Junts amenaza a Sánchez con hacer inviable la legislatura si no desbloquea su agenda antiinmigración

Es el enésimo ultimátum de Junts y, por eso, nadie sabe nunca si será el definitivo. Pero el portazo sonó esta vez más estruendoso que nunca. “Quizás debería dejar de hablar de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio”, le dijo este miércoles la portavoz de partido en el Congreso, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno durante su turno de pregunta en la sesión de control. Su intervención dio paso a un runrún generalizado en el hemiciclo por la duda respecto al trasfondo de esa afirmación y las consecuencias para el devenir de la legislatura. Pero lo que quedó claro es el tono y el fondo de su discurso anterior, indistinguible del de PP y Vox por la acidez de sus críticas al Ejecutivo. 

Nogueras suele ser dura con Pedro Sánchez en las sesiones de control, pero este miércoles elevó la forma y el contenido. “Mucha gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras ven que sus impuestos no ponen fin a la tortura diaria de Renfe, o ayudar a la gente a levantar sus negocios, a generar trabajo digno, a financiar como se debería la educación y la sanidad o a financiar la vivienda, sino que van a pagar los rescates de las estrellitas de la flotilla, al financiamiento ilegal de los partidos, la prostitución, las fiestas o a pagar los favores de algunos medios de comunicación”, soltó. 

No se quedó ahí y Nogueras habló de la posibilidad de un gobierno de derechas: “Después dirán que viene la derecha y que es culpa nuestra”. Una frase que remató con un juego de palabras a colación de la última promesa anunciada por Pedro Sánchez, el fin del cambio de hora del verano al invierno. “Quizás debería hablar menos de cambios de hora y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio”, cerró.

La frase quedó suspendida en el aire y el presidente le respondió como suele hacer en otras ocasiones a preguntas de sus socios: defendió las políticas del Gobierno y se comprometió a seguir trabajando por los trabajadores autónomos y por el derecho a la vivienda, dos de las múltiples cosas que la portavoz de Junts le había reprochado en su pregunta. Pero en los pasillos del Congreso, el cambio de tono de los independentistas quedó planeando durante todo el día. 

Fuentes del partido de Puigdemont reafirmaron más tarde que la intervención no fue “gratuita”. “Esto va en serio. Nunca habíamos hablado de cambio”, sostiene un miembro del grupo parlamentario. “O cambian ellos o cambiará la forma de Junts de hacer política en el Congreso”, añaden esas mismas fuentes, que utilizan un símil recurrente entre los diputados independentistas: “El chicle se ha estirado demasiado, ya no da más de sí”.

¿En qué se traducen las advertencias de Junts? Nadie habla de momento de una moción de censura con el PP, pero el Gobierno podría perder el apoyo de sus siete diputados para cualquier iniciativa, ahora que había encadenado una serie de victorias importantes con el decreto de embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, como ejemplos bien recientes. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar pronto el techo de gasto, un primer test sobre el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que se ha comprometido a aprobar. 

“Los próximos días serán importantes, la próxima semana se verá. Pero la prórroga no durará toda la legislatura”, avanzan en Junts sobre los próximos pasos. El secretario general del partido, Jordi Turull, ya habló hace unas semanas del final del otoño como fecha determinante para evaluar su apoyo al Gobierno: “Antes de los turrones”. Lo que no entienden algunos de los grupos del bloque de investidura consultados es el motivo del nuevo giro de Junts. Según fuentes de este partido, no tiene que ver exclusivamente con la corrupción, sino con la “forma de hacer política” de la coalición. La reforma sobre las cuotas de los autónomos ha sido una nota más en la lista de quejas que los catalanes acumulan contra el PSOE. 

Hace tiempo que las prioridades políticas de los independentistas empezaron a virar. El Gobierno fue trabajando desde el principio los compromisos de investidura, con la aprobación de la ley de amnistía y la negociación de las lenguas oficiales en la Unión Europea. Aunque la formación de Carles Puigdemont siente que el Ejecutivo podría hacer más para que se aplique la amnistía también a su líder, los socialistas tienen poco margen de maniobra en este sentido y tampoco pueden hacer mucho más en la negociación en el seno europeo para conseguir la oficialidad del catalán. 

En el tiempo que va desde que se aprobaron los acuerdos de investidura hasta ahora, a Junts le han surgido nuevas preocupaciones, como el ascenso de la extrema derecha independentista de Alianza Catalana. Una reciente encuesta publicada en La Vanguardia observaba una pérdida de 14 escaños para los posconvergentes que irían directamente al caladero de la formación de Silvia Orriols. Unas perspectivas que seguramente explican la preocupación creciente de Junts por hablar de inmigración. 

Por eso fue tan significativa la derrota hace apenas unas semanas de la ley para traspasar las competencias de inmigración a Catalunya. El PSOE pactó ese texto con Junts consciente de la importancia de esta carpeta de cara a la estabilidad de la legislatura. Pero la frágil mayoría con la que cuenta el Gobierno impidió que el texto se empezase siquiera a tramitar: los votos de Podemos junto a los de PP y Vox fueron suficientes para tumbar la iniciativa. 

Junts está enfadado también por lo que consideran un “bloqueo” por parte del Gobierno a la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Esta ley cuenta no obstante con la oposición del resto de la izquierda, también de Sumar, que considera que detrás de los discursos que vinculan inmigración y delincuencia se esconde una mirada racista. 

Aunque la ley ha dado algunos pasos en la Cámara y está ya en manos de la Comisión de Justicia, apenas ha habido avances desde febrero. Este lunes, los principales alcaldes de Junts se reunieron en Waterloo con Puigdemont y el secretario general del partido, Jordi Turull, y entre otras cuestiones les plantearon su malestar por el “bloqueo” del Partido Socialista a esa ley. 

“Los asistentes han mostrado su preocupación por la falta de respuesta de los Gobiernos catalán y español a los problemas de la gente. Han mostrado su preocupación por el bloqueo del PSOE a las leyes contra la multirreincidencia y contra las ocupaciones delincuenciales, y han reclamado que se aprueben con celeridad”, resumió el partido en un comunicado. Fuentes socialistas responden sobre esta cuestión concreta de la ley de multirreincidencia que, como en tantas otras leyes que están tramitándose en el Congreso “se están buscando acuerdos para ir avanzando”. 

El Gobierno, tranquilo: “Es una teatralización”

El Gobierno, mientras tanto, trata de desdramatizar la amenaza de Junts y no se lo quiere tomar como un ultimátum ni un cambio de ningún tipo. “No hemos escuchado nada que no hayamos escuchado antes”, dicen fuentes gubernamentales. “Es teatralización, lo de siempre. Calma”, señalaba un ministro. “Han conseguido colar su frase en el telediario. Seguimos”, agregaba otro de los más próximos al presidente. “Una cosa es la literalidad de las declaraciones y otra cosa es lo que significa. Nos tomamos muy en serio nuestro acuerdo con Junts y, en el marco de que nos lo tomamos en serio y ellos lo saben, estamos convencidos de que podremos seguir trabajando juntos hasta el final de la legislatura”, agregan fuentes gubernamentales, que se aferran a que los de Puigdemont descartan una moción de censura con PP y Vox, que supondría el game over del mandato. 

Y ahí consideran que no van a llegar y que Junts no tiene apetito electoral en este momento. “Cada uno tiene la manera de presionar que tiene, pero tenemos que analizar no conforme a la literalidad. Entendemos el mensaje, nos están diciendo que hay unos compromisos y siempre hemos dicho que cumpliremos”, rematan las fuentes consultadas. 

En ese sentido se ha pronunciado Pedro Sánchez este jueves en Bruselas: “Estamos cumpliendo esos acuerdos”. “Junts sabe que estamos cumpliendo esos acuerdos. Hay acuerdos que no dependen exclusivamente del Gobierno, por ejemplo, en materia de migración o de lenguas oficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación y esfuerzos. Es lo que está haciendo el Gobierno”, ha dicho el presidente en referencia a la oficialidad del catalán en la UE, a la que se resisten varios países, entre ellos Alemania o Italia, y a las medidas anti-inmigración de Junts que chocan con el resto de socios de la coalición.

Más allá de la mano tendida, Sánchez ha lanzado una advertencia a los de Carles Puigdemont: “Cuando hablamos de cambio, hay una cuestión indiscutible. Puede haber cambios para avanzar o para involucionar. Para regresar, no una hora como decía la portavoz de Junts, sino 50 años atrás”.

“Creo que hoy es indiscutible que a Catalunya y a España, y ahí están los datos, les sienta bien este Gobierno de coalición que ha propiciado un cambio de avance y no de involución que es lo que plantean otras alternativas como PP y Vox”, ha zanjado en declaraciones a los periodistas en Bruselas.

El Gobierno insiste, por otra parte, en la necesidad de que se terminen los vetos cruzados en las tramitaciones parlamentarias: los choques ideológicos entre la izquierda y Junts son los que tienen bloqueadas hasta ahora gran parte de las leyes que piden los independentistas, pero al mismo tiempo los de Carles Puigdemont han imposibilitado algunas medidas importantes para el resto de socios del Gobierno, como el impuesto especial a las eléctricas o la iniciativa legislativa popular para una regularización de migrantes que se tramite en el Congreso. 

Otro de los problemas con los que cuenta el Ejecutivo es que la relación con los independentistas no está engrasada como antes, a pesar de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asumido la interlocución directa con Puigdemont en sustitución del encarcelado Santos Cerdán. Los frutos de esas nuevas conversaciones brillan por ahora por su ausencia y Junts arrancó el nuevo curso castigando al Gobierno. De ahí ha pasado a elevar el tono. Aun así, en Moncloa no le ven por ahora, las orejas al lobo.

Este mismo miércoles, Junts quiso cristalizar su aviso discursivo en las votaciones del Congreso. Era una iniciativa no vinculante, pero ha servido para que el Gobierno se encontrara con una foto incómoda: la de la bancada del PP y Vox sumando mayoría junto a los siete diputados independentistas. Junts ha apoyado una moción del PP para instar al Ejecutivo a que haga una revisión a la baja de los impuestos que pagan familias y autónomos. En concreto, han respaldado un punto sobre el ajuste del IRPF a la inflación para compensar “la pérdida de poder adquisitivo”. 

Junts e Illa, incapaces de encontrarse

Lo que ocurre en el Congreso tiene una evidente línea de conexión con la actualidad de la política catalana y las complicadas relaciones entre Puigdemont y el president de la Generalitat, Salvador Illa. Junts volvió de las vacaciones de verano con el propósito de hacer cambios en su estrategia en el Parlament de Catalunya. El análisis que hacía la dirección era que Junts no había aprovechado todo el poder posible por sus reticencias a pactar con el PSC en municipios y diputaciones, a la vez que la oposición frontal al Govern les daba menos visibilidad de la que podrían tener arrastrando a Salvador Illa a sus posiciones.

Con esta reflexión en el retrovisor, Puigdemont apostó por marcar el debate de política general como una toma de temperatura sobre la salud de su pacto con Pedro Sánchez. En concreto, Junts reclamaba que el PSC apoyase algunas de sus propuestas de resolución claves y, en concreto, una en la que apostaba por la resolución del conflicto en Catalunya a través de un referéndum. 

Junts hacía correr entonces que, si había acuerdos en el Parlament, podrían llegar a dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat, una de las asignaturas pendientes de Illa. Sin embargo, PSC y Junts nunca llegaron a ponerse de acuerdo, por lo que la mayoría de las resoluciones presentadas por los de Puigdemont, incluyendo la del referéndum, quedaron descartadas. 

A raíz de este último encontronazo, Junts se ha conformado con su papel y ha redoblado la oposición a Illa, lo que incluye la amenaza, de nuevo, con dar por finalizado el pacto con Sánchez. En Junts consideran que, sin avances en la mesa de Ginebra, sin que la amnistía se haya aplicado y, para remate, sin poder encontrar un nuevo encaje en relación con el Govern de Catalunya, el apoyo al PSOE tiene cada vez menos sentido.