Los hosteleros cántabros han registrado una ocupación media del 90% este agosto y que ha alcanzado picos puntuales en momentos determinados, como por ejemplo en torno al día 12, con motivo del eclipse solar total que atravesó la comunidad autónoma, y cuando se elevó al 95%.

La ocupación media, a espera de que termine el mes y haya por tanto datos oficiales, es superior a la de julio, unos cinco puntos, ya que entonces rondó el 85%, según datos de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) facilitados a Europa Press.

De cara a septiembre, los profesionales del sector en la región esperan que sea “un buen mes”, más “si se comporta como tenemos previsto y como ha sido el año anterior”, ha apuntado la directora de la AEHC, Bárbara Gutiérrez, que hace un balance “satisfactorio” de la hostelería en lo que va de verano.

Cantabria registró en julio un total de 765.124 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, albergues, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 4,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional subieron un 0,9% según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este lunes.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 4,3% en el sexto mes del año, hasta los 186.917.

Del global de pernoctaciones, 603.518 fueron realizadas por residentes en España, un 0,3% más, y 161.606 por extranjeros, lo que supone un repunte del 21,4%.

Y de los 186.917 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en junio, 139.034 eran residentes en el país -0,7%) y los 47.880 restantes procedían del extranjero (+22,3%).

La estancia media bajó un 0,2%, hasta situarse en 4,09 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 0,1%, hasta las 54.000.

Viajeros por tipo de alojamiento

En julio, casi el 64% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 488.109, un 4% más. Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 151.951 y un incremento del 9,2%, el mayor de los extrahoteleros en la comunidad. De ellas, 52.604 fueron en casas rurales, un 5,4% más.

Además, se registraron 57.049 pernoctaciones en apartamentos, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, y 9.493 en albergues, con un descenso del 14,2%, el único de los extrahoteleros.

En cuanto a los viajeros, en julio fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 105.085, lo que supone un incremento del 7,8% en relación al séptimo mes de 2025.

Otros 50.604 se alojaron en establecimientos de turismo rural, pese a decrecer un 2,1%; 27.600 en apartamentos, donde subieron un 6,4%, y los 3.628 restantes en albergues (-11%).

Datos nacionales

En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros. La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia ha rechazado la solicitud de la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola para paralizar la licencia de obras de 83 alojamientos dotacionales. Mientras el Consistorio defiende la plena validez de la autorización concedida al Gobierno vasco, la asociación vecinal acusa a la Administración de ignorar las contingencias judiciales y económicas que, a su juicio, podrían afectar al erario público. Con esta resolución, se agota la vía administrativa municipal y el proyecto urbanístico previsto para la parcela mantiene su curso.

El conflicto se origina en una parcela del barrio de Riberas de Loiola que lleva más de una década en desuso. La asociación considera que el espacio podría destinarse a servicios para el barrio, como un centro de salud, un 'haurtxoko' o un club de jubilados, ya que actualmente no cuenta con ninguno de ellos. Sin embargo, el Gobierno vasco prevé construir 83 alojamientos dotacionales en el solar, un proyecto que, según los vecinos, no contempla estos servicios que fueron prometidos en su momento.

Ante el avance del proyecto, la asociación compareció a principios de junio en el Parlamento Vasco para solicitar su paralización. Tras no conseguirlo, recurrió al Ayuntamiento de Donostia el pasado 21 de julio para pedir la suspensión de la licencia de obras de la parcela. La solicitud tampoco ha sido atendida.

La petición al Consistorio se fundamentaba en la existencia de dos litigios activos: un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela G.0007 y un recurso especial contra los pliegos de contratación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC/KEAO). El colectivo advertía de que continuar con la tramitación de las obras y la contratación mientras estos procedimientos siguen abiertos podría causar “perjuicios de difícil o imposible reparación” para las arcas públicas y terceros.

El Ayuntamiento de Donostia, sin embargo, considera que no existen motivos legales para paralizar la licencia. Según fuentes municipales, “no se aprecia que concurran ninguno de los dos supuestos necesarios establecidos”, ya que “no se acreditan los perjuicios de imposible o difícil reparación y no existe causa de nulidad de pleno derecho” en los actos de tramitación. Con este acuerdo, la Junta de Gobierno Local da por finalizada la vía administrativa ordinaria. A partir de ahora, los recurrentes pueden presentar un recurso de reposición potestativo o acudir directamente a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

La Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha respondido calificando la decisión del Ejecutivo local de “huida hacia adelante”. La entidad alerta de una “temeridad gravísima” que podría derivar en indemnizaciones millonarias con cargo a los impuestos ciudadanos si la Justicia anula finalmente el planeamiento cuando las obras ya hayan comenzado. El vecindario también manifiesta su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que la desestimación forme parte de una estrategia de “hechos consumados” para consolidar la transformación física del suelo antes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Mientras un señor trabaja con su portátil en una de las mesas de la planta baja del flex living Flipco Retiro, en el número 58 de la calle Cavanilles de Madrid, el barrio continúa con su trasiego al otro lado de la puerta de vidrio que sirve de acceso. Hombres mayores que caminan con ayuda de sus cuidadoras, matrimonios de jubilados que se sientan a la sombra en un banco o trabajadores de distintos establecimientos que apuran el cigarro del mediodía.

De repente, un extraño episodio provoca la interacción entre estos dos universos en principio aislados. Una señora se detiene junto a la entrada de Flipco, observa las piedras blancas que decoran el espacio y empieza a guardarlas en un bolso. Ni siquiera mira a los lados por si alguien la observa o alguna cámara de seguridad la capta. Las toma como si fueran un bien personal, o más bien común. Como si las encontrara en el parque situado a unos pocos metros.

El acto, al borde de la legalidad, demuestra una forma de resistencia imprevista frente a unos negocios que parecen operar dando la espalda a los lugares donde se insertan. Ninguno de los clientes que abandonan Flipco mientras Somos Madrid permanece en la puerta atiende las preguntas planteadas. Es una cuestión más de prisa que de descortesía: a todos ellos les espera ya un VTC cuando salen a la calle.

Flipco Retiro aterrizó en el corazón del distrito de Retiro a finales de abril. Ofrece dos estudios para estancias temporales, que van desde pocos días hasta varios meses, en la antigua sede de Metro de Madrid. No en vano, la Nave de Motores (abierta a visitas del público) se ubica a pocos pasos. Detrás del proyecto y previa inversión de 39 millones de euros está el fondo inmobiliario Argis, promotora inmobiliaria que también tiene una pata puesta en los alquileres tradicionales.

Pasar una noche en alguna de sus dos estancias cuesta un mínimo de 166 euros si se alquilan por días, mientras que en la modalidad mensual no bajan de 2.000 euros. De este modo, Argis garantiza unos ingresos muy superiores a los dueños de unos alquileres tradicionales que a su vez contribuye a aumentar con la implantación de su modelo. El precio de un piso de dimensiones similares a las del estudio en la zona oscila entre los 900 y los 1.000 euros. Y eso que el alquiler ha subido en Pacífico más de un 10% por metro cuadrado en el último año, según Idealista. Solo este último mes, ya con Flipco, lo ha hecho casi un 3%. Esto es, muy por encima del resto del distrito (en otros puntos incluso ha retrocedido).

Quedarse en Madrid al margen de la ciudad

“¿Esto qué es?”, pregunta a su hija un señor que pasea por la acera donde se ubica este alojamiento en el barrio de Pacífico. “Parece como un hotelito”, responde ella. No va desencaminada, ya que los flex living no se diferencian en demasía del tradicional apartahotel. Tampoco del más moderno coliving. A priori, se distancian en su apuesta por mayores y mejores servicios para fomentar estancias algo más prolongadas. Pero lo cierto es que muchos de estos negocios jugan indistintamente con ambos conceptos y apelan tanto a la cohabitabilidad como a la flexibilidad.

La verdadera divergencia está en el terreno normativo. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. La flexibilidad no es así cosa solo de los huéspedes, también responde a la falta de regulación sobre un modelo que se erige con grandes facilidades.

De esta manera, los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la Ley de Arrendamientos Urbanos limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats como los que se ven al otro lado del cristal en Cavanilles.

Un modelo en plena ebullición, como muestran de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región. Todo ello reforzado por el apoyo del Gobierno regional y del municipal, que facilitan su implentación con controles poco estrictos o hasta campañas promocionales.

En Flipco, toda esta actividad en ebullición se desarrolla en un bloque que cuenta también con decenas de viviendas. De hecho, el número 58 de Cavanilles incluye tres portales al margen de los apartamentos de estancia temporal. A dos de allos se accede por una puerta situada a pocos metros de la entrada al negocio, mientras que al correspondiente a la letra c se llega dando un rodeo al citado parque anexo.

Los residentes de esas viviendas prefieren guardar silencio ante las preguntas de este periódico, al igual que lo hacen de momento desde Flipco Retiro al no contestar las preguntas de este medio sobre cómo ha sido la llegada a un barrio que de momento les mira con recelo y suspicacias. Por ahora, como sus clientes, prefieren esquivar la mirada a quienes les rodean.

Cantabria ha registrado unos “buenos datos” turísticos este verano “en la línea” del anterior o, incluso, “un poco, quizás, por encima”, según las primeras estimaciones del Gobierno de Cantabria.

Y es que la ocupación hotelera ha rondado entre el 85 y el 90% en julio, umbral que parece haberse superado en agosto, con un “pico importante” durante algunos días asociado al eclipse, que ha hecho que se llegara a un 95% o incluso se registrase lleno en algunas zonas.

Son datos que ha facilitado este miércoles, a pregunta de la prensa, el director general de Turismo, José Luis López Vielba, fruto de las “primeras impresiones” o de la información recabada entre los hosteleros, aunque aún sin datos completos del mes de agosto, que aún no ha acabado, y que responden a lo que ya “se esperaba” dado que la previsión era “muy buena”.

El director general de Turismo ha explicado que, al margen de los datos de ocupación, al Gobierno “lo que le interesa también”, y a lo que dedica “esfuerzo”, es que el turista deje cada vez más dinero y alargue su estancia.

La ocupación de Santander: “satisfactoria”, según Igual

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), también ha comentado que la ocupación en la ciudad “ha sido satisfactoria”. La regidora ha señalado que los precios en el sector, y entre ellos de las habitaciones, se han incrementado respecto al año anterior, algo “lógico y normal” dado que “el coste de la vida ha aumentado”.

Además, se ha felicitado de que el sector turístico sea “cada vez es más profesional” y ofrezca “un mejor servicio”. En este sentido, cree que a ello va a ayudar el reciente convenio colectivo de hostelería de Cantabria suscrito el pasado julio.

Al margen de los datos del verano, que es cuando más visitantes recibe Santander, ha resaltado que la ciudad tiene “otros muchos atractivos” que el sol y la playa, lo que le permite tener “muy alta ocupación” en otros meses del año.

Además, ha señalado que a esos atractivos se unirá próximamente el centro cultural y de arte Faro Santander, impulsado por la Fundación Banco Santander, que se inaugura el 7 de septiembre, en el Edificio Pereda, antigua sede del banco en el Paseo de Pereda, y que se ha mostrado convencida que va a ser un “reclamo”.

López Vielba y la alcaldesa de Santander han realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento para presentar la Romería del Faro, que se celebrará el 6 de septiembre en Mataleñas.

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto se nota en el sector turístico cántabro. A pocos días del acontecimiento –que está levantando una gran expectación– todavía hay algunas plazas libres en hoteles, apartamentos y hostales de Santander, Camargo, Piélagos o Suances con los precios más altos de la temporada. Un albergue de Navamuel, un pueblo de Valderredible sin apenas habitantes señalado como una las zonas de gran visibilidad, pide más de mil euros por una habitación. Otra casa en Suances, con tres dormitorios, frente al mar sobre la playa de La Concha, se alquila ese día por 1.990 euros. Solo durante veinticuatro horas. “No suele estar disponible, estás de suerte”, anima la publicidad del anuncio en un portal de internet.

La demanda de visitantes interesados en presenciar un fenómeno astronómico excepcional, el primero visible desde España con estas características desde el 30 de agosto de 1905, alimenta el alto precio de las reservas de última hora. Con el cartel de casi completo para esa noche en la mayoría de los alojamientos de Cantabria –donde confluye la alta temporada turística con el acontecimiento– el Hotel Milagros Golf, por ejemplo, anuncia una habitación doble por 630 euros “para vivir este momento único desde nuestro salón chimenea” con vistas sobre la ría de Mogro.

Las reservas en plataformas digitales muestran que la noche del 12 al 13 de agosto presenta precios muy superiores a los de otras noches de la primera quincena del mes, aunque conviene señalar que el 11 de agosto las tarifas –al ser el día previo y de alta demanda turística– ya son elevadas.

En varios establecimientos de la costa cántabra, las habitaciones dobles que habitualmente rondan los 150 o 170 euros alcanzan precios cercanos a los 400 euros para la jornada del eclipse. En los casos más extremos, algunas viviendas turísticas completas en Suances que normalmente se anuncian por 300 o 400 euros por noche superan los 2.000 euros para la noche del 12 de agosto, por el fenómeno del eclipse solar.

Tradicionalmente, agosto es el mes con mayor afluencia turística en Cantabria y la coincidencia con el eclipse está reduciendo al mínimo la oferta disponible, especialmente en la costa. Quedan habitaciones disponibles para ese día en el Hotel Santemar a 610 euros, el Hotel Bahía a 375 y el Rhin Garden a 538. En el Hotel Vinci de Castelar piden 495 euros. Los altos precios no solo se vinculan a establecimientos de cuatro estrellas, en la zona de la calle Castilla el Hostal Liébana pide 300 euros por una habitación el 12 de agosto.

La presión sobre las reservas también se está trasladando al interior, donde zonas como Valderredible, una de las más demandadas para la observación del fenómeno, apenas cuentan ya con disponibilidad. En algunos casos, los precios alcanzan cifras muy alejadas de lo habitual, un ejemplo de ello es el Albergue de Navamuel, una de las pocas opciones aún visibles en los portales de reservas, ofrece habitaciones por más de 1.000 euros para la noche del 12 de agosto con baño compartido, según se ve aprecia en las fotografías.

En Santander, barrios como Monte y Cueto ya no hay disponibilidad de hospedaje. Los apartamentos turísticos y alojamientos de menor tamaño aparecen completos en la mayoría de los portales de reservas, por lo que los únicos lugares con posibilidad de hospedaje son grandes hoteles que en su mayoría han duplicado sus precios habituales.

La situación se repite en Piélagos y Miengo, especialmente en localidades como Mogro, Liencres o Boo, donde apenas queda oferta de apartamentos y casas vacacionales. Esta zona tiene gran demanda debido a sus actividades al aire libre y su cercanía a la capital.

A falta de tan solo unos días para el eclipse, el aumento de precios y la falta de disponibilidad de alojamientos se han convertido en algunos de los efectos más evidentes de la expectativa generada por este fenómeno. La mezcla de la alta temporada y la oferta restringida ha provocado una significativa inflación en el costo de hospedaje para los visitantes en Cantabria el 12 de agosto.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles -que incluyen apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- superaron los 14,9 millones durante el mes de junio de 2026, lo que representa un descenso del 2,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En el caso de Canarias, las pernoctaciones superaron los 2 millones, con 311.575 viajeros, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El retroceso estuvo determinado por la contracción del mercado internacional, cuyas pernoctaciones descendieron un 4,8%, mientras que la demanda de residentes mostró una mayor estabilidad con una ligera caída del 0,7%. Por su parte, la estancia media global se situó en 3,7 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo a la tipología de alojamiento, los apartamentos registraron un bajón del 3,6% interanual en sus pernoctaciones, condicionados por la caída del 6,4% entre los no residentes, frente al descenso del 1,9% de los residentes.

Pese al menor volumen, la ocupación por plazas en esta modalidad se elevó un 1,9% hasta situarse en el 41,1%, con Canarias como destino preferido (más de 2 millones de pernoctaciones) e Islas Baleares al frente en ocupación (79,5%). Reino Unido figuró como principal mercado emisor, concentrando el 35,6% del total.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido para alojarse en un apartamento, con más de 736.000 pernoctaciones. Isla de Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

Descensos en campings, rural y albergues

En los campings, las pernoctaciones bajaron un 0,9% interanual durante junio. La baja de los viajeros nacionales (-1,7%) no pudo ser compensada por el leve repunte de los extranjeros (+0,3%), con los Países Bajos como mercado líder (23,0% del total).

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 2,8 millones de pernoctaciones, y un descenso del 7,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,1% de las parcelas ofertadas, según los datos del Instituto Estadístico.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Benidorm y Mont-roig del Camp.

Por su parte, el turismo rural anotó una leve caída del 0,3%, lastrado por la demanda internacional (-2,9%), aun cuando el turismo residente avanzó un 1,3%. Islas Baleares encabezó las preferencias en esta categoría superando las 249.000 pernoctaciones (+10,1%) y firmando el mayor grado de ocupación (67,3%).

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.

La caída más pronunciada se dio en la red de albergues, donde las pernoctaciones se desplomaron un 13,2% impulsadas por los retrocesos del mercado nacional (-10,8%) y del no residente (-16,1%), situando a Galicia como el destino más demandado.

En cuanto a la evolución de las tarifas, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) se incrementó un 4% respecto a junio de 2025 y el de Campings (IPAC) un 2,1%. En sentido opuesto, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) registró una caída del 0,1%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de las islas Canarias han caído un 8,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior tras registrar más de 1,8 millones.

Según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), pese a este dato, el archipiélago continúa como el destino preferido para alojarse en este tipo de establecimientos.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife fue el destino favorito con más de 613.000 pernoctaciones; mientras que la Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, del 90,7%; y los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron Mogán (Gran Canaria), Madrid y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Por otro lado, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron en el conjunto de España los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%.

La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.

“Apartamentos de convivencia que están equidistantes de las dos fórmulas”. Así describe el concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, el formato de hospedaje flex living. Las dos fórmulas en cuestión son el alquiler tradicional y el temporal o turístico. Este reciente modelo habitacional e híbrido, con una notoria falta de regulación específica, ha sido apadrinado por el Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Lo ilustraba el propio Carabante en un controvertido post publicado en Instagram del que se extrae la declaración que abre esta pieza y donde el mismo edil ejercía de publicista de una promoción: “Se han ejecutado 583 apartamentos en dos parcelas que había vendido el Ayuntamiento de Madrid por 37 millones de euros. Los promotores han desarrollado esta instalación para dotar a Madrid de 583 apartamentos en los que se podrá disfrutar de distintas estancias. Están destinados no a la vivienda, pero tampoco a un uso turístico específico y por eso aquí se van a ofrecer desde estudios hasta apartamento de dos habitaciones dentro de esa extraordinaria oferta que tiene que ofrecer Madrid por seguir creciendo”. Hablaba de ofertar “vivienda para los madrileños, pero también alternativas a los turistas”.

Conviene puntualizar que flex living, modelo que apunta a ocupar 25.000 camas en la Comunidad de Madrid en 2028 y donde la mitad de ellas ya están en funcionamiento, no es un término ni urbanístico ni jurídico. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking. Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados.

Como señala en declaraciones a Somos Madrid el portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, hasta la definición es flexible en lo que al flex living respecta: “Es algo parecido a vivir en un hotel todo incluido”, dice, pero avisa de que su uso como alquiler de temporada fraudulento está cada vez más extendido: “El alquiler de temporada tiene una razón de ser y existe por algo en concreto, pasar el verano en un apartamento de playa o trabajar seis meses en un sitio. Pero usarlo en algo difícilmente justificable para eludir la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] es otra cosa. Cuesta ver este formato para un estudiante y más en trabajadores”.

Una notoria diferencia respecto a, por ejemplo, los colivings está en la obtención de permisos. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. Cierto es que esta particularidad comienza a extenderse a otros modelos, dadas las facilidades de la nueva legislación de la Comunidad de Madrid para permitir el uso como vivienda de suelos terciarios.

Giraldo añade como divergencia adicional que las estancias en los colivings “suelen tener un carácter más a largo plazo, aunque también tengan que ver con nuevas formas de precariedad y en ellos pueda ocurrir igualmente lo de compartir cocina”. Son, en resumidas cuentas, “dos formas de exprimir al máximo el metro cuadrado, que puede ser un 33% más rentable que en el alquiler tradicional, en un contexto de presión inmobiliaria y mercado tensionado que lo convierte en un caramelo”. Desde su punto de vista, es esa rentabilidad lo que explica el auge del modelo y no tanto la demanda por ese tipo de alojamientos.

25.000 camas en Madrid para ser “alternativa estructural”

Flex living se trata así más bien de una forma sofisticada de referirse a lo que siempre se ha conocido como apartahotel. Los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la LAU limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats.

Una apuesta en plena ebullición, como se desprende de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.

Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles que en realidad no son viviendas aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”.

Un modelo auspiciado por Cibeles que ya llega los barrios

Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Se mencionaba que Carabante, delegado de Urbanismo, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales, lo cual fue contestado con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.

Un desarrollo al cual el Gobierno de Almeida está contribuyendo más allá de notas de prensa o blanqueos publicitarios. Para muestra, escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la LAU. Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo” en palabras de los vecinos que lo han llevado a la Justicia.

La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros.

Giraldo detalla lo ocurrido: “Había cinco parcelas destinadas a usos residenciales, dos más de carácter público y dos terciarias. Se aprueba con un estudio de movilidad planeado para 500 viviendas y que ya iba justito a nivel de movilidad o de refuerzo al transporte público. Pero además, si en esas parcelas terciarias se van a instalar flex living, va a estar viviendo más gente aunque sea con carácter temporal y eso añade presión de personas que van a ir entrando y saliendo del barrio cada día”. Así, se pregunta “dónde queda el planeamiento si de 500 viviendas se pasa a 750”.

Las repercusiones de esta práctica atienden así al precio de las viviendas, pero también a la falta de dotaciones y servicios que estas pueden traer aparejadas para los vecinos. Los flex living no son tenidos en cuenta a la hora de analizar las necesidades del barrio para colocar un nuevo centro de salud o educativo. Este es un punto especialmente importante dado que la alta densidad que la operación de la Ermita del Santo va a generar en la zona ha sido uno de los principales motivos de la oposición entre residentes. “No hay garantía de que existan los servicios y equipamientos que sí están vinculados a la construcción de viviendas”, concluyen desde el Grupo Municipal Socialista.

Cuando la noticia trascendió el pasado febrero, el PSOE de Madrid avisó de que este tipo de promociones no están reguladas como una categoría urbanística, ni a nivel municipal, ni en lo que compete al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Si los socialistas hablan de ese “agujero normativo” es porque se permite construir pisos para alquileres de hasta un año, evitando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Lo paradójico es que el modelo permite a las promotoras ofrecer habitáculos sin los mismos espacios y calidades mínimas que las normativas municipales les exigen a las viviendas, mientras que sus precios acaban siendo mucho más elevados que los del alquiler tradicional.

Estas consecuencias no preocupan al equipo de Almeida, que hablaba en la mencionada publicación oficial de Carabante de un “modelo de alquiler que puede ir desde unos días o semanas hasta varios meses, gracias a la flexibilidad y variedad de contratos que oferta”. Una visión que el PSOE no comparte, sobre todo en casos como el de la Ermita del Santo: “La flexibilidad del flex living beneficia sobre todo a los promotores privados”, apuntan, a la vez que convierte a “inquilinos en clientes” y les ofrece “habitaciones de hotel” en lugar de hogares. En ellos, rematan, es más difícil “iniciar proyectos de vida”.

Valdebebas: flex living a todo gas junto a la Fórmula 1

Las parcelas situadas en los alrededores del futuro circuito de la Fórmula 1 de Madrid también están siendo escenario de este tipo de operaciones, al coincidir la atracción de la cita automovilística como una zona en pleno desarrollo urbano como Valdebebas (situada entre los distritos de Barajas y Hortaleza). El último proyecto inmobiliario en abrir, el de los 583 apartamentos de Bext Valdebebas que recibieron licencia municipal el pasado verano, iba a ser comprado por un gigantesco fondo de inversión con idea de entrar en el negocio del flex living. Así lo reveló Expansión.

Encabeza la maniobra BGO (BentallGreenOak), un fondo con 89.000 millones de dólares en activos en todo el mundo y que ultima la compra del citado complejo inmobiliario a M&G-Stoneweg, otro gigante que estaba detrás de la empresa Effenberg SL. Con esta última firma se presentó a un concurso municipal para comprar unos terrenos propiedad del Ayuntamiento con una edificabilidad de casi 40.000 metros cuadrados, dividida en dos parcelas. La venta se cerró en 2022 por 37,2 millones de euros. Por entonces, la Fórmula 1 era todavía un proyecto deportivo y político que no se había hecho público, por lo que ahora los terrenos se han revalorizado sobremanera.

No ha trascendido el importe de la compra por parte de BGO, pero al impacto del circuito Madring hay que añadir que los precios de la vivienda en Valdebebas están en máximos históricos. Los crecimientos anuales superan el 13% y el precio medio los 5.500 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. Esta coyuntura elevaría a unos 220 millones la valoración de Bext. La operación será en todo caso muy rentable para los que venden, ya que consiguieron comprar la parcela pública ofertando solo el 0,1% más de lo que pedía por ella el Gobierno de Cibeles.

La reventa a BGO se produjo solo unos meses después de la citada visita a este espacio de Carabante, quien acudió a las instalaciones de Bext Valdebebas para sacar pecho por la política de ventas de parcelas públicas a cargo de su departamento. El objetivo, sostenía el Consistorio en una nota de prensa, es “reactivar solares sin uso y desarrollar actividades sociales, económicas y de vivienda”. El equipo municipal destacaba también las virtudes de esta zona de Madrid, próxima al aeropuerto de Barajas, a Ifema y “a un entorno natural privilegiado” como el parque forestal Felipe VI.

Todo un Botín para el sector inmobiliario

Próximos a los apartamentos de Bext y junto al terreno donde se construye la autoproclamada curva Monumental de Madring, se levantará otro proyecto de flex living todavía más grande, también sobre una parcela que vendió el Ayuntamiento de Madrid. Lo prepara la empresa Flexy Valdebebas Propco I, nombre actual de una propiedad que se adjudicó la compañía Global Filema. Fue la única en presentarse al concurso para la construcción de estas viviendas temporales, convocado en 2024.

El Ejecutivo de Almeida enajenó esta parcela por 41,45 millones de euros, cuando ya se conocía que los edificios estarían al lado de uno de los puntos más destacados del circuito automovilístico. Lo hizo junto a otra parcela aún más grande, situada también en Valdebebas (pero más lejos del circuito), que vendió por 75,45 millones de euros y sobre la que se edificarán otros 2.041 apartamentos de alquiler. La única oferta recibida se acercó muchísimo al precio de salida que propuso el equipo de Almeida. Como en el caso de Bext.

La compañía Stoneshield Souther Real Estate Holding es quien está detrás de Flexy Valdebebas propco I, que ya ha pedido sus primeras licencias para las obras. La entidad matriz tiene su sede en Luxemburgo y fue creada en enero de 2024. Es filial a su vez de Stoneshield Capital, un fondo de inversión fundado en 2018 por el empresario argentino Juan Pepa y por Felipe Morenés Botín. Este último es hijo de la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

La flexibilidad también está en la regulación (o en su ausencia)

Estas operaciones se desarrollan con mucha mayor facilidad gracias a una modificación normativa. Las parcelas vendidas por el Ayuntamiento son de suelo terciario, que desde hace poco permiten el desarrollo de viviendas en alquiler con espacios compartidos para estancias cortas o medias. En la práctica, no se diferencian del suelo con destino residencial, pero este último es habitualmente más caro de comprar.

Los de Bext y Flexy Valdebebas son los proyectos inmobiliarios más grandes que se han aprovechado de estos cambios, pero no los únicos de una zona convertida en gran atractivo inmobiliario. Cuenta también con el Hotel 101, que se ha construido con un modelo de pequeños inversores que compraban habitaciones para que luego fueran explotadas por Double Dragon, la compañía filipina propietaria de las instalaciones.

Al principio, estas habitaciones eran vendidas a extranjeros con la promesa de obtener la golden visa para residir legalmente en España, pero el fin de este programa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que las últimas unidades se intenten comercializar gracias al reclamo de las carreras de coches.

Para Giraldo, “lo que falla es que no hay una regulación concreta, no como en Barcelona, donde de manera municipal se ha comenzado a legislar con cierta asimiliación al alquiler de temporada”. “Me consta que el Ministerio de Vivienda está trabajando en ello”, asegura, al tiempo que indica que “en Madrid lo han rechazado”. Admite, eso sí, que “determinados aspectos del fraude en el planeamiento urbanístico escapan al control de cualquier Ayuntamiento”, pero cree que el mayor problema es que “el de Madrid además lo promociona”. El concejal explica que “si no te parece mal el flex living en suelo terciario, al menos puedes regular que en él las condiciones sean las mismas que en el suelo residencial, pero eso tampoco sucede”. Concluye que “los promotores están alineados con el Consistorio y la Comunidad”.

'Colivings', residencias de pedigrí y otras minas de oro

La inoculación cual virus del flex living en el sector inmobiliario madrileño convive con la de otros modelos habitacionales alternativos que llevan años proliferando. El más conocido es el de los coliving, que escapan igualmente de la LAU y se rigen por la libertad de pactos bajo el Código Civil, aunque la normativa desarrollada es algo mayor.

La legislación principal sobre la materia en Madrid es la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM), aprobada provisionalmente en julio de 2023 y que establece una diferenciación concreta respecto a los alquileres tradicionales. Esta regulación define el coliving como “residencia compartida” y exige un edificio exclusivo, con unidades privadas mínimas de 15 metros cuadrados por persona si es individual y diez por persona si es doble.

El sector desembarcó en el corazón de Malasaña, pleno centro de la ciudad, en 2024. La empresa Sharing Co_living, especializada en este tipo de proyectos, transformó un antiguo edificio de viviendas de la calle San Vicente Ferrer en el que residió la escritora Rosa Chacel en otro de habitaciones con espacios compartidos. Una decena de pisos donde vivían vecinos a largo plazo reconvertidos en 18 habitaciones individuales y baño, con espacios comunes como cocina, lavandería, comedor o salón en sus plantas superiores. Y una chimenea junto a un jardín vertical en el patio de manzanas. En el bajo resisten los azulejos de la característica Farmacia Juanse, que goza de protección patrimonial, pero el lugar lo ocupará otro tipo de negocio.

Aunque todavía no ha empezado a operar (pese a que ya permite solicitudes de reserva vía web), los impulsores del proyecto afirman que no quieren ser “una empresa de turismo”, sino “promover los viajes de empresa (...) por eso no hacemos estancias de una noche, una decisión con la que también hacemos una selección natural del cliente”.

También en el centro de Madrid, junto a plaza de España, un característico edificio de siete plantas que fue sede del Ministerio de Trabajo y albergó oficinas de Comisiones Obreras se reconvirtió en una residencia que pide 1.685 euros mensuales por habitación. El perfil objetivo son estudiantes, pero de alto standing. De la gestión se ocupa, gracias a una permuta por 99 años aceptada en este caso por el Gobierno central, el fondo de inversión Azora. Una compañía protagonista de varias informaciones en los últimos años por sentencias de los tribunales contra cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler tradicional. En Vallecas, un fallo judicial histórico condenó a la empresa Nestar (dependiente de Azora) y declaró abusivas seis de las siete cláusulas introducidas en los contratos de varios vecinos.

Aunque un escenario especialmente sacudido por este tipo de fenómenos ha sido el distrito de Chamberí. Los colivings se han extendido a la par que el antiguo convento de San Francisco de Sales, dos edificios de oficinas en el entorno de Arapiles o las antiguas oficinas de El Corte Inglés se transformaban en campus urbanos de la mano de planes especiales auspiciados por el Ayuntamiento. Espacios con el que las instituciones privadas plantean una ciudad como experiencia, a raíz de la cual la zona se llena de habitaciones para estudiantes (con su correspondiente oferta de ocio en terrazas).

Las residencias de estudiantes son tendencia entre las inversiones inmobiliarias. La Universidad de Nebrija cuenta con dos residencias en el distrito, donde el coste de la habitación va de 1.500 a 1.800 euros. Pero los colivings son la última moda en Chamberí. En 2018, se renovó un edificio entero en la calle Andrés Mellado para ofrecer esta modalidad de alojamiento; en 2021 un grupo italiano hizo lo propio con un edificio de la misma época en el entorno de la plaza de Olavide (donde no es el único en su género) y se pueden encontrar en internet ofertas en las cercanas calles de Cea Bermudez o Santa Engracia. Ser estudiante y alojarte en un apartamento con una habitación en un edificio preparado para ello en la calle de Donoso Cortés, pensado para estudiantes extranjeros, cuesta como mínimo 2.000 euros, con la limpieza y el wifi incluidos. Puedes compartir habitación en el mismo edificio por algo menos de 900 euros, eso sí.

Según el informe Estado actual del mercado de residencias de estudiantes de Atlas, Madrid es la ciudad donde más caro es alojarse en una residencia, con un precio medio de 1.096 euros frente a una media de 757 para España. Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada son los siguientes municipios en la lista, por delante de Barcelona. Mientras, el Consistorio se preocupa por generar “alternativas a los turistas” para que la urbe “pueda seguir creciendo”. Ojalá la ciudad y sus habitantes no se estampen contra el cielo.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado inicialmente esta mañana la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para regular los alojamientos turísticos y sus condiciones de implantación en la ciudad. El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha presentado esta modificación subrayando la “necesidad de adaptar nuestro marco urbanístico a las transformaciones reales que está experimentando la ciudad”.

“Este Gobierno ha asumido la responsabilidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva estructural, entendiendo que el urbanismo es, ante todo, una herramienta de ordenación al servicio del interés general, la cohesión social y la calidad de vida urbana”, ha defendido el concejal.

López-Araquistáin ha destacado que la modificación puntual del PGM impulsada por el Ejecutivo es “técnicamente rigurosa y jurídicamente robusta, plenamente alineada con el marco normativo vigente”. “El objetivo es dotar a la ciudad de una normativa moderna, clara, sistemática y aplicable con seguridad jurídica”, ha apuntado.

Ha detallado que la modificación “introduce avances sustanciales”, con una “priorización del uso residencial” y “preservando el equilibrio entre la ciudad vivida y la ciudad visitada”. “La modificación forma parte de una estrategia para actualizar y modernizar el marco normativo urbanístico de Logroño, superando inercias del pasado y adaptándolo a los retos contemporáneos: el acceso a la vivienda, la sostenibilidad urbana, la convivencia y el equilibrio de usos”, ha aseverado López-Araquistáin.

“Esta modificación no es solamente necesaria, sino también proporcionada, oportuna y adaptada al interés general, que contribuye a construir una ciudad más habitable, más ordenada y mejor preparada para el futuro”, ha concluido. En concreto se modifican varios artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Logroño el 1.2.22, 2.1.1, 2.1.27, 2.2.3, 2.2.11 y 2.2.43, lo que va a suponer:

Tras la aprobación inicial de estas modificaciones en el pleno municipal se abrirá un plazo de un mes de información pública a partir de su publicación en el BOR.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha anunciado la “aceleración de la construcción” de 353 viviendas públicas y alojamientos dotacionales en la ciudad. En El Infierno se levantarán 270 viviendas de protección oficial a través de Etxegintza. Además, el Gobierno vasco ha recibido la licencia de obra para 83 apartamentos dotacionales en Riberas de Loiola, destinados a personas mayores que cedan sus viviendas al programa Bizigune.

Las 270 viviendas previstas en el nuevo ámbito de Ibaeta quedarán bajo gestión municipal. La mitad, 135, serán viviendas tasadas; es decir, su precio estará regulado por la Administración pública y será inferior al del mercado libre. Insausti ha explicado que este tipo de inmuebles “están destinados a donostiarras que no tienen opciones de acceder a la vivienda social debido a los baremos establecidos, pero que no tienen capacidad de acceder al mercado de vivienda libre”.

La zona de El Infierno dará lugar a un nuevo barrio, Zubiberri. El terreno, situado entre Añorga e Ibaeta, abarca 6,6 hectáreas. En total se construirán 540 viviendas, de las cuales la mitad corresponderán a Etxegintza. El resto será parte de Ibaeta Berri, promoción de Amenabar, una empresa constructora y promotora inmobiliaria con 43 años de trayectoria.

En cuanto a los 83 alojamientos dotacionales en Riberas de Loiola, el Gobierno vasco ya puede iniciar las obras. Estos apartamentos se destinarán exclusivamente a personas mayores que residan en viviendas con dificultades de movilidad. A cambio, deberán incorporar sus inmuebles al programa Bizigune, con el objetivo de facilitar el alquiler asequible a población joven.

No obstante, la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha mostrado su rechazo al proyecto. A través de Instagram, ha difundido una imagen con un titular de 'El Diario Vasco' de diciembre de 2025 para criticar el plan especial. En el mensaje, la asociación sostiene que “un colectivo del barrio llegó a presentar más de mil firmas contra el proyecto”, sin haber mantenido ninguna reunión con las autoridades. Con evidente malestar, el colectivo lamenta perder su “última opción” para destinar ese espacio a la construcción de un centro de salud o cultural en el barrio.

La negociación del convenio colectivo regional de Hoteles y Alojamientos turísticos para los próximos tres años (2026-2028) ha alcanzado hoy un preacuerdo que contempla una subida salarial total al término de la vigencia del convenio del 14%, distribuida de la siguiente forma: 5% en 2026; 4,5% en 2027; y 4,5% en 2028, según ha dado a conocer UGT. De igual manera, registra la pertinente cláusula de revisión salarial a aplicar en 2029 si el Índice de Precios al Consumo desde enero de 2026 hasta diciembre de 2028 supera el 14%, con un tope máximo del 2,15%. 

El texto también incorpora la reducción paulatina de la jornada laboral durante los tres años de vigencia, de modo que las personas trabajadoras pasarán de las 1.768 horas actuales a 1.752 en 2028, una reducción efectiva de 16 horas.  Además, el preacuerdo incorpora la ampliación a tres días laborables de permiso por fallecimiento de parientes de hasta primer grado de consanguineidad, cónyuges y parejas de hecho. 

Por otro lado, entre otras mejoras, se incrementan los pluses de nocturnidad mediante un complemento mínimo de 70 euros mensuales; así como la mejora del plus de transporte y la incorporación de un nuevo plus de festivos.

UGT lo ha considerado un “acuerdo satisfactorio” para las más de 1.000 personas trabajadoras incluidas y lo valora especialmente puesto que “supone seguir dotándoles de un paraguas de derecho”s. Además, reduce la jornada laboral, mejora sustancialmente los salarios e impide la pérdida de poder adquisitivo al incluir la cláusula de revisión salarial; una herramienta que han considerado “imprescindible para proteger a las personas trabajadoras de las crecientes subidas de precios”. 

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, tal y como se ha aprobado por unanimidad en el Pleno municipal a partir de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de un cambio normativo para “clarificar una posible interpretación del Plan General”. Se formaliza una norma que impide “claramente” la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, para evitar molestias o problemas de convivencia con los vecinos residentes en los edificios afectados.

Solo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando se acceda a ellas por el portal comunitario.

El Consejo Rector de Urbanismo ya acordó suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, y ha pedido al Pleno una modificación puntual del PGOU para consolidar este criterio.

En su intervención ante el Pleno, Garijo ha recordado que “la normativa urbanística actual solo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior”.

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999, “cuando la licencia original contemplara locales en entreplantas o primeras plantas con uso comercial o de oficinas”.

Para evitar de forma tajante esa posibilidad, la modificación impulsada este jueves excluye el uso hotelero, “porque los horarios y condiciones de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos. La intención es dejar meridianamente claro este asunto, para que no quepa ninguna duda de que los apartamentos o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas”.

La histórica Casa del Armiño, mansión cuya propiedad se atribuye al hijo de El Greco -Jorge Manuel Theotocópuli- se convertirá en un nuevo hotel para la ciudad de Toledo tras aprobarse de forma definitiva el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que permitirá el cambio.

Esta semana la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo en el que gobiernan PP y Vox ha dado luz verde a este asunto que se ratificará en el Pleno municipal del 27 de febrero, donde se solicitaba que el actual uso de apartamentos turísticos pasase a ser hotelero. Se espera que salga adelante con los votos a favor de las derechas, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU-Podemos

Esta solicitud de cambio de uso ha sido realizada por la empresa La Folie Des Grandeurs S.L., que compró el inmueble hace unos años y que ya lo viene explotando turísticamente. Se anuncia como “Mansión de la Familia del Greco”, un alojamiento de lujo, en una finca ubicada en pleno Casco Histórico de Toledo de más de 1200 m2,con el típico patio-jardín toledano en torno al que se abre una vivienda con 10 habitaciones dobles, todas ellas de lujo o superiores. Hasta ahora se ofrecía alquiler parcial o total, pero la idea es que sea un nuevo hotel, uno más de los que está aprobando el actual Gobierno local.

Entre los administradores de la empresa se encuentra Erwan de la Villéon, quien fue consejero delegado del parque temático Puy du Fou España hasta que fue cesado en julio de 2025. Ambas partes mantienen en la actualidad un pleito en los tribunales.

Tendrá diez habitaciones

Según dicho documento, al que ha tenido acceso este medio, el proyecto propone adaptar las edificaciones existentes de la Casa del Armiño, ubicada en la calle San Clemente, para convertirlas en un hotel de diez habitaciones -actualmente funciona con 12 plazas de apartamentos turísticos- sin alterar la estructura fundamental ni la estética del entorno protegido.

En la propuesta se destaca la “conservación del patrimonio arquitectónico y arqueológico”, asegurando que las reformas respeten los “valores históricos del inmueble” y aseguran los promotores que se va a reactivar económicamente la zona. El proyecto alude a fomentar el flujo entre las plazas de El Salvador y Santa Eulalia, ayudando a “descongestionar” zonas más saturadas turísticamente hablando, como la calle Santo Tomé.

El edificio cuenta con un valor patrimonial de nivel 'E' (Aspecto de Interés Patrimonial), con elementos como su patio, galería, yeserías y artesonados. La intervención, “mínima”, aboga por el respeto absoluto a la morfología original manteniendo los volúmenes, fachadas, aleros y patios existentes.

También se indica que se conservarán los niveles de forjado actuales y que cualquier intervención estará sujeta al seguimiento arqueológico y requerirá la autorización de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

El informe concluye que la actividad no generará gastos adicionales para las arcas municipales, sino que incrementará los ingresos públicos mediante tasas e impuestos recurrentes. Y en cuanto a la movilidad y el entorno, el hotel mantendrá el acceso actual por la calle San Clemente y dispondrá de espacio interior para el aparcamiento de cinco vehículos.

PSOE se abstiene e Izquierda Unida vota en contra

La aprobación de este PERI contó con el respaldo de PP y Vox, pero no con la aprobación del PSOE -que se abstuvo en la votación alegando que la ciudad no cuente todavía con un nuevo Plan Especial del Casco Histórico (PECHT) para tramitar este tipo de documentos- ni de IU, que considera que no son necesarios más proyectos hoteleros en Toledo.

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, señaló que el PERI recibió solo una alegación durante el proceso de información pública al que se sometió y que fue desestimada.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, recalcó “la necesidad” de actualizar las reglas urbanísticas que contempla el PECHT puesto que estos proyectos parciales “condicionan muchos terrenos del Casco”. Según replicó el edil de Urbanismo, está desarrollándose a la par que el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal de IU-Podemos, Txema Fernández, señaló que este inmueble recibió una ayuda pública del Consorcio en 2014 para llevar a cabo tareas de restauración para llevar a cabo incluso visitas arqueológicas al mismo. “Este proyecto no genera dudas... tiene menos aparcamientos en una zona con estacionamientos verdes -con prioridad para residentes-”, apuntó.

2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar. Una de las propietarias explica que se siente “indefensa” ante la Ley Turística en la que se ampara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para sancionarles, ya que compró esta propiedad con unas expectativas de disfrute o de que puedan usarlo sus hijos en un futuro incluso para residir, como han hecho otros conocidos suyos. “Te ves en una situación de indefensión porque has hecho un esfuerzo para comprar esta propiedad con unas expectativas de disfrute más que de otra cosa y es una inversión para el futuro de tus hijos”, explica. 

El expediente de sanción le llegó a estos propietarios recientemente, bastantes meses después del decreto de marzo con el que el Gobierno canario anunciaba la suspensión de las sanciones a los propietarios en zonas turísticas que no lo dedicaban a este fin y residieran en sus apartamentos o no lo cedieran a un explotador turístico. Los propietarios esperan que se haga justicia y finalmente no tengan que pagar y van a batallar por ello. 

Los propietarios prefieren salvaguardar su nombre, el nombre del complejo y el municipio donde se encuentra. No obstante, este periódico ha tenido acceso al expediente y en la propuesta de sanción se recoge que, en respuesta al requerimiento del Servicio de Inspección, los titulares manifestaron que hacen “uso de su casa como segunda vivienda”. Y se considera que se ha incumplido “el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida en el momento de su edificación”, que era el de dedicarlo a la actividad turística en modalidad extrahotelera en lugar de dedicarlo “al uso residencial”. En el informe de Inspección se sostiene que “ni los propietarios ni el Ayuntamiento han acreditado que se haya consolidado el uso residencial que se está realizando ni que el mismo esté permitido por el planeamiento ni por la licencia”. 

Para la determinación de la sanción se ha tenido en cuenta que la infracción originaria es “muy grave” conforme al tipo infractor del artículo 75.14 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias: “Se consideran infracciones muy graves a la disciplina turística el incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales”, siendo no obstante, considerada como “grave” por aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.18 del mismo texto legal, que señala que “constituyen infracciones graves a la normativa turística las infracciones tipificadas como muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no deban considerarse como tales”. 

Por todo ello, se propone como sanción 2.250 euros para estos propietarios. La afectada explica a este periódico que no va a pagar la multa y que va a recurrir hasta última instancia. 

“Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa”

“Cuando compramos ponía un contrato de explotación turística pero era de mutuo acuerdo renovarlo o no y en las escrituras no pone que estés limitado a ese uso de por vida”, apunta. “No dice que la vivienda tenga uso exclusivo turístico”, insiste. 

La propietaria multada subraya que en su complejo hay personas que han alquilado a médicos y otros profesionales que han venido a La Gomera a trabajar por temporadas y que los han alquilado y que hay otras casuísticas. Recuerda que hasta la Ley Turística de 2013 no se ponía esta limitación de que no se puede residir en las zonas consideradas turísticas. 

“Los propietarios estamos desamparados de alguna manera porque además, cuando compramos, no compramos una plaza alojativa. Hay otros complejos en los que no hay división horizontal y compras un porcentaje dentro del edificio, pero nosotros compramos en estos casos una vivienda determinada”, asegura. “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa, tengo una escritura y tengo una vivienda”, insiste. 

Un goteo constante de multas 

Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han explicado a este periódico que el decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo, lo que dice es que se suspenden las sanciones por un plazo de tres años y a petición del interesado. Además, remarca que se realizará en los municipios que hubieran iniciado los procedimientos de especialización de usos del suelo. No obstante, no disponen de un listado de cuántos son ni de cuáles son los municipios que han iniciado esa especialización y matizan que los expedientes individuales no se pueden comentar por protección de datos. 

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, recuerda que cuando se anunció ese decreto ella aseguró que “insultaba a la inteligencia y que era un decreto mentiroso”. “El artículo 3 de este decreto, quien lo lee lo sabe, no suspende las multas”, añade. “¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 3? Que nosotros tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso. Y que si lo solicitamos en tres años se paralizan las multas, pero no significa que el uso te lo concedan, sino que hay un stand-by. Eso es lo que dice el decreto”, resume. 

“¿Cómo vamos a ir nosotros a solicitar algo que ya tenemos? Si nosotros tenemos un uso residencial consolidado y legal, ¿para qué tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso? Si voy al ayuntamiento y solicito un cambio de uso, es una trampa. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que yo soy turístico y que estoy declarándome turístico y que quiero que me lo cambies a residencial. Luego, si yo me declaro que tengo un uso turístico eso es haber afirmado que mi uso era un uso que no era legal y mi uso residencial”, insiste. 

“Como el cambio de uso es por parcela, no es por apartamento o bungaló, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo los propietarios de una parcela si tenemos intereses enfrentados? ¿Y por qué metes a los propietarios de una parcela cuya convivencia ha existido durante más de 50 años de forma pacífica, pudiendo convivir sin haber tenido ningún tipo de problema de convivencia? ¿Por qué los metes en esa situación? ¿Para qué? ¿Para favorecer qué?”, se cuestiona. 

“Lo que nosotros decimos es lo que está detrás de todo esto, que es el favorecer el modelo turístico extrahotelero, el de siempre, ese que es caduco, trasnochado y obsoleto”, incide Doreste, que apunta que cada día en el BOE llegan nuevas resoluciones con sanciones a propietarios por residir o no dedicar sus viviendas en zonas turísticas a esa actividad. Multas que rondan los 2.250 euros como la de estos propietarios de La Gomera y que les colocan en la incertidumbre. 

El Consello de Contas, el ente fiscalizador del sector público en Galicia, ha criticado la “ineficiencia” y la “falta de planificación” de la red pública de albergues para peregrinos de la Xunta, que considera excesivamente dependiente de las subvenciones públicas. Cada pernocta supone, como media, 27 euros de fondos públicos que, en algunos casos extremos, llegan a superar los 900. Todo, en un escenario en el que la ocupación de estos alojamientos cae pese al crecimiento del número de caminantes. Contas asegura que no existe “ningún estudio que justifique ni el precio fijado” por la Xunta ni la “oportunidad y/o racionalidad de que este servicio esté subvencionado”. El gobierno autonómico argumenta que nunca buscó obtener un beneficio económico directo de la gestión de la red, sino “fortalecer la imagen hospitalaria del pueblo gallego”.

El Consello de Contas ha realizado una auditoría a la Sociedad Anónima del Plan Xacobeo, un organismo que tiene como principal actividad la gestión de la red pública de albergues, formada por 75 alojamientos con 3.500 plazas. Como primera conclusión, asegura que los diez euros por noche que pagan los peregrinos no llegan a cubrir ni siquiera un tercio del coste del servicio.

En su informe, el órgano fiscalizador propone que, para conseguir la autofinanciación de la red, el precio por pernocta se fije en los 36 euros, una subida del 260%. “Puede observarse cómo el coste por estancia en los albergues gestionados por contrato es elevado (21 €) y se incrementaría a 37 euros, si tenemos en cuenta todos los costes totales de la entidad”.

Para Contas, este dato “”evidencia la ineficiencia del servicio, ya que ese importe está por encima del valor razonable de un servicio de las características y calidad de una pernoctación en un albergue público“. Con las tarifas vigentes, el sostenimiento del sistema sin fondos púbilcos necesitaría triplicar el nivel de ocupación hasta el 76% —sólo los costes de funcionamiento necesitarían un 42%—. Hoy, los albergues públicos gestionados por contrato se quedan en un 20% mientras los que lo hacen por convenio —con ayuntamientos o asociaciones— maquillan esa cifra hasta el 25%.

“En definitiva, incluso en una situación de normalidad, el servicio de hospedaje en los albergues públicos de la Xunta de Galicia está fuertemente subvencionado (más de dos tercios de los recursos totales), de manera que una parte relevante del coste de alojamiento de los peregrinos es sufragada por el contribuyente gallego y no por los usuarios del servicio”, dice textualmente la auditoría, que añade: “No existe ningún estudio que justifique ni el precio fijado por la Xunta de Galicia para su cobro en los albergues públicos, ni la oportunidad y/o racionalidad de que este servicio esté subvencionado, ni de la proporción o intensidad de esta ayuda”.

Casi mil euros por noche en la Vía de la Plata

Los 27 euros de promedio por pernocta que los contribuyentes sufragan a cada peregrino se disparan hasta “situaciones extremas” como las de los albergues de la Vía de la Plata. Según Contas, la decisión de mantener el servicio los 365 días del año en alojamientos como el de Sandiás (Ourense) hacen que el coste llegue a suponer, para la Xunta, un desembolso de 942 euros por noche.

El fiscalizador encuentra también “incongruencias” en el modelo de gestión de los alojamientos a través de convenios con ayuntamientos y asociaciones. Según advierte, existen 13 casos en los que la Xunta cede una parte de la recaudación por las pernoctaciones, pero sólo uno en el que transfiere esa recaudación completas. Se trata del albergue de Pontevedra, el único que tiene un “régimen especial” que Contas considera “llamativo”, porque incluso va más allá: “Si la recaudación transferida no cubriera los gastos que tiene que afrontar la entidad gestora, Asociación Europea de Caminos de Santiago, se le permitirá a esta que facture a la Sociedad Anónima del Xacobeo la parte del gasto no cubierto”.

Para el Consello, este tratamiento “difiere” del que se da al resto de entidades gestoras, 12 ayuntamientos y otra asociación. Como consecuencia, “consolida una situación de déficit estructural, pues Sociedad Anónima del Xacobeo asume gastos y renuncia a la parte de la recaudación necesaria para financiarlos, al transferirle la recaudación íntegra a la entidad y garantizarle la cobertura de déficits de financiación que aparezcan en su funcionamiento”.

La “imagen hospitalaria” que vale más que el beneficio

El documento recoge también las alegaciones presentadas por la Xunta a sus conclusiones. La Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo comienza argumentando contra las acusaciones de ineficiencia asegurando que el objetivo de la red de albergues, desde su creación en 1992, nunca fue obtener un “beneficio económico directo por la prestación de este servicio”, sino que se apuesta por una “dimensión cultural e identitaria, fortalecedora de la imagen hospitalaria del pueblo gallego en relación con la peregrinación a Santiago de Compostela”.

La apertura de los alojamientos durante todo el año, incluidos los meses de invierno, cuando el tráfico de peregrinos disminuye notablemente, permite, según el gobierno gallego que los peregrinos cuenten con una red de garantía en esos meses —“entre noviembre y febrero”— en los que la oferta privada se reduce. Por último, considera que la red de albergues debe entenderse como un elemento distintivo que no puede asimilarse a otros establecimientos hoteleros a lo largo de los Caminos de Santiago y defiende un “modelo de gestión” que está siendo imitado en Argentin, Jordania o Corea y lo será en breve en Panamá. “Nuestra experiencia en la creación de una Red Pública de Albergues orientada como un servicio público y no como un negocio es de las experiencias más demandadas y replicadas por nuestros socios”.

Barcelona ha presentado una nueva estrategia para descongestionar los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), el servicio pensado para personas o familias vulnerables que han sufrido un desahucio y que no disponen de red ni de alternativa habitacional.

Se trata de habitaciones en pensiones u hostales que acogen a unas 2.770 personas y que, aunque están pensados para ser una ayuda que no dure más de seis meses, actualmente el 63% de los usuarios supera este máximo. Para evitarlo, el Ayuntamiento ha decidido cambiar el enfoque y priorizar las prestaciones económicas para que las familias afectadas “recuperen su autonomía” y puedan encontrar un lugar propio en el que vivir.

A este efecto, el consistorio ha creado una nueva ayuda que arrancará este julio como prueba piloto con 400 casos. Equivale a un ingreso mensual durante un año de 800€ para personas solas o parejas y de 1.500 para familias con uno o más hijos. “Queremos ofrecer oportunidades para que desarrollen un itinerario propio”, ha expresado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes.

Los beneficiarios serán las personas que lleven más de seis meses en un ATU, que sean solicitantes de una Vivienda de Protección Oficial y acepten un acompañamiento por parte de los Servicios Sociales. Esta última parte es clave para el Ayuntamiento porque, aseguran, para que esta “empancipación” funcione, se deben tener en cuenta las especificidades de cada perfil. “Hay gente que sí puede mantener una vivienda propia, pero necesitan un pequeño empujón para encontrar un buen lugar y saber gestionar los ingresos”, añade Fuertes.

De hecho, el acompañamiento es tan central que no acabará cuando se agote la prestación, de tal manera que la familia seguirá contando con ayuda de Servicios Sociales para poder organizarse y seguir pagando el alquiler una vez deje de recibir el insumo. Además, se contempla que tanto la prestación como la asistencia profesional sigan aunque la persona beneficiaria encuentre una vivienda fuera de la ciudad de Barcelona.

Ahora bien, el Ayuntamiento reconoce que no todas las personas que viven en alojamientos de urgencia son capaces de gestionar una ayuda económica que les permita ser autónomos. Para esos casos, se priorizará la derivación a los Centros de Estancias Breves. Se trata de equipamientos con equipos socioeducativos especializados y acompañamiento continuado.

“Están pensados para personas solas o parejas sin hijos que tienen riesgo de caer en situaciones de soledad no deseada o dificultades sociales. Para ellas, estar temporalmente en un centro, con espacios comunes y profesionales, pueda ayudarles a ganar autonomía”, aseguran desde el consistorio.

Servicio “colapsado” y listas de espera

Estas medidas se suman al presupuesto de 38 millones con el que está dotado el servicio de urgencia habitacional del Ayuntamiento de Barcelona, que desde hace dos años ha aumentado en un 50% el monto dedicado a ayudas y prestaciones. Con este cambio se busca descongestionar la vía de los ATU, un servicio “básico” pero “colapsado”, según reconocen fuentes municipales.

Los alojamientos de urgencia actualmente acogen a 2.770 personas y cada mes tienen una lista de espera de unas 48 nombres. A ellas habría que sumar otros colectivos que viven en situación de calle o infravivienda, así como personas que han sido desahuciadas pero, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad, no cumplen los requisitos de los ATU. En total, el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo) de Barcelona calcula que son 2.860 personas. Es decir, más de las que actualmente acceden a este servicio.

A medidados de junio, este organismo publicó un informe en el que apuntaba a la necesidad revistar este servicio de urgencia y de crear más plazas. Para ello, proponía usar parte de los pisos turísticos que en 2028 se quedarán sin licencia, así como invertir la tasa turística para aumentar su financiación y mejorar sus instalaciones.

En esta línea, aseguraba que su estado es “deficiente, con costes elevados y baja calidad”. Esta es una de las mayores quejas de los usuarios de ATU, que remiten a que los alojamientos son, en realidad, habitaciones de pensiones u hostales que, en la mayoría de casos, no tienen cocina e, incluso, a veces ni baño privado.

Esto, según el Síndic, es “especialmente grave” si se atiende a la composición de los usuarios de ATU: en el 64% de ellos hay presencia de menores, en el 33% hay casos de discapacidad o dependencia moderada y en el 16% problemas de salud mental.

Además, el Síndic también critica su gestión que, ahora mismo, depende de operadores turísticos que tienen la propiedad de las pensiones u hostales. Y estos, a su vez, se deben coordinar con el Ayuntamiento o las entidades del tercer sector que hacen el seguimiento de los usuarios. Con todo, el Defenso del Pueblo asegura que la situación no cumple los requisitos mínimos indispensables.

Desde el Ayuntamiento coinciden en parte con ese diagnóstico y reconocen que el servicio tiene un “tensionamiento alto” y que, ante la falta de alternativas habitacionales efectivas, hay familias que están en alojamientos de urgencia desde hace más de 4 años. Aseguran que estos plazos “vulneran los principios de temporalidad, dignidad, promoción y autonomía que debería inspirar cuaquier servicio de alojamiento público”.

Pero, a la vez, alertan de que la “intensificación sin precedentes de la crisis de la vivienda”, que el año pasado acabó provocando 1.331 desahucios en Barcelona, el número de personas que necesitan este servicio “no se van a reducir” en el corto plazo.

Es por eso que, en lugar de apostar por abrir más plazas, el consistorio va a apostar por la “autonomía de los usuarios” otorgándoles prestaciones económicas. Una vía que, aseguran, “genera mejoras substanciales en el bienestar y en la reducción de la dependencia institucional” y, además, “son más económicas que una plaza de urgencia”.

La patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha hecho una radiografía completa, con cifras y valoraciones, del impacto que ha tenido el puente de mayo en el sector y su diagnóstico es bastante optimista en cuanto a la ocupación en los alojamientos, con una media de 76%, pero un balance desigual en restauración.

Uno de los temas que más les preocupa son aquellas reservas que se realizan en los restaurantes y que los turistas no completan. Son los “no shows”, esa costumbre tan poco educada de no presentarse en un sitio y no avisar, impidiendo así que esa reserva para comer o cenar pueda ser aprovechada por otros comensales.

Los datos han sido recogidos por el Observatorio Turístico de Otea y se refieren tanto a la ocupación como a la actividad turística. En esta estadística se han contemplado las distintas alas de la comunidad autónoma: oriente, occidente y centro.

Desglose por zonas

En este epígrafe, Gijón lideró los índices de ocupación durante el puente con un 92 por ciento, superando incluso las cifras de la pasada Semana Santa, mientras que Oviedo destacó con un 88 por ciento de ocupación.

La zona del Oriente registró un 70 por ciento de ocupación, en tanto que el Centro y Occidente alcanzaron un 63 por ciento de media cada una de ellas.

El turismo rural, por su parte, gozó de una alta demanda con un 82 por ciento de ocupación y el sector del Camping también ofreció cifras positivas en esta época del año.

El impacto de los eventos

En estas elevadas cifras de ocupación jugó un papel muy relevante la celebración de eventos y, entre todos ellos, hubo uno que fue decisivo a la hora de llenar la ciudad de Gijón de turistas y no fue otro que el “Vespa World Days”, que disparó las previsiones más optimistas y generó una importante actividad en restauración.

“Los datos de ocupación demuestran la crucial influencia de eventos como este o como el reciente campeonato Oviedo Cup, en la Semana Santa de Oviedo”, señala el portavoz de Otea.

A su juicio, estos datos ponen de manifiesto el impacto positivo de estas actividades que atraen a un público que se aloja y consume activamente en los negocios consolidados que generan la economía local como hoteles, restaurantes y comercios.

El perjuicio a los bares y restaurantes

“Esta realidad contrasta marcadamente con el modelo de ciertos grandes festivales que, al ofrecer una oferta completa de servicios de gastronomía, bebida e incluso a veces de alojamiento dentro de su propio recinto, terminan por 'secuestrar' al visitante, limitando o anulando su interacción económica con los negocios fuera del perímetro del evento”, comenta.

El resultado es una “menor o nula incidencia”, señala, en la ocupación hotelera y, especialmente, un perjuicio directo a los bares y restaurantes locales que ven mermada su actividad.

“Este contraste debe llevarnos a un análisis serio y estratégico sobre qué tipo de eventos se deben impulsar”, explica.

El retorno económico

La patronal de Hostelería considera que se deben priorizar aquellas iniciativas que garanticen un retorno económico real y distribuido entre el sector turístico y hostelero del territorio donde se realiza.

“Hay un tipo de eventos como pruebas deportivas, pequeños campeonatos o reuniones profesionales y sociales que tiene poco coste en su organización y, sin embargo, generan mucha actividad en todos los subsectores”, apunta el portavoz.

El sector del turismo rural en Asturias alcanzó una ocupación media del 82%, superando ampliamente las previsiones iniciales del 62%. La ocupación de parcelas en los campings se situó cercana al 60%, mientras que los bungalows registraron una ocupación superior al 75%

El turismo rural, clave para 'desconectar'

El sector del turismo rural en Asturias registró unas cifras muy satisfactorias durante el pasado puente de mayo, al alcanzar una ocupación media del 82 por ciento; una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales del 62 por ciento.

Los alojamientos rurales han mostrado una gran fortaleza y se han posicionado como una oferta muy atractiva para estancias cortas, ya que permiten que en un puente se logre “desconectar” y descansar sin planificaciones complejas.

Por su parte, el segmento de los campings en Asturias también ha obtenido resultados positivos, marcando un buen inicio de cara a la temporada. La ocupación de parcelas se situó cercana al 60 por ciento, mientras que los bungalows registraron una ocupación superior al 75 por ciento.

Las incidencias con reservas que no se presentan ("no shows") alcanzaron el 45% de los establecimientos afectados. La patronal de hostelería lamenta que no se avise previamente de la cancelación, lo que genera pérdidas y dificulta la gestión para los establecimientos

Menos cenas y más 'no shows'

En cuanto al sector de la restauración, el balance es desigual. Así, según los datos facilitados por Otea a elDiario.es Asturias, la media de ocupación en comidas se situó en un 86,32 por ciento, mientras que las cenas registraron una media del 55,79 por ciento.

El portavoz de la patronal ofrece la valoración de estos datos: “La ocupación en las comidas, si bien es positiva, se considera un dato más previsible debido a la confluencia de un día festivo con el Día de la Madre, fechas que tradicionalmente ya impulsan la ocupación al 100 por ciento en muchos establecimientos, independientemente de que coincidan con un puente”.

“En cuanto a la media de ocupación en las cenas se mantuvo en un discreto 55,79 por ciento. Este dato -relata- refuerza que la ocupación nocturna en los restaurantes sigue siendo un aspecto clave a mejorar para el sector”.

No obstante, sí han observado que durante este puente de mayo ha habido una tendencia “a la baja” en el gasto realizado por persona.

“Este factor impacta directamente en la rentabilidad de los negocios de restauración, a pesar de las buenas cifras de ocupación en determinados momentos. Las incidencias con reservas que no se presentan (”No Shows“) alcanzaron a un elevado 45 por ciento de los establecimientos afectados. Este sigue siendo un serio inconveniente que genera pérdidas y dificulta la gestión para los establecimientos”, advierte.

Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) calcula que el apagón eléctrico que ayer dejó sin luz a España y Portugal afectó a la práctica totalidad de los 15.000 establecimientos hosteleros y de alojamientos de la región durante las ocho horas que duró el colapso. La patronal considera que circunstancias como la vivida demuestran la necesidad de disponer de protocolos de emergencia para circunstancias excepcionales.

Un portavoz de Otea ha confirmado a elDiario.es Asturias que la desaparición súbitamente de 15 gigavatios de la energía que se estaba produciendo y que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo ha afectado a “todos los establecimientos” del Principado, si bien cada uno lo ha gestionado como ha podido.

Del desconcierto a la preocupación

Además del desconcierto, al estar en pleno funcionamiento la mayoría de los negocios en torno a las doce y media del mediodía de ayer, los responsables de los establecimientos tenían una sensación de “preocupación” ante la posibilidad de que “la interrupción del suministro eléctrico se prolongara, lo que podría haber causado importantes pérdidas de material y alimentos refrigerados, especialmente en vísperas del próximo puente festivo”.

Sin embargo, todos reaccionaron bastante bien dadas las circunstancias. Otea aún no tiene cerrado el balance sobre las posibles pérdidas que este apagón ha ocasionado al sector, ni en qué manera ha influido, pero a falta de comprobar con cifras y porcentajes las consecuencias que ha traído, resalta la “excelente y ejemplar” respuesta de los hosteleros.

“Una respuesta del sector marcada por su interés en dar servicio, más allá de la lógica de la venta. Numerosos establecimientos, incluso con dificultades operativas, se volcaron en dar de comer y beber a todos los visitantes y turistas que se vieron sorprendidos por el apagón. Este espíritu de ayuda y atención -asegura Otea- priorizó la atención a las personas por encima de la transacción económica”.

La inoperatividad de los datáfonos

Uno de los mayores problemas que tuvieron, tanto en los establecimientos hosteleros como de alojamiento, fue la inoperatividad de los datáfonos para realizar los cobros.

“La importancia del dinero en efectivo para la hostelería quedó patente ayer, permitiendo cubrir las necesidades básicas de muchos ciudadanos y visitantes ante la inoperatividad de los sistemas de pago electrónicos. Esta disponibilidad de efectivo en los negocios hosteleros fue crucial para mantener un mínimo de actividad y asistencia”, señala.

Hosteleros que fiaron a clientes habituales

Para Hostelería y Turismo de Asturias, hubo un sentimiento generalizado de solidaridad y servicio a la comunidad, donde los propietarios de los establecimientos buscaron fórmulas para poder seguir ofreciendo servicio, incluso, recurriendo a la confianza con clientes habituales, fiando el pago para otro día.

Incluso hubo muchos asturianos y turistas que ayer aprovecharon las altas temperaturas para tomar algo en las terrazas de los locales.

La situación en alojamientos

En el ámbito del alojamiento, la respuesta del sector fue similar. Decenas de habitaciones se movilizaron con rapidez para ofrecer cobijo a los numerosos viajeros que quedaron aislados debido a la interrupción de las conexiones ferroviarias, aéreas y por carretera.

“Los establecimientos hoteleros se convirtieron así en un recurso fundamental para dar soluciones inmediatas a quienes necesitaban un lugar seguro donde pasar la noche”, subraya Otea.

Una respuesta “excepcional”

La respuesta a este colapso que cogió desprevenida a la población fue “excepcional” durante la jornada de ayer, como consecuencia de “la profesionalidad y el espíritu de servicio” que, en su opinión, han demostrado los hosteleros asturianos.

“Una vez más, el sector ha demostrado su importancia no solo como motor económico, sino también como un elemento vertebrador de la vida social y un punto de apoyo fundamental para la comunidad en momentos difíciles”, ha explicado la patronal.

Los alojamientos de turismo rural del Principado de Asturias sumaron en enero 11.937 pernoctaciones, una cifra que representa un descenso de casi el 8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las estancias de los extranjeros se doblaron (+ 99,4 por ciento), hasta 2.690, mientras que las de los residentes en España cayeron un 20,3 por ciento, hasta 9.246.

El número de viajeros que en enero recurrieron a algún alojamiento rural en Asturias bajó un 20,1 por ciento en tasa interanual, hasta 5.022 y la estancia media en turismo rural en enero ha sido de 2,29 días.

La caída de las estancias

Este descenso se produce después de que la cifra de viajeros de turismo rural repuntara el pasado año en Asturias un 1,1 por ciento, hasta 302.367.

Sin embargo, la cifra de pernoctaciones se redujo un 3,6 por ciento, hasta 920.841 estancias, frente a las 954.916 registradas en 2023.

Ello se debe a que la estancia media en los alojamientos de turismo rural asturianos descendió de 3,19 noches en 2023 a 3,05 en 2024.

Subida nacional de cas el 5 %

En el conjunto del país, el número de viajeros que ha practicado el turismo rural en enero ha subido el 4,78 por ciento, mientras que las pernoctaciones han caído el 1,60 por ciento.

El número de pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural ha alcanzado las 389.030 en enero, un 1,6 por ciento menos debido a la caída de las noches realizadas por los extranjeros, con un descenso del 11,34 por ciento en este periodo del año, respecto al mismo mes del 2024.

Las plazas

Mientras, las pernoctaciones de residentes en España ha aumentado un 1,48 por ciento en enero, respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 304.820.

Durante este mes, un total de 171.212 viajeros optaron por alojarse en este tipo de establecimientos turísticos, lo que supone un 4,78 por ciento más que hace un año.

Los alojamientos de turismo rural han ofrecido, de media, 131.359 plazas, lo que supone un 5,54 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, y su grado de ocupación media ha sido un 4,08 por ciento superior al del mismo periodo de tiempo comparado.