El Gobierno acaricia la convalidación del decreto de medidas económicas por la guerra de Irán. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este martes que su grupo apoyará el paquete de medidas en la votación que tendrá lugar en el Pleno el próximo jueves siempre y cuando el PSOE vote a favor de una proposición no de ley de Junts que pide la transposición de una directiva europea para permitir que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar eximidos de pagar IVA.

Esta iniciativa de los independentistas no tendría ningún efecto jurídico incluso si fuera aprobada este jueves por la mayoría de la Cámara Baja: el texto, al tratarse de una proposición no de ley, se limita a instar al Gobierno a que lleve a cabo esta transposición. La decisión de Junts de establecer una condición que al Ejecutivo le resultaría tan sencillo cumplir implica que la formación de Carles Puigdemont no tiene intención de poner demasiados problemas a la convalidación del paquete de medidas fiscales, a diferencia de lo que podría ocurrir con el segundo decreto aprobado el viernes pasado, el que incluye iniciativas en materia de vivienda.

Pocos minutos después de que Nogueras planteara las condiciones de Junts, fuentes de la Moncloa confirmaron que el PSOE apoyará la proposición no de ley para lograr el voto a favor de los independentistas. Con los siete apoyos de los de Puigdemont, y si EH Bildu (que se ha mostrado crítico con el contenido de la norma) no da la sorpresa absteniéndose, la Moncloa ya tiene los apoyos suficientes como para sacar adelante la convalidación del decreto anticrisis el próximo jueves haga lo que haga el PP, que por el momento no ha querido confirmar cuál será el sentido de su voto.

Aseguran en el Ejecutivo estar tranquilos sobre el respaldo parlamentario al decreto de este jueves y dan por hecho en la Moncloa que tienen los apoyos garantizados. “El decreto ya se ha negociado con los partidos y los agentes sociales. De hecho, es ese diálogo con los partidos el que ha marcado el perímetro de las medidas. Y por eso partimos de una base sólida para que podamos contar con una aprobación mayoritaria”, ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Junts anunció el 6 de noviembre que bloquearía todas las leyes del Gobierno, desde los Presupuestos a la de secretos oficiales. De esta manera formalizó la ruptura que unos días antes habían avalado las bases del partido. Míriam Nogueras lo explicó con la misma contundencia que ahora, unas semanas después, reclama aprovechar la debilidad de Pedro Sánchez para obtener todo lo que puedan y más.  

Explotar la fragilidad parlamentaria del PSOE es lo que Junts ha hecho durante toda la legislatura. Para ser exactos desde que negoció la investidura de Sánchez. Nadie debería escandalizarse, es lo normal cuando un partido debe tejer una mayoría para gobernar. Entra dentro de la lógica. Solo que Junts está abonado a la dramaturgia. Todo lo contrario que partidos como el PNV o Bildu, más dados a la discreción sin que, aprovechando el verbo de moda, eso les rente menos. Incluso cuando sitúan al Gobierno al límite de sus contradicciones ideológicas o le infligen derrotas, los vascos no se recrean en sus triunfos. 

Junts puede apuntarse ya tantos importantes desde que proclamó su divorcio del PSOE. La ley contra la multirreincidencia es una victoria, en especial para sus alcaldes, más preocupados por las municipales que por el resto de comicios. Entre todos han situado el debate ahí donde lo quiere la extrema derecha, pese a que muchos juristas subrayan que lo que se necesitan son más inversiones en los juzgados para agilizar las vistas y también invertir en políticas sociales para ir a la raíz del problema, que en muchos casos no es otro que la pobreza. Con esta ley se castigará la miseria con más años de cárcel. Que la derecha compre el discurso ultra es un error pero sorprende menos que quien lo asuma sea el PSOE, un partido que se autoubica en la izquierda.

En las filas de Puigdemont se declaran “satisfechos” por todo lo conseguido en estas últimas cinco semanas y defienden que es la prueba de que su táctica en Madrid es la correcta. “Ha dado excelentes resultados”, presumen. Y ahora lo que le plantean a ERC, después de estar afeándole que sus votos eran “a cambio de nada”, es una alianza para configurar un frente independentista unitario. Puigdemont ya deslizó una idea similar en mayo del año pasado tras la victoria del PSC en las autonómicas. Entonces era para evitar que los republicanos facilitasen la investidura de Salvador Illa y le ayudasen a él a ser presidente de la Generalitat. El desenlace de esa envolvente es conocido.  

De nuevo es previsible que en ERC den largas a la propuesta de Junts, cosa que no debería extrañar a nadie. Si el termómetro de las relaciones son las pullas habituales entre Míriam Nogueras y Gabriel Rufián la respuesta está cantada. Pero más allá de los discursos en forma de tuit, la prueba real de si esa mínima unidad es factible será la respuesta que cada uno formule al modelo de financiación singular para Catalunya que socialistas y republicanos acordaron a cambio de la investidura de Illa. 

Si no se produce un nuevo retraso, la propuesta del Ministerio de Economía se dará a conocer en enero, o al menos esa es la promesa que le ha hecho a la Generalitat. A partir de ahí empezará una negociación que durará meses y con un ruido que ya se puede dar por descontado. El líder de ERC, Oriol Junqueras, va a ganar protagonismo no solo por su foto con Sánchez en la Moncloa sino porque estará más presente en las negociaciones. 

De esa nueva financiación, aunque sea solo un primer documento, depende también que el Govern de Illa tenga presupuestos. Lo tiene más fácil que Sánchez para aprobarlos pero de momento ni Comuns ni ERC han comprometido sus apoyos.

Poco después, se calcula que en el primer trimestre, se dará a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tanto socialistas como independentistas confían que sea el aval a la ley de amnistía que Puigdemont necesita para volver sin riesgo a ser encarcelado. Siempre y cuando el Supremo no vuelva a maniobrar para intentar que ni por esas se cumpla la ley. En la Moncloa se aferran a ese regreso del expresident para poder encauzar las relaciones con Junts. Hoy por hoy es pecar de mucho optimismo aunque Sánchez ha demostrado que a tenacidad no le gana nadie.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha dado largas a Sánchez ante la posibilidad de reunirse con el presidente del Ejecutivo y recomponer la relación entre ambas formaciones. “Lo único que ha traído cambios tangibles ha sido romper”, ha advertido Nogueras.

En una entrevista en TV3 este martes, Nogueras ha rechazado la iniciativa de ERC de reunirse con el presidente del Gobierno y ha señalado que ya lo han hecho “durante mucho tiempo”. “Ha sido necesario que Junts se aparte de esta mesa de negociación con el Gobierno español para que empiece a cumplir”, ha afirmado.

ERC anunció el lunes que el líder del partido, Oriol Junqueras, había hablado durante el fin de semana con Sánchez y que habían pactado que el presidente español abra una ronda de reuniones el mes de enero con el resto de partidos “para explicar cómo piensa actuar a partir de ahora”.

Nogueras, sin embargo, ha defendido hacer frente común entre Junts y los republicanos y aprovechar la “oportunidad única” que tienen los 14 diputados independentistas catalanes, imprescindibles para que el Gobierno del PSOE y Sumar pueda aprobar iniciativas.

“Hay una debilidad del Gobierno y los partidos catalanes tendrían que aprovechar la oportunidad”, ha apuntado Nogueras. “Lo que tenemos que hacer es actuar en clave catalana, no española, y eso no implica reunirse con un Gobierno español que no cumple”, ha concluido.

El pasado miércoles era un día importante para Junts. Debían responder al guiño lanzado por Pedro Sánchez en Rac1 y 2Cat, que les invitaba a rehacer la relación con el Gobierno. Míriam Nogueras compareció ante los medios en la sede de Barcelona para explicar que, para ellos, nada había cambiado. Pero el hecho de que saliera sola y de que casi monopolizara la deseada cuota de pantalla que tuvo la formación ese día generó comentarios entre los periodistas que siguen habitualmente al partido.

Desde el partido consideran lógico que la líder en el Congreso dé la respuesta a Sánchez y aseguran que en la puesta en escena no caben interpretaciones políticas. Pero lo que nadie puede negar es que el runrún existe y que algunas de las decisiones de la cúpula de Junts parecen pensadas para hacer de Nogueras una posible candidata en Catalunya.

“Ha ganado experiencia en Madrid, conecta con el voto convergente tradicional pero también con el indepe de nueva hornada y, sobre todo, es un perfil que puede parecer idóneo para confrontar a Sílvia Orriols”, razona un experto en comunicación electoral que en su día trabajó para el partido.

Nogueras, una diputada que llegó protegida por Jordi Turull pero que ha crecido hasta tener una órbita propia, es uno de los nombres que comienzan a sonar como posible relevo generacional en Junts, aunque no el único. Y la novedad en el espacio posconvergente es justo esa: tras 10 años de mando absoluto de Puigdemont, en los últimos meses se ha comenzado a abrir un debate sobre su sucesión.

El 'puigdemontisme' se repliega

“Hay quien está queriendo enterrar al president [Puigdemont] antes de tiempo”, aseguró un dirigente de Junts sobre el clima interno de su propio partido en un encuentro con varios diputados de otras formaciones hace unas semanas. Una afirmación que resalta que, si bien las quinielas se han abierto, también hay personas de gran ascendente que mantienen intacto su apoyo a Puigdemont. “No es momento de experimentos”, sentenciaba este dirigente.

Según las fuentes consultadas por este diario, no existe ahora ninguna corriente relevante dentro de Junts que desee plantear un relevo forzado de Puigdemont, ni mucho menos cuestionar abiertamente su papel, más allá de voces minoritarias y muy localizadas. Pero sí se ha extendido la idea de que es hora de pensar en el día de mañana.

El regreso del líder a Catalunya siempre se había imaginado como un hito que podría relanzar el partido pero, tras la extraña visita exprés que hizo en verano de 2024, esas expectativas han bajado. Que el expresident pueda volver a Catalunya amnistiado es un deseo extendido en el independentismo, pero ya pocos confían en que acabe siendo un punto de inflexión electoral.

También hay algo parecido a un consenso, al menos de puertas para afuera, en que si Puigdemont desease volver a concurrir a unas elecciones, una vez amnistiado, nadie podría oponerse. El “president del 1-O” aún cuenta con un aura de legitimidad entre los suyos que nadie se atrevería a discutir.

Pero, llegado ese escenario electoral, sería muy determinante la elección de sus acompañantes en las listas, porque podría marcar el futuro de Junts. Sin olvidar que, si los resultados no fuesen los deseados en su último embate ante las urnas, la carrera sucesoria caería por su propio peso.

Las municipales, momento crítico

La actual coyuntura de Junts es complicada. El partido ha perdido poder institucional a marchas forzadas, hasta el punto de que solo cuenta hoy con una alcaldía en una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, y otras seis en localidades de más de 25.000 habitantes. Pero el gran peligro al que se enfrentan ahora es otro. Aliança Catalana, que no para de crecer en las encuestas, es muy eficaz robándole electorado.

“En las municipales sufrirán mucho”, pronostica un consultor político que trabajó en el Govern codo con codo con Junts. “Por eso una de sus cartas, que creo que les condiciona más de lo que parece, sería tratar de forzar unas elecciones generales antes de las locales. En el Congreso les podría ir bien y llegarían con impulso a las elecciones más difíciles, que son las municipales”, despliega.

En esa clave electoral piensan también los alcaldes y alcaldables de Junts. Desde el pasado verano, varios ediles se han mostrado muy inquietos por la deriva del partido y, aunque la sangre nunca ha llegado al río y cada conato de revuelta ha sido aplacado por la dirección, la desazón de los cargos que mantienen los feudos del partido generan un clima de opinión poco favorable a Puigdemont.

Pero, además, la propia cúpula del partido ha echado gasolina sobre la hipótesis electoral. Hace dos semanas el presidente del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, Albert Batet, abandonaba esta responsabilidad para centrarse en un cargo de nueva creación dentro de Junts, la de adjunto a la presidencia, y también director de las campañas electorales que estarían por venir.

Batet, hombre que mantiene una obediencia inquebrantable a Puigdemont, ascendía en el partido y, de paso, ocupaba una plaza que venía a subrayar que Junts quiere estar preparado para el ciclo electoral. Su relevo es Mònica Sales, quien viene de ser su número dos y también una cara cada vez más conocida por la demarcación de Tarragona. Como portavoz del grupo colocaron a Salvador Vergés, en este caso un hombre de las comarcas de Girona y que también ha ganado relevancia en esta legislatura.

Como Nogueras en el Congreso, los dos nuevos perfiles con visibilidad en el Parlament son figuras emergentes en Junts. Y, además, están territorialmente repartidos: una de Barcelona, otra de Tarragona, un tercero de Girona. Los tres bien posicionados si hubiera que confeccionar de imprevisto una papeleta electoral.

En catalán existe una bonita expresión que define muy bien la situación de Junts: ‘vol i dol’. No tiene fácil traducción, pero vendría a ser algo parecido a ‘quiere y no puede’, y sirve para resumir las dificultades del partido de Puigdemont para mantener la ruptura con Pedro Sánchez y a la vez instarle a seguir cumpliendo las promesas pendientes. Un divorcio sin irse de casa.

El tono de la intervención de Míriam Nogueras de este miércoles fue contundente pero mucho menos desafiante que el de la rueda de prensa que protagonizó hace menos de un mes en Madrid para anunciar el ‘no’ de su partido a las leyes que están en tramitación en el Congreso. Junts no recula aunque le pasa la pelota a Sánchez y le reclama que, además de los actos de contrición públicos, traduzca el arrepentimiento en el impulso de otros acuerdos que siguen bloqueados. 

“No basta con decir que publicarán las balanzas fiscales, deben publicarlas”, citan en Junts a modo de ejemplo. Lo mismo pasa con las cifras de cumplimiento (o incumplimiento) de la inversión pública en Catalunya. Es fácil pronosticar que en ambas peticiones, si el Gobierno ofrece esos datos, se abrirán nuevos debates.

En el caso del déficit fiscal, esto es, la diferencia entre los impuestos que los catalanes y sus empresas pagan al Estado y el gasto que realiza el Gobierno central en Catalunya, no hay consenso ni en las fórmulas para cifrarlo. Incluso hay economistas que consideran que es normal que exista por tratarse de una comunidad con una renta per cápita superior a la de otras autonomías. Uno de los cara a cara más enconados y que aún se recuerdan sobre si el esfuerzo fiscal de los catalanes es mucho o poco lo mantuvieron Josep Borrell y Oriol Junqueras en el 2016.

El Govern que presidía Pere Aragonès calculó que el déficit fiscal rozaba casi los 22.000 millones. Puede parecer un debate técnico y es evidente que lo es, aunque también es una cuestión política porque en Catalunya existe un consenso muy transversal, tanto en el Parlament como en los sectores económicos, respecto a que se trata de un agravio que debería poder paliarse, tal y como han reclamado los sucesivos consellers de Economía, incluidos los del PSC. Sirva de ejemplo reciente que hace poco más de una semana, el pleno del Parlament reclamó la publicación de las balanzas fiscales en una propuesta que solo rechazaron PP y Vox.

Además, Junts sometió la ruptura con Sánchez a escrutinio de su militancia y logró el aval del 87% de sus bases. Así que para cambiar de opinión debería ofrecerles algo más que lo que hasta ahora les ha prometido el presidente. 

El papel del empresariado

Más allá de peticiones concretas, el problema de Junts sigue siendo el mismo que cuando rompió formalmente con Sánchez y es que está atrapado entre apoyar a un PSOE en horas muy bajas y a la vez rechazar a un Feijóo que cada vez que pisa Catalunya desconcierta más al público que le escucha.

Pedir a los empresarios que presionen a Junts no fue una buena idea por más que a muchos de ellos les convenga que el Congreso no siga bloqueado. Saben mejor que nadie que al menos 21.000 millones en préstamos y subvenciones de la Unión Europea están directamente vinculados a parte de las leyes que han quedado empantanadas por la falta de apoyo de Junts. 

El empresariado catalán, siempre dispuesto a hacer de mediador y a utilizar su influencia, lo que pide es estabilidad. Les gusta más Salvador Illa que Pedro Sánchez (aunque prefieren al presidente a Yolanda Díaz) y los hay que aún citan la ‘sociovergencia’ como su fórmula ideal. En eso hay que reconocer que son bastante previsibles.

Junts está atrapado y con unas encuestas que aún pueden ir a peor, pero Sánchez tampoco lo tiene fácil para contentarles: atraer al votante de izquierdas mientras asume determinadas peticiones en inmigración, multirreincidencia u ocupaciones de vivienda, que son el mismo material inflamable que utiliza la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana para sus discursos racistas.

Por si no fuera suficiente, no se trata solo de apoyar las propuestas que presente Junts sino que, como ya ha comprobado, esos votos sirven para tumbar otras medidas tan destacadas como la reducción del horario laboral. Si Sánchez se tapa por la derecha, se destapa por la izquierda y la manta da para lo que da.

La portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras ha comparecido este miércoles para responder al gesto hecho por el presidente Pedro Sánchez, que anunció un día antes la reactivación de varios temas de interés para la formación independentista. Nogueras ha indicado que la posición de Junts no ha cambiado y que, en todo caso, hacen falta más pasos para recomponer la relación. Junts, ha remachado, solo volverá a la mesa si el Gobierno cumple con lo ya pactado. “Había un momento para negociar”, ha explicado Nogueras, “pero ahora toca cumplir”.

Los de Carles Puigdemont resaltan que Sánchez reconociera en dos entrevistas en Rac1 y 2Cat que el Gobierno ha incumplido algunos de los acuerdos que alcanzó con Junts. Por eso, Nogueras entiende que ahora es el Gobierno quien debe revertir la situación. “Nosotros mantenemos la posición, estamos en el mismo sitio que la semana pasada”, ha dicho. “Es el Gobierno el que bloquea. la legislatura con sus incumplimientos”, ha zanjado la portavoz.

Junts entiende además que el anuncio del Gobierno demuestra que no eran medidas imposibles. “No era que no se pudiera, sino que no se quería”, ha asegurado Nogueras. “Constatamos que el Gobierno está en una posición de debilidad. Han perdido votaciones importantes, como el techo de déficit. Los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados y ven que sin los partidos catalanes no pueden aprobar nada”, ha indicado.

Nogueras ha asegurado además que las peticiones de Junts son las mismas que han mantenido siempre. “Ojalá de aquí a un tiempo pudieramos celebrar que se haya cumplido todo lo que pactamos”, ha dicho, tras lo que ha citado acuerdos en materia de amnistía, el catalán en Europa, el traspaso de competencias en materia de inmigración o la representación en organismos internacionales.

Con todo, el partido prefiere sacar del foco cuestiones que, entiende, son de difícil cumplimiento, como las que no dependen solo del Gobierno. Los independentistas prefieren fijarse en aquellas que Sánchez puede llevar a cabo desde el propio Ejecutivo, como la publicación de las balanzas fiscales, a lo que el presidente se mostró dispuesto este miércoles.

Durante su comparecencia, la portavoz de Junts en el Congreso ha tenido ocasión de la lanzar un dardo a ERC, cuando ha asegurado que son el partido más exigente con Sánchez. “No somos los únicos que denuncian que el Gobierno no cumple, pero sí los únicos que estamos dispuestos a tomar decisiones en consecuencia”, ha indicado Nogueras.

El Gobierno está intentando recomponer la relación con Junts, rota desde el mes pasado. En dos entrevistas concedidas a dos medios catalanes, Sánchez anunció una serie de medidas que tratan de retomar la vía del acuerdo con Junts. Entre las actuaciones que anunció el jefe del Gobierno está la flexibilización del gasto de los Ayuntamientos o financiar un garantía de pago a los propietarios de viviendas en alquiler, pero también gestos como la publicación de las balanzas fiscales o la agilización de la ley de Junts contra la multirreincidencia.

Tras los anuncios del presidente, el resto de socios avisaron de que no aceptarán un giro a la derecha del Gobierno para contentar a Junts, aunque valoraron el intento de recomponer la relación, necesaria para que salgan adelante algunas de las medidas más importantes de la legislatura.

La presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que su ruptura con el PSOE y su rechazo a las leyes del Gobierno en tramitación no tienen “marcha atrás”. “Nunca en la vida hemos ido de farol”, ha declarado la dirigente independentista en RNE. 

En línea con su discurso de los últimos días, Nogueras ha insistido en que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien no ha cumplido con los acuerdos. Y que si hay ahora avances en algunos de los compromisos, su partido no reconsiderará su posición. “Empezar ahora a hacer cosas no es cumplir. Ojalá nuestro gran problema sea que cumplan todos los acuerdos y tengamos que comernos este sapo, pero no creo que vaya a pasar”, ha expresado durante la entrevista. 

Tampoco se ha mostrado preocupada Nogueras por si su decisión supone un adelantamiento electoral. “¿Las consecuencias de estas decisiones van a traer elecciones? Pues nos vamos a elecciones. ¿Seguirán gobernando sin apoyos? Pues ya nos dirán cómo”, ha expresado. 

Después de que Carles Puigdemont diera por roto el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, su partido ha elevado la tensión al anunciar que presentarán enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo en el Congreso. Esto incluye la reforma del sistema de Justicia, los Presupuestos de 2026, la ley de secretos oficiales, la de familias o la de universalidad del Sistema Nacional de Salud. 

Por otro lado, Nogueras también ha descartado una vez más una moción de censura respaldada por PP y Vox. “Si hablamos de los exámenes que ha suspendido el PSOE, el PP repite curso”, ha afirmado. “Cuando hablo de la deuda que el Gobierno español con los catalanes no es solo el PSOE y Sumar y Podemos, incluye los Gobiernos del PP”, ha dicho.

No es infrecuente que empresarios y políticos compartan espacios de diálogo para intercambiar puntos de vista en un entorno discreto. Pero la cena que el pasado lunes mantuvieron dos destacados dirigentes de Junts con una docena de prominentes empresarios catalanes fue algo más que eso, porque se producía tres días después de que el partido de Carles Puigdemont hubiera roto definitivamente su alianza con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los independentistas necesitaban explicar ante el mundo económico catalán la maniobra que acababan de realizar en el Congreso, donde dejaban la mayoría de la investidura inoperante y la legislatura tocada. Los empresarios, por su parte, necesitaban esas explicaciones para entender las implicaciones económicas de lo que acababa de pasar en la esfera política.

Ignacio Marull, socio responsable de PwC en Catalunya, fue quien organizó la velada, algo que esta consultora hace de forma regular. En nombre de Junts acudieron el jefe de filas en el Parlament, Albert Batet, y la presidenta del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras.

Esta última ha sido la cara visible del portazo a los socialistas en Madrid y es, también, una dirigente cada vez más apreciada en el entorno de Carles Puigdemont. Por su parte, Batet es, junto con el vicepresidente de Junts Toni Castellà, uno de los habituales enlaces del partido con el mundo empresarial. Desde Junts enmarcan la cena dentro de los encuentros normales que el partido mantiene con empresarios.

Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que el resto de invitados no representaban a sus empresas u organizaciones, sino que acudían a título personal. Así lo hicieron, por ejemplo la presidenta del Cercle d'Economía, Teresa Garcia-Milà, o el presidente de la Fira de Barcelona, Pau Relat. Junto a ellos, estas mismas fuentes sitúan a Miquel Martí (Moventia), Xavier Pujol (Ficosa), Emili Rousaud (Factor Energía) o Javier Faus (Meridia), entre otros.

Lo que los políticos expusieron ante todos ellos fue su relato de cómo habían ido las negociaciones con el PSOE y la incapacidad que habían encontrado para hacer avanzar la relación. Pero Batet y Nogueras tuvieron tiempo también para exponer sus principales conquistas para la agenda favorable a los empresarios, así como por qué Junts se había opuesto a las 37,5 horas, a prorrogar el impuesto a las energéticas o la ley que obliga a tener presencia sindical en los consejos de las empresas.

La estrategia de Junts ahora, aseguraron los políticos, es “cobrar” el apoyo prestado al Gobierno y dejar de prestar su voto hasta que eso no pase. Este mismo jueves la formación especificó una por una todas las leyes que tenía pensado bloquear, que incluye la gran mayoría de las que están en trámite, incluidos los Presupuestos. “Quieren dejar claro en Madrid que esto se ha terminado”, explica una fuente conocedora del encuentro.

Nogueras y Batet también quitaron hierro a los malos resultados que su partido cosecha últimamente en las encuestas. Según indicaron, el análisis que hacen en Junts es que, si bien Aliança Catalana está viviendo un momento de auge, también está sobrevalorada en los sondeos, por lo que sus expectativas se ajustarán a la baja cuando llegue el periodo electoral.

Por parte de los empresarios, algunas voces reconocieron que Junts ha tenido un papel relevante en muchas de las batallas parlamentarias y se manifestaron cómodos con el rol jugado por los independentistas. Algún otro de los presentes también hizo una llamada a la necesidad de que Junts practique una política pragmática. Fuentes conocedoras del encuentro relatan que también hubo quien hizo una enmienda a la totalidad de la estrategia de Junts en los últimos años.

Desde que Junts recuperara su papel en la vida política del Congreso, en julio de 2023, la formación de Carles Puigdemont ha cuidado su relación con los empresarios catalanes, que había quedado congelada tras el distanciamiento del procés. El presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, ha hecho un esfuerzo por recoser la relación con Puigdemont, que ha fructificado en los últimos años, convirtiendo a Junts en uno de los partidos que más ha defendido las posturas de Foment en el Congreso.

Esta sintonía entre Sánchez Llibre y Puigdemont no se ha roto tras el último giro parlamentario de Junts, al que la patronal sigue considerando “un socio fiable”, tal como publicaba La Vanguardia la semana pasada. Sin embargo, no es este el sentir de todos los empresarios, entre quienes el cambio de estrategia de los independentistas es visto como un nuevo volantazo que casa muy mal con la estabilidad política que reclaman.

Del mismo modo que algunas voces empresariales reconocen que Junts ha ejercido con eficacia la tarea de lobby empresarial catalán, entienden que el fin de la legislatura y una posible nueva mayoría podría ser muy perjudicial para los intereses de la empresa catalana.

Junts eleva la presión sobre el Gobierno con el anuncio de su rechazo a las leyes que lleguen o estén tramitación en el Congreso, salvo las que estaban acordadas antes de la decisión de los de Carles Puigdemont de romper con Pedro Sánchez. “La legislatura de Pedro Sánchez sigue bloqueada”, ha dicho la portavoz, Míriam Nogueras, que ha anunciado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. “No votaremos a favor de las 21 leyes que están en tramitación. Las nuevas leyes que apruebe el Consejo de Ministros, también tendrán enmiendas a la totalidad”, ha señalado Nogueras. El movimiento trunca las expectativas de Moncloa, que pretendía negociar ley a ley después de la ruptura anunciada por Puigdemont.

“Han decidido aferrarse al poder, pero no gobernar”, ha dicho la portavoz de Junts en referencia a PSOE y Sumar, tras afear a Pedro Sánchez que no haya dado explicaciones sobre cómo pretende gobernar “sin la mayoría necesaria”. “Sin los votos de Junts, no pueden aprobar medidas”, ha dicho Nogueras, que ha mencionado expresamente los Presupuestos Generales del Estado, y leyes como las denominadas 'ley Bolaños' y 'ley Begoña', con las que el Gobierno pretende acabar con las acusaciones populares, por ejemplo. Todo lo que quiera sacar adelante, ha expresado Nogueras, tendrá que ser “con PP y Vox”.

“El Gobierno del Estado español ha perdido su capacidad legislativa”, ha agregado Junts, que ha asegurado que la decisión es “un baño de realidad”: “Queremos coherencia y que se cumplan los acuerdos”. Lo que no ha aclarado Nogueras es si reculará en esa posición en el caso de que Sánchez cumpla con las exigencias de la formación independentista bajo la premisa de que no confían en que lo haga dos años después de haber suscrito los acuerdos. Y deja la pelota en el tejado del Gobierno, aunque por el momento sigue descartando una moción de censura para echar a Sánchez, que necesitaría de los votos de PP y Vox.

Lo que sostienen en Moncloa es que lo que están en su “mano” se ha cumplido y en lo que no depende exclusivamente del Gobierno “se está trabajando” para que se consiga. El ejemplo que ponen es la oficialidad del catalán en la UE, que depende de la unanimidad de los 27 y hay varios países con recelos a aprobarlo, entre ellos Alemania, que recientemente aceptó un diálogo bilateral con el Ejecutivo español para intentar llegar a un acuerdo. En cuanto a la amnistía, en el Gobierno recuerdan que es el Tribunal Supremo el que ha decidido no aplicarla en su totalidad. Respecto a la delegación de competencias en materia de migración a Catalunya, los socialistas asumieron esa exigencia, pero fue rechazada en el Congreso con el 'no' de Podemos.

La rueda de prensa de Junts, en la que han participado los siete diputados del grupo, se ha producido dos semanas después del órdago que la formación independentista lanzó a Pedro Sánchez al anunciar la retirada de su apoyo. No obstante, en el Gobierno habían minimizado esa decisión bajo la premisa de que ya tenían que negociar ley a ley con la formación de Carles Puigdemont. El movimiento de Junts complica la intención del Ejecutivo de seguir trabajando “votación a votación”. Lo que también había volado por los aires son las negociaciones que se celebraban en Suiza y que en las últimas reuniones, tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, pilotó José Luis Rodríguez Zapatero por el lado socialista.

La decisión de Junts supone que el Gobierno no pueda sacar adelante ninguna iniciativa, ni siquiera las trasposiciones de directivas europeas, salvo que lo haga con el apoyo de PP o Vox. Las únicas medidas que la formación independentista salvará son aquellas que estaban acordadas con el Gobierno antes de la decisión de romper. Así, los siete parlamentarios votarán a favor del decreto que desarrolla la 'ley ELA' con la que se destinarán 500 millones de euros a garantizar la atención de personas con esa enfermedad; de tres leyes que están en el Congreso (la ley de atención a la clientela, la ley de economía social y la ley del cine) y la ley de movilidad sostenible, que está ya en el Senado.

Entre las leyes que Junts vetará, a través de su 'no' o de la presentación de enmiendas a la totalidad, están la ley de familia, la de información clasificada, leyes para la mejora del sistema nacional de salud, la ley del restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía, la ley de información empresarial sobre sostenibilidad, la ley de administradores y compradores de créditos, la ley de prevención del consumo de alcohol de menores, la loreg, la ley de inclusión de personas con discapacidad, la ley de reforma del sistema universitario, entre otras. Algunas de esas iniciativas llevan bloqueadas toda la legislatura.

Nunca se sabe con Junts cuál será la vencida, pero el anuncio solemne de Carles de Puigdemont de ruptura de puentes con el PSOE vuelve a dejar la legislatura pendida del alambre. Tras un montón de amenazas implícitas y explícitas y de órdagos que finalmente se desmoronaron antes de hacerse realidad, los independentistas catalanes vuelven a prometer que esta vez sí es diferente y que el Gobierno ya no podrá contar con su apoyo de ahora en adelante. La decisión llega marcada por la coyuntura de su sangría de votos hacia Aliança Catalana, aunque oficialmente se fundamenta en los incumplimientos de Pedro Sánchez y se ha validado con una consulta a sus bases.

“No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”, proclamó el líder de Junts en rueda de prensa el pasado lunes tras reunir a la cúpula de su partido. La duda es el recorrido real de una afirmación difícil de calibrar por las propias maniobras contradictorias de los siete diputados postconvergentes en el Congreso, que a veces suman sus votos al PP y Vox para asestar golpes al Ejecutivo y otras muchas, la inmensa mayoría desde las elecciones generales de 2023, han respaldado la acción legislativa del Gobierno.

Con la moción de censura descartada, ahora está por ver en qué se traduce la nueva etapa, algo que a juzgar por sus declaraciones públicas no tiene claro aún ni el propio Pedro Sánchez. “Llegan aquí diciendo que han pasado a la oposición y no lo entiendo muy bien, porque ustedes siempre han hecho gala de estar en la oposición”, le dijo el presidente el jueves en el Senado a Eduard Pujol, que antes había arremetido contra el líder socialista. “Usted tiene tendencia a actuar como Houdini, un escapista, o como un trilero. Y eso no ayuda ni a la política ni a usted. No te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria más absoluta. Y, si no, tiempo al tiempo”, le dijo. “El Gobierno cumple con sus acuerdos. En lo que está en nuestra mano, el Gobierno está cumpliendo. Y en lo que no está en exclusiva en nuestra mano, está trabajando”, le contestó el presidente.

Más allá de los discursos afilados contra el Gobierno y la tensión hasta última hora en muchas de las negociaciones, los datos recopilados por este diario demuestran que Junts ha sido un socio más que fiable en estos dos años de legislatura. Si se desgranan todas las votaciones, pierde fuerza la frase que repite la portavoz independentista, Míriam Nogueras: “No formamos parte de ningún bloque”. 

De las casi 120 leyes del Gobierno o de Sumar y el PSOE que se han votado a lo largo de esta legislatura en el Congreso, los siete diputados de Junts votaron a favor en 93 ocasiones. Se trata de un 80% de las veces, cuatro de cada cinco. En las últimas semanas, ha habido varios ejemplos importantes: el decreto para establecer un embargo de armas a Israel, el traspaso de competencias de inmigración, que no salió por el voto en contra de Podemos, o la ley de movilidad sostenible. 

Al mismo tiempo los independentistas catalanes han tumbado cinco proyectos de ley al Gobierno y siete leyes a PSOE o a Sumar. Sin ir más lejos, este mes los votos de Junts sirvieron para impedir que se empezase a tramitar la ley de la coalición de Yolanda Díaz para crear una oficina anticorrupción, uno de los compromisos de Pedro Sánchez ante el Congreso tras el estallido del caso Santos Cerdán.

Lo que revela también la recopilación de dos años de votaciones es que Junts es bastante determinante para saber si el Gobierno puede sacar una ley adelante o no. En todos los proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso el voto positivo de Junts se tradujo en una votación exitosa, ya sea en una aprobación definitiva o en el primer trámite parlamentario del texto. Y solo una ley de las que llevaron Sumar y PSOE a la Cámara Baja cayó a pesar de contar con los votos de Junts: ocurrió hace poco, con la ley para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya. 

Es un ejemplo paradigmático porque muestra la otra dependencia del Gobierno para sacar las leyes adelante: Podemos. Aquel texto estaba pactado por PSOE y Junts y fue uno de los principales acuerdos entre ambas fuerzas de cara a la continuidad de la legislatura, pero el partido de Ione Belarra vio en esa iniciativa tintes racistas y decidió votar en contra. Aquella derrota enfadó sobremanera a los independentistas catalanes, que han fijado la inmigración como una de sus preocupaciones más importantes, con la ultraderechista Alianza Catalana robándoles cada vez más votos.

No obstante, en ocasiones el voto negativo o la abstención de Junts no ha sido óbice para que las iniciativas salgan adelante. Esta misma semana, el PSOE consiguió que se empezara a tramitar una ley sobre el buen uso de las zonas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad a pesar de la abstención de los independentistas, después de que el PP facilitara su aprobación también con una abstención. Se han dado situaciones parecidas en 11 ocasiones. Lo normal en cualquier caso es que si Junts vota en contra, la iniciativa decaiga: esto ocurrió en 12 de 13 derrotas del Gobierno, en seis de las cuales los siete diputados catalanes fueron clave.

Hasta ahora, Junts no se ha movido, siguiendo una tendencia clara en su apoyo al Gobierno. Las votaciones no muestran un desencanto paulatino ni lo contrario, lo que quiere decir que la formación de Carles Puigdemont ha votado a favor o en contra en función de sus intereses ideológicos o estratégicos en cada ley. Entre el verano y el comienzo del nuevo curso, por ejemplo, Junts votó en contra del decreto con medidas para evitar un nuevo apagón, rechazó la oficina anticorrupción de Sumar y a las entregas a cuenta para las comunidades autónomas (salió adelante con el apoyo del PP). 

Sin embargo, en las últimas semanas le ha dado varios respiros al Gobierno con su apoyo por ejemplo al decreto de embargo de armas a Israel, que terminó saliendo a pesar del suspense que Podemos imprimió a esa votación. También respaldó la votación de la ley de movilidad sostenible, en cuya negociación los independentistas se habían involucrado durante la comisión. Y aunque no figura en los registros porque su aprobación definitiva irá en el primer pleno de noviembre, Junts apoyó esta semana el informe de la ponencia de la ley de atención a la clientela del Ministerio de Derechos Sociales, con una enmienda muy importante para ellos que garantiza la atención en lenguas oficiales a las empresas radicadas en Catalunya, Galicia o Euskadi. 

La mayoría negativa sigue siendo un fantasma

Lo que también revelan los datos en bruto de la legislatura es que Junts no ha usado sus votos para colocarse en el bloque de la oposición que conforman PP y Vox. Sus apoyos a las leyes de los de Alberto Núñez Feijóo son totalmente puntuales, apenas ha votado a favor de sus propuestas, solo en nueve ocasiones. 

De 55 leyes del PP, Junts se abstuvo en cuatro y votó en contra en 42. De esos nueve apoyos, sin embargo, hay que descontar uno que no es tal, la votación de las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral del Ministerio de Trabajo, que aparece en esta gráfica porque se votaron a la vez las propuestas de devolución que presentaron Junts, Vox y PP. 

Aquella votación ha sido quizás una de las más dolorosas para el Gobierno en general y para Yolanda Díaz en particular. Pese a que desde Trabajo intentaron negociar con los independentistas por varias vías, el partido de Carles Puigdemont fue firme con la posición que siempre mantuvo sobre el proyecto y terminó tumbándolo y frustrando los planes de la vicepresidenta segunda, que había confiado en esa ley como la medida estrella de la legislatura.

Ahora el Gobierno acelera sus gestos a Junts para intentar recuperarlo como aliado parlamentario, aunque sea de forma puntual y no estructural como hasta ahora en la mayoría de votaciones. Y creen en la Moncloa que hay terreno para ello con carpetas como la de la oficialidad del catalán en Europa o la ley sobre multirreincidencia aún pendientes de desarrollo. Los precedentes, recuerdan en el Ejecutivo, avalan la tesis de que a Junts se le puede aguantar el pulso y ganárselo. Como cuando anunció Puigdemont a bombo y platillo una cuestión de confianza contra el presidente del Gobierno en base también a sus supuestos incumplimientos. Una de las muchas amenazas que Junts, también, se acabó envainando.

Cada vez que en el Congreso habla la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, el eco de sus palabras retumba entre las paredes del hemiciclo. Unas veces porque sus expresiones son demasiado explícitas (ha llegado a pedir a Pedro Sánchez que “mueva el culo”). Otras, porque maneja con demasiada soltura el insulto (“mentirosos, manipuladores, indecentes, gandules”). Y en alguna ocasión porque lo que dice suena a amenaza. Nunca un juego de palabras había dado para tanto chascarrillo: “Habría que hablar menos del cambio de hora y más de la hora del cambio”, le espetó al presidente del Gobierno este miércoles.

La derecha salivaba ante la posibilidad de que esta vez -y van ya unas cuantas- la conminación fuera en serio y no un simple amago. La izquierda trataba de relativizar el asunto y los junteros insistían en que o el Gobierno cambia su forma de hacer política o cambiarán las cosas. Cambiar, cambiar, lo que ha cambiado ya es la preferencia de muchos catalanes que votaron a los de Puigdemont, y ahora se están yendo a Alianza Catalana y el temor de los alcaldes de Junts a ser devorados por la extrema derecha catalana de Silvia Orriols.

Los incumplimientos que reprocha Junts a Sánchez ya no dependen de la voluntad del Gobierno. La amnistía se aprobó, pero su aplicación es ahora cosa de los jueces. Al uso de las lenguas oficiales en Europa se oponen Alemania, Suecia, Finlandia, Austria, Italia y Hungría, entre otros, pese a los esfuerzos de la diplomacia española. Y en el Parlamento no existe mayoría con la que aprobar la delegación de competencias en materia de inmigración. “Junts sabe que estamos cumpliendo con todos los acuerdos de Bruselas”, ha respondido Sánchez a la intimidación de Nogueras. 

Los de Puigdemont compiten ahora con la extrema derecha catalana y por eso su retórica en Madrid se parece cada vez más a la de Abascal y a la del propio Feijóo. Mantener el apoyo a Sánchez no es la mejor estrategia para sus intereses electorales en Catalunya y parece que se acerca el momento de la ruptura definitiva. 

El tic-tac-tac ha empezado a sonar ya, pero el problema para los independentistas no es tanto que retiren el apoyo al Gobierno de coalición que hizo posible la amnistía como decidir si están dispuestos o no a elegir como nuevos compañeros de viaje a PP y a Vox para apoyar una moción de censura. En Waterloo no están por la labor, al menos, hasta que Puigdemont pueda regresar a España. Hasta entonces, lo único que buscan los junteros es desmarcarse del bloque de investidura para proyectar la imagen de un partido de oposición a Pedro Sánchez, cuyo ciclo creen que ha terminado. 

Ya lo advirtió Puigdemont en verano: en otoño pasarán cosas que hasta ahora no habían pasado. Pues el otoño ya ha entrado con la amenaza de Nogueras. No para una moción de censura, sino para escenificar la ruptura, marcar distancias y empezar a recorrer desde la oposición un camino ante el nuevo ciclo electoral que sitúe a los junteros donde siempre estuvieron, en el bloque de la derecha para tratar de taponar la sangría de votos que se les están yendo a Alianza Catalana. Pura táctica que por mucho que lo celebre la derecha política y mediática no supondrá, a tenor de lo que emiten desde La Moncloa, el final de la legislatura, aunque la formación dice estar dispuesto a someter la decisión final a una consulta entre su militancia.

Con Junts o sin Junts, Sánchez quiere seguir jugando la partida. Así que, de serlo, esto será solo un cambio relativo con el que redecorar el nuevo relato de la vieja convergencia a golpe de iniciativas sobre inmigración, multirreincidencia, okupación, expolio fiscal y todo aquello que llevan incorporado en el ADN la ultraderecha española y la catalana.

La función se representará el lunes, en Perpiñán, en el sur de Francia, donde Puigdemont reunirá a la dirección de su partido para el último ensayo antes de la interpretación final de una obra cuya trama y reparto son ya archiconocidos por el gran público.

Junts afirma que esta vez sí se ha llegado a un punto de inflexión. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado el lunes a la ejecutiva del partido en Perpinyà para decidir si rompe definitivamente con el PSOE, tal y como algunos dirigentes defienden. La decisión que adopte la cúpula se someterá a votación de la militancia, una fórmula que fue la que ya se utilizó para acordar la salida del partido del Govern que compartía con ERC bajo la presidencia de Pere Aragonès.

Según el orden del día de la convocatoria, en la reunión del lunes se hará un balance del acuerdo de Bruselas y se abordará las “acciones a emprender” al respecto. Se da por hecho que será una nueva reunión maratoniana. En Junts ha ido aumentando el enfado con el Gobierno por considerar que nada de lo que se negocia se consigue desencallar y no quieren que lo mismo que ellos afeaban a ERC, que no obtenía nada a cambio de su apoyo al PSOE, se pueda reprochar también ahora a Junts.

Este miércoles en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts elevó el tono contra el Gobierno y se refirió a la “hora del cambio” para lanzar el que los posconvergentes subrayan que es ya el aviso definitivo a Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno se muestran tranquilos a pesar de la dureza de los de Puigdemont y no lo ven como un ultimátum: “Es una frase que han conseguido colar en el telediario”.

La duda es si Puigdemont sigue descartando el apoyo a una moción de censura presentada por el PP, algo que tampoco está nada claro que Alberto Núñez Feijóo esté dispuesto a impulsar. Algunas voces en Junts han especulado con la posibilidad de dar apoyo a una 'moción instrumental' con el único propósito de forzar unas elecciones.

En el Gobierno afirman estar tranquilos. Saben que el expresident puede optar por abandonar las negociaciones que están en marcha, tanto en el Congreso como los encuentros que se han ido celebrando en Bruselas y Suiza. Pero añaden que Junts continuará presentando propuestas y que el PSOE no dejará de intentar negociarlas con ellos. “Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano y lo que no está en nuestra mano estamos intentando que se cumpla”, relativizó Sánchez desde Bruselas tras ser preguntado por los últimos movimientos de los independentistas.

Pese al mensaje de calma que se traslada desde el Gobierno, sus problemas con los independentistas se multiplican puesto que a los problemas con Junts se suma el malestar cada vez mayor de ERC. Los republicanos reprochan a la vicepresidenta Montero que esté descafeinando cada vez más el acuerdo para una nueva financiación para Catalunya, el pacto que permitió la investidura de Salvador Illa. Fuentes de ERC señalan que el modelo que ofrece Hacienda no garantiza, no ya una ordinalidad estricta, sino que Catalunya mejore alguna posición de ingresos por habitante respecto a la situación actual.

Los republicanos han advertido tanto a Illa como al Gobierno de Sánchez que si no se desencalla la propuesta de financiación singular no cuenten con sus votos para los presupuestos de unos y otros.

“El dinero (de los impuestos) va a pagar rescates de las estrellitas de la Flotilla (de Gaza), a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas o a pagar favores a algunos medios de comunicación”. El Partido Popular fue con todo en la sesión de control del miércoles. Eh, no tan rápido. No era un diputado de ese partido el que soltó la frase con la que atizar con dureza al Gobierno, sino la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Los socialistas se rieron con entusiasmo una semana más con los problemas de Alberto Núñez Feijóo para encajar un buen directo en el mentón de Pedro Sánchez. La sonrisa se heló de inmediato cuando Nogueras culminó en la siguiente intervención el giro de su partido de los últimos meses. Junts es ahora el principal partido de la oposición o, dicho de forma más correcta, el partido que más daño puede hacer al Gobierno desde la oposición.

Nogueras acabó con un juego de palabras fácil de interpretar: “Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio”. Sánchez fue sobre seguro y se limitó a defender la propuesta de no volver a realizar el cambio horario y a presumir de que se ha aumentado en un 63% “las viviendas de protección oficial que están en construcción”. No le convenía hurgar más en la herida a la espera de acontecimientos.

Es cierto que algunas de las quejas de Junts no son nuevas, como tampoco lo son los comentarios sobre el mal momento de sus relaciones con el PSOE. Fue su retórica, copiada del discurso del PP, lo que llamó la atención, además de la referencia al “cambio”.

Como ejemplo, denunció que están congeladas en el Congreso dos proposiciones de ley de su partido sobre multirreincidencia de extranjeros y de lucha contra la ocupación de viviendas. Lo están porque los socialistas no tienen margen para negociar asuntos que contarán con el rechazo de sus socios de izquierda y porque no tiene intención de unirse a los partidos de derecha para que salgan adelante.

En resumidas cuentas, Nogueras estaba exigiendo algo que sabe que el Gobierno no le puede conceder. Fuentes de Junts dejaron claro después que eso no les importa: “La afirmación de hoy no es gratuita. Esto va en serio. Nunca habíamos hablado de cambio”.

No era porque la portavoz de Junts se hubiera levantado con gran energía después de desayunar una butifarra. Un grupo de alcaldes del partido se reunió el lunes con Carles Puigdemont en Waterloo con la intención de pedirle más dureza en el mensaje contra la inmigración. Era una cita que habían reclamado sólo un mes después de verse con el secretario general, Jordi Turull. Están nerviosos porque Junts pierde terreno frente a la ultraderecha de Aliança Catalana en el debate sobre la seguridad, también en el ámbito local.

Sólo un día antes, Puigdemont había marcado doctrina con un breve discurso. Sin mencionar a Aliança, el líder del partido quiso calmar los ánimos. Llamó “modas”, “péndulos” y “ocurrencias” a los mensajes de la ultraderecha independentista: “A veces existe la tentación de sucumbir a las modas y hay gente que lo hace. Pero alguien debe quedar en el país que tenga esta mirada de Estado, esta mirada larga de la construcción de la nación, que nunca acaba y es permanente”.

Es un mensaje no muy distinto al que emplea el PP para hacer frente a Vox y que no le ha sido útil para detener el ascenso de la extrema derecha en los sondeos. Lo que está claro es que los alcaldes de Junts creen que no les sirve para nada. Quieren mano dura, no grandes palabras sobre la “mirada de Estado”.

La última encuesta de julio del CEO –organismo público de la Generalitat– prevé entre diez y once escaños para Aliança (ahora cuenta con dos) y de 28 a 30 para Junts (tuvo 35 en las últimas elecciones) con vistas a las próximas autonómicas. El índice de aprobación de Sílvia Orriols, líder de Aliança y alcaldesa de Ripoll, es casi idéntico al de Puigdemont.

Lo que no quitó el sueño a los socialistas fue la intervención de Feijóo en el Congreso. A falta de ideas nuevas, creyó que nada mejor que comenzar con el lapsus de Yolanda Díaz del día anterior (“queda Gobierno de corrupción para rato”). Muy osado, teniendo en cuenta que él puede presumir de una larga colección de lapsus a falta de mejor palabra para definirlos. El lunes, dijo que las horas trabajadas en España “han caído un 8,9% desde 2018” y que, por tanto, ha bajado la productividad. Si lo primero fuera cierto, que no lo es, la productividad habría subido de forma espectacular después de los últimos años de crecimiento del PIB.

Sánchez no nació ayer y venía preparado. La verdad es que lo tenía fácil: “Usted es un campeón del lapsus. ¿O cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra '1984' en 1984 y no en 1949 no es un lapsus sino incultura?”. Otra jornada en que Sánchez no paraba de reírse y a Feijóo se le quedaba un rictus de perplejidad. En los pasillos, presumía de que había sido un gran acierto preguntar al presidente si el PSOE se ha financiado de forma ilegal. Sánchez dijo que no. ¿Qué esperaba que dijera?

Los ministros salieron del pleno con la intención de restar “dramatismo” a los avisos de Junts. El partido nacionalista descartó hablar de un posible apoyo a una moción de censura. Ese no es el territorio en el que se mueve en estos momentos ni le beneficia alimentar la teoría de que pueden llevar en brazos a Feijóo a La Moncloa, que es algo de lo que Gabriel Rufián lleva avisando desde hace tiempo.

“Como estamos ahora, no tiene sentido continuar y el chicle ya no da más de sí”, dijeron fuentes de Junts. Lo que sí pueden hacer es anunciar que no votarán a favor ni siquiera de un decreto a favor de la alimentación saludable de los niños. Eso convertiría a la legislatura en un muerto viviente, aunque, como se ve en el cine, no es tan sencillo matar a un zombi.

Es el enésimo ultimátum de Junts y, por eso, nadie sabe nunca si será el definitivo. Pero el portazo sonó esta vez más estruendoso que nunca. “Quizás debería dejar de hablar de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio”, le dijo este miércoles la portavoz de partido en el Congreso, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno durante su turno de pregunta en la sesión de control. Su intervención dio paso a un runrún generalizado en el hemiciclo por la duda respecto al trasfondo de esa afirmación y las consecuencias para el devenir de la legislatura. Pero lo que quedó claro es el tono y el fondo de su discurso anterior, indistinguible del de PP y Vox por la acidez de sus críticas al Ejecutivo. 

Nogueras suele ser dura con Pedro Sánchez en las sesiones de control, pero este miércoles elevó la forma y el contenido. “Mucha gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras ven que sus impuestos no ponen fin a la tortura diaria de Renfe, o ayudar a la gente a levantar sus negocios, a generar trabajo digno, a financiar como se debería la educación y la sanidad o a financiar la vivienda, sino que van a pagar los rescates de las estrellitas de la flotilla, al financiamiento ilegal de los partidos, la prostitución, las fiestas o a pagar los favores de algunos medios de comunicación”, soltó. 

No se quedó ahí y Nogueras habló de la posibilidad de un gobierno de derechas: “Después dirán que viene la derecha y que es culpa nuestra”. Una frase que remató con un juego de palabras a colación de la última promesa anunciada por Pedro Sánchez, el fin del cambio de hora del verano al invierno. “Quizás debería hablar menos de cambios de hora y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio”, cerró.

La frase quedó suspendida en el aire y el presidente le respondió como suele hacer en otras ocasiones a preguntas de sus socios: defendió las políticas del Gobierno y se comprometió a seguir trabajando por los trabajadores autónomos y por el derecho a la vivienda, dos de las múltiples cosas que la portavoz de Junts le había reprochado en su pregunta. Pero en los pasillos del Congreso, el cambio de tono de los independentistas quedó planeando durante todo el día. 

Fuentes del partido de Puigdemont reafirmaron más tarde que la intervención no fue “gratuita”. “Esto va en serio. Nunca habíamos hablado de cambio”, sostiene un miembro del grupo parlamentario. “O cambian ellos o cambiará la forma de Junts de hacer política en el Congreso”, añaden esas mismas fuentes, que utilizan un símil recurrente entre los diputados independentistas: “El chicle se ha estirado demasiado, ya no da más de sí”.

¿En qué se traducen las advertencias de Junts? Nadie habla de momento de una moción de censura con el PP, pero el Gobierno podría perder el apoyo de sus siete diputados para cualquier iniciativa, ahora que había encadenado una serie de victorias importantes con el decreto de embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, como ejemplos bien recientes. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar pronto el techo de gasto, un primer test sobre el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que se ha comprometido a aprobar. 

“Los próximos días serán importantes, la próxima semana se verá. Pero la prórroga no durará toda la legislatura”, avanzan en Junts sobre los próximos pasos. El secretario general del partido, Jordi Turull, ya habló hace unas semanas del final del otoño como fecha determinante para evaluar su apoyo al Gobierno: “Antes de los turrones”. Lo que no entienden algunos de los grupos del bloque de investidura consultados es el motivo del nuevo giro de Junts. Según fuentes de este partido, no tiene que ver exclusivamente con la corrupción, sino con la “forma de hacer política” de la coalición. La reforma sobre las cuotas de los autónomos ha sido una nota más en la lista de quejas que los catalanes acumulan contra el PSOE. 

Hace tiempo que las prioridades políticas de los independentistas empezaron a virar. El Gobierno fue trabajando desde el principio los compromisos de investidura, con la aprobación de la ley de amnistía y la negociación de las lenguas oficiales en la Unión Europea. Aunque la formación de Carles Puigdemont siente que el Ejecutivo podría hacer más para que se aplique la amnistía también a su líder, los socialistas tienen poco margen de maniobra en este sentido y tampoco pueden hacer mucho más en la negociación en el seno europeo para conseguir la oficialidad del catalán. 

En el tiempo que va desde que se aprobaron los acuerdos de investidura hasta ahora, a Junts le han surgido nuevas preocupaciones, como el ascenso de la extrema derecha independentista de Alianza Catalana. Una reciente encuesta publicada en La Vanguardia observaba una pérdida de 14 escaños para los posconvergentes que irían directamente al caladero de la formación de Silvia Orriols. Unas perspectivas que seguramente explican la preocupación creciente de Junts por hablar de inmigración. 

Por eso fue tan significativa la derrota hace apenas unas semanas de la ley para traspasar las competencias de inmigración a Catalunya. El PSOE pactó ese texto con Junts consciente de la importancia de esta carpeta de cara a la estabilidad de la legislatura. Pero la frágil mayoría con la que cuenta el Gobierno impidió que el texto se empezase siquiera a tramitar: los votos de Podemos junto a los de PP y Vox fueron suficientes para tumbar la iniciativa. 

Junts está enfadado también por lo que consideran un “bloqueo” por parte del Gobierno a la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Esta ley cuenta no obstante con la oposición del resto de la izquierda, también de Sumar, que considera que detrás de los discursos que vinculan inmigración y delincuencia se esconde una mirada racista. 

Aunque la ley ha dado algunos pasos en la Cámara y está ya en manos de la Comisión de Justicia, apenas ha habido avances desde febrero. Este lunes, los principales alcaldes de Junts se reunieron en Waterloo con Puigdemont y el secretario general del partido, Jordi Turull, y entre otras cuestiones les plantearon su malestar por el “bloqueo” del Partido Socialista a esa ley. 

“Los asistentes han mostrado su preocupación por la falta de respuesta de los Gobiernos catalán y español a los problemas de la gente. Han mostrado su preocupación por el bloqueo del PSOE a las leyes contra la multirreincidencia y contra las ocupaciones delincuenciales, y han reclamado que se aprueben con celeridad”, resumió el partido en un comunicado. Fuentes socialistas responden sobre esta cuestión concreta de la ley de multirreincidencia que, como en tantas otras leyes que están tramitándose en el Congreso “se están buscando acuerdos para ir avanzando”. 

El Gobierno, tranquilo: “Es una teatralización”

El Gobierno, mientras tanto, trata de desdramatizar la amenaza de Junts y no se lo quiere tomar como un ultimátum ni un cambio de ningún tipo. “No hemos escuchado nada que no hayamos escuchado antes”, dicen fuentes gubernamentales. “Es teatralización, lo de siempre. Calma”, señalaba un ministro. “Han conseguido colar su frase en el telediario. Seguimos”, agregaba otro de los más próximos al presidente. “Una cosa es la literalidad de las declaraciones y otra cosa es lo que significa. Nos tomamos muy en serio nuestro acuerdo con Junts y, en el marco de que nos lo tomamos en serio y ellos lo saben, estamos convencidos de que podremos seguir trabajando juntos hasta el final de la legislatura”, agregan fuentes gubernamentales, que se aferran a que los de Puigdemont descartan una moción de censura con PP y Vox, que supondría el game over del mandato. 

Y ahí consideran que no van a llegar y que Junts no tiene apetito electoral en este momento. “Cada uno tiene la manera de presionar que tiene, pero tenemos que analizar no conforme a la literalidad. Entendemos el mensaje, nos están diciendo que hay unos compromisos y siempre hemos dicho que cumpliremos”, rematan las fuentes consultadas. 

En ese sentido se ha pronunciado Pedro Sánchez este jueves en Bruselas: “Estamos cumpliendo esos acuerdos”. “Junts sabe que estamos cumpliendo esos acuerdos. Hay acuerdos que no dependen exclusivamente del Gobierno, por ejemplo, en materia de migración o de lenguas oficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación y esfuerzos. Es lo que está haciendo el Gobierno”, ha dicho el presidente en referencia a la oficialidad del catalán en la UE, a la que se resisten varios países, entre ellos Alemania o Italia, y a las medidas anti-inmigración de Junts que chocan con el resto de socios de la coalición.

Más allá de la mano tendida, Sánchez ha lanzado una advertencia a los de Carles Puigdemont: “Cuando hablamos de cambio, hay una cuestión indiscutible. Puede haber cambios para avanzar o para involucionar. Para regresar, no una hora como decía la portavoz de Junts, sino 50 años atrás”.

“Creo que hoy es indiscutible que a Catalunya y a España, y ahí están los datos, les sienta bien este Gobierno de coalición que ha propiciado un cambio de avance y no de involución que es lo que plantean otras alternativas como PP y Vox”, ha zanjado en declaraciones a los periodistas en Bruselas.

El Gobierno insiste, por otra parte, en la necesidad de que se terminen los vetos cruzados en las tramitaciones parlamentarias: los choques ideológicos entre la izquierda y Junts son los que tienen bloqueadas hasta ahora gran parte de las leyes que piden los independentistas, pero al mismo tiempo los de Carles Puigdemont han imposibilitado algunas medidas importantes para el resto de socios del Gobierno, como el impuesto especial a las eléctricas o la iniciativa legislativa popular para una regularización de migrantes que se tramite en el Congreso. 

Otro de los problemas con los que cuenta el Ejecutivo es que la relación con los independentistas no está engrasada como antes, a pesar de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asumido la interlocución directa con Puigdemont en sustitución del encarcelado Santos Cerdán. Los frutos de esas nuevas conversaciones brillan por ahora por su ausencia y Junts arrancó el nuevo curso castigando al Gobierno. De ahí ha pasado a elevar el tono. Aun así, en Moncloa no le ven por ahora, las orejas al lobo.

Este mismo miércoles, Junts quiso cristalizar su aviso discursivo en las votaciones del Congreso. Era una iniciativa no vinculante, pero ha servido para que el Gobierno se encontrara con una foto incómoda: la de la bancada del PP y Vox sumando mayoría junto a los siete diputados independentistas. Junts ha apoyado una moción del PP para instar al Ejecutivo a que haga una revisión a la baja de los impuestos que pagan familias y autónomos. En concreto, han respaldado un punto sobre el ajuste del IRPF a la inflación para compensar “la pérdida de poder adquisitivo”. 

Junts e Illa, incapaces de encontrarse

Lo que ocurre en el Congreso tiene una evidente línea de conexión con la actualidad de la política catalana y las complicadas relaciones entre Puigdemont y el president de la Generalitat, Salvador Illa. Junts volvió de las vacaciones de verano con el propósito de hacer cambios en su estrategia en el Parlament de Catalunya. El análisis que hacía la dirección era que Junts no había aprovechado todo el poder posible por sus reticencias a pactar con el PSC en municipios y diputaciones, a la vez que la oposición frontal al Govern les daba menos visibilidad de la que podrían tener arrastrando a Salvador Illa a sus posiciones.

Con esta reflexión en el retrovisor, Puigdemont apostó por marcar el debate de política general como una toma de temperatura sobre la salud de su pacto con Pedro Sánchez. En concreto, Junts reclamaba que el PSC apoyase algunas de sus propuestas de resolución claves y, en concreto, una en la que apostaba por la resolución del conflicto en Catalunya a través de un referéndum. 

Junts hacía correr entonces que, si había acuerdos en el Parlament, podrían llegar a dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat, una de las asignaturas pendientes de Illa. Sin embargo, PSC y Junts nunca llegaron a ponerse de acuerdo, por lo que la mayoría de las resoluciones presentadas por los de Puigdemont, incluyendo la del referéndum, quedaron descartadas. 

A raíz de este último encontronazo, Junts se ha conformado con su papel y ha redoblado la oposición a Illa, lo que incluye la amenaza, de nuevo, con dar por finalizado el pacto con Sánchez. En Junts consideran que, sin avances en la mesa de Ginebra, sin que la amnistía se haya aplicado y, para remate, sin poder encontrar un nuevo encaje en relación con el Govern de Catalunya, el apoyo al PSOE tiene cada vez menos sentido.

La frase de la portavoz de Junts retumbó en todo el hemiciclo y provocó un murmullo generalizado. “Quizás debería dejar de hablar de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio”, le dijo Míriam Nogueras al presidente del Gobierno durante su turno de pregunta en la sesión de control. Pedro Sánchez no quiso o no supo qué contestar a un mensaje que, por el tono de solemnidad de la diputada, sonó diferente a otras veces aunque en el fondo encierre la misma amenaza de siempre de los de Carles Puigdemont. Es decir, hacer caer al Ejecutivo si no se satisfacen sus exigencias.

El caso es que Nogueras volvió a conseguir lo que tantos días a lo largo de la legislatura ha conseguido ya su grupo parlamentario: que todo el mundo intente desencriptar su discurso político para saber exactamente si, a la enésima advertencia, esta vez sí está Sánchez ante un ultimátum de verdad o es otro farol más. “La afirmación de hoy no es gratuita. Esto va en serio. Nunca habíamos hablado de cambio”, aseguran desde Junts preguntados sobre el trasfondo del mensaje trasladado hoy.

En realidad, cumplir con la literalidad de esa amenaza velada de “cambio” conduciría irremisiblemente al único volantazo real que tienen en sus manos los siete diputados de Junts en el Congreso: unir sus votos al PP y a Vox para apoyar una moción de censura que desaloje a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y ahí los de Puigdemont bajan de nuevo el suflé. “Hay que seguir la línea de puntos de lo que venimos denunciando y advirtiendo desde hace semanas”, aseguran fuentes parlamentarias de los independentistas catalanes respecto a los incumplimientos que reprochan al Gobierno. Aunque, sobre la moción de censura, añaden: “Aún no estamos en eso”.

Lo que describen en Junts es una legislatura en vía muerta en la que, desde su punto de vista, no atisban el cumplimiento de ni uno solo de los compromisos adquiridos por el PSOE. “Los próximos días serán importantes, la próxima semana se verá. La prórroga no durará toda la legislatura, ya lo avisamos. Como estamos ahora no tiene sentido continuar y el chicle ya no da más de sí. O cambian ellos en la forma de hacer política, o cambiamos nosotros”, advierten.

En plena competencia electoral con la xenófoba Aliança Catalana, en Junts por primera vez no ponen en el foco en la aplicación de la amnistía a Puigdemont o en la oficialidad del catalán en la Unión Europea como asuntos prioritarios pendientes de concretarse. Las demandas más urgentes que trasladan al Gobierno, en cambio, tienen que ver con sus iniciativas sobre “multirreincidencia, inquiokupación” o sobre la delegación de competencias migratorias a la Generalitat. Justo la agenda ultra antiinmigración por la que compite con el partido de Silvia Orriols.

Cuestionados por la última amenaza, en el Gobierno prefieren rebajar la trascendencia de “una frase hecha”, tal y como calificaba la expresión de “la hora del cambio” una ministra que hacía su propia lectura del discurso de Nogueras. “Es el Junts de siempre. Suelen elevar el tono cuando ponen altas sus exigencias. Que nos expliquen lo que quieren decir, pero es un juego de palabras al que no le damos mayor dramatismo”. En la misma línea se expresaba otro de los ministros más cercanos al presidente. “Han conseguido colar su frase en el telediario. Seguimos”.

Lo cierto es que el tono y el fondo de la intervención de Míriam Nogueras este miércoles en el Congreso ha sido indistinguible del de formaciones de oposición como el PP y Vox, con los ataques más explícitos al PSOE que se recuerden en sede parlamentaria de unos supuestos socios de legislatura. “Mucha gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras ven que sus impuestos no ponen fin a la tortura de Renfe, o a levantar los negocios, o a facilitar el acceso a la vivienda, sino que van a pagar rescates de la flotilla, la financiación ilegal de partidos, la prostitución, las fiestas o la financiación de medios de comunicación”, dijo.

“Nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar y pregunto al PSOE qué van a hacer: ¿Van a bloquear, seguir contando cuentos o empezar a trabajar?”, ha exclamado tras recordar que Junts es el único partido que en su acuerdo de investidura no aceptó la cláusula de estabilidad del Gobierno, sino que esta “iría en función de la materialización de los acuerdos”.

En este contexto, ha insistido en que “la gente está hasta las narices” de que no se solucionen los problemas, señalando como tales la delincuencia en las calles porque sigue bloqueada la Ley que propuso Junts contra la multirreincidencia; la ocupación de pisos porque también está bloqueada la ley contra las ocupaciones; la situación de los autónomos o los retrasos en los trenes.

Salvador Illa hace 30 años que milita en el PSC. Josep Rull empezó en Convergència y ha seguido en la formación en todas las metamorfosis posteriores. El primero fue uno de los políticos más contrarios al procés y se manifestó junto a dirigentes del PP y Ciudadanos en defensa de la unidad de España. Rull, independentista cuando en el partido fundado por Pujol eran una minoría, fue el único conseller, además de Junqueras, que acudió a su despacho de la Generalitat pese a haber sido cesado en aplicación del artículo 155. Después, optó por quedarse aquí y, como el resto de los que lo hicieron, acabó en la cárcel.

Illa y Rull tienen visiones antagónicas sobre cuál debería ser el futuro de Catalunya. Pero pese a las diferencias políticas evidentes, hay algo en lo que coinciden ambos: la voluntad de dignificar las instituciones. El presidente de la Generalitat es la máxima autoridad y el del Parlament, la segunda. Los dos, a diferencia de algunos de sus predecesores, han optado por mensajes conciliadores sin renunciar a su estrategia. También coinciden en plantar cara a la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana.

No encontrarán tuits provocadores de Illa como los del ministro Puente ni expresiones racistas como las de Míriam Nogueras en los discursos de Rull. Podría atribuirse al agua de Madrid, como ironiza a veces un compañero para explicar cómo allí la política hiperbólica hace imposible cualquier debate sereno. No hay rivales, hay enemigos. 

De ahí que por las formas (descontadas las bravatas de Vox y Aliança Catalana) y el contenido, el Debate de Política General que se celebra esta semana en el Parlament merece ser atendido. Illa subrayó que las instituciones “son de todos” y que deben estar abiertas a la fiscalización pero no al insulto. La confrontación, añadió, solo beneficia a quienes quieren debilitarlas. 

Como hace un año, su compromiso más destacable ha sido en materia de vivienda, el primer problema y que afecta especialmente a los jóvenes pero no solo a ellos. Mientras Ayuso pone la alfombra a los fondos inmobiliarios para invertir en vivienda, sin límites de precios ni intervención en el mercado, Illa promete convertir todo el suelo urbano de Catalunya en parcelas urbanizables para acabar con esta crisis. El presidente catalán advierte de que no puede “hacer magia” y rechaza “dogmatismos”. Puede que electoralmente no sea la mejor baza, pero se agradece que haya políticos que traten como adultos a los ciudadanos.    

En las encuestas aparece también como muy destacada la preocupación por la seguridad pese a que los delitos bajan. Hay partidos y medios que alimentan la percepción de inseguridad porque está comprobado que les funciona en votos y audiencia. Tan peligroso como efectivo. Illa promete firmeza policial y más prevención pero apela a “no callar” frente a los discursos que solo buscan dividir. No citó a Aliança Catalana y Vox pero se le entendió. Más de un alcalde de Junts también podría darse por aludido.

“Desmontaremos uno a uno los discursos de odio”, subrayó el president este martes en su intervención. Su estrategia para intentarlo es invertir de manera transversal en los barrios en los que la extrema derecha crece de una manera que ahora mismo parece imparable. “La inmigración nos hace un país mejor”, remachó.

Hace unos meses también Rull apeló a “rebelarse” contra los discursos de odio que criminalizan a los migrantes. El presidente del Parlament ha llamado al orden en más de una ocasión a la líder d’Aliança, Silvia Orriols, cuando en sus intervenciones en los plenos vincula inmigración y delincuencia. 

Pensadores como Daniel Innerarity defienden que la polarización percibida o sentida es más fuerte que la real y que lo que hay es una politización en los márgenes que afecta a toda la dinámica del conflicto. Es posible. Pero si las encuestas no se equivocan, tanto la extrema derecha de Vox como la de Aliança cosecharán muy buenos réditos mientras PP y Junts se dedican a copiarles y a regalarles votos.

El debate y fracaso de la propuesta por la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat ha derivado en otra bronca entre ERC y Junts. O para ser más exactos entre Gabriel Rufián y Míriam Nogueras. No por el contenido acordado entre PSOE y los de Puigdemont sino por el discurso utilizado por Junts para defenderlo. El portavoz de los republicanos en el Congreso ha reclamado directamente a su homóloga de Junts que “deje de hacer daño a Catalunya”.

“Es muy poco patriota odiar a gran parte del país. Lo que hizo Nogueras en su discurso es odiar a gente inmigrada en Catalunya”, ha afirmado Rufián en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Después de que la Cámara Baja tumbase este martes la delegación de las competencias en inmigración, el diputado de ERC ha tildado de “miserable” el discurso que hizo Nogueras desde el atril y lo atribuye a la “presión” de Aliança Catalana. De todos modos, ha reiterado que las competencias eran para Catalunya y no para Junts. De haber prosperado, el encargado de gestionarlo hubiese sido el Ejecutivo de Illa.

Pero la portavoz de Junts lejos de aflojar ha insistido en sus argumentos a la vez que ha recomendado a Rufián que pise “las calles de Catalunya”. “Que escuche a la gente y deje de hacer seguidismo de la izquierda española más populista que hay aquí”, le ha contestado también en una entrevista en la radio pública.

Nogueras, además, ha interpelado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a la consellera de Interior, Núria Parlon, para preguntarles dónde están: “Lo más cómodo es ponerse de perfil y no mojarse, pero los políticos que se ponen de perfil son los que hacen que este problema se haga mayor”. El Govern, por boca de su portavoz, defendió este martes, horas antes de la votación en el Congreso, la propuesta para que la Generalitat asumiese la delegación de más competencias en inmigración.

“Es una proposición buena para Catalunya y para el conjunto de España”, explicó Silvia Paneque tras la reunión del Consell Executiu. Y añadió, en referencia a los argumentos de Podemos, que no hay “ningún elemento que pueda ser definido o tildado de racista” a la literalidad del texto presentado. “No existe ningún elemento que tenga indicios de racismo. Es poco afortunado el debate y poco ajustado al texto. Sería bueno que las expresiones de los grupos se centraran en los textos y no en quien presenta la proposición”, concluyó la portavoz del Govern.

La institución que define nuestra época –más que la democracia, que la familia nuclear o que la educación– es el trabajo. El empleo asalariado, esa división tajante entre la vida privada y la vida productiva que ha ordenado la existencia en la Edad Contemporánea, ni siquiera existía hasta este minúsculo fragmento de la historia que nos ha tocado vivir. 

En sus 250 años de vida ha habido dos momentos claves. El primero fue en la primera mitad del siglo XIX, cuando nació. Para transformar una sociedad familiar, agraria y dispersa en un mundo industrial hipercomplejo hubo que cincelar a las personas a la medida del trabajo. Para ello se extendió la educación formal, aparecieron los horarios, los relojes, la disciplina y el consumo. Hasta nacieron las primeras grandes ciudades. 

Para corregir a todos aquellos que amenazaban con salirse del tiesto se promulgaron leyes de “vagancia” que prohibían e imponían severos castigos a quien no trabajase. Se asociaron todos los beneficios de la organización social –como las pensiones o el acceso a la vivienda de protección oficial– a la participación en la producción y el trabajo pasó a constituir la columna vertebral de la estructura social. Por eso desde el momento en que nacemos nos vamos modelando para ser trabajadores, casi antes que personas.

El segundo momento crítico en la historia del trabajo es este que estamos viviendo hoy: el de su desaparición.  

Aunque formalmente sigamos empeñados en mantener con vida artificialmente su cuerpo inerte, lo que hoy entendemos por “trabajo” no es más que una carcasa de lo que fue. Esa institución que ordenaba la vida en la segunda mitad del siglo XX está muriendo. 

El empleo ligado a la “producción” de algo tangible y reconocible está en mínimos históricos. Nadie fabrica ya un objeto entero en una cadena de montaje: los pocos puestos industriales que sobreviven forman parte de cadenas globales de valor, dispersas e impersonales, sin nombre ni rostro. La mayoría de la gente tendrá a lo largo de su vida decenas de trabajos sucesivos en los que no se involucrará más allá de lo imprescindible para llegar a cobrar. Esas empresas que funcionaban como familias –para lo bueno y para lo malo– y que constituían una parte esencial de la identidad y de la vida de la gente han desaparecido. Mientras tanto, el 85% de los trabajadores no se siente vinculado a su empleo y hasta el 40% en algunos países piensa que su trabajo es “completamente inútil”. Como escribió David Graeber: “La enorme proliferación de empleos inútiles que nadie puede justificar es el testimonio más claro de que hemos creado un trabajo por el trabajo mismo.”  

Al mismo tiempo, los salarios cada vez representan una parte más pequeña del PIB. Alguien dirá que es porque las condiciones de la negociación con el capital están amañadas, pero a nadie se le escapa que también tiene algo que ver con que el trabajo cada vez es menos necesario en la producción. 

Y tiene todo el sentido que sea así. La lógica de la industrialización siempre fue precisamente esa: ser cada vez más eficientes, esto es, hacer cada vez más, con menos. Por eso existe esa frustración tan gaseosa pero, al mismo tiempo, tan evidente con el empleo: nos habíamos prometido a nosotros mismos que no iba a ser para siempre y aquí seguimos, atados a la pata de la semana laboral.

Hace 100 años una reducción radical de la jornada redujo en un tercio las horas trabajadas (de 60 a 40 semanales) en muy poco tiempo. Fue aquella transformación la que hizo posible que una parte muy importante de la gente estudiara en la universidad, que existan el turismo y el ocio y hasta que nos escandalicemos cuando alguien dice que leer no es tan fructífero. Vivimos en una sociedad abundante que nunca hubiera existido si hubiéramos seguido trabajando como en el siglo XIX. 

Durante los momentos más duros del COVID, cuando parecía que el mundo iba a cambiar de la noche a la mañana y todo el mundo estaba abierto a nuevas ideas, un enjambre de activistas, empresarios y partidos políticos consiguió poner sobre la mesa una idea en muchos países al mismo tiempo: había llegado el momento de reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana.

La idea concitaba un consenso extraordinario. Uno detrás de otro, todas las encuestadoras mostraban como la inmensa mayoría de la población global estaba a favor de la medida. Y no solo los trabajadores. En EEUU, el 60% de los empresarios también apoyaba la iniciativa. 

En España, el 94% de los trabajadores, una de cada cuatro empresas y muchas grandes directivas se pronunciaron a favor de la iniciativa. Hasta Alberto Núñez Feijóo, presionado por la popularidad de la idea, planteó alguna forma de llevarla a cabo (a su manera). 

La votación de este miércoles en el Congreso de los Diputados ha sido una desgracia. Una medida mucho menos ambiciosa, que en realidad solo afecta a los pocos convenios colectivos que todavía obligan a hacer 40 horas, no consiguió los votos necesarios para salir adelante. Los partidos que votaron en contra, Vox, PP y Junts, se escudaron en problemas de forma y en cómo la medida iba a impactar a las empresas menos dinámicas de la sociedad para echar abajo una idea que debía ser de sentido común. 

Fue el enésimo gesto de una clase política completamente desconectada de los deseos de la gente que rehúye todo el rato los grandes debates y se esconde en excusas de mínimos para generar divisiones donde no las hay. 

Aunque solo sea por sacudirnos la profunda sensación de derrota cabe pensar que la votación nos deja una lección sobre los límites de lo posible. En un tiempo convulso como el que estamos viviendo, apuntar más bajo no conduce a facilitar los acuerdos. Son las propuestas más valientes las que son capaces de concitar la energía necesaria para forzar a los actores más inmovilistas a cambiar sus posiciones. 

Durante su intervención, Yolanda Díaz llamó la atención en varias ocasiones sobre la naturaleza continua del progreso. Esta medida no se va a aprobar aquí, pero eso no quiere decir que aquí termine la batalla por la reducción de la jornada laboral. 

Habrá que tomarle la palabra.

Junts pone contra las cuerdas la ley para reducir la jornada laboral. Como advirtió, la formación de Carles Puigdemont ha cumplido su amenaza y en la mañana de este miércoles ha registrado la enmienda a la totalidad a la regulación para llevar el horario máximo de trabajo a las 37 horas y media (de media anual). “Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos”, ha afirmado Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, en una entrevista en RNE, como habían informado fuentes de la formación independentista catalana a elDiario.es. PP y Vox también han registrado sus propias enmiendas de devolución.

El paso de Junts es una primera complicación para la tramitación parlamentaria de esta ley estrella para el Gobierno de coalición, especialmente para Sumar y para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desde la formación de Díaz han intensificado la presión en las últimas semanas para intentar sacar la norma adelante, que aún no cuenta con los apoyos necesarios y que enfrenta una fuerte oposición por parte de las patronales.

“No ha habido ningún movimiento, hemos hablado estos días pero seguimos muy lejos”, afirman fuentes de Junts a elDiario.es. Ayer estaba prevista una reunión de la formación indepentista catalana con la vicepresidenta Yolanda Díaz, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con todas las fuerzas políticas (salvo Vox), pero el encuentro se canceló. Según Junts por una cuestión de agenda, porque coincidía con el encuentro mantenido ayer con Pedro Sánchez ante el estallido del caso Santos Cerdán.

Primer debate antes del parón veraniego

La presentación de la enmienda a la totalidad tiene lugar después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmara que el primer debate parlamentario sobre la reducción de la jornada tendría lugar antes del parón veraniego. Es decir, como muy tarde en julio, cuando la Cámara Baja tiene previsto convocar al menos un pleno extraordinario para votar algunas medidas que el Gobierno quiere tener ya listas.

De prosperar la enmienda a la totalidad de Junts, el Parlamento devolvería la ley al Gobierno, que debería volver a aprobar una nueva norma si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz ha avisado a los empresarios de que, en caso de que se tumbara la ley, aprobaría el endurecimiento del registro horario por decreto, sin necesidad de que pase por el Congreso, una carta de negociación que asomó hace unas semanas. En el Congreso ya hay una mayoría para tumbar el texto si todos los grupos mantienen sus posturas puesto que ayer PP y Vox también registraron enmiendas a la totalidad.

En cualquier caso, desde Sumar y el Ministerio de Trabajo han insistido en que la enmienda a la totalidad de Junts es más una maniobra de negociación, y han reiterado que confían en poder dialogar y superar este primer impedimento para que el texto legal se debata en el Congreso y las formaciones políticas puedan negociar su contenido, a través de enmiendas al articulado.

Ataques a los “sindicatos españoles” y a la reducción horaria

“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo”, ha explicado Nogueras en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha cargado contra los sindicatos por afirmar que Junts “es más inútil que la última rebanada del pan Bimbo”, como afirmó Unai Sordo, el secretario general de CCOO.

Nogueras ha afirmado que no pueden dar apoyo a una ley “que se ha hecho solo con los sindicatos españoles”, y en la que, según su opinión, “se ha dejado absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana, a los trabajadores de Catalunya”. No obstante, hay que recordar que los sindicatos CCOO y UGT son los más representativos en Catalunya.

Nogueras ha reprochado que los sindicatos no tengan “fuerza” para denunciar que “el Estado español no está pagando a los catalanes” o que se “machaca a impuestos a la las pymes y a la clase trabajadora catalana”. “¿Dónde están esta gente cuando todo esto pasa y qué ocurre desde hace muchos años? Bueno, pues supongo que ellos no lo notarán (...) Lo único que les he escuchado era que volvían a atacar a Junts, que es lo único que escuchamos últimamente”, ha zanjado la independentista catalana.

Aunque en Trabajo insisten en la “discreción” sobre las negociaciones, las ayudas a las pymes se sitúan como una de las herramientas de negociación del Gobierno en la tramitación parlamentaria, especialmente con Junts, dada la importancia de las pymes en el tejido empresarial catalán.