Los grandes momentos históricos requieren de discursos que estén a la altura. Palabras que no solo sean capaces de realizar un buen diagnóstico, sino que también tengan la habilidad de marcar un punto de inflexión sobre el tema a tratar. La comparecencia del presidente del Gobierno en relación con la invasión de EEUU y de Israel sobre Irán ha sido uno de esos discursos.

Las palabras de Pedro Sánchez han tenido la peripecia de replantear el conflicto desde Europa. A nivel nacional ha conseguido justificar la no intervención y defender la posición de “no a la guerra”, desactivando al mismo tiempo cualquier otra alternativa posible y dejando fuera de juego al principal partido de la oposición. Y a nivel internacional, sobre todo en el ámbito europeo, ha puesto de manifiesto dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, ha vuelto a señalar la relevancia del Mediterráneo en el actual desorden internacional y, por tanto, la importancia geopolítica de España. Durante la última década, gran parte de los análisis insistían en que el centro del mundo, sobre todo en el plano económico, se había desplazado del Mediterráneo y del Atlántico a los mares asiáticos y también hacia el ártico, tal y como pone de manifiesto el reciente interés norteamericano por Groenlandia.

Las palabras de Sánchez han evidenciado que, a pesar de que todo ello es cierto, el Mediterráneo continúa siendo un espacio esencial para las relaciones internacionales. No solo por la importancia de Europa, sino porque cualquier movimiento militar de EEUU desde Israel hasta Oriente Próximo debe atravesar, de una u otra manera, el espacio terrestre, marítimo y aéreo europeo. Desde el punto de vista nacional, la decisión del Gobierno de no permitir el uso de las bases de EEUU en España para misiones que no cuenten con el aval de la OTAN o la ONU ha vuelto a remarcar que España es un actor geoestrategicamente clave del Mediterráneo. Esta cuestión nos recuerda por qué EEUU comenzó a interesante en establecer relaciones con la España franquista en plena Guerra Fría. En ese sentido, el estudio de la Guerra Fría en la década de los setenta también muestra cómo, en esos momentos, la tensión del conflicto se concentró en torno al Mediterráneo, lo que volvió a situar a España como un actor relevante para el control del flaco sur de la OTAN. Esa relevancia, que nunca ha desaparecido, ha sido subrayada en varias ocasiones en las últimas décadas. La primera durante los debates sobre la pertenencia española a la OTAN, especialmente con la celebración del referéndum de 1986, que encendió las alarmas en la Casa Blanca. La segunda se produce ahora con la decisión de Pedro Sánchez limitar el uso de las bases estadounidenses en territorio español.

En segundo lugar, el discurso del presidente del Gobierno ha contribuido a forzar un giro en Europa, sobre todo en algunos de los principales países de la Unión Europea y en Reino Unido. España ha asumido, en cierto modo, el rol que desempeñó Francia frente a la Guerra de Irak: negarse a respaldar un conflicto considerado ilegal e injustificado. Esta posición española ha provocado que una parte de los socios europeos, así como las propias instituciones comunitarias, hayan mostrado solidaridad con el Gobierno de España frente a las declaraciones de Donald Trump. En este sentido, la reacción de los medios de comunicación y opiniones públicas europeas al discurso de Sánchez ha sido clave para el viraje de algunos gobiernos. También ha permitido que, quizás por primera vez en mucho tiempo, varios de los principales países europeos, a partir de la posición española, cuestionen las políticas autoritarias e imperialistas impulsadas por Donald Trump, a pesar de la visión de la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen. Frente a las ya tradicionales improvisaciones de Washington, en Europa (en parte por su pasado colonial, entre otras cosas) existe una mayor conciencia de que Oriente Próximo requiere intervenciones muy precisas y calculadas, y dentro del paraguas de las organizaciones internacionales, para evitar generar una mayor desestabilización de la región. Entrar como elefante en una cacharrería, como está sucediendo actualmente, puede desencadenar un conflicto de alcance mundial y con consecuencias difíciles de prever. 

El alegato de Pedro Sánchez ha servido para recordar que España, a pesar de ser una potencia media con un poder global limitado, posee una posición geográfica de enorme relevancia para los conflictos que afectan tanto al viejo continente europeo como a Oriente Próximo. Pero, sobre todo, ha permitido instalar una pregunta (tan incómoda como necesaria) en una parte de las cancillerías europeas que, hasta el momento, pocos parecían dispuestos a formular públicamente:

¿Hasta cuándo puede depender el orden mundial de la improvisación norteamericana?

Se criticó mucho a Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos, cuando en noviembre de 2025 se dirigió a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y exclamó: “En este momento, presidente, solo tiene dos opciones: o reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país”. Poco después, cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado sin pruebas inequívocas por cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la eurodiputada Irene Montero añadió que Belarra se había “quedado corta” y señaló que en España había una mafia judicial, mediática y policial al servicio de la derecha. Montero citó la persecución que habían sufrido los diputados de Podemos, los sindicalistas de la CNT que protestaron contra la pastelería La Suiza, en Gijón, los seis jóvenes de Zaragoza que supuestamente participaron en una protesta contra un acto de Vox, los jóvenes de Alsasua a los se acusó de terroristas por una reyerta callejera. No citó el caso de Juan Manuel Bustamante Vergara, alias Nahuel, un joven que pasó año y medio en la cárcel por escribir el tuit “Goku vive, la lucha sigue” (para el que no lo sepa, Goku es el protagonista del manga Dragon Ball) y por guardar en la nevera de su casa zumo de naranja y col lombarda, dos ingredientes que –según la policía– pueden utilizarse para fabricar explosivos. Se ve que el zumo de naranja, tan popular, es tan peligroso como el napalm o la Goma-2.

Nahuel, que pertenecía al grupo anarquista vegano Straight Edge fue enviado a prisión en 2015 por Carmen Lamela, hoy magistrada del Tribunal Supremo y una de las firmantes de la sentencia que ha condenado al ya exfiscal general del Estado. También se acusó a otros miembros de Straight Edge, un grupo al que se calificó de célula terrorista. Diez años después, la Audiencia Nacional ha absuelto de todos los cargos a Nahuel y al resto de los acusados. Juan Manuel Bustamante Vergara recibirá una indemnización de 54.650 euros. La cantidad es casi una burla, pues nada compensa pasar año y medio entre rejas, soportando durante muchos meses el estricto régimen de aislamiento impuesto a los terroristas.

El caso Nahuel no es tan espeluznante como el crimen de Almería, cuando tres jóvenes fueron confundidos en 1981 con un comando de ETA y fueron torturados hasta la muerte por un grupo de agentes de la Guardia Civil. Nahuel “solo” ha sufrido prisión y aislamiento, pero su peripecia pone de manifiesto que algunos funcionarios del Estado conceden prioridad a las medidas represivas sobre la investigación objetiva de los hechos. No está de más recordar que Lamela envió a prisión a los principales líderes del procés, suscitando la protesta de Amnistía Internacional, que la acusó de restringir derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. En 2017, se recogieron 160.000 firmas para pedir su inhabilitación, alegando que “la prisión es un recurso último, es excepcional y ha de ser utilizado mínimamente”, pero “para la jueza Lamela privar de libertad parece ser la regla”.

Solo desde la mala fe pueden interpretarse las palabras de Ione Belarra como una incitación a la violencia. “Reventar a la derecha” es una forma de pedir la movilización de la izquierda para desenmascarar y desmontar el golpismo blando ejercido por una oposición cada vez más agresiva y demagógica. No creo que José María Aznar, falangista en su juventud, haya sido nunca un político de centro, pero en los noventa alardeaba de moderación, pues sabía que era la única forma de conseguir una mayoría parlamentaria. Ahora las cosas han cambiado. Después de la Gran Recesión de 2008, irrumpió una nueva izquierda que consideró inaceptables las políticas neoliberales. Las elites se sintieron amenazadas y la derecha giró hacia posiciones extremistas, explotando el poder de seducción de abstracciones como la patria, la libertad y la seguridad.

Ninguno de estos conceptos es intrínsecamente perverso, pero su carácter difuso se presta a la manipulación. Y es lo que hizo la derecha populista, asociando la inmigración a una supuesta invasión que atentaba contra la seguridad y la soberanía nacional. Al mismo tiempo, prostituyó el concepto de libertad, vinculándolo a la destrucción del Estado del bienestar. El anarcocapitalismo de Milei es un buen ejemplo de esa aberración ideológica. Esta interpretación de la libertad corrió paralela a la idea de que el “movimiento woke” no obedecía al deseo de reivindicar los derechos de las minorías, sino al propósito de demoler los pilares de la civilización occidental: Dios, la patria y la familia.

En España, Díaz Ayuso, también falangista en su juventud, se sumó enseguida a esta oleada reaccionaria. Cuando puso en circulación eslóganes como “Comunismo o libertad” o “Que te vote Txapote” arrojó más gasolina al fuego que ya ardía en los sectores más ultras, como ese chat privado de altos mandos militares que soñaban con el aniquilamiento de 26 millones de españoles. Ayuso es una mujer hueca, con graves carencias intelectuales. Aunque le sobran descaro y belicosidad, nadie ignora que Miguel Ángel Rodríguez y José María Aznar son los titiriteros que mueven los hilos de su discurso. Ayuso ha pretendido investirse de autoridad con declaraciones sumamente provocadoras, como cuando afirmó en una entrevista concedida a El Mundo que el rey, los jueces y ella no permitirían que el gobierno de Sánchez cambiara España por la puerta de atrás. ¿Cómo? Reventando a los que pretenden crear un país más plural e igualitario.

En el caso de Ayuso y sus creadores, reventar no es un eufemismo, sino una feroz estrategia de acoso y derribo. Gracias a medios regados con dinero público, sicarios mediáticos sin escrúpulos y jueces que solo necesitan unos recortes de periódico para admitir a trámite una denuncia, resulta muy sencillo destruir a los adversarios. En una democracia liberal, no hay que sacar los tanques a la calle. Es suficiente tener mucho dinero para controlar los medios de comunicación y las redes sociales, y contar con el apoyo de una “policía patriótica” y unos jueces alineados con las ideas más retrógradas. Con esos recursos, ya no hay necesidad de montar numeritos como los del 23-F. Una Díaz Ayuso lanzado exabruptos dictados por maestros de la intoxicación es mucho más letal que los tiros de Tejero en el Congreso.

No se puede dialogar con quienes pretenden destruirte con bulos, denuncias falsas y amenazas. Hay que reventarlos, como han señalado Ione Belarra o Irene Montero. Y reventar, insisto, en este contexto significa desarmar, neutralizar, desmontar. La derecha ya no tiene ideas, sino prejuicios y hay que mostrarlo claramente. Su meta es miniaturizar el Estado del bienestar, favorecer los intereses de las grandes empresas, garantizar privilegios injustos, amordazar a la ciudadanía más crítica. Si no queremos que la derecha nos reviente, si no estamos dispuestos a que la desigualdad siga creciendo y a que retrocedamos veinticinco años en derechos libertades, hacen falta esa determinación y valentía que siempre caracterizaron a Marcelino Camacho. Su lema “Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a domesticar” sigue siendo una poderosa inspiración.

Se diría que un hilo une hoy a la BBC en crisis, con Donald Trump y con el juicio en España al fiscal general del Estado y cuanto le rodea. Y verán enseguida por qué. El periodismo está siendo atacado, pero no por el poder oficial sino por quienes aspiran a él, fraudulentamente, e incluso con la complicidad de medios vendidos a sus intereses políticos. Le llaman polarización, como etiqueta disuasoria para no ir al fondo del problema. En realidad, ocurre que la democracia está siendo atacada por un movimiento de ultraderecha internacional que cuenta con grandes recursos para hacerlo. Luego cada país afectado apechuga con lo suyo propio además.

La BBC británica ha sido siempre la joya de la corona de la televisión. Hubo un tiempo en el que todos los países querían tener su BBC y gran parte de los periodistas trabajar en ella. Desde hace años ya, sufre acosos desde diversos flancos, pero sigue siendo un medio con controles exhaustivos para preservar su imparcialidad. El gobierno de turno solo está -en teoría- como supervisor. Ahora se encuentra sumido en una gran crisis: ha dimitido su director general Tim Davie y la directora ejecutiva de BBC News, Deborah Turness, la jefa de informativos. Él, por solidaridad con ella.

La crisis se genera por un informe del asesor supuestamente independiente Michael Prescott, que critica la edición incorrecta de un documental sobre Donald Trump emitido hace un año sobre su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Pero señala también un enfoque a favor de Gaza en los informativos, cuando otras fuentes se quejan de que a menudo la BBC ha defendido a Israel, incluso el genocidio a los palestinos. Censura el informe además, con duras palabras, el tratamiento de los derechos de las personas trans en la cadena. Con anterioridad, Prescott fue editor político del Sunday Times, propiedad de Murdoch. Y este informe se filtró al Telegraph, veterano periódico conservador, de extrema derecha en la actualidad.

El problema reside en que Donald Trump, el mismo que ha hecho del bulo su estrategia política, les amenaza con una demanda por difamación de mil millones de dólares si no rectifican y, entre las opiniones diversas que estas cosas suscitan hoy en día, algunos como el analista Owen Jones creen que la BBC se ha rendido al presidente estadounidense. Ese que cree serlo del mundo y que de facto parece que lo está consiguiendo. Su lucha contra los medios más prestigiosos de su país es ya un clásico, hasta al New York Times veta, y parece que ahora se propone meter mano en otros países. La BBC es el medio de más prestigio en Estados Unidos y, a pesar de los avatares también lo conserva en Gran Bretaña. En Estados Unidos sí es el poder político el que ataca al periodismo. Con toda claridad. Pero no debe ser suficiente para Trump y puede que esta viñeta de The Guardian sea la más rotunda explicación.

En España es al revés. Los medios al servicio de la derecha-ultra-derecha arrecian sus embestidas sin el menor pudor contra el gobierno, y sobre todo contra el presidente y su entorno. El júbilo se ha desatado en la fachosfera político-mediática al conocer los titulares de la crisis en la BBC, parece que no han ahondado mucho más. Antonio Caño, el director que hundió a El País, sin ir más lejos lo contempla como un ejemplo a seguir. Han visto el cielo abierto para asociarla a RTVE que, por fin, tras tanto tiempo en manos del lobby del PP en los informativos está informando para su desesperación. RTVE también cuenta con un caballo de Troya como Prescott en el sorprendente nuevo Consejo de Informativos que, al contrario de gran parte de sus predecesores, no para de emitir duros comunicados contra la -hoy- exitosa y mucho más rigurosa TVE.

Lo de España es peor aún. En todas las horas de todos los días tenemos a alguna cabeza señalada del PP llamando corrupto al PSOE, a Sánchez, y a toda su parentela. Con esa rabia destructora del que se muere de envidia como personifica en particular Alberto Núñez Feijóo, ahora todo el tiempo en un atril frente a un micrófono para asegurar por ejemplo: “Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha Gobierno”, con la condena por corrupción de su partido y la treintena de casos pendientes de juzgar.  Es un martilleo muy molesto, muy peligroso para la democracia, que al parecer cala en algunas cabezas que odian a Sánchez sin saber ni por qué. En el PP sí hay alguna explicación. Si recuerdan el empecinamiento con el que Pablo Casado, el eximio presidente que se cargó Ayuso, trataba de evitar que nos diera Bruselas los fondos estructurales por todos los medios, tendrán una clave. Debían ser órdenes muy firmes de la organización. Es mucho dinero a gestionar -o lo que sea- el que pierden fuera de La Moncloa. Sumado al presupuesto nacional es un caramelo demasiado apetecible.

Es como si a España estas bandadas de furia y bulos se le hubiera ido de las manos. Pero es que igual no hay bastantes para atajar semejantes ataques continuos. El contexto que está circundando el juicio al fiscal general del Estado es escandaloso. Ya no es solo que empleados de medios con derecho a publicar ataquen a periodistas por preservar el secreto profesional o crean que todos mienten como ellos por interés. Además, se le está negando la libertad de expresión a Pedro Sánchez, cuando todo quisque opina como expertos -y expertas- sobre la justicia.

 Parece que tenemos que olvidarnos de que la justicia emana del pueblo y la administra el Poder Judicial, según el artículo 117 de la Constitución, y asumir que en realidad reside en el Olimpo y sus dioses no pueden ser ni criticados. Y que no vale ya el precepto de que todo acusado es inocente hasta que no le condenan -con pruebas- y no tiene que demostrar él su inocencia.

“Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. El presidente interfiriendo delante del Supremo”, dice Feijóo. Se han levantado prácticamente en armas contra el presidente del gobierno por sus declaraciones a El País cuando hoy mismo, por ejemplo, El Mundo lleva a portada una de sus singulares encuestas para afirmar que la mayoría absoluta de los españoles cree que el fiscal es culpable. Y nadie ha protestado. “Un simulacro de democracia”, escriben desde medios que se permiten atacar con bulos la estabilidad del país, con toda impunidad, cuando en los tiempos que añoran y buscan les hubieran cerrado el medio por cualquier crítica. Y, entre los principales crispadores del PP, Tellado sigue erre que erre y dice: “el fiscal general delinquió presuntamente siguiendo órdenes de Moncloa” pese a que el Supremo lo descartó. Y a que no tiene ninguna prueba.

Otros dos periodistas han testificado que conocían el contenido de la confesión de Alberto González Amador antes que el fiscal: Miguel Ángel Campos de la Cadena SER y José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es. Este último ha precisado que lo supo por una fuente solvente de la Fiscalía de Madrid.

Es tal la inconsistencia del caso que, a falta de ninguna prueba alguna, se aferran al borrado del móvil de García Ortiz como indicio. Y hasta eso se lo ha desmontado el fiscal de protección de datos

Ahora bien, el patetismo del caso se refleja en cómo la inmensa torpeza de Miguel Ángel Rodríguez, cargo público al servicio del novio de la presidenta de Madrid, ha convertido la discreción que pedía el tipo acusado de delitos fiscales y falsedad documental en algo con eco internacional ya.

 Fiscales y magistrados europeos han transmitido en un artículo de opinión su «gran inquietud y preocupación con lo que está ocurriendo en España» con motivo del juicio «sin precedentes» contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han alertado del riesgo de que procesos «oportunistas pueden tener como único propósito judicializar el enfrentamiento político y partidista y minar la credibilidad e imagen pública de la justicia, de los tribunales o de la Fiscalía».

Lo firman Hans-Ernst Böttcher, magistrado honorario (Alemania); António Cluny, fiscal general adjunto y exrepresentante en EUROJUST (Portugal); Simone Gaboriau, magistrada honoraria (Francia); Mariarosaria Guglielmi, fiscal (Italia); Filipe César Marques, juez de derecho (Portugal); y Gualtiero Michelini, juez del Supremo Tribunal (Italia).

Con semejante engrudo el daño ya está hecho y será determinante la sentencia que dicte este tribunal. El peligro de que deje desprestigiado al Supremo de España es enorme por todo cuanto está ocurriendo ya desde la instrucción. ¿Hasta qué punto llegará todo esto cuando el fascismo trumpista impone decisiones incluso en otro país, Gran Bretaña, y en su más valorado medio informativo? Cuando, en síntesis, la verdad y el periodismo están siendo acosados.

El pulso es duro y muchos no advierten que en momentos cruciales como este lo esencial es ir al grano, al eje del problema. Sigo sin entender cómo se ha consentido en España dejar crecer a este extremo la lluvia de insultos y bulos, las trampas con toda impunidad. Y cómo no se ataja, porque desde hace tiempo ya, cada paso es a peor. La permisividad acrecienta los problemas. Y es lo que resume la brillante viñeta de Ben Jennings en el Guardian: “Tras oler sangre, los depredadores cercan a sus presas”, a las siguientes presas; todas las que quieran potencialmente.

No es casualidad que la semana del aniversario de la dana, que dejó 229 muertos sólo en la provincia de Valencia, el Partido Popular decidiera llamar a comparecer el Presidente del Gobierno a la Comisión de Investigación del Senado, en la que su abultada mayoría absoluta le permite hacer y deshacer a su antojo. Se alteraba así el foco el día después del funeral de Estado que nos dejó a un Presidente de la Generalitat aislado y abucheado por las víctimas. 

El formato de la comparecencia, muy agresivo, permitía interrumpir al presidente las veces que el senador interviniente considerara y se desarrolló en un tono muy abrupto. Los senadores de la derecha alternaban alegatos sobre la culpabilidad de Sánchez, de la que no tenían ninguna duda, con preguntas en tono inquisitorial que buscaban incriminarlo más que averiguar la verdad. 

Después de más de cinco horas de interrogatorio, nadie puede dudar de que lo que se vivió el jueves en el Senado fue un circo, un intento de distraer la atención de la opinión pública española para desviarla de lo que de verdad estaba en el foco, la dejación de funciones de Carlos Mazón en la mayor catástrofe natural que ha sufrido Valencia y del hecho de que lleva un año sin haber respondido por ello, un año de indignidad. 

Este fin de semana se producirán las primeras reuniones, más restringidas, y el lunes será cuando la ejecutiva de Junts se encerrará en un 'coworking' de Perpinyán para decidir cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora. Las voces partidarias de romper con el PSOE han ido en aumento pero eso no implicaría encumbrar a Feijóo, al que acusan de bloquear avances en ámbitos como el catalán en Europa.

¿Esta vez va en serio?

Es la pregunta más repetida en los últimos días tras el juego de palabra que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, utilizó el miércoles para anunciar que para su partido ha llegado “la hora del cambio”. La respuesta es que sí o, para ser más precisos, el partido de Puigdemont va mucho más en serio que todas las anteriores ocasiones. Fuentes del partido señalan que el PSOE solo se mueve cuando nota que se acerca “al abismo” y que esta vez está más cerca que en las anteriores. La cuestión es qué les puede ofrecer ahora para rebajar un malestar que es bastante transversal porque es compartido tanto por miembros de la dirección como diputados y cargos municipales.

¿Qué consecuencias puede tener en su maltrecha relación con el PSOE?

Los partidarios de romper, que cada vez son más, consideran que hay que borrarse definitivamente del bloque que apoyó a Pedro Sánchez en su investidura. Los posconvergentes insistieron desde el principio que no querían formar parte de ese grupo, que ellos comían aparte y es lo que han intentado toda la legislatura. Pero a medida que Sánchez ha ido mirando a su izquierda, ya fuese en su apoyo a Palestina o la reducción de la jornada laboral, la distancia ha ido aumentando. Sánchez cada vez más busca atraer votantes de Sumar y Podemos mientras Junts intenta frenar la fuga de los suyos hacia Aliança Catalana.

Junts acusa al Gobierno de bloquear la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Sumar y el resto de grupos de izquierda rechazan el texto por considerar que avala los discursos racistas. Eso, sumado al fiasco del traspaso de competencias en inmigración, es algo que ha alimentado aún más el malestar. Para el partido de Puigdemont y más concretamente para sus alcaldes todo lo que esté vinculado a multirreincidencia es prioritario porque consideran que la única manera que tienen de combatir el discurso xenófobo de Silvia Orriols y los suyos es endureciendo su posición. Es algo que han trasladado tanto al expresident, la última vez hace solo unos días en Waterloo, como en reuniones con Jordi Turull. 

Tampoco hay que olvidar que muchos en el partido de Puigdemont defienden que, para remediar la pérdida de visibilidad en la política interna de Catalunya, Junts debería lograr acuerdos con el Govern de Salvador Illa. De hecho, la formación intentó este mes que el PSC aprobara varias de sus propuestas en el Parlament como un primer acercamiento antes de valorar la opción de sentarse a negociar los presupuestos. Pero ese primer intento quedó en nada porque no se entendieron y el Govern prefirió priorizar a sus socios tradicionales de ERC y Comuns.

¿Junts apoyaría una moción de censura del PP?

Esta es la pregunta del millón y que depende de Puigdemont pero no solo de él puesto que aquí entra Alberto Núñez Feijóo en la ecuación. Junts siempre había dicho que no haría caer al Gobierno para que fuese el PP quien ocupase su lugar. Públicamente solo un dirigente de peso, Antoni Castellà, ha especulado (y tampoco con especial convicción) con la posibilidad de apoyar una moción ‘instrumental’, esto es, forzarla solo con la condición de que el PP convocase inmediatamente elecciones. No parece que, a fecha de hoy, esa sea una opción mayoritaria en el partido, por más enfado que exista con el PSOE. Además, tampoco está claro que Feijóo estuviese dispuesto a jugar esa carta. 

¿Cómo influye el ‘factor Puigdemont’?

Al igual que pasó cuando se consultó a la militancia sobre la salida del Govern de Aragonès o sobre apoyar la investidura de Sánchez, el pulgar del expresident condiciona y mucho la decisión de la dirección y la de la militancia puesto que la pregunta se formula ya con intención. 

El expresident afronta la decisión sobre cómo enfocar lo que queda de legislatura sin que el arreglo de su situación personal vía ley de amnistía (lo que motivó el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez) esté solventado. Tras las caóticas negociaciones políticas, el rechazo del Supremo a amnistiar a Puigdemont le ha obligado a pedir amparo al Constitucional y esperar a que el tribunal de garantías corrija al alto tribunal.

A principios de octubre, el Constitucional admitió a trámite el recurso con el que Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. La admisión a trámite se demoró unas semanas porque, antes, Puigdemont había recusado a tres magistrados conservadores.

El expresident ha pedido que, como medida cautelar mientras se resuelve el recurso sobre su amnistía, se suspenda su orden de ingreso en prisión en España. El Constitucional todavía tiene que resolver esta petición (a la que la Fiscalía se ha opuesto), aunque es infrecuente que el Constitucional acuerde una medida cautelar antes de abordar el fondo de un recurso. 

Lo más plausible es que Puigdemont no conozca si el Constitucional despeja su camino para volver a España hasta la sentencia de su caso, que todavía tardará unas semanas y se espera para el próximo invierno. En suma, la sentencia de Junts a la legislatura puede llegar antes que la sentencia sobre la amnistía a su principal beneficiario.

¿Qué pasará con la mesa de negociación?

Una de las opciones que se está debatiendo es la de finiquitar la mesa de negociación que se ha ido reuniendo periódicamente en Suiza y en algunas ocasiones también en Bruselas. En la última, celebrada en Zúrich, se constató que lo que siempre han sido dificultades para llegar a acuerdos ahora se antojan obstáculos insalvables.  

Con la entrada en prisión de Santos Cerdán, Junts perdió a su mejor aliado. La relación que habían tejido con Turull era prácticamente de amistad. Los independentistas se quejaban de que los acuerdos que alcanzaban con el entonces secretario de organización del PSOE quedaban después empantanados en los ministerios. Es algo que, según los independentistas, no se ha resuelto después, cuando el principal interlocutor es el expresidente Zapatero, que ya antes estuvo en más de uno de los encuentros bilaterales, ahora junto a Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

Una de las carpetas que se arrastra desde hace más tiempo es la de la oficialidad del catalán en Europa. Junts ha reconocido públicamente los esfuerzos del Gobierno y en especial del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para convencer al resto de estados y ha criticado duramente al PP por boicotear cualquier tipo de avance. De hecho, es uno de los ejemplos que citan para descartar el apoyo a una moción de censura de Feijóo.

El estado más reticente a que el catalán tenga un mayor reconocimiento es Alemania y, para alegría del PSOE, el canciller Merz ha aceptado “abrir un diálogo” para ver si es posible. No es garantía de nada pero al menos ya no lo bloquea. Es un paso aunque no se sabe cómo acabará. Este es un tema del que Puigdemont ha hecho bandera pero que a los alcaldes de Junts no les parece ni lo más urgente ni lo que les permitirá recuperar los votos que están perdiendo. Y el primer examen electoral, si Sánchez no adelanta las generales, es el suyo. 

Lo que es correcto y lo que es práctico son dos cosas diferentes"

James Buchanan 

Tendremos que felicitar al Gobierno, que, sin ceder a los planteamientos externos, ha dado en sacar adelante la máxima sanción posible para mostrar su rechazo a los crímenes de Israel. 

¡Qué fácil sería gobernar si las decisiones fueran experimentos de laboratorio! Es decir, si cada uno de los actos de gobierno sólo se debiera a la realidad de ese momento y a las cartas de interés político que se jugaran en ese instante. Lo malo es que gobernar tiene consecuencias, algunas graves. Por eso el Gobierno, que ha querido dar un paso adelante en las represalias hacia el Gobierno de Israel, se ha atado los machitos y ha ido hasta donde podía ir. Si además le ha vencido la mano a los extremistas, esa es otra historia. Lo real es que nadie en su sano juicio llegaría a castigarse a sí mismo por castigar a los demás. 

Hablo, por supuesto, del embargo a Israel. 

No lo hago desde la perspectiva ideológica ni desde la teoría de máximos y mínimos y ni siquiera desde la perspectiva de lo que uno comparta o no. Lo cierto es que, por motivos de interés político, por convicción o por presión de sus socios, el Gobierno ha llegado todo lo lejos que podía llegar en el planteamiento del embargo. Gobernar es tener responsabilidad. En la oposición uno puede prescindir de todo para plantear extremos inaceptables o incluso peligrosos. Por eso me alegro de que el presidente del Gobierno haya optado por asumir una postura que está más alineada con el interés general de la que plantean Podemos, Sumar u otros actores minoritarios. En realidad es el papel del PSOE, ejercer un progresismo no destructivo y próximo al bienestar de la mayoría. 

Desde una perspectiva únicamente ideológica o de activismo es muy fácil clamar por el cierre total de relaciones con Israel, empezando por las militares. Genial, una petición de máximos y a correr. Pero gobernar no es eso. No saben cuánto me alegro de que el presidente y el PSOE no se hayan dejado arrastrar por tan peregrino y peligroso planteamiento. Un gobernante deber pensar en el interés general y no en que lo general se adapte por tus narices a tu propio interés. 

Por razones que pueden criticarse o no, lo cierto es que España y la seguridad y defensa española a lo largo de años han llegado a depender en gran manera de la tecnología israelí. Tampoco era tan raro, se trataba de una de las democracias empeñadas en innovar y en vender a buen precio. Cambiar eso no es como dejar de ir a una tienda de matcha para elegir otra. La dependencia supone que un cierre completo produciría un riesgo militar y operativo inmediato. Puede que desde el mundo de las consignas unas personas importen y otras no, pero desde un análisis frío para castigar la innegable masacre y los crímenes contra la humanidad de Netanyahu puede que no sea ético ni moral poner en riesgo a ciudadanos españoles. Y es que detrás de los mantenimientos y repuestos para armas, las capacidades de blindaje, los sistemas de guiado láser, los programas conjuntos de fabricación, los chalecos blindados, la munición... hay mucha gente. Gente nuestra, inmigrantes que se han enrolado, mandos y gente de tropa, mucha gente a la que no se puede dejar desprotegida o en la estacada. Me alegro de que el sentido común haya restringido el alcance del embargo y haya dejado abierta la posibilidad de saltarlo en caso de necesidad. De necesidad de lo nuestro y de los nuestros, no sé si algunos lo entienden o es que no comprenden el concepto de nuestro. 

Ha dicho Pablo Fernández que “se está votando un decreto fake, un embargo de armas que tiene muchísimos agujeros y que a nosotros no nos gusta”. Lo que ellos llaman fake yo lo llamo razonable. Te guste o no, eso que llamas agujeros son las ventanas de protección de nuestra gente y, excepto que Podemos no entienda ese concepto, el de nuestra gente, que su ceguera ideológica no le permita entender que no puede poner en riesgo a trabajadores y profesionales del sector de la defensa y la seguridad que trabajan para todos, excepto que lo sepa y se lo pase por el forro, no se entiende su postura. Tampoco mucho la de Sumar, aunque sea más liviana. “Ha habido un intento hasta el último momento de que el Gobierno retirase esta convalidación de este real decreto ley y que volviese a traer un decreto que realmente fuese un embargo real y efectivo. Lo hemos intentado interlocutar y hemos hablado con el Gobierno para hacerles entrar en razón, pero hemos comprobado que no lo iban a hacer”, ha contado Fernández y, por cierto, menos mal. Lo que ellos llaman entrar en razón es asumir la sinrazón de que un conflicto internacional, por más sangriento que sea, te tiene que llevar a poner en peligro a tu gente y hasta a tu población, por la cuestión de la inteligencia anti yihadista del Sahel que depende del Mossad.

Están a lo suyo los de Belarra, que es aprovechar la ventana de oportunidad que les ha dejado lo que consideran debilidad de Sánchez: aplaudir el plan de paz de Trump y no dejar que el barco de la Armada entrara en la zona de exclusión. Con el suspense sobre la convalidación del decreto pretendían hacerse con esas presas ideológicas. No saben cómo me alegro de la supuesta debilidad de Sánchez que no es sino sentido común: para no meter barcos de guerra españoles en una zona de exclusión, para no desapegarse del grueso de la comunidad internacional, para no dejar a la intemperie a las gentes que curran para protegernos. Todavía hay quien pone la sensatez como límite.

Yo siempre entendí por qué le quitaban el sueño. En eso llevaba razón, porque poner la ideología por encima del interés general de tus nacionales es un riesgo inasumible. Sensatez sociata. 

La Junta de Castilla y León con su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, acude a la Conferencia de Presidentes con “voluntad de llegar a acuerdos”. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido esta postura y la ha contrapuesto a la del Gobierno “que ha desaprovechado la reunión preparatoria de la Conferencia”.

“El Gobierno dedicó esta reunión para oponerse a los temas que llevaban las comunidades autónomas”, ha insistido el portavoz, que ha reiterado que acudirán con “voluntad de acuerdos” y con “los documentos puestos encima de la mesa para que se debatan”.

Hasta última hora, las comunidades autónomas del PP habían amenazado con no acudir a la cita de este viernes en Barcelona. El Gobierno, para evitar el boicot de los de Feijóo, ha terminado por aceptar todas las peticiones de los populares. Fernández Carriedo ha matizado que “viene así en el reglamento”, que las propuestas de una mayoría de las comunidades autónomas sean incluidas en el ordén del día.

El portavoz ha confirmado que Castilla y León ha enviado un documento con diversas propuestas relativas a la financiación autonómica, un no a la condonación de la deuda, para solucionar el problema de la escasez de personal sanitario, sobre las infraestructuras energéticas para evitar nuevos apagones y el ferrocarril para evitar el cierre de servicios ferroviarios.

Respecto a la amenaza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de levantarse y abandonar la reunión si no le hablan en español, Fernández Carriedo ha insistido en que ha sido el Gobierno quien “ha puesto sobre la mesa los pinganillos”. Sin embargo, no ha confirmado ni negado que Alfonso Fernández Mañueco vaya a replicar a Díaz Ayuso: “El problema no es escucharse o en qué idioma lo hacemos, el problema es entenderse”.

Cuestionado también sobre la presencia de la Junta de Castilla y León en la manifestación convocada por el Partido Popular y Feijóo para el sábado, Fernández Carriedo ha afirmado que “la Junta no participa en la manifestación”, para después señalar que “sí participan ciudadanos que tienen responsabilidad pública en la administración”. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, acudirá a esta manifestación, como ya ha confirmado durante los últimos días.

Cada día amo más la profesión periodística y cada día mi apego se vuelve más romántico. Porque sigo creyendo que los medios publican noticias, ya ven, qué tontería. Y sigo pensando que la palabra “noticia” tiene un significado específico: aquello que 1) resulta de interés público; 2) no era conocido hasta el momento de publicarse; y 3) es relevante desde el punto de vista político, económico, cultural o social. Los mensajes de whatsapp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos sólo cumplen el primer requisito. Y eso siendo muy generosos: más que revestir interés público, interesan al público.

No hay nada nuevo en el enfrentamiento de Javier Lambán y Emiliano García-Page con Sánchez. Los barones disidentes lo son desde hace diez años. Si gepeteas: “¿A quién puedo pedir una opinión crítica contra Pedro Sánchez?”, te los saca con foto. 

Hemos visto chorrear sangre en las páginas de la prensa a causa de los enfrentamientos en el PSOE. No hay noticia. Tampoco resulta extraordinario. En todos los partidos hay discrepancias y luchas de poder. No, quiero ser precisa: en algunos, como Ciudadanos o UPyD, se evitó la concurrencia de distintos liderazgos. El resultado es que nunca dejaron de ser pequeños y murieron rápido. Que desde la cúpula de los partidos se trate de controlar esa discrepancia también es habitual. El éxito en este caso fue escaso. A la vista está que los toques de atención de Ábalos no les intimidaban demasiado. Los mensajes también revelan críticas de Sánchez a algunos ministros. Me apostaría algo a que son más comedidos que los del papa Francisco sobre sus cardenales. Y no dejaron de llamarle “Santidad”.

Los mensajes revelan el grado extremo de banalización de la política. Y algo peor: la situación del periodismo. Como todo es “contenido”, hemos perdido la perspectiva de lo que es noticia. La información se convierte en parte de la industria del entretenimiento. Y las noticias se confunden con el ruido. Nunca fue tan hermosa la basura mediática, diría parafraseando a José Luis Pardo. Y es relevante enfatizar que todos los periódicos españoles cometen excesos de cuando en cuando.

Entretanto, la ciudadanía sigue al otro lado. Mucha gente recurre a las redes sociales porque no encuentran muy diferente la información que ven allí de la que les ofrecen ciertas cabeceras autodenominadas serias. Cada vez más ciudadanos evitan las noticias, no sienten interés por ellas. Así lo refleja una tendencia constatada a lo largo de una década por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo. En vez de debatir sobre esto, los periodistas siguen hablando de guerras de poder. 

La manera como se informa la ciudadanía se ha transformado. Esa tendencia a huir de las noticias tiene consecuencias: la democracia es un régimen de opinión pública cuyo motor es el debate público. Necesita el combustible de la información veraz. Si no, no anda. Esa sacudida que notamos de vez en cuando es porque se está averiando.

Los periodistas hablan mucho de las terribles consecuencias de la degradación de la política, pero apenas mencionan cómo la degradación del periodismo incide en la política. Al periodismo aún le gusta verse como una profesión heroica, cuya misión democrática es controlar al poder. Pero estamos en otra era de la información y en otra era ciudadana. La confianza en las instituciones de intermediación (los periodistas son una) se ha quebrado, como también se ha roto la confianza en la política. La información de calidad cuesta dinero y será cada vez más cara, en un internet en que todo será de pago. Ese distinto acceso va a generar una nueva desigualdad, y un mayor debilitamiento de la democracia. De todo esto hay que hablar. Es de gran trascendencia social. Y hay que hacerlo públicamente. A ver si algún director de algún medio tiene en su whatsapp un mensaje sobre esto que pueda publicar en los próximos días...

Es absolutamente sobrecogedor que alguien pueda considerar periodismo el uso fraudulento de unas conversaciones privadas cuya divulgación es puro cotilleo morboso. Eso sí, con el fin de dañar –aún más– a Pedro Sánchez y sus relaciones personales con otros políticos. Solo de pensar que han salido, ufanos, felicitándose de su hazaña, individuos que supuestamente comparten profesión conmigo y otros periodistas a los que respeto por su trabajo, me resulta tan indignante como demoledor. Porque no son masivas las reacciones en este sentido a una prostitución nauseabunda de la información, del derecho a la información de los ciudadanos. Qué va, hasta programas especiales de televisión hicieron los colegas (de los transgresores, no de los periodistas) en pleno domingo. Y ante alguna crítica, ha habido quien ha osado comparar la “exclusiva” con el “Luis, sé fuerte” de Rajoy a Bárcenas, que sí era información. Se trataba de un proceso judicial por corrupción y además lo divulgó el receptor, el tesorero del PP, a quien querían cargar todas las culpas. Que esto lo digan periodistas da idea de en qué manos está una parte de la profesión y hasta qué punto los ciudadanos han sido invadidos por la falta de criterio y la desinformación.

Luego están los políticos. Criticando lo que el presidente del Gobierno wasapeaba con Ábalos, como si fueran el público de esos programas de la entrepierna que comenzaron a degradar la profesión en su día. Con tanto cuanto tienen que callar, además, de sus palabras vertidas. Aquellas alabanzas, por ejemplo, de Cuca Gamarra a Pablo Casado por alarmarse públicamente de los negocios del hermano de Ayuso con las mascarillas mientras tanta gente moría. Gamarra, además, traicionó al presidente del PP del que era número 2, al minuto siguiente, como una Judas sin un gramo de decencia.

El colmo, para no variar, ha sido Isabel Díaz Ayuso, saliendo a dar las gracias –a dar las gracias, repito– a jueces, fiscales y periodistas que están dando lo mejor de sí mismos contra Sánchez. Será casualidad pero la asociación de fiscales que se personó como acusación particular contra el fiscal general del Estado urge a procesarle ya aunque el juez que las busca con denuedo no encuentra pruebas. ¿Cómo sería conocer los wasaps de Ayuso, precisamente, con su jefe de gabinete, con su novio, con Aznar, si llamó “hijo de puta” con todas las letras al presidente del Gobierno de España en pleno Congreso de los Diputados? Esos mensajes deben echar humo. Humo… golpista. Que, además, es diferente.

Conversaciones privadas de Sánchez sin relación alguna con ningún proceso judicial que recogió la UCO y estaban bajo custodia judicial, su divulgación apesta y parece vulnerar la legalidad. ¿Quién las facilitó? ¿A cambio de qué? ¿Las robaron los grandes “periodistas” de la exclusiva? Por fin el Gobierno dice que denunciará la filtración si la policía no la investiga. No será admisible que no se exijan serias responsabilidades. Porque todo el país está vendido cuando personajes de este cariz operan con impunidad. Hay gente muy preocupada, por la democracia, por la honestidad, por el derecho a la información. Éste ha sido un golpe más para aclarar que esto es un estercolero donde se puede tumbar a un gobierno con la mayor bajeza que quepa imaginar. Por cierto, “derogar todas las leyes del sanchismo” pide Esperanza Aguirre al Congreso del PP. ¿Por ejemplo, rebajar en un 60% el salario mínimo y un 33% la pensión media; más, las que eran de menor cuantía? Cualquiera puede hacer una suma simple para saber qué está pasando.

Los mensajes de Sánchez datan en algún caso de 2020, nada menos. El contenido no aporta nada imprevisible: las relaciones que citan se veían así a la legua, en algunos casos son mutuas, pero la exposición pública causa daños a tener en cuenta, aumenta las rencillas si es el caso. A esta gente indigna nunca les ha importado el daño que causan, siendo inmenso en muchas ocasiones. Vean la aterradora persecución que sufre la política valenciana Mónica Oltra, exonerada ya por la justicia de no tener relación alguna con lo que hiciera o no hiciera su exmarido con el que ni siquiera convivía ya. En cambio, ahí tienen a poderosos convivientes de la política de derecha bien tiznados sin que nada ocurra.

La divulgación de las comunicaciones privadas en custodia judicial parece una revelación de secretos de libro, algo que solo se le imputa con insistente persecución también ¡al Fiscal General del Estado!, por un email, del novio de Ayuso precisamente. Mientras contenemos la indignación que todo esto produce, alegrémonos de que borrara los mensajes porque su publicación podía haber provocado hasta conflictos diplomáticos, dado cómo, asombrosamente, fluyen estas cosas a los medios.

Estamos en un país en donde la justicia parece actuar con extrema desigualdad según sea la ideología del objeto de sus pesquisas. Fiasco monumental el acuerdo que volvió a dejar en manos de… el PP los grandes órganos de dirección de la justicia. Y ya van ni cuento los años, décadas. No es normal, ni sano democráticamente.

Ayuso da las gracias por cómo están dando todos esos pilares lo mejor de sí mismos contra Sánchez. ¿Alguien cree que esto puede suceder en un Estado de Derecho sin que tenga consecuencias? Y lo terrible es la sensación demoledora de en qué manos está parte de la información y de la política que consumen los ciudadanos.

Hasta el momento ni el PP, ni la Audiencia de Madrid, ni la de Badajoz, ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo se han atrevido a intentar perseguir judicialmente de manera directa al presidente del Gobierno. Han puesto en marcha diversas maniobras de aproximación para alcanzar este objetivo a través de la cacería dirigida contra su hermano, su mujer y el fiscal general del Estado.

Da la impresión de que los impulsores de tales maniobras han llegado a la conclusión de que, con ellas, no van a conseguir lo que persiguen y han decidido poner en marcha una nueva operación intentando vincular al presidente del Gobierno con la causa por presunta corrupción ya iniciada contra José Luis Ábalos.

A través de El Mundo se están dando a conocer mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pedro Sánchez y el que fuera secretario de Organización del PSOE, con la finalidad de vincular al presidente del Gobierno en dicha operación de presunta corrupción. Pedro Sánchez no habría participado en la operación de corrupción, pero sí habría tenido conocimiento de la misma y la habría encubierto mediante la expulsión de Ábalos del partido y del grupo parlamentario. 

De lo publicado hasta la fecha no hay nada que permita llegar a esa conclusión. Los correos intercambiados ponen de manifiesto que la competición política en el Estado Democrático es simultáneamente una competición intra-partidista e inter-partidista. La competición en el interior del partido es previa a la competición con los otros partidos. Es el entrenamiento indispensable para competir en el exterior, ya que, como todo el mundo sabe en un país en el que el fútbol tiene la importancia que tiene, un equipo vale lo que entrena. El presidente o secretario general de un partido tiene que conseguir primero y mantener después la autoridad dentro del mismo para poder competir con éxito en unas elecciones generales. De ahí que deba estar pendiente de los movimientos que se producen en el interior del partido para mantener el control de la organización. Es puro instinto de conservación política.

Esto no ocurre solamente en España, sino en todos los Estados democráticamente constituidos sin excepción. Angela Merkel ha mantenido durante cuatro legislaturas al actual canciller, Friedrich Merz, fuera de juego. La comparación es pertinente, ya que en los Estados políticamente descentralizados la organización territorial del partido tiende a coincidir con la del Estado.  

Nadie puede sorprenderse, en consecuencia, de que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos se intercambiaran correos sobre lo que ellos entendían que eran movimientos dentro del PSOE, que podían poner en cuestión la autoridad del secretario general.

Ahora bien, el hecho de que de lo publicado no se derive ninguna responsabilidad para el presidente no es un elemento tranquilizador, sino todo lo contrario. Es un indicador de hasta dónde se está dispuesto a llegar en la cacería contra Pedro Sánchez.

La publicación de los correos por el diario El Mundo es un caso de libro de vulneración del “secreto de las comunicaciones”, reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución. 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de delimitar el contenido de este derecho, que está integrado por cuatro elementos:

1º. La finalidad de impedir la penetración desde fuera en el proceso de comunicación entre dos o más personas: “Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de ”comunicación“, la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia ”erga omnes“) ajenos a la comunicación misma” (STC 114/1994, FJ. 7º).

2º. El contenido constitucionalmente protegido está delimitado por el término “secreto” y, en consecuencia, solamente puede ser definido de manera “formal”. Está protegido todo. “El concepto de 'secreto' en el artículo 18.3 tiene un carácter ”formal“ en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado”. El precepto parte de una presunción iuris et de iure de que lo comunicado es “secreto” en un sentido sustancial (STC 117/1994, FJ 7º).

3º. De la conexión de la finalidad que el reconocimiento del derecho persigue y de su contenido constitucionalmente protegido se deduce cuál es el alcance que debe dársele al elemento subjetivo del mismo. La vulneración del derecho únicamente puede producirse por quien penetra desde fuera y no por quien es sujeto del proceso comunicativo. “Quien graba una conversación 'de otros' atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación 'con otro' no incurre en conducta contraria al precepto constitucional citado” (STC 117/1994, FJ. 7º).

4º. El elemento más decisivo es la “resolución judicial”. De ahí que en ella se haya centrado la jurisprudencia constitucional, en la que ha tenido un peso decisivo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha exigido que la resolución judicial se adopte “con base en la ley”. Pero no simplemente con base en una norma con rango de ley, sino en una norma en la “que se expresen todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención” (STC 49/1999, FJ 4º), es decir, “una ley de singular precisión” (STC 49/1996). El TEDH, en el caso Valenzuela, concreta las exigencias mínimas relativas al contenido o “calidad” de la ley en las siguientes: “La definición de las categorías o personas susceptibles de ser sometidas a escucha judicial; la naturaleza de las infracciones susceptibles de poder dar lugar a ellas; la fijación de un límite a la duración de la ejecución de la medida; el procedimiento de transcripción de las conversaciones interceptadas; las precauciones a observar, para comunicar, intactas y completas, las grabaciones realizadas a los fines de control eventual por el juez y por la defensa; las circunstancias en las cuales puede o debe procederse a borrar o destruir las cintas, especialmente en caso de sobreseimiento o puesta en libertad”. Se trata, en definitiva, de que la regulación legal ofrezca la “protección adecuada contra los posibles abusos” (caso Kruslin, núm. 35, y caso Klass, núm. 50) (STC 49/1999).

Es obvio que la filtración a un diario impreso de alcance nacional de la comunicación entre el presidente del Gobierno y un diputado no responde a ninguna de las exigencias contenidas en la Constitución y en la jurisprudencia del TEDH y del Tribunal Constitucional. 

En mi opinión, el fiscal general del Estado debería intervenir de manera inmediata y ordenar la investigación correspondiente con la finalidad de averiguar si se ha producido o no la vulneración del derecho reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución. También debería dársele la orden al Abogado del Estado a que interviniera en defensa del presidente del Gobierno. Y José Luis Ábalos debería ejercitar las acciones que el ordenamiento le permite.

La forma en que se ha puesto en marcha la operación pone de manifiesto que nos encontramos ante una estrategia golpista, que no debe quedar sin respuesta.  

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y distintos dirigentes de su partido se han lanzado este lunes a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los mensajes de WhatsApp que intercambió hace años con el que fue su ministro, el diputado José Luis Ábalos, que ahora está siendo investigado por la Justicia. Se trata de mensajes publicados por El Mundo en los que se pueden leer críticas de Sánchez y Ábalos a barones socialistas, felicitaciones por cumpleaños y conversaciones muy puntuales entre los dos.

Feijóo ha querido ironizar sobre esos mensajes durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP en el que ha anunciado un congreso del partido para julio. “Perdonadme a los presidentes autonómicos que aún no he podido saludar. Lo cierto es que para mí ninguno es petardo, ni hipócrita, ni impresentable. Son compañeros, amigos y servidores del Estado”, ha dicho el líder de los populares. Minutos antes, varios de los asistentes a esa reunión también habían criticado al presidente del Gobierno. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, el aragonés, Jorge Azcón, la de Extremadura, María Guardiola, o el líder del PP en Castilla-La Mancha han arremetido contra Sánchez con distintas expresiones.

El presidente andaluz ha calificado como “muy grave” la manera de Sánchez de “expresarse en relación al poder” y de tratar con desprecio y “con un tono cesarista” a compañeros de partido que discrepan con él. “Actuar con tanto desdén, con tanta falta de respeto hacia sus propios compañeros, demuestra cómo es la persona y cómo es Sánchez”, ha afirmado. Con respecto a la filtración, que el PSOE asegura que es un delito porque se trata de una conversación privada, Moreno ha animado a los socialistas a denunciarlo para que se investigue, aunque ha advertido de que quizás “se lleva una sorpresa” y descubre “que quien lo filtra es un compañero suyo”. Moreno ha proseguido señalando que los mensajes de Sánchez y Ábalos demuestran que la situación en la que se encuentra el PSOE es de “enorme debilidad”, no solamente por la falta de mayoría en el Congreso, sino que también porque existe una gran “división interna”.

En esa misma línea se ha mostrado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que cree que “los 'wasaps' son muy explícitos” y demuestran “cosas que ya sabíamos”. Eso sí, ha destacado que también resaltan que Sánchez “a quien echa de menos” es al que fue ministro de Transportes hasta 2021, José Luis Ábalos. “Aún no sabemos por qué le echó del Gobierno, pero a los pocos meses sabemos que pese a esas razones tan importantes por las cuales no estaba capacitado para estar en el Gobierno de España, sí que seguía estando capacitado para ser un prescriptor, para ser un asesor principal del presidente del Gobierno”, ha indicado.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha recalcado la “íntima relación” que Sánchez tenía y “ha seguido teniendo” con Ábalos, “con el que está involucrado en un caso de corrupción que está moviendo todo”. Dicho esto, ha afeado al jefe del Ejecutivo el trato tan “despectivo” a sus barones, como en el caso de su predecesor en el cargo, Guillermo Fernández Vara, “que ha entregado gran parte de su vida a las autoridades de la región”.

También ha valorado los mensajes el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha lamentado que “con esas peleas” entre el presidente de su región, Emiliano García-Page, y Sánchez, quienes pierden “son los castellanomanchegos”. “Vemos a un Emiliano García Page que ataca públicamente a Pedro Sánchez, pero que después da sus votos en el Congreso de los Diputados al PSOE de Sánchez. Vemos a un Page que se rinde siempre a Sánchez aunque le critique públicamente, y a un Sánchez que, como se enfada porque Page le critica, castiga a Castilla-La Mancha con menos financiación y con menos recursos”, ha proseguido. Núñez ha afirmado que “estos 'wasaps'” demuestran que Sánchez es “un presidente del Gobierno autoritario” que “es tóxico para el conjunto del país”, y “que cuanto antes deje de ser presidente del Gobierno, mejor será para todos”.

A primera hora era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que se refería a esos mensajes. “Que haya o no conversaciones privadas en ningún periódico a nadie nos gusta, pero hay que ver que tengan que ser precisamente ellos los que se llevan las manos a la cabeza cuando son los que han promovido y han filtrado desde los poderes del Estado inspecciones fiscales, datos anónimos de particulares, de sus domicilios, hasta reformas de las viviendas de personas cercanas a políticos, adversarios políticos, y aquí no pasa nada”, ha apuntado sobre las críticas del PSOE a que se haya difundido una conversación privada entre los dos políticos.

El PSOE habla de un “delito”

De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha considerado que “la revelación de conversaciones privadas es un delito, y, por tanto, evidentemente, constituye un delito esta revelación”. Y el ministro de Política Territorial y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha tachado de “muy grave” la campaña “infame” que se está llevando a cabo contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al revelarse mensajes privados y ha pedido investigar esta filtración. “Si la estrategia de la derecha de este país pasa por la filtración de mensajes personales, que pierdan toda esperanza, no vamos a darle mucho pábulo a estas estrategias”, ha añadido la portavoz del PSOE, Esther Peña, en rueda de prensa. Además, ha considerado que la filtración “es grave porque atropella el derecho a la privacidad de las conversaciones”. “Pero no nos ocupa, no le queremos dar más pábulo. Sí nos preguntamos cómo una información que está en un juzgado puede acabar en un medio de comunicación”, ha zanjado

El presidente de Castilla-La Mancha, que es uno de los barones más críticos con Sánchez desde dentro del PSOE, ha considerado que los mensajes entre Sánchez y Ábalos demuestran que había “tensiones” en el seno del partido desde el año 2012 y que las opiniones enfrentadas entre miembros socialistas no son “ningún teatrillo”. En una entrevista en Onda Cero, Page ha opinado que con estos mensajes se ve que el problema en el PSOE no es “simplemente de poder” o de “no dejarle gobernar al que está arriba”. “Hay un problema de fondo que se abrió entre los que no estábamos por gobernar a cualquier precio y los que en cualquier momento podían hacerlo”, ha manifestado.

En todo caso, en lo que a él mismo respecta, García-Page ha apuntado que aunque “había tensión”, sus conversaciones con Ábalos fueron “mínimas” y ha mantenido “alguna más” con Santos Cerdán, aunque “en un tono bastante amable y bastante razonable”. “A lo mejor se trata de que me dieron por perdido desde el primer momento”, ha ironizado.

Uno de los dirigentes socialistas más críticos con Sánchez, el expresidente de Aragón Javier Lambán, desvelaba además que el presidente del Gobierno le llamó por teléfono en varias ocasiones para reprocharle sus opiniones y ha señalado que le sorprendió “la ira y la pérdida de control” durante esas conversaciones. El también exsecretario general del PSOE de Aragón ha indicado que los contactos con Ábalos o con su sucesor Santos Cerdán eran más “cordiales”, pero Sánchez se dirigió a él en tono más “árido” e “intolerable”. “Yo tuve tres o cuatro episodios con Sánchez, telefónicos todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que no le habían gustado”, ha indicado en una entrevista en Onda Cero.

Podemos pide explicaciones

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que los mensajes intercambiados por Sánchez y Ábalos revelan que era una de su persona de su máxima confianza y obliga a dar muchas explicaciones sobre el cese dentro del Gobierno en 2021. “Ábalos era la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez (...) y es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo. Y también está claro que el presidente Sánchez y el PSOE tienen que dar muchísimas más explicaciones de por qué cesaron a Ábalos en el año 2021”, ha lanzado en rueda de prensa este lunes.

El también portavoz de Podemos ha insistido en que “es muy difícil de creer” y “prácticamente inverosímil” que Pedro Sánchez “no supiese nada de los tejemanejes y de las actitudes presuntamente corruptas del señor Ábalos”. Y esto, a su juicio, “pone de manifiesto la corrupción sistémica del bipartidismo” de PP y PSOE.

Lo peor que te puede suceder cuando construyes un relato en comunicación política es confundirlo con la realidad. A los populares se les ve muy convencidos de que, igual que el gobierno y su mayoría están cogidos con pinzas, España es un país que se sustenta con hilos. Pedro Sánchez se presentó en el Congreso de los Diputados equipado con el civismo de los españoles, la potente respuesta de los servicios públicos y el colapso de las series distópicas de Netflix y un remedo de aquello que Thomas Wayne le decía a su hijo Bruce: caemos para aprender a levantarnos. Le bastó y le sobró. 

Si usted, señor Feijóo, ha venido a hablarme del apagón, yo le voy a hablar del modelo energético. La bandera antinuclear aún congrega a las tropas de la izquierda. Otro tanto sucede con la bandera del lobbismo. Si alguien cree en serio que, en España, va a funcionar ante la mayoría el discurso de que las víctimas son las eléctricas y la energía nuclear, ignora dónde vive. 

Dice el presidente que es consciente de que los ciudadanos queremos saber qué pasó, y el Gobierno también. Es un alivio. Pero no basta. Los setecientos y pico millones de datos que generó el apagón no pueden ser la montaña donde se entierre la verdad. Dice el presidente, y tiene razón, que resulta sorprendente ver a tantos proponer soluciones tan contundentes cuando nadie que sepa y no lleve una camiseta se atreve a afirmar qué paso. 

Pero las incongruencias de los demás no arreglan las propias aunque lo parezca. Lo mejor que puede hacer el Gobierno pasa por asumir que esto solo puede acabar con lágrimas y con unas cuantas dimisiones. No hace falta ser culpable. Basta con ser responsable, y un cero energético no se recupera ni en junio ni en septiembre. El fútbol y la política son así 

Núñez Feijóo se presentó en el Congreso con el firme convencimiento de que, esta vez sí, podía fundirle los plomos a Sánchez invocando al caos para que caminase con él como si España fuese un episodio de Twin Peaks. Como en tantas otras ocasiones anteriores, creía tenerlo atrapado. Es una pena que en el Congreso no se permitan efectos especiales durante los discursos. Fue lo único que le faltó para petarlo en TikTok; además de no ser David Lynch. 

El don de la medida, en los tiempos y en las formas, no constituye la mayor de las virtudes del líder de la oposición. No ha desaprovechado otra ocasión para demostrarlo. Pudo haberse presentado como la alternativa fiable incluso ante las peores circunstancias. Le bastaba con la gravedad de lo que ha sucedido como base argumental para conducirse como el presidente que puede ser y llegó a ser al frente de la Xunta de Galicia durante la pandemia. No hacía falta añadirle nada. Si usted, señor presidente, viene a darme un baño de propaganda gubernamental, yo le voy a dar un baño de realidad. Pero prefirió el exceso y volver a coronarse como líder de los suyos en otro intento de batir el récord mundial de ovaciones desde su bancada. Y sólo con eso no da para llegar a la Moncloa. Debería saberlo ya a estas alturas.

Puede que Pedro Sánchez no pueda pedirnos confianza si no puede garantizar la luz o el transporte en tiempo de paz. Pero está por ver si puede tenerla un Núñez Feijóo incapaz de garantizarnos donde estaba su presidente, de su partido, el terrible día de la DANA de Valencia. 

El Ojo no ha pegado ojo. A las negras sombres del gran apagón se le juntaban, qué cosas tiene la mente, la pandemia del 20, la Filomena del 21, el volcán de La Palma, pocos meses después, y ya puestos, la DANA del año pasado. Pero la vida sigue y con la amanecida se recobran fuerzas, el ánimo resurge y el Ojo, reventón, está incluso dispuesto a dar consejos al Gobierno. Así, de gratis. Porque es obvio y manifiesto que son unos zotes en estas cosas de la comunicación. ¡Seis horas sin decir ni mu! Así que miembros del Gobierno, siéntense todos en unas sillitas en cualquier sala de La Moncloa, y vayan tomando notas de la propuesta del Ojo.    

Apagón a las 12.33. Diez minutos después, convocatoria de la ministra portavoz del Gobierno, a la sazón Pilar Alegría, a una rueda de prensa para las 13.30. Difícil la comunicación, pero posible, que las radios –ay, las radios, ¡cómo agradecemos su existencia!– estaban en pleno funcionamiento. Y allí Alegría cuenta lo que hay y contesta a las preguntas de los plumillas. Esto no lo sabemos aún, diría, pero estamos trabajando en ello, etcétera, etcétera. Y así, cada dos horas. ¿Que quiere salir Pedro Sánchez en lugar de la ministra? Ningún problema. Buena iniciativa, pero con periodistas y respondiendo preguntas, que esa sala llena de funcionarios es un insulto a la opinión pública. ¿Que se cansa Alegría, circunstancia perfectamente asumible?, pues la sustituye la secretaria de Estado de Comunicación, de nombre Lydia del Canto, que aseguran quienes la conocen que existe y que es una persona de carne y hueso. ¿No es un contradiós que la responsable de comunicar sea un ente misterioso e ignoto? Ya ven ustedes que la cosa no era muy difícil. Pues nada. Ni se hizo así ni de cualquier otra manera, que el Gobierno no informó de nada a los ciudadanos que estaban, nunca mejor dicho, a dos velas. Al día siguiente, Sánchez aparece en público y contesta preguntas. ¡Veinticuatro horas después! Un desastre sin paliativos. Un ejercicio de inoperancia e ineficacia imperdonable.    

Ya habrá noticias de qué ocurrió para que se produjera ese tremendo apagón, y continuaremos con la polémica sobre las nucleares, tan queridas por el PP, pero las primeras declaraciones de los responsables parecen descartar grandes conspiraciones y misteriosos ciberataques. O sea, que algún ser humano o algún Departamento en pleno de algún organismo, vayan ustedes a saber cuál, público o privado, ha metido el cuezo hasta el corvejón. Lo sabremos, vaya si lo sabremos, porque semejante destrozo no puede quedar impune. A las mazmorras los culpables. Un par de apuntes sobre la jornada. Lo primero, la extraordinaria actuación ciudadana, que quizá con costra por tantas desgracias en tan poco tiempo, nunca perdió la calma, que ya quisieran los noruegos, por ejemplo, mostrar un comportamiento tan responsable. Y dos, que de nuevo hemos visto la calaña de Isabel Díaz Ayuso, qué horror, intentando meter el miedo en el cuerpo a los madrileños con siniestras advertencias sobre la seguridad y una violencia que nadie veía. 

Cambio de tercio. Hace un año por estas fechas andaba Pedro Sánchez sumido en la meditación más profunda, o eso suponemos, allá en los adentros de La Moncloa. Parecía entonces que aquellos tensos momentos –manifestaciones en la sede de Ferraz a su favor, entre otros acontecimientos–iban a suponer un importantísimo parteaguas en el devenir de su presidencia, y por tanto, del Gobierno. Un año después, ya ven ustedes, mis queridos amigos, aquí seguimos tal cual estábamos, que aquellas promesas de regeneración democrática que parió aquel ejercicio de mantras del bhakti yoga se quedó en un minúsculo átomo, una pequeñez inane. Polvo en el camino. Pensó mucho, nos tuvo en un suspiro y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Ni leyes, ni controles, ni cristo que lo fundó. 

¡El remero de cosas que han sucedido desde entonces, dentro y fuera de nuestros confines! Pero al Ojo, ya saben, le gusta ir a lo mollar. A ver, ¿el Gobierno está mejor o peor que entonces? Diríamos, para mojarnos, que ni peor ni mejor: igual de mal. Acosado por una derecha cerril y destructiva, unos medios feroces, mentirosos y canallas, amén de unos togados inclasificables y unos socios que a ratos prefieren apretar la garganta que practicar el boca a boca salvador, el panorama se presenta, por no exagerar, aterrador. Pero ya conocemos el paño y para ser sinceros, todo indica que Sánchez, navegando en la tabla de surf en mitad de tormentas tras tormentas, como las gotas frías que nos han asolado, se iba una y venía otra, va a llegar al puerto de 2027. Y luego, a pelearse, que no hay tarot ni inteligencia artificial que sepa descifrar el jeroglífico. Con todo, sorprende el perfil bajo que ha elegido el presidente ante tanto fasto mundial, ausente en la cumbre del Vaticano. ¿No estar con Trump, con Macron, con Zelenski? ¿Por qué? 

Decíamos la semana pasada que íbamos a hablar del Gobierno. Hagámoslo. Anda flojo. No hay que ser un sesudo politólogo –dios nos libre– para ver con claridad meridiana que convendría dar un meneíllo a la cosa. Hay carteras que necesitan una cara nueva y con potencia indiscutible –ya mencionábamos Vivienda, verbigracia– y hay alguna otra que no ha conseguido salir no ya del anonimato, sino incluso de la clandestinidad, que hay ministros, o ministras, que parecen habitar en cuevas de tierras abismales, lejos de cualquier contaminación con la realidad. ¿Y hay algún miembro del Ejecutivo, digamos sin señalar a Grande-Marlaska, abrasado cual tizón de barbacoa? Es ahora, lejos de convocatorias electorales cuando el presidente debería agitar la coctelera para formar un gabinete mezcla de Puentes y Planas. O sea, a mí Sabino que los arrollo, y me sé la enciclopedia de mi ministerio de cabo a rabo, vean ustedes qué seriedad y qué dominio de los temas de mi competencia. Incluso ya puestos, a lo mejor podían intentar de este envite salir del pozo negro en el que se ahoga, año tras año, la política de comunicación del Gobierno, de la que ya hemos hablado con largueza en el inicio. 

Lo de Sumar es otra historia. Y seria. Por un lado, todos somos conscientes de los beneficios que para una gobernanza atenta a los problemas sociales representa la existencia de unos ministros en la mesa del Gobierno que empujen hacia la izquierda a un partido en ocasiones excesivamente cauteloso. Ahí está el caso de las balas israelís, un bodrio político y administrativo. Sin contar, como es obvio, con el chorro de votos que en unas elecciones podían aportar al PSOE, que los necesitará si quiere seguir gobernando. La teoría la sabemos, pero la práctica es otra cosa, que si se anda flojo de remos, ganar la carrera será imposible. Y ahora, desgraciadamente, estamos en una pelea a primera sangre entre Sumar y Podemos, unos poquitos frente a otros poquitos, que más bien parece un torneo del museo de las miniaturas. Decididos Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra al cuanto peor mejor, hay que ver lo que sabía Lenin del izquierdismo y el infantilismo, poco margen hay para la unidad de esa izquierda siempre renqueante. Aún más difícil cuando en Podemos han descubierto que si Junts se relaja en su oposición a Sánchez, ellos están prestos a tumbar al “cipayo” y “señor de la guerra”, Belarra dixit, para hacer valer sus cuatro diputados. Y el que venga detrás, si gobiernan PP y Vox, que sufra, que se lo tienen merecido por no ser lo suficientemente revolucionarios y no haber asaltado, no ya los cielos, ni siquiera La Moncloa. Mentira, por cierto, porque ellos mismos, con ese nombre y apellidos, un día estuvieron sentados en aquella mesa, tan ricamente instalados. 

Y en la otra acera, ¿han mejorado las cosas? Quiá. Rodeados de los restos de barro y desgracia que dejó la DANA y la incompetencia culposa de la Generalitat, inaugura su congreso el Partido Popular europeo sin la presencia, qué vergüenza, de Feijóo ni Mazón, el de la cara más dura de Occidente. Contemplen todos la insultante indecencia ante la tragedia, al tiempo que el vergonzante president de la Generalitat sigue haciendo mimos para sobrevivir, con el beneplácito del jefe Feijóo, a la ultraderecha de Vox, denostada en el resto de Europa. Buena muestra, diría algún malintencionado, que siempre los hay, de la miseria que rodea y define al Partido Popular y sus repugnantes escarceos con la antidemocracia de Abascal y sus huestes. Digan algo de esa coyunda, señora Von der Leyen y señor Merz, hágannos el favor. 

No sabe el Ojo terminar ninguna de sus modestas croniquillas sin una mención, siempre adolorida, a la tragedia de Gaza, otra semana más olvidada entre tanto Papa y tanto arancel. Nunca, nunca se olviden de los palestinos. Ni de maldecir al brutal Donald Trump, la garrota del salvaje hombre prehistórico como única arma de entendimiento, dentro y fuera de su país, y a su compinche Benjamin Netanyahu. No separen un nombre de otro, que es misión imposible, unidos ambos personajes con un pegamento indisoluble como Indívil y Mandonio o Cassian Andor y Mon Mothma.

Adenda. A la Iglesia Católica española siempre le ha importado bien poco quién mandaba en el Vaticano. Sostiene tan alta jerarquía con sus dineros a dos de los medios más reaccionarios, groseros y faltones de la derecha muy derecha. Llenaron las ondas de la Cope durante años con las diatribas del enloquecido Federico Jiménez Losantos, gran adalid de cualquier ridícula conspiración, para pasar, hasta hoy mismo, a llenar los bolsillos del inefable Carlos Herrera, del que aseguran varios medios de la derecha que cobra la modesta cantidad de entre 7 u 8 millones anuales. Pagan los obispos, que les sobra el parné. La Audiencia Nacional, por cierto, ha confirmado que Herrera dejó de tributar 2,1 millones de euros usando un “entramado empresarial”. Nada, a confesarse y seguir con los sermones, que la Iglesia lo perdona todo. Y por si no tenían suficiente con semejantes badulaques, ahí está la cadena de televisión Trece donde se junta la parada de los monstruos más fiera y casposa para insultar, denigrar y masacrar a todo lo que huela a izquierda o progresía. 

Los Papas. Allá ellos, dicen los obispos españoles, tan cañís.  

El PSOE sigue negociando con Junts su petición de una moción de confianza, por lo que la decisión parlamentaria al respecto se ha retrasado, en principio, un día. Ese dato de última hora se puede interpretar como que aún existen posibilidades de un acuerdo. Pero hasta en el supuesto de que el intento fracasara, el Gobierno de coalición seguiría en el poder. No hay elecciones a la vista. Hasta sin Presupuestos Pedro Sánchez parece dispuesto a seguir. ¿Pero cuánto tiempo puede aguantar el flagrante deterioro de sus alianzas que restringe cada vez más su capacidad de maniobra?

Sólo se puede hacer un vaticinio al respecto: que la ruptura abierta y total con Junts, a la que de una u otra manera podría vincularse Esquerra a la vista de la buena sintonía que ha habido entre Puigdemont y Junqueras este jueves en Waterloo, sólo podría producirse después de que el Tribunal Constitucional decidiera sobre la Ley de Amnistía. El que el tribunal haya apartado al juez conservador José María Macías de ese debate confirma las posibilidades de que la ley sea aprobada. Lo que no se sabe es cuándo llegará la sentencia. Y hay quien piensa que todavía falta un año para que eso ocurra.

Aunque el plazo podría acortarse –y eso también dependerá de las presiones que reciba el tribunal– en el tiempo que falta hasta que llegue la sentencia pueden ocurrir muchas cosas en el panorama político y judicial. De aquí a entonces se podría aclarar mucho la situación procesal del fiscal general del Estado, así como las de la esposa del presidente del Gobierno y también la de su hermano. Y si, como los optimistas pro gubernamentales creen, todas esas causas terminan en el sobreseimiento o algo parecido, la situación en la que el Gobierno afrontaría un final anticipado de la legislatura sería mucho más favorable de la que aparece en estos momentos.

Una vez más, habrá que esperar, por tanto. La situación política española no está del todo bloqueada, pero sí lo suficiente como para que ni el Gobierno ni la oposición tengan capacidad para producir dinámicas de cambio significativo de la misma. Unos y otros no tienen más remedio que ir al día y limitar sustancialmente su actuación a la propaganda o a golpear al rival. Así hasta las elecciones. Que tal y como están las cosas, no parece que vayan a tener lugar a mediados de 2027, como ocurriría si los plazos tasados se cumplieran, sino probablemente un tanto antes.

Hablar de pronósticos electorales cuando la situación actual es tan confusa y puede cambiar tanto de un mes para otro no tiene demasiado sentido, aunque es un referente que siempre ha de ser tenido en cuenta como elemento de contexto. Los sondeos, punto arriba o punto abajo, indican un empate entre el PP y el PSOE, que Vox está por encima del 13%, que Sumar no deja de caer, hasta el 6%, y que los demás partidos se mantienen respecto a los resultados de julio de 2023. En definitiva, que la derecha gana en estos momentos. Pero no por mucho. Y, sobre todo, no con los porcentajes que le harían falta para proclamar que su victoria ya es inapelable. Ni mucho menos. Todavía hay partido.

Y lo seguirá habiendo aunque el Gobierno no consiga que se aprueben unos nuevos presupuestos. Ese fracaso es cada vez más probable a la vista de cómo van las cosas con los independentistas catalanes: y quién sabe si también el PNV, muy disconforme con la política fiscal de Pedro Sánchez, no dará una sorpresa de última hora. Pero lo más probable, si bien nunca del todo seguro, es que el Gobierno de coalición aguante también ese fiasco y siga tirando millas al menos un año más. La buena marcha de la economía, que todos los pronósticos garantizan al menos durante los dos próximos años, será el colchón que amortigüe sus dificultades políticas. Sánchez tiene problemas, algunos serios. Pero no vive en una situación de emergencia política.

La relación con Junts es, hoy por hoy, su mayor dificultad. Puigdemont quiere sacar la cabeza, volver a Cataluña, cuando le concedan la amnistía, en condiciones de aspirar a una victoria en las próximas elecciones autonómicas y para ello está desplegando todo su arsenal ofensivo y de chantaje al Gobierno central. Con un elemento adicional que hasta hace poco no estaba en el tablero y que seguramente es de los que más influyen en su nueva actitud: el de que los líderes de las principales organizaciones empresariales catalanas, y particularmente José Sánchez Llibre, presidente del Foment del Treball, antiguo dirigente de CIU, le están exigiendo que combata la política fiscal de Madrid.

El asunto es serio y puede tener consecuencias. Porque, aun cuando algunos no se hayan dado cuenta, el Gobierno de coalición ha propiciado en los últimos tiempos un giro a la izquierda, que se ha concretado sobre todo en su política fiscal –con la creación de nuevos impuestos y el aumento de algunos de los ya existentes– y también con sus reformas laborales, algunas de calado.

Y la actitud de Foment del Treball confirma que ha empezado a consolidarse, y puede hacerlo aún más en un futuro, la reacción del mundo empresarial a esa política. El retraso en la aprobación de la reducción de la jornada laboral que tanto indigna a Yolanda Díaz podría expresar la preocupación del Gobierno por esa actitud del empresariado. Porque lo que parece que está haciendo el ministro Carlos Cuerpo es un intento de negociar ese proyecto con la patronal. Y esa línea podría aplicarse en otros capítulos de la política económica.

Los partidos que están a la izquierda del PSOE no aceptarán esas componendas, en el caso de que se concreten. Y por ahí podría surgir un nuevo problema para la coalición. O no. Porque quién sabe si un poco de batalla política, con verdaderos contenidos, entre los distintos sectores de la izquierda, no vivifica a todas las partes.  

El abogado que, defendiendo una causa, entra en abierta polémica con el juez comete la misma imperdonable imprudencia del alumno que en pleno examen discute con el profesor"

Piero Calamandrei

Una de las cosas que produce paz de espíritu en los días actuales es la lectura de resoluciones judiciales en las que, como es de esperar, prima el análisis racional de la realidad. Ante la Justicia no hay “relatos” que valgan ni “batallas culturales” ni “argumentarios” sino un ejercicio del bisturí de la racionalidad que, créanme, es un refugio en tiempos de verdades escurridizas. No hay nada mejor para desarmar los bulos y las interpretaciones sesgadas que una resolución judicial basada en las reglas de la razón y en las normas lógicas del Derecho. 

Por ese motivo no es nunca buena idea llevar pseudoargumentos, relatos de conveniencia o argumentaciones puramente políticas a ser contrastadas ante la racionalidad de un tribunal. Es absurdo pretender que un par de ideas que se pueden sostener ante los micrófonos, para dar titulares, como arma que blandir en la diaria brega política, puedan derivar en una acción ante la justicia que prospere. Por ese motivo pude afirmar ya en el mes de julio que la querella presentada por Pedro Sánchez-Castejón contra un juez por prevaricación no tenía ninguna probabilidad de ser admitida. Y les avanzaba también que no sería por ninguna conspiración sino porque carecía de cualquier sentido jurídico y respondía a una estrategia pésima. Si yo, aprendiz perpetua, fui capaz de determinar lo que jurídicamente se caía por su propio peso, piensen en cuantos técnicos y magníficos juristas que rodean al actual presidente del Gobierno pudieron habérselo dicho; lo que incluye a los magníficos profesionales de la Abogacía del Estado. Lo que tiene aventar a todo el que se atreve a decirte la verdad de tu lado, es que te quedas ayuno de ayuda real. En su tiempo esto se llamó el Síndrome de la Moncloa pero puede que sea el síndrome previo de los que llegan a habitarla, a saber.

El auto del TSJM no hace sino desmontar en términos racionales un relato que no se sostiene en términos jurídicos y que, yendo al fondo, tampoco sé si tenía mucho sentido defender en términos comunicativos. Por el camino, la abogada del Estado que ha aceptado el papel de seguir las indicaciones de su cliente, en vez de asesorarle, ha sido revolcada con todas las de la ley. Perdonen el juego de palabras. El relato se derrumba y debería haber sido capaz de anticipar este resultado con profesionalidad y evitarle a su cliente -que tampoco está claro que lo fuera- un varapalo adicional que es peor que haber asumido que se testifica como diga el juez con una sonrisa y se acabó el problema. ¿Qué mal que no fuera egótico se derivaba de haber colaborado simplemente? No sé, eran las mismas fechas en las que Biden acompañaba a su hijo a sentarse frente a un tribunal.

El primer fallo de la estrategia y del relato consistía en demonizar a un juez concreto por tierra, mar y aire, documentación y, finalmente, por escrito de querella. Como bien dice el tribunal esto queda tan claro que, en realidad, la Abogacía del Estado olvidó querellarse contra el juez Carlos Valle que es quién, recibida la extraña misiva remitida por el testigo Sánchez, confirma y ratifica que la declaración se produzca en Moncloa. Los magistrados ven ahí un “prejuicio”: “No es razonable establecer de facto que la primera resolución (la de Peinado) es prevaricadora y la segunda (la de Valle) no”. Es una cosa de cajón y es una decisión que la Abogacía adopta no por lógica jurídica sino “sin objetivación alguna” y “sobre la base de un prejuicio”. El establecido por el relato, habría que añadir.

El segundo revolcón viene a cuento de que se esté defendiendo con la querella “el descrédito gratuito a la institución” de la Presidencia del Gobierno. Un mínimo de objetividad dejaba ver que, como afirman los jueces, no se argumenta, porque no se puede, en qué se desmerece a la institución por tomar declaración en persona. Sólo si confundes al individuo que ocupa en ese momento la representación institucional y la propia institución puedes tener tal confusión y sólo a él y a su entorno le cupo confundir la parte con el todo. “La querella carece del suficiente desarrollo, ya sea indiciario, de cual ha sido perjuicio infligido a la institución”. De ahí la crítica pública a la utilización de la Abogacía que lo es del Estado y no del Gobierno y menos de la persona de su titular. 

La tercera pata del relato que no ha podido triunfar es la de la “inescindible condición” de presidente de Gobierno de la de esposo de Begoña Gómez. Cierto es, y lo dicen los jueces, que un presidente lo es las 24 horas del día pero también la razón nos apunta que eso no significa que todos sus actos lo sean en tanto que presidente. Sánchez no duerme como presidente ni corre como presidente ni acaricia a sus retoños ni se ducha como presidente sino como individuo, lo que no empece para que sea presidente cuando corre, cuando se ducha, cuando acaricia a sus hijos o cuando duerme. Es de cajón. “No cabe aceptar la afirmación casi tautológica de la Abogacía de la inescindibilidad de la condición de presidente del Gobierno y que, por tanto, solo pueda ser llamado como testigo en tal condición”.

El cuarto reproche se refiere a las quejas porque la declaración se grabara, como se hace siempre, y se hiciera llegar a las partes como es obligatorio por ley. Algo que cualquiera con un mínimo conocimiento en Derecho, máxime una abogada del Estado, tenía que conocer y así se lo manifiestan en el auto, como si a un niño le explicaran el abecedario.

Así que la querella era “especulativa”, “destilaba prejuicios”, “tergiversaba” el fin lícito y lo “disfrazaba” para la justificación que esgrime. Justo lo que se podría predicar de cualquier relato político al uso, del que usan y abusan sus protagonistas, como si los politólogos con tal descubrimiento hubieran masacrado cualquier atisbo de racionalidad. La Abogacía del Estado, en la persona concreta de su representante, asume la postura del presidente del Gobierno “negando todo espacio al debate jurídico procesal”. Pues con eso ya estaría. 

La Justicia no es lugar para “relatos” y, por eso mismo, no tiene sentido que los representantes de la misma se esfuercen por “ganarlos o perderlos” porque es algo que no va con ellos. Toda esta mala estrategia procesal y comunicativa estaba desde el inicio a la vista de cualquiera que no se deje llevar por las emociones, por los deseos o por las simpatías. Si desde un principio se hubiera elegido la calma, la colaboración, el estudio técnico y procesal de la situación, si se hubiera optado por no convertir la cuestión en una batalla, este varapalo, que lo es, no hubiera tenido lugar. Si se hubiera hecho lo mismo la noche de las llamadas y del partido del Atleti, seguramente el otro varapalo tampoco. El relato, de servir para algo, sirve para el ring político, para estorbar a los adversarios y para engatusar un poco a los votantes distraídos; sacarlo de ahí es un suicidio. 

Lean a Calamandrei y no lo resuelvan todo diciendo que el maestro les tiene manía. 

Desgraciado del que me pierda el respeto"

Duque de Rivas

¿Saben lo que le pasó a don Álvaro, el del Duque de Rivas, no? No me refiero a que al final de la obra, en un arrebato de romanticismo teatral, se suicidara, sino a esa escena en la que ante la llegada del impresionante duque de Calatrava tira la pistola al suelo y esta se dispara al caer y mata al noble. A esa escena. Ignoro por qué se me ha venido la imagen a la cabeza al ver lo irremediable de la imputación de Ábalos: esa pistola humeante que al caer se dispara y mata al personaje de más elevada condición. Hay metafóricas pistolas humeantes en manos de personajes a los que les va mal y les va a ir peor. Ojo con los disparos, fortuitos o no, sobre todo si hacen diana.

No sabemos a dónde conducirá la instrucción del caso Koldo, más allá de a nuevas revelaciones del contenido del informe de la UCO que no van a mejorar el panorama, pero sí sabemos de dónde venimos. Venimos de unos gobiernos cuyo origen está en la denuncia de la corrupción y en la caída merecida y tardía de un Gobierno de derechas precisamente acosado por la podredumbre. Limpieza y combate total a la corrupción fueron los lemas del cambio. Tan es así que las primeras limpias de ministros fueron casi absurdas: por una tesis, por unas diferencias con Hacienda dilucidadas décadas antes, por una grabación filtrada, por una acogida humanitaria aceptada por el número 1...

En medio de tan rígida y exigente vara de medir, en esa malla en apariencia tan estrecha, se coló la pesca gorda. El amigo del alma que hacía negociazos con las mascarillas, que pagaba con dinero negro de extraña procedencia a las mujeres que le acompañaban, que las enchufaba en puestos públicos, que disfrutaba de chalés proporcionados por tramas, que enredaban en las contrataciones públicas en otros territorios; todo eso pasó desapercibido para un presidente con una piel otrora tan fina para los deslices de sus colaboradores. 

No sabemos dónde acabará esta investigación ni a quién implicará, pero sí sabemos que la responsabilidad política de que esta persona tuviera tal manga ancha, de que fuera su mano derecha en el partido y en Moncloa el que se estuviera emponzoñando, sí es de quien tenía la obligación de velar. Este sapo de la charca de Sánchez croaba muy cerca del presidente y de todos los demás y era bastante peor que cualquiera de los casos que costaron relevos fulminantes y a veces injustos.

Si nos ocupamos en denunciar a Esperanza por no ver a sus batracios no podemos ahora aplaudir a Sánchez por haberlo dejado criar y poner huevos a su lado. Cesó como ministro a Ábalos en 2021, que por algo sería aunque no lo explicaron jamás, pero siguió como diputado y lo presentaron en 2023 en las listas y obtuvo su acta y continuó como militante dilecto hasta que todo estalló en prensa. Se le echó porque su mano derecha estaba enciscado y ahora es la mano derecha de Sánchez a la que los hechos delatan.¿Quién asume pues esa responsabilidad política? ¿Qué sabía y que no sabía el presidente del Gobierno sobre las sombrías actividades de su ministro, su secretario de organización y su amigo? La responsabilidad política nace mucho antes de cualquier otra purga, incluida la penal, está ahí acechando al líder que no sabe vigilar de quién se rodea. Eso como poco.

Mal está no explicar las cosas y peor pronóstico tiene explicarlas varias veces de formas distintas y hasta antagónicas. Seguimos sin saber por qué traicionamos nuestro papel internacional en la cuestión saharaui, las resoluciones y a todo un pueblo sin menoscabo del contento que eso produjo en el monarca alauita. Seguimos sin saber por qué se cesó a una ministra de Exteriores por acoger a un enfermo del Frente Polisario, organización reconocida por España como parte del conflicto, o por qué se expulsa y maltrata a los saharauis que llegan pidiendo asilo a Barajas. Ignoramos qué pasó con las escuchas de Pegasus a los teléfonos de miembros del Gobierno. No hemos sabido la verdad de aquella noche en Barajas en la que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pisó territorio Schengen teniéndolo prohibido y fue recibida por un ministro, ese mismo ministro y por su gañán de confianza. 

No hemos sabido la verdad pero hemos tenido versiones para parar un carro. Una de las últimas, la del sabio ministro Óscar Puente que, olvidada su trayectoria de abogado, ha tenido a bien adverar desde su alto ministerio que el “Número 1” del que hablaban los miembros de la trama era, cómo no, el presidente del Gobierno, ¿quién si no? Una idea estupenda, algo que nunca se les ocurrió a las defensas que negaron una y otra vez que se pudiera saber quien era M. Rajoy 

Así que ha sido “el número 1” de Puente quien ha proclamado que “no habrá impunidad”. No la habrá, no depende de él. En este país los jueces se han pulido a ministros, banqueros, empresarios, edecanes reales y toda una ristra de políticos de todo signo y condición. No habrá impunidad y menos después de que el Tribunal Supremo abortara la maniobra de que todo el caso dejara la Audiencia Nacional para que lo instruyera la Fiscalía Europea, cuyos miembros nombra una comisión del Ministerio de Justicia. 

La responsabilidad política es diferente y previa a la judicial. La ciudadanía precisa de explicaciones claras, unívocas, exactas y a ser posible verdaderas sobre esta cuestión y sobre otros oscuros episodios del periodo de los gobiernos de Sánchez. Los votantes progresistas las necesitan y las deben exigir aún con más fuerza. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo ha podido ser que llegando al poder a lomos de la ola de indignación contra la corrupción del PP se haya podido reproducir un episodio nefando justo al costado del líder? 

Hay momentos en los que armar un relato para seguir del paso no es suficiente, menos si son decenas de relatos que no hacen sino complicar las cosas. Cortar con Ábalos es crear un cortafuegos, pero si el cortafuegos cae, si la pistola al caer se dispara, puede haber muchos más muertos. Por eso estoy convencida de que debe ser verdad que el presidente del Gobierno no sabía lo que hacía su mano derecha, de que no hay que temer de las siguientes filtraciones o nuevas diligencias y de que no hay la más mínima posibilidad de que estando en prisión el cerebro de los corruptos y a punto de ser imputado el exministro, ninguno de los dos pueda decidir llevarse a quien sea por delante tirando de la famosa manta. Uno puede confiar si quiere, poner la mano en el fuego es otra suerte de ejercicio más arriesgado. 

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mayor inversión para desarrollar infraestructuras “prioritarias” para la comunidad foral, como son el tren de alta velocidad, la autovía A-15 para conectar Navarra con Madrid o el Canal de Navarra para llevar agua a la Ribera. Los dos presidentes se han reunido este jueves en La Moncloa, en el marco de encuentros bilaterales que está manteniendo Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. Tras el encuentro la jefa del Ejecutivo navarro ha criticado la “utilización torticera” de las víctimas del terrorismo por parte del PP por la reforma legal que permite a los presos condenados en países de la Unión Europea y después en España sumar ambas penas.

Chivite, que ha agradecido a Sánchez “su disposición al diálogo constructivo con todas las comunidades, ha destacado la importancia que tiene para Navarra el impulso de infraestructuras como el AVE o la autovía A-15 y por ello ha solicitado al presidente del Gobierno acelerar ”todo lo posible“ las obras de la conexión navarra de alta velocidad. Según apuntó hace unos días el ministro de Transportes, Óscar Puente, se espera la llegada a la comunidad foral del AVE ”antes de 2030“. Para ello, antes se deberá resolver su conexión con la conocida como la 'Y vasca', para la que todavía no hay una decisión sobre si será por Vitoria o la pequeña localidad de Ezkio/Itsaso, en Gipuzkoa. Chivite ha señalado que se espera que para el 2025 estén ya listos los informes técnicos de la sierra de Aralar para estudiar la viabilidad de atravesar las montañas con unos túneles de 21 kilómetros. ”Es importante que tengamos toda la información técnica para tomar la mejor y la más responsable de las decisiones políticas que tiene que ser a tres -Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco y Gobierno de España-“, ha enfatizado.

La presidenta navarra también ha reclamado a Sánchez el “apoyo” a la transformación de la industria del automóvil haca el vehículo eléctrico. En Navarra, donde el el 30% del PIB proviene del sector de la industria, Volkswagen cuenta con una de sus mayores fábricas de Europa, que emplea de forma directa e indirecta a unas 15.000 personas en la comunidad foral. Por ello, le ha pedido al presidente que “apueste fuerte por el despliegue de la movilidad eléctrica, por los puntos de recarga, algo fundamental para la venta de vehículos”.

Traspaso de competencias

En la reunión también han abordado el traspaso de algunas competencias pendientes a Navarra y que ya han sido acordadas entre ambos ejecutivos, como es el caso de la gestión de las becas, el I+D+I o la titularidad de la AP-68. “Se han comenzado los trabajos, pero queremos concluir al menos esas tres competencias a lo largo de esta legislatura”, ha subrayado.

María Chivite también le ha reclamado se estudie la posibilidad de que aquellas comunidades que que tengan un déficit por debajo del 13,5%, que hayan hecho una “gestión responsable de sus recursos”, y que hayan tenido ejercicios con superávit, puedan utilizar ese superávit e incorporarlo al Presupuesto de 2025. “Que lo podamos utilizar como palanca impulsora para hacer las inversiones necesarias”, ha apostillado.

Críticas al PP por utilizar a las víctimas de ETA y atacar la transferencia de Tráfico

En el turno de preguntas la presidenta de Navarra ha criticado la “utilización torticera” que está haciendo el PP de las víctimas de ETA a raíz de la reforma legal, que también voto el PP, por la que presos de la banda terrorista podrían ver reducida su pena en España. Chivite ha reprochado al partido de Alberto Núñez Feijóo que “pretenda tapar su debilidad interna” culpando al Gobierno de Sánchez de la reforma. “ETA ya no existe, lejos de lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha afeado Chivite, quien ha puntualizado que se trata de “la transposición de una directiva europea donde el PP ya votó a favor”.

Chivite también ha afeado al PP por haber presentado una enmienda a la totalidad en el Senado a la reforma de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al estatuto en el resto de comunidades autónomas, para retrasar el traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la comunidad foral. 

Le ha pedido que “apoye” el autogobierno de Navarra recordándole que el expresidente José María Aznar se comprometió en el año 2000 con Miguel Sanz (UPN) a activar el traspaso de esta competencia, que sí se efectuó a Catalunya bajo su Gobierno. “Ahora dicen que esto es una cesión a EH Bildu, que lo que queremos es echar a la Guardia Civil...algo alejado de la realidad”, ha finalizado.

Alberto Núñez Feijóo abrió la sesión parlamentaria acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de censura y persecución de periodistas, en alusión al programa de mejora de la calidad democrática presentado el día anterior en La Moncloa. “No se veía una cosa así desde Franco”, sentenció.

Ay, señor Feijóo, debería templar muchísimo sus catilinarias. Comparar el plan de transparencia en materia informativa del Gobierno con la dictadura de Franco es una cipotá, que así es como llaman en Andalucía oriental a las majaderías notorias. Si alguna crítica merece esa propuesta es por su modestia, apenas una transposición del reglamento europeo aprobado en Estrasburgo por el mismísimo PP, y por la dilación de su puesta en práctica, tres años.

 Veamos, señor Feijóo. A mí no me parece liberticida que los lectores, los radioyentes y los telespectadores sepan quiénes son los dueños de los medios que siguen habitualmente y a los que suelen dar credibilidad. Al contrario, recelo, y mucho, del camuflaje, la opacidad, la falta de transparencia. El que va con la verdad por delante no teme que se conozca su identidad. 

Tampoco me parece liberticida que se intente dificultar que gobernantes locales y autonómicos financien a sus medios vasallos a través de la publicidad institucional, esto es, con el dinero de todos los contribuyentes. Nos cuesta mucho ganar ese dinero para que, en vez de en servicios públicos como la sanidad o la educación, se malgaste en pagar a propagandistas y predicadores. Que cada palo aguante su vela, compitamos los periodistas y los medios en auténtica libertad, sin que unos estén dopados con la pasta de nuestros impuestos por la gracia de una reina del vermú cualquiera.

 Señor Feijóo, lo que sí encuentro absolutamente liberticida es que un rapero lleve ya tres años y medio en el trullo por unas letrillas de peor o mejor gusto sobre la monarquía. O que una revista humorística reciba, un mes sí y otro también, una querella judicial por herir supuestamente los sentimientos religiosos de unos abogados que se dicen cristianos. Como ciudadano y como periodista, me siento amordazado por no poder decir tan educada como claramente lo que pienso de la monarquía y la religión. Tengo que morderme la lengua en una España en la que, en cambio, despotricar de los progresistas de modo zafio y mentiroso se considera un noble ejercicio de la libertad de expresión.

Cree el ladrón que todos son de su condición. Ayuso afirma estos días que el Gobierno de Sánchez amenaza a los periodistas con sus tímidos intentos de combatir la máquina del fango. Disculpe, señora Ayuso, ¿no fue más bien su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien amenazó a elDiario.es con triturarlo y cerrarlo?  Y ahí sigue el llamado MAR, cobrando de nuestros impuestos y dictándole a usted por el pinganillo la cipotá del día. 

Me duele esta España del doble rasero en relación con la verdad. Unos contrastamos las noticias, otros se las inventan tan ricamente. La economía crece, se crea empleo, llegan muchos turistas extranjeros, Cataluña está más tranquila que en tiempos de Rajoy… Todos estos son hechos ciertos y verificables. Como también lo son estos: la vivienda es el gran problema de la juventud española, se acelera la crisis climática, persiste la criminalidad machista, necesitamos inmigrantes y necesitamos ordenar su llegada… 

Pero a muchos medios y redes sociales suelen llegar otro tipo de cosas: informaciones sesgadas o directamente falsas, cuentos de intención politiquera. Si es para meterte con los rojos, los separatistas, las feministas, las minorías sexuales y los moros, aquí puedes publicar lo que te venga en gana. Por ejemplo, puedes acusar a un magrebí de ser el autor de un crimen, y no pasa nada. Aunque el asesino sea un desequilibrado español de toda la vida.

Los medios que publican los titulares que le gustan a Ayuso, como que Sánchez se va a traer un cuarto de millón de mauritanos, y que ella financia con el dinero de los contribuyentes, se han puesto como una hidra ante las medidas anunciadas por el Gobierno. Quien se pica ajos come, dice la vieja sabiduría española. Y es que a esos medio les ampara la misma libertad de expresión que lleva a Trump a afirmar que los inmigrantes van a Springfield a comerse los perros y los gatos, nuestras queridas mascotas. Ah, ya lo dijo Goebbels: cuanto más grande es el embuste, más fácil es que se lo crea gente poco ilustrada.

Bienvenidos sean los objetivos del Gobierno para intentar conseguir un poco más de transparencia en el universo mediático y un poco más de libertad de expresión para todos. A mí me parecen más bien pacatos, ya lo dije, pero no se me escapa cuál es la correlación de fuerzas. Basta con recordar que nuestra televisión privada es un duopolio: dos grandes empresas de ideología conservadora son propietarias de la mayoría de las cadenas que uno va recorriendo cuando pulsa su mando a distancia. ¿Cómo extrañarse de que pongan el grito en el cielo ante cualquier intento de reforma del sistema?

Sigamos siempre la pista del dinero: el que paga manda. Lo dijo Albert Camus cuando le preguntaron por qué había dejado el diario Combat: “He dejado Combat, señora, porque, tres años después de su fundación, ese periódico tenía necesidad de capitales. Y en la historia del periodismo en todo el mundo, los capitales no llegan nunca sin servidumbres. Así que renuncié a las servidumbres al mismo tiempo que a los capitales, y me retiré del periodismo”.

Yo no pienso retirarme, pero soy muy mayor para creerme cuentos de hadas sobre la virginidad del universo mediático por obra y gracia del Espíritu Santo.  

Todo cuanto acontece en Venezuela va acompañado de tal nivel de ruido que produce un inevitable efecto ensordecedor. A esa bulla llevan años contribuyendo de manera interesada la derecha y extrema derecha españolas, que han convertido el devenir del país caribeño en un asunto de política interna, como estilete, primero, contra Podemos y, después, contra el “sanchismo”. Es precisamente ese nivel de decibelios el que, una vez más, acompaña la llegada de Edmundo González a Madrid, donde la estridencia busca imponerse frente a lo que ha sido, de hecho, una acción diplomática eficaz, gracias en buena medida al sigilo con que se movió, aun siendo arenas movedizas, el Gobierno de España.

Esa discreción se debe, sobre todo, a la capacidad de interlocución con todos los actores del espectro político venezolano que ha ido cultivando en los últimos años la diplomacia española. Un logro que pocos países, o ningún otro, pueden adjudicarse. Una virtud cultivada especialmente por la labor del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no es de extrañar que PP, Vox y sus receptores mediáticos ataquen hoy sin clemencia. Frente a esas embestidas, que acusan al político de un silencio cómplice con Nicolás Maduro, lo que hay es un mediador que con casi toda probabilidad conoce mejor que nadie el laberíntico escenario en el que se encuentra Venezuela. 

Como ha sucedido en otros procesos de paz –que es lo que cada vez más demanda Venezuela–, desde Irlanda hasta Colombia, pasando por el País Vasco, esa mediación sólo puede construirse con una aproximación personal, mucha escucha y pocas palabras públicas. No se trata de entablar una amistad, pero sí de incentivar una actitud de respeto que permita ser visto como un interlocutor legítimo por ambas partes. Si, como pide la derecha, se subiese a la espiral del ruido con una condena retórica del chavismo, es seguro que su misión caribeña habría concluido. 

Es gracias a esa legitimidad que España pudo lograr el salvoconducto para Edmundo González con la aquiescencia del régimen de Maduro. ¿Significa ello connivencia o fortalecimiento del chavismo como plantea ahora la derecha? Definitivamente no. El Gobierno español hizo lo que debía hacer: atender la solicitud de asilo y primar la seguridad de un opositor político en claro riesgo de ser detenido de manera arbitraria. Es importante subrayar esta petición, ya que en el esquema de la derecha pareciera que fue iniciativa del Gobierno sacar a González de Venezuela.

¿Cuáles son ahora los próximos pasos? De nuevo, nos encontramos ante la disyuntiva del ruido –y la furia, podría añadirse– o de la cautela. El PP azuza las aguas, eleva al Congreso una proposición no de ley para reconocer a González como presidente venezolano y promueve manifestaciones –es fácil vaticinar que la de hoy será la primera de unas cuantas– que buscarán una inexorable asociación entre Maduro y Pedro Sánchez. Es aquí donde el Gobierno español deberá mantener la calma y no dejarse arrastrar por el bullicio, si quiere de verdad contribuir a la pacificación de Venezuela.

Esa postura pasa por no reconocer a Maduro como presidente electo, pero tampoco a Edmundo González. Una posición, sin duda, controvertida, y que a buen seguro servirá de alimento para la derecha, pero que es la más productiva si lo que se pretende es una salida viable para Venezuela. El no reconocimiento a Maduro es una cuestión de imperativo moral. Cualquier elección para ser democrática ha de ser transparente y, para ello, sus resultados han de ser verificables, y esto sólo se consigue con la presentación de las actas de votación. Cada día que pasa es menos probable que Maduro presente esas actas que tanto la oposición como la comunidad internacional llevan semanas reclamando. Por ese mismo motivo, tampoco se puede reconocer a González como presidente de unas elecciones que no son legítimas, y en las que las actas presentadas por la oposición tampoco alcanzan, no sólo por las posibles irregularidades que contengan, sino porque para hacer factible un escenario político pacífico en Venezuela se necesita de un resultado aceptado por todas las partes.

Conviene ahondar en este último aspecto. Reconocer a González puede conducir a tres posibles escenarios, que no son incompatibles entre sí. El primero es una fórmula ya conocida: el reconocimiento por parte de algunos Estados (no de todos) de un autoproclamado presidente en el exilio, con un Gobierno paralelo al venezolano. Una situación que ya se vivió con Juan Guaidó y cuyo funesto final aconseja no repetir la historia. El segundo es el enrocamiento del régimen de Maduro. Está claro que Venezuela es hoy un régimen no democrático, pero como describe José Natalson mantiene aún la forma de un autoritarismo caótico, un modelo de creciente autoritarismo, con bastante desorden, pero con algunos intersticios para la disonancia (como tres gobernadores y más de cien alcaldes opositores). Aislar al régimen provocaría, sin duda, un cierre en banda y el aumento de la represión. El tercer escenario pasa por forzar un cambio de gobierno en el país, incluso por la fuerza, con apoyo desde el exterior. Una situación que, como el propio Maduro auguró, podría conducir a un baño de sangre, habida cuenta además de que las Fuerzas Armadas siguen adeptas al régimen.

¿Qué cabe, entonces, hacer en Venezuela? Lo que España ha hecho hasta ahora. Seguir cultivando su papel de mediador, procurando que –ojalá– antes que después los actores vuelvan a la mesa y se establezcan unos acuerdos de mínimos para una transición incruenta en el país. Si se tiene en cuenta además que la opción propuesta por el presidente brasileño, Lula da Silva, de una repetición de las elecciones ha sido ya rechazada por unos y por otros, la solución no puede pensarse en clave electoral y, por tanto, tampoco en un lógica de suma cero, ni de vencedores y vencidos. Venezuela requiere, hoy más que nunca, de ese sosiego que solo garantizan las conversaciones bajo el foco, alejado de ese ruido que tanto gusta a la derecha más recalcitrante y que tan pocas nueces deja.