Jésica Rodríguez, quien fuera expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, magistrado que instruye el caso Koldo en este tribunal especial. Ha llegado ataviada con peluca, mascarilla y gafas de sol pere evitar que las cámaras de los medios de comunicación congregados pudieran captar una imagen clara de su rostro.

Rodríguez, que fue imputada por el juez el pasado 3 de junio, ya depuso en calidad de testigo durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas que acabó en una condena de 24 años para el exministro. Ya entonces reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que Ábalos era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García. Los contratos se firmaron en dos empresas públicas sunbcontratadas por Adif: primero en Ineco y después en Tragsatec. “Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”, indica la sentencia. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

Este lunes también han sido citados en calidad de investigados el hermano de Koldo García, Joseba García, e Ignacio Zaldívar, por esos contratos de Jésica Rodríguez. Ambos se han acogido también a su derecho a no declarar, si bien el hermano de Koldo García ha querido aclarar que él no conocía a la expareja de Ábalos antes de que fuera contratada en Ineco. Empresa para la que también él prestaba servicios.

Zaldívar señaló ante el Supremo en el juicio que en hasta dos ocasiones recibió llamadas de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera -investigado por la Audiencia Nacional-, en las que le indicaba que el ministro José Luis Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez -su pareja sentimental-.

Zaldívar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez, o más bien para el que no trabajaba porque ella confesó que a pesar de firmar contrato no llegó a hacer nada. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras comunicarse con responsables de esa entidad no obtuvo “feedback”.

Según comentó, tras esos incidentes él anotó en sus tablas 'Presidencia' al lado del nombre de Jésica Rodríguez para tener controlado que se trataba de una trabajadora “especial” y encuadró en la normalidad que tras finalizar el contrato de la novia de Jésica en Ineco le pidiera el currículum para que pasar a Tragsatec.

El informe patrimonial relativo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluye que el político navarro pudo manejar “una posible fuente de ingresos no declarada”. Llega a esta conclusión por varios motivos. Uno es el ingreso 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Otro es que redujo el uso de la tarjeta o de las disposiciones de efectivo en cajero desde 2019 coincidiendo con “la etapa ministerial” de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona. Y otro más son los ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su pareja Patricia Uriz “para abonar las cuotas del renting de un vehículo”.

El documento, de más de 160 páginas ha sido entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas. En el mismo, indica el Instituto Armado que “han observado indicios que apuntan a esa posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” para Cerdán y que se han reforzado los indicios previos de que el político y su entorno “se lucró” con fondos que encuentran origen en las mercantiles Servinabar, Erkolan y Noran.

La primera mercantil es en la que, según una nota hallada en el domicilio del empresario Antxon Alonso, Cerdán habría tenido participaciones, algo que el político siempre negó porque alega que finalmente se decantó por seguir en política y no adentrarse en el mundo empresarial cuando s elo propuso su amigo Antxon. La UCO resalta ahora que Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios entre 2015 y 2024 de al menos 323.178 euros” recibidos desde esa mercantil que los investigadores ubican en el epicentro de la trama de amaños. E insiste en que los fondos de Servinabar estaban puestos a “plena disposición” de Santos Cerdán. Esos 323.178 euros incluyen nóminas percibidas por ejemplo por la mujer de Cerdán, que trabajó para esa consultora navarra radicada en Pamplona.

En este sentido, la UCO destaca además que Cerdán y su familia obtuvieron los mayores beneficios entre 2019 y 2023, periodo en el que se enmarca la “etapa ministerial” de Ábalos en la que la constructora Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas. El Instituto Armado considera necesario que el juez le dé permiso para seguir indagando en el patrimonio de la familia de Cerdán, y por eso solicita poder acceder a la información financiera tanto de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, como de su hija, su hermana y su cuñado “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Sevinabar”.

A los indicios que sustentan la tesis de la UCO de que existió esa fuente de ingresos opaca, suma que el político liquidó gastos con el PSOE y con el Congreso “por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados”.

El primer instructor que tuvo la causa contra Cerdán, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, elaboró una tesis inusual en el auto con el que envió al ex secretario de Organización a la cárcel, en noviembre de 2025. Según Puente, si Acciona, el principal corruptor de la trama, obtuvo 537 millones de euros en adjudicaciones sospechosas, los investigados se podrían haber llevado un 1% si se atiende a lo que el magistrado considera habitual en este tipo de tramas.

En total, 5 millones de euros, una cifra muy alejada de los 18.000 euros o de los 300.000 euros recibidos desde Servinabar que la UCO ha localizado a Cerdán. Por otra parte, Acciona, señalada como el principal corruptor, sigue desde entonces sin ser investigada como persona jurídica.

Los bienes de Cerdán

A lo largo del infome de la UCO se relata que del análisis conjunto de la información tributaria aportada tanto por la Agencia Tributaria como por la Hacienda Foral Navarra, consta que Cerdán es propietario junto a su mujer de “un solo inmueble ubicado en la localidad de Milagro (Navarra)”, donde reside actualmente. Y a esa casa añade que en la actualidad tiene en propiedad un Volvo XC60.

Sobre los ingresos en cuentas tituladas por el expolítico y su mujer en el periodo investigado, la UCO indica que entre 2014 y 2025 han sido cuantificados en 1,12 millones de euros, de los que 830.000 euros fueron abonos de nómina.

En otro bloque del atestado, los investigadores analizan los ingresos percibidos por Cerdán en concepto de gastos, dietas y kilometraje procedentes del Congreso de los Diputados, del PSN y del PSOE. De la cámara baja percibió entre 2020 y 2025 un total de 40.928,80 euros en concepto de kilometraje. Del PSN, el político habría recibido en concepto de liquidación de gastos 27.843,23 euros entre 2014 y 2017. Del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2025 le fueron abonados un total de 95.007,36€, tanto mediante transferencia como en efectivo.

Sobre el efectivo, la UCO dice que Cerdán recibió 84 abonos, una cantidad total de 30.797,38 euros. A eso suma 92 transferencias para la liquidación de gastos que suman un total de 64.209,98 euros. Y apunta que ha detectado discrepancias entre la información aportada por el PSOE y la información bancaria de Cerdán.

Sobre esas liquidaciones del partido, la UCO se para en una transferencia que ingresó Cerdán de 1.816 euros en junio de 2016. Entiende que se abonaron al político desde el PSN dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que le fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de una tal 'Edi', y que no constan en la información aportada por el PSOE.

“La asignación mensual de Francisca Muñoz”

Por otro lado, los investigadores deslizan en su informe que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, pudo ser contratada por una empresa vinculada con Antxon Alonso un día después de la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 para que “bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros”.

Otro punto en el que se para es en una conversación de Antxon y su esposa en la que le traslada que Cerdán estaría interesado en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000 euros. La UCO considera que se produjo una “tentativa de la compra de una vivienda valorada en aproximadamente un millón de euros, ubicada en calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid” meses después de haber sido nombrado Cerdán secretario de Organización del PSOE.

La UCO explica que se ha podido evidenciar que Cerdán y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores el inmueble y que hicieron una oferta a la baja, 900.000 euros. Esa oferta fue rechazada y finalmente tras varias visitas en las que intervino Alonso se fijó el precio de 985.000 euros. Pero finalmente esa compra fracasó por discrepancias con el tiempo de entrega por parte de los vendedores. Los investigadores consideran que ese piso fue“ un intento fallido de que Servinabar realizara para Cerdán la compra de un inmueble en Madrid por importe cercano al millón de euros”. “Pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”.

La abogada Leticia de la Hoz ha declarado este martes como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Es una de las tres abogados imputados en esta causa en la que se investiga una presunta trama coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos cerdán para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. A lo largo de una hora y media de interrogatorio, De la Hoz ha negado haber intentado sobornar a la empresaria Carmen Pano a cambio de que no corroborara en sede judicial entregas de dinero en la sede del PSOE de Ferraz. Y ha enmarcado esas afirmaciones en una suerte de venganza de la empresaria por desavenencias en negocios de hidrocaburos. Además, ha enfatizado que ella nunca cobró ni directa ni indirectamente del PSOE, ni la formación se ofreció a pagar la defensa de su representado, el asesor ministerial Koldo García.

El pasado 29 de junio, Carmen Pano, la empresaria que defiende haber entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE en hasta dos ocasiones (90.000 euros en total), señaló en su declaración testifical ante el juez que investiga el caso Leire que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció pagarle la boda de su hija Leonor (25.000 euros), un alquiler a lo largo de 5 o 7 años a razón de 2.500 o 2.700 euros al mes, y comprarle un coche a su amigo (que le hacía las veces de chófer) Álvaro Gallego por 15.000 euros: un total de 250.000 euros. Sostuvo que le dijeron que venían en nombre del “partido” y que el ofrecimiento era a cambio de que no ratificara en sede judicial esas entregas de dinero en Ferraz.

La versión de la letrada De la Hoz es que Pano acudió a su despacho de abogados porque también actúa como consultoría. Pano acudía, sin aclarar a quién representaba, por un negocio de hidrocarburos, pero cuando aclaró que compañía estaba detras, desde la consultora de De la Hoz se le informó de que esa compañía estaba investigada por fraude del IVA, según la investigada. También ha dicho que después de esa reunión le prohibió la entrada en el despacho.

Sobre la reunión de la supuesta oferta para que cambiara su versión, Leticia de la Hoz ha admitido que llamó a un fiscalista de su despacho y puso el manos libres pero que lo que este le trasladó no fue una oferta sino la aclaración de que si Pano cobraba comisión del negocio de hidrocarburos debía pagar impuestos por lo que obtuviera, algo a lo que se negaba.

Leticia de la Hoz ha intentado regresar una y otra vez sobre la filtración de unas informaciones que señalaban a su defendido, Koldo García, como un maltratados y que ella atribuía, sin género de dudas a la UCO. La insistencia de De la Hoz en esas filtraciones radica en que explicaría cuál ha sido su único enfrentamiento con la Unidad Central Operativa, distinto de la estrategia comandada por Leire Díez en un grupo asentado para atacar a la Guardia Civil, algo de lo que la abogada imputada se ha desmarcado por completo.

Las fuentes jurídicas presentes en la declaración de De la Hoz señalan que la fiscal del caso se ha interesado por los contactos de la abogada con Leire Díez y que ha insistido en conocer quién le pagaba a ella los honorarios por la defensa de Koldo García. De la Hoz se ha acogido a su reserva como abogada para determinar quién le pagaba pero sí ha explicado que “jamás” ha cobrado del PSOE, de hecho ha explicado que ni siquiera era simpatizante de esa formación.

Asimismo, ha tachado a Pano de “mentirosa compulsiva” y ha incidido en que la empresaria trató de cobrar una comisión de 10.000 euros de manera irregular y de involucrar al despacho de De la Hoz en un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Para apuntalar su carácter embaucador, la investigada ha trasladado que Pano le dijo que padecía un cáncer y le quedaban “unos meses de vida”. Fue en febrero de 2025. De la Hoz también ha dicho que Pano tiene una relación con algunos medios de comunicación que incluyen transacciones económicas.

La violencia de género

Otras fuentes jurídicas consultadas han señalado que en un momento del “tedioso y aburrido” interrogatorio la letrada se habría explayado sobre una conversación por wasap entre ella y Leire Díez que recoge un informe de la UCO. Según los investigadores, el 9 de mayo de 2025, el día después de que se publicara una noticia titulada 'Un juez abre diligencias contra Koldo por “vejaciones” a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO' la abogada se puso en contacto con Leire Díez para compartirle la misma. Le añadió el comentario 'lo fuerte es que la UCO sea quien denuncia, filtre, sea juez y parte... todo a la vez... y las partes no importan, ya investigan filtran juzgan y condenan ellos solos, no necesitan ni a las partes!!'.

Además, la abogada le habría indicado a Leire Díez que le pasara esa noticia “a Mercedes a ver qué opina”. La exmilitante le respondió que se lo acababa de pasar y que se había jugado una comida con ella a que las filtraciones provenían de la UCO. Esa Mercedes, según el relato de la Unidad Central Operativa de la era Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, también investigada en esta causa.

La abogada, que ha intentado presentar a Pedraz varias noticias y documentos audiovisuales finalmente ha acabado leyendo algunas publicaciones ante Pedraz para sostener que diferentes noticias y programas de televisión en ese periodo hablaban de que la filtración provenía de fuentes de la Guardia Civil y que eso es lo que trasladó a la exmilitante en su conversación.

En cuanto a la aproximación que hizo la abogada al empresario Antonio Rodríguez Estepa, ha explicado que solo le solicitó dos denuncias que éste había presentado contra la UCO, pero que no le solicitó información comprometedora o falsa del Instituto Armado con el fin de atacar el prestigio de ese cuerpo policial. Esta versión concuerda con lo que declaró la semana pasada el propio empresario que indicó ante el juez en calidad de testigo que él solo aportó esas denuncias a De la Hoz. Los investigadores sospechan que la trama pudo acercarse a él para obtener información que fuera perjudicial para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Era 19 de enero de 2021. Koldo García acababa de comer cuando recibió un 'wasap' del constructor José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). “¿Has hablado con la jefa?”, le preguntaba. A los cuatro minutos, el asesor del Ministerio de Transportes, la 'mano derecha' de uno de los ministros con más poder en el Ejecutivo de Pedro Sánchez le respondía. “Sí, me prometió que lo tienes lo de Elche”. Esa “jefa” era la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La conversación, que viene recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y que se alargó por días, iba sobre un asunto muy concreto. Pepe Ruz presionaba para que Adif se hiciera cargo del sobrecoste de una obra que había realizado su constructora en Elche. Había ido en UTE con Construcciones Vilor y se había encargado de levantar la estación de AVE en esa localidad alicantina.

La UCO dijo en ese informe, que se conoció en junio de 2025, que la estación comenzó a funcionar en febrero de 2021 y que desconoce “la naturaleza o el objeto de la reclamación” del constructor. Pero añadía que esa conversación y otras que recoge el atestado muestran a las claras que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” para que esta diera adjudicaciones o agilizara reclamaciones como la de Elche.

Por lo que decía Koldo García, esa reclamación en beneficio de LIC era pan comido, porque Pardo de Vera le había “prometido” que así sería. Pero, a juzgar por una reciente sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la realidad no era tal y como se la pintaba el asesor ministerial al constructor. Pardo de Vera no se hizo cargo de ese montante que ascendía a más de 1,55 millones de euros y resolvió desestimar la reclamación. Es más, encargó a los servicios jurídicos de Adif que defendieran esa postura ante los tribunales. La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Míriam Bris, en abril de este año acordó desestimar el recurso que presentó LIC por esos sobrecostes. A pesar de lo que recoge la UCO en el atestado, no parece que Pardo de Vera remara a favor de los intereses de la presunta organización criminal que se investiga o, al menos, no en este caso concreto.

La sentencia recoge, de hecho, el argumento de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses de Adif: “Ninguna de las reclamaciones de la UTE puede prosperar porque el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y la actora no ha acreditado que los supuestos daños deriven de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato”.

Además, el ente público alegaba que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, por lo que la UTE no podía “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”.

La magistrada, en su resolución realiza una lectura de la situación que deja en muy mal lugar a la constructora de Ruz: “Ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar. (…) Las reclamaciones de la actora presentan un carácter heterogéneo y mezclan conceptos contractuales y extracontractuales incompatibles entre sí, lo que impide construir una base jurídica coherente para su estimación”.

Dice más: “Esta confusión se traslada y se refleja igualmente en la prueba. La UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Extremo este que desde el entorno de Pardo de Vera siempre han negado, explicando que en los contratos públicos del administrador de infraestructuras ferroviarias intervienen un gran número de funcionarios, lo que dificulta poder elegir a dedo constructoras.

El caso es que esos esfuerzos del constructor para que Adif se hiciera cargo de los sobrecostes de Elche le venía preocupando desde finales de 2020 a juzgar por otras conversaciones de Ruz con Koldo. Y Koldo transmitía esa preocupación a Pardo de Vera.

“Va a cantar”

A pesar de que en este asunto Koldo García no parece que logró torcer la voluntad de Pardo de Vera, la UCO en su informe añadía otras conversaciones donde sí infieren que entre ambos había complicidad. La expresidenta de Adif consta como investigada en la causa de la Audiencia Nacional en la que el juez Ismael Moreno investiga también al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros, por esos presuntos amaños en obra pública a cambio de mordidas. Las constructoras que están en el punto de mira de la UCO son Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Quizá la conversación más comprometida de Pardo de Vera en esta causa es una que grabó de forma subrepticia el propio Koldo García. Era 18 de noviembre de 2020 y el asesor le solicitó a la presidenta de Adif que llevara a cabo una adjudicación discrecional de una obra en Asturias en favor de LIC.

Si se analiza la transcripción de ese audio, al que ha tenido acceso este diario, se observa cómo Koldo le explica que “Levantina ya ha estado trabajando” con Adif en algunas cosas y le solicita que “por favor” entren en una obra relativa a mantenimiento. Pardo de Vera le explica entonces que esa constructora “no pinta nada en mantenimiento”.

Acto seguido, García le pregunta si tiene alguna licitación ahora, y la expresidenta de Adif le indica que hay una “muy interesante que son 60 millones”. Pero Koldo García quiere que se les dé alguna obra de emergencia. “Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo”, inquiere, ante lo que Pardo de Vera le recuerda que ya les han dado una de 700.000 euros. “Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic)”, indica la expresidenta.

Koldo, antes de finalizar la conversación le explica que LIC podría estar a punto de tener un problema y por eso necesitaba que hicieran “algo durante este mes (ininteligible) para hablar del finiquito”. Ante esa insistencia, el asunto acaba con una frase de Pardo de Vera: “Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic)”.

La UCO explica en su informe que poco tiempo después, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.000 euros.

Otro de los episodios que afecta directamente a Pardo de Vera y que viene recogido en el informe de la UCO ocurrió en enero de 2019 cuando Koldo García envió a la entonces presidenta de Adif un documento en el que aparecía un listado de adjudicatarias con dos subrayados -uno más intenso y otro más tenue-. El asesor le escribió que estaba descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación y le indicó: “Nos a (sic) jodido un poco”. Pardo de Vera le preguntó entonces por el “fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), y el asesor de Ábalos le dijo que era “por disimulo”. La UCO infiere que esa licitación debía haber sido adjudicada a Acciona, y como no fue así, el asunto “habría generado descontento”.

Por otro lado, en una conversación grabada entre Santos Cerdán y Koldo García de 22 de abril de 2019 el segundo le dijo al exdirigente socialista que tenían un problema porque Pedro Saura quería cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero. Para él eran piezas clave en los amaños que se perpetraban. Pero la relación con Pardo de Vera se enturbió con el tiempo. Con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, el que fuera asesor del ministro se quejaba amargamente a Santos Cerdán de la actitud de la expresidenta de Adif: “No tiene perdón de Dios, tío”.

La UCO explica que Koldo “terminó enfrentado con ella”. “El motivo de este desencuentro habría radicado en que esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”, indica la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y les ha citado a declarar como investigados el próximo 20 de julio por la contratación de Jésica Rodríguez en empresas públicas.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que imputa a Rodríguez, García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía. En concreto, la citación de Rodríguez y Zaldívar es por la contratación en Ineco (1 de marzo de 2019 a 28 de febrero de 2021) y Tragsatec (2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021), mientras que la de Joseba solo por la de Ineco.

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, reconoció durante el juicio del caso mascarillas que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, relató.

La sentencia del Supremo dio por probado que Koldo García propició que fuera asignada a ADIF para asistir a su hermano Joseba García que, siendo también trabajador de INECO, prestaba, sin embargo, sus servicios en la Subdirección de Obras de dicha empresa de infraestructuras ferroviarias.

“Jesica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de INECO se interesaba por lo que hacía en ADIF siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García”, recoge la sentencia. En ese tiempo recibió 34.450 euros de salario en Ineco, aunque no realizó “ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad”.

Ante el final de su contrato, Ábalos y Koldo García se pusieron en contacto con Isabel Pardo de Vera, quien “atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación”. El 2 de marzo de 2021, casi sin solución de continuidad, empezaba a trabajar en la empresa pública Tragsatec.

Empecemos por donde hay que empezar, es decir, por la Constitución, en cuyo artículo 71.3 el constituyente dice lo siguiente: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Con esta decisión, el constituyente está excepcionando el ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal. 

El Diputado o Senador, por el mero hecho de serlo, se ve privado del ejercicio de esos dos derechos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se convierte en el juez de primera y única instancia de su conducta. 

Obviamente, el Diputado o Senador que no quiera verse privado de dichos derechos puede recuperarlos de manera inmediata renunciando a su escaño en el Congreso o en el Senado. Es así de fácil. 

Hasta aquí no hay jurídicamente más problema que el no ejercicio del derecho a la segunda instancia, que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sellado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, que no contempla ninguna excepción para su ejercicio. En virtud del mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, España debería haber previsto alguna forma de darle cumplimiento y no lo ha hecho. Tal circunstancia no es considerada, sin embargo, como justificadora de una declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en única instancia contra un aforado.

El problema de la potencial nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando concurre la circunstancia de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado antes de que se haya dictado sentencia. No solamente antes de que se haya iniciado el juicio oral, sino incluso habiéndose iniciado éste. 

El aforamiento de diputados y senadores es una norma excepcional. Tan excepcional que excepciona la vigencia de dos derechos fundamentales de importancia tan capital como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que es la clave de bóveda de todo el sistema de administración de justicia, y el derecho a la segunda instancia. 

Como norma excepcional que es, no admite interpretación expansiva de ningún tipo. En el momento en que el aforado deja de serlo, el Tribunal Supremo tiene que inhibirse. El asunto pasará al órgano judicial predeterminado por la ley al que corresponda. 

Tal como está redactada la Constitución, no cabe prolongación temporal alguna en la excepción de la vigencia de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a la segunda instancia. Únicamente el constituyente, mediante la reforma de la Constitución -que, en este caso, al verse afectados derechos fundamentales, tendría que ser la revisión prevista en el artículo 168 y no la reforma prevista en el artículo 167 de la Carta-, podría prolongar temporalmente la excepción de la vigencia de tales derechos fundamentales. 

En mi opinión, ni siquiera el legislador orgánico, es decir, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría extender temporalmente la suspensión de la vigencia de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados. Ni siquiera mediante la reforma de tales leyes podría hacerse. Aunque, admito, que tal vez esto último podría ser sometido a discusión. En todo caso, el legislador no lo ha hecho. 

No hay en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento internacional relativo a los derechos fundamentales ninguna norma que, ni remotamente, contemple la posibilidad de prolongar temporalmente la suspensión de la vigencia de derechos fundamentales en general y de dos derechos fundamentales tan centrales en el proceso penal en particular.  

En consecuencia, la prolongación temporal de la suspensión de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados a José Luis Ábalos y a Koldo García, después de que el 28 de enero de 2026 el primero hubiera hecho entrega de su acta de diputado y dejara de estar aforado, carece de cobertura jurídica alguna. 

La Sala Segunda no identifica una sola norma -ni del derecho internacional de derechos fundamentales, ni del derecho europeo, ni del derecho constitucional, ni del legislador orgánico al que está reservado el desarrollo de los derechos fundamentales- con base en la cual fundamentar esa prolongación temporal de la suspensión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a la doble instancia. No hay fundamentación jurídica alguna con base en la cual retener la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos y Koldo García.

La Sala recurre (reparen en el disparate) a un “Acuerdo” de un Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 de la propia Sala Segunda. El “Acuerdo” dice lo siguiente:

“Único Asunto: Efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado.

ACUERDO. En los casos con aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado“.

Como el juez instructor, Leopoldo Puente, dictó el 25 de diciembre de 2025 el auto de apertura del juicio oral, el Tribunal entendió que tenía desde ese momento “definitivamente fijada su competencia” y convocó una “vista de cuestiones previas” para el 12 de febrero de 2026.

La pregunta se impone por sí misma: ¿desde cuándo se puede prolongar temporalmente la suspensión de derechos fundamentales con una “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo”? ¿Puede la Sala explicar qué lugar ocupa un Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo en nuestro sistema de fuentes del derecho como para que pueda tomar una decisión con este alcance? ¿Es posible que unos magistrados del Tribunal supremo desconozcan lo que he ido explicando a lo largo del artículo?

La presencia de Koldo García subraya todavía más la imposibilidad de que la Sala Segunda pudiera retener la competencia. José Luis Ábalos ha estado aforado hasta el 28 de enero de 2026, pero Koldo García no lo ha estado nunca. Se ha visto privado del ejercicio de derechos fundamentales por la vis expansiva procesal del aforamiento de Ábalos. Pero esa privación de derechos fundamentales no puede ir ni un segundo más allá del momento en que Ábalos pierde el aforamiento. Si la situación procesal de Koldo García está subordinada a la de Ábalos en la fase que conduce desde el comienzo de la instrucción hasta el momento en que el exministro deja el escaño, desde el momento en que Ábalos deja de estar aforado ocurre lo contrario: es la posición procesal de Koldo García la que ocupa la posición dominante y arrastra la del exdiputado. 

Frente a Koldo García la Sala Segunda no puede hacer valer el tiempo de aforamiento de José Luis Ábalos. Ya lo ha pagado con la privación de sus derechos fundamentales. Dicha privación no puede prolongarse ni un segundo más. 

Como puede verse, la sentencia dictada por la Sala Segunda en el mal llamado “caso mascarillas”, por la que se ha condenado a José Luis Ábalos y Koldo García, se ha producido con vulneración manifiesta de derechos fundamentales y es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Mejor dicho: no puede no ser nula de pleno derecho.

La Sala tendrá la posibilidad de corregir su error en la respuesta al incidente de nulidad de actuaciones. Esperemos que así sea.

Carmen Pano, la empresaria que defiende haber entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE en hasta dos ocasiones (90.000 euros en total), ha señalado este lunes en su declaración testifical ante el juez que investiga el caso Leire que la abogada Leticia de la Hoz le ofreció pagarle la boda de su hija Leonor (25.000 euros), un alquiler a lo largo de 5 o 7 años a razón de 2.500 o 2.700 euros al mes, y comprarle un coche a su amigo (que le hacía las veces de chófer) Álvaro Gallego por 15.000 euros: un total de 250.000 euros. Ha sostenido que le dijeron que venían en nombre del “partido” (PSOE, ha entendido ella) y que el ofrecimiento era a cambio de que no ratificara en sede judicial esas entregas de dinero en Ferraz.

Fuentes jurídicas presentes tanto en su declaración como en la de Álvaro Gallego, han explicado que Pano ha confirmado tres o cuatro reuniones con De la Hoz y una segunda persona de su bufete, y que no solo estuvo sobre la mesa retractarse de la entrega de dinero en Ferraz sino también sostener que no se premió desde una empresa de hidrocarburos al exministro José Luis Ábalos con un chalé en Cádiz -La Alcaidesa-. Gallego, en un momento de su comparecencia habría confesado que si Leticia de la Hoz y los que le ofrecieron el dinero hubiesen sido más ágiles quizá habrían aceptado el soborno. Aunque acto seguido, ha explicado, se habrían arrepentido al desconocer la procedencia del dinero.

Otras fuentes han añadido que, durante el interrogatorio, la defensa de De la Hoz ha preguntado sobre una presunta amenaza de Pano a su cliente el pasado 29 de mayo de 2026. Le habría dicho que implicaría en una causa de fraude del IVA en hidrocarburos a empresarios que lleva como abogada si De la Hoz no confirmaba que había intentado comprarla. Fuentes del entorno de Pano, consultados tras la declaración por elDiario.es, indican que esa conversación ed mayo existió pero que no se mantuvo en ningún momento en términos de amenaza.

El auto del juez Santiago Pedraz que daba impulso a la causa, recogía que la trama investigada centró también sus actuaciones sobre la empresaria “a la que habrían llegado a ofrecer cantidades monetarias con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical” a principios de 2025. Indicaba que el abogado Ismael Oliver y la exmilitante socialista Leire Díez vieron la necesidad de negociar con Pano para comprarla y que no insistiera en esas entregas de dinero:“Esta se vende. Debemos saber comprar”. La responsabilidad de esa “negociación” recayó en la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, investigada en la causa.

La abogada Leticia de la Hoz se dirigió a la UCO tras conocerse el auto del juez para negar las acusaciones de la empresaria, y sostuvo que nunca ofreció un soborno a Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmó que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Cabe recordar, respecto a esas supuestas entregas de dinero en Ferraz, que se investigan en una pieza secreta del Juzgado Central de Instrucción número 2 en la que se indaga sobre posibles irregularidades en los pagos de gastos de la formación socialista. Sobre esos hechos concretos el empresario Víctor de Aldama declaró en instrucción ante el magistrado del caso Koldo que nunca pidió a Pano entregar en su nombre esas cantidades en la sede del PSOE.

Este lunes también ha declarado como testigo, y por videoconferencia, la joven que mantuvo un procedimiento judicial abierto contra el fiscal anticorrupción José Grinda. A ella también intentó acercarse la presunta trama coordinada por Leire Díez y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán. El objetivo era tenerla atada y ayudarla para ir cotra Grinda. La joven, ha confrmado que estuvo en Ferraz en octubre de 2024 y que, sin especificar en qué momento concreto, se le ofreció ayuda para estabilizar un puesto de trabajo que tenía en Jaén.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo ha convertido a José Luis Ábalos en el ministro con la condena de cárcel más alta de la historia de España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción gestionado por Koldo García y alimentado por Víctor de Aldama para beneficiarse del titular de una de las carteras más abultadas y laberínticas del Consejo de Ministros. De pagar un piso para su pareja en pleno centro de Madrid hasta sufragar unas vacaciones, la trama se ajustó a las necesidades del político para usar su nombre como una ganzúa para abrir la puerta de cualquier despacho. Los magistrados hacen en este fallo el alegato contra la corrupción que no hicieron en ninguna de las sentencias del caso Gürtel para sentenciar un entramado que todavía tiene varios juicios por delante.

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) se curtió durante 25 años en la política valenciana antes de desembarcar en Madrid como diputado del Congreso en 2009. Con los años se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez dentro del PSOE: cuando se presentó a las primarias de 2014, cuando fue defenestrado y cuando volvió a ganar. El ascenso de Sánchez en el partido y en el Gobierno convirtió a Ábalos en uno de los hombres con más poder de la calle Ferraz y también con más obras públicas a su disposición. Secretario de Organización del PSOE y ministro, primero de Fomento y después de Transportes.

La cartera de Fomento, hoy conocida como Transportes y Movilidad Sostenible, no es la que más dinero maneja en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí tiene unas particularidades que convierten ese Ministerio en objeto de deseo para los aspirantes a corruptos y corruptores. Empresas públicas del calibre de Renfe o ADIF, direcciones generales como la de Carreteras y una lista de adjudicaciones de obras públicas por todo el país tan larga como infraestructuras tiene el Estado. Un potencial botín que aumentó durante la pandemia mientras la intensidad de los controles bajaba en aras de la velocidad: la compra de material sanitario se gestionó, al menos en un principio, a través de empresas dependientes de este Ministerio.

El Tribunal Supremo declara probado en las primeras páginas de su sentencia lo que los cronistas políticos llevan relatando desde el estallido del caso. Que Koldo García llegó a la vida de José Luis Ábalos a través de Santos Cerdán durante las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez por segunda vez. El hombre para todo del socialismo navarro pasó a estar al servicio del nuevo ministro y Secretario de Organización en una labor que el Supremo define como “omnipresente”. Conductor y asesor de manera oficial, gestor de corruptelas de manera oficiosa y consejero en Puertos del Estado y Renfe. Víctor de Aldama llegó hasta Ábalos a través de su hermano Rubén, escolta del ministro y en contacto constante, por tanto, con Koldo García, su sombra oficial. Sus muchos y muy variados intereses empresariales tenían una oportunidad de oro.

Aldama, hoy arrepentido colaborador de la Justicia y de la Fiscalía, se pegó entonces al ministro para medrar. Según la sentencia, tanto Koldo García como José Luis Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de captar “empresas o particulares” para darles trato de favor a cambio de “la correspondiente prestación económica”. Para Víctor de Aldama, según demuestra la sentencia, tener contento y atendido a José Luis Ábalos era una inversión de futuro. Desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 entregó 10.000 euros al mes a Koldo o a su hermano para satisfacer, entre otras cosas, “gastos fijos” de Ábalos.

Pisos, vacaciones y enchufes

Los pagos de Víctor de Aldama para agasajar al grupo dejaron de ser a fondo perdido cuando llegó la pandemia. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de negocio para el empresario cuando la máxima prioridad del Estado fue conseguir mascarillas, el gran escudo para combatir la propagación del coronavirus en espacios públicos. Y los astros se alinearon para el gran corruptor del caso: la gestión millonaria de las compras quedó en manos del Ministerio de Ábalos con los controles de legalidad bajo mínimos para conseguir el material sanitario cuanto antes mientras cientos de personas morían cada día. Las empresas de la trama firmaron un acuerdo para suministrar ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, la empresa encargada de la gestión, días antes de que la orden ministerial fuera publicada.

Si la necesidad era dinero, Víctor de Aldama lo ponía. Si la necesidad eran unas vacaciones, el empresario aportaba una casa. La sentencia declara probado que José Luis Ábalos presionó al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que sacase una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa que tranquilizase a los acreedores. Lo hizo a petición de Aldama, que por entonces cobraba unos 12.000 euros al mes por asesorar a la aerolínea. A cambio de un comunicado, la trama alquiló una casa en Marbella de la que Ábalos disfrutó en agosto de 2020.

A veces no era necesario ni que la gestión llegase a buen puerto. Víctor de Aldama también tenía intereses en el sector de los hidrocarburos y se propuso conseguir una licencia para una de sus empresas, Villafuel. Ni siquiera se dirigieron al Ministerio adecuado. A cambio, según el Supremo, Víctor de Aldama gestionó la compra de una casa en La Línea de la Concepción que se pondría a disposición de Ábalos a través de un contrato de alquiler con opción a compra. Ábalos pagó solo dos meses de renta y los empresarios del sector de los hidrocarburos rompieron el contrato cuando la administración negó la licencia a Villafuel.

La trama, según la describe el Tribunal Supremo, se levantó sobre la simbiosis entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, y a veces el peaje para tener poder en el Ministerio no era agasajar directamente al político o al asesor sino a su entorno. Una de las vías fue dar casa y trabajo a Jessica Rodríguez, quien fuera pareja del político, antes incluso de que llegara la pandemia y el gran botín de las mascarillas. La trama pagó un apartamento para ella en la Plaza de España de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Se encargaban hasta de las incidencias con los electrodomésticos.

No todo eran contratos y comisiones. El Supremo también aborda cómo Ábalos y su asesor hacían y deshacían en Transportes para sus necesidades personales, enchufando a dos personas en varias empresas públicas. Una de ellas fue Rodríguez, que llegó a cobrar más de 43.000 euros de Tragsatec e Ineco sin ir a trabajar. O Claudia Montes, que pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y se encontró un trabajo en Logirail. Los enchufes eran ineludibles y si alguna tenía algún problema allí estaba Koldo García para mover un currículum o hacer una llamada. Un directivo de Logirail, recuerda el Supremo, fue cesado de su puesto sin explicación cuando expedientó a Montes por no acudir a trabajar.

24 años de cárcel y dos causas por delante

Todas estas corruptelas, las grandes y las medianas, se amontonan en nueve delitos distintos y se traducen en 24 años y 3 meses de prisión para Ábalos, la condena más alta para un ministro en la historia de la democracia, aunque su cumplimiento máximo será de 15 años y 8 meses de presidio, descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional. Por los mismos delitos, su mano derecha Koldo García es condenado a poco menos de 20 años de prisión. Y Víctor de Aldama, el hombre que levantó el entramado y atendió cada necesidad del exministro para mantener su cuota de poder, ha sido condenado a cuatro años y medio pero solo tendrá que hacer un año de servicios para la comunidad, sin tener que volver a la cárcel donde apenas pasó un mes a lo largo de 2024.

La sentencia ensalza la confesión de Aldama en los puntos en los que ha sido determinante para condenar a Ábalos y pasa de puntillas sobre las acusaciones que lanzó y que no han tenido más prueba que su palabra. Por ejemplo, su intento tan fallido como explícito de involucrar en la trama a María Jesús Montero o de señalar a Pedro Sánchez como el líder del entramado y mezclarlo todo con una posible financiación ilegal del PSOE. Todo el caso, se deduce de la sentencia, tenía que ver con Ábalos y sus necesidades, y todo lo que Koldo García y Víctor de Aldama querían sacar de él.

El entorno de Ábalos ya ha anunciado que llevará esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y hasta instancias europeas si es necesario, entre denuncias de falta de pruebas y de un exceso punitivo por parte del Supremo, sobre todo en comparación con un Víctor de Aldama que evitará la prisión gracias a una confesión que solo llegó después de pasar un mes en Soto del Real. Pero el horizonte del caso no está en Estrasburgo. Sigue en la plaza Villa de París de Madrid, aunque en otro edificio, en la Audiencia Nacional.

El foco se pone ahora sobre dos diligencias que siguen bajo investigación en ese tribunal central. Las dos con Ábalos en la nómina de imputados, pero mucho más allá del neopreno de corrupción que describe el Tribunal Supremo en su sentencia. Obras públicas, más contratos de mascarillas y la sombra de Santos Cerdán, su sustituto en la sala de máquinas del PSOE, como nueva figura de poder en el entramado. Y todo bajo la amenaza de que las palabras de Víctor de Aldama, tanto las que tienen pruebas detrás como las que llegan subidas a un globo sonda televisivo, son consideradas en su mayoría una prueba de cargo.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

José Luis Ábalos, el político, el ministro, el secretario de organización del PSOE: condenado a 24 años de prisión. Koldo García, su asesor: condenado a 19 años y 8 meses de prisión. Víctor de Aldama, el empresario corruptor: el gran triunfo de la sentencia del caso mascarillas. Sí, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, pero el Tribunal Supremo le suspende la condena y no tendrá que devolver la gran parte de la mordida que ahora, se ha demostrado judicialmente, se llevó. 

Todo esto forma parte de un plan que él lleva preparando desde que saliera de prisión en noviembre de 2024. ¿Por qué ha sido tan beneficioso para él tirar de la manta? ¿Qué ha aportado a la investigación? De todo esto y de la lectura política que para el Gobierno supone la condena a Ábalos hablamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Casi tres años de sobornos. Puntual como un reloj. 10.000 euros, otros 10.000 y otros 10.000 más… Así, mes a mes, entre octubre de 2019 y junio de 2022. Era también el ojeador de empresas interesadas en obtener favores de la Administración a cambio de una comisión que repartía con Ábalos y Koldo. Era el arquitecto de la trama. El que ponía en contacto a los corruptores con los corruptos del Ministerio de Transportes. El que distribuía el dinero. El que firmó un contrato de alquiler ficticio sobre un piso en el Paseo de la Castellana para camuflar los sobornos. El que, tras ser imputado en el llamado caso mascarillas, decidió colaborar con la Justicia. El que poco o nada aportó con su confesión porque cuando decidió cantar la Traviata los investigadores ya tenían todas las pruebas incriminatorias. 

Y aun así Víctor Aldama no irá a prisión. Ni un solo día. Este lunes salió del Tribunal Supremo sin esposas y con una condena -cuatro años y medio de cárcel- que le libra de ir al trullo a cambio de trabajos en beneficio de la comunidad, un informe semestral de actividades y la promesa de no volver a delinquir. Eso es todo, amigos.

El empresario corrupto confeso y ahora condenado no tendrá que devolver siquiera los 3,7 millones de euros de comisión que se endosó con la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes y de los cuales, según ha acreditado el tribunal, entregó a sus colegas de la trama, Ábalos y Koldo, apenas 450.000 euros. 

Por muy razonada que esté la sentencia dictada y justificada la suspensión de la pena -ninguno de los delitos por los que ha sido condenado supera individualmente los dos años de prisión-, no hay quien pueda digerir sin vómito de por medio, una decisión que hace muy difícil creer en la justicia. Un diagnóstico que, por otra parte, se repite con regularidad en la demoscopia y que no responde a un problema de imagen, ni a una crisis de comunicación, sino que es imputable al proceder de algunos jueces. No todos, claro. Pero sí los que deciden en los tribunales superiores, los que integran las salas que resuelven los casos políticos, los que llegan donde están por un reparto de cuotas, los que deben su posición a los partidos que les propusieron para el cargo, los que aspiran a un ascenso cuando cambie el signo del gobierno y los que pueden hacer, hacen y seguirán haciendo.

Con un Alberto Núñez Feijóo que no despega en las encuestas, que no cuenta con aliados en el Parlamento para una moción de censura, que no convence ni a los suyos y que pierde puntos en valoración ciudadana en cada encuesta, la oposición la ejercen hoy media docena de jueces muy significados. La sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado sin pruebas fue el primer aviso a Pedro Sánchez. La de este lunes del Tribunal Supremo es el segundo recado: los que quieran delatar, que delaten, con pruebas o sin ellas, pero cuanto antes. Y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ha sido el tercer recado al presidente del Gobierno: o te marchas, o tu familia acabará en la cárcel. 

Las indicaciones no pueden ser más elocuentes, pero que no lo llamen justicia porque más bien parece un cambalache, ya que los beneficios para quien siendo delincuente decide pactar con la justicia no deberían acabar nunca en una exoneración encubierta para quien fue el cerebro de una trama corrupta. Y esto, claro, mientras quienes fueron víctimas de sus mangancias, que son los contribuyentes, cargan con la factura de la fiesta que se corrieron los delincuentes, al margen de cuáles fueran sus apellidos o la protección que se les preste desde una derecha política, mediática y judicial dispuesta a convertir a Aldama en un faro moral… y en algo más. Nos está quedando un país precioso, pero da mucho miedo.

Ni en el peor de los escenarios posibles. Las defensas del exministro José Luis Ábalos y de su asistente Koldo García no imaginaban una sentencia tan contundente como la que ha dictado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra sus clientes. Los magistrados dan por probado que hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas y cree que Ábalos y Koldo, junto a Aldama, formaban una “organización criminal” con “vocación de permanencia”. Tras una lectura acelerada del texto, de más de 220 páginas, una primera reflexión les lleva a hablar de una resolución “política” que adolece de falta de motivación. Y tienen intención de recurrir. ¿Pero dónde?

Ábalos se aferró a su acta de diputado hasta el tiempo de descuento —poco antes de la celebración del juicio oral— y eso arrastró a su 'escudero' a sentarse en un banquillo que es, por así decirlo, finalista. No hay capacidad de recurrir ante una instancia judicial superior. En un universo paralelo, el exministro habría escuchado al primero de sus abogados, José Aníbal Álvarez, y el asunto habría caído en manos de la Audiencia Nacional, lo que con toda seguridad habría dilatado la instrucción por años y él gozaría de una libertad provisional aderezada con firmas quincenales en los juzgados y retirada del pasaporte.

Además, habría podido recurrir una eventual sentencia condenatoria en la Audiencia Nacional ante la Sala de Apelación del propio tribunal especial y, con posterioridad, ante el Supremo. Pero, ahora, se enfrentan a un horizonte que, cuando menos, les obligará a cumplir condenas que se acerquen a esa regla no escrita de llegar hasta el triple de la pena más grave. Como les ha caído cinco años a cada uno por organización criminal (a Ábalos 5 años y seis meses), lo esperable es que como máximo cumplan en torno a tres lustros entre rejas. En el escenario más favorable, podrían ser 13 años y cuatro meses en el caso del exministro.

Y ante esa situación, según ha podido conocer elDiario.es, las defensas ya trabajan en armar una estrategia legal que permita una revisión de la resolución que fue adoptada por unanimidad por hasta siete magistrados del Alto Tribunal. El primer paso que deben dar es presentar un incidente de nulidad ante el propio tribunal que les ha condenado. Para esto tienen 20 días desde que se les comunicó la sentencia y en ese incidente deben plasmar cualquier vulneración de derechos fundamentales. Este hito procesal, en general, no sirve para nada, pero cierra por completo la vía de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, abre la puerta a poder acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según las fuentes jurídicas consultadas, será ante ese tribunal presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido donde Ábalos y Koldo García se jugarán su futuro. Y eso a pesar de que en declaraciones a TVE el hijo del exministro, Víctor Ábalos —que hace las veces de portavoz de su padre—, indicó este lunes que para él la baza es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Con todo, el incidente de nulidad será un 'sparring' óptimo para desengrasar los argumentos que ambas defensas han ido utilizando para pedir nulidades a lo largo de la instrucción: imposibilidad de acceso a los dispositivos incautados, vulneración del derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley —entienden que el asunto debió ser ventilado en la Audiencia Nacional— o la incontinencia de la causa —porque sostienen que se juzgan los mismos hechos en dos juzgados distintos—, entre otros motivos. Se hará hincapié, además, en que varios testigos clave decidieron no declarar porque podía afectarles en la causa de la Audiencia Nacional, en la que sí están imputados.

Con ese mismo 'menú', irremediablemente, las defensas acudirán al tribunal de garantías constitucionales. Y asomarán de nuevo otro detalle: entienden que el Supremo debió elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se aclarara qué juzgado concreto era el que debía haber abierto juicio oral contra ambos y contra el comisionista Víctor de Aldama.

En general, señalan que las vulneraciones de derechos fundamentales son “muy claras” y las harán valer ante los magistrados del Constitucional. Consideran que la sentencia, ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha sido redactada “con pluma muy rápida” y de forma “muy poco meditada”, algo que entienden que no es propio de este alto tribunal.

“Excesivamente dura”

Las fuentes consultadas opinan que se está ante una sentencia que califican de “excesivamente dura”, de “absolutamente política” y de una “mala calidad técnica increíble”. Ponen como ejemplo que la resolución —dicen— no entra a valorar la prueba de descargo planteada por las defensas en asuntos como el del chalé de La Alcaidesa (Cádiz). Sostienen que el exministro realizó pagos por el alquiler del chalé pero, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta y se mantuvo la tesis de que fue una dádiva por empujar a favor de que una empresa denominada Villafuel consiguiera una licencia de hidrocarburos.

Indican que, sorpresivamente, el tribunal introduce “nueva doctrina” en el caso del tráfico de influencias porque da por probado el delito cuando no existe, a su juicio, una constatación de presión directa, tal y como requiere el tipo penal. Y lamentan que tampoco se han tenido en cuenta testimonios relacionados con Ineco y Tragsatec que sostenían que Jésica Rodríguez sí cumplió con su trabajo en esas empresas públicas donde fue 'enchufada' y para las que, según ella misma, nunca llegó a trabajar de forma efectiva a pesar de cobrar un salario mensual.

Con estos argumentos llegarán ante el Constitucional, donde esperan lograr el amparo porque, en general, desconfían de la vía posterior, que es la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. “Sólo se acepta un asunto de cada 100.000”, lamentan, para apostillar que, en cambio, y a pesar de que las admisiones en el Constitucional también se venden caras, hay más probabilidades de que prospere el recurso y sea estudiado.

Más allá del recorrido que le quede a la condena impuesta por el Supremo, tanto Ábalos como Koldo García deben pasar aún por otros procedimientos abiertos que permanecen latentes en la Audiencia Nacional: el asunto de las mascarillas pero enfocado en otros contratos y en otros protagonistas como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; y el caso de los amaños de obra pública, en el que consta como investigado también otro ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

Víctor de Aldama no solo se libra de entrar en prisión. También se queda con la mayor parte del botín.

Los hechos probados de la sentencia del Supremo dan por cierto que Aldama cobró 3,7 millones de euros de comisión en la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, se llevó 6,6 millones de euros. 

De todo ese dinero, Aldama apenas entregó una propina a sus compinches, José Luis Ábalos y Koldo García: 430.298 euros en total, entre el alquiler del piso para la novia de Ábalos, unos meses de chalet en Marbella para el ministro y los sobres de 10.000 euros al mes que recogió Koldo durante casi tres años. 

Ábalos se pudrirá en prisión. Le han caído 24 años de cárcel. Por ponerlo en contexto: es más que la sentencia a los violadores de la Manada (15 años) y algo menos que la del corrupto Luis Bárcenas (29 años) o el golpista Tejero (30 años).

Con Koldo tampoco ha habido piedad: le caen 19,5 años de cárcel.

¿Y Aldama? Formalmente son 4 años y medio. Pero el Supremo suspende su entrada en prisión por su “colaboración con la Justicia”. En cuanto al dinero, según establece la sentencia, solo tendrá que pagar un tercio de los 430.298 que repartió con Ábalos y Koldo (los otros dos tercios los pagarán el exministro y su asesor). Poco más de 143.000 euros. 

La cuenta es fácil: Aldama cobró 3,7 millones de euros por las mascarillas. Entre el cohecho a sus socios y la multita del Supremo, se quedará con 3,1 millones de euros. Es increíble, pero es así.

Es inédito que un corrupto de esta dimensión acabe pillado, sentenciado, pero que se quede con el botín. Es enorme el contraste entre la durísima condena contra Ábalos y Koldo y la impunidad para su corruptor. 

Es inédito, porque esta colaboración de la Justicia fue a posteriori. Ya les habían pillado. La confesión de Aldama solo llegó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y la mayor parte de las pruebas contra Koldo y Ábalos ya estaban en manos de la UCO, como confirmó el propio teniente coronel Antonio Balas durante el juicio. Aldama confesó para salir de prisión –en otra causa, además, la de hidrocarburos– y cuando ya no tenía escapatoria.

Es inédito, porque está acreditado que Aldama miente: que buena parte de las cosas que ha dicho en su “colaboración con la Justicia” –como esas cuentas en República Dominicana que se supone tiene Begoña Gómez– son una pura ficción. Incluso esta sentencia del Supremo no da plena credibilidad a sus palabras. Aldama dice que pagó dos millones de euros a Ábalos y otro medio millón a Koldo por el pelotazo de las mascarillas, pero la sentencia no lo asume como cierto.

Y es inédito porque no hay precedentes en el Supremo de un premio así por colaborar con la Justicia en un caso de corrupción. Especialmente en estas circunstancias: cuando el delito ya estaba bajo investigación. 

En el caso Gürtel sí hubo una persona que colaboró con la justicia de forma contraria a sus intereses y desde el primer momento: José Luis Peñas. Conocimos ese gravísimo caso de corrupción gracias a sus grabaciones de Francisco Correa, unas pruebas que entregó a la Justicia cuando aún no había ninguna investigación en marcha.

A pesar de esa colaboración, Peñas fue condenado a una pena incluso mayor que la de Aldama: 4 años y 9 meses de cárcel. No entró en prisión y fue después indultado por el Gobierno. 

En ese mismo caso de corrupción, la persona más parecida a Aldama era otra: el propio Francisco Correa. Él también intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión cuando la causa estaba ya en marcha. Con menos éxito.

Para lograr ese acuerdo, Correa entregó un documento por escrito a la Fiscalía, una confesión que desvelamos en elDiario.es. Allí aseguraba que el origen de su fortuna eran las comisiones del 3% por la obra pública del Gobierno de Aznar y se ofrecía a tirar de la manta. La Fiscalía despreció esa oferta y no quiso pactar ninguna rebaja de condena para él.

Eran otros tiempos, al parecer.

El empresario Víctor de Aldama no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

De hecho, el comisionista, que logró una rebaja sustancial de la pena gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, no debe abonar responsabilidad civil alguna, y el Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros. También hará frente a dos multas que juntas llegan a los 72.000 euros por los delitos de organización criminal y cohecho.

Aldama ha sido condenado finalmente por esos dos delitos pero no por el de aprovechamiento de información privilegiada, que es en el que el Ministerio Público y las acusaciones solicitaban esa multa equivalente a la cuantía de la comisión. Los magistrados indican que en realidad “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

No obstante, la resolución indica que en ese contexto de pandemia “los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF”. “De Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados”, recuerda la sentencia.

Según el relato de hechos, la primera compra se concretó el 20 de marzo por medio de una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas si bien con la finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial, Soluciones de Gestión firmó con la sociedad Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. El 21 de marzo de 2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por un importe de 20.000.000 de euros (2,5 euros por mascarilla).

Días después, relata la sentencia, se concretó una segunda compra centralizada de 5 millones de mascarillas a través del ente empresarial público, dependiente del Ministerio, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esa empresa pública acordó la compra por valor de 12,5 millones de euros.

Los magistrados cifran la comisión de Aldama por la compra de Puertos del Estado y Adif en 3,7 millones de euros. Utilizó para el cobro dos sociedades, MTM 180 y Deluxe Fortune. Advierte de que esa cifra no es la global que pudo obtener el comisionista por todas sus operaciones de mascarillas porque si se incluye lo que se llevó por el suministro al Ministerio del Interior (que no es objeto de acusación), así como el negocio con el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (que se investigan en la Audiencia Nacional) los beneficios llegan a los 6,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, dedica cuatro páginas a justificar las razones que han llevado a la sala a suspender la aplicación de la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a Víctor Aldama, quién fue, según la investigación de la Guardia Civil, jefe de la organización criminal y nexo corruptor. Aldama deberá pagar junto a Ábalos y Koldo las cantidades (431.000 euros) que supuestamente desembolsó para sobornar a quienes le iban a facilitar un negocio multimillonario en el ministerio de Transportes.

La supuesta colaboración de Aldama en el esclarecimiento de los hechos, por su confesión y la aportación de diversa documentación, es el motivo de este trato de favor del Supremo a la persona que corrompió a Ábalos y que logró contratos multimillonarios de distintas administraciones públicas, con los que ganó más de seis millones de euros. El Supremo acuerda la suspensión de la aplicación de la pena “en el convencimiento de que la aportación realizada al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”. El Supremo recuerda que la suspensión de penas “constituye un instrumento decisivo de ajuste de la respuesta penal a las necesidades concretas de prevención especial cuando se trata de penas de corta duración (…) La cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito, al no superar ninguna los dos años de prisión, abre la vía a la suspensión extraordinaria”.

Y cita la jurisprudencia de este mismo órgano para señalar “la necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales supuestos no solo la ejecución de una pena de tan breve duración impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde un punto de vista preventivo”.

El Supremo da por sentado el “pronóstico favorable a Aldama de no cometer delitos en el futuro, aunque durante la instrucción de este caso, el empresario corrupto se ha paseado por los medios de comunicación denunciando múltiples corruptelas del Gobierno que se acreditaron falsas y basadas en bulos groseros”. Durante el juicio oral repitió en algunos casos esta conducta que el fiscal jefe Anticorrupción calificó de simple “desahogo”. Sin embargo, el tribunal sentenciador insiste en que no identifica en este caso “razones relacionadas con la trayectoria criminal del acusado u óbices legales que impidan conceder la suspensión extraordinaria”.

Afirma que no es “un perdón judicial”

La sentencia intenta explicar por qué la suspensión de la pena no es “un perdón judicial”. “Cabe precisar que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad no es, ni mucho menos, un mecanismo vacío de todo contenido retributivo, como si se tratara de una suerte de perdón judicial. La suspensión es una fórmula de ejecución de la pena fijada en la sentencia con efectos extintivos de la responsabilidad criminal equivalentes al cumplimiento específico. El instituto de la suspensión se acompaña de un marco de condiciones que hacen patente, por un lado, que la suspensión no supone, ni mucho menos, que desaparezca la desaprobación por el delito cometido y, por otro, busquen asegurar o, al menos, promover que el delincuente ajuste su vida a los mandatos normativos que permiten la convivencia social en paz y libertad (…) no reducen la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión”.

El Supremo impone a Aldama un año de servicios para la comunidad con lo que parecen cumplir con la condición que la ley impone a las suspensiones de ejecución de penas. “Esta prestación”, explica, “adquiere, atendido el marco de producción y la naturaleza de los delitos cometidos, una significativa carga simbólica de reparación”. Y añade: “En efecto, Víctor de Aldama ha realizado conductas de corrupción a autoridades y funcionarios públicos lesionando, de esta manera, bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional. Su no ingreso en prisión por aplicación de fórmulas de atenuación con el fundamento legal expuesto, no disculpa, sin embargo, que, como razón de merecimiento de la suspensión de las penas privativas de libertad, desarrolle prestaciones al servicio de fines públicos que, de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española”.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo considera probados casi todos los aspectos de la acusación que ejerció la Fiscalía Anticorrupción sobre esta trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes, sobre todo durante la pandemia. Los tres, dice el Supremo, vieron una “oportunidad” en que Ábalos fuera ministro y constituyeron una “organización” para “obtener un común beneficio económico”.

Hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.

También considera probado que Ábalos recibió diversas dádivas a cambio: 10.000 euros al mes por gastos además de la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas y el pago de un piso a una de ellas. Finalmente consideran delictivo el alquiler de un piso a cambio de “gestiones relacionadas” con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Al empresario Víctor de Aldama los siete magistrados de la Sala de lo Penal le imponen cuatro años y medio, por lo que reducen la petición que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación siguiendo así el camino que les marcó tanto el PP como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que consideraban que, dada su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, era merecedor de ampliar la reducción de la pena.

Los jueces de la Sala de lo Penal atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación al exministro de Transportes. En su caso la condena supera los 24 años de cárcel pero el cumplimiento efectivo entre rejas, explica el Tribunal Supremo en su resolución, no podrá pasar de los 15 años y 8 meses. Koldo García, de la misma manera, pasará un máximo de 15 años en la cárcel aunque su condena sea de casi dos décadas.

Jessica Rodríguez, “un plan de actuación” de Ábalos

Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. 

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. 

La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa. 

Hay otra persona que participó en la corruptela y que no es juzgada en el Supremo, según se encarga de señalar el tribunal. En este caso se refiere a Joseba García, hermano de Koldo, al el grupo utilizó para que Jessica Rodríguez pudiera decir que trabajaba directamente a las órdenes de este en Ineco.

Jessica Rodríguez recibió 34.450 euros brutos como salario y ADIF nunca mostró “reserva alguna o se mostrará disconformidad con relación al desarrollo del contrato”. A los tres días de acabar el contrato con Ineco, Jessica Rodríguez fue contratada en Tragsa. Para ello, Pardo de Vera dio instrucciones a otro cargo del Ministerio que tampoco fue juzgado en el Supremo. 

Cuando los responsables de Tragsa pidieron explicaciones por la falta de asistencia al trabajo de Jessica Rodríguez fue el ministro en persona quien indicó a Pardo de Vera que su amiga no fuera molestada, como así ocurrió, según relata el fallo. De Tragsa, Rodríguez cobró 9.500,4 euros netos. 

La sentencia se detiene en explicar que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa para “tranquilizar” a los acreedores de Air Europa en plena pandemia y que eso ocurrió por las gestiones de Víctor de Aldama, que cobraba más de 12.000 euros al mes de la compañía. La nota se redactó e hizo pública “con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos”.

Ábalos disfrutó nueve días de un chalet en Marbella con su familia “en pago a las gestiones realizadas en relacion con el rescate de Air Europa”, añade el fallo.

El chalet de La Alcaidesa, cohecho pero no tráfico de influencias

La sentencia absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas para que Villafuel, una empresa de Claudio Rivas, obtuviera una licencia de hidrocarburos. En el trámite habrían participado Carmen Pano –quien asegura que llevó dinero en efectivo a Ferraz– y su hija Leonor, antigua novia de Aldama, así como el empresario juzgado.

El Supremo se refiere aquí al tráfico de influencias, en una jurisprudencia de máxima actualidad por casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Explica que no trataron de influir a los funcionarios que debían conceder la licencia porque Koldo García consiguió una reunión en Industria y el trámite debía hacerse ante Energía. 

Sin embargo, los jueces consideran acreditado que Ábalos disfrutó durante nueve meses del chalet en La Línea de la Concepción como pago a sus gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia y, en consecuencia, es condenado por cohecho activo. 

Todo comenzó cuando parecía que se iba a conceder la licencia pero al fracasar, Rivas cortó la luz y el agua del chalet. Ábalos ordenó que le robaran el suministro a los vecinos para asegurar el agua y la luz hasta que se repusiera. José Luis Aldama, que estaba en el centro de la gestión con Ábalos, es condenado por cohecho activo. 

El origen de la trama, según la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo hace una breve introducción de la trayectoria de los acusados. De Koldo García dice que llegó a conductor de Ábalos porque así se lo recomendó el entonces secretario de Política Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán. “Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido”, cuenta el fallo. 

El Supremo no llega tan lejos como el primer instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que instauró la tesis de que la decisión de colocar a Koldo García al lado de Ábalos fue un plan reconstituido por Santos Cerdán para articular la trama de corrupción, pero avisa que existe una “organizción criminal” en la que participan terceros que no han sido juzgados en el Supremo.

Enseguida se fraguó una relación de confianza entre Koldo García y Ábalos y este le nombró uno de los cinco asesores de confianza que podía contratar y además le situó en el consejo rector de Puertos delEstado y después en el de Renfe. “Convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales”, recogen el fallo. 

“Fue la mano derecha de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo Garcia era el fiel transmisor de sus decisiones. También, Koldo García manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos que, en ocasiones, se confundían con las propias”, añade el fallo. 

El fallo dice que tras los dos viajes a México en los que participó Aldama dentro de la delegación española encabezada por el ministro de Transportes, “pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. 

“Con tal ánimo de enriquecimiento –prosigue–, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España, y también en el Partido Socialista, este podría favorecer , a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

La condena que pedía la Fiscalía

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el PP defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros.

Luzón sostuvo en el juicio que para esas adjudicaciones irregulares fue determinante el pago recurrente por parte de Aldama de una suerte de sueldo mensual de 10.000 euros en efectivo que abonó a Koldo García para que lo repartiera con su jefe. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Tanto el exministro como su asesor negaron en el plenario haber recibido ese tipo de pago por parte de Aldama.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.