La convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre ha pillado a la mayoría de las formaciones catalana con el pie cambiado, aunque no exactamente de sorpresa. En Junts había cundido la opinión de que Pedro Sánchez optaría por finalizar la legislatura, por lo que los primeros espadas de la formación, Jordi Turull, Míriam Nogueras y Mònica Sales, viajaron el lunes a primera hora a Bruselas. Son solo ocho semanas hasta que se pongan las urnas y no hay tiempo que perder.

En el partido independentista, este lunes, no se sentían responsables de lo ocurrido. “[En el Gobierno] saben que no tienen mayoría para seguir la legislatura desde hace meses, la han acabado cuando más les ha convenido”, afirman. Pese a que Junts había retirado oficialmente su apoyo al Ejecutivo en octubre de 2025, la convocatoria electoral le obliga ahora a redefinir su estrategia.

Tras las últimas elecciones generales, la posición privilegiada en la que quedó Junts les empujó a pactar con Sánchez y a enarbolar la bandera de la negociación exigente, algo que durante la legislatura se ha diluido. “Somos los únicos que nos hemos plantado delante del radicalismo de los dos extremos”, aseguraba Nogueras en un vídeo difundido por el partido.

Un mensaje con el que Junts trata de poner distancia con el PSOE, pero, sobre todo, con Aliança Catalana, aunque el partido de la extrema derecha catalana ha confirmado que no irá a las generales. Sobre la opción de que Carles Puigdemont pueda ser el candidato a los comicios, fuentes de Junts lo rechazan de plano. “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, consideran, al menos en este momento, cuando aún no saben si podrá regresar en noviembre.

Rufián pide “un mínimo de condiciones”

En una situación igual de inestable se encuentra ERC, donde las desavenencias entre la dirección de Oriol Junqueras y el grupo en Madrid que controla Gabriel Rufián son públicas desde hace tiempo. No es infrecuente que el diputado contradiga a la dirección de su partido, la última vez ocurrió el viernes, cuando Junqueras anunció el voto favorable a los dos decretos de vivienda y Rufián aseguró que debía leerlos.

Lo que ya está claro es que el de Santa Coloma no articulará ningún frente plurinacional progresista que combine los mundos de Sumar y Podemos con los de las izquierdas independentistas, tal y como trató de liderar, sin éxito. Sí es, en cambio, el candidato al que daría apoyo ERC, según lo que la dirección ha ido repitiendo durante todos los meses en los que él se ha salido de la línea marcada por Junqueras.

Este lunes, sin embargo, Rufián aseguraba que debía “reflexionar”. “Está escuchando a todo el mundo antes de decidir”, aseguraban fuentes del entorno del dirigente citadas por EFE, que aseguraban que tenía previsto reclamar “un mínimo de condiciones” a ERC para repetir como cabeza de lisa.

Tratando de desmarcarse de estos movimientos, los republicanos se han mostrado este lunes “preparados” para las urnas y con el convencimiento de que su papeleta es la “única” que “puede defender Catalunya”.

El chasco de los de Junqueras, con todo, era evidente, pues la mayoría de las conquistas con las que justificaban su apoyo a Sánchez se han ido por el desagüe con la convocatoria electoral. Ni la reforma del modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), dos de las cuestiones centrales para ERC, tienen ya recorrido, y el traspaso de Rodalies, la tercera pata de los acuerdos con el Gobierno, tampoco se ha completado. ERC acaba la legislatura con las manos prácticamente vacías en Madrid.

El PSC apuesta por Hereu con las encuestas a la baja

Para los socialistas catalanes la convocatoria tampoco llega en un buen momento electoral. El CEO (el CIS catalán) lleva meses pronosticando cierto desgaste del PSC. Especialmente en Catalunya, donde al Govern de Salvador Illa la gestión se le está haciendo cuesta arriba, pero también en el escenario de unas generales, donde el aliciente de Sánchez, que en julio de 2023 resultó en un verdadero gancho para el electorado catalán, ahora va a la baja.

Según los datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), durante toda la legislatura Sánchez se habría movido en Catalunya entre el 30 y 37% de votos (obtuvo un 34% cuando abrieron las urnas). En el último estudio, publicado en julio pasado, el voto ya bajaba a hasta el 29%.

Ante estos números, Sánchez debería volver a cuidar el granero catalán, de donde obtuvo nada menos que el 20% de todos los votos que le sirvieron para la investidura.

Para llevarlo a cabo, cuenta con Jordi Hereu, el actual ministro de Industria y exalcalde de Barcelona. Un hombre bien considerado tanto en el círculo de Sánchez como en el de Illa, pero con un perfil discreto y poco popular. Una elección que subraya que Sánchez será el absoluto protagonista del cartel electoral.

Los Comuns, a la espera del Frente Amplio

En la formación de Ernest Urtasun este lunes se multiplicaban los llamamientos para convertir el 29N en una gran movilización por la vivienda. “Especulación o vivienda”; proponían desde sus redes, al tipo que la dirigente en el Parlament, Jéssica Albiach reclamara “que las personas estén por delante de los fondos buitre”. Pero, de puertas para dentro, la formación está a la espera de que su espacio, ahora rebautizado como Frente Amplio, resuelva tanto la forma como las caras con las que concurrirá.

Por el momento, si desean acudir en coalición con Podemos, ambas partes tienen 10 días para ponerse de acuerdo. Los de Irene Montero siguen reclamando unas primarias. Por otro lado, la ministra Mónica García gana enteros como posible candidata de Sumar, a la vez que los Comuns siguen a la espera de si Ada Colau desea postularse.

Este martes, la exalcaldesa de Barcelona ha reconocido que se le ha ofrecido liderar Frente Amplio, aunque no ha confirmado su decisión. “Los partidos tienen sus órganos, van dando sus pasos y haciendo propuestas de nombres. Ya había dicho que me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas, pero el tema no va de nombres. Deben ser muchos nombres, en todo caso, no solo uno”, ha asegurado en una entrevista en La 2.

El martes por la noche se celebró la cena anual de la patronal Pimec. Casi 1.000 empresarios y representantes de la mayoría de instituciones y partidos catalanes. Muchas de las conversaciones y preguntas versaron sobre los decretos de vivienda. La presentadora del acto, micro en mano, fue interpelando a los distintos políticos que asistían al evento. Cuando le tocó el turno a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts ya abrió la puerta a rechazar ambos decretos. El segundo se daba por descontado, pero la cuestión era qué votarían al primero.

En los corrillos con representantes empresariales, Nogueras les pidió también ayuda para que a Junts le fuese más fácil explicar su posición, según confirman a elDiario.es fuentes presentes en el acto, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pimec, en una interpretación inicial, había valorado positivamente “la orientación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el alquiler asequible y ampliar la oferta”. Pero, al mismo tiempo, esta organización empresarial, una de las más moderadas, reclamó que el conjunto de las medidas garantizase seguridad jurídica, viabilidad económica y “un aumento efectivo de la oferta”. Además, advirtió del riesgo de generar incertidumbre y de que acabase poniéndose menos vivienda en el mercado.

Hubo posicionamientos menos diplomáticos y mucho más duros con los decretos del Gobierno. Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya alertaron de que podían “agravar” el problema. También insistieron en que, en su opinión, se estaba abonando una “mayor inseguridad jurídica”. Este sector, siempre próximo al tradicional entorno convergente, entiende que las medidas que finalmente no han prosperado trasladaban a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas.

En una línea parecida, el colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, cuya representante más conocida es la exconsellera y exdiputada Lourdes Ciuró, considera que la mayor parte de las medidas actuaban sobre el parque de alquiler existente, sin impulsar suficiente vivienda nueva ni ampliar de manera efectiva la oferta pública y asequible.

Como siempre, la patronal más tajante fue Foment. A los argumentos esgrimidos por el resto de representantes empresariales, su presidente, Josep Sánchez Llibre, añadió que los decretos pretendían “socializar” la propiedad privada: “Es la propiedad de miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler”.

Junts, que no solo por la presión de las plazas, pero también por ella, negoció el primer decreto con el Gobierno, constató pronto que los sectores que le son más afines electoralmente, aquellos que se erigen como representantes de los llamados pequeños propietarios, rechazaban ambos textos. Además, a diferencia de otras formaciones, sus votantes no están en esas protestas de la calle.

El partido fue endureciendo su discurso tras conocerse el contenido de los decretos, pese a que el Gobierno los había dividido en dos para asegurarse de que votaría al menos uno de ellos, el que incluía las propuestas que habían negociado. Incluso en las filas de los independentistas decían que el primero era “el decreto de Junts”. Pero Nogueras y otros diputados expresaron su enfado por no haber tenido hasta horas después los dos decretos, empezaron a deslizar que algunas de las medidas no eran las acordadas y atribuyeron los cambios a la influencia de Sumar y el resto de “ideologías extremas”.

“Queremos ver la letra pequeña”, “lo estamos analizando”, se limitaban a señalar. La palabra que empezaron a repetir fue “decepción” y, a partir de ahí, el discurso fue escalando cada vez más.

Fuentes de Junts confirman que también sus alcaldes les hicieron llegar el rechazo a los decretos. Uno de los argumentos es que eran “inaplicables” y apelaban, como las patronales, a la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

Los diputados en Madrid eran de los más duros en el rechazo y Jordi Turull optó por convocar una reunión telemática, en la que Puigdemont no participó porque solo asiste a las permanentes o a las más reducidas. Sirvió para certificar el ‘no’ que se ha confirmado este viernes en el Congreso. “Un decreto en el que sale el nombre de ‘Maricarmen’ no es un decreto, es un artículo de opinión”, critican en el partido.

El Gobierno estaba convencido hasta el jueves por la tarde de que Junts no tumbaría ambos decretos, pero a media tarde empezó a cundir el pesimismo.

Los argumentos que se esgrimieron en la reunión telemática de los posconvergentes, en la que el rechazo a los decretos se adoptó por unanimidad, fueron los que Nogueras repitió en la tribuna del Congreso. Según su interpretación, los fondos buitre podrían seguir especulando y desahuciando y los pequeños propietarios tendrían que asumir el coste de proteger a los inquilinos vulnerables.

En la comparativa entre los decretos presentados por el Gobierno y el texto alternativo que le entregó este viernes en el Congreso, lo más destacable es que los de Puigdemont proponen recortar el decreto de vivienda a favor de los caseros y acelerar los desalojos de okupas. En esta información se pueden leer las diferencias entre ambos documentos.

Con la propuesta de Junts queda claro que la principal objeción no era que el decreto del Gobierno se quedase corto, como afirmó Nogueras desde la tribuna, sino que, en su opinión, se excedía.

En su defensa del pequeño casero, las prórrogas extraordinarias pasarían a ser voluntarias, favorecidas solo con incentivos fiscales, y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables afectaría solo a los grandes tenedores. Una de sus rectificaciones más destacables es que es partidario de no regular el alquiler de temporada, el gran agujero por el que gran cantidad de pisos han dejado de estar al alcance de muchos vecinos de las grandes ciudades.

La opinión de sus votantes

Sus votantes no son inmunes a la crisis de la vivienda. Según el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), es el principal problema para los electores de la mayoría de los partidos catalanes: para un 62% en el caso de la CUP, un 53% en los Comuns, un 38% en los del PSC, un 34% en ERC y un 20% en los de Junts. Entre los votantes de Aliança y Vox, la principal inquietud es la inmigración.

El azar quiso que Junts tuviera que tomar la decisión sobre los decretos, quizás la más trascendente de este final de legislatura, un 1 de octubre, nueve años después del de 2017. Un tiempo en el que el partido, como el conjunto de la sociedad catalana, ya no tiene la independencia como principal preocupación política. Pasados los años del procés, Junts es hoy un partido que trata de posicionarse con claridad en la derecha, con un discurso de corte liberal en lo económico y cada vez más duro en cuestiones como la inmigración o la delincuencia.

La cúpula de la formación es muy consciente de que ya no se disputa la mayoría de los votos con ERC, como ocurría hace una década, sino con Aliança, una formación de extrema derecha que en materia de vivienda está muy cómoda con el mismo discurso que Vox. Los ultras independentistas se han pasado la semana acusando a los de Puigdemont de estar vendidos al PSOE.

Junts es, por tanto, un partido de ideología liberal-conservadora, con un electorado que se sitúa hacia la derecha, que tiene importantes vínculos con las patronales y que se disputa los apoyos con formaciones instaladas en la extrema derecha. Pero aún hay una razón más para que opten por no aprobar nada que llegue del Gobierno: se han sentido engañados en la negociación que mantenían en Suiza y, desde hace cerca de un año, han llegado a la conclusión de que les resta aparecer junto a Sánchez. Y eso, como ya alertaron hace meses, no cambiará cuando regrese Puigdemont.

A pocas horas de que se celebre este viernes la imprescindible votación de convalidación de los dos decretos de vivienda aprobados de urgencia por el Gobierno, se mantiene la incógnita sobre siete votos fundamentales para validar las modificaciones legales. El apoyo de los diputados de Junts es imprescindible fuera del ‘no’, después de que este jueves a primera hora Podemos confirmara que los apoyará con su 'sí'.

Las cuentas son similares a las de otras votaciones de esta legislatura. En el ‘no’, inamovibles, PP, Vox y UPN. Pero no sin miedo al coste político. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió este miércoles con una declaración ante los periodistas en el Congreso para confirmar la posición de su partido, lo que choca con la habitual estrategia de jugar hasta el final con su voto para dificultar a los demás tomar una posición. 

El movimiento de Feijóo liberó de presión a los suyos. De Vox, nadie esperaba siquiera una duda dado que su primera reacción al desahucio de Maricarmen, la chispa que ha provocado el estallido de esta crisis, fue tuitear: “Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa”. Las derechas estatales suman 171 ‘noes’, a cuatro de los 175 que podrían provocar el empate que tumbara los decretos, y a cinco de la devolución directa (la mayoría absoluta está en 176 diputados).

El Gobierno necesita más ‘síes’ que ‘noes’ para aprobar el decreto. Este miércoles anunciaron su apoyo el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, el BNG y Compromís. El jueves dio el 'sí' Podemos. Y Coalición Canaria (CC) mantiene también en el aire su único voto. Así las cosas, el Gobierno tiene garantizados 170 votos, lo que hace imprescindible que Junts vote ‘sí’.

Los diferentes portavoces fueron desgranando este miércoles el sentido de su voto, salvo Ione Belarra y Míriam Nogueras. La secretaria general de Podemos se mostró muy crítica con el contenido de los decretos, además de con la “trampa”, en sus palabras, de trocear el paquete legal en dos. También la candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, Irene Montero, mostraba su desacuerdo en diferentes entrevistas. Ninguna de las dos quiso ratificar posición de voto el miércoles pero sí confirmó el 'sí' Belarra a primera hora del jueves, en una entrevista en TVE. También este jueves la dirección de Podemos se reunirá con el Sindicato de Inquilinas. Y el Sindicato ha pedido el ‘sí’ a ambos decretos, lo que facilitó el camino definitivo de Podemos hacia un voto positivo.

En una entrevista con elDiario.es y preguntada expresamente sobre si Podemos votaría 'sí' a los decretos, Monero respondía: “El movimiento por la vivienda digna, junto a las millones de personas que se han movilizado en estos días, es el que ha hecho posible que acabar con el negocio de la vivienda esté de nuevo en el centro del debate político. Nosotras tenemos clarísimo que si se puede acabar España con el negocio de la vivienda y se puede conseguir que las casas sean para vivir es porque la gente está en las calles y porque aumenta la movilización y se camina hacia la huelga general, como está planteando el movimiento. Por tanto, si a pesar de saber que estos dos decretos son una trampa, si a pesar de saber que son medidas insuficientes, que están buscando más quitarse la presión social que resolver la crisis de vivienda, si a pesar de haber partido dos el decreto Maricarmen para que la parte más estructural de las medidas no salga, el Sindicato de Inquilinas nos marca el sentido del voto en una dirección, nosotras vamos a respetar su posición”.

En cuanto a Junts, Nogueras señaló ante los medios dos críticas expresas al decreto: “Este real decreto no detiene a los fondos buitre porque los fondos buitre pueden seguir comprando viviendas, ni tampoco protege a las familias, porque si usted quiere dejar en herencia un piso en alquiler a su hijo, con la redacción actual, el inquilino podría tener derecho a comprarlo antes que su hijo”. La primera de las pegas también la hace el movimiento de vivienda. La segunda ha sido desmentida por el Ministerio de Vivienda, desde donde explican que esa parte saltó de la redacción final del decreto. En todo caso, Nogueras mantuvo las dudas sobre su posición final y aseguró que seguirán “analizando” el texto, lo que invita a pensar que mantendrán la incógnita todo lo que puedan o quieran.

El Gobierno confía en el primer decreto

En la Moncloa existe el convencimiento de que el decreto que contiene el grueso de medidas de vivienda tiene garantizada su convalidación el viernes. El propio presidente, Pedro Sánchez, se mostró este miércoles “razonablemente optimista” gracias a un trabajo previo con los grupos parlamentarios que ha concluido en la inclusión de algunas de sus principales demandas en los textos definitivos que se han publicado en el BOE. 

En el caso de Junts, sostienen desde el Gobierno, fundamentalmente las ayudas fiscales a los pequeños propietarios. “Yo pido a los grupos parlamentarios una dosis de responsabilidad”, reclamó Sánchez a sus socios para que los textos no caigan dentro de 48 horas en mitad del amplio descontento social que recorre las calles del país tras el desahucio de Maricarmen. “Se trata de personas que han sufrido desahucios o que están en imposibilidad de acceder a una vivienda ya sea en alquiler o de compra. Este real decreto da muchas razones e instrumentos para contribuir a resolver la principal preocupación de los ciudadanos: el acceso a la vivienda. Esta no es una cuestión ideológica, sino de humanidad”, dijo. 

Cuestionado también por las críticas de Feijóo a sus medidas de vivienda, Sánchez respondió a la ofensiva. “He escuchado al PP decir que soy traidor también por esto. ¿Ser traidor a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses”, planteó antes de señalar a los gobiernos del PP como agravantes de la crisis de la vivienda. “Este debate surge por la incomparecencia y la inhumanidad de determinados responsables políticos del PP que no han movido un dedo ante el desahucio de Maricarmen”.

Los decretos se debatirán de forma consecutiva este viernes y serán votados alrededor de las dos de la tarde. El fin de semana hay convocadas nuevas movilizaciones del movimiento de vivienda. En palabras de Oskar Matute, diputado de EH Bildu: “Es un punto de partida para el siguiente paso”.

Junts redobla la presión sobre el Gobierno de cara a la trascendental votación del viernes para convalidar o derogar los decretos de vivienda aprobados el martes. Este miércoles, la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró que los dirigentes de su partido se sienten “decepcionados y preocupados” por el texto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros, y pidió al Ejecutivo mayor contundencia para impedir a los fondos buitre la compra de viviendas y también cambios técnicos para “proteger a las familias”.

Los decretos que se votarán el próximo viernes no se pueden enmendar: los grupos únicamente se pronunciarán sobre su derogación o su convalidación, pero no podrán proponer cambios, y tampoco puede hacerlo el Gobierno. Lo que sí tendría capacidad de hacer el Ejecutivo es aprobar un nuevo decreto en Consejo de Ministros que modificara los puntos que demanda Junts, aunque por ahora ni el PSOE ni Sumar han reaccionado a las nuevas exigencias de los independentistas.

En unas breves declaraciones a los periodistas en el Congreso, Nogueras afirmó que su grupo está llevando aún a cabo un “análisis riguroso” del principal de los decretos aprobados este martes, el que contiene todas las medidas salvo los alquileres indefinidos. Y su conclusión, dijo, es que Junts está “preocupado porque los dos principales objetivos de este decreto eran detener a los fondos buitre y también proteger a las familias”, y a juicio de la formación esas metas no se cumplen.

“Este real decreto no detiene a los fondos buitre porque los fondos buitre pueden seguir comprando viviendas, ni tampoco protege a las familias, porque si usted quiere dejar en herencia un piso en alquiler a su hijo, con la redacción actual, el inquilino podría tener derecho a comprarlo antes que su hijo”, espetó Nogueras. La portavoz independentista sostuvo que, a su juicio, el decreto adolece de “honestidad, rigor y solvencia”.

El Congreso concluyó esta semana su periodo ordinario de sesiones con una votación histórica por inédita: la mayoría absoluta de los diputados pidieron la dimisión del presidente del Gobierno y, a la vez, que Pedro Sánchez presente una moción de confianza para volver a recabar la confianza de la Cámara. La iniciativa del PP, meramente declarativa, salió adelante con los votos de Vox y Junts. Pero Alberto Núñez Feijóo no dará el paso de presentar una moción de censura, temeroso de que el independentismo catalán no le apoye. Por si más adelante sí se atreve, los suyos siguen cortejando a los del fugado Carles Puigdemont.

Feijóo ha cerrado una de las peores semanas para el Gobierno con un sonoro triunfo parlamentario que se derretirá con la canícula veraniega. La sentencia del caso mascarillas y la condena de 24 años para el exministro José Luis Ábalos es un duro golpe para Pedro Sánchez, quien le confió además la siempre delicada Secretaría de Organización del PSOE. Pero los vaivenes de Junts escaman en las plantas altas del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del cuartel general del PP.

Un repaso sucinto a lo ocurrido este mes de junio permite comprender los temores del PP. En las últimas semanas, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto mandar a juicio a la esposa del presidente y le ha retirado el pasaporte, tras poner en duda la labor de la Policía Nacional en evitar una hipotética huida. El expresidente del Gobierno y uno de los principales arietes de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado como investigado por presunta corrupción. También sus hijas y su secretaria personal han sido imputadas. En los registros de su oficina se encontraron joyas valoradas en más de un millón de euros en una tasación “preliminar”.

El presidente del Gobierno compareció el miércoles ante el Congreso con todas estas piedras en su mochila para, en teoría, dar explicaciones. Para entonces, Feijóo ya había intentado todo para convencer a los socios de Sánchez de que le invistan a él con una moción de censura que, sin embargo, no se atreve a presentar. “Son los socios los que deben moverse”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el día que se conoció la imputación de Zapatero. “Estaremos a la altura”, remachó su jefe de filas, quien unas semanas antes ya había dicho: “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”. 

El objetivo de Feijóo es el mismo desde 2023: atraer al PNV y a Junts. Sabe, o cree, que son los únicos capaces de cambiar de bando. Pero todos y cada uno de sus intentos han fracasado. Hasta el punto de que la relación con el nacionalismo vasco, con quien la colaboración ha sido habitual desde que Xabier Arzalluz hiciera presidente a José María Aznar, está totalmente rota.

Junts amaga con la 'vía Starmer'

Con Junts, la situación es diferente, al menos en apariencia. La coincidencia ideológica entre el independentismo de derechas catalán y las derechas españolas es mayor. Y no solo porque Feijóo ya intentó en 2023 convencer con un posible indulto a Carles Puigdemont para que le apoyara tras las elecciones. El rechazo a subir los impuestos a las principales empresas y fortunas del país, su negativa a intervenir el mercado de la vivienda o la criminalización de las personas migrantes les ha unido en múltiples votaciones parlamentarias.

Pero Junts tampoco termina de atreverse a dar el paso de dejar a Sánchez e investir a Feijóo en una moción de censura, aunque Vox se ha quitado de la ecuación y el líder del PP les ha prometido una convocatoria electoral inmediata. “No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha”, llegó a decir el jefe de la oposición.

La respuesta de Junts llegó por boca de Jordi Turull. El secretario general del partido dijo que estaban dispuestos a negociar la moción de censura. Eso sí: si Feijóo viaja a Waterloo y se reúne directamente con Puigdemont. Todo un jarro de agua fría para las pretensiones de la derecha española. Y también una forma de intentar cortocircuitar la creciente presión sobre Junts, sabedores de que mencionar la ciudad belga es un anatema para el PP.

Feijóo descartó inmediatamente tal opción. El ‘no’ del PNV y las condiciones imposibles de Junts podrían hacer pensar que en el PP han descartado absolutamente la idea de la moción de censura. Pero no lo han hecho porque los movimientos de Junts alientan la idea de que, en algún momento, los siete diputados de Puigdemont en Madrid podrían bajar el pulgar a Sánchez. Y así pareció ocurrir el miércoles pasado, cuando la portavoz de Junts pidió la dimisión de Sánchez, pero sin convocatoria electoral. Es decir, que este mismo Congreso elija a otro presidente.

Una idea directamente copiada de los últimos movimientos de la política británica, donde Keir Starmer ha dimitido para dejar paso a otro laborista como primer ministro, al alcalde de Manchester, Andrew Burnham. Será el séptimo jefe del Ejecutivo desde el Brexit de hace una década.

Míriam Nogueras no explicó a quién proponía como nuevo presidente ni qué condiciones debería cumplir esa persona. Eso lo hizo su secretario general, Jordi Turull, unos días después en una entrevista: un candidato que no necesariamente sea del PSOE, que se comprometa a cumplir los acuerdos de investidura supuestamente incumplidos y que viaje a Waterloo para recibir el plácet de Puigdemont. Son condiciones que se antojan inasumibles para el PSOE y que no están pactadas con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. 

El mismo miércoles a la misma hora, Junts plantó al PP en una votación en el Senado sobre la dimisión de Sánchez. Pero un día después sí votó a favor de la moción del Congreso, sin explicar los motivos ni en la tribuna parlamentaria ni ante los medios de comunicación. Desde el jueves, silencio de radio.

“Que se mueva Sánchez”

En Génova, no saben qué esperar de Junts. De momento no hay intención de activar la moción de censura, pero la estrategia pasa por seguir cortejando al independentismo catalán. El jueves por la noche, el secretario general, Miguel Tellado, aseguró en la Cadena Ser que el independentismo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. “Estamos en el año 2026, y lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17”, explicó.

“No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo”, cuestionó. Tellado insistió: “Hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza para la democracia española no es el secesionismo en Catalunya, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto”.

Feijóo estudió en 2023 la amnistía para Puigdemont y se planteó el indulto al ‘president’ que decretó la independencia de Catalunya durante unos segundos a cambio de la investidura.

Desde la dirección del PP refrendan las palabras de Tellado: “Lo peligroso es ceder ante el secesionismo”.

El calvario judicial no ha terminado para el Gobierno, que afrontará en las próximas semanas y meses otros hitos: la sentencia sobre el hermano de Sánchez, el juicio a la esposa del presidente y el avance de otras causas que afectan igualmente a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a los pagos en metálico del PSOE. El hito que podría precipitar los acontecimientos es que se diera una imputación del PSOE como organización. Mientras eso llega, en el PP creen que su jefe de filas no tiene que hacer nada, de momento. “Lo analizaremos y usaremos, pero no hay más novedades”, explican fuentes de Génova, que remiten a las palabras de Feijóo tras su éxito parlamentario: “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”.

“Lo del jueves implica que se tiene que mover Pedro Sánchez”, apuntan desde la dirección del partido. El presidente del Gobierno no da la sensación de estar pensando en tirar la toalla. A la vuelta del verano, si no antes, Feijóo y el PP tendrán que volver a responder sobre la moción de censura y seguir dando vueltas en la rueda de ratón hasta que lleguen las elecciones.

Junts ha denunciado que su diputada en el Congreso Marta Madrenas ha sido acosada este miércoles en Madrid por haber votado en contra del decreto de prórroga de alquileres, un episodio que fuentes del partido vinculan al «señalamiento» que hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su grupo durante el debate.

Según han explicado a EFE fuentes del partido que han presenciado los hechos, la escena ha ocurrido en los alrededores del Congreso, cuando un hombre se ha acercado a la diputada asegurando que la conocía «de haberla visto en la tele» y, acto seguido, ha empezado a increparla.

El hombre la ha seguido durante un trecho, mientras le gritaba que «por su culpa a millones de personas las iban a echar de su casa», y finalmente le ha escupido, si bien no ha llegado a alcanzarla.

Precisamente fue Madrenas quien este martes defendió desde la tribuna del hemiciclo el ‘no’ de Junts al decreto ley, que quedó derogado con los votos de Junts, el PP y Vox.

La diputada y exalcaldesa de Girona sostuvo que el decreto era «jurídicamente defectuoso», «económicamente incoherente» y socialmente «ineficaz» y lo enmarcó en una «operación de propaganda» con «sesgo ideológico» y «alergia sistemática a los propietarios».

El momento de mayor tensión en el pleno se produjo con la intervención de Rufián, que leyó el nombre de cada uno de los siete diputados de Junts para enfatizar que son los «responsables de que la gente viva hoy más angustiada».

Además, les dijo que la «bandera que comparten» con el PP y Vox es un billete de «50 pavos» que se sacó del bolsillo y colocó ante la tribuna de oradores.

Nogueras lamenta el «a por ellos» de Rufián

Fuentes de la dirección de Junts consultadas por EFE vinculan el episodio vivido hoy por Madrenas a la intervención de Rufián, a la que también se ha referido este miércoles su jefa de filas en el Congreso, Miriam Nogueras.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha acusado a Rufián de lanzar un «a por ellos» contra JxCat «al más puro estilo Vox».

«Esta actitud no la había visto en nadie que no fuese de Ciudadanos o de Vox», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, en unas declaraciones que ha compartido el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en la red social X.

Junts vuelve a hacer aspavientos para recordar que su relación con el Gobierno sigue rota. El miércoles pasado, el partido que lidera Carles Puigdemont elevó su presión sobre el Ejecutivo exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y cruzando, por primera vez esta legislatura, esa línea. Con su movimiento, Junts se aleja aún más de la Moncloa. Pero lo cierto es que, después de que los independentistas anunciaran a bombo y platillo hace medio año su ruptura con Sánchez, el órdago no tendrá ninguna traducción concreta en la relación de Junts con el Gobierno. Eso sí: sirve a los de Puigdemont para preparar el terreno de cara a una semana parlamentaria que se prevé complicada para ellos.

Fue la portavoz independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, quien pidió a Sánchez convocar elecciones con argumentos muy similares a los que lleva planteando desde el inicio de la legislatura el PP. “Llevan demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, incumplen acuerdos” y “aprueban políticas de espaldas a este parlamento”, espetó Nogueras, que afirmó que “la guinda del pastel son los casos de corrupción” que “rodean” al presidente. Fuentes de Junts ahondan en esta argumentación y aseguran que el presidente carece de “fuerza política” al no contar con una mayoría estable en la Cámara Baja que sustente sus políticas.

No obstante, los de Puigdemont descartan taxativamente la posibilidad de secundar una moción de censura que, junto a PP y Vox, serviría para sacar de la Moncloa a Sánchez y para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. “Si no hemos regalado ningún voto al PSOE a cambio de nada, tampoco vamos a hacerlo con el PP”, argumentan las fuentes consultadas. Y, por ello, la Moncloa se muestra muy tranquila, quita hierro al órdago de Junts y asegura que su relación con los independentistas no va a empeorar, fundamentalmente porque los puentes estaban ya muy dañados desde que el pasado noviembre Puigdemont escenificó su ruptura con Sánchez.

Lo cierto es que Junts no tiene en su mano ni forzar la convocatoria electoral ni golpear legislativamente al Gobierno más de lo que ya lo está haciendo. En los últimos meses, los de Puigdemont han propinado varios varapalos parlamentarios al Ejecutivo, el último esta misma semana, cuando sumaron fuerzas con PP y Vox para iniciar el debate de una ley que aceleraría los desahucios de familias vulnerables y derogaría el mecanismo que permite establecer topes a los precios del alquiler. Desde el pasado noviembre, asimismo, Junts ha tumbado (por dos veces) el techo de gasto propuesto por el Gobierno como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, ha derribado el decreto de escudo social por incluir la prohibición de desahuciar a inquilinos con bajos ingresos y ha impedido que el Ejecutivo tenga en su mano prohibir en situaciones de emergencia las subidas bruscas de precio de algunos productos o servicios.

Sin embargo, aunque la decisión de Junts de escenificar un nuevo choque con el Gobierno no va a tener ninguna traducción a hechos concretos, al menos a corto plazo, sí puede servir para que los independentistas se intenten sacudir la presión de cara, especialmente, al próximo martes. Ese día, el Congreso debatirá y votará tanto la toma en consideración de la ley que crearía el Consorcio de Inversiones Gobierno-Generalitat como, sobre todo, el decreto de vivienda aprobado hace un mes, que contiene medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. Los de Puigdemont han jugado al despiste y no han querido aclarar el sentido de su voto respecto al Consorcio, pero ya han anunciado su rechazo al paquete de medidas de vivienda. 

Ese ‘no’ se debe, fundamentalmente, a motivos ideológicos. Pero Junts lo ha tenido más fácil para venderlo a su electorado después de que la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, calificara como “racista” y “clasista” su proyecto político la semana pasada, unas declaraciones de las que Díaz no se ha retractado y que no sentaron demasiado bien en su propio partido porque torpedearon la negociación del decreto de vivienda con los independentistas, que ya era muy compleja. Puigdemont respondió a esas palabras con un crítico mensaje en sus redes sociales en el que acusó a la vicepresidenta de “bajeza moral” y afirmó que no conoce ni al “votante” ni al “militante” de Junts. “Buen viento, la próxima vez que pida al PP los votos para ser vicepresidenta”, le espetó.

No obstante, hasta un 74% de los ciudadanos apoyan la prórroga de los alquileres, y quienes rechazan la medida son minoría entre los votantes de todos los partidos, también los de derechas. Y ese dato, que en la última semana han recordado con insistencia las formaciones progresistas y, particularmente, Sumar, mantiene la presión sobre Junts. Una presión que no se ha disipado pese al enfado de Puigdemont con Díaz y también a pesar de que la portavoz Nogueras, asegurase hace unos días que las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno “están muy mal hechas” y cuentan “con muy poco rigor”.

El Consorcio y la inmigración

Aunque en menor medida, la toma en consideración de la proposición de ley de ERC para poner en marcha el Consorcio de Inversiones entre Gobierno central y Generalitat tampoco es una votación especialmente cómoda para Junts. Esa iniciativa es una de las que acordaron los republicanos con el PSC hace dos años para hacer president a Salvador Illa, y busca crear un órgano que se encargue gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya para acabar con el déficit de ejecución presupuestaria. Junts ha asegurado que este órgano se queda corto y es “innecesario”, y ha exigido que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar cada ejercicio. 

También es cierto, no obstante, que esta votación enfrenta a los de Puigdemont a un dilema incómodo. Posicionarse en contra de la iniciativa supondría torpedear una propuesta que busca dar más poder a la Generalitat para acelerar las inversiones estatales en Catalunya, una de las exigencias habituales de Junts. Pero apoyarla permitiría a ERC apuntarse un importante tanto y allanaría el camino al entendimiento entre los de Oriol Junqueras y el PSC para sacar adelante los Presupuestos autonómicos, que Illa se vio obligado a retirar hace unas semanas para dar más tiempo a la negociación.

A todo ello se suman las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en materia migratoria, que no han contribuido a mejorar la relación con un Junts que lleva tiempo endureciendo su discurso en esta materia a causa del acelerado crecimiento que ha experimentado la formación ultraderechista Aliança Catalana, de carácter marcadamente xenófobo. La apertura del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes no ha tenido que pasar por el Congreso para ser aprobada, pero Nogueras se mostró muy crítica con ella el miércoles pasado, cuando acusó a Sánchez de haberla “impuesto” por “la puerta de atrás”, pese a que el procedimiento ha sido perfectamente legal. “España invita, pero lo pagan y lo sufren, como siempre, los ciudadanos de Catalunya”, espetó.

Esa crítica no es una excepción, sino la última muestra de un viraje que, en los últimos tiempos, también se ha evidenciado en otros movimientos, como la decisión de Junts de presentar una veintena de preguntas al Gobierno por alojar “en un hotel” a 30 migrantes en Figueres (Girona). Hace un par de semanas, el diputado posconvergente Josep María Cervera exigió saber “desde qué punto del Estado español se ha trasladado” a los 30 demandantes de asilo, “quién ha tomado la decisión”, por qué se ha elegido Figueres como el municipio en el que debía realojarse a estas personas o “cuánto dinero se destina diariamente a cubrir las necesidades de estas personas”, así como si ese coste “es asumido directamente por el Gobierno español o se canaliza a través de entidades colaboradoras”.

El Gobierno acaricia la convalidación del decreto de medidas económicas por la guerra de Irán. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado este martes que su grupo apoyará el paquete de medidas en la votación que tendrá lugar en el Pleno el próximo jueves siempre y cuando el PSOE vote a favor de una proposición no de ley de Junts que pide la transposición de una directiva europea para permitir que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar eximidos de pagar IVA.

Esta iniciativa de los independentistas no tendría ningún efecto jurídico incluso si fuera aprobada este jueves por la mayoría de la Cámara Baja: el texto, al tratarse de una proposición no de ley, se limita a instar al Gobierno a que lleve a cabo esta transposición. La decisión de Junts de establecer una condición que al Ejecutivo le resultaría tan sencillo cumplir implica que la formación de Carles Puigdemont no tiene intención de poner demasiados problemas a la convalidación del paquete de medidas fiscales, a diferencia de lo que podría ocurrir con el segundo decreto aprobado el viernes pasado, el que incluye iniciativas en materia de vivienda.

Pocos minutos después de que Nogueras planteara las condiciones de Junts, fuentes de la Moncloa confirmaron que el PSOE apoyará la proposición no de ley para lograr el voto a favor de los independentistas. Con los siete apoyos de los de Puigdemont, y si EH Bildu (que se ha mostrado crítico con el contenido de la norma) no da la sorpresa absteniéndose, la Moncloa ya tiene los apoyos suficientes como para sacar adelante la convalidación del decreto anticrisis el próximo jueves haga lo que haga el PP, que por el momento no ha querido confirmar cuál será el sentido de su voto.

Aseguran en el Ejecutivo estar tranquilos sobre el respaldo parlamentario al decreto de este jueves y dan por hecho en la Moncloa que tienen los apoyos garantizados. “El decreto ya se ha negociado con los partidos y los agentes sociales. De hecho, es ese diálogo con los partidos el que ha marcado el perímetro de las medidas. Y por eso partimos de una base sólida para que podamos contar con una aprobación mayoritaria”, ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Junts anunció el 6 de noviembre que bloquearía todas las leyes del Gobierno, desde los Presupuestos a la de secretos oficiales. De esta manera formalizó la ruptura que unos días antes habían avalado las bases del partido. Míriam Nogueras lo explicó con la misma contundencia que ahora, unas semanas después, reclama aprovechar la debilidad de Pedro Sánchez para obtener todo lo que puedan y más.  

Explotar la fragilidad parlamentaria del PSOE es lo que Junts ha hecho durante toda la legislatura. Para ser exactos desde que negoció la investidura de Sánchez. Nadie debería escandalizarse, es lo normal cuando un partido debe tejer una mayoría para gobernar. Entra dentro de la lógica. Solo que Junts está abonado a la dramaturgia. Todo lo contrario que partidos como el PNV o Bildu, más dados a la discreción sin que, aprovechando el verbo de moda, eso les rente menos. Incluso cuando sitúan al Gobierno al límite de sus contradicciones ideológicas o le infligen derrotas, los vascos no se recrean en sus triunfos. 

Junts puede apuntarse ya tantos importantes desde que proclamó su divorcio del PSOE. La ley contra la multirreincidencia es una victoria, en especial para sus alcaldes, más preocupados por las municipales que por el resto de comicios. Entre todos han situado el debate ahí donde lo quiere la extrema derecha, pese a que muchos juristas subrayan que lo que se necesitan son más inversiones en los juzgados para agilizar las vistas y también invertir en políticas sociales para ir a la raíz del problema, que en muchos casos no es otro que la pobreza. Con esta ley se castigará la miseria con más años de cárcel. Que la derecha compre el discurso ultra es un error pero sorprende menos que quien lo asuma sea el PSOE, un partido que se autoubica en la izquierda.

En las filas de Puigdemont se declaran “satisfechos” por todo lo conseguido en estas últimas cinco semanas y defienden que es la prueba de que su táctica en Madrid es la correcta. “Ha dado excelentes resultados”, presumen. Y ahora lo que le plantean a ERC, después de estar afeándole que sus votos eran “a cambio de nada”, es una alianza para configurar un frente independentista unitario. Puigdemont ya deslizó una idea similar en mayo del año pasado tras la victoria del PSC en las autonómicas. Entonces era para evitar que los republicanos facilitasen la investidura de Salvador Illa y le ayudasen a él a ser presidente de la Generalitat. El desenlace de esa envolvente es conocido.  

De nuevo es previsible que en ERC den largas a la propuesta de Junts, cosa que no debería extrañar a nadie. Si el termómetro de las relaciones son las pullas habituales entre Míriam Nogueras y Gabriel Rufián la respuesta está cantada. Pero más allá de los discursos en forma de tuit, la prueba real de si esa mínima unidad es factible será la respuesta que cada uno formule al modelo de financiación singular para Catalunya que socialistas y republicanos acordaron a cambio de la investidura de Illa. 

Si no se produce un nuevo retraso, la propuesta del Ministerio de Economía se dará a conocer en enero, o al menos esa es la promesa que le ha hecho a la Generalitat. A partir de ahí empezará una negociación que durará meses y con un ruido que ya se puede dar por descontado. El líder de ERC, Oriol Junqueras, va a ganar protagonismo no solo por su foto con Sánchez en la Moncloa sino porque estará más presente en las negociaciones. 

De esa nueva financiación, aunque sea solo un primer documento, depende también que el Govern de Illa tenga presupuestos. Lo tiene más fácil que Sánchez para aprobarlos pero de momento ni Comuns ni ERC han comprometido sus apoyos.

Poco después, se calcula que en el primer trimestre, se dará a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tanto socialistas como independentistas confían que sea el aval a la ley de amnistía que Puigdemont necesita para volver sin riesgo a ser encarcelado. Siempre y cuando el Supremo no vuelva a maniobrar para intentar que ni por esas se cumpla la ley. En la Moncloa se aferran a ese regreso del expresident para poder encauzar las relaciones con Junts. Hoy por hoy es pecar de mucho optimismo aunque Sánchez ha demostrado que a tenacidad no le gana nadie.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha dado largas a Sánchez ante la posibilidad de reunirse con el presidente del Ejecutivo y recomponer la relación entre ambas formaciones. “Lo único que ha traído cambios tangibles ha sido romper”, ha advertido Nogueras.

En una entrevista en TV3 este martes, Nogueras ha rechazado la iniciativa de ERC de reunirse con el presidente del Gobierno y ha señalado que ya lo han hecho “durante mucho tiempo”. “Ha sido necesario que Junts se aparte de esta mesa de negociación con el Gobierno español para que empiece a cumplir”, ha afirmado.

ERC anunció el lunes que el líder del partido, Oriol Junqueras, había hablado durante el fin de semana con Sánchez y que habían pactado que el presidente español abra una ronda de reuniones el mes de enero con el resto de partidos “para explicar cómo piensa actuar a partir de ahora”.

Nogueras, sin embargo, ha defendido hacer frente común entre Junts y los republicanos y aprovechar la “oportunidad única” que tienen los 14 diputados independentistas catalanes, imprescindibles para que el Gobierno del PSOE y Sumar pueda aprobar iniciativas.

“Hay una debilidad del Gobierno y los partidos catalanes tendrían que aprovechar la oportunidad”, ha apuntado Nogueras. “Lo que tenemos que hacer es actuar en clave catalana, no española, y eso no implica reunirse con un Gobierno español que no cumple”, ha concluido.

El pasado miércoles era un día importante para Junts. Debían responder al guiño lanzado por Pedro Sánchez en Rac1 y 2Cat, que les invitaba a rehacer la relación con el Gobierno. Míriam Nogueras compareció ante los medios en la sede de Barcelona para explicar que, para ellos, nada había cambiado. Pero el hecho de que saliera sola y de que casi monopolizara la deseada cuota de pantalla que tuvo la formación ese día generó comentarios entre los periodistas que siguen habitualmente al partido.

Desde el partido consideran lógico que la líder en el Congreso dé la respuesta a Sánchez y aseguran que en la puesta en escena no caben interpretaciones políticas. Pero lo que nadie puede negar es que el runrún existe y que algunas de las decisiones de la cúpula de Junts parecen pensadas para hacer de Nogueras una posible candidata en Catalunya.

“Ha ganado experiencia en Madrid, conecta con el voto convergente tradicional pero también con el indepe de nueva hornada y, sobre todo, es un perfil que puede parecer idóneo para confrontar a Sílvia Orriols”, razona un experto en comunicación electoral que en su día trabajó para el partido.

Nogueras, una diputada que llegó protegida por Jordi Turull pero que ha crecido hasta tener una órbita propia, es uno de los nombres que comienzan a sonar como posible relevo generacional en Junts, aunque no el único. Y la novedad en el espacio posconvergente es justo esa: tras 10 años de mando absoluto de Puigdemont, en los últimos meses se ha comenzado a abrir un debate sobre su sucesión.

El 'puigdemontisme' se repliega

“Hay quien está queriendo enterrar al president [Puigdemont] antes de tiempo”, aseguró un dirigente de Junts sobre el clima interno de su propio partido en un encuentro con varios diputados de otras formaciones hace unas semanas. Una afirmación que resalta que, si bien las quinielas se han abierto, también hay personas de gran ascendente que mantienen intacto su apoyo a Puigdemont. “No es momento de experimentos”, sentenciaba este dirigente.

Según las fuentes consultadas por este diario, no existe ahora ninguna corriente relevante dentro de Junts que desee plantear un relevo forzado de Puigdemont, ni mucho menos cuestionar abiertamente su papel, más allá de voces minoritarias y muy localizadas. Pero sí se ha extendido la idea de que es hora de pensar en el día de mañana.

El regreso del líder a Catalunya siempre se había imaginado como un hito que podría relanzar el partido pero, tras la extraña visita exprés que hizo en verano de 2024, esas expectativas han bajado. Que el expresident pueda volver a Catalunya amnistiado es un deseo extendido en el independentismo, pero ya pocos confían en que acabe siendo un punto de inflexión electoral.

También hay algo parecido a un consenso, al menos de puertas para afuera, en que si Puigdemont desease volver a concurrir a unas elecciones, una vez amnistiado, nadie podría oponerse. El “president del 1-O” aún cuenta con un aura de legitimidad entre los suyos que nadie se atrevería a discutir.

Pero, llegado ese escenario electoral, sería muy determinante la elección de sus acompañantes en las listas, porque podría marcar el futuro de Junts. Sin olvidar que, si los resultados no fuesen los deseados en su último embate ante las urnas, la carrera sucesoria caería por su propio peso.

Las municipales, momento crítico

La actual coyuntura de Junts es complicada. El partido ha perdido poder institucional a marchas forzadas, hasta el punto de que solo cuenta hoy con una alcaldía en una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, y otras seis en localidades de más de 25.000 habitantes. Pero el gran peligro al que se enfrentan ahora es otro. Aliança Catalana, que no para de crecer en las encuestas, es muy eficaz robándole electorado.

“En las municipales sufrirán mucho”, pronostica un consultor político que trabajó en el Govern codo con codo con Junts. “Por eso una de sus cartas, que creo que les condiciona más de lo que parece, sería tratar de forzar unas elecciones generales antes de las locales. En el Congreso les podría ir bien y llegarían con impulso a las elecciones más difíciles, que son las municipales”, despliega.

En esa clave electoral piensan también los alcaldes y alcaldables de Junts. Desde el pasado verano, varios ediles se han mostrado muy inquietos por la deriva del partido y, aunque la sangre nunca ha llegado al río y cada conato de revuelta ha sido aplacado por la dirección, la desazón de los cargos que mantienen los feudos del partido generan un clima de opinión poco favorable a Puigdemont.

Pero, además, la propia cúpula del partido ha echado gasolina sobre la hipótesis electoral. Hace dos semanas el presidente del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, Albert Batet, abandonaba esta responsabilidad para centrarse en un cargo de nueva creación dentro de Junts, la de adjunto a la presidencia, y también director de las campañas electorales que estarían por venir.

Batet, hombre que mantiene una obediencia inquebrantable a Puigdemont, ascendía en el partido y, de paso, ocupaba una plaza que venía a subrayar que Junts quiere estar preparado para el ciclo electoral. Su relevo es Mònica Sales, quien viene de ser su número dos y también una cara cada vez más conocida por la demarcación de Tarragona. Como portavoz del grupo colocaron a Salvador Vergés, en este caso un hombre de las comarcas de Girona y que también ha ganado relevancia en esta legislatura.

Como Nogueras en el Congreso, los dos nuevos perfiles con visibilidad en el Parlament son figuras emergentes en Junts. Y, además, están territorialmente repartidos: una de Barcelona, otra de Tarragona, un tercero de Girona. Los tres bien posicionados si hubiera que confeccionar de imprevisto una papeleta electoral.

En catalán existe una bonita expresión que define muy bien la situación de Junts: ‘vol i dol’. No tiene fácil traducción, pero vendría a ser algo parecido a ‘quiere y no puede’, y sirve para resumir las dificultades del partido de Puigdemont para mantener la ruptura con Pedro Sánchez y a la vez instarle a seguir cumpliendo las promesas pendientes. Un divorcio sin irse de casa.

El tono de la intervención de Míriam Nogueras de este miércoles fue contundente pero mucho menos desafiante que el de la rueda de prensa que protagonizó hace menos de un mes en Madrid para anunciar el ‘no’ de su partido a las leyes que están en tramitación en el Congreso. Junts no recula aunque le pasa la pelota a Sánchez y le reclama que, además de los actos de contrición públicos, traduzca el arrepentimiento en el impulso de otros acuerdos que siguen bloqueados. 

“No basta con decir que publicarán las balanzas fiscales, deben publicarlas”, citan en Junts a modo de ejemplo. Lo mismo pasa con las cifras de cumplimiento (o incumplimiento) de la inversión pública en Catalunya. Es fácil pronosticar que en ambas peticiones, si el Gobierno ofrece esos datos, se abrirán nuevos debates.

En el caso del déficit fiscal, esto es, la diferencia entre los impuestos que los catalanes y sus empresas pagan al Estado y el gasto que realiza el Gobierno central en Catalunya, no hay consenso ni en las fórmulas para cifrarlo. Incluso hay economistas que consideran que es normal que exista por tratarse de una comunidad con una renta per cápita superior a la de otras autonomías. Uno de los cara a cara más enconados y que aún se recuerdan sobre si el esfuerzo fiscal de los catalanes es mucho o poco lo mantuvieron Josep Borrell y Oriol Junqueras en el 2016.

El Govern que presidía Pere Aragonès calculó que el déficit fiscal rozaba casi los 22.000 millones. Puede parecer un debate técnico y es evidente que lo es, aunque también es una cuestión política porque en Catalunya existe un consenso muy transversal, tanto en el Parlament como en los sectores económicos, respecto a que se trata de un agravio que debería poder paliarse, tal y como han reclamado los sucesivos consellers de Economía, incluidos los del PSC. Sirva de ejemplo reciente que hace poco más de una semana, el pleno del Parlament reclamó la publicación de las balanzas fiscales en una propuesta que solo rechazaron PP y Vox.

Además, Junts sometió la ruptura con Sánchez a escrutinio de su militancia y logró el aval del 87% de sus bases. Así que para cambiar de opinión debería ofrecerles algo más que lo que hasta ahora les ha prometido el presidente. 

El papel del empresariado

Más allá de peticiones concretas, el problema de Junts sigue siendo el mismo que cuando rompió formalmente con Sánchez y es que está atrapado entre apoyar a un PSOE en horas muy bajas y a la vez rechazar a un Feijóo que cada vez que pisa Catalunya desconcierta más al público que le escucha.

Pedir a los empresarios que presionen a Junts no fue una buena idea por más que a muchos de ellos les convenga que el Congreso no siga bloqueado. Saben mejor que nadie que al menos 21.000 millones en préstamos y subvenciones de la Unión Europea están directamente vinculados a parte de las leyes que han quedado empantanadas por la falta de apoyo de Junts. 

El empresariado catalán, siempre dispuesto a hacer de mediador y a utilizar su influencia, lo que pide es estabilidad. Les gusta más Salvador Illa que Pedro Sánchez (aunque prefieren al presidente a Yolanda Díaz) y los hay que aún citan la ‘sociovergencia’ como su fórmula ideal. En eso hay que reconocer que son bastante previsibles.

Junts está atrapado y con unas encuestas que aún pueden ir a peor, pero Sánchez tampoco lo tiene fácil para contentarles: atraer al votante de izquierdas mientras asume determinadas peticiones en inmigración, multirreincidencia u ocupaciones de vivienda, que son el mismo material inflamable que utiliza la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana para sus discursos racistas.

Por si no fuera suficiente, no se trata solo de apoyar las propuestas que presente Junts sino que, como ya ha comprobado, esos votos sirven para tumbar otras medidas tan destacadas como la reducción del horario laboral. Si Sánchez se tapa por la derecha, se destapa por la izquierda y la manta da para lo que da.

La portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras ha comparecido este miércoles para responder al gesto hecho por el presidente Pedro Sánchez, que anunció un día antes la reactivación de varios temas de interés para la formación independentista. Nogueras ha indicado que la posición de Junts no ha cambiado y que, en todo caso, hacen falta más pasos para recomponer la relación. Junts, ha remachado, solo volverá a la mesa si el Gobierno cumple con lo ya pactado. “Había un momento para negociar”, ha explicado Nogueras, “pero ahora toca cumplir”.

Los de Carles Puigdemont resaltan que Sánchez reconociera en dos entrevistas en Rac1 y 2Cat que el Gobierno ha incumplido algunos de los acuerdos que alcanzó con Junts. Por eso, Nogueras entiende que ahora es el Gobierno quien debe revertir la situación. “Nosotros mantenemos la posición, estamos en el mismo sitio que la semana pasada”, ha dicho. “Es el Gobierno el que bloquea. la legislatura con sus incumplimientos”, ha zanjado la portavoz.

Junts entiende además que el anuncio del Gobierno demuestra que no eran medidas imposibles. “No era que no se pudiera, sino que no se quería”, ha asegurado Nogueras. “Constatamos que el Gobierno está en una posición de debilidad. Han perdido votaciones importantes, como el techo de déficit. Los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados y ven que sin los partidos catalanes no pueden aprobar nada”, ha indicado.

Nogueras ha asegurado además que las peticiones de Junts son las mismas que han mantenido siempre. “Ojalá de aquí a un tiempo pudieramos celebrar que se haya cumplido todo lo que pactamos”, ha dicho, tras lo que ha citado acuerdos en materia de amnistía, el catalán en Europa, el traspaso de competencias en materia de inmigración o la representación en organismos internacionales.

Con todo, el partido prefiere sacar del foco cuestiones que, entiende, son de difícil cumplimiento, como las que no dependen solo del Gobierno. Los independentistas prefieren fijarse en aquellas que Sánchez puede llevar a cabo desde el propio Ejecutivo, como la publicación de las balanzas fiscales, a lo que el presidente se mostró dispuesto este miércoles.

Durante su comparecencia, la portavoz de Junts en el Congreso ha tenido ocasión de la lanzar un dardo a ERC, cuando ha asegurado que son el partido más exigente con Sánchez. “No somos los únicos que denuncian que el Gobierno no cumple, pero sí los únicos que estamos dispuestos a tomar decisiones en consecuencia”, ha indicado Nogueras.

El Gobierno está intentando recomponer la relación con Junts, rota desde el mes pasado. En dos entrevistas concedidas a dos medios catalanes, Sánchez anunció una serie de medidas que tratan de retomar la vía del acuerdo con Junts. Entre las actuaciones que anunció el jefe del Gobierno está la flexibilización del gasto de los Ayuntamientos o financiar un garantía de pago a los propietarios de viviendas en alquiler, pero también gestos como la publicación de las balanzas fiscales o la agilización de la ley de Junts contra la multirreincidencia.

Tras los anuncios del presidente, el resto de socios avisaron de que no aceptarán un giro a la derecha del Gobierno para contentar a Junts, aunque valoraron el intento de recomponer la relación, necesaria para que salgan adelante algunas de las medidas más importantes de la legislatura.

La presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que su ruptura con el PSOE y su rechazo a las leyes del Gobierno en tramitación no tienen “marcha atrás”. “Nunca en la vida hemos ido de farol”, ha declarado la dirigente independentista en RNE. 

En línea con su discurso de los últimos días, Nogueras ha insistido en que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien no ha cumplido con los acuerdos. Y que si hay ahora avances en algunos de los compromisos, su partido no reconsiderará su posición. “Empezar ahora a hacer cosas no es cumplir. Ojalá nuestro gran problema sea que cumplan todos los acuerdos y tengamos que comernos este sapo, pero no creo que vaya a pasar”, ha expresado durante la entrevista. 

Tampoco se ha mostrado preocupada Nogueras por si su decisión supone un adelantamiento electoral. “¿Las consecuencias de estas decisiones van a traer elecciones? Pues nos vamos a elecciones. ¿Seguirán gobernando sin apoyos? Pues ya nos dirán cómo”, ha expresado. 

Después de que Carles Puigdemont diera por roto el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, su partido ha elevado la tensión al anunciar que presentarán enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo en el Congreso. Esto incluye la reforma del sistema de Justicia, los Presupuestos de 2026, la ley de secretos oficiales, la de familias o la de universalidad del Sistema Nacional de Salud. 

Por otro lado, Nogueras también ha descartado una vez más una moción de censura respaldada por PP y Vox. “Si hablamos de los exámenes que ha suspendido el PSOE, el PP repite curso”, ha afirmado. “Cuando hablo de la deuda que el Gobierno español con los catalanes no es solo el PSOE y Sumar y Podemos, incluye los Gobiernos del PP”, ha dicho.

No es infrecuente que empresarios y políticos compartan espacios de diálogo para intercambiar puntos de vista en un entorno discreto. Pero la cena que el pasado lunes mantuvieron dos destacados dirigentes de Junts con una docena de prominentes empresarios catalanes fue algo más que eso, porque se producía tres días después de que el partido de Carles Puigdemont hubiera roto definitivamente su alianza con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los independentistas necesitaban explicar ante el mundo económico catalán la maniobra que acababan de realizar en el Congreso, donde dejaban la mayoría de la investidura inoperante y la legislatura tocada. Los empresarios, por su parte, necesitaban esas explicaciones para entender las implicaciones económicas de lo que acababa de pasar en la esfera política.

Ignacio Marull, socio responsable de PwC en Catalunya, fue quien organizó la velada, algo que esta consultora hace de forma regular. En nombre de Junts acudieron el jefe de filas en el Parlament, Albert Batet, y la presidenta del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras.

Esta última ha sido la cara visible del portazo a los socialistas en Madrid y es, también, una dirigente cada vez más apreciada en el entorno de Carles Puigdemont. Por su parte, Batet es, junto con el vicepresidente de Junts Toni Castellà, uno de los habituales enlaces del partido con el mundo empresarial. Desde Junts enmarcan la cena dentro de los encuentros normales que el partido mantiene con empresarios.

Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que el resto de invitados no representaban a sus empresas u organizaciones, sino que acudían a título personal. Así lo hicieron, por ejemplo la presidenta del Cercle d'Economía, Teresa Garcia-Milà, o el presidente de la Fira de Barcelona, Pau Relat. Junto a ellos, estas mismas fuentes sitúan a Miquel Martí (Moventia), Xavier Pujol (Ficosa), Emili Rousaud (Factor Energía) o Javier Faus (Meridia), entre otros.

Lo que los políticos expusieron ante todos ellos fue su relato de cómo habían ido las negociaciones con el PSOE y la incapacidad que habían encontrado para hacer avanzar la relación. Pero Batet y Nogueras tuvieron tiempo también para exponer sus principales conquistas para la agenda favorable a los empresarios, así como por qué Junts se había opuesto a las 37,5 horas, a prorrogar el impuesto a las energéticas o la ley que obliga a tener presencia sindical en los consejos de las empresas.

La estrategia de Junts ahora, aseguraron los políticos, es “cobrar” el apoyo prestado al Gobierno y dejar de prestar su voto hasta que eso no pase. Este mismo jueves la formación especificó una por una todas las leyes que tenía pensado bloquear, que incluye la gran mayoría de las que están en trámite, incluidos los Presupuestos. “Quieren dejar claro en Madrid que esto se ha terminado”, explica una fuente conocedora del encuentro.

Nogueras y Batet también quitaron hierro a los malos resultados que su partido cosecha últimamente en las encuestas. Según indicaron, el análisis que hacen en Junts es que, si bien Aliança Catalana está viviendo un momento de auge, también está sobrevalorada en los sondeos, por lo que sus expectativas se ajustarán a la baja cuando llegue el periodo electoral.

Por parte de los empresarios, algunas voces reconocieron que Junts ha tenido un papel relevante en muchas de las batallas parlamentarias y se manifestaron cómodos con el rol jugado por los independentistas. Algún otro de los presentes también hizo una llamada a la necesidad de que Junts practique una política pragmática. Fuentes conocedoras del encuentro relatan que también hubo quien hizo una enmienda a la totalidad de la estrategia de Junts en los últimos años.

Desde que Junts recuperara su papel en la vida política del Congreso, en julio de 2023, la formación de Carles Puigdemont ha cuidado su relación con los empresarios catalanes, que había quedado congelada tras el distanciamiento del procés. El presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, ha hecho un esfuerzo por recoser la relación con Puigdemont, que ha fructificado en los últimos años, convirtiendo a Junts en uno de los partidos que más ha defendido las posturas de Foment en el Congreso.

Esta sintonía entre Sánchez Llibre y Puigdemont no se ha roto tras el último giro parlamentario de Junts, al que la patronal sigue considerando “un socio fiable”, tal como publicaba La Vanguardia la semana pasada. Sin embargo, no es este el sentir de todos los empresarios, entre quienes el cambio de estrategia de los independentistas es visto como un nuevo volantazo que casa muy mal con la estabilidad política que reclaman.

Del mismo modo que algunas voces empresariales reconocen que Junts ha ejercido con eficacia la tarea de lobby empresarial catalán, entienden que el fin de la legislatura y una posible nueva mayoría podría ser muy perjudicial para los intereses de la empresa catalana.

Junts eleva la presión sobre el Gobierno con el anuncio de su rechazo a las leyes que lleguen o estén tramitación en el Congreso, salvo las que estaban acordadas antes de la decisión de los de Carles Puigdemont de romper con Pedro Sánchez. “La legislatura de Pedro Sánchez sigue bloqueada”, ha dicho la portavoz, Míriam Nogueras, que ha anunciado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. “No votaremos a favor de las 21 leyes que están en tramitación. Las nuevas leyes que apruebe el Consejo de Ministros, también tendrán enmiendas a la totalidad”, ha señalado Nogueras. El movimiento trunca las expectativas de Moncloa, que pretendía negociar ley a ley después de la ruptura anunciada por Puigdemont.

“Han decidido aferrarse al poder, pero no gobernar”, ha dicho la portavoz de Junts en referencia a PSOE y Sumar, tras afear a Pedro Sánchez que no haya dado explicaciones sobre cómo pretende gobernar “sin la mayoría necesaria”. “Sin los votos de Junts, no pueden aprobar medidas”, ha dicho Nogueras, que ha mencionado expresamente los Presupuestos Generales del Estado, y leyes como las denominadas 'ley Bolaños' y 'ley Begoña', con las que el Gobierno pretende acabar con las acusaciones populares, por ejemplo. Todo lo que quiera sacar adelante, ha expresado Nogueras, tendrá que ser “con PP y Vox”.

“El Gobierno del Estado español ha perdido su capacidad legislativa”, ha agregado Junts, que ha asegurado que la decisión es “un baño de realidad”: “Queremos coherencia y que se cumplan los acuerdos”. Lo que no ha aclarado Nogueras es si reculará en esa posición en el caso de que Sánchez cumpla con las exigencias de la formación independentista bajo la premisa de que no confían en que lo haga dos años después de haber suscrito los acuerdos. Y deja la pelota en el tejado del Gobierno, aunque por el momento sigue descartando una moción de censura para echar a Sánchez, que necesitaría de los votos de PP y Vox.

Lo que sostienen en Moncloa es que lo que están en su “mano” se ha cumplido y en lo que no depende exclusivamente del Gobierno “se está trabajando” para que se consiga. El ejemplo que ponen es la oficialidad del catalán en la UE, que depende de la unanimidad de los 27 y hay varios países con recelos a aprobarlo, entre ellos Alemania, que recientemente aceptó un diálogo bilateral con el Ejecutivo español para intentar llegar a un acuerdo. En cuanto a la amnistía, en el Gobierno recuerdan que es el Tribunal Supremo el que ha decidido no aplicarla en su totalidad. Respecto a la delegación de competencias en materia de migración a Catalunya, los socialistas asumieron esa exigencia, pero fue rechazada en el Congreso con el 'no' de Podemos.

La rueda de prensa de Junts, en la que han participado los siete diputados del grupo, se ha producido dos semanas después del órdago que la formación independentista lanzó a Pedro Sánchez al anunciar la retirada de su apoyo. No obstante, en el Gobierno habían minimizado esa decisión bajo la premisa de que ya tenían que negociar ley a ley con la formación de Carles Puigdemont. El movimiento de Junts complica la intención del Ejecutivo de seguir trabajando “votación a votación”. Lo que también había volado por los aires son las negociaciones que se celebraban en Suiza y que en las últimas reuniones, tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, pilotó José Luis Rodríguez Zapatero por el lado socialista.

La decisión de Junts supone que el Gobierno no pueda sacar adelante ninguna iniciativa, ni siquiera las trasposiciones de directivas europeas, salvo que lo haga con el apoyo de PP o Vox. Las únicas medidas que la formación independentista salvará son aquellas que estaban acordadas con el Gobierno antes de la decisión de romper. Así, los siete parlamentarios votarán a favor del decreto que desarrolla la 'ley ELA' con la que se destinarán 500 millones de euros a garantizar la atención de personas con esa enfermedad; de tres leyes que están en el Congreso (la ley de atención a la clientela, la ley de economía social y la ley del cine) y la ley de movilidad sostenible, que está ya en el Senado.

Entre las leyes que Junts vetará, a través de su 'no' o de la presentación de enmiendas a la totalidad, están la ley de familia, la de información clasificada, leyes para la mejora del sistema nacional de salud, la ley del restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía, la ley de información empresarial sobre sostenibilidad, la ley de administradores y compradores de créditos, la ley de prevención del consumo de alcohol de menores, la loreg, la ley de inclusión de personas con discapacidad, la ley de reforma del sistema universitario, entre otras. Algunas de esas iniciativas llevan bloqueadas toda la legislatura.

Nunca se sabe con Junts cuál será la vencida, pero el anuncio solemne de Carles de Puigdemont de ruptura de puentes con el PSOE vuelve a dejar la legislatura pendida del alambre. Tras un montón de amenazas implícitas y explícitas y de órdagos que finalmente se desmoronaron antes de hacerse realidad, los independentistas catalanes vuelven a prometer que esta vez sí es diferente y que el Gobierno ya no podrá contar con su apoyo de ahora en adelante. La decisión llega marcada por la coyuntura de su sangría de votos hacia Aliança Catalana, aunque oficialmente se fundamenta en los incumplimientos de Pedro Sánchez y se ha validado con una consulta a sus bases.

“No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”, proclamó el líder de Junts en rueda de prensa el pasado lunes tras reunir a la cúpula de su partido. La duda es el recorrido real de una afirmación difícil de calibrar por las propias maniobras contradictorias de los siete diputados postconvergentes en el Congreso, que a veces suman sus votos al PP y Vox para asestar golpes al Ejecutivo y otras muchas, la inmensa mayoría desde las elecciones generales de 2023, han respaldado la acción legislativa del Gobierno.

Con la moción de censura descartada, ahora está por ver en qué se traduce la nueva etapa, algo que a juzgar por sus declaraciones públicas no tiene claro aún ni el propio Pedro Sánchez. “Llegan aquí diciendo que han pasado a la oposición y no lo entiendo muy bien, porque ustedes siempre han hecho gala de estar en la oposición”, le dijo el presidente el jueves en el Senado a Eduard Pujol, que antes había arremetido contra el líder socialista. “Usted tiene tendencia a actuar como Houdini, un escapista, o como un trilero. Y eso no ayuda ni a la política ni a usted. No te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria más absoluta. Y, si no, tiempo al tiempo”, le dijo. “El Gobierno cumple con sus acuerdos. En lo que está en nuestra mano, el Gobierno está cumpliendo. Y en lo que no está en exclusiva en nuestra mano, está trabajando”, le contestó el presidente.

Más allá de los discursos afilados contra el Gobierno y la tensión hasta última hora en muchas de las negociaciones, los datos recopilados por este diario demuestran que Junts ha sido un socio más que fiable en estos dos años de legislatura. Si se desgranan todas las votaciones, pierde fuerza la frase que repite la portavoz independentista, Míriam Nogueras: “No formamos parte de ningún bloque”. 

De las casi 120 leyes del Gobierno o de Sumar y el PSOE que se han votado a lo largo de esta legislatura en el Congreso, los siete diputados de Junts votaron a favor en 93 ocasiones. Se trata de un 80% de las veces, cuatro de cada cinco. En las últimas semanas, ha habido varios ejemplos importantes: el decreto para establecer un embargo de armas a Israel, el traspaso de competencias de inmigración, que no salió por el voto en contra de Podemos, o la ley de movilidad sostenible. 

Al mismo tiempo los independentistas catalanes han tumbado cinco proyectos de ley al Gobierno y siete leyes a PSOE o a Sumar. Sin ir más lejos, este mes los votos de Junts sirvieron para impedir que se empezase a tramitar la ley de la coalición de Yolanda Díaz para crear una oficina anticorrupción, uno de los compromisos de Pedro Sánchez ante el Congreso tras el estallido del caso Santos Cerdán.

Lo que revela también la recopilación de dos años de votaciones es que Junts es bastante determinante para saber si el Gobierno puede sacar una ley adelante o no. En todos los proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso el voto positivo de Junts se tradujo en una votación exitosa, ya sea en una aprobación definitiva o en el primer trámite parlamentario del texto. Y solo una ley de las que llevaron Sumar y PSOE a la Cámara Baja cayó a pesar de contar con los votos de Junts: ocurrió hace poco, con la ley para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya. 

Es un ejemplo paradigmático porque muestra la otra dependencia del Gobierno para sacar las leyes adelante: Podemos. Aquel texto estaba pactado por PSOE y Junts y fue uno de los principales acuerdos entre ambas fuerzas de cara a la continuidad de la legislatura, pero el partido de Ione Belarra vio en esa iniciativa tintes racistas y decidió votar en contra. Aquella derrota enfadó sobremanera a los independentistas catalanes, que han fijado la inmigración como una de sus preocupaciones más importantes, con la ultraderechista Alianza Catalana robándoles cada vez más votos.

No obstante, en ocasiones el voto negativo o la abstención de Junts no ha sido óbice para que las iniciativas salgan adelante. Esta misma semana, el PSOE consiguió que se empezara a tramitar una ley sobre el buen uso de las zonas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad a pesar de la abstención de los independentistas, después de que el PP facilitara su aprobación también con una abstención. Se han dado situaciones parecidas en 11 ocasiones. Lo normal en cualquier caso es que si Junts vota en contra, la iniciativa decaiga: esto ocurrió en 12 de 13 derrotas del Gobierno, en seis de las cuales los siete diputados catalanes fueron clave.

Hasta ahora, Junts no se ha movido, siguiendo una tendencia clara en su apoyo al Gobierno. Las votaciones no muestran un desencanto paulatino ni lo contrario, lo que quiere decir que la formación de Carles Puigdemont ha votado a favor o en contra en función de sus intereses ideológicos o estratégicos en cada ley. Entre el verano y el comienzo del nuevo curso, por ejemplo, Junts votó en contra del decreto con medidas para evitar un nuevo apagón, rechazó la oficina anticorrupción de Sumar y a las entregas a cuenta para las comunidades autónomas (salió adelante con el apoyo del PP). 

Sin embargo, en las últimas semanas le ha dado varios respiros al Gobierno con su apoyo por ejemplo al decreto de embargo de armas a Israel, que terminó saliendo a pesar del suspense que Podemos imprimió a esa votación. También respaldó la votación de la ley de movilidad sostenible, en cuya negociación los independentistas se habían involucrado durante la comisión. Y aunque no figura en los registros porque su aprobación definitiva irá en el primer pleno de noviembre, Junts apoyó esta semana el informe de la ponencia de la ley de atención a la clientela del Ministerio de Derechos Sociales, con una enmienda muy importante para ellos que garantiza la atención en lenguas oficiales a las empresas radicadas en Catalunya, Galicia o Euskadi. 

La mayoría negativa sigue siendo un fantasma

Lo que también revelan los datos en bruto de la legislatura es que Junts no ha usado sus votos para colocarse en el bloque de la oposición que conforman PP y Vox. Sus apoyos a las leyes de los de Alberto Núñez Feijóo son totalmente puntuales, apenas ha votado a favor de sus propuestas, solo en nueve ocasiones. 

De 55 leyes del PP, Junts se abstuvo en cuatro y votó en contra en 42. De esos nueve apoyos, sin embargo, hay que descontar uno que no es tal, la votación de las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral del Ministerio de Trabajo, que aparece en esta gráfica porque se votaron a la vez las propuestas de devolución que presentaron Junts, Vox y PP. 

Aquella votación ha sido quizás una de las más dolorosas para el Gobierno en general y para Yolanda Díaz en particular. Pese a que desde Trabajo intentaron negociar con los independentistas por varias vías, el partido de Carles Puigdemont fue firme con la posición que siempre mantuvo sobre el proyecto y terminó tumbándolo y frustrando los planes de la vicepresidenta segunda, que había confiado en esa ley como la medida estrella de la legislatura.

Ahora el Gobierno acelera sus gestos a Junts para intentar recuperarlo como aliado parlamentario, aunque sea de forma puntual y no estructural como hasta ahora en la mayoría de votaciones. Y creen en la Moncloa que hay terreno para ello con carpetas como la de la oficialidad del catalán en Europa o la ley sobre multirreincidencia aún pendientes de desarrollo. Los precedentes, recuerdan en el Ejecutivo, avalan la tesis de que a Junts se le puede aguantar el pulso y ganárselo. Como cuando anunció Puigdemont a bombo y platillo una cuestión de confianza contra el presidente del Gobierno en base también a sus supuestos incumplimientos. Una de las muchas amenazas que Junts, también, se acabó envainando.

Cada vez que en el Congreso habla la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, el eco de sus palabras retumba entre las paredes del hemiciclo. Unas veces porque sus expresiones son demasiado explícitas (ha llegado a pedir a Pedro Sánchez que “mueva el culo”). Otras, porque maneja con demasiada soltura el insulto (“mentirosos, manipuladores, indecentes, gandules”). Y en alguna ocasión porque lo que dice suena a amenaza. Nunca un juego de palabras había dado para tanto chascarrillo: “Habría que hablar menos del cambio de hora y más de la hora del cambio”, le espetó al presidente del Gobierno este miércoles.

La derecha salivaba ante la posibilidad de que esta vez -y van ya unas cuantas- la conminación fuera en serio y no un simple amago. La izquierda trataba de relativizar el asunto y los junteros insistían en que o el Gobierno cambia su forma de hacer política o cambiarán las cosas. Cambiar, cambiar, lo que ha cambiado ya es la preferencia de muchos catalanes que votaron a los de Puigdemont, y ahora se están yendo a Alianza Catalana y el temor de los alcaldes de Junts a ser devorados por la extrema derecha catalana de Silvia Orriols.

Los incumplimientos que reprocha Junts a Sánchez ya no dependen de la voluntad del Gobierno. La amnistía se aprobó, pero su aplicación es ahora cosa de los jueces. Al uso de las lenguas oficiales en Europa se oponen Alemania, Suecia, Finlandia, Austria, Italia y Hungría, entre otros, pese a los esfuerzos de la diplomacia española. Y en el Parlamento no existe mayoría con la que aprobar la delegación de competencias en materia de inmigración. “Junts sabe que estamos cumpliendo con todos los acuerdos de Bruselas”, ha respondido Sánchez a la intimidación de Nogueras. 

Los de Puigdemont compiten ahora con la extrema derecha catalana y por eso su retórica en Madrid se parece cada vez más a la de Abascal y a la del propio Feijóo. Mantener el apoyo a Sánchez no es la mejor estrategia para sus intereses electorales en Catalunya y parece que se acerca el momento de la ruptura definitiva. 

El tic-tac-tac ha empezado a sonar ya, pero el problema para los independentistas no es tanto que retiren el apoyo al Gobierno de coalición que hizo posible la amnistía como decidir si están dispuestos o no a elegir como nuevos compañeros de viaje a PP y a Vox para apoyar una moción de censura. En Waterloo no están por la labor, al menos, hasta que Puigdemont pueda regresar a España. Hasta entonces, lo único que buscan los junteros es desmarcarse del bloque de investidura para proyectar la imagen de un partido de oposición a Pedro Sánchez, cuyo ciclo creen que ha terminado. 

Ya lo advirtió Puigdemont en verano: en otoño pasarán cosas que hasta ahora no habían pasado. Pues el otoño ya ha entrado con la amenaza de Nogueras. No para una moción de censura, sino para escenificar la ruptura, marcar distancias y empezar a recorrer desde la oposición un camino ante el nuevo ciclo electoral que sitúe a los junteros donde siempre estuvieron, en el bloque de la derecha para tratar de taponar la sangría de votos que se les están yendo a Alianza Catalana. Pura táctica que por mucho que lo celebre la derecha política y mediática no supondrá, a tenor de lo que emiten desde La Moncloa, el final de la legislatura, aunque la formación dice estar dispuesto a someter la decisión final a una consulta entre su militancia.

Con Junts o sin Junts, Sánchez quiere seguir jugando la partida. Así que, de serlo, esto será solo un cambio relativo con el que redecorar el nuevo relato de la vieja convergencia a golpe de iniciativas sobre inmigración, multirreincidencia, okupación, expolio fiscal y todo aquello que llevan incorporado en el ADN la ultraderecha española y la catalana.

La función se representará el lunes, en Perpiñán, en el sur de Francia, donde Puigdemont reunirá a la dirección de su partido para el último ensayo antes de la interpretación final de una obra cuya trama y reparto son ya archiconocidos por el gran público.

Junts afirma que esta vez sí se ha llegado a un punto de inflexión. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado el lunes a la ejecutiva del partido en Perpinyà para decidir si rompe definitivamente con el PSOE, tal y como algunos dirigentes defienden. La decisión que adopte la cúpula se someterá a votación de la militancia, una fórmula que fue la que ya se utilizó para acordar la salida del partido del Govern que compartía con ERC bajo la presidencia de Pere Aragonès.

Según el orden del día de la convocatoria, en la reunión del lunes se hará un balance del acuerdo de Bruselas y se abordará las “acciones a emprender” al respecto. Se da por hecho que será una nueva reunión maratoniana. En Junts ha ido aumentando el enfado con el Gobierno por considerar que nada de lo que se negocia se consigue desencallar y no quieren que lo mismo que ellos afeaban a ERC, que no obtenía nada a cambio de su apoyo al PSOE, se pueda reprochar también ahora a Junts.

Este miércoles en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts elevó el tono contra el Gobierno y se refirió a la “hora del cambio” para lanzar el que los posconvergentes subrayan que es ya el aviso definitivo a Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno se muestran tranquilos a pesar de la dureza de los de Puigdemont y no lo ven como un ultimátum: “Es una frase que han conseguido colar en el telediario”.

La duda es si Puigdemont sigue descartando el apoyo a una moción de censura presentada por el PP, algo que tampoco está nada claro que Alberto Núñez Feijóo esté dispuesto a impulsar. Algunas voces en Junts han especulado con la posibilidad de dar apoyo a una 'moción instrumental' con el único propósito de forzar unas elecciones.

En el Gobierno afirman estar tranquilos. Saben que el expresident puede optar por abandonar las negociaciones que están en marcha, tanto en el Congreso como los encuentros que se han ido celebrando en Bruselas y Suiza. Pero añaden que Junts continuará presentando propuestas y que el PSOE no dejará de intentar negociarlas con ellos. “Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano y lo que no está en nuestra mano estamos intentando que se cumpla”, relativizó Sánchez desde Bruselas tras ser preguntado por los últimos movimientos de los independentistas.

Pese al mensaje de calma que se traslada desde el Gobierno, sus problemas con los independentistas se multiplican puesto que a los problemas con Junts se suma el malestar cada vez mayor de ERC. Los republicanos reprochan a la vicepresidenta Montero que esté descafeinando cada vez más el acuerdo para una nueva financiación para Catalunya, el pacto que permitió la investidura de Salvador Illa. Fuentes de ERC señalan que el modelo que ofrece Hacienda no garantiza, no ya una ordinalidad estricta, sino que Catalunya mejore alguna posición de ingresos por habitante respecto a la situación actual.

Los republicanos han advertido tanto a Illa como al Gobierno de Sánchez que si no se desencalla la propuesta de financiación singular no cuenten con sus votos para los presupuestos de unos y otros.