la mediana y ha colisionado frontalmente contra un camión portacoches que circulaba en sentido Logroño. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 217 de la carretera AP-68, en Murchante.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del tráiler, un varón de 44 años, que ha fallecido en el lugar. Por otra parte, el conductor del camión portacoches, un varón de 41 años, ha resultado herido con un policontusiones de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por una ambulancia medicalizada.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.

Navarra registró 40 siniestros mortales con maquinaria agrícola entre 2010 a 2023, un 2,8% del total de las muertes registradas en el campo en España, que ascienden a 1.620. La edad media de los fallecidos fue de 60 años. Según un estudio elaborado por la Fundación Mapfre, el grupo de investigación de Mecatrónica Agraria de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Laboratorio de Maquinaria Agrícola e Industrial de la Universidad de Zaragoza, en más de 100 siniestros intervino alguna máquina agrícola y, en concreto, el tractor es el responsable de 82 muertes anuales, 56 de ellos por vuelco (uno cada semana)“. De hecho, el informe señala el factor de antigüedad de los tractores como una de las mayores causas de mortalidad por la falta de ”seguridad activa y pasiva“.

El registro se ha realizado con los datos recogidos por noticias publicadas en los medios de comunicación al no recopilarse “en las estadísticas de tráfico (por no tener lugar en vías de circulación sino en parcelas familiares) ni en las de trabajo (por no ser un siniestro de trabajo como tal)”. También se han recogido los “datos oficiales de siniestralidad” del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La siniestralidad en el sector agrario, tal y como concluye el estudio, es mucho más alta de lo que se refleja“ en las estadísticas de siniestros laborales”.

La investigación registra 1.620 fallecidos en accidentes mortales en el sector agrario entre 2010 y 2023 (ambos incluidos) en España, una media de 116 al año. Más del 94% de las víctimas mortales eran hombres (1.326, frente a las 73 mujeres fallecidas), con una edad media de 59,8 años. Aunque el grupo de edad con más víctimas fue el de 76 a 80 años, “seguida muy de cerca” por el de 66 a 70 años. El 43,3% de los fallecidos son mayores de 65. Los datos de Navarra se sitúan en 40 muertes en siniestros con maquinaria agrícola entre 2010 y 2023, lo que representa el 2,8% del total nacional.

Según indica el estudio, “la mayoría de los accidentes 1.407 estuvieron relacionados con la maquinaria agrícola y, en concreto, 777 se debieron a vuelco de tractor”, implicado en “más del 70% de los accidentes mortales”. El vuelco del tractor es la causa de accidente mortal más común, ocurriendo la mayoría de ellos en trabajos en parcela y “seguido por las salidas de vía en carreteras y caminos”. “La casi totalidad de vuelcos mortales son con tractores sin ROPS o con el arco de protección abatido”, se expone, y señala el “envejecimiento del parque de tractores en España” (más de un tercio superan 40 años y el 40% tienen entre 20 y 40 años).

La antigüedad de la maquinaria también supone un riesgo en la provocación de incendios en estas parcelas o entornos forestales. El informe, además de abordar las muertes de los trabajadores, analiza cómo las cosechadoras y las empacadoras pueden originar incendios, especialmente los forestales. “El promedio anual de incendios forestales originados por cosechadoras y empacadoras durante el periodo 2016-2021 ha sido de 92 y 17 siniestros, respectivamente”.

De las cosechadoras, entre el 30% y el 60% “ha sufrido algún conato de incendios a lo largo de su vida útil” debido a las condiciones de trabajo como las altas temperaturas en las que se desempeñan, la baja humedad, tratar con material vegetal combustible o el calentamiento de los componentes mecánicos. La mayoría de los incendios en esta maquinaria se origina en el motor y la salida de gases (32%). En el caso de las empacadoras, el porcentaje de las que han sufrido algún incendio oscila entre el 21% y el 31%.

“Las máquinas agrícolas utilizadas habitualmente en la campaña estival de recolección del cereal conllevan un riesgo inherente a la generación de incendios”, concluye el estudio tras el análisis de los datos. Por lo que, para la seguridad, recomienda la implementación de “protocolos de mantenimiento adecuados y tecnología de apoyo a la detección y extinción de incendio”. Además del relevo del parque antiguo por la nueva maquinaria, pues “actualmente las máquinas comercializadas están dotadas de una alta seguridad”.

Un varón ha resultado herido este lunes en un accidente laboral en Calahorra. Tras ser atendido por los servicios sanitarios en la localidad y hacer una valoración inicial de su estado, ha sido trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Según ha podido saber Rioja2, el herido es un varón de 27 años que ha sufrido quemaduras de agua caliente en buena parte de su cuerpo cuando trabajaba en una empresa del Polígono Tejerías Norte de Calahorra.

El Gobierno de La Rioja no ha informado de las causas ni ha ofrecido más información sobre su estado clínico. Sí que ha confirmado que el suceso se investiga como accidente laboral

Un trabajador de la fábrica de pinturas industriales Vibrantz de la localidad alavesa de Llodio ha fallecido pasada la medianoche al explotar un horno, según ha confirmado a Europa Press la Ertzaintza.

Los hechos han sucedido a las 00:15 horas, cuando se ha producido el accidente laboral en el que ha fallecido el trabajador. Al parecer, todo apunta a que la causa del siniestro ha sido la explosión de un horno en las instalaciones de la fábrica.

Un joven vecino de Tamarite de Litera (Huesca) se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida tras haber inhalado fosfuro de aluminio, un pesticida de elevada toxicidad que exige medidas de precaución extremas durante su manipulación.

El aviso se ha recibido sobre las 12.45 horas de este viernes a través del teléfono de emergencias 112, en el que se daba cuenta de un joven de unos 20 años que había sufrido una intoxicación química grave en su lugar de trabajo en una asistencia para la que se ha requerido la colaboración de los bomberos en el Centro de Salud de Tamarite de Litera.

Tras recabar de inmediato el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología, con sede central en Madrid, los mandos del operativo han decidido activar los protocolos de riesgo químico.

Para garantizar la total seguridad tanto del paciente como del personal sanitario durante la evacuación, dos bomberos equipados con trajes estancos especiales y equipos de respiración autónoma (ERA) han viajado en el interior de la ambulancia junto al herido.

El convoy médico ha contado además con el apoyo y escolta de un vehículo de intervención química de los Bomberos de la DPH durante todo el trayecto desde Tamarite de Litera hasta el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde el joven ha quedado ingresado bajo cuidados médicos.

Miércoles, 5 de enero de 2022. Manuel (nombre ficticio) trabaja como jardinero en la empresa Canaragua, la principal compañía de gestión del ciclo integral del agua en Canarias. Está podando unos matos en las inmediaciones de un barranco cuando pisa un hoyo y se le dobla la pierna derecha, sintiendo un charrasqueo en la rodilla.

Dos días más tarde acude a la mutua laboral Asepeyo para comunicar lo ocurrido. Dice que sintió cómo la rodilla se le fue “a un lado” y que varios compañeros de trabajo presenciaron el incidente.

El informe de asistencia, sin embargo, no aprecia signos compatibles con un traumatismo reciente. No encuentra ningún hematoma, derrame ni hinchazón. Apunta de hecho que la rodilla accidentada, la derecha, se ve igual que la izquierda. Detalla que las exploraciones realizadas para valorar una posible lesión de ligamentos o meniscos resultan negativas. Y agrega asimismo que existen “cambios degenerativos” en la parte interna de la rodilla y en la rótula. La prueba que detecta el roce o chasquido por desgaste de la rótula, la que se conoce como “prueba del cepillo rotuliano”, sí da positivo.

La mutua rechaza declarar que el trabajador sufrió un accidente laboral “dada la inexistencia de mecanismo accidental traumático”. En su resolución, lo deriva a la sanidad pública canaria aludiendo a “los antecedentes quirúrgicos del paciente”, a su “constitución obesa” y a que en la exploración “no hay esguince” ni “signos agudos inflamatorios de traumatismo”.

Manuel enferma de COVID-19 al día siguiente. Es 8 de enero de 2022 y está de baja a causa del virus hasta el 21 de ese mismo mes. Tres días después, el 24, es valorado por su médico de cabecera, que le prescribe una baja por enfermedad común con el diagnóstico de “esguince de localización no especificada de la rodilla”.

Es la primera vez que recibe tratamiento por una dolencia de este tipo. Muestra “impotencia funcional” y “dolor agudo”. Nunca había estado de baja por problemas en esa rodilla ni había seguido tratamiento analgésico al respecto.

A finales de marzo, el hombre solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la determinación de contingencia para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo. Meses después, en verano, sufre otra tragedia: mientras iba en bicicleta, es atropellado frontalmente por un coche kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se dio a la fuga. Nuevos análisis confirman entonces “artrosis marcada” en su rodilla derecha. 

La historia de Manuel es también la del colapso de la sanidad pública canaria. En junio de 2023, su historial clínico recoge tres visitas al servicio de Traumatología por un dolor “recurrente invalidante” para recibir una infiltración que no pudo practicarse en ninguna de esas ocasiones por la falta de facultativos.

En agosto, el INSS deniega su petición al considerar que “no queda acreditado” que la lesión se produjera “en tiempo y lugar de trabajo”. En febrero de 2024, dos años después de sufrir el accidente, el Instituto le reconoce una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, aunque la cataloga como derivada de “enfermedad común”. Manuel la impugna y acude, también, a los tribunales, donde consigue su primera victoria en todo este tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda del trabajador y declaró que su incapacidad temporal tenía origen laboral, por lo que obligó a la Mutua Asepeyo a abonarle la prestación correspondiente y a devolverle las cantidades no percibidas. La base reguladora en este caso de la prestación por accidente de trabajo asciende a 1.979,20 euros al mes.

El fallo otorgó plena credibilidad a las declaraciones de los compañeros de trabajo que estuvieron presentes el día de los hechos y dio validez al informe emitido por el perito médico propuesto por Manuel, quien recordó que el empleado no había sufrido ninguna baja previa por patologías en esa rodilla.

Pero la mutua recurrió. Presentó un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en una reciente sentencia ha desestimado su apelación, ha ratificado que la baja de Manuel derivó de un accidente de trabajo y ha impuesto a Asepeyo el pago de 800 euros en costas. El fallo es firme, han confirmado fuentes del TSJC. Su ponente es la magistrada Gloria Poyatos.

El alto tribunal canario ha recriminado el “rechazable vicio procesal” de la mutua al destacar que construyó todo su recurso sobre “afirmaciones que no vienen avaladas” y partiendo de “premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida”. Es lo que se conoce en derecho como “petición de principio” o “hacer supuesto de la cuestión”.

Asepeyo pidió que se modificara el relato de los hechos para que constara que el accidente ocurrió “mientras [Manuel] se dirigía a su casa”, ya que el propio trabajador indicó, cuando acudió a la mutua, que se lesionó “al salir del trabajo andando”, por lo que sería un accidente ‘in itinere’. También solicitó que se incluyera en ese relato el atropello que sufrió mientras circulaba en bicicleta. La mutua otorga “relevancia” a este hecho porque se produjo en verano de 2022, mientras que el informe pericial sobre el estado de salud de Manuel se emitió después, en septiembre de 2023.

El TSJC, no obstante, desestimó todos y cada uno de los argumentos de la entidad. Concluye que Manuel se dobló la pierna “durante la jornada laboral” y que ese hecho probado “descansa en la prueba testifical” en primera instancia de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, ante el informe pericial de la mutua (que descartó que hubiera un golpe traumático evidente y apreció una “contradicción” entre cómo se produjo la lesión según lo manifestado por el trabajador al acudir a urgencias y lo posteriormente relatado en la demanda), el alto tribunal canario respetó “la valoración realizada” por la jueza de instancia, que dio mayor credibilidad al informe médico aportado por Manuel, en el que se señala que el paciente comenzó a sufrir dolor en su rodilla derecha desde el día en que se produjo el accidente, y no antes.

“La doctrina del Tribunal Supremo” dice que “ante dictámenes médicos contradictorios, (…) se ha de atender a la valoración realizada por el magistrado de instancia”, recoge la sentencia.

Canarias Ahora contactó con la Mutua Asepeyo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. En una entrevista publicada hace semanas en ‘Prensa Ibérica’, su director en Canarias, Ángel Castillo, afirmó que “se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud” y que las mutuas no tienen “ningún interés económico”.

Pero lo ocurrido a Manuel no sorprende a los sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que es “bastante habitual” que las mutuas, “de manera muy recurrente”, deriven a los servicios públicos a trabajadores “sin haber hecho un estudio previo de si realmente el origen de su patología es laboral”.

Los datos la respaldan. El 21,52% de las quejas formales presentadas contra las mutuas a nivel nacional se deben a discrepancias con la calificación de la contingencia. Es decir, a casos en los que se califican como enfermedad común lesiones que los trabajadores consideran accidentes laborales.

Este tipo de reclamaciones ha pasado de 4.129 en 2023 a 4.551 en 2024, según el último informe publicado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número total de quejas también se ha elevado, al pasar de 17.953 a 21.146.

Las cifras revelan que Asepeyo recibió 3.657 reclamaciones en 2024, un 44,72% más que en 2023, el mayor aumento reportado entre las mutuas. Y también que es la entidad que registra el mayor índice de incidencia de quejas (0,17%) en relación con la población que tiene protegida. 

Marrero cree que existe cierta “connivencia” entre las mutuas y las empresas para invisibilizar la siniestralidad laboral. A su juicio, declarar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo evidencia que la mercantil puede tener problemas de seguridad y la obligaría a invertir en mejorar las condiciones laborales. “Las empresas lo que quieren es salir bien en la foto”, resume.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO reconoce que “no todas las personas” tienen la fuerza que ha demostrado el jardinero Manuel para luchar en los tribunales y lamenta que muchos trabajadores se sientan “demasiado pequeñitos para enfrentarse a la empresa y a todo un sistema jurídico que no controlan”.

Marrero denuncia la saturación de los servicios públicos como consecuencia de ello y el retraso en la obtención de diagnósticos que, en incontables ocasiones, acaban cronificándose. “Las mutuas están muy bien dotadas de recursos materiales para determinados diagnósticos. Son recursos que deben estar al servicio o en beneficio de la recuperación de las personas trabajadoras”, añade.

José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en UGT, ahonda en la misma línea. “En muchas ocasiones, el proceder de las mutuas es primero negar y después que el trabajador o la trabajadora pelee. En cierto modo, si se me permite la expresión, nada objetiva, es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas”, sentencia.

Marrero exige que las mutuas sean integradas directamente dentro de la Administración Pública y que atiendan desde el primer momento a los trabajadores, sin excusa. En caso de considerar que el empleado no se lesionó en el trabajo, la de CCOO reclama que sea la mutua (y no la persona trabajadora) la que acuda al INSS para que revise la incapacidad temporal.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

Un operario de unos 40 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras precipitarse desde una altura de 25 metros cuando trabajaba en una torre eléctrica de la subestación de Cebreros (Ávila), ha informado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En torno a las 18.20 horas, una llamada ha alertado al 1-1-2 de la caída del trabajador desde unos 25 metros de altura, cuando trabajaba en una torre eléctrica de este municipio de 3.400 habitantes, situado a unos 45 kilómetros al este de la provincia.

El accidente ha tenido lugar cuando el operario trabajaba en la subestación eléctrica de Cebreros, y han avisado del mismo a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han enviado un helicóptero medicalizado.

Asimismo, ha sido avisado el Centro Coordinador de Emergencias, ya que el suceso se ha producido en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia. Finalmente, los facultativos de Sacyl que han atendido al trabajador, de unos 40 años, y han confirmado su muerte.

Un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono 112 atendió a las 2.30 horas un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey, en Mollina. De inmediato, se activó a efectivos de Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.

Fuentes de Bomberos han informado de que tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado. A pesar de la actuación de los servicios sanitarios, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 51 años, que ha resultado fallecido. De todo ello se ha informado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Partido Popular (PP) y Foro Asturias respaldan la propuesta incluida en el dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que murieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025, donde considera como responsables políticos a los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, así como al exviceconsejero Isaac Pola durante la etapa de gobierno del presidente socialista Adrián Barbón.

El grupo parlamentario popular y el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares -que propone, al igual que IU, que el Principado asuma su responsabilidad patrimonial por este siniestro- respaldan, asimismo, la responsabilidad de los funcionarios del Servicio de Minas del Principado con matices en la redacción del texto para garantizar su encaje jurídico.

Alegaciones del PP

El PP ha registrado diez aportaciones al dictamen inicial de la comisión parlamentaria, una para pedir que se creen dos grupos diferentes de responsabilidad, uno vinculado a los altos cargos y otros para los puestos administrativos para que haya una “mejor definición” y un “mejor encaje con la doctrina constitucional”, ha señalado el diputado Rafael Alonso.

Los populares excluyen al presidente del Principado, Adrián Barbón, de este listado de responsables políticos al considerar que “no es el momento”, al igual que al alcalde de Degaña, Óscar Áncares, dado que excede del ámbito competencial al que se circunscribe la comisión.

Otras de sus alegaciones tiene como objetivo que se detallen cuestiones relacionadas con la transmisión de los derechos mineros y las solvencias económicas y técnicas y pedir que se incluya una referencia a la “participación” del Idepa en las subvenciones concedidas por el Instituto de Transición Justa a Combayl y Blue Solving.

Los 'apellidos mineros' de Barbón

El PP también ha introducido alegaciones sobre los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) para pedir que se revisen aquellos que están vinculados con la extracción de carbón.

Según ha denunciado el parlamentario Luis Venta, al PSOE, con su gestión de este asunto, “se le caen las vocales de sus siglas, a Barbón se le caen sus apellidos mineros y al Gobierno se le rompen las costuras”.

Las ayudas a los familiares

En relación a las ayudas a los familiares, los populares han señalado que la idea del Gobierno de enmarcarlas en el ámbito de la siniestralidad laboral es una “vía de escape para no asumir responsabilidades políticas” y consideran que la asunción de la responsabilidad patrimonial “es una vía más dentro de las que existen” para satisfacer a las familias.

Alegaciones de Foro

Por su parte, Pumares ha dicho que comparte “plenamente” las responsabilidades que plantea el dictamen provisional si bien ha presentado una alegación para delimitar correctamente las de los funcionarios de Minas conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre comisiones de investigación.

Entre sus siete alegaciones, Pumares ha defendido, además, que el Principado admita la existencia de una responsabilidad patrimonial, dado que así sería “más fácil canalizar” las ayudas a los afectados, y que se concrete la responsabilidad política de Barbón en el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera tras el decreto de 2019.

El diputado de Foro ha insistido en sus aportaciones en que el siniestro “no se habría producido” sin la “arquitectura jurídica impulsada” por el Principado “que buscaba esquivar la legislación restrictiva sobre la extracción de carbón”.

Diferencias entre PSOE e IU

El grupo parlamentario del PSOE no ha registrado alegaciones al texto al considerar que no se puede corregir con aportaciones “puntuales” un documento “con errores estructurales de base” y que “reconoce responsabilidades políticas que en, ningún momento, se fundamentan en argumentos sólidos”.

“No fundamenta sus conclusiones con profundidad ni un análisis detallado”, ha dicho la portavoz, Dolores Carcedo, quien ha avanzado que si el documento se mantiene con estas conclusiones su partido votará en contra.

El acuerdo de investidura

Carcedo ha admitido que el PSOE “no comparte ni el fondo ni la forma” de los planteamientos de IU en relación a este asunto en el que cuentan con diferencias, si bien ha insistido en que ambos partidos están centrados en desarrollar el acuerdo de investidura.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas ha defendido que las ayudas planteadas por el Principado a los fallecidos por accidentes laborales se tramiten con un proyecto de ley e incluyan al herido en el siniestro de Cerredo de 2022, tras apuntar que estas subvenciones no eximen al Principado de su “responsabilidad patrimonial” en el accidente. 

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha advertido este miércoles de la existencia de “errores graves” en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Zarréu, elaborado por su presidenta, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y ha abogado por eliminarlos en la redacción definitiva del texto que se apruebe.

Según Sánchez, el borrador, que atribuye responsabilidades políticas a cuatro exconsejeros de Industria del PSOE así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas, peca de una “redacción arbitraria” en cuestiones como la relativa a la actuación del extinto Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) que, ha subrayado, no ostentó competencias materiales sobre la autorización o el control de la actividad minera más allá de la evaluación técnica, económica o procedimental de los proyectos empresariales.

Los cuestionamientos del consejero

Pese a que el borrador del dictamen reconoce este extremo, ha indicado el consejero, a la vez “responsabiliza” al Idepa por su gestión en relación con la actividad minera, un error que se suma, a su juicio, al que supone señalar directamente a funcionarios del Principado por su labor en ese ámbito.

Sánchez ha recordado que la Junta General del Principado ya fue reconvenida por el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de una funcionaria del Gestor de Infraestructuras (GITPA) en el dictamen de una comisión de investigación sobre dicho organismo.

Asumir las once recomendaciones

Para el consejero, a nivel personal y tras hacerse cargo de la competencias en materia de minería con posterioridad al accidente, su responsabilidad pasa por asumir las once recomendaciones que plantea el informe elaborado por la Inspección General de Servicios y por completar la evaluación que están realizando junto al Instituto de Transición Justo sobre la explotación de carbón que se venía realizando en Asturias y su posible colisión con la ley de cambio climático y el plan de cierre de la minería no rentable.

Sánchez se ha expresado así en su respuesta ante el pleno del parlamento asturiano a una pregunta sobre si ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Zarréu formulada por el diputado del PP Rafael Alonso, que ha advertido de que el Gobierno se ha quedado “solo y enrocado” al rechazar por el momento que tenga que haber ceses entre los cargos públicos involucrados.

PP: “Aquí no dimite nadie”

“Con todo lo que pasó y con seis fallecidos -cinco el accidente de 2025 y uno en el registrado en 2022- aquí no dimite nadie. Eso es lo que se pregunta la opinión pública”, ha subrayado Alonso tras recordarle al PSOE que su socio de gobierno, Izquierda Unida, exige también que se asuman ya responsabilidades.

Así, ha cuestionado que se pueda seguir hablado como hace el Ejecutivo de gobierno “de unidad progresista” dadas las discrepancias en su seno, a la vez que ha cuestionado si se puede calificar de “progresista” el hecho de no asumir responsabilidades políticas por parte de un gabinete que muestra su “nerviosismo” al cambiar de opinión en 48 horas sobre la posibilidad de conceder ayudas a las víctimas.

“A ustedes se les va a hacer largo porque este asunto no termina ni mañana ni pasado mañana y, mientras tanto, todos los asturianos esperamos que se haga realidad el caiga quien caiga del señor Barbóon”, ha advertido.