El Consejo General de Muface ha acordado con los sindicatos la creación de un grupo de trabajo propio para retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para que los mutualistas puedan recurrir sin coste al teléfono 112. Una antigua reivindicación con la que las organizaciones sindicales quieren que se “clarifiquen situaciones de indefensión” en la que quedan los empleados públicos vinculados a seguros privados que recurren a este servicio de atención a emergencias público, según ha avanzado CSIF.

Los funcionarios de Muface pueden optar cada año por uno de los seguros privados concertados, actualmente Adeslas y Asisa, o recibir asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social, en la sanidad pública. Según se puede consultar en la página web de la mutualidad, “si una persona mutualista elige recibir la asistencia sanitaria a través de las entidades concertadas debe utilizar los recursos que, a tal efecto, ponen dichas entidades a su disposición, incluidos los teléfonos de emergencia”. Estos son “gratuitos y disponibles las 24 horas” y están “claramente recogidos en las tarjetas sanitarias que asignan las entidades”.

De esta forma, los funcionarios que optan por un seguro privado no pueden recurrir de forma gratuita al teléfono 112, que “implica la asunción de su coste por la persona mutualista”. Hay excepciones, como urgencias de carácter vital, con riesgo inminente para la vida o un daño irreparable; cuando la persona se encuentra en la calle y es una persona desconocida la que activa la emergencia; cuando se produce un accidente en acto de servicio; o si la persona reside en un centro de mayores o de crónicos.

Sin embargo, según indican desde CSIF, “por regla, si un mutualista llama al 112, después le pasan la factura” e, incluso en esos casos excepcionales, “siempre hay problemas burocráticos” y deben “demostrar que realmente había una urgencia vital”. Esto lleva, explican estas fuentes, a que “de entrada te lo cobran para que después te arregles con Muface”. “Es problemático y se crean situaciones de indefensión, que pesamos que se deberían solventar con un acuerdo con las comunidades autónomas”.

Desde Comisiones Obreras han indicado que la creación de este grupo de trabajo ha sido una reivindicación de las tres organizaciones presentes en el Consejo General de la mutualidad —UGT, CCOO y CSIF— y que servirá también para “ahondar en los problemas de salud y la canalización de las quejas” de los mutualistas que optan por la sanidad privada frente a la pública. Además, fuentes presentes en la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, y la directora general de Muface, Myriam Pallarés, han percibido un “compromiso firme” por su parte.

El acuerdo plurianual firmado por el ministro Óscar López con UGT, CSIF y CCOO para la subida de sueldo de los funcionarios incluía otras líneas maestras de actuación hasta 2028, al margen de los incrementos retributivos, entre las que se encontraba “la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias”.

Además, en la reunión de este martes, Muface se ha comprometido a abordar la revisión del copago farmacéutico y ha presentado sus planes operativos y estratégicos, que desde CSIF han valorado como “muy ambiciosos” y que “atienden a las demandas realizadas” por esta organización, en línea con el “seguimiento de la calidad y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica”.

En concreto, la mutualidad ha presentado un plan “ambicioso” de 50 proyectos, con los que pretenden “poner el foco en la persona mutualista”, para que disfrute de “la mejor atención, una cartera de servicios mejorada y con plena garantía de sus derechos”, según ha informado Muface en un comunicado, en el que ha hecho hincapié en la voluntad de “transformar y dinamizar la organización” y “avanzar en la digitalización de los procesos, impulsar la innovación, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.

Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad autónoma con menor velocidad de privatización de su sanidad pública, según el informe Privatización sanitaria de las CCAA 2025, publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Dicho estudio otorga a la sanidad pública castellanomanchega 18 puntos, un valor con el que empata en ese segundo puesto con Navarra y Asturias, y se sitúa solo por detrás de Cantabria (14 puntos). Las que presentan mayor velocidad de privatización según el informe son Canarias y Madrid, ambas con 28 puntos, siendo el resultado promedio de todos los sistemas sanitarios autonómicos de 21,3 puntos, con una puntuación máxima posible de 34.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la sanidad pública castellanomanchega. A pesar de este buen resultado comparativo, la región sacó en la primera edición de este informe, publicada en 2014 (cuando la presidenta del Ejecutivo regional era la 'popular' María Dolores de Cospedal), una puntuación de 10, y su mejor resultado se produjo en 2018 (9 puntos). Por tanto, según los datos de FADSP, Castilla-La Mancha ha duplicado su velocidad de privatización de la sanidad pública en la última década.

¿Qué se entiende por “privatizar la sanidad”?

Para los autores del informe, privatizar los servicios sanitarios en España es “el desvío de fondos del sector público hacia el sector privado en detrimento del primero”. Y ponen algunos ejemplos, como la colaboración público-privada para aligerar listas de espera o prestar servicios sanitarios a través de las concesiones administrativas.

Para otorgar la puntuación a las diferentes comunidades, FADSP ha valorado hasta 10 indicadores diferentes con datos de 2024 en su mayoría o de 2023 en su defecto. Algunos de ellos son el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total o el número de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado por 1000 habitantes.

Desde FADSP critican que el aumento de provisión y del aseguramiento privado va unido a “mayor desigualdad social”, ya que aseguran que “la privatización produce un aumento de la mortalidad evitable porque va unida a una desfinanciación paralela de la sanidad pública”.

La publicación de los nuevos cuadros médicos de las aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios de Muface ha supuesto un nuevo punto de tensión en torno a la mutualidad. De los documentos presentados por Adeslas, donde los asegurados pueden consultar qué centros y hospitales están disponibles para ellos, se ha caído el grupo HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha elevado una queja ante la entidad, dependiente del Ministerio de Función Pública.

El recorte del prestador en las cinco provincias se produce en un momento en el que ambas partes afirman estar negociando, lo que algunas voces del sector enmarcan en una estrategia, propia de los tira y afloja que se producen anualmente entre aseguradoras y grupos hospitalarios y médicos. “Es lo normal, pero ni HM se puede permitir el lujo de no ver a gente [Adeslas] ni las aseguradoras pueden no tener a HM”, indican estas fuentes, ajenas a las compañías, pero que prefieren mantener el anonimato.

El Gobierno había dado por resuelta la crisis con Muface en marzo, cuando las aseguradoras lograron arrancar un incremento de un 41% acumulado en tres años. Son 4.800 millones de euros, a repartir entre Adeslas y Asisa, tras la salida de la hermana pequeña, por volumen, DKV de la mutualidad. Llegaba entonces la negociación al margen del Ejecutivo: la que tienen las aseguradoras con los grupos hospitalarios y médicos, que son a la postre quienes atienden a los funcionarios que optan por la sanidad privada frente a la pública cuando enferman. Adeslas juega la baza de contar con más mutualistas. Asisa, con la ventaja que da tener sus propios hospitales.

En marzo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, ya reclamaba a las aseguradoras “una remuneración justa a hospitales y clínicas”. Su presidente, Carlos Rus, aseguraba al inicio de las conversaciones que las compañías estaban “planteando un aumento de las tarifas de un 3%, mientras ellas han recibido una subida por encima del 40% de las primas. Lo lógico sería que se transmitiera a los centros una parte significativa de ese porcentaje”, aseguraba en declaraciones a El Economista.

Las negociaciones en este campo se dan por varios frentes: zona por zona, grupo por grupo, médico por médico. “Hace unas cuantas semanas cerramos acuerdos con todos los grandes grupos”, indican fuentes de Asisa, que afirman que la aseguradora mantiene unas características asistenciales “similares a las del año pasado”. Entre la cartera de esta compañía están Quirón, Vithas o IMED. También HM. Aunque se trata de un mercado muy complejo, donde las conversaciones suelen llevarse con discreción y hay cierta opacidad en los números, estas mismas fuentes indican que, en este caso, “el punto de partida fue el IPC sanitario —en torno al 2%— y la subida, en la mayor parte de los casos, es superior al 3%”.

Desde Aspe indican ahora que respetan y apoyan “cualquier toma de consideración empresarial” sobre Muface. “Nuestros hospitales y clínicas han dado, todos y siempre, una respuesta de coherencia, responsabilidad y compromiso con los mutualistas”, indican fuentes de la Alianza, que afirman que su “preocupación en todo momento ha sido y es la situación de los pacientes, la calidad del servicio y la demanda de una remuneración adecuada para garantizar una conveniente atención sanitaria”.

“Cuando empiezas a negociar, hay sitios donde hay lío. Ellos te quieren presionar, tú dices que no estás de acuerdo... Otra cosa son las clínicas pequeñas, que tienen menos capacidad y tienen que aceptar”, indica una fuente del sector, que aboga por la discreción. Fuentes de HM aseguran estar “abiertos a la negociación y deseosos de alcanzar un acuerdo” con Adeslas. “Las razones por las que nos sacan de sus listados tendrán que decirlas ellos”, indican desde la compañía, que garantiza “la continuidad asistencial de los mutualistas” con tratamientos o procesos en curso mientras esta situación se resuelve. Desde la aseguradora evitan realizar declaraciones en el marco de una negociación en curso.

Las aseguradoras renegocian con los grupos y los médicos las condiciones de sus acuerdos año a año. Así, los cuadros son vivos. Adeslas y Asisa deben cumplir con Muface el compromiso de contar con determinados dispositivos asistenciales mínimos, dependiendo de la provincia y la población, que incluyen el acceso a determinadas especialidades y un número y tipo de centro, pero pueden añadir más durante la duración del concierto, siempre sobre esos mínimos. Desde la entidad no hacen comentarios sobre la situación actual, por tratarse de un asunto entre la aseguradora y la red hospitalaria.

Para CSIF, la salida de HM del cuadro médico de Adeslas en la Comunidad de Madrid supone “la desaparición de los hospitales de referencia del grupo, lo que empobrece gravemente la oferta sanitaria, eliminando opciones para miles de mutualistas y, además, deja sin los especialistas que habían venido atendiendo las distintas patologías de salud de estos y sus beneficiarios”. Precisamente, el argumento de los pacientes que llevaban años con el mismo médico o con tratamientos en marcha fue una medida de presión para que el Ministerio de Función Pública elevase la prima a las aseguradoras hasta en tres ocasiones, que ahora se les puede volver en contra.

“Nuestra organización considera un engaño a los mutualistas este recorte de medios, conocido una vez que se ha producido la firma del nuevo acuerdo de asistencia sanitaria”, acusan desde CSIF, que indican que han dejado de estar concertados los hospitales de HM en Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, además del hospital de la Cruz Roja de Córdoba.

El nuevo convenio entró en vigor el 1 de mayo. Con él, se abrió el plazo de un mes que permite a los mutualistas mantenerse en su prestador sanitario, Adeslas, Asisa o la Seguridad Social, o saltar de uno de ellos a otro. Además, los mutualistas de DKV podrán realizar la permuta a una de las entidades privadas o pasar, por defecto, a la sanidad pública. El 1 de junio se abrirá un nuevo periodo ordinario de cambio, en línea con el compromiso del Ejecutivo de permitir la doble permuta en esta nueva licitación, los meses de enero y junio.

Muface vuelve a la casilla de salida. Tras la crisis abierta después del verano y una negociación a cara de perro, las aguas volvieron a su cauce este 1 de mayo. El día antes, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y Adeslas y Asisa firmaban el nuevo convenio por el que las aseguradoras privadas podrán prestar asistencia sanitaria a más de 700.000 mutualistas y sus familias con cargo a fondos públicos. Una agradecía el trabajo por llegar a un acuerdo, mientras las compañías destacaban la “dedicación y voluntad” del ministro Óscar López. El pulso terminó con 4.808 millones de euros en el puño de las empresas y una tregua de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2027 que dura el nuevo concierto.

Más allá de la foto y los mensajes amigables, los tira y afloja de los últimos meses han convertido la renovación del concierto en la negociación de este tipo más dura que se recuerda. Es la primera vez, por ejemplo, que las aseguradoras dejan desierta una licitación y fuerzan al Ejecutivo a elevar la oferta económica hasta en tres ocasiones, hasta rascar 1.276 millones de euros más que en el convenio anterior.

En este contexto, este modelo heredado del franquismo y de una época en la que las mutualidades suplían por gremios la falta de una prestación sanitaria pública y universal, ha salido debilitado y la incertidumbre ha reforzado los argumentos de los partidarios de su extinción y ha dado otros nuevos a quienes tienen actitudes más tibias, pero admiten que requiere cambios. “¿Creen que Muface es perfecto? Créanme, no lo es. ¿Requiere reformas? Créanme, las requiere”, llegó a verbalizar el ministro del ramo Óscar López.

El propio Ministerio de Función Pública deslizó en medio de la negociación la idea de que era necesaria “una reflexión sobre el modelo”, planteando incluso que los funcionarios elijan entre sanidad pública o privada “para siempre”, pero tres meses después, la mutualidad anunció que incorporaba a la nueva licitación la posibilidad de cambiar no una, sino dos veces al año.

Cada mes de enero, los mutualistas pueden elegir entre una de las opciones privadas o la seguridad social. Según los datos de Función Pública, actualmente hay 734.000 titulares y 280.000 beneficiarios acogidos a un seguro privado. A principio de año se activó este periodo pero, en medio de una prórroga forzosa, solo se permitía el cambio de la privada a la pública. “Más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo, casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado”, indican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muy combativa por el mantenimiento del concierto, pese a que han denunciado cientos de quejas de mutualistas a los que, aseguran, las compañías cancelaron citas o pruebas médicas a las que tenían derecho.

Desde este 1 de mayo, Función Pública ha habilitado un periodo de permuta, entre la Seguridad Social y las compañías Adeslas y Asisa. Además, los asegurados de DKV, que ha dejado el concierto tendrán que elegir a qué compañía pasan o si prefieren la pública.

En este largo camino, desde el Ejecutivo habían hecho alusión incluso a un informe que preparaba la Autoridad fiscal. En el Consejo Extraordinario de Muface en diciembre, con el concierto en el aire, la propia Mapelli señaló que en la reflexión de futuro, sería “providencial el informe sobre gasto que está elaborando la AIRef”. El trabajo se dio a conocer a finales de marzo, ya con el concierto enfilado y sin posibilidad de incorporar sus propuestas, como que la mutualidad sea voluntaria. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas, al eliminar aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”, señalaba el informe.

No solo eso. La Autoridad fiscal proponía también “la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema pública, ante la “ineficiencia” de un sistema dual la “preferencia revelada en los últimos años para la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”. De hecho, según las cifras de Función Pública, dos de cada tres nuevos funcionarios eligen la sanidad pública.

El informe señalaba además un dato relevante que desmonta un argumento clásico de las aseguradoras, que hacen hincapié en que el importe de las primas que reciben por los mutualistas es menor que el gasto medio por paciente de la sanidad pública: ante una enfermedad grave —y más cara— los funcionarios eligen cambiarse a la sanidad pública frente a la privada.

“Mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad”, afirmaba la ministra de Sanidad, Mónica García, en una columna publicada en elDiario.es. García, crítica con la propuesta de Función Pública, en manos del PSOE, para salvar Muface, apostaba ya entonces porque esta sea “la última licitación”. De hecho, su departamento publicó un informe en el que acusaba a las aseguradoras de seleccionar pacientes y consideraba “una opción tanto viable como razonable” extinguir la mutualidad.

A tres años vista de la próxima renovación, está por ver si esa reestructuración se lleva a cabo o si, en 2027, cientos de miles de funcionarios estarán atrapados en lo que los sindicatos CCOO y UGT llegaron a catalogar como un “chantaje” de las aseguradoras.

Un total de 85.250 cántabros tienen contratado un seguro médico con la sanidad privada. La contratación de seguros sanitarios privados en Cantabria, no obstante, se encuentra en el 14,4%, aún por debajo de la media nacional, situada en el 26%. Así lo reflejan los datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025 de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una entidad constituida en mayo de 2010 y que aglutina al sector sanitario privado.

La contratación privada en Cantabria ha registrado un incremento anual del 19,4% en el número de asegurados y del 23,9% en el volumen de primas en el período 2018-2024. En 2024, el número de asegurados en España superaba los 12,6 millones de personas (incluyendo los mutualistas), lo que supone un incremento del 1,6% respecto al año anterior.

El gasto sanitario en la red privada en Cantabria representa el 26,2% del gasto total en la comunidad. Por habitante, si cada cántabro disponía en 2024 de un gasto sanitario medio de 2.931 euros, 761 euros de esa cantidad los atribuye la patronal sanitaria a su red. Dicho gasto es superior a la media de gasto privado per cápita en España: 737 euros.

Tres hospitales

La sanidad privada en Cantabria cuenta con tres hospitales (el 43% del total) y 297 camas (18% del total) disponibles. Sin embargo, tiene el índice más bajo de España en cuanto a equipamiento de alta tecnología, un 9% de ratio con respecto a los equipamientos de que dispone la sanidad pública.

De los siete hospitales que hay en Cantabria, Santa Clotilde, Mompía y Padre Menni son los tres privados. Todos ellos realizan el 28% de las intervenciones quirúrgicas en la comunidad autónoma, según la Fundación IDIS.

El nuevo convenio de Muface entrará en vigor el próximo 1 de mayo. Tras meses de tensión entre el Gobierno y las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria al funcionariado, la mutualidad ha anunciado este lunes que “se prevé” que el nuevo concierto, adjudicado a SegurCaixa Adeslas y a Asisa, “se firmará en los últimos días del mes de abril y entrará en vigor el jueves 1 de mayo”. Es el último capítulo de un tira y afloja entre el Ministerio de Función Pública y las compañías privadas, que había visto el camino allanado tras una subida de la prima del 41% en tres años y un pastel de 4.500 millones de euros.

Con la nueva licitación, Función Pública pone fin a una prórroga forzosa del convenio anterior y abre la puerta a la posibilidad de cambio entre aseguradoras y la sanidad pública al millón y medio de mutualistas, entre funcionarios y beneficiarios. Para ello, la mutualidad ha señalado que pondrá en marcha una campaña informativa para informar sobre los detalles de la tramitación durante este “periodo especial de cambio ordinario de entidad”, aunque ya ha dado algunas claves a tener en cuenta.

Cómo cambiar de seguro en Muface

Este “periodo especial” comenzará el mismo 1 de mayo y se prolongará durante todo el mes. Entre las opciones los mutualistas —funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y quienes estén en prácticas— podrán optar por la sanidad pública o concertada, de la mano de las aseguradoras privadas que han acudido al concierto. Quienes opten por continuar recibiendo asistencia sanitaria como hasta la fecha, no deberán realizar ninguna gestión.

El personal funcionario que desee cambiar de prestador podrá hacerlo durante el mes de mayo presentando una solicitud a través de la sede electrónica de Muface o en las oficinas de la mutualidad, por correo postal u otros registros. “Si bien se recomienda la vía electrónica, como vía para realizar los trámites sin esperas”, señala la entidad en su página web. Esta migración tendrá carácter inmediato, lo que “debe tenerse especialmente en cuenta si se está siguiendo algún tratamiento médico u hospitalario, ya que realizar el cambio supondrá la interrupción” del mismo.

Qué ocurre con los funcionarios de DKV

Por el camino entre el concierto anterior, que finalizaba el 31 de enero de este año, y el nuevo, se ha quedado DKV, que renunció a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios al considerar que el modelo está “infrafinanciado” y estimar pérdidas millonarias. Esta compañía es la que tiene la menor cuota de mutualistas, pero atiende por este sistema a casi 200.000 personas, que deberán realizar ahora un “cambio forzoso”.

Las opciones para estos mutualistas son pasar a una de las aseguradoras que han acudido al concierto, Adeslas y Asisa, o a la sanidad pública, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En el caso de que opten por continuar en la privada deberán realizar la solicitud entre el 1 y el 31 de mayo. Si prefieren la pública, no tendrán que hacer nada y, pasado el plazo, “serán adscritos al INSS de oficio”, indican en Muface. En cualquier caso, el cambio no se hará efectivo hasta el 1 de junio.

Un nuevo periodo de cambio en junio

El periodo especial de cambio ordinario de entidad se solapará con una nueva ventana en junio, que contempla el nuevo concierto. Función Pública recuperó en esta licitación el modelo de doble permuta, en enero y junio, que había suprimido en 2022. Esta posibilidad de cambio se mantiene aunque, tanto en mayo como en junio, solo será posible solicitar el cambio una sola vez en cada mes.

La AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) ha publicado este lunes el estudio sobre “el mutualismo administrativo en España” en el que evalúa la eficacia y eficiencia del sistema en España y constata que constituye “una excepción singular entre los países de nuestro entorno”.

El informe de la Autoridad fiscal se esperaba para finales de 2024, pero se ha retrasado hasta ahora, después de que el Gobierno renovara recientemente el concierto de este sistema de asistencia sanitaria para 2025, 2026 y 2027, según se explica en esta información. El documento de la AIReF propone que los nuevos funcionarios vayan a la sanidad pública y que Muface sea voluntario.

Esta institución ha confirmado que en diciembre proporcionó “un informe preliminar” al Ministerio de Función Pública, con la finalidad del “ser útiles al Gobierno”. En todo caso, según ha incidido la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el objetivo nunca ha sido estimar una prima para las aseguradoras.

“Se propone transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, iniciativa que podría implementarse previa elaboración de un proceso consultivo integral a todos los mutualistas durante el próximo concierto”, señala el informe definitivo conocido este lunes. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”, continúa.

Como segunda reforma estructural, la Autoridad fiscal apoya “la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema público, fundamentada en la “ineficiencia que supone para los modelos de aseguramiento de salud de riesgo compartido la segregación de un subconjunto de la población, las dificultades que genera para la gestión integral de la salud pública y la preferencia revelada en los últimos años por la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”.

El análisis de la AIReF contempla la situación de las listas de espera, hace un conjunto de simulaciones y los recursos humanos sanitarios. Según este estudio, aconseja “no incorporar inmediatamente” al conjunto de los mutualistas al sistema público, y “condicionar esta paulatina integración al refuerzo paralelo de las capacidades del sistema público y en especial a una mejora en la situación de las listas de espera”.

Para casos graves, el sistema público

La AIReF recoge que, en términos de eficacia, aunque en el promedio del periodo analizado el 24% del total de mutualistas optaron por la provisión pública, “este porcentaje se eleva hasta el 70% entre aquellos que tuvieron episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema [oncología, por ejemplo, y el cáncer en general]”, observa el documento.

Otro dato: más del 66% de las hospitalizaciones se severidad mayor o extrema son atendidas en centros públicos. Hasta el 90% si el mutualista es menor de 40 años.

El informe también constata una mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios entre los mutualistas que optaron por la modalidad privada, registrándose tasas de consulta que, en ocasiones, cuadriplican a las del sistema público (dermatología, ginecología, traumatología...). En pruebas diagnósticas como las resonancias magnéticas y las mamografías, las triplican.

En el ámbito de la eficiencia, la evaluación identifica importantes posibles ganancias de eficiencia en la modalidad privada, especialmente en el ámbito del gasto farmacéutico.

En términos de equidad, la AIReF constata que la adscripción obligatoria al mutualismo (Muface) limita el acceso a las características de la provisión pública universal que tienen el resto de los ciudadanos, especialmente entre los que optan por la modalidad privada.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros volvemos a estar horrorizados con los ataques de Israel a los palestinos de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, con el respaldo de Donald Trump, ha vuelto a poner en marcha el genocidio de los palestinos. Los últimos bombardeos israelíes han asesinado a más de 400 personas. El horror del genocidio continúa. Netanyahu trata de volver a ocultar sus problemas internos de corrupción con la sangre de los gazatíes.  

Pero entremos en el tema del dinero, que por algo este es un boletín de economía. Hay un debate muy interesante, pese a que algunas elites lo quieren evitar, sobre la democratización de la economía, especialmente en el mundo de la empresa. España está todavía muy lejos de Alemania, donde en muchas empresas hay una representación de los trabajadores en los consejos de administración, lo que aporta más transparencia, participación y un mejor funcionamiento de las compañías. 

Ya se ha creado una comisión de expertos que asesorará al Ministerio de Trabajo en una futura “Ley de democracia en las empresas”, que tendrá que tener preparado un informe para el próximo septiembre. No es el único sitio donde hay que mejorar la representatividad y la democracia en el mundo económico. 

Otro ámbito de decisión relevante son las relaciones entre los agentes sociales. Entre empresarios y sindicatos se negocian los convenios colectivos y, a veces, con la participación del Gobierno se diseñan leyes que luego se aprobarán en el Congreso. Sin embargo, aunque los sindicatos siguen un proceso claro de elecciones en las empresas, en el universo empresarial no es tan claro el entorno democrático. 

Es cierto que en el ámbito de las empresas hay elecciones tanto para la presidencia de la patronal CEOE como en el caso de las pequeñas compañías, aglutinadas en Cepyme. De hecho, hay una pugna de poder entre el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ante los comicios para elegir al presidente de las pymes.  

Sin embargo, en el caso de las asociaciones de autónomos, la representatividad está más en duda que nunca. Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo. Aquí tienes un reportaje sobre quién negocia leyes en nombre de los autónomos, cuando su representatividad lleva atascada más de diez años.

El problema se ha acentuado ante las dudas en el proceso electoral para la reelección de Lorenzo Amor en la presidencia de ATA, que publicó la periodista Laura Olías en elDiario.es. Es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas también en el ámbito de las asociaciones de los autónomos, que se sientan con el Gobierno a discutir leyes que afectan a millones de personas. Es necesario que la democracia también llegue a todos los ámbitos económicos.

El gráfico

Desde la pandemia la oferta turística en España no ha parado de cambiar. Plataformas como Airbnb han logrado establecerse con una propuesta sólida que solo una fuerte y restrictiva regulación puede cambiar. La percepción del turismo en determinadas ciudades ha cambiado. La turismofobia ya es una realidad ante una propuesta turística que llena el centro de las urbes de aglomeraciones de viajeros que no dejan vivir a los locales y el incremento del precio de la vivienda, ya que se dedican los inmuebles al alquiler turístico, reduciendo el residencial. La oferta de las plataformas ha hecho que las cadenas hoteleras rediseñen su propuesta hacia el lujo y abandonen formatos baratos. Aquí te contamos cómo la oferta hotelera se vuelve de lujo.  

El dato

12.165 millones de euros

Es el montante de las sentencias favorables que han ganado las grandes empresas energéticas españolas contra el Estado, es decir, que las pagamos todos los contribuyentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década. Los casos judiciales que ha perdido la Administración Pública contra las empresas de todos los sectores se han traducido en indemnizaciones por 21.530 millones. En el caso energético, el “canon hidráulico”, la financiación del bono social eléctrico o el impuesto especial a los hidrocarburos son algunos de los litigios que han ganado las energéticas poniendo sobre la mesa su capacidad para contratar a potentísimos bufetes de abogados capaces de doblarle el brazo al Estado. Aquí te contamos que el sector energético gana más de la mitad de las indemnizaciones por las sentencias en contra del Estado.  

Entrepreneur

Hay que tirar de refranero español para intentar comprender cómo actúan algunas fortunas en España: no es tarde cuando la dicha es buena. Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado por fin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. La compañía multinacional de seguridad privada nunca había comunicado su existencia. La CNMV pide esta información a las empresas cotizadas. Aquí te explicamos la mala memoria de la heredera de Prosegur o cómo olvidarse de informar a la CNMV que tienes una sociedad con 27 millones en Islas Caimán creada en 2012.  

Verde que te quiero verde

En nuestro apartado de la enésima patada al medio ambiente por parte de algunas empresas vuelve a tomar protagonismo el fallido almacén submarino de gas Castor. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que en su desmantelamiento se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas”. La infraestructura fue clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón tras las inyecciones de gas que se hicieron en 2013. Aunque es un proyecto fracasado de la constructora ACS, el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolver 1.350 millones a Santander, CaixaBank y Bankia por el Castor. Destinado a convertirse en chatarra, te contamos cómo el Gobierno venderá lo que pueda recuperarse del almacén Castor “para optimizar y reducir las pérdidas”.

Cada vez que habla sube el pan

El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble

Anuncio del fondo Hipoges

El mercado de la vivienda en España es lo más parecido al salvaje Oeste. Frente a los precios desbocados, las aplicaciones de anuncios de compraventa o alquiler de inmuebles se han llenado de ofertas, normalmente por debajo de los precios de mercado, de viviendas con advertencias de que están ocupadas. En la mayoría de los casos se trata de inquilinos que tienen un título válido, ya sea un alquiler social o están acogidos a la moratoria hipotecaria. Por ejemplo, una mujer se encontró con que su vivienda estaba en portal de compraventa a un precio de 40.000 euros cuando ella se hipotecó por más de 100.000 euros.  “No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas. Y yo tengo un contrato, estoy al día de pago y hay leyes que me avalan. Es terrible ver la imagen de tu hogar en venta”, señala. Aquí puedes leer un reportaje sobre cómo los fondos se deshacen de pisos con familias dentro.

No es el único ejemplo de abusos del que hemos informado esta semana alrededor de la vivienda. Tratar de negociar el precio a la hora de comprar un piso se ha convertido en misión imposible. Las tensiones de precios, las compras con fines especulativos y la bonanza económica reducen la capacidad de negociación de las familias. En esta información te explicamos la misión imposible de negociar el precio con la vivienda disparada.

Bien Público

Esta semana el diario ABC ha destapado un escándalo que vuelve a poner el ojo sobre los servicios que presta la sanidad privada. En la investigación del periódico conservador se señalaba, con decenas de informes aportados por oncólogos, que la empresa Atrys les presionaba para que no prescriban tratamientos caros contra el cáncer. Tremendo. La cuestión es que Atrys es una compañía tras la que están algunas de las mayores fortunas de España. Estamos hablando del empresario José Elías, conocido por ir al límite y repartir eslóganes para emprendedores; Carmen Ybarra Careaga, con un patrimonio estimado en 760 millones y participaciones en numerosas cotizadas a través de su holding Onchena; Los Domínguez de Gor, dueños de Mayoral; o Jon Riberas, con participaciones en empresas como el fabricante de componentes de automoción Gestamp, la acerera Gonvarri, CIE Automotive, GAM y alguna que otra inmobiliaria cotizada; entre otros inversores de Atrys. En esta información de Antonio M. Vélez te desvelamos quién está detrás de la empresa a los que los oncólogos acusan de recibir presiones para que no prescriban terapias caras contra el cáncer.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó lo que se daba. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Mientras tanto, si tienes propuestas o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

El Gobierno ha resuelto este miércoles un problema trascendental. No eran cuitas políticas, ni debates abstractos. Afectaba directamente a la asistencia sanitaria de algo más de un millón de personas, entre funcionarios y sus familiares. No es que fueran a quedarse sin sanidad, pero sí sin seguro privado con cargo a fondos públicos. Con los sindicatos en contra, amenazas de huelga, una prórroga y movilizaciones, el Ejecutivo quería evitar que Muface se desmoronase sin un plan b definido. Adeslas y Asisa han acudido a la llamada. Ha sido a la tercera y tras un pulso que ha elevado la factura hasta los 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027.

“Dije que se renovaría el concierto y se va a renovar el concierto”, celebraba el martes el ministro de Función Pública, Óscar López, tras la confirmación en los días previos por parte de Adeslas y Asisa de que acudirían a la licitación. La apertura de sobre del miércoles fue un mero trámite, que solo confirmó que la tercera aseguradora que venía prestando asistencia sanitaria hasta ahora, DKV, dejaría de atender a unos 200.000 beneficiarios, que podrán pasarse a alguna de las dos entidades que continúan o a la sanidad pública.

Lo cierto es que para llegar hasta aquí se han dicho muchas cosas. Las aseguradoras han mantenido un discurso similar durante largos meses de conversaciones, directas o indirectas: que el modelo está infrafinanciado, que les supone cuantiosas pérdidas y que el Estado les paga menos por sus asegurados que lo que destina a los pacientes de la pública. En septiembre, a la espera de la publicación del nuevo concierto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), el lobby de la sanidad privada del que forman parte las grandes aseguradoras, ya advertía que un hipotético incremento de la prima del 25% en dos años sería insuficiente.

Las aseguradoras fueron calentando la negociación y comenzaron a hablar del fin de Muface. Cuando llegó octubre y el Gobierno ofreció un aumento “histórico” del 17% en dos años, las compañías lanzaron su primer órdago y plantaron a la mutualidad. El concierto quedó desierto y el Ministerio comenzó los trabajos para una nueva licitación.

Entre esas tareas, el Ejecutivo abrió a finales de noviembre un periodo de consultas preliminares de mercado, para que las compañías justificasen por cuánto podrían prestar el servicio. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, dijeron entonces fuentes del Ministerio de López. Pero no lo hicieron. Al menos, no de forma satisfactoria. Porque el informe que emitió la mutualidad tras recibir las anotaciones de Asisa, Adeslas y DKV afirmaba que “la respuesta de los operadores no aporta la evidencia de costes que conforma el total de la prima”.

Pese a esa falta de evidencia, el Gobierno sacó la chequera y aprobó una segunda licitación con una subida del 33,5% en tres años. 4.478 millones de euros, que tampoco contentaron a las aseguradoras. Adeslas anunció a finales de año que no se presentaría con esas condiciones y el ministro López recordó: “Estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos. Dinero de todos”.

Eran principios de enero. Para entonces, Muface ya había alargado el plazo de presentación de ofertas y hacía semanas que el Ministerio de Sanidad había elaborado un informe en el que acusaba a las compañías privadas de seleccionar pacientes para derivar a la pública a los que necesitaban tratamientos más caros. Desde el departamento que dirige Mónica García indicaban que el “contexto actual” hacía que, “por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Desde el ala socialista del Gobierno no se han negado a replantear el modelo. “Requiere reformas”, reconoció López. Pero la intención de Función Pública siempre fue salvar la licitación y ganar margen para esos cambios estructurales que eviten volver al punto de salida en tres años. “La prioridad es licitar el concierto y dar seguridad y tranquilidad a los mutualistas”, ha repetido el ministro durante los últimos meses una y otra vez.

Las aseguradoras han mantenido durante todo este periodo el discurso de la infrafinanciación del modelo. Pero también que sus cuentas venían mermadas de los sobrecostes que supusieron la pandemia y la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania. El pliego de condiciones para los años 2025, 2026 y 2027 establece la posibilidad de modificar el concierto y restablecer su “equilibrio económico-financiero”. ¿Qué significa esto?, preguntó Asisa a la mutualidad, que planteaba si un incremento del 5% de los costes de ejecución de los servicios generaría esa obligación pública de reequilibrio. Con matices, desde el sector consideraron entonces que la respuesta de Muface era una alfombra roja a esas compensaciones.

A finales de enero, en medio de un proceso de conversaciones con las principales aseguradoras que prestan servicio, y ya con una prórroga forzosa en marcha del convenio hasta el año 2024, el Ministerio suspendió el plazo de presentación de esa segunda licitación y anunció que modificaría los pliegos para incluir “correcciones”. Esas correcciones suponían volver a tirar del dinero —“de todos”— para aumentar la oferta: 330 millones de euros más.

Un incremento que encontró respuesta en el seno del Gobierno. “Se han primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios”, afeó la ministra García en una columna publicada en elDiario.es, en la que lamentaba que “está bien claro que cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar”.

Ya con este anuncio de un incremento de las primas, que además serán por edades, del 41%, Adeslas y Asisa señalaron que veían viable la continuidad del sistema, como han confirmado en los últimos días y se ha constatado con la apertura de los sobres de la licitación este miércoles.

La apertura de los sobres con la documentación presentada a la licitación de Muface, este miércoles, no ha tenido sorpresas. Como se esperaba, las aseguradoras Adeslas y Asisas han sido las únicas que han acudido a la tercera oferta del Gobierno y continuarán prestando asistencia sanitaria privada a los funcionarios públicos durante tres años más, hasta 2027. De la ecuación sale DKV, que ha optado por no seguir en la mutualidad y que deja a repartir su parte del pastel: unos 200.000 beneficiarios.

El Ministerio de Función Pública llegaba a esta fecha límite con cierta tranquilidad, tras meses de incertidumbre en medio de un pulso con las aseguradoras, que han conseguido elevar el incremento de las primas de un 17% en dos años al 41% en tres. Con este aumento, que supone una partida total de 4.808,5 millones de euros, Adeslas y Asisa ya habían confirmado en los últimos días que acudirían a la licitación.

Estas dos compañías atendían en la actualidad a más de 870.000 mutualistas, entre funcionarios y familiares. Eran el grueso de trabajadores públicos que optaban por el seguro privado, en lugar de la sanidad pública. Por eso, el Ministerio había mantenido con ellas conversaciones para tratar de cumplir con sus exigencias y que se avinieran a continuar sosteniendo la mutualidad, un sistema que, indicaban, estaba “infrafinanciado”.

El incremento de 1.276,5 millones de euros sobre el concierto vigente han servido para equilibrar esas cuentas, así como una suerte de garantía de que el Estado asumirá los costes extras de situaciones sobrevenidas, como la crisis inflacionista o la sanitaria, que aumentó la frecuenciación.

Además, Adeslas y Asisa podrán asumir ahora a esos 200.000 mutualistas de DKV que quedan huérfanos de sanidad privada financiada con fondos públicos. Quienes no quieran comenzar a pagarla de su bolsillo o opten por la sanidad privada, “tendrán la opción de elegir otra de las entidades concertadas que resulten adjudicatarias del concierto durante el plazo que se abra para tal fin”, tranquilizan desde Muface.

Otra buena noticia para el Ministerio de Función Pública. Asisa ha confirmado este miércoles que continuará prestando asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface al considerar que, las nuevas condiciones, empiezan a “corregir los desequilibrios” de este modelo, que permite al personal funcionario disponer de un seguro privado con cargo a fondos públicos. En concreto, el Gobierno había autorizado un tercer incremento de las primas, hasta el 41,2% acumulado en tres años.

“Las nuevas condiciones, como la mejor financiación de los segmentos de mayor edad, permiten garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad de Muface y empiezan a corregir sus desequilibrios”, consideran desde a compañía, que actualmente presta servicio a unos 360.000 funcionarios y beneficiarios. En concreto, la segunda licitación para Muface incluye por primera vez primas por edad, que esta aseguradora había sugerido y que suponen pagar más por asegurar a los colectivos de más edad y menos por los jóvenes.

Esa segunda modificación, que contenía un incremento de la prima del 33,5% sufrió una alteración a principios de febrero, para incrementar el importe total en 330 millones de euros, hasta un total de 4.808 para los años 2025, 2026 y 2027 y elevar ese aumento de la prima hasta el 41,2%.

El ministro de Función Pública, Óscar López, se ha mostrado en los últimos meses convencido de que se cerraría la crisis abierta en torno a la mutualidad, después de que las aseguradoras privadas dieran plantón en la primera licitación, que quedó desierta por primera vez en la historia. Desde entonces, se han sucedido conversaciones en las que desde Asisa afirman que han jugado “un papel muy activo”.

Asisa es la segunda compañía que confirma que acudirá al concierto, tras el sí de Adeslas, que ve ahora unas “condiciones económicas justas y equilibradas”. Estas dos compañías atienden al grueso de funcionarios que optan por la sanidad privada ante la pública, lo que garantiza que el modelo podrá continuar otros tres años más en condiciones prácticamente similares para los mutualistas. No así para las arcas del Estado, que deberán desembolsar 4.808,5 millones de euros.

Desde que se publicó la segunda licitación, Asisa había sido la única de las tres aseguradoras que prestan servicio actualmente que no había rechazado de plano la posibilidad de acudir con las anteriores condiciones. “Para tomar la decisión, se han analizado con detalle los pliegos iniciales y la última modificación de las condiciones que ha presentado la mutualidad y se han valorado todos los factores que, a juicio de la aseguradora, son decisivos para poder mantener la calidad de la asistencia”, indican.

Las otras dos, Adeslas y DKV, si habían rechazado prestar asistencia sanitaria a los funcionarios con el aumento de la prima del 33,5%. Finalmente, y tras un diálogo con el Ministerio que ha terminado incrementando el presupuesto, esta primera ha reculado y si acudirá a la licitación.

La crisis de Muface se alarga ya desde octubre y ha soliviantado a miles de funcionarios, que han visto peligrar su asistencia sanitaria privada con cargo a fondos públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios había convocado, y después aplazado, una jornada de huelga y llevó al Defensor del Pueblo, al Congreso y a la Fiscalía quejas de mutualistas a los que, indicaban, las compañías privadas estaban dejando de atender, pese a que el concierto antiguo sigue en vigor. Desde Comisiones Obreras han llegado a catalogar de “chantaje” la actitud de las aseguradoras.

Mapfre evaluará las nuevas condiciones planteadas por el Gobierno para el concierto de Muface, la fórmula por la que los funcionarios optan a un seguro privado con cargo a fondos públicos. Su presidente, Antonio Huertas, ha señalado este miércoles que la compañía está estudiando los pliegos, tras el rechazo a las dos últimas propuestas del Ministerio de Función Pública. “No estoy diciendo en absoluto que vayamos a entrar, pero somos un operador importante en el seguro de salud y sería irresponsable por nuestra parte no tener en cuenta y considerar las condiciones que está ofreciendo el Gobierno”, ha indicado durante la presentación de sus cuentas anuales.

De esta forma, la aseguradora, que había abandonado la mutualidad en 2009, estudia ahora las nuevas condiciones, que son eminentemente mejoras económicas. En concreto, Función Pública ha vuelto a sacar la chequera para elevar la cuenta de las compañías privadas con un incremento de primas del 41,2% acumulado en tres años, un total de más de 4.800 millones de euros.

El Ejecutivo había tratado de resolver el concierto para los años 2025 y 2026 con una oferta de un aumento de las primas del 17%, que todas las aseguradoras rechazaron de plano, convirtiendo la licitación en una suerte de subasta inversa, en la que el Gobierno acabó ofreciendo un 33,3% más en tres años. “Estamos metiendo 1.000 millones de euros más de todos los ciudadanos para financiar el seguro privado de un millón y medio”, llegó a decir el ministro Óscar López, que ha metido otros 330 millones en el tercer intento por salvar el concierto.

Con el beneplácito de Adeslas y Asisa, las principales aseguradoras que venían prestando asistencia a los funcionarios que optan por la privada en lugar de la sanidad pública, que ya han dicho que ven viable la continuidad del modelo, desde Mapfre consideran ahora las nuevas condiciones. “Lo decidiremos desde una perspectiva puramente técnica y no haremos nada que pueda poner en peligro el desarrollo técnico del ramo, que nos va bastante bien y estamos muy satisfechos”, admitió Huertas: “No abro más puertas que las que ya hay, pero hay que conocer todas las condiciones”.

Mapfre abandonó la mutualidad, junto a Caser, en 2009. Entonces, daba servicio a algo más de 115.000 funcionarios y familiares, en torno al 7,6% del total, al considerar que no era rentable. “Hasta ahora el análisis era no participar porque el sistema era insuficiente y la insuficiencia de primas conducía a perdidas continuas”, ha dicho este miércoles Huertas, en una rueda de prensa en la que ha anunciado un beneficio neto de 968 millones de euros en 2024, un 42,9% más.

“La inflación sanitaria es superior a la general y esos incrementos de costes, que están relacionados con el mayor acceso a la medicina privada y con el mayor coste de las tecnologías que se ofrecen, porque son mucho mejores y producen enormes ventajas para la salud de los ciudadanos, hacen que los seguros de salud estén en un equilibrio difícil”, ha explicado Huertas, que ha percibido en 2024 una retribución total de 3,05 millones de euros, un 24% más que el año anterior.

Muface ha publicado este viernes en el portal de contratación las nuevas condiciones para convencer a las aseguradoras de que sigan prestando asistencia sanitaria privada a los funcionarios y sus familias. El documento de rectificación de la propuesta anterior, disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, confirma el incremento de la prima, hasta el 41% en tres años, anunciado por el Ejecutivo y que tanto Adeslas como Asisa habían recibido de buen grado. Tanto estas, como el resto de compañías, tienen ahora hasta el 3 de marzo para concurrir al concierto.

“El importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, 1,276,5 millones de euros más que el concierto vigente, teniendo en cuenta que en dicho importe se incluyen las cantidades abonadas por la contuidad del servicio”, indica la mutualidad en un comunicado, en el que garantiza que “tanto los titulares como los beneficiarios continuarán recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales”, gracias a una prórroga forzosa del concierto actual, que caducaba el 31 de enero.

Este es el tercer intento del Ministerio de Función Pública de que las compañías privadas acepten continuar en la mutualidad, tras meses de tensión. El Gobierno aprobó en octubre la primera licitación que, por primera vez en la historia de Muface, quedó desierta, pese a una subida del 17% de la prima.

Tras el plantón de las compañías, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre una nueva oferta, con un incremento acumulado del 33,5% en tres años. Durante semanas, el ministerio que dirige Óscar López ha mantenido conversaciones tanto con Adeslas, que llegó a confirmar que no se presentaría a la licitación con esas condiciones, como con Asisa, las dos compañías que actualmente prestan asistencia sanitaria a la mayor parte de funcionarios que optan por el seguro privado frente a la sanidad pública, para que se sumaran al concierto.

Fruto de esas negociaciones, el Ministerio suspendió el 25 de enero el plazo de presentación y anunció que modificaría los pliegos para incluir “correcciones”. Esas correcciones se concretan ahora sobre el papel: donde decía 4.134 millones de euros, ahora dice 4.429. Estas cifras, señala el documento, son sin impuestos. En total, el incremento presupuestario asciende a unos 330 millones de euros.

Ya entonces Adeslas señaló que estaba dispuesta a “reconsiderar” su posición y que “daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface”. Cuando el Ministerio de Función Pública anunció una subida del 41% de la prima, tanto esta compañía, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, como Asisa, indicaron que veían “viable” la continuidad de la mutualidad.

Las aseguradoras llevan años denunciando la “infrafinanciación” del modelo. Además, en los últimos años han reclamado que se las compense por los costes no previstos debidos a situaciones sobrevenidas, como la pandemia de covid o la crisis inflacionista a causa de la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno llegó incluso a abrirse a compensarlas. En una respuesta a Asisa, aseguró que “en caso de darse circunstancias excepcionales, es perfectamente aplicable la doctrina del riesgo imprevisible a pesar de no estar contemplado expresamente en el clausulado”.

La publicación en el portal de contratación llega el mismo día que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía General del Estado la “suspensión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras a los mutualistas de Muface”. Pese a que reciben “diariamente centenares de quejas de mutualistas a quienes se les están anulando citas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas”, este sindicato ha sido el más combativo por el mantenimiento del modelo, que permite actualmente a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, disfrutar de un seguro privado pagando con fondos públicos.

Con el camino allanado para la resolución de la crisis de Muface, con un nuevo incremento de la prima de un 41% en tres años, el Gobierno lanza ahora guiños a ambos lados de la mesa. La entidad ha acordado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que los funcionarios de la mutualidad puedan saltar entre sanidad pública o uno de los seguros adscritos al concierto en curso dos veces al año, en enero y en junio, en lugar de solo una, como viene ocurriendo desde 2022.

Al margen de la licitación que el Ministerio de Función Pública tiene abierta para la asistencia sanitaria de los funcionarios, Muface suscribió en 2018 otro convenio con el INSS, dependiente de Seguridad Social. En ese acuerdo,entre otras cosas, se determina el tratamiento especial a los mutualistas y beneficiarios que hayan optado por recibir la prestación de asistencia sanitaria a través del sistema sanitario público, en lugar del seguro privado y en qué condiciones pueden solicitar la permuta.

Inicialmente, el convenio entre las dos entidades permitía ese cambio entre sanidad privada concertada y pública, y viceversa, dos veces al año, pero en 2022 una primera adenda al concierto optó por limitarlo solo a enero. “El periodo ordinario de cambio correspondiente al mes de junio supone un porcentaje muy reducido en relación con las solicitudes de cambio producidas en enero por lo que se considera aconsejable su eliminación, si bien se incluye una previsión para el caso de que fuera necesaria su reactivación”, indicaba el texto.

El cambio actual, tres años después, responde, según ha podido saber este medio, a una voluntad de dar mayor flexibilidad a los funcionarios, así como a una mejor gestión del modelo. “Supone recuperar un modelo que ya estuvo en vigor en anteriores conciertos y que facilita a los mutualistas ejercer la libertad de elección en la que se basa Muface”, indican fuentes del sector asegurador, consultadas por elDiario.es.

La medida también es del gusto sindical. “Todo lo que sean facilidades, bienvenidas”, indican fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que denuncian, no obstante, que aún no se haya resuelto el concierto en marcha. Desde UGT llevan reclamando la vuelta a la doble permuta desde que se suprimió “de forma unilateral”. De hecho, el tema estuvo sobre la mesa en el Consejo General de Muface del pasado mes de junio, donde la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y la directora general de la mutualidad, Myriam Pallarés, avanzaron que estaban barajando esa posibilidad, que se concretará en los próximos días con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con el nuevo concierto en el aire, Muface solo habilitó este mes de enero la posibilidad de cambio del seguro privado a la pública, alegando que no tendría sentido dar el salto a una aseguradora que podía quedarse fuera del sistema en unas semanas. Ahora que Adelas y Asisa ven viable la continuidad del sistema, tras una subida de la prima del 41%, una vez que se apruebe la licitación, para lo que todavía queda al menos un mes, se abrirá un periodo adicional de permuta, entre la seguridad social y aquellas compañías que hayan concurrido a la licitación. Y, de nuevo, en junio, de forma ordinaria.

El acuerdo entre Muface y la Seguridad Social se produce en un momento en el que cada vez más nuevos funcionarios rechazan el seguro privado en favor de la sanidad pública. Según los datos que maneja Función Pública, son ya dos de cada tres. Una proporción que no oculta que el 70% del total continúa eligiendo el seguro privado, 12 puntos menos que hace una década. A falta de conocer los datos de este año, en enero de 2024 se produjeron un total de 39.846 modificaciones de adscripción de entidad sanitaria, con un saldo neto positivo para el INSS de 6.416 mutualistas: hubo 13.704 personas que dejaron la privada, frente a 7.288 que pasaron de la pública a una aseguradora.

La medida tiene una doble lectura, que podría beneficiar a las compañías privadas, más allá de la libertad de elección. “Es muy habitual pedir el cambio cuando se dan situaciones de enfermedad crónica grave, alguna operación compleja o, incluso, un accidente cardiovascular sobrevenido”, indicaba en diciembre la portavoz de la Federación de Educación —uno de los colectivos con más mutualistas— de CCOO en Madrid, Isabel Galvín. Esto es, los pacientes más 'caros' se pasan a la pública.

La adenda, firmada este miércoles, contempla también la posibilidad de abrir periodos extraordinarios de permuta, ante situaciones sobrevenidas que puedan privar al mutualista de una asistencia sanitaria óptima, ya que cada aseguradora suscribe, a su vez, contratos con centros médicos y hospitales privados, que son quienes dan el servicio. Por ejemplo, un beneficiario podría solicitar el cambio si se traslada a trabajar a otra provincia o isla.

La sanidad privada lleva meses viendo como se producen conversaciones privadas y pronunciamientos públicos entre las aseguradoras y el Gobierno, en plena crisis por Muface. El lobby del sector, que ha defendido incrementos de primas por encima del 40%, quiere ahora estar presente en las negociaciones que las compañías de seguros mantienen con el Ministerio de Función Pública para salvar la licitación, “como tercera parte afectada por la insuficiente financiación del modelo”.

A través de un comunicado difundido este viernes, la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE) ha señalado que “un modelo sostenible y de calidad requiere decisiones económicas justas también para los centros asistenciales y profesionales”. En el modelo actual, la administración, a través de la mutualidad, concierta con las aseguradoras la asistencia sanitaria de en torno a un millón de funcionarios y otro medio millón de beneficiarios, y son estas las que negocian con los proveedores sanitarios.

La patronal de la sanidad privada señala que, “en conversaciones previas, las aseguradoras han planteado tarifas iguales o con apenas incremento respecto al año anterior para la provisión sanitaria”. Es decir, que los hospitales o centros médicos privados que prestan servicio a los mutualistas, seguirían recibiendo las mismas compensaciones de las aseguradoras, pese al incremento de la prima del 33,5% en tres años propuesto por el ministerio, que Adeslas y DKV ya han rechazado. “Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas”, indica ASPE.

“No es razonable que las aseguradoras consigan una subida considerable de la prima sin garantizar que eso se traduzca en mejoras reales para los centros y los profesionales sanitarios, que son quienes, en última instancia, atienden a los mutualistas y que también han estado padeciendo esta situación de infrafinanciación de los servicios asistenciales prestados”, señala el presidente de ASPE, Carlos Rus, que recuerda que estos prestadores reciben una retribución un 10% inferior que cuando atienden a los asegurador regulares.

Ante esta situación, la patronal sanitaria quiere abrir una negociación a tres bandas con el Gobierno y las aseguradoras. “Este enfoque tripartito contribuiría a reforzar la sostenibilidad del sistema, proporcionando estabilidad tanto a los mutualistas como a los sectores sanitarios que lo hacen posible”, consideran, porque “la importancia de los centros sanitarios y sus profesionales debe ser reconocida no solo en las negociaciones, sino también en las dediciones económicas y estratégicas que afectan al sistema”.

La renuncia de Adeslas y DKV a participar en el segundo concierto, en las condiciones que plantea el ministerio que dirige Óscar López, ha dejado a Asisa como única posible salvadora del modelo, sin bien es cierto que el ministro ha señalado que está “trabajando” para que este salga adelante. Porque, pese a que las compañías llevan tiempo criticando la infrafinanciación del modelo, nadie parece estar dispuesto a finiquitarlo. La Fundación IDIS, otro de los lobbies del sector sanitario privado, señalaba en su informe 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario', que la defunción de la mutualidad ponía en peligro hasta un total de 21 hospitales privados.

Asisa, que además de aseguradora cuenta con una red asistencial propia, se encuentra todavía analizando las condiciones del contrato, y DKV ha abierto la puerta a un “proceso de diálogo” para “repensar” el modelo si fracasa esta segunda licitación.

Muface está en peligro pero, pese a las multimillonarias pérdidas que lamentan las aseguradoras, nadie quiere que caiga. El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, ha tendido la mano al Gobierno para, “más allá de cual sea el desenlace, iniciar un proceso de diálogo” y “repensar el modelo”. La compañía, que renunció la semana pasada a presentarse a la segunda licitación puesta en marcha por Función Pública, se abre ahora a colaborar con el Ministerio para buscar una solución que permita mantener la asistencia sanitaria privada de un millón de funcionarios y medio millón más de familiares, con cargo a fondos públicos.

“Si la segunda licitación no llega a buen término, quizás sería momento de realizar una gestión del proceso más dialogada entre la Administración y las aseguradoras, que pueda acabar con una solución tipo contrato-puente”, entre el modelo actual y uno nuevo, señaló Campos en la jornada Perspectivas del Seguro y la Economía de ICEA.

Tras la primera licitación, que todas las aseguradoras dejaron caer por primera vez en la historia de la mutualidad, el Gobierno abrió un periodo de consultas preliminares de mercado, en el que las compañías tenían que justificar por cuánto estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria al personal funcionario. Al cabo del proceso, la entidad entendió que las compañías “no aportan la evidencia de costes” para un aumento de la prima. Con todo, el Ejecutivo las incrementó del 17 al 33,5%.

Pese a ese incremento, tanto Adeslas como DKV han rechazado participar en el nuevo concierto, dejando la pelota en el tejado de Asisa, que aún no ha tomado una decisión. En el caso de DKV, había solicitado que el concierto fuera por un único año, en lugar de tres. Además, con las nuevas primas por tramos etarios, una reivindicación del sector, el incremento de sus primas sería inferior a la media, por contar con una cartera de mutualistas más joven.

El consejero delegado de DKV ha hecho un análisis del sector de la salud en 2024 que destaca por un resultado técnico del 5,6%, “con un nivel de gastos estable, pero con un incremento de la siniestralidad”. Y la estimación para 2025 contempla también “la posibilidad de atraer segmentos específicos debido al desenlace de Muface”. Esto es, que si el concierto naufraga se espera que una parte de esos mutualistas mantengan una póliza privada pura.

En los últimos días, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha insistido en que “nadie podrá decir que este Gobierno no se ha volcado, no ha hecho un esfuerzo sin precedentes”. “Yo espero, confío y deseo que salga adelante un nuevo concierto”, para lo que se ha comprometido a “seguir trabajando”, hasta que se cierre el plazo para que las aseguradoras concurran, el próximo 27 de enero. Lo que no han concretado desde este departamento, a preguntas de este medio, es en qué términos ni en qué consisten esos trabajos.

Varios medios económicos apuntaban este jueves que Muface proponía a las aseguradoras resarcir las pérdidas del convenio que termina el 31 de enero, ahora prorrogado hasta que se resuelva el embrollo. Adeslas estimaba que había perdido unos 250 millones de euros, los mismos que le supondría aceptar las nuevas condiciones. En el caso de DKV, afirmaban que habían sido de unos 70 millones en todo el trienio.

Por el momento, la respuesta oficial de Adeslas, Asisa y DKV es que guardan silencio y evitan pronunciarse sobre este supuesto, aunque indican que “siempre se está en conversaciones” con la administración. Fuentes del sector, no obstante, señalan que sí se están produciendo acercamientos de este tipo. Desde el ministerio que dirige el ahora también secretario del PSM evitan responder sobre esta cuestión.

Ante las dificultades que atraviesa la mutualidad, pese a una dotación para el periodo 2025-27 de 4.500 millones de euros, López señalaba la semana pasada: “Estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos. Dinero de todos”.

Todas las miradas están puestas en Asisa. Un millón y medio de funcionarios y sus familias que optan por la sanidad privada, pero financiada con fondos públicos, a través de Muface; el Gobierno, que quiere salvar la segunda licitación y darse tres años para repensar el modelo; las comunidades autónomas que, de fracasar la oferta con un incremento de la prima del 33,5%, tendrían que asumir la asistencia sanitaria de miles de trabajadores; y la sanidad privada, que ve peligrar una parte importante del pastel. Todos están pendientes de lo que decida la compañía, tras las renuncias de Adeslas y DKV a presentarse al concierto con el que el Ministerio de Función Pública quería resolver, temporalmente, la crisis del sistema.

Hasta el momento, las tres aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios de Muface son estas: Adeslas, DKV y Asisa. Las dos primeras, que en conjunto prestan asistencia a unos 700.000 beneficiarios, han descartado ya renovar el contrato por tres años más. Estas compañías consideran que el modelo está “infrafinanciado” y es “económicamente insostenible”. Adeslas ha estimado que, con las condiciones del nuevo concierto, que suponen unos 4.500 millones de euros hasta 2027, perdería 250 millones. En el caso de DKV, serían entre 70 y 100 millones de euros.

Pero el caso de Asisa es diferente. De las tres compañías que prestan el servicio, esta es la única que, además de operar como aseguradora, cuenta con una red asistencial propia. Tiene 18 hospitales y 38 centros médicos. Además, su único accionista es la cooperativa médica Lavinia, integrada por unos 9.000 médicos. La sociedad fue fundada en 1976, “sin ánimo de lucro”. “Al ser una cooperativa, no tienen que repartir dividendos, ni tienen accionistas que les estén presionando, como las otras aseguradoras, que pueden tener bancos o grandes grupos por encima”, explica un directivo del sector, ajeno a la compañía. Adeslas está integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank y DKV pertenece al grupo alemán ERGO.

Fuentes de Asisa volvían a asegurar este jueves que siguen analizando los pliegos y evaluando todos los escenarios. Y uno de esos escenarios es cómo podría afectar el fin de Muface a su red asistencial. “Es un de los elementos que tenemos en cuenta”, confirman. Según el informe 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario', el fin de este modelo podría poner en peligro hasta un total de 21 hospitales privados. La estimación, no obstante, se hace sobre la hipótesis de que se extinguieran tanto Muface como las mutualidades del funcionariado de Justicia, Mugeju, y las Fuerzas Armadas, Isfas, que actualmente no parecen en peligro.

La Fundación IDIS es uno de los lobbies del sector sanitario privado. Su presidente es Juan Abarca, que es, a su vez, presidente de HM Hospitales. Este jueves, analizaba un hipotético fin del mutualismo administrativo en los siguientes términos: “El equilibrio de nuestro modelo sanitario basado en la provisión pública y privada va a hacer que el desplazamiento de ese medio millón de funcionarios a la sanidad pública impacte de forma directa sobre decenas de hospitales —sobre todo en provincias— que tienen un porcentaje de actividad muy dependiente de los funcionarios, que se van a ver obligados directamente al cierre”. Esto, escribía en su cuenta de LinkedIn, tendrá un impacto sobre el empleo y sobre el sistema público, “que utiliza estos hospitales para tratar a través de los conciertos”.

Habrá zonas en las que no tengamos problemas, aunque haya menos pacientes, y otros sitios en los que algunos servicios lo puedan notar más que otros

Esta hipótesis es compartida por otro de los gigantes de la sanidad privada en España. “Habrá zonas en las que no tengamos problemas, aunque haya menos pacientes, y otros sitios en los que algunos servicios lo puedan notar más que otros”, señalan fuentes del grupo QuirónSalud. Desde esta empresa, que recibe cada año cientos de millones de dinero público de la Comunidad de Madrid, indican que en esta región, también notaría un hipotético fin del mutualismo por el lado de la demanda, porque una parte de los funcionarios que pasen a la sanidad pública acabarían en sus hospitales a través de derivaciones y conciertos. Esto es algo que señalan también otras fuentes del sector. “Es posible que, ante la llegada de miles de mutualistas, algunas comunidades concierten el servicio, porque nosotros ya tenemos la red y es más rápido que montarla”, explican.

Pese al supuesto colapso del sistema público de salud que pronostican los defensores del modelo de colaboración público-privada, algunos expertos consideran que “en términos relativos no sería catastrófico” aunque, a corto plazo, habría un problema “de transición”, concedía la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz López-Valcárcel. El Ministerio de Sanidad calcula que incorporar a la sanidad pública a todos los funcionarios de Muface supondría incrementar el volumen de población atendida en un 3,7% en la franja de 64 a 79 años y un 2,35% en la de mayores de 80, quienes más gasto hacen.

“Lo más probable es que tuviera un impacto doble. Por un lado, que aumentara la contratación en el ámbito público, al suponer una mayor carga asistencial, pero también una mayor capacidad financiera. Y, por otro, que en algunos lugares, especialmente en provincias en las cuales la dependencia de Muface o de aseguradoras concretas sea mayor, se puedan cerrar hospitales privados”, explica el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

“Una estrategia arriesgada”

Todas las voces consultadas coinciden en señalar que esta no es una cuestión de blancos o negros y que influyen muchísimos factores. Hay uno fundamental, pero difícil de estimar: de quedarse sin seguro privado pagado con dinero público, ¿cuántos funcionarios que a día de hoy optan por este modelo, estarían dispuestos a pagárselo de su bolsillo? “Es el cálculo principal que están haciendo las aseguradoras hacia adentro, porque hay un porcentaje de gente que, en el caso de irse a la pública, seguramente contrataría un seguro privado. De hecho, es muy probable que las aseguradoras hicieran una ofensiva con esos antiguos mutualistas para ofrecerles algún tipo de promoción”, considera el número dos del Ministerio.

El experto en gestión sanitaria José Ramón Repullo se muestra sorprendido por la desbandada de Adeslas y DKV. “Posiblemente estén apostando por el seguro complementario (el que pagan cualquier ciudadano y que le habilita para ir a un centro privado, sin merma de la atención en la sanidad pública) y no el sustitutorio (como Muface), porque es el que deja más margen”, indica. Esto, no obstante, podría suponer un perjuicio para compañías como Asisa, no tanto en su labor aseguradora, sino como proveedora de servicios sanitarios. “Es una estrategia arriesgada, porque nadie está dispuesto a desprenderse de 600 o 700 euros al año así como así”, añade Repullo.

Fuentes de DKV indican a esta redacción que no hay ninguna campaña en marcha: “Si alguno (de los asegurados mutualistas) tiene interés y pregunta, le ofreceremos las mismas condiciones que al resto de ciudadanos que piden conocer nuestros productos”.

A la espera de la respuesta definitiva de Asisa o de que alguna otra aseguradora opte por presentarse, algo que desde el sector consideran improbable, el ministro de Función Pública, Óscar López, se mostraba este jueves optimista sobre la resolución de la licitación: “El plazo termina pronto, pero yo tengo esperanzas todavía. Estamos hablando con las aseguradoras y espero, confío y deseo que se pueda renovar con toda normalidad el concierto como se ha hecho siempre”. De momento, el Ministerio anunció el pasado viernes que ampliaba en casi dos semanas el plazo para que las aseguradoras se presenten a la licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios mutualistas de Muface, que terminaba el 15 de enero. Sea cual sea el resultado, tanto la evolución del modelo como lo que traiga el fin de la mutualidad está rodeado de incertidumbres.

DKV ha anunciado este jueves que tampoco acudirá a la segunda licitación para Muface. La compañía indica que “por primera vez desde la creación de las mutualidades, no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a las mutualidades nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros”. “El modelo está infrafinanciado”, han señalado en un comunicado.

La compañía se suma así a Adeslas, que hace un par de semanas comunicó que no dará servicio de sanidad privada a los funcionarios de Muface, pese a una subida de la prima de un 33,5%. En total, la partida que el Gobierno ha puesto sobre la mesa suma 4.500 millones de euros en tres años, lo que el ministro de Función Pública, Óscar López, calificó como un “esfuerzo sin precedentes”. “Estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos. Dinero de todos”, dijo este mismo miércoles.

La compañía, que asegura ser “un firme defensor del modelo de colaboración público-privada”, lamenta que la nueva propuesta del Gobierno “no recoge los requisitos reclamados por la aseguradora”. Estos son: un aumento del 40% a un solo año, que finalmente se ha quedado en un 33,5% acumulado en el próximo trienio.

Según los cálculos de la aseguradora, “el gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido sustancialmente superior a la prima que ha recibido”. Así, estiman que, de acudir a esta llamada para el periodo 2025-2027, las pérdidas que tendía que computar en 2024 por la normativa contable actual serían de entre 70 y 100 millones de euros. “Una empresa responsable y con buena reputación no puede permitirse continuar con estas condiciones, que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios”, indica el consejero delegado de DKV, Fernando Campos.

Actualmente, las tres aseguradoras que prestan asistencia sanitaria a en torno a millón y medio de personas, entre funcionarios que optan por la sanidad privada con cargo a fondos públicos y sus familiares, son Adeslas, Asisa y DKV. Con la renuncia de Adelas y DKV, el balón queda ahora en el tejado de Asisa, que si bien había descartado acudir al concierto en solitario en la primera licitación, ahora estudia la posibilidad de asumir la mutualidad en solitario. “En la primera licitación teníamos claro que ser la única (aseguradora) no era una posibilidad, pero ahora lo estamos analizando”, explicaban la semana pasada fuentes de la compañía a elDiario.es. Una posición que mantenían este jueves.

A falta de resolver la crisis abierta desde hace meses en torno a Muface, el Ministerio de Función Pública activó de forma oficial una prórroga forzosa el pasado 28 de diciembre, “de forma excepcional y transitoria, desde el día 1 de enero de 2025 y por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente”.

Pese al abandono de Muface, DKV sí “está abierta” a seguir prestando asistencia en la rama internacional, para los funcionarios que están en el exterior. La situación ahí, dicen, es “distinta”, al ser esta “la única aseguradora que participó en la licitación del concierto anterior”. “La nueva licitación no recoge las demandas de la aseguradora, que había solicitado un aumento de la prima del 30,35% y una duración acotada a un año” pero “todavía confía en poder llegar a un acuerdo que permita seguir prestando los servicios durante 2025, siempre y cuando se cuente con una adecuada cobertura de costes”, señala el comunicado.

El Gobierno quiere resolver el entuerto de Muface. Tras el plantón de las aseguradoras a Función Pública en el concierto para prestar asistencia sanitaria a cientos de miles de funcionarios y sus familias en 2025 y 2026, el Ministerio que dirige Óscar López ha optado por lanzar de nuevo la pelota al tejado de las compañías privadas. El Ejecutivo abrirá este miércoles un periodo de consultas preliminares de mercado, en el que las compañías tendrán que decir por cuánto estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria a los cerca de 770.000 trabajadores públicos y sus 424.000 beneficiarios que a día de hoy han optado por la sanidad privada.

“Vamos a una nueva licitación, pero con un procedimiento nuevo y con una investigación de mercado para que haya transparencia”, señalan fuentes del Ministerio. De facto, la decisión da un vuelco al procedimiento: si antes era el Gobierno quien estimaba los costes para las aseguradoras, ahora deberán ser estas las que calculen esos gastos. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, verbalizan estas voces.

Las consultas preliminares del mercado vienen recogidas en la ley de contratos públicos y autorizan a los órganos de contratación, en este caso Muface, a realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. No se trata de que las aseguradoras privadas pongan el precio por el que estarían dispuestas a concurrir al nuevo concurso, sino que justifiquen esa cifra. “La idea es que puedan indicar qué prima ofrecen por cada uno de los tramos de edad y que aporten evidencias sólidas sobre cómo se construyen esas primas”, señalan las fuentes consultadas.

Las compañías tendrán 10 días para presentar esas evidencias y justificar cuánto dinero necesitan para ser rentables. Tras estas alegaciones, el Ministerio preparará un nuevo pliego de condiciones, sin que la información ofrecida por las aseguradoras sea vinculante. Las empresas tampoco podrán pactar su respuesta. “Ni nos planteamos que lo hagan, porque es ilegal”, indican las fuentes consultadas.

El Ministerio de Función Pública ha insistido en las últimas semanas en que la asistencia sanitaria de los mutualistas está garantizada en las condiciones actuales. El Ejecutivo se guarda bajo la manga el as de una prórroga que obligaría a Adeslas, Asisa y DKV, las beneficiarias del concierto actual, a seguir prestando atendiendo a los funcionarios con las condiciones actuales durante meses.

“La situación la han creado ellas. La acción que ha hecho el Gobierno ha sido aprobar la mayor subida de la historia de Muface. Ese es el hecho objetivo”, señalan fuentes ministeriales, que asumen, no obstante, que una hipotética nueva licitación será más costosa. La lógica indica que si alguna compañía hubiera querido concurrir por menos de un aumento del 17%, ya lo habría hecho en la primera licitación.

En los últimos meses, el lobby de la sanidad privada venía trasladando la idea de que incluso un incremento del 25% sería insuficiente para prestar el servicio, tras años de “pérdidas”. Las compañías señalan el aumento de la edad media de los mutualistas, en torno a los 57,8 años, de los costes por la inflación y de unas prestaciones por encima de las que da la sanidad pública. La oferta frustrada suponía una factura de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo. “Hemos metido un incremento de 300 millones de euros y los presupuestos no son infinitos. Cuando metes 300 millones de euros, son a costa de otra cosa. Trabajamos para los asegurados de Muface y para 48 millones de españoles más”, indican fuentes del Ministerio.

La negativa de las aseguradoras ha creado también una contradicción en el Gobierno de coalición. Mientras desde Función Pública trasladan que el Ejecutivo “no tiene en ninguno de sus planes desmontar Muface”, el Ministerio de Sanidad, sin competencias en este área, ha publicado un informe en el que asegura que “el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Aunque desde Función Pública insisten en desmontar Muface no está sobre la mesa, si se abren a replantear el modelo. Algo que, en cualquier caso, se haría en paralelo a la licitación y no afectaría al próximo concurso, pero que se basaría en los principios de “transparencia, eficiencia en el gasto público y equidad”. “Es un viejo invento que ha ido acumulando capas y tiene unos elementos más racionales que otros. Si no, no estaríamos donde estamos. Es evidente que hay cosas que revisar”, reconocen estas mismas fuentes, que afirman que hay “parches”.

Una de las opciones que analiza el Gobierno es que los funcionarios elijan “de una vez y para siempre” si quieren seguro privado o sanidad pública. Supondría un cambio respecto al modelo actual, que permite a los mutualistas dar el salto de uno a otro sistema cada mes de enero. La medida, consideran desde Función Pública, haría “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”. Pero hay más teclas que se pueden tocar, como el gasto farmacéutico o algunas duplicidades, como los funcionarios que dependen de las comunidades autónomas, pero a los que el Estado central paga el seguro privado.

Aun sin confirmar ninguna de estas posibilidades, hay dos cosas que parecen claras: que el Gobierno no va a romper la baraja de Muface en esta legislatura, pero que está abierto a estudiar fórmulas que cambien las reglas del juego.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Me gustaría empezar el boletín con buenas noticias, pero el desastre de gestión por parte de la Generalitat valenciana de la catástrofe de la DANA y la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU han enfangado este mes de noviembre. 

La actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha sido errática, pésima, llena de lagunas y evidencia su confusa percepción de cómo deben funcionar los servicios públicos. Primero eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias, cedió la política de Emergencias a Vox para luego quedársela. El día de la alerta de la DANA eligió a un experto en “festejos taurinos” como director general de Interior. Estuvo cinco horas dedicado a sus labores, borró el tuit en el que afirmaba que el temporal disminuiría de intensidad a las 18.00 horas, se mandaron los mensajes por parte de la Generalitat horas después de los avisos de alerta roja, luego se encierra con su 'politburó' que tuvo paralizado el centro de emergencias durante ocho horas y seis días después de la DANA recurre a su única alto cargo con experiencia en catástrofes. No tiene otra idea que culpar a la UME y a la Confederación Hidrográfica del retraso de la ayuda y las dos instituciones le desmienten, tanto la UME como la Confederación. Su jefe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le desautoriza pidiendo al Gobierno que asuma la gestión de la DANA y los barones del partido también lo dejan solo en su decisión de mantenerse al mando en València. Seguramente nos olvidamos de alguna otra pifia, pero es difícil empeorar esta nefasta actuación.

En fin, puedo entender que ahora no es el momento de dimitir cuando todavía hay tanto que hacer por las víctimas mortales y con los daños de los hogares y empresas de los valencianos, pero la posición de Mazón es insostenible.

Sin embargo, es curioso que durante muchos días la pregunta que más se repetía en la prensa de derechas era: '¿Dónde está el Estado?'. Y resulta curioso porque eran los mismos periódicos que achacaban al Gobierno de Pedro Sánchez un exceso de autoridad, una invasión de competencias y un ataque contra la libertad individual cuando promulgó las medidas para luchar contra la pandemia de COVID. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno central? ¿Seguir los preceptos legales y constitucionales y esperar a que la comunidad autónoma le pida ayuda? ¿Actuar sin que se lo pidan desde la Administración autonómica y promulgar la emergencia nacional? Nada les hubiera valido porque el argumento sobrevenido era salvar al dirigente Mazón, una misión imposible por la actuación del presidente de la Generalitat valenciana.

El Gobierno tendría que haber sido más proactivo en su actuación en Valencia y otras zonas inundadas. Los ciudadanos que necesitan las ayudas de las Administraciones, que necesitan servicios públicos, no entienden de problemas competenciales ni de límites administrativos, solo quieren que sus impuestos respondan de la mejor manera posible a solucionar sus problemas. Primera lección de esta crisis, son los impuestos los que nos salvarán del desastre a través de la financiación de buenos servicios públicos.

Afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se puso en marcha con lo que ya ha dado muestras de que actúa eficientemente. Al igual que durante la pandemia o con la crisis de inflación, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas y ayudas de 10.600 millones de euros “dirigidas a los afectados por la DANA” como “primera respuesta” con la intención de beneficiar “a 30.000 negocios y a miles de familias”. 

Se trata de ayudas directas para reconstruir viviendas, cambiar electrodomésticos o para aliviar el daño recibido por autónomos y empresas. Uno de los objetivos es que estas prestaciones (recogidas en un Real decreto-Ley) se activen “con el menor papeleo y la mayor celeridad y agilidad posible”. Aquí te explicamos cómo solicitar, desde cuándo se pueden pedir, en qué consisten y los plazos de las ayudas para los afectados por la DANA.

Son ayudas razonables, que tendrían que haberse puesto sobre la mesa antes, pero que ya están aprobadas y no tienen nada que ver con el descontrol presupuestario que planteaba Mazón, que llegó a solicitar 31.000 millones para la crisis de la DANA cuando su Administración solo se había comprometido a conceder 250 millones.  

Además, el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía encargada de hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales para aquellas personas que tuvieran contratada una póliza, ha comenzado este miércoles a abonar las primeras indemnizaciones a aquellas familias que hayan perdido su vehículo. El Consorcio ha recibido más de 70.000 solicitudes, 44.000 de ellas sobre automóviles, de las que se están tramitando ya en torno al 40%. El coste de las indemnizaciones ascenderá a los 3.500 millones de euros. Hay que tener paciencia y tratar de mantener los objetos dañados y realizar fotos y videos de todo para aportar al expediente de los seguros, estos son algunos de los consejos que dan otros afectados por otras catástrofes naturales para tratar con seguros y ayudas.

En la medida de lo posible hay que acelerar las ayudas públicas para los afectados de la DANA. ¿Dónde está el Estado? Donde no ha llegado la Generalitat de Carlos Mazón.

Entrepreneur

La democracia como sistema tiene sus fallos pero en Estados Unidos es una organización política absolutamente corrompida. Solo hay que ver que el dinero y sus intereses mueven realmente los resortes de las campañas electorales. Solo hay que ver cómo Elon Musk ha dedicado millones de su fortuna y la red social X (antes Twitter) para favorecer la victoria de Donald Trump. “No creo que esta carrera hubiera estado siquiera pareja si no hubiera sido por lo que Elon Musk está haciendo con Twitter, mostrándole a la gente lo que está pasando”, dijo el hijo de Trump. “Es un personaje, es un tipo especial, es un supergenio”, comentó Donald Trump. A cambio de su apoyo mediático y financiero Trump le prometió a Musk que obtendría lo que quiera de su Administración. Ahora el magnate le ha prometido un puesto en el Gobierno. Aquí te explicamos qué significa para el mundo la alianza de Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca.

El dato

10.427 millones de euros

es lo que han ganado las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) en los nueve primeros meses de 2024. Este beneficio supera las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Con estas ganancias y los “beneficios caídos del cielo”, señalados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el PSOE negoció con el PNV y Junts eliminar el impuesto especial sobre estas compañías, cuyo carácter permanente se pactó en el acuerdo del Gobierno de coalición.  

Es curioso que eliminen este impuesto especial cuando las energéticas ganan más que nunca, pero también cuando se trata de compañías que recibieron subvenciones millonarias por parte del Estado español: en 2023 se le concedió más de 500 millones de dinero público cuando se trata de empresas energéticas con capital de Estados extranjeros. Es aún más curioso cuando España es un país sin eléctrica pública desde que se privatizó Endesa. Una eléctrica pública en nuestro país tendría todo el sentido para ayudar a que los precios energéticos no se desmadren. De hecho, el gobierno llegó a plantear la posibilidad de que una empresa pública gestionase las presas hidroeléctricas cuando caducasen sus concesiones. Por lo que sea, el Ejecutivo acabó desistiendo.

Cada vez que habla sube el pan

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva

Las patronales CEOE y Cepyme 

Era una crónica anunciada pero ha habido que esperar a la reunión del comité de la patronal para confirmarla. Finalmente, tanto CEOE como Cepyme dieron su 'no' “por unanimidad” a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había mostrado su rechazo a la última oferta del Gobierno, que planteó ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de hostelería o comercio. Se abre un nuevo periodo. El descuelgue de las patronales va a tener un coste, como advirtió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Trabajo no ha aclarado si retirará las ayudas planteadas, pero apuntó que la “geometría” del acuerdo es otra ya que solo están en la mesa el Gobierno, CCOO y UGT. Las prioridades de los sindicatos son la reducción de la jornada laboral, reforzar el registro horario para que sea efectivo y garantizar el derecho a la desconexión digital. Aquí tienes más información sobre el rechazo de la patronal a la reducción de la jornada laboral, que deja vía libre a un pacto entre el Gobierno y los sindicatos.

No ha sido la única desbandada empresarial de la semana. Las aseguradoras privadas no han presentado ofertas para el concierto de Muface para 2025 y 2026. Ahora se espera que el Gobierno plantee una nueva licitación para garantizar la cobertura sanitaria y social de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. También tiene en su mano la posibilidad de prorrogar el contrato existente, lo que sería muy perjudicial para las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV. El Ejecutivo ya había aprobado a principios de octubre un aumento de la prima del 17%: 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, pero para estas compañías la salud es solo un negocio. En este enlace te explicamos cómo está la situación de Muface con las aseguradoras tras su desbandada en la cobertura sanitaria de los funcionarios.  

Hay extrañas conexiones en el universo neoliberal. Quizás no sean tan raras. Qué podría conectar a la Fundación Civismo, think tank que financian ultrarricos como Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y cuyo presidente, Julio Pomés, ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels, con el ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, conocido por su cercanía al PP, un es magistrado que se negó a imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, tras los intentos de la ex secretaria general del PP de sabotear los casos de corrupción del PP, pero se empeñó en encausar sin éxito a varios políticos de Podemos o trató de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación para la investidura de Sánchez. Pues eso, la ideología. En una reunión de Civismo en la sede de Torreal, la sociedad del multimillonario Juan Abelló, se decidió concederle un premio al polémico ex juez para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia” y por su “destacada carrera”. Aquí tienes más información sobre el premio que le han dado a García Castellón el  lobby de ultrarricos que fichó a Lasquetty.

El gráfico

Mientras, la situación económica en el país se mantiene sólida. Afortunadamente el empleo se sigue manteniendo fuerte pese a la atonía del resto de los grandes países europeos. La creación de puestos de trabajo en España se intensificó en octubre con un alza del número de trabajadores de 134.307 personas, el registro más alto de la serie histórica, salvo 2021, con el rebote económico postpandemia. Estamos hablando de 21.332.513 personas trabajando afiliadas de media a la Seguridad Social, el registro más elevado para un octubre. En los últimos 12 meses, el ritmo de creación de empleo acelera al 2,5%. En el último año se crearon más de medio millón de puestos de trabajo: 514.856. Aquí puedes leer más datos del resistente mercado laboral.

Bien público

“Los arrendadores entrevistados afirman haber recibido un gran número de llamadas de agencias inmobiliarias a las pocas horas de publicar su anuncio en el portal”, según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona sobre el Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda prohíbe a las agencias cargar los honorarios a los inquilinos lo que ha hecho que las agencias se lancen a tratar de gestionar las operaciones de venta o puesta en alquiler por parte de los propietarios. Esta presión se traduce en numerosas llamadas al día con la intención de convencer a los propietarios. Cuando ocurre aparece un nuevo intermediario que encarece las operaciones. Tres de cada 4 pisos que se alquilan en Barcelona están gestionados por agencias y en Madrid los contratos entre particulares han caído 15 puntos en cinco años. “La profesionalización del mercado ha empeorado las relaciones entre caseros e inquilinos”, según el estudio. Más información en este reportaje de David Noriega que explica cómo funciona la presión de las inmobiliarias para acaparar las viviendas en alquiler: “Si lo rechazas, te tratan como si fueras tonto”.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por este boletín, nos volvemos a ver el próximo jueves. Hasta entonces nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas y seguirnos en la red X.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate