El exgerente del PSOE Mariano Moreno ha sido tajante al señalar este miércoles ante los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan el caso Mascarillas que desde la formación “nunca” se abonaron gastos a José Luis Ábalos con billetes de 500, 200 o 100 euros. Ha negado así que se pagara con 'txistorras' por parte del PSOE, nombre que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil usaba la trama para referirse a billetes de 500 euros.

“Le puedo decir que la caja del PSOE, la única caja del PSOE, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento (…) y que la entidad bancaria enviaba con una empresa de seguridad al PSOE con el dinero pedido y que nunca nunca pedimos ni billetes de 500 ni de 200 ni de 100, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se hallan dado por parte del PSOE”, ha indicado.

Por otro lado, y a preguntas del letrado del PP, el exgerente ha reconocido que Ábalos, que en 2020 era secretario de Organización, “se autorizaba sus propios gastos” y los de su departamento, pero igual que el resto de las secretarías del partido. Y ha señalado que los importes altos eran revisados por la Gerencia.

Antes, ha relatado ante los magistrados que solo se compensaban gastos previamente anticipados que tenían una categoría o tipología determinada. Y estos eran gastos de viajes, de representación y de actividad que solían ser de restauración, de alojamiento, de transporte y locomoción y en ocasiones de gasolina o peajes. “Era para lo único que se autorizaba para esa caja que disponía de metálico”, ha indicado para añadir que existía todo un procedimiento que se basaba en la autorización por parte de los titulares del departamento donde se ocasionaba ese anticipo de gasto, y una autorización más por parte de Administración o de Gerencia que daba el 'ok' final para el pago efectivo, bien por transferencia o por metálico. 

Cabe recordar que en noviembre de 2025 y en su declaración testifical ante el juez instructor Leopoldo Puente se evidenció que, al menos en su etapa en el partido, no se comprobaba quién había realizado realmente el gasto del ticket que se presentaba para su reembolso. Esta práctica, que el juez consideró “chusca”, motivó que el Alto Tribunal acordara enviar el asunto concreto de esos pagos a la Audiencia Nacional para que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, lo analizara. Esto propició que se abriera una pieza separada secreta al respecto.

El exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha negado este martes ante el Tribunal Supremo que existiera una nota de prensa que saliera desde el Ministerio de Transportes que en 2020 dirigía José Luis Ábalos apoyando que Air Europa fuera rescatada por el Estado. Ese hecho es relevante para la causa porque la Fiscalía sostiene que por ese comunicado el empresario Víctor de Aldama habría pagado como dádiva unas vacaciones en un chalé de Marbella al ministro.

El exCEO ha negado estar detrás de esa prebenda al exministro y también ha negado que abonara 500.000 euros a Koldo García y a Ábalos tal y como asegura otra empresaria cercana a Aldama. Aldama trabajó para Air Europa, que le pagó 10.000 euros al mes desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del rescate. Previamente, le había contratado para tratar de recuperar una deuda de más de 200 millones de euros que la compañía tiene en Venezuela, aunque sus gestiones no fructificaron.

“La nota de prensa nunca se produjo”, ha afirmado Hidalgo a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. A continuación, ha añadido que nunca fue algo que pidiera la compañía porque lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, ha aseverado.

Ante esto, la acusación que dirige el Partido Popular ha puesto sobre la mesa noticias de prensa que hacían referencia a esa nota, pero Hidalgo ha explicado que más allá de esas publicaciones él nunca vio nota oficial del Ministerio dirigido por Ábalos. De hecho, a preguntas de la defensa de Aldama, el exCEO de Globalia ha negado incluso que esa noticia fuera beneficiosa para la compañía.

Hidalgo ha apuntado que Aldama no hizo gestión alguna sobre esa nota, pero sí ha confirmado que formó parte de un “amplio equipo de trabajo” de la compañía que comprendía al departamento jurídico y al financiero para lograr ese rescate. “Era un canal transmisor de comunicación con diferentes ministerios, y no solo con Transportes”, ha enfatizado. 

El empresario también ha sido preguntado por los diferentes mensajes que mantuvo con Aldama sobre el rescate de más de 500 millones de euros a lo largo del verano de 2020. Ha reconocido que sí hubo cruce de wasaps, pero ha dicho que muchos eran “de ánimo” por la situación que vivían en la aerolínea. Y ha aprovechado para criticar las condiciones leoninas de la SEPI para Air Europa en comparación con las impuestas para Iberia, “a la que le dieron 1.000 millones”. “Es el préstamo con peores condiciones, no de España, sino del mundo entero, que por cierto hemos devuelto con antelación”, ha añadido.

Desvincula a Begoña Gómez del rescate

También en relación con ese rescate, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha preguntado a Hidalgo si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, influyó en la concesión de ese préstamo. “No”, ha respondido el empresario. En uno de los audios intervenidos a Koldo García, el propio Aldama reconocía que Begoña Gómez no tuvo relación con las presiones para el rescate de Air Europa, según publicó El País.

El rescate a la aerolínea por los efectos de la pandemia ha sido uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a Hidalgo y que estuvo vinculada a una filial de Globalia, intercedió a favor de la compañía. El empresario lo ha negado este martes en el Tribunal Supremo.

La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya han visto cómo más de cincuenta testigos del 'caso mascarillas' se han sentado frente a ellos en el juicio que se celebra desde el pasado 7 de abril. Pero cantidad no es calidad. Y lo cierto es que de lo mollar del asunto que se juzga, el cobro de comisiones ilegales millonarias por parte de José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, se ha hablado poco o más bien nada de momento. Y eso a pesar de que en las tres últimas sesiones se ha podido escuchar a responsables tanto de Puertos del Estado como de Adif declarar sobre esos contratos para el suministro de mascarillas que fueron otorgados a la empresa epicentro de la trama: Soluciones de Gestión. 

Más allá de declaraciones como la de la expareja del ministro José Luis Ábalos o la de la militante socialista de Asturias que podrían servir a las acusaciones para apuntalar determinados delitos relacionados con 'enchufes' en las empresas públicas Ineco, Tragsatec y Logirail, hasta el momento el cobro de esas presuntas mordidas sólo aparece sustentado por el testimonio del empresario 'arrepentido' Víctor de Aldama y por esas anotaciones que hallaron los agentes de la UCO en las que se reflejaban los gastos y beneficios que le iba a suponer al empresario todo el negocio.

En sede judicial Aldama afirmó que, “como consecuencia del negocio de las mascarillas”, le entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García. Pero el rastro de todo ese dinero sigue sin aparecer. La investigación sí ha detectado un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Respecto a Ábalos, se ha acreditado que manejó en cinco años 95.000 euros sin rastro bancario. 

Para que el presunto cobro de esas comisiones haya pasado inadvertido, quizá ha podido ayudar el silencio de determinados testigos. Al menos una decena de los que han pasado por el Alto Tribunal siguen constando en la Audiencia Nacional como investigados por estos mismos hechos. Y claro está, en general y salvo excepciones, se han acogido a su derecho a no declarar con el argumento de que puede perjudicar a su defensa. 

No obstante, fuentes de las acusaciones, consultadas por elDiario.es, quitan relevancia al hecho de que por el momento no se haya hablado nada de comisiones en el juicio porque consideran que “lo más importante” es apuntalar el indicio del pago de 10.000 euros mensuales por parte del comisionista a Ábalos y Koldo García. A su juicio, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. 

Así, ese presunto cohecho mensual permitió al comisionista —que no estaba en el sector sanitario ni se le esperaba— orquestar una serie de alianzas empresariales incluso antes de que viera la luz la orden ministerial para la adquisición de mascarillas del 21 de marzo de 2020. De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que, según la investigación de la UCO, cinco días antes Aldama ya había firmado con el Grupo Cueto un contrato para lograr ese suministro en un momento en el que el mercado mundial estaba roto por la pandemia. 

Dado que esos 10.000 euros mensuales son vitales para la Fiscalía y para la acusación popular, se han esmerado en acreditar esos pagos más allá del testimonio que pueda ofrecer Aldama. En ese sentido, las fuentes destacan la testifical del pasado 9 de abril de Aránzazu Granell, trabajadora de una de las empresas vinculadas a Aldama. Ella indicó a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que estando en República Dominicana en 2021 y por orden de sus jefes entregó dinero en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García. 

Explicó que entregó dos sobres, cada uno con 10.000 dólares a “Joseba el Legionario”, que era como lo tenía guardado en su agenda. Ante el tribunal, la testigo indicó que los encuentros fueron fugaces, que se produjeron en lugares públicos y que desconocía si el hermano del entonces asesor sabía el contenido de esos sobres.

Por su parte, Joseba García negó en el juicio que fuese a Punta Cana para recoger presuntas comisiones y defendió que solo hizo un “favor” que le pidió su hermano a través de Aldama. Admitió que se había visto con la empleada, pero que se había limitado a “coger unos documentos” y que nunca abrió los sobres. “Jamás abro un sobre que no es mío, no soy chismoso, no me interesa”, aseveró a preguntas de la defensa de su hermano. 

Para explicar su presencia en el país, Joseba afirmó que él ya tenía organizados los viajes cuando le pidieron el favor. Detalló que la primera vez viajó a Santo Domingo para conocer a la que ahora es su pareja y la segunda a explorar una oportunidad de negocio relacionada con plantaciones de pitaya, tabaco y puros. “Yo además iba a Santo Domingo y no al otro extremo del país. Me piden que me acerque a Punta Cana y le hago el favor”, insistió. 

Las entregas de Aldama

Las fuentes consultadas recuerdan, asimismo, que otro de los indicios de que existieron esos pagos mensuales son los encuentros periódicos entre el entorno de Koldo García y el propio Aldama. Sostienen que esas reuniones podrían haberse producido en el propio Ministerio de Transportes habida cuenta que el empresario entraba y salía del despacho de Ábalos y de la 'planta noble' a placer, según relató el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez en su comparecencia del pasado 15 de abril. Otros testigos, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, han reconocido la ascendencia de Aldama en el Ministerio. 

Las acusaciones entienden, además, que parte de esos pagos se canalizaron también a través de Joseba García, más allá de los dos viajes a Dominicana, bajo “excusas tan tontas” como la compra a Aldama de un coche de segunda mano que, en palabras de él mismo, “fue la peor compra” de su vida.

De hecho, el interrogatorio de Joseba García dejó un momento de tensión entre el fiscal y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que intentó desmontar la tesis de las acusaciones de que el exasesor utilizó a su hermano como testaferro para ocultar la titularidad real de sus bienes y dificultar su rastreo. La Guardia Civil afirma que “no se ha encontrado una justificación u origen conocido de al menos 224.000 euros” ingresados en las cuentas de Joseba García entre 2017 y 2022. Así que la abogada trató de que su cliente diera una explicación pormenorizada de sus ingresos. 

“La única forma de desvirtuar eso es preguntándole cómo obtuvo el incremento patrimonial que la UCO dice que es procedente de las comisiones por mascarillas”, defendió cuando el presidente del tribunal le dijo que podía preguntar sobre ingresos concretos de su hermano, pero no sobre todo su patrimonio. La respuesta indignó al fiscal Luzón, que defendió que “la UCO no afirma que el dinero que ingresa Joseba procede de las mascarillas”. En realidad, el instituto armado afirma en varios informes que el “significativo aumento de los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de Joseba se produce a partir del mes de marzo de 2020 (fecha de adjudicación de los contratos investigados)”. Los contratos que centran esta causa son, precisamente, los de las mascarillas. 

En cualquier caso, y para lograr introducir en el juicio que además de esos honorarios mensuales también tuvo lugar un pago extra por los contratos de mascarillas, las acusaciones se agarran a esa nota en la que el comisionista hacía cálculos sobre cuánto podría sacarle a esa operación. Según indicó la UCO, el desglose de gastos además de tener los propios de la operación, como el de fletar los vuelos o el pago en aduanas, incluía otros apuntes detallados que estaban relacionados con beneficios económicos de personas. Y ponía el foco sobre dos pseudónimos que no tenía identificados: 'Gran' y 'Goblins'. 

Para la UCO, el mote de Gran que aparece junto a la cantidad de 2.000.000 “pudiera corresponderse con Grandullón” que era una forma de referirse a Koldo García. Y considera que Goblins pudiera ser Ábalos porque junto a ese mote aparece la anotación “500.000” y “casa”. Esa casa sería el chalé de la costa de Cádiz que Claudio Rivas, un empresario del sector de hidrocarburos con el que Aldama hacía negocios, habría puesto a disposición del exministro ante la expectativa de que le ayudara a conseguir una licencia que no se materializó hasta un año después de que Ábalos saliera del Gobierno. Claudio Rivas, citado esta semana ante el tribunal, optó por guardar silencio y no ratificar las incriminaciones del que fuera su socio. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe, esta vez relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares, en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama, vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.

“Buenos días, presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil, soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias”. Éste mensaje de 'wasap' es de 25 de abril de 2020 y la UCO indica que es el primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol.

A continuación, los agentes indican que desconocen si se produjo esa llamada pero ese mismo día Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Balares, envió al asesor ministerial un mensaje en el que le informaba de que le habían dado su contacto y que querían adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros. Diez minutos más tarde, el comisionista Víctor de Aldama ya compartía con su entorno el contacto de Palomino.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que con motivo de la pandemia de Covid-19 la Administración Balear realizó numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, la de 8 de mayo de 2020 con Soluciones de Gestión por importe de 3,7 millones, más otra de 19 de junio de 2020 por importe de 57.700 euros. A esto se sumó la compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A, vinculada a Aldama, por importe de 1,1 millones de euros.

La UCO recuerda que en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, el asesor “habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual” pagados por el comisionista Víctor de Aldama. Indica, además, que el comisionista estuvo muy pendiente del encargo balear haciendo consultas recurrentes al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y mostrando su preocupación porque el material llegara en los plazos marcados. «Tienen que ir sí o sí y si no llamará al chiquitín», recogen que indicó el empresario pudiéndose referir a Koldo García.

El informe recoge más conversaciones de Koldo García con Armengol, todas relacionadas con la pandemia. En un momento dado, el 26 de abril de 2020, la expresidenta balear le pregunta si podría conocer a alguien que vendiera mascarillas infantiles, a lo que el asesor responde con un escueto “te lo arreglo”. Ese mismo día valoraba que “para niños será casi regalado” porque “nadie va a querer hacer negocio con eso”.

En otro momento, en junio de 2020 Koldo García también habría intecedido ante Ábalos por petición de Armengol para que se solucionara un problema relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros a las islas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril se leyó en el juicio que se celebra en el Supremo por el caso Mascarillas el informe redactado por Armengol informado en calidad de testigo que, si bien no recuerda las conversaciones que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en abril de 2020 para la adquisición de material sanitario, sí que puede afirmar “con seguridad” que cualquier gestión la habría derivado al órgano de contratación correspondiente. En este sentido, indicó que, si bien no descarta que se cruzara wasaps con Koldo García, no alberga dudas de que nunca lo hizo para hablar sobre expedientes de contratación.

Armengol aseveró también que “nunca” habló en esa etapa en la que estaba al frente de la presidencia de Baleares con el exministro José Luis Ábalos sobre esos temas, solo por el cierre de puertos y aeropuertos, ni con el empresario Víctor de Aldama. Y recordó que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión estaban a un precio razonable en un mercado roto. “Nunca recibí orden o presión para contratar con nadie y no tuve conocimiento de que otros tuvieran presiones para contratar con determinados proveedores”,sentenció.

República Dominicana

Los agentes destacan particularmente las actuaciones concretas solicitadas por el comisionista a Koldo García, que irían desde los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración balear, a la certificación del propio material, y el cobro por parte de Soluciones de Gestión. Indican que el flujo de información demuestra que “no sólo la influencia de De Aldama en el Ministerio de Transportes sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.

El informe también apunta a que Aldama trató de utilizar la influencia de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos para expandir sus negocios vinculados a la pandemia en la República Dominicana. Los investigadores se basan, para ello, en una serie de mensajes intercambiados entre ambos.

Según esas comunicaciones, Aldama facilitó a Koldo García el número de teléfono personal del presidente de la República Dominicana para organizar una llamada telefónica en la que interviniera el ministro Ábalos para impulsar la entrada de sus empresas en el país. Ante la demora en la gestión, Aldama presionó e instó a Koldo enviándole el siguiente mensaje: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD [Repúbloca Dominicana] que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”. Unos días después, Koldo le confirmó que la llamada finalmente se había realizado. 

El informe recoge que, cuatro meses después, un socio de Aldama contactó directamente a través de WhatsApp con el presidente dominicano. En su mensaje, se presentó indicando que su contacto se lo había facilitado “Koldo García, asesor de ministro de fomento de España el SR. Abalos (sic)”. Y le ofreció los servicios de su laboratorio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos y el abastecimiento de maquinaria. Según la UCO, Aldama sí logró establecer una “relación contractual” con la República Dominicana para prestarles dichos servicios.

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha señalado este miércoles en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que cuando se enteró de que Jésica Rodríguez tenía una relación con el exministro José Luis Ábalos vio que había un claro “conflicto de intereses” y tomó la decisión de que la joven no podía renovar su contrato en la empresa pública de Ineco para realizar labores para Adif. Según ha recalcado, llamó por teléfono directamente a Ábalos y le comunicó que no era posible continuar con esa relación contractual.

Ante esa llamada, según ha recordado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, el ministro le indicó que lo que ella hiciera “por supuesto bien hecho está”. Y ha recordado que debió ser “la última” del Ministerio en enterarse de esa relación del ministro con la odontóloga 'enchufada' en empresas públicas. Pardo de Vera, que está imputada en la Audiencia Nacional, ha comparecido como testigo en la sexta sesión del juicio contra Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama que se celebra en el Supremo.

En relación con la expareja del que fuera ministro, la testigo ha afirmado que en ningún momento se le transmitió que hubiera queja alguna con el trabajo de esa persona. Y eso a pesar de que la propia Jésica Rodríguez ha confesado ante el tribunal que nunca llegó a trabajar a pesar de cobrar su salario. Además, se ha desligado de la tesis de que ella mediara en una segunda contratación para Jésica Rodríguez, esta vez en Tragsatec: “Rotundamente no”.

Previamente, el fiscal Alejandro Luzón le había pedido que detallara cómo se fraguó el contrato de la pareja del ministro en Ineco, y ella ha explicado que en febrero de 2019 recibió un wasap de Koldo García en el que apuntaba que debían iniciar los trámites o Ábalos le iba a “cortar los huevos”. Si bien ha enfatizado que ella no conocía a esa persona de nada, ha apuntado que el lenguaje usado por el asesor ministerial era “habitual en él”. Ella transmitió el curriculum de Jésica Rodríguez a la presidenta de Ineco, a la que le transmitió que desde el Gabinete del Ministerio le pasaban ese currículum “por si tenía encaje”.

Y ha recalcado que nunca transmitió a Ineco que fuera una exigencia porque además no tenía competencia para dar orden a esa empresa pública. “Sin mayor importancia. No sabía quién era la señora, era algo residual”, ha afirmado, para añadir que, de todas formas entendía que por la expresión de Koldo García, el ministro tenía interés en que se le contratara. No obstante, ha matizado que el ministro “jamás” la llamó por ese asunto y que si Koldo García le dijo en alguna ocasión que el ministro la llamaría sería porque era “típico” del asesor decir esas cosas para que pareciera que tenía luz verde para transmitir esa cuestión. 

Defiende el contrato de mascarillas

Por otro lado, Pardo de Vera ha defendido el contrato de cinco millones de mascarillas por valor de 12,5 millones de euros que Adif adjudicó en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y que está bajo sospecha. Pocos días después de lograr un contrato de Puertos del Estado por 24,2 millones de euros, esa empresa logró adjudicarse un segundo contrato con el gestor ferroviario a pesar de que aún no había entregado el material del primer pedido en el plazo acordado y existían ofertas más baratas.

Pardo de Vera ha señalado que no recibió “ninguna instrucción” para contratar mascarillas a esa empresa y que, en todo caso, fue una decisión acertada dado que “los resultados fueron satisfactorios”. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, ha detallado que cuando recibió la orden ministerial de que Adif se debía hacer cargo de la compra de esa cantidad de material sanitario reunió a su comité de dirección y se decidió que fuera la Dirección General de Gestión de Personas la que llevara las riendas de la contratación.

A partir de ahí se evaluaron criterios de calidad, se buscaron ofertas y tras ese análisis multicriterio, se optó por Soluciones de Gestión (cinco millones) y por Injoo Technologies (un millón). Ha recordado que el resto de contratistas se descartaron porque no podrían hacer frente a ese pedido y ha apostillado que pesó que la empresa de la trama ya había arrancado los fletes desde China para el pedido de ocho millones de mascarillas para Puertos del Estado. “Fue la primera entrega que llegaba a España de todas las que se habían pedido en España”, ha añadido.

Aldama, uno más en el Ministerio

En el interrogatorio, Pardo de Vera ha admitido que vio en varias ocasiones al empresario Víctor de Aldama en el área reservada del Ministerio de Transportes e incluso en el despacho de Ábalos y que eso era algo que le llamaba la atención porque había coincido en su trayectoria con cinco ministros y nunca había visto algo así.

A preguntas del fiscal, la expresidenta de Adif ha afirmado que “más de una vez” la citaron para encontrarse con Ábalos y que, cuando llegaba a su despacho, quienes estaban allí eran su entonces asesor Koldo García y Aldama. “Era algo que me chocaba aunque sea solo por un código ético y profesional”, ha aseverado.

Ese extremo ha sido confirmado también por el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, quien ha aseverado que Aldama “tenía acceso permanente” en el Ministerio de Transportes en época de Ábalos y que “entraba y salía sin que nadie le dijera nada”. Además, ha recordado que el empresario “estacionaba en el aparcamiento de autoridades”: “Es el único caso que conozco de alguien que sin ser del Ministerio tenía acceso (...), subía a la planta noble y entraba sin pedir permiso”.

Otro de los testigos, el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha confirmado la ascendencia de Aldama dentro del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Ante los magistrados, Sánchez Manzanares ha afirmado que, en 2020, cuando se adjudicaron los contratos que están bajo sospecha, él consideraba que el empresario “estaba en la parte del Ministerio”, ya que estaba “ayudando en la coordinación de los aviones” que transportaron las mascarillas desde China.

De cuatro a ocho millones en 38 minutos

Uno de los elementos que ha centrado la sesión de este miércoles ha sido el hecho de que el contrato adjudicado por Puertos del Estado se duplicara en solo 38 minutos de cuatro hasta los ocho millones. Según la Fiscalía, ese es uno de los indicios del control que la trama ejercía sobre el Ministerio. Sobre este extremo, el secretario general de este ente ha admitido la influencia de Aldama en este cambio, que permitió que se multiplicaran los ingresos de la empresa de la trama.

Sánchez Manzanares ha señalado que cuando transmitió al empresario que el pedido inicial para la compra de mascarillas era de cuatro millones de unidades, el comisionista le indicó que eso no era posible porque tenían un avión preparado en Lisboa para traer ocho millones. Quien fuera 'número dos' de Puertos le contestó que ellos se debían ceñir a la orden ministerial y que por eso él entendía que Aldama era parte del Ministerio y ayudaba en la coordinación de los aviones.

El alto cargo de Transportes que hizo la previsión de mascarillas que se iban a necesitar también ha confirmado ante los magistrados que fue el entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, que le dijo que “en un primer momento” la intención era comprar cuatro millones de mascarillas.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

Patricia Uriz, que se ha presentado ante el Tribunal Supremo como expareja de Koldo García, ha decidido sólo responder a preguntas de su abogada para indicar que no reconoce los mensajes de wasap en los que hablaba de chistorras, lechugas y soles para hablar de dinero en efectivo. Además, ha subrayado que el dinero recibido desde la sede del PSOE en Ferraz se correspondía con gastos adelantados por Koldo García y por el exministro José Luis Ábalos y siempre iban contra recibo porque el partido en eso era “muy rígido”.

En esta cuarta sesión del juicio que se celebra en el Alto Tribunal por el caso Mascarillas, la mayoría de los testigos relevantes se han acogido a su derecho a no declarar por estar investigados en causas abiertas en la Audiencia Nacional, ha sido el caso del empresario Claudio Rivas. Así, el plato fuerte de la jornada ha sido finalmente Uriz, que ha llegado ataviada con peluca, pañuelo y gafas de sol para no ser reconocida por los medios a la entrada y que no ha sido enfocada ni por la cámara del directo de la Sala del Plenario. Cámara, habilitada para que los periodistas puedan seguir las sesiones desde una sala contigua.

Su interrogatorio, de aproximadamente una hora, se ha dirigido a desmentir punto por punto aseveraciones tanto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como de la Fiscalía, y a denunciar que a fecha de hoy no ha podido tener acceso a sus dispositivos móviles para armar su propia defensa ante la Audiencia Nacional.

Sobre esos mensajes en los que participaba junto a su entonces pareja y en los que según la UCO se hablaba de efectivo que la trama pudo recibir como contraprestación a esos contratos de mascarillas, ha declarado que tras verlos en los informes no se reconoce y “no encajan” con su manera de escribir o hablar. Además, entiende que dado que se mandaba más de 200 mensajes diarios con Koldo García, “puede faltar algo” de la conversación que los descontextualice. “Además, tenía dos móviles Koldo, y era complicado seguir las conversaciones”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que ella trabajaba como secretaria para el Ministerio de Transportes en la época en la que estuvo al frente del mismo Ábalos, y que se encargaba tanto de los gastos domésticos como de los que realizaba Koldo García. En esa segunda partida ha incluido gastos del propio ministro que adelantaba el asesor. Y ha puesto como ejemplo que llegó a pagar la pensión del hijo de Ábalos porque a la entonces mujer de éste, Carolina Perles, “no le hacía gracia” que se abonaran esas partidas.

Dos sobres: Ministerio y Ferraz

Además, Uriz ha sido preguntada por si entre esos gastos que ella controlaba había alguno referido a dietas del propio Koldo García relacionadas con sus labores para la formación socialista. Ella ha comentado que su entonces pareja hacía muchas horas extras, muchos viajes y, por tanto, pasaba gastos que eran abonados por el PSOE. “Pasaba comidas, gasolina, cafés, viajes, hoteles”, ha recordado, para subrayar que los distinguía de los gastos generados por su actividad del Ministerio y que separaba ambas partidas en dos sobres.

Sobre la mecánica de devolución de esos importes adelantados, ha señalado que entre ella y Koldo García rellenaban una hoja de gastos del partido a la que sumaban los tiques, y que una vez entregados eran cobrados en dinero en efectivo que era entregado en un sobre. Ha recordado que ella mismo pasó alguna vez a recoger esas cantidades, tal y como se incluye en un informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos. Y ha matizado que el Ministerio siempre o casi siempre abonaba gastos por transferencia.

Por otro lado, ha explicado que también se encargó de comprar el tabaco para el exministro, de llevarle trajes a la tintorería, de reservar viajes (“buscaba siempre el más económico”) o de asuntos más personales como elegir regalos para amigas de Ábalos. “¿Esto de adelantar gastos era tónica habitual con el exministro?”, le ha preguntado la abogada Leticia de la Hoz, a lo que ha respondido con un tajante “sí” para posteriormente matizar que si bien la pareja adelantaba ese tipo de compras no siempre llegó a cobrar de Ábalos por ello.

Más allá de esto, ha negado que recibieran dinero en efectivo de Víctor de Aldama, el comisionista encausado como supuesto corruptor del exministro, y ha defendido la legalidad del alquiler de un chalé denominado Villa Parra que la investigación traduce como una posible dádiva que recibió el exministro a cambio de emitir una nota de prensa en la que su ministerio apoyaba el rescate de Air Europa. Uriz ha dicho al respecto que ella se encargó de firmar ese alquiler y que si bien entre Koldo y ella adelantaron parte del pago, Ábalos no les reembolsó esa cantidad. De hecho ha comentado que tuvo una discusión al respecto con el propio Koldo.

El patrimonio

El interrogatorio se ha adentrado entonces en el patrimonio de Uriz con el objetivo de echar por tierra la tesis de la UCO de que la pareja incrementó el mismo en los años de la pandemia fruto de esas comisiones por dar a Soluciones de Gestión los contratos para la adquisición de mascarillas. Ella ha sostenido que de los más de 20.000 euros encontrados en el registro del domicilio de ambos, 13.000 eran ahorros suyos, y ha apuntado que nunca mezcló patrimonio con Koldo García, con el que comparte una hija.

Además, ha combatido la aseveración de los investigadores de que adquirieron una vivienda en Benidorm (Alicante) sin hipoteca, indicando que sí que hubo tal pero que se vinculó a su piso de Huarte (Navarra). Y ha añadido que se puso otro inmueble a nombre de su hija, menor de edad, porque Koldo García no quería que en un futuro entrara en el reparto de su herencia para que no pudiera reclamarla otro hijo previo con el que no tiene relación.

Por último, ha salido a colación de nuevo el nombre de la expareja de Ábalos, Jésica García. Uriz ha recordado que la conoció como “amiga de Aldama” -misma tesis que la sostenida por el hermano de Koldo García, Joseba García-. Además, ha comentado que nunca supo nada de quién pagaba el alquiler del piso en el que residía en Plaza de España y que cuando se refirió en un mensaje a “Puta 1” no era por ella sino por Perles, la exmujer de Ábalos.

El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor Gonzalo de Aldama empieza a dibujar en sus primeras jornadas un boceto del alcance real de la trama que llevó la corrupción al corazón del Gobierno. A la espera de abordar los contratos de mascarillas, en las tres primeras sesiones celebradas esta semana se han acumulado testimonios que apuntalan las tesis de las acusaciones sobre el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. De forma paralela, sin embargo, la declaración de otros testigos ha apuntado las dificultades que tuvo la presunta organización criminal para desplegar su influencia en otros departamentos estratégicos de la Administración. 

Los intentos de la red por extender su esfera de favores a otros ministerios fracasaron al toparse con los procedimientos burocráticos que, en algunos casos, sí funcionaron. El primer ejemplo de este bloqueo afectó directamente a los intereses económicos de Aldama. La investigación detalla cómo Koldo García utilizó sus contactos para conseguir que el empresario se reuniera en junio de 2020 con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo del encuentro era de máxima urgencia para Aldama: lograr el aplazamiento de una deuda tributaria que asfixiaba a una de sus sociedades, Pilot Real Estate. 

Moreno se reunió con el comisionista, pero no tenía competencias directas sobre expedientes de la Agencia Tributaria, así que derivó el asunto a un asesor técnico de su gabinete, el inspector de Hacienda Ignacio Granado. El pasado jueves, en su declaración ante un tribunal de siete magistrados, Granado reconoció que trasladó a la Agencia Tributaria la consulta sobre si esa deuda podía ser aplazada. Pero la presión de la trama fue estéril: no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna en favor de la sociedad, tal y como ha reconocido la Fiscalía en el escrito en el que pide 24 años de cárcel para Ábalos. 

Según Granado, él procedió como en otras ocasiones ante este tipo de peticiones “no habituales, pero tampoco infrecuentes” porque la competencia para esos asuntos no es del Gabinete del Ministerio de Hacienda sino del Gabinete de la Agencia Tributaria. “Me limité a trasladar [el asunto concreto] y al cabo de unos días, cuando desde la Agencia Tributaria me respondieron, yo se lo trasladé a mi superior jerárquico”. Y ahí acabó su gestión sobre el asunto, según el testimonio que prestó bajo la promesa de decir verdad. 

El asunto del aplazamiento de esta deuda evidencia los vaivenes de Aldama en su estrategia de colaborar con la Justicia. En la declaración en la Audiencia Nacional que le permitió salir de prisión en noviembre de 2024 —adonde había entrado por un grave caso de fraude en el sector de los hidrocarburos—, afirmó que Hacienda le concedió el aplazamiento tras la “gestión” con el jefe de Gabinete de la ministra. E incluso fue más allá al afirmar que “al mes o dos meses” acabó dando al alto cargo Carlos Moreno, a través de Koldo García, un sobre con 25.000 euros en una reunión que mantuvieron los tres en un bar de “debajo” del Ministerio de Hacienda. Carlos Moreno, que también declarará como testigo en el juicio, negó en su interrogatorio durante la investigación haber recibido ese dinero. 

El comisionista repitió esta misma versión en un escrito remitido un mes después al Tribunal Supremo y que lleva la firma de su abogado, José Antonio Choclán. “Podrá obtenerse de la Agencia Tributaria el expediente tributario completo relativo a esta mercantil, donde podrá comprobarse la concesión del aplazamiento y su fecha, y su cotejo con las fechas en las que se mantuvieron aquellas comunicaciones”, puede leerse en el escrito, en el que el comisionista trató de reforzar su acusación y aportó como prueba un pantallazo que acreditaría que tiene su número de teléfono guardado en la lista de contactos de su teléfono y su tarjeta de visita. 

Sin embargo, un año después, en su escrito de defensa, el letrado del comisionista mostraba su conformidad con el relato plasmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su escrito de acusación. En ese escrito, el representante del Ministerio Público destaca que Aldama no logró el aplazamiento de la deuda con Hacienda a pesar de las maniobras de la trama. 

El abogado del empresario añadió sobre ese episodio parte de lo recogido en el escrito de la acusación popular, dirigida por el letrado del PP: que Koldo García intermedió con Moreno por esa deuda que había pretendido aplazar previamente sin éxito Aldama por falta de avales. Y que el entonces asesor le habría indicado que debía tener un detalle —25.000 euros— con el jefe de gabinete de Montero por la gestión. 

Pero el letrado de Aldama nada dice en su escrito de lo que sí incluye el del PP, que ese aplazamiento sí habría sido concedido y que “la citada mercantil no figuró en la lista de deudores cerrada a 31 de diciembre de 2020”. Según la acusación popular, la empresa no figuró como morosa “hasta la lista de diciembre de 2021, que recogía las deudas hasta agosto de ese mismo año y en la que figuraba ya la citada sociedad”, Pilot Real Estate. 

Las gestiones equivocadas para Villafuel

El segundo fracaso se evidenció en los intentos de la trama por adentrarse en el sector de los hidrocarburos. Nuevamente, Koldo García orquestó reuniones al más alto nivel, aunque en la ventanilla equivocada. En enero de 2021, el entonces asesor promovió un encuentro entre Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto, y los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, quienes buscaban desesperadamente una licencia de operador al por mayor para la empresa Villafuel. 

Carmen Pano, que compareció esta semana como testigo en el juicio, dijo que fue Aldama quien facilitó que se produjera esa reunión gracias a sus “relaciones” en el Gobierno. Y que Claudio Rivas quedó “encantado” con la cita, en la que llegó a estar en algún momento Koldo García. Esa misma mañana, su hija Leonor González Pano puso cifras al precio que Claudio Rivas había puesto a las gestiones de Aldama. Según ella, abonó al comisionista un millón de euros con contraprestación por sus movimientos en relación con la licencia. 

No obstante, las promesas de la trama chocaron con la realidad administrativa: el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que evaluó la solicitud basándose en criterios técnicos y económicos y que llegó a denegar la licencia formalmente en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera exigida.

En paralelo a esas gestiones y, según el escrito del fiscal, Aldama, que ya hacía meses que buscaba premiar a Ábalos con un chalé por los contratos de las mascarillas, encontró la ocasión ideal para que su socio en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, corriera con la compra de esa nueva dádiva. La fórmula fue la de adquirir el inmueble a través de una sociedad vinculada a Rivas, Have Got Time, de la que era testaferro Leonor González Pano. Y canalizar el disfrute de la vivienda para el entonces ministro por medio de un contrato de alquiler con opción a compra. 

En julio de 2021, Ábalos abonó 7.500 euros como fianza y pago de un primer mes de alquiler. No hizo ningún abono más hasta que en noviembre de ese mismo año y, según la versión ofrecida por la empresaria Carmen Pano en el juicio, madre de la testaferro de Have Got Time, Claudio Rivas se hartó de ver cómo pagaba y pagaba sobornos a cambio de nada y decidió dejar a Ábalos sin chalé.

Villafuel solo logró obtener el título de operador casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos con su propio equipo de auditores y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno de España.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al caso en el que están investigados Aldama y Claudio Rivas por el fraude en los hidrocarburos cifra un millón de euros el dinero invertido por ambos para “comprar la voluntad” de Ábalos. Gran parte de esos fondos se habrían dedicado a la compra del chalé de La Alcaidesa.  

Los enchufes de la 'sobrina' y de la amiga militante 

Con todo, y a pesar de que esos intentos de la trama por penetrar en otros ministerios que no fueran el de Ábalos no fueron efectivos, lo que sí ha quedado acreditado a lo largo de las tres sesiones del juicio es que tanto Ábalos como Koldo García pudieron implicarse en la contratación de dos mujeres vinculadas al ministro en empresas públicas que dependían en última instancia de Transportes. Es el caso de Jésica Rodríguez, con quien Ábalos mantuvo una relación sentimental durante meses. La joven disfrutó de un sueldo de mileurista primero en Ineco y luego en Tragsatec —ambas subcontratadas por Adif— sin tener que trabajar. 

Durante la vista, Joseba García, hermano de Koldo, afirmó que ella se quejaba de una gran carga de trabajo. Sin embargo, la joven declaró que no tuvo que trabajar nada y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y, cuando dejamos de ser pareja, seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Claudia Montes, la segunda mujer presuntamente 'enchufada', esta vez en Logirail, sostuvo que sí trabajó en la compañía dependiente de Renfe, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Enrique Martínez Torres, quien fue director gerente de Logirail para la zona norte, declaró que cuando denunció ante sus superiores que Montes no iba a trabajar a su puesto en Oviedo recibió hasta dos llamadas de Koldo García en las que le “amenazó”, tanto a él como a la directiva de esa filial de Renfe, con que si “se trataba mal a esta señora y que iban a rodar cabezas”.

Por su parte, Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública, explicó que cuando se percató de que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Y afirmó que Ignacio Zaldivar, el responsable de Adif (para el que trabajaba Tragsatec) le indicó que era una orden de la entonces presidenta de ese ente público, Isabel Pardo de Vera, porque había recibido una llamada del ministro Ábalos. Ese extremo fue confirmado por el propio Zaldivar, que apuntó que llegó a recibir hasta dos apercibimientos sobre el asunto Jésica Rodríguez por parte de Pardo de Vera. 

La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, ha reiterado en el juicio que se celebra contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE siguiendo instrucciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Según su testimonio, habría efectuado dos entregas de 45.000 euros cada una.

La empresaria, que ha comparecido como testigo, ha dicho que cuando llegó a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz se limitó a decir quién era y que le comunicaron que la estaban esperando en la segunda planta, pero no ha especificado a qué persona le proporcionó supuestamente ese dinero. A preguntas de la defensa de Koldo García, la testigo se ha mostrado titubeante cuando se le han preguntado detalles concretos en relación con esas entregas. Aldama siempre ha negado que él le pidiera llevar dinero a la sede socialista.

Carmen Pano también ha asegurado que el chalé de La Alcaidesa, en la costa de Cádiz, del que disfrutó el exministro durante varios meses de 2021 fue un “regalo” de Claudio Rivas, un empresario interesado en conseguir una licencia de operador de productos petrolíferos al por mayor para su empresa Villafuel. Y que se trató de una “contraprestación” por su “mediación” para conseguir esa licencia.

Aunque únicamente abonó la renta del mes de julio y la fianza equivalente a dos mensualidades —en total, 7.500 euros—, Ábalos hizo uso del inmueble hasta el mes de noviembre de ese año, cuando llevaba ya unos meses fuera del Ministerio. En ese momento, según Carmen Pano, Claudio Rivas comprobó que las gestiones no fructificaban, así que ordenó el desahucio del ya exministro.

Entre esas gestiones está la reunión que ella y Rivas tuvieron en enero de 2021 una entrevista con Juan Ignacio Díaz Bidart, quien en ese momento era el jefe de gabinete de la entonces Ministra de Industria, Reyes Maroto. En esa reunión, de acuerdo su declaración, también habría estado presente de forma puntual el exasesor Koldo García.

En realidad, ese Ministerio no tenía competencia para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. La competencia en esa materia la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. De hecho, se la otorgó en septiembre de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

La existencia de esa reunión también ha evidenciado una de las contradicciones de la jornada. Ante el tribunal, Carmen Pano ha afirmado que acudió al Ministerio en el vehículo de Claudio Rivas. Su chófer, Álvaro Gallego, ha afirmado, sin embargo, que fue él quien la condujo en su coche a esa cita. Álvaro Gallego ha afirmado también que llevó a la empresaria a finales de 2020 a las “inmediaciones” de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y que ella portaba “una bolsa transparente blanca dentro de una bolsa más grande marrón en la que había tacos de billetes”.

En la sesión de este jueves también ha comparecido su hija, Leonor González Pano, que fue en el pasado pareja de Aldama. Ante el tribunal, la testigo ha afirmado que a pesar de esas gestiones resultaron fallidas, Aldama llegó a recibir un millón de euros de Claudio Rivas, que confió en el comisionista después de que ella le hablara de sus buenas “relaciones” con el Gobierno.

La estrategia del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para camuflar como procesos selectivos ordinarios la colocación de dos mujeres de su círculo íntimo en empresas de la órbita del Ministerio de Transportes se resquebraja ante el peso de los testimonios escuchados en las dos primeras jornadas del juicio.

A las declaraciones de las dos beneficiadas por estos contratos reconociendo que cobraron sin trabajar, se suman las afirmaciones de media docena de cargos de esas compañías que, con mayor o menor detalle, han evidenciado la excepcionalidad de las contrataciones y de la situación de ambas en las empresas públicas en las que recalaron gracias a la influencia del entonces ministro y quien fuera su mano derecha, según la tesis de la Fiscalía. 

La contratación “arbitraria” de ambas en Ineco, Tragsatec y Logirail en la época en la que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes centra la acusación por el delito de tráfico de influencias que las acusaciones atribuyen al que fuera ministro y su asesor. Además, en relación con la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, el Ministerio Público considera que ambos cometieron un delito de malversación porque tenían conocimiento de que fue contratada y percibió salarios de Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros) sin acudir ni un solo día a su puesto. Las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha, ven también un delito de prevaricación en sus contrataciones. 

Frente a estos testimonios, la estrategia de los abogados de Ábalos y Koldo García ha consistido en tratar de que los diferentes responsables de Ineco, Tragsatec y Logirail certifiquen ante el tribunal que hubo entrevistas, que se analizaron sus currículums y que los trámites burocráticos fueron normales, al menos en apariencia. Entre las bazas de la defensa está también tratar de evidenciar la poca entidad y cualificación de los puestos asignados a ambas, donde cobraban apenas el salario mínimo. 

Ante el tribunal, la propia Jésica Rodríguez afirmó que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Por su parte, la militante del PSOE Claudia Montes, la segunda beneficiaria de esos contratos, afirmó que trabajó y mucho en la filial de Renfe Logirail —“más de 80 horas” extras al año—, aunque confesó también que hubo una etapa en la que iba a la biblioteca a coger libros sobre trenes que leía en horario laboral. Dos cargos de la empresa llegaron a confirmar que casi se le expedienta por su absentismo. 

Sobre su llegada a las empresas públicas, Jésica Rodríguez admitió que si acabó en Ineco fue porque el político le recomendó que “cotizara algo” mientras estudiaba. “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada (...). Yo fui con Koldo García a una entrevista y ya”, explicó.

Claudia Montes, por su parte, afirmó que cuando se quedó sin trabajo en 2019 se lo comentó al entonces ministro porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces de un portal de ofertas de empleo. Pero negó que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, enfatizó.

Cargos de empresas públicos

Durante estas dos primeras jornadas de juicio, el tribunal ha escuchado también a una docena de funcionarios y cargos de las empresas públicas que han evidenciado la singularidad de las contrataciones de ambas y de sus trayectorias en esas empresas de la órbita de Transportes. 

Jésica Rodríguez estuvo a sueldo de Ineco durante casi dos años sin ir a trabajar, según admitió ella misma. Su llegada a la compañía no siguió el procedimiento habitual, según reconoció Ana Araceli Arigita, una de las responsables de reclutamiento de Ineco. Ante los magistrados, esta funcionaria explicó que aunque ella misma se encargó de citarla para una entrevista, ese trámite nunca llegó a producirse. “Lo supe a posteriori”, indicó para luego añadir que todo se hizo más rápido de lo habitual en esos procesos de selección.

Después, en la tecnológica nadie se percató del absentismo de Jésica Rodríguez. “A los ojos de Ineco, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa su declaración”, afirmó la actual secretaria general de la compañía, Amparo Monterrey, que trató de justificar que desde el usuario de Jésica Rodríguez se completaron los partes de trabajo y el control horario. La tesis de las acusaciones es que fue el hermano de Koldo García, Joseba, el que se encargaba de hacer esa labor burocrática. Aunque, para él, solo estaba haciendo un “favor” a una compañera. 

Otra de las responsables de Ineco que dirigía el proyecto en el que estaba Jésica Rodríguez, María Dolores Tapia, explicó que en todo caso el responsable de controlar que trabajara era de Adif, que ejercía como cliente. Y que desde Ineco sólo sabían que era un perfil de administrativo, y por tanto, quien llevaba el peso del día a día era del responsable de Adif, en este caso Ignacio Zaldivar. En todo caso, matizó que nunca recibieron incidencia por parte del cliente.

Uno de los testimonios más desfavorables para las defensas fue el de Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública. La funcionaria mantuvo que cuando vio que la mujer a la que le presentaron primero como “sobrina” de Koldo y después como “sobrina” del ministro no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema tanto a sus superiores en Tragsatec como en Adif, que actuaba como cliente en ese caso. 

Según el testimonio de Barbancho, en su empresa le recomendaron que “dejara en paz” a Jésica Rodríguez, algo que nunca le había pasado, mientras que en el gestor ferroviario le respondieron que desde la Presidencia, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, habían pedido que la dejara de molestar.

Sobre ese episodio también declaró este miércoles el ex director de gestión administrativa de Adif Ignacio Zaldivar quien señaló que recibió llamadas en dos ocasiones de la entonces presidenta de Adif en las que le indicaba que el ministro Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez.

Zaldivar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, Alejandro Luzón, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras hablar con responsables de esa entidad no obtuvo respuesta.

También el que fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec admitió ante el tribunal que el problema con Jésica Rodríguez fue que nadie controló o monitorizó su día a día. 

Un puesto “inadecuado”

Respecto a Claudia Montes, los jueces escucharon este miércoles los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada. José Ángel Méndez, que ocupó ese puesto en la época en la que se fraguó la entrada en la compañía, admitió que el correo de la militante socialista llegó a Logirail directamente a través de su matriz, Renfe, aunque a su juicio era un procedimiento relativamente habitual. Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, llegó a justificar incluso el absentismo laboral de Claudia Montes con el argumento de que se la había situado en un lugar “inadecuado”. 

Sobre cómo acabó Montes en Logirail, el expresidente de Renfe Isaias Taboas indicó que recibió su currículum de Koldo García, quien entonces era consejero de la empresa de ferrocarriles y que además le habló previamente del asunto. Él envió ese documento a recursos humanos: “El proceso estándar normal es que recibía un currículum y lo enviaba a recursos humanos de Renfe para ver si era útil. Y en este caso debí hacer lo mismo”.

“Con Koldo, voy nerviosa. Tengo miedo de que me intimide con la mirada”. El juicio del caso mascarillas tiene esos momentos en que se mezclan las frases propias de un programa como el antiguo 'Salsa rosa' y las explicaciones más prolijas sobre los procedimientos de contratación en la Administración pública. El comentario, dirigido a los periodistas antes de su entrada en el Tribunal Supremo, era de Claudia Montes, otra enchufada de José Luis Ábalos que declaró como testigo. Ha participado en varios programas de tertulias televisivas y se ha quedado con el estilo del negocio. Nada mejor que insuflar unas dosis de drama antes de la actuación.

Antes de nada, la conspiración. La prensa preguntó al abogado de Ábalos a las puertas del Supremo a cuenta de qué venían las insinuaciones del día anterior sobre la supuesta relación de Jésica Rodríguez con la prostitución. No dejaban en teoría en muy buen lugar al exministro, que tuvo una larga relación sentimental con ella en la que hubo promesas incumplidas de divorcio de la (tercera) mujer y matrimonio posterior. “Intentamos describir lo que conocemos que existe. Hay datos objetivos que lo atestiguan”, dijo el letrado Marino Turiel. No dijo de qué datos estaba hablando.

La defensa de Ábalos sostiene que Jésica sí conocía al también acusado Víctor Aldama, algo que ella negó. Hasta ahora no ha aportado ninguna prueba de ello. Sólo una deducción. La considera “beneficiaria a título lucrativo”, porque ha declarado ante el tribunal como testigo. “El hecho de que no esté aquí imputada es bastante indicativo de que existe un pacto”, dijo Turiel. ¿Imputada porque Ábalos hizo que le pagaran un piso de lujo, pagado por un socio de Aldama, y le dieran un trabajo que no le obligaba a trabajar? Será que es demasiado pronto para sacar conclusiones.

Después de sus actuaciones televisivas de las que ha dado cumplida información en su página de Instagram, se podía esperar una actuación tormentosa de Claudia Montes. Ella y Koldo García se han cruzado querellas (ella por acoso y él por injurias) tras fracasar los actos de conciliación. No fue para tanto. Sí dio lugar a una intervención un tanto original antes de empezar a prestar declaración. Cuando el presidente del tribunal le hizo la pregunta de rigor que se hace a todos los testigos sobre si conocía a los acusados, Montes respondió que prefería no responder sobre alguien en concreto: “Con Koldo, tengo un tema personal del que no me gustaría hablar porque me trae malos recuerdos”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta lo dejó pasar, porque para qué complicarse más la vida.

Los testigos están obligados a responder en un juicio a todas las preguntas que les hagan acusaciones y defensas. En su ingenuidad, Montes debió de pensar que podía establecer excepciones. El fiscal y abogados intervinientes optaron por no profundizar en ese tema que mencionó la testigo. Tampoco se trataba de hacer sangre.

Muchos medios de comunicación han identificado a Montes como una antigua Miss Asturias, un dato no muy relevante en toda esta investigación judicial. Quizá para insinuar alguna relación sentimental con el exministro, algo que ella siempre ha negado y que no salió en ningún momento de su declaración. Por ser precisos, fue elegida Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años en 2017, dos años antes de conocer a Ábalos.

Montes confirmó que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón y que tuvo con él una relación de amistad: “Me ayudó mucho a culturizarme en el tema de la política”. Tiempo después, le pidió ayuda para encontrar trabajo y recibió enlaces de Infojobs. En realidad, fue mucho más. Contó que Koldo se puso en contacto con ella y le solicitó el currículum. Al declarar, afirmó que Ábalos nunca le dijo que “la había enchufado”. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El fiscal Alejandro Luzón citó un mensaje suyo a Koldo con un agradecimiento: “No os voy a defraudar”.

Montes empezó a trabajar en diciembre de 2019 en Logirail, una filial de Renfe, donde tuvo problemas muy pronto. Afirma que la situaron en una oficina de una estación de tren, donde trabajaba sin ordenador “de cara a la pared”. Ante su escasa actividad, fue a una biblioteca para coger libros sobre trenes con los que ampliar conocimientos.

Lo peor vino después. El director gerente de Logirail, José Ángel Méndez, le abrió un expediente por faltar más de ocho días al trabajo, ausencia que ella negó. Montes tuvo una suerte bárbara porque Méndez fue relevado al poco tiempo y su sustituto cerró el expediente sin sanción. ¿Casualidad o causalidad? El directivo prefirió no expresar ninguna sospecha.

A las extrañas relaciones laborales que rodean al universo de Ábalos hay que sumar lo que dijo Claudia Montes: “Desde el principio, (Koldo) me dijo que era mi jefe”. Koldo García no trabajó en ningún momento en Logirail, pero era miembro del Consejo de Administración de Renfe por decisión de Ábalos. Cuando nombras a tu asistente personal, con experiencia anterior de guardaespaldas y chófer, como consejero de Renfe, está claro que no vas a permitir que tus recomendadas tengan problemas en el trabajo.

Algo debió de pasar que no fue bien explicado y que quizá tuvo que ver con Koldo García, según las denuncias que ha hecho Montes en televisión, porque finalmente fue despedida: “El despido me llegó por burofax cuando estaba de baja por acoso”.

Hubo tiempo para otra pregunta inesperada. La abogada de Koldo García le preguntó si es “colaboradora de la UCO”. Montes respondió que no, pero luego dijo que había comunicado ciertos “problemas” por irregularidades a la sucesora de Ábalos en el Ministerio, Raquel Sánchez, y hasta a Óscar Puente sin recibir respuesta. Por último, llamó a la UCO, así que algo debió de colaborar.

En el plano positivo para ella, nadie la acusó de ser una prostituta ni de ser una espía de Aldama. Luego apareció en dos programas de Cuatro, uno por la mañana y otro por la tarde, para dar sendas entrevistas. Había que aprovechar el día en Madrid.

Claudia Montes, la militante del PSOE que logró un puesto en la empresa pública Logirail -dependiente de Renfe- presuntamente gracias al 'enchufe' del exministro José Luis Ábalos, ha indicado que cuando se quedó en 2019 sin empleo lo comentó con él porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces. Pero ha negado que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, ha enfatizado.

La testifical de Montes era, en realidad, el plato fuerte de esta segunda jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro, contra su asesor y contra el comisionista Víctor de Aldama, y más después de que este martes Jésica Rodríguez, quien fuera pareja de Ábalos, declarara que no llegó a trabajar en hasta dos puestos a los que llegó gracias a la mediación de novio y de su asesor.

Montes, en cambio, ha “jurado y prometido” ante los magistrados que trabajó y mucho en Logirail -“más de 80 horas” extras al año-, que no estuvo a punto de ser expedientada por no personarse durante días en su puesto y que sí fue objeto de una disputa interna entre jefes porque los dos la querían en su equipo. Dado que quien ganó la pugna por ella le ubicó en una oficina en la que no había ni escritorio, optó por irse a una biblioteca a coger libros para leer. Ante ese detalle, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, se ha interesado antes de despacharla si esas estancias en la biblioteca eran durante su jornada laboral, y ella se lo ha confirmado: “Leía libros referentes a trenes, quería saber todo lo referente a los trenes”.

Previamente, y tras ser preguntada sobre si conocía a los imputados, Montes había explicado que con Koldo tuvo “algo personal” que prefería no recordar y que con Ábalos estaba unida por la amistad que les unió en mayo de 2019 (coincidieron en un mitin en Gijón y desde entonces la ayudó a “culturizarse en la política”) y por “una relación virtual” que se materializó a través de mensajes y llamadas.

Los enlaces de Infojobs

Fruto de esa amistad forjada en la política regional, Montes le transmitió a su amigo el ministro que necesitaba trabajar. Éste le pasó un par de enlaces con ofertas y ella 'bicheó' en internet y comprobó que Logirail era una empresa “pujante” que estaba “subiendo mucho” y decidió presentar su candidatura a encargada porque tenía experiencia en ese puesto. Tras dos entrevistas y después de optar por medio de Infojobs, le cogieron. Si bien ha afirmado que ella presentó candidatura, también ha admitido que le mandó su currículum a Koldo García, quien por entonces suponía que era su jefe habida cuenta que era consejero de Renfe.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado entonces por un mensaje en el que indicaba a Koldo García que le encantaba su trabajo y que no les iba a defraudar, pero ha ella ha matizado que por entonces ella no sabía “si habían hecho algo por detrás”. “Ábalos nunca me dijo oye te he enchufado, nunca me lo dijo”, ha enfatizado.

La felicidad en su puesto de trabajo se vio truncada por desavenencias entre sus superiores y entonces volvió a comentar con su amigo Ábalos que la tenían en un puesto “de cara a la pared”. “Y no sé si intermediaron pero la situación era injusta, sin ordenador y sin poder hacer nada”, ha recordado para luego indicar que en esa etapa fue cuando decidió irse a la biblioteca de Oviedo para aprovechar y coger libros para leer. “Yo cumplía igual, iba en mi horario laboral”, ha subrayado.

El proceso disciplinario

Previamente, los jueces habían escuchado los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada Claudia Montes, que han mostrado versiones contrapuestas sobre el desempeño profesional de la mujer. José Ángel Méndez, que fue director gerente de Logirail hasta febrero de 2020 ha asegurado que llegó a iniciar un proceso disciplinario contra ella tras ser informado de que no iba a trabajar.

Ante el tribunal, Méndez ha explicado que el convenio de la compañía establece que la ausencia durante al menos ocho días se considera una falta grave que puede acarrear el despido y que por eso activó el mecanismo disciplinario. No obstante, fue cesado antes de que el expediente se llegara a abrir y su sucesor, Óscar Gómez Barbero, tomó la decisión de no seguir por esa vía.

De hecho, cambió a Claudia Montes de puesto porque consideraba que ni el lugar de trabajo ni las condiciones que se le habían asignado eran adecuadas. Ante los jueces, Gómez Barbero ha llegado incluso a justificar su absentismo dado que el lugar donde se la había ubicado era “inadecuado” para prestar un servicio de lujo, como el tren turístico.

Gómez Barbero, que tras su salida de Logirail fue nombrado directivo de Renfe, ha defendido que no recibió indicación alguna de Ábalos o de Koldo García sobre cómo proceder en relación con Claudia Montes, si bien la tesis de las acusaciones es que la mujer consideraba a ambos como sus “verdaderos jefes”, ya que el exasesor se ocupaba de resolverle cualquier problema laboral. Entre los favores que supuestamente logró para ella, destacaría conseguir su traslado de la oficina de Santiago de Compostela a la de Oviedo, para que estuviera más cerca de su lugar de residencia en Gijón, lograr que le prorrogaran el contrato laboral y paralizar un expediente disciplinario.

Amor significa no tener que decir nunca 'lo siento', se escuchaba en esa lacrimógena película que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea.

En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama.

Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol.

El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones.

Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama.

Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no.

Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?”. Hubo murmullos, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”.

Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes.

No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa.

La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”.

En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda.

Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera.

Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”.

No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos.

Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado.

Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro y que han centrado la primera sesión del juicio contra el que fuera ministro de Transportes, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que la mujer fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”.

Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”.

Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo.

Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes.

A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado.

En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar.

Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día.

Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos.

El alquiler de lujo en el centro de Madrid

Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado. 

“Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”. 

Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes.

En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado.

Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas”

“¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo.

Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

Los jueces del Tribunal Supremo que juzgan al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado.

La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal.

Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional.

El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”.

Otro de los testigos de la primera sesión ha sido Joseba García, hermano de Koldo García, se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas de Fiscalía al constar como investigado por la Audiencia Nacional, sí que ha respondido a preguntas de su abogada. En un largo interrogatorio ha explicado que si bien él no era jefe en Ineco de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos que fue contratada en dos empresas públicas gracias a la intermediación del exministro, sí que eran “buenos compañeros” y que le constaba que ella sí que trabajó porque se cruzaron mensajes sobre la carga de trabajo que tenían.

Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos. 

Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez.

Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación.

Esto lo llegó a hacer en dos ocasiones. En cuanto al viaje de Benidorm a Valencia en el que fue interceptado por la Guardia Civil cuando portaba un sobre para el exministro Ábalos, Joseba García ha explicado que si bien no estuvo presente en el registro de la furgoneta que conducía, cuando le devolvieron las llaves sí que pudo constatar que el sobre que llevaba a nombre del exministro había sido abierto.

A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose.

Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido.

Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.

La misma semana en la que se juzga el Caso Kitchen la casualidad ha querido que entremos de lleno también… en otro juicio, que afecta al PSOE, al Gobierno, y que es más reciente: el caso Koldo, que es también el caso Ábalos y es, a su vez, el caso mascarillas. Desde febrero de 2024 las investigaciones han desvelado que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Juntamos todas las piezas de este caso con la narración de los periodistas de elDiario.es Elena Herrera y Javier Lillo. Podemos escuchar audios procedentes de las declaraciones en sede judicial, escuchas que se han encontrado en los teléfonos y declaraciones públicas de los protagonistas. Vamos a contar también con material de archivo de este podcast. Te dejamos también un documental en vídeo para ampliar la información que contamos en este episodio.

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'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas

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Desconfíen de quienes alardean de tener muchos principios; aplicarán uno diferente en cada ocasión. Lo mismo sucede con el proceso penal: le bastan unos pocos principios básicos, que caben en un artículo de la Constitución, así que desconfíen de los procedimientos que aplican normas especiales. El proceso es la garantía, y el manoseo de sus normas tiende a subvertir su naturaleza; tanto, que a veces desaparece para convertirse en una penosa sucesión de actos previos a una condena anunciada.

Ya tenemos aquí el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama. Se le ha llamado el juicio de las mascarillas porque, en efecto, el origen de la imputación gira en torno a unos contratos públicos de suministro de mascarillas firmados durante la pandemia. Según la acusación, unos empresarios pagaron a Koldo y a Ábalos para promover que organismos del Ministerio de Transportes compraran el material. El relato ofrece elementos turbadores, como la ubicua presencia de Koldo arrastrando su perfil lombrosiano entre bastidores, pero se formula de manera confusa y ofrece esquirlas de debilidad: parece deducirse que los empresarios sobornaron para tener información privilegiada que les permitiera presentar una mejor oferta, pero que no pagaron para conseguir los contratos. En coherencia con dicha tesis, la Fiscalía no verá malversación en estas adjudicaciones: no habría existido perjuicio para el patrimonio público. Aldama, que ganó más de tres millones y medio de euros con estos contratos, no tendrá que devolver este importe a las entidades contratantes. Por si fuera poco, la acusación no encuentra el dinero del soborno, que aparece muy a cuentagotas; se ignora cuánto pudo haber recibido esta extraña pareja por facilitar la contratación.

Cuando los malos cocineros advierten que el plato les ha quedado escaso, lo rellenan de guarnición. Como la compra de mascarillas resulta algo insulsa, comparece en juicio sepultada en una salsa hedionda emulsionada con un conjunto de corruptelas, toscas y cutres, que parecen sacadas de una película franquista de bajo presupuesto: Ábalos colocó a su novia en una empresa pública que no pisaba; le puso un apartamento pagado por un empresario amigo; pasó unos días en Marbella invitado por otro; consiguió aplazar la deuda tributaria de una empresa de Aldama; otro empresario interesado en una licencia de hidrocarburos le ofreció en alquiler un chalet en La Línea; se repartía con Koldo diez mil euros al mes de coimas... Esta guarnición apesta a podrido. De ser ciertos, son hechos bochornosos, políticamente demoledores, que mueven tanto a la indignación como a la vergüenza ajena. Con todo, no nos engañemos, no alcanzan la gravedad que se esperaba: los millones no aparecen. Una corrupción de libro, o más bien de cómic, que cumple el objetivo buscado: en la resolución donde el instructor, Leopoldo Puente, concluye la investigación y hace un relato de los hechos, mencionará ya los contratos de mascarillas en último lugar. Para cuando el lector llega a ese capítulo, está asqueado de sinvergonzonerías.

Conociendo el menú que será enjuiciado, veamos el procedimiento que se ha seguido, porque aquí el Tribunal Supremo empieza a desafinar. Estas disonancias provienen del uso simultáneo de dos instrumentos procesales que alteran el normal desarrollo de un proceso: la formación de piezas separadas y el aforamiento. La combinación de ambas figuras ha originado un estropicio difícil de arreglar.

El juicio que comienza en el Tribunal Supremo nace como una hijuela de un procedimiento tramitado ante el antiguo Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, al que había correspondido la querella de la Fiscalía por la compra de mascarillas. Al desprenderse indicios contra un aforado, el juez remitió la causa al Supremo, órgano que adoptó entonces una extraña decisión: no investigaría a todos los implicados sino solamente a Ábalos, único aforado, aunque a la postre incluyó también a Koldo y Aldama. Pero esto no se puede hacer, y además es imposible, porque los jueces no investigan personas, investigan hechos.

De aquí proviene el grave desajuste que lastra este proceso: a partir de entonces, tenemos dos tribunales investigando los mismos contratos de mascarillas: uno a los políticos corruptos (Tribunal Supremo) y otro a los empresarios corruptores (Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional). Koldo, por estar en medio, seguirá imputado en ambos sitios. El vodevil se complica porque, en su expansión, el Supremo también analizará supuestas gestiones para favorecer la concesión de una licencia de comercialización de hidrocarburos, hechos investigados en el antiguo Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional. Una locura. Cuando un informe de la UCO quiso advertir irregularidades en la contratación de obra pública del Ministerio de Transportes, amenazando con eternizar la investigación, el Supremo puso pie en pared: abrió una pieza separada para dejar este tema aparcado y no juzgarlo ahora, para no hacerlo nunca.

En definitiva, el órgano sentenciador ha diseñado un artilugio para definir cuidadosamente el alcance objetivo (hechos) y subjetivo (acusados) del juicio que celebrará.

Las consecuencias son devastadoras: el Tribunal Supremo analizará si ciertos políticos fueron corrompidos por empresarios; juzgará a los políticos, pero no a los empresarios. Se dispone a decidir si urdieron con directivos de ADIF la contratación en falso de la novia del ministro; juzgará al ministro pero no a los directivos. En una muestra de cierto cinismo llamará a estos empresarios y directivos a declarar como testigos, después de mantenerlos al margen del procedimiento, convocándolos a declarar bajo juramento. No podrán hacerlo; están imputados en la Audiencia Nacional. El Supremo no los juzgará, no escuchará a sus abogados, no les dará oportunidad de defenderse; sin embargo, como ustedes comprenderán, una condena a Ábalos los condena también a ellos, porque si el Supremo advierte delito en la trama y ellos son parte de la misma, no habrá tribunal que los absuelva.

Lo propio sería que el Tribunal Supremo, ahora que Ábalos ha cedido el foro, devolviera el asunto a su juzgado de origen; ninguna ley lo impide. Pero no lo hará; urge celebrar el juicio. Ello explica, de paso, la acelerada y superficial instrucción del asunto, confiando prácticamente el esclarecimiento de los hechos a la palabra de Aldama. Por poner un ejemplo, el magistrado sostiene que está “plenamente justificado” que los acusados consiguieron el aplazamiento indebido de una deuda tributaria; el fiscal nos dirá que “no llegó a producirse”. ¿Tan difícil era aclararlo antes del juicio?

Seamos realistas: para averiguar la verdad de lo sucedido, habría que investigar bastante más y juzgar a todos los implicados juntos; pero para condenar a Ábalos y Koldo, no es necesario. Estamos ante un juicio de objeto delineado y, en esta medida, orientado a un desenlace. Y el desenlace es la condena de esta pareja.

Para este pronóstico no es necesario leer entre líneas las decisiones del Tribunal; basta leer las líneas mismas. En una resolución de octubre del pasado año Leopoldo Puente mostraba su estupor por que Ábalos siguiera siendo diputado; su estupor constata la demolición del principio de presunción de inocencia. Que un inocente sea diputado no debería llamar la atención nunca, pero al Supremo le espanta porque lo tiene por culpable. Cuarenta días después de aquella resolución, el mismo instructor estupefacto decidió meterlo en prisión, junto con Koldo, aclarando que los encarcelaba porque el juicio se acercaba, las penas a que se enfrentan son estratosféricas y la inminente condena será irrecurrible, firme y de inmediato cumplimiento, que ya ven ustedes los beneficios de este privilegio al que llaman aforamiento, que te deja sin recurso.

Pero el estupor del magistrado denotaba algo más profundo y oscuro, que es el sueño de soberanía que aqueja a ciertas magistraturas: es el estupor de un dios atónito al ver que su palabra no tiene poder omnímodo. Es inevitable vincular el precipitado arrojo del Supremo contra Ábalos y Koldo a este deseo de reivindicarse frente a otro poder del Estado. Coincidiendo con el ingreso de Ábalos en prisión, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura aprovechaba la clausura de su congreso para insolentarse con el ministro de Justicia: “nos vas a tener de frente”. Ahí lo tienen. “Deseo que tus reformas duerman el sueño de los justos”, añadió. Ya no parece escandaloso que los jueces critiquen las leyes que han de aplicar, cuestionando la voluntad popular que las impulsa, crítica que antecede a su desobediencia o, en su caso, a una aplicación tan restrictiva que desnaturaliza la decisión del legislador; así ha pasado con la ley de amnistía. Quieren hacer ellos las leyes. Les recomiendo el documental “Justicia capturada” para que vean, en la experiencia de Rumanía, cómo sería un poder judicial sin ningún contrapoder: se convertiría en una camarilla de cofrades, donde ascenderían los amigos y se condenaría a los enemigos; si no les gusta la palabra mafia, quédense con que se parecería a una federación de fútbol. La asociación judicial mayoritaria en los jueces, y también en el Tribunal Supremo, está enfrente del gobierno, y eso explica muchas cosas.

En fin, estos jueces no creen en la presunción de inocencia; al menos, que no se crean que somos todos unos inocentes.

El Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”.

Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024.

Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos. 

22 de mayo de 2017

Ábalos, clave en las primarias del PSOE

José Luis Ábalos es uno de los coordinadores de las primarias que Pedro Sánchez gana a Susana Díaz y Patxi López. El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García.

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25 de octubre de 2017

Ábalos contrata a Koldo García como chófer

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Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda.

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1 de junio de 2018

Ábalos defiende la moción de censura

Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos.

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7 de junio de 2018

Ábalos es nombrado ministro de Fomento

Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor.

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31 de agosto de 2018

"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje.

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4 de febrero de 2019

Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

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Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

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1 de marzo de 2019

Ábalos coloca a su pareja en Ineco

Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar.

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Ábalos coloca a su pareja en Ineco

28 de marzo de 2019

Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros.

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18 de octubre de 2019

La primera mordida: "Grandu 11500"

La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500".

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21 de marzo de 2020

Primer contrato de mascarillas

Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes.

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8 de agosto de 2020

La nota de prensa sobre el rescate

El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores".

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La nota de prensa sobre el rescate

14 de agosto de 2020

"Esto sale gratis por las molestias generadas"

La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé.

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10 de junio de 2021

Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé.

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10 de julio de 2021

Sánchez cesa a Ábalos como ministro

El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán.

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9 de diciembre de 2021

Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre.

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Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

10 de marzo de 2022

Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado.

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22 de abril de 2022

La Fiscalía empieza a investigar

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023.

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21 de febrero de 2024

La UCO detiene a Koldo García

VÍDEO

La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán.

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La UCO detiene a Koldo García

23 de octubre de 2024

El cerco se estrecha sobre el exministro

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal.

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21 de noviembre de 2024

Aldama confiesa y sale de la cárcel

Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión.

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12 de diciembre de 2024

Ábalos declara por primera vez en el Supremo

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Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones.

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Ábalos declara por primera vez en el Supremo

3 de noviembre de 2025

El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

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19 de noviembre de 2025

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos.

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27 de noviembre de 2025

Ábalos y Koldo García entran en prisión

El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen.

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7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. El 28 de abril declararán Ábalos, Koldo García y Aldama.

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