Un trabajador de 47 años de edad ha muerto este viernes tras sufrir una caída en altura en una empresa de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), del suceso se ha alertado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Según ha detallado el 112, el aviso se ha producido en una instalación de la calle Hacienda Dolores sobre las 9.41 horas, avisando de que una persona que trabajaba en la zona se había precipitado de una altura de nueve metros, aproximadamente.

Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su fallecimiento en el lugar del siniestro.

En lo que va de año, se han contabilizado 69 fallecimientos a causa de los accidentes laborales en Andalucía, mientras que en el conjunto del país ascienden a 370, a partir de los datos de UGT, por lo que los sindicatos piden el cumplimiento de las medidas en prevención de riesgos laborales, formación e inspecciones en los centros de trabajo.

22 accidentes laborales letales en Sevilla

Los sindicatos CCOO y CSIF de Sevilla han alertado de que 22 trabajadores han perdido la vida en lo que va de año en la provincia de Sevilla, uno cada diez días y que el de este viernes ha sido el quinto accidente mortal en un mes.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Sergio Montero, ha subrayado que “las caídas en altura son una de las causas más comunes de accidentes de trabajo mortales en nuestra provincia y, cada vez que se producen, ocurren porque ha habido un fallo en la prevención de riesgos laborales”.

Ante esta situación, el sindicalista ha hecho un llamamiento a los empresarios de la provincia para que “cumplan lo que establece la ley, formen a los trabajadores y trabajadoras como es debido” y les proporcionen los equipos de protección necesarios “para que no tengan que jugarse la vida por ganar una nómina”.

Por su parte, CSIF Sevilla ha emitido un mensaje a través de redes sociales en el que se ha apenado por un nuevo fallecimiento por siniestralidad laboral en nuestra provincia y ha reclamado a empresas y administraciones “una respuesta real y eficaz”, a la vez que ha cifrado en “al menos cinco accidentes mortales en un mes en Sevilla”.

Los sindicatos se han concentrado este jueves en el polígono de Salinetas (Telde) donde tuvo lugar un accidente el pasado 5 de agosto en el que murió un trabajador y otros dos resultaron heridos. Las asociaciones sindicales han reclamado revisar los protocolos: “Ni una muerte más”, han reivindicado justo cuando se cumplen 15 días de este mortal accidente.

Las asociaciones sindicales reclaman conocer si los trabajadores, en el momento de la explosión, contaban con todos los elementos de seguridad conforme a la ley y que se esclarezcan las causas.

Asimismo, afean que en este tiempo apenas se sepa “nada” de las causas del accidente. “No nos vale el silencio bajo el argumento de que hay que esperar que las investigaciones finalicen. Siempre el silencio y nunca las responsabilidades por lo sucedido. Y eso con tantas y tantas muertes de compañeros, cada año, durante su jornada laboral”, apuntan.

Los sindicatos quieren conocer “el motivo por el que se tardó una hora en descolgar a dos de los compañeros accidentados (uno de ellos todavía hospitalizado y sin que sepamos su evolución)”, según remarcan en el manifiesto leído este jueves.

Asimismo, las organizaciones (entre las que figuran CCOO, UGT, CNT, Cobas, CUO, HOAC, MTC y SGU) subrayan que las dos empresas implicadas: DISA y Nervion Industries deben dar explicaciones públicamente sobre por qué estos trabajadores sufrieron este accidente mortal y porque en estas condiciones tan adversas ya mencionadas, no se suspendieron los trabajos.

“Exigimos a la patronal más implicación en prevención de riesgos laborales. Exigimos a la administración mayor dotación a la Inspección de Trabajo, en personal y en recursos suficientes para abordar este tipo de empresas con trabajos de mayor peligrosidad”, insisten.

Tras el accidente, la Policía Nacional inició una investigación. DISA aseguró que la explosión de este tanque de combustible se produjo mientras estos operarios realizaban tareas de mantenimiento en la instalación de almacenamiento ubicada en el polígono industrial de Salinetas.

El colectivo de los autónomos afronta una paradoja: los accidentes de trabajo se reducen, pero los que terminan en muerte aumentan. Un total de 36 trabajadores por cuenta propia fallecieron durante los seis primeros meses de 2026 como consecuencia de un accidente laboral, siete personas más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento es de casi el 25% y equivale a la muerte de un autónomo, aproximadamente, cada cinco días, alerta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).

El dato contrasta con la evolución del conjunto de accidentes laborales con baja. Entre enero y junio se registraron 13.358 accidentes entre trabajadores por cuenta propia, frente a los 13.688 del mismo periodo de 2025, un 2,4% menos, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

“Que haya menos accidentes es una buena noticia, pero no podemos hablar de una evolución positiva mientras aumentan de esta manera las muertes porque detrás de estas cifras hay personas que salieron a trabajar y no volvieron a casa”, señala la secretaria general de la organización, María José Landaburu.

La construcción concentra casi la mitad de las muertes

La construcción es el sector que presenta una mayor exposición al riesgo entre los autónomos. En el primer semestre acumuló 3.809 accidentes durante la jornada laboral, de los que 75 fueron graves y 14 mortales.

El sector concentra alrededor del 31% de todos los accidentes en jornada registrados entre los trabajadores por cuenta propia, pero reúne 14 de las 32 muertes producidas durante la jornada laboral, casi el 44%.

La diferencia también se aprecia en el índice de incidencia. En el conjunto del trabajo autónomo se sitúa en 60,8 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas. En la construcción asciende hasta 155,1, más que duplicando el promedio.

El campo y la industria también presentan niveles de siniestralidad superiores al promedio, con índices de 122,8 y 103,8, respectivamente. En los servicios, en cambio, el indicador baja hasta 37 accidentes por cada 100.000 trabajadores.

“Hay actividades en las que estamos viendo una exposición al riesgo que exige una respuesta mucho más intensa”, sostiene Landaburu. La organización reclama que no se considere inevitable que trabajar en sectores como la construcción, el campo, el transporte o determinados oficios implique una mayor probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal.

32 muertes durante la jornada y cuatro en desplazamientos

De los 13.358 accidentes con baja contabilizados en el primer semestre, 12.389 se produjeron durante la jornada laboral y otros 969 fueron accidentes in itinere.

Los accidentes ocurridos durante la jornada se saldaron con 12.087 casos leves, 270 graves y 32 accidentes mortales. El alza de las muertes durante la jornada laboral es del 28% respecto a los datos del primer trimestre de 2025.

A estos datos se suman 33 accidentes graves y cuatro fallecimientos durante los desplazamientos de ida o vuelta del trabajo ('in itinere').

La estadística refleja así una evolución desigual: disminuyen los accidentes en términos globales, pero aumenta la proporción de los que tienen consecuencias mortales.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de accidentes en jornada entre autónomos, con 2.262 casos, seguida de Cataluña (1.667), Comunitat Valenciana (1.461) y Comunidad de Madrid (1.127).

Más prevención para los autónomos

UATAE considera que los datos evidencian la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales específicamente dirigida a los trabajadores por cuenta propia. Su situación, sostiene, presenta particularidades frente a la de quienes trabajan en empresas con estructuras preventivas más desarrolladas. En el primer semestre, fallecieron en accidentes de trabajo 322 personas asalariadas, un 3,6% menos en en el mismo periodo del año pasado.

“Durante demasiado tiempo se ha dado por hecho que el autónomo tenía que gestionar prácticamente en solitario también los riesgos de su actividad”, afirma Landaburu, que reclama que la prevención, el asesoramiento y las herramientas para trabajar con seguridad sean accesibles con independencia del tamaño del negocio.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado a conocer ya los datos sobre la siniestralidad laboral registrada en La Rioja durante los primeros seis meses del año, en los que se confirma que la elevada accidentalidad riojana sigue sin variar prácticamente. La Rioja registró entre enero y junio de este año un total de 2.382 accidentes de trabajo, lo que supone una reducción del 2,4% con respecto al mismo periodo de 2025 (60 accidentes laborales menos), “completamente insuficiente” a criterio de UGT ya que, según señala, “no apunta un cambio evidente de la tendencia y continúa colocando a La Rioja como la tercera comunidad con mayor índice de incidencia (sólo superada por Navarra y Baleares)”.

El grupo de accidentes que mayor variación registra es el de los leves in itinere, que se reducen un 13%; si bien, la mejor noticia procede del descenso de 2 accidentes mortales (datos provisionales) y 1 accidente grave menos que el año pasado, de modo que La Rioja registró entre enero y junio de 2026 un total de 2.355 accidentes leves (211 de ellos in itinere), 24 accidentes graves y 3 accidentes mortales.

Por grandes sectores de actividad, el sector Servicios vuelve a ser el más castigado con 1.085 accidentes (43 más que en 2025), lo que demuestra la vinculación entre la calidad del empleo y la elevada siniestralidad, en un sector que aglutina trabajos mal remunerados, sobrecarga de actividad, jornadas especialmente extensas y donde también confluyen la temporalidad y la parcialidad más elevada. La industria (con 669 accidentes laborales) y la construcción (con 296 siniestros) redujeron la accidentalidad con 44 y 20 accidentes laborales menos, respectivamente.

Por sexo, se incrementa levemente la siniestralidad laboral entre las mujeres que, no obstante, continúan registrando únicamente el 32% de la siniestralidad total, con 692 accidentes frente a los 1.300 (enero a mayo).

“Los datos confirman que La Rioja no consigue revertir aún el preocupante nivel de siniestralidad laboral que sufre, especialmente en sus niveles más graves de siniestralidad, antesala de la accidentalidad mortal”, resalta UGT. La diferencia registrada con respecto al año pasado es prácticamente nula, “lo que muestra que lo realizado hasta el momento es insuficiente y la necesidad de seguir insistiendo en más voluntad preventiva, más cumplimiento normativo y mayores controles para atajar esta siniestralidad”.

Por otro lado, UGT considera especialmente “cínico” que la patronal ponga el acento en las consecuencias de esta siniestralidad – “el mal llamado absentismo”- cuando “está en manos de las empresas atajar el origen de la gran mayoría de estos accidentes”. En este sentido, el sindicato recuerda la importancia de extremar el celo en el cumplimiento de la ley, especialmente cuando contamos con una norma obsoleta que no recoge elementos determinantes para la conservación de la salud laboral. Además, llama a un incremento de la formación sobre prevención de riesgos destinada a las personas trabajadoras y mandos intermedios, de modo que tomen consciencia de los riesgos que soportan y cómo minimizarlos.

Por otro lado, UGT denuncia la escasez evidente por parte de las administraciones de medios humanos para el control de este cumplimiento, junto a la vergonzosa actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para las que la salud laboral se ha convertido en un lucrativo negocio.

Un varón de 53 años de edad ha resultado herido grave tras ser atropellado por un toro mecánico mientras trabajaba en Chinchilla de Montearagón (Albacete).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 11.12 horas, en una empresa de metalurgia situada en la calle Quito de la referida localidad.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado por una UVI al hospital de Albacete, en un operativo en el que también ha participado Guardia Civil.

Un trabajador de 27 años de edad ha resultado intoxicado este lunes tras producirse una fuga de ácido por la rotura de un bidón de 700 litros en una bodega, situada en la Avenida Segunda del polígono industrial 'El Salvador' de la localidad albaceteña de La Roda.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.50 horas.

Los bomberos del municipio han contenido el derrame y ventilado la nave, cuyos trabajadores han tenido que ser desalojados. El afectado ha sido trasladado al Hospital de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico y al lugar se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.

Un jornalero de 64 años falleció este jueves en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba el miércoles, en plena ola de calor, en una finca agrícola de Seròs.

Según ha avanzado TV3 y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN), el hombre estaba trabajando en el campo cuando se encontró mal. En un primer momento fue trasladado al centro de salud del municipio y, posteriormente al hospital de la capital leridana, donde falleció un día después.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre la una de la tarde y según explicaron, el hombre habría sufrido un golpe de calor. Inspección de Trabajo, la policía catalana y el juzgado y están investigando las circunstancias de la muerte.

La víctima vivía en Lleida y trabajaba en una empresa de este municipio de la comarca del Segrià. El suceso se ha producido en plena ola de calor. Los avisos para reducir la actividad laboral en las horas de más calor son una recomendación de la Generalitat. Varios municipios de las comarcas de Lleida han registrado temperaturas por encima de los 40 grados esta semana.

El año pasado otro jornalero falleció mientras trabajaba en la cosecha de la fruta en una finca de Alcarràs, en la misma comarca leridana. La muerte volvió a poner en primer plano las duras condiciones de los trabajadores del campo en épocas de calor.

La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó este jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, una cifra que supera los fallecimientos del primer episodio de estas características de finales de junio.

El sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que durante la segunda ola de calor se han producido en España un total de 463 muertes que pueden ser atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, y solo en los dos últimos días han fallecido 261 personas.

No obstante, son datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables. En este sentido, los fallecimientos atribuibles a causas relacionadas con altas temperatura en la primera ola de calor, del 21 al 25 de junio, han sumado finalmente 333 muertes.

Un hombre ha fallecido este martes en un accidente laboral tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 6 metros cuando trabajaba en la cubierta de una nave.

El suceso ha ocurrido a las 8:34 horas en la Avenida Cruz Roja Española de la ciudad de Cuenca. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima, que tenía 37 años.

Un mes de julio crítico para la siniestralidad laboral

Esta nueva muerte supone el cuarto fallecimiento de un empleado en su puesto de trabajo en Castilla-La Mancha durante un mes de julio que está siendo especialmente crítico en cuestión de siniestralidad laboral. Además, otros tres trabajadores han resultado heridos en los últimos días.

El primer incidente del mes se produjo el 1 de julio, cuando un trabajador perdió cuatro dedos en un accidente con una motosierra en Guadalajara. Un día después, en Miguelturra (provincia de Ciudad Real), murió un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial a cinco metros de altura.

El pasado viernes la desgracia se cebó con la provincia de Toledo, ya que hubo dos accidentes laborales que se saldaron con un muerto por una caída desde el tejado de una nave en la capital regional y un herido por el golpe de una empacadora agrícola en el municipio de Domingo Pérez.

Al día siguiente, en la misma provincia, murió un trabajador de 22 años electrocutado mientras manipulaba un cuadro eléctrico en una urbanización de El Casar de Escalona, y este lunes un albañil resultaba herido tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca).

El último caso ha sido la anteriormente mencionada muerte en el día de hoy del trabajador de 37 años en Cuenca.

La concurrencia de estos accidentes llevó a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse en el día de ayer. CCOO afirmó que estaba estudiando personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insistía en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Un albañil de 53 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca), por lo que ha tenido que ser hospitalizado.

Así lo han señalado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 11.33 horas en la calle del Arrabal del municipio. Una UVI lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete y hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias.

Tres muertes en los últimos días

Este suceso llega después de una semana en la que ha habido que lamentar tres muertes en accidente laboral en Castilla-La Mancha, la última de ellas ocurrida este sábado, cuando un trabajador de 22 años murió electrocutado en una urbanización de El Casar de Escalona.

La concurrencia de estos accidentes ha llevado a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse este lunes. CCOO estudia personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

Un trabajador de 22 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una electrocución mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 12.00 horas.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona. También ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local.

Un trabajador ha fallecido en la madrugada de este jueves en Miguelturra tras caer desde el tejado de una nave industrial situada en la calle Curtidores de la localidad ciudadrealeña.

Los hechos han tenido lugar a las 02:19 horas, cuando la víctima, un varón de 42 años, se precipitó desde una altura de cinco metros.

Hasta el lugar se trasladaron un médico de urgencias y una UVI móvil, que intentaron reanimarle sin éxito, falleciendo el hombre en el lugar. Hasta allí se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Un trabajador de 42 años ha resultado herido grave este martes tras caer desde 2 metros de altura cuando colocaba una chapa, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital.

Tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 07.16 horas en el Camino Casas Viejas, hasta donde se ha trasladado la Guardia Civil y la Policía Local.

El herido ha sido trasladado en UVI al hospital albaceteño.

Un trabajador de 25 años ha fallecido este miércoles tras caerse desde un tejado, a unos cinco metros de altura, según ha informado el Servicio 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido en el polígono 10 de esta localidad y se notificaba a las 13:47 horas y ocurría en Casas de los Pinos (Cuenca). El hombre se encontraba trabajando en una nave.

Al lugar se desplazó la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y un médico de urgencias, sin que pudiera hacer nada por salvar su vida.

Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido a última hora de la tarde del martes tras colisionar dos camiones en la AP-68, en Murchante.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19:23 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Tudela y Peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando un camión tráiler que circulaba en dirección Zaragoza se ha salido de la vía, se ha saltado la mediana y ha colisionado frontalmente contra un camión portacoches que circulaba en sentido Logroño. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 217 de la carretera AP-68, en Murchante.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del tráiler, un varón de 44 años, que ha fallecido en el lugar. Por otra parte, el conductor del camión portacoches, un varón de 41 años, ha resultado herido con un policontusiones de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por una ambulancia medicalizada.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.

Navarra registró 40 siniestros mortales con maquinaria agrícola entre 2010 a 2023, un 2,8% del total de las muertes registradas en el campo en España, que ascienden a 1.620. La edad media de los fallecidos fue de 60 años. Según un estudio elaborado por la Fundación Mapfre, el grupo de investigación de Mecatrónica Agraria de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Laboratorio de Maquinaria Agrícola e Industrial de la Universidad de Zaragoza, en más de 100 siniestros intervino alguna máquina agrícola y, en concreto, el tractor es el responsable de 82 muertes anuales, 56 de ellos por vuelco (uno cada semana)“. De hecho, el informe señala el factor de antigüedad de los tractores como una de las mayores causas de mortalidad por la falta de ”seguridad activa y pasiva“.

El registro se ha realizado con los datos recogidos por noticias publicadas en los medios de comunicación al no recopilarse “en las estadísticas de tráfico (por no tener lugar en vías de circulación sino en parcelas familiares) ni en las de trabajo (por no ser un siniestro de trabajo como tal)”. También se han recogido los “datos oficiales de siniestralidad” del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La siniestralidad en el sector agrario, tal y como concluye el estudio, es mucho más alta de lo que se refleja“ en las estadísticas de siniestros laborales”.

La investigación registra 1.620 fallecidos en accidentes mortales en el sector agrario entre 2010 y 2023 (ambos incluidos) en España, una media de 116 al año. Más del 94% de las víctimas mortales eran hombres (1.326, frente a las 73 mujeres fallecidas), con una edad media de 59,8 años. Aunque el grupo de edad con más víctimas fue el de 76 a 80 años, “seguida muy de cerca” por el de 66 a 70 años. El 43,3% de los fallecidos son mayores de 65. Los datos de Navarra se sitúan en 40 muertes en siniestros con maquinaria agrícola entre 2010 y 2023, lo que representa el 2,8% del total nacional.

Según indica el estudio, “la mayoría de los accidentes 1.407 estuvieron relacionados con la maquinaria agrícola y, en concreto, 777 se debieron a vuelco de tractor”, implicado en “más del 70% de los accidentes mortales”. El vuelco del tractor es la causa de accidente mortal más común, ocurriendo la mayoría de ellos en trabajos en parcela y “seguido por las salidas de vía en carreteras y caminos”. “La casi totalidad de vuelcos mortales son con tractores sin ROPS o con el arco de protección abatido”, se expone, y señala el “envejecimiento del parque de tractores en España” (más de un tercio superan 40 años y el 40% tienen entre 20 y 40 años).

La antigüedad de la maquinaria también supone un riesgo en la provocación de incendios en estas parcelas o entornos forestales. El informe, además de abordar las muertes de los trabajadores, analiza cómo las cosechadoras y las empacadoras pueden originar incendios, especialmente los forestales. “El promedio anual de incendios forestales originados por cosechadoras y empacadoras durante el periodo 2016-2021 ha sido de 92 y 17 siniestros, respectivamente”.

De las cosechadoras, entre el 30% y el 60% “ha sufrido algún conato de incendios a lo largo de su vida útil” debido a las condiciones de trabajo como las altas temperaturas en las que se desempeñan, la baja humedad, tratar con material vegetal combustible o el calentamiento de los componentes mecánicos. La mayoría de los incendios en esta maquinaria se origina en el motor y la salida de gases (32%). En el caso de las empacadoras, el porcentaje de las que han sufrido algún incendio oscila entre el 21% y el 31%.

“Las máquinas agrícolas utilizadas habitualmente en la campaña estival de recolección del cereal conllevan un riesgo inherente a la generación de incendios”, concluye el estudio tras el análisis de los datos. Por lo que, para la seguridad, recomienda la implementación de “protocolos de mantenimiento adecuados y tecnología de apoyo a la detección y extinción de incendio”. Además del relevo del parque antiguo por la nueva maquinaria, pues “actualmente las máquinas comercializadas están dotadas de una alta seguridad”.

Un varón ha resultado herido este lunes en un accidente laboral en Calahorra. Tras ser atendido por los servicios sanitarios en la localidad y hacer una valoración inicial de su estado, ha sido trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Según ha podido saber Rioja2, el herido es un varón de 27 años que ha sufrido quemaduras de agua caliente en buena parte de su cuerpo cuando trabajaba en una empresa del Polígono Tejerías Norte de Calahorra.

El Gobierno de La Rioja no ha informado de las causas ni ha ofrecido más información sobre su estado clínico. Sí que ha confirmado que el suceso se investiga como accidente laboral

Un trabajador de la fábrica de pinturas industriales Vibrantz de la localidad alavesa de Llodio ha fallecido pasada la medianoche al explotar un horno, según ha confirmado a Europa Press la Ertzaintza.

Los hechos han sucedido a las 00:15 horas, cuando se ha producido el accidente laboral en el que ha fallecido el trabajador. Al parecer, todo apunta a que la causa del siniestro ha sido la explosión de un horno en las instalaciones de la fábrica.

Un joven vecino de Tamarite de Litera (Huesca) se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida tras haber inhalado fosfuro de aluminio, un pesticida de elevada toxicidad que exige medidas de precaución extremas durante su manipulación.

El aviso se ha recibido sobre las 12.45 horas de este viernes a través del teléfono de emergencias 112, en el que se daba cuenta de un joven de unos 20 años que había sufrido una intoxicación química grave en su lugar de trabajo en una asistencia para la que se ha requerido la colaboración de los bomberos en el Centro de Salud de Tamarite de Litera.

Tras recabar de inmediato el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología, con sede central en Madrid, los mandos del operativo han decidido activar los protocolos de riesgo químico.

Para garantizar la total seguridad tanto del paciente como del personal sanitario durante la evacuación, dos bomberos equipados con trajes estancos especiales y equipos de respiración autónoma (ERA) han viajado en el interior de la ambulancia junto al herido.

El convoy médico ha contado además con el apoyo y escolta de un vehículo de intervención química de los Bomberos de la DPH durante todo el trayecto desde Tamarite de Litera hasta el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde el joven ha quedado ingresado bajo cuidados médicos.

Miércoles, 5 de enero de 2022. Manuel (nombre ficticio) trabaja como jardinero en la empresa Canaragua, la principal compañía de gestión del ciclo integral del agua en Canarias. Está podando unos matos en las inmediaciones de un barranco cuando pisa un hoyo y se le dobla la pierna derecha, sintiendo un charrasqueo en la rodilla.

Dos días más tarde acude a la mutua laboral Asepeyo para comunicar lo ocurrido. Dice que sintió cómo la rodilla se le fue “a un lado” y que varios compañeros de trabajo presenciaron el incidente.

El informe de asistencia, sin embargo, no aprecia signos compatibles con un traumatismo reciente. No encuentra ningún hematoma, derrame ni hinchazón. Apunta de hecho que la rodilla accidentada, la derecha, se ve igual que la izquierda. Detalla que las exploraciones realizadas para valorar una posible lesión de ligamentos o meniscos resultan negativas. Y agrega asimismo que existen “cambios degenerativos” en la parte interna de la rodilla y en la rótula. La prueba que detecta el roce o chasquido por desgaste de la rótula, la que se conoce como “prueba del cepillo rotuliano”, sí da positivo.

La mutua rechaza declarar que el trabajador sufrió un accidente laboral “dada la inexistencia de mecanismo accidental traumático”. En su resolución, lo deriva a la sanidad pública canaria aludiendo a “los antecedentes quirúrgicos del paciente”, a su “constitución obesa” y a que en la exploración “no hay esguince” ni “signos agudos inflamatorios de traumatismo”.

Manuel enferma de COVID-19 al día siguiente. Es 8 de enero de 2022 y está de baja a causa del virus hasta el 21 de ese mismo mes. Tres días después, el 24, es valorado por su médico de cabecera, que le prescribe una baja por enfermedad común con el diagnóstico de “esguince de localización no especificada de la rodilla”.

Es la primera vez que recibe tratamiento por una dolencia de este tipo. Muestra “impotencia funcional” y “dolor agudo”. Nunca había estado de baja por problemas en esa rodilla ni había seguido tratamiento analgésico al respecto.

A finales de marzo, el hombre solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la determinación de contingencia para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo. Meses después, en verano, sufre otra tragedia: mientras iba en bicicleta, es atropellado frontalmente por un coche kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se dio a la fuga. Nuevos análisis confirman entonces “artrosis marcada” en su rodilla derecha. 

La historia de Manuel es también la del colapso de la sanidad pública canaria. En junio de 2023, su historial clínico recoge tres visitas al servicio de Traumatología por un dolor “recurrente invalidante” para recibir una infiltración que no pudo practicarse en ninguna de esas ocasiones por la falta de facultativos.

En agosto, el INSS deniega su petición al considerar que “no queda acreditado” que la lesión se produjera “en tiempo y lugar de trabajo”. En febrero de 2024, dos años después de sufrir el accidente, el Instituto le reconoce una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, aunque la cataloga como derivada de “enfermedad común”. Manuel la impugna y acude, también, a los tribunales, donde consigue su primera victoria en todo este tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda del trabajador y declaró que su incapacidad temporal tenía origen laboral, por lo que obligó a la Mutua Asepeyo a abonarle la prestación correspondiente y a devolverle las cantidades no percibidas. La base reguladora en este caso de la prestación por accidente de trabajo asciende a 1.979,20 euros al mes.

El fallo otorgó plena credibilidad a las declaraciones de los compañeros de trabajo que estuvieron presentes el día de los hechos y dio validez al informe emitido por el perito médico propuesto por Manuel, quien recordó que el empleado no había sufrido ninguna baja previa por patologías en esa rodilla.

Pero la mutua recurrió. Presentó un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en una reciente sentencia ha desestimado su apelación, ha ratificado que la baja de Manuel derivó de un accidente de trabajo y ha impuesto a Asepeyo el pago de 800 euros en costas. El fallo es firme, han confirmado fuentes del TSJC. Su ponente es la magistrada Gloria Poyatos.

El alto tribunal canario ha recriminado el “rechazable vicio procesal” de la mutua al destacar que construyó todo su recurso sobre “afirmaciones que no vienen avaladas” y partiendo de “premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida”. Es lo que se conoce en derecho como “petición de principio” o “hacer supuesto de la cuestión”.

Asepeyo pidió que se modificara el relato de los hechos para que constara que el accidente ocurrió “mientras [Manuel] se dirigía a su casa”, ya que el propio trabajador indicó, cuando acudió a la mutua, que se lesionó “al salir del trabajo andando”, por lo que sería un accidente ‘in itinere’. También solicitó que se incluyera en ese relato el atropello que sufrió mientras circulaba en bicicleta. La mutua otorga “relevancia” a este hecho porque se produjo en verano de 2022, mientras que el informe pericial sobre el estado de salud de Manuel se emitió después, en septiembre de 2023.

El TSJC, no obstante, desestimó todos y cada uno de los argumentos de la entidad. Concluye que Manuel se dobló la pierna “durante la jornada laboral” y que ese hecho probado “descansa en la prueba testifical” en primera instancia de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, ante el informe pericial de la mutua (que descartó que hubiera un golpe traumático evidente y apreció una “contradicción” entre cómo se produjo la lesión según lo manifestado por el trabajador al acudir a urgencias y lo posteriormente relatado en la demanda), el alto tribunal canario respetó “la valoración realizada” por la jueza de instancia, que dio mayor credibilidad al informe médico aportado por Manuel, en el que se señala que el paciente comenzó a sufrir dolor en su rodilla derecha desde el día en que se produjo el accidente, y no antes.

“La doctrina del Tribunal Supremo” dice que “ante dictámenes médicos contradictorios, (…) se ha de atender a la valoración realizada por el magistrado de instancia”, recoge la sentencia.

Canarias Ahora contactó con la Mutua Asepeyo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. En una entrevista publicada hace semanas en ‘Prensa Ibérica’, su director en Canarias, Ángel Castillo, afirmó que “se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud” y que las mutuas no tienen “ningún interés económico”.

Pero lo ocurrido a Manuel no sorprende a los sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que es “bastante habitual” que las mutuas, “de manera muy recurrente”, deriven a los servicios públicos a trabajadores “sin haber hecho un estudio previo de si realmente el origen de su patología es laboral”.

Los datos la respaldan. El 21,52% de las quejas formales presentadas contra las mutuas a nivel nacional se deben a discrepancias con la calificación de la contingencia. Es decir, a casos en los que se califican como enfermedad común lesiones que los trabajadores consideran accidentes laborales.

Este tipo de reclamaciones ha pasado de 4.129 en 2023 a 4.551 en 2024, según el último informe publicado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número total de quejas también se ha elevado, al pasar de 17.953 a 21.146.

Las cifras revelan que Asepeyo recibió 3.657 reclamaciones en 2024, un 44,72% más que en 2023, el mayor aumento reportado entre las mutuas. Y también que es la entidad que registra el mayor índice de incidencia de quejas (0,17%) en relación con la población que tiene protegida. 

Marrero cree que existe cierta “connivencia” entre las mutuas y las empresas para invisibilizar la siniestralidad laboral. A su juicio, declarar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo evidencia que la mercantil puede tener problemas de seguridad y la obligaría a invertir en mejorar las condiciones laborales. “Las empresas lo que quieren es salir bien en la foto”, resume.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO reconoce que “no todas las personas” tienen la fuerza que ha demostrado el jardinero Manuel para luchar en los tribunales y lamenta que muchos trabajadores se sientan “demasiado pequeñitos para enfrentarse a la empresa y a todo un sistema jurídico que no controlan”.

Marrero denuncia la saturación de los servicios públicos como consecuencia de ello y el retraso en la obtención de diagnósticos que, en incontables ocasiones, acaban cronificándose. “Las mutuas están muy bien dotadas de recursos materiales para determinados diagnósticos. Son recursos que deben estar al servicio o en beneficio de la recuperación de las personas trabajadoras”, añade.

José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en UGT, ahonda en la misma línea. “En muchas ocasiones, el proceder de las mutuas es primero negar y después que el trabajador o la trabajadora pelee. En cierto modo, si se me permite la expresión, nada objetiva, es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas”, sentencia.

Marrero exige que las mutuas sean integradas directamente dentro de la Administración Pública y que atiendan desde el primer momento a los trabajadores, sin excusa. En caso de considerar que el empleado no se lesionó en el trabajo, la de CCOO reclama que sea la mutua (y no la persona trabajadora) la que acuda al INSS para que revise la incapacidad temporal.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.