Que el turismo es una industria al alza en Euskadi no tiene discusión. Un paseo por cualquiera de las capitales vascas, casi en cualquier época del año, deja ver claramente que los turistas de ocio empiezan a superar, y con mucho, a los viajeros que se acercan a Euskadi por negocios o eventos como congresos profesionales. La estadística confirma ahora lo que ya es una evidencia en las calles. Casi el 80% de los 4,69 millones de viajeros que entraron en Euskadi en 2025, lo hicieron por ocio y vacaciones: 3,67 millones de personas en total. Según se recoge en Ibiltur 2025, el estudio bienal que analiza el perfil, comportamiento y motivaciones de las personas que visitan Euskadi, los viajeros que recalan en Euskadi apuestan mayoritariamente por visitar las capitales y llegan atraídos sobre todo por la gastronomía. Pero cada vez se abre más el arco de las preferencias: el turista tiene más movilidad por todo el territorio, es más desestacionalizado y aumenta el viajero internacional. “Se están consiguiendo los objetivos”, ha señalado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en la presentación de las conclusiones del estudio.

“El turismo de ocio que pernocta en Euskadi es un turismo de calzado cómodo, proclive a los recorridos urbanos en busca del patrimonio, a las visitas museísticas, a la inmersión en eventos y tradiciones, a la ruta interna en busca de localidades y espacios naturales singulares, con la costa y las grandes ciudades como referentes destacados, multiactivo y multiorientado, alejado de modelos centrados en un motivo principal y una oferta complementaria y todo ello con una buena excusa -una razón central de hecho- para el disfrute y reposo entre la actividad: la gastronomía”, ha destacado el consejero, quien ha citado “el avance de la desestacionalización”. Por primera vez, las llegadas en temporada baja superan a las registradas en los principales periodos vacacionales y representan ya el 51% del total, seis puntos más que en 2019. Una evolución que ha atribuido a la apuesta por productos como el ecoturismo, el cicloturismo, el turismo industrial o la enogastronomía, así como a campañas dirigidas a públicos internacionales y segmentados.

Por otra parte, el turismo internacional continúa ganando peso y supone ya más del 48% del total de visitantes, frente al 34% registrado hace una década. Durante el año pasado, Euskadi logró recibir más turistas internacionales que nacionales durante cinco meses consecutivos entre mayo y septiembre, una tendencia que también se registró en 2024. Además, en cuanto a los flujos lujos dentro del territorio. Durante su estancia, las personas visitantes realizan más de 6,3 millones de desplazamientos fuera del municipio donde pernoctan, lo que contribuye a repartir el impacto económico del turismo por toda Euskadi. El estudio constata un aumento del gasto medio por persona respecto al año 2023, fecha del anterior estudio. En concreto el gasto medio es de 625,9 euros por persona cuando hace dos años era de 612 euros. Pero desde 2019 se observa un cambio en la distribución del gasto, ya que sube lo que se abona en origen, mientras disminuye lo que se gasta ya en el destino. De media pernoctan unos cuatro días, normalmente en varios puntos.

El estudio, que el consejero ha presentado junto a la responsable del Observatorio Turístico de Euskadi (Enfokatur), Ainara Iturbur, y que se ha realizado en base a 28.000 encuestas, señala que el 61,1% de los turistas que visitan Euskadi por motivos de ocio tienen como destino las capitales vascas. Destaca Bilbao que acoge el 29,1% del total de turistas que visitan la comunidad y Donostia , con un 24,5%. La costa vasca, sin incluir Donostia atrae el 19,6%. La proporción de turistas que se alojan en el interior de Euskadi (agrupación de municipios y comarcas de los tres territorios que no se clasifican en el resto de las categorías) se sitúa en torno al 17%. Vitoria (7,6%) y Rioja Alavesa (2,0%) completan el reparto entre los distintos destinos de ocio de Euskadi. En general, los viajeros no llegan a Euskadi atraídos por un único motivo, sino que dan importancia a muchos otros aspectos relacionados con la visita a la hora de elegirlo. En 2025, entre las motivaciones tractoras del viaje, se sigue manteniendo en primera situación el disfrute de la gastronomía y el vino al igual que lo hace el número de personas que se sienten atraídas por visitar las ciudades y conocer la vida urbana. En cuanto a la media de edad es de 48 años, mientras que la franja de edad de los más jóvenes (entre 18 y 39 años) roza el 29%. Los mayores de 59 años suponen casi el 24% de los turistas.

La diócesis de Vitoria —que abarca a toda la Álava geográfica, incluidos el enclave vizcaíno de Orduña y el burgalés de Treviño, unos 350.000 habitantes, 203.000 de ellos católicos— vive momentos de convulsión interna cuando se cumplen diez años de la llegada como obispo del navarro Juan Carlos Elizalde. En una misma semana, se ha conocido, por un lado, una carta firmada por los sacerdotes José Ignacio Oregi y Carlos Uriarte —y que está respaldada por otros 50 curas que prefieren el anonimato para evitar represalias— en la que se alude a un giro conservador en la Iglesia católica en el territorio y a prácticas de “abuso de poder” y, por otro, también las críticas del secretario general de los socialistas alaveses y consejero del Gobierno vasco, Javier Hurtado, sobre los comentarios contra Pedro Sánchez en la homilía del 28 de abril con motivo de la fiesta de San Prudencio, el patrón de Álava. “El tiempo de hacer política desde los púlpitos es pasado”, le ha reprochado Hurtado.

La carta, que ha levantado una gran polvareda interna, está fechada precisamente ese 28 de abril, aunque le fue entregada en mano al prelado este lunes. El documento tiene diez folios y varios apartados y arranca con una expresión de “descontento” de los firmantes, todos ellos sacerdotes, y continúa con la aseveración de que la “mayoría” de los curas locales se sienten “desilusionados” y hasta “humillados”.

Sostienen que Elizalde, de 66 años, lleva “muy mal” las críticas y denuncian, como mayor carga de profundidad, un giro conservador en el seno de la institución. Mencionan, como principal ejemplo, que en el seminario “coexisten” dos itinerarios paralelos de formación de vocaciones. Por un lado, está la vía ordinaria y, por otro, está el “redemptoris mater”, promovido por el “movimiento neocatecumenal”, los conocidos como “kikos” y de perfil ultra. Igualmente, agregan que ha dado entrada también a otros colectivos radicales como el Opus Dei, Pro Ecclesia Sancta o Peregrinos de la Eucaristía.

Según su diagnóstico, Elizalde, en vez de practicar la “comunión”, ha generado una comunidad eclesiástica “dividida”. Fuentes de este entorno consultadas añaden que está realizando nombramientos de párrocos “extranjeros”, básicamente africanos y americanos, que están ofreciendo homilías contrarias a los derechos de mujeres y colectivos como el LGTBIQ+ en algunos casos. En la carta se menciona que hay templos que impiden ya a mujeres subir al altar a realizar algunos ritos propios de las eucaristías. Añaden que el obispo “selecciona” párrocos “a menudo llegados de fuera por su invitación” y que implican una “reorientación pastoral”.

Fuentes del Obispado responden que los 52 firmantes de la carta “no son mayoría”, ya que hay 224 sacerdotes adscritos a la diócesis. El matiz es que los críticos añaden la coletilla de ser “diocesanos”, es decir, formados y ordenados en Vitoria. Añaden desde la institución que en 2016, cuando Elizalde tomó posesión en sustitución de otro navarro, Miguel Asurmendi, tras ser nombrado por el pontífice Francisco I, no había seminaristas en Vitoria y que ahora sí los hay. Exponen que hay dos vías de formación, en efecto, y que este modelo está ayudando a paliar en parte la falta de vocaciones. Sin contar a los 'kikos', entre el resto de seminaristas no hay un solo alavés y el más cercano es un vizcaíno, según las fuentes consultadas.

Desde la diócesis aseguran que la de Vitoria es “la más envejecida” de España, con una “media” de edad entre los sacerdotes de “75 años”, que es justo la referencia para su 'jubilación'. Recalcan que no es descabellado que, en dos décadas, se puedan perder incluso “dos tercios” de los ministros si no se articulan medidas de choque. Remarcan que el obispo lo viene avisando desde casi su llegada, desde 2017.

Asumen que están cayendo los feligreses católicos, pero “no en la proporción” en que han descendido las vocaciones, un fenómeno más acentuado en esta demarcación que en otras, según su análisis. Desde que Elizalde es obispo, diez nuevos sacerdotes se han ordenado. La media es sencilla, uno al año. Ahora hay dos docenas de seminaristas de golpe, repartidos en las dos 'escuelas'. “Y, sí, don Juan Carlos ha traído gente de otras provincias, de América y de África”, asumen. Preguntados por las posibles lecturas ultras o contrarias a los derechos de las mujeres y de otros colectivos, estas fuentes oficiales sostienen que el obispo ha actuado cuando se han detectado porque “la Iglesia es parte de la sociedad” y responde a sus cambios y evolución.

En Radio Vitoria, el propio Elizalde ha respondido directamente a sus críticos. Y lo ha hecho muy duramente, entrando al terreno personal. “Es un ariete constante. Efectivamente, no se integran. Hay algunos que no saben en qué echar el día. Los más combativos, los que lograron que los obispos anteriores se amargaran, están en esa misma línea, sólo que más viejos. Esto lo habido siempre, sólo que [hasta ahora] no ha habido un cara a cara. Y conmigo sí lo está habiendo. Yo estoy contento”, ha manifestado preguntado por la carta. Y, sobre uno de los promotores, ha añadido que se dedica a ver “obras del Ayuntamiento” y no a realizar su labor pastoral. “La parroquia está cerrada. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. No va a nada de formación. Ni a los retiros. ¿En qué pasa todo el día? [Tiene] Mucho tiempo para incordiar”, ha lanzado. En una nota, el Obispado ha añadido que Elizalde aboga por el “diálogo abierto”.

¿Y qué opinan los fieles? “Hay una sensación de hartazgo. Se ven hechos muy sesgados. Está metiendo un tipo de Iglesia que podría ser cercana perfectamente a Vox”, señala una persona muy implicada en la Iglesia católica cuyo templo de barrio ha quedado bajo control de los Peregrinos de la Eucaristía. Sobre el proceder de este grupo se han multiplicado las quejas hasta el punto de que ha aparecido una web de damnificados. “Nos hemos convertido en refugio de corrientes neoconservadoras”, lamenta.

La homilía de la discordia

En este contexto, suscitaron controversia las palabras de Elizalde en la homilía de San Prudencio. Esto fue una de las partes del discurso pronunciado delante del lehendakari, Imanol Pradales, del diputado general de Álava, Ramiro González, ambos del PNV, o de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, del PSE-EE: “El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas confesionales en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas. Manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción. Todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

“A mí me sorprendió que entrara de esa manera en el terreno político”, ha admitido González en una rueda de prensa. Hurtado, que no participa en actos religiosos, añadió en la Cadena Ser que este tipo de declaraciones le parecen ya habituales en los últimos tiempos. “El tiempo de hacer política desde los púlpitos es pasado”, añadió. Desde la diócesis lamentan que solamente se cuestionen las palabras del obispo “cuando van en una dirección”. “Cuando criticó a Vox, nadie le dijo que no se metiera en política”, afirman desde su entorno en relación a unos comentarios sobre los derechos de los migrantes.

Otras controversias

En los últimos meses han sido muchos más los debates en Vitoria en torno a la figura del obispo católico. En marzo, por ejemplo, consideró “claramente injusto” que el Gobierno de España “siga poniendo el foco sólo en la Iglesia” católica a la hora de abordar la reparación de las víctimas de violencias sexuales. “El 98,8% de las víctimas quedan desasistidas porque eso [los casos de pederastia] ocurre por desgracia en la familia, en el mundo de la escuela, en el mundo del tiempo libre y del deporte”, manifestó sobre las últimas medidas de reparación arbitradas.

En 2023, en el marco del centenario de la coronación de Nuestra Señora de Estíbaliz como patrona de Álava, señaló también que “las nuevas leyes acerca de la vida y de la ideología de género son experimentos artificiales de alto riesgo que conducen a la frustración y a la muerte”. “Jóvenes, no os dejéis engañar. El mundo, de vosotros sólo quiere vuestro cuerpo, y mientras sea joven. El camino de fe de vuestros padres y abuelos es un camino de plenitud y de felicidad”, agregó.

En 2019, Elizalde dijo que estaba “manipulada” una entrevista en la Cadena Ser sobre la homosexualidad y las informaciones de elDiario.es en torno a casos de “terapias” para “curar” a estas personas. La transcripción que sigue es la publicada en la propia web episcopal:

—¿Cómo lo valora?

—[...] Efectivamente, no hay una terapia regresiva. Hay un acompañamiento a personas que no se sienten cómodas en su cuerpo, en su orientación sexual, que voluntariamente piden ayuda...

—¿No se trataba de curar a homosexuales?

—No, el Secretario de la Conferencia Episcopal lo dejó muy claro. La curación en la Iglesia no es tanto médica, no es nuestro campo, no es nuestra responsabilidad, no somos especialistas, como acompañamiento

—¿Pero usted cree que necesitan ser curadas las personas homosexuales?

—Que hay heridas en esas personas, como en todas, sí. Y que esas heridas necesitan un acompañamiento, necesitan una ayuda...

—¿Pero heridas que luego condicionan su orientación sexual?

—Heridas afectivas, heridas relacionales, sí.

—¿Y ahí se puede hacer un acompañamiento?

—Curativo, sí, sí, sanante. No estamos hablando directamente en el sentido médico quirúrgico.

—No, no, pero bueno me está diciendo que hay heridas que específicamente, entiendo, tienen las personas homosexuales, que se pueden acompañar.

—En la amplia gama de posibilidades y orientaciones, si una persona quiere que se le ayude en un camino determinado para reconocerse más armónicamente en su propio cuerpo, esa persona tiene derecho, igual que otra persona.

—¿Y el que no quiere ayuda y quiere vivir esa sexualidad de esa manera y esa orientación?

—Pues fenomenal.

La polémica de los belenes

El gran punto de fricción en estos años entre el obispo Elizalde y las instituciones ha venido a cuenta del memorial del 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada todavía franquista asaltó una iglesia del barrio obrero de Zaramaga donde se celebraba una asamblea de huelga. Murieron tiroteados cinco jóvenes y se produjeron decenas de heridos. En 2021, con motivo del cuadragésimo quinto aniversario, se acordó que el templo, San Francisco de Asís, iba a convertirse en espacio museístico.

Sin embargo, ha pasado ya el simbólico quincuagésimo aniversario y no solamente no está en marcha sino que no se pudo hacer un solo acto conmemorativo en su interior. San Francisco de Asís no está abierta al culto desde hace años, pero acogía antes de la pandemia una exposición permanente de belenes de Navidad. El Obispado siempre ha señalado que la cesión de la iglesia tenía que ir acompañada de una solución a la colección de pesebres. Los años pasaron y el edificio incluso se fue deteriorando. Elizalde llegó a esgrimir la fuerza del Vaticano para tratar de alcanzar sus objetivos.

La secretaria de Estado de Migraciones, la socialista Pilar Cancela, se desplazará próximamente a Vitoria para mantener encuentros institucionales con cargos locales de cara a la puesta en marcha del nuevo centro de refugiados que el Estado prepara en la ciudad. Está ubicado en la antigua Clínica Arana, sin uso durante años, y ha motivado las críticas de PP y Vox, mas también las del PNV y de colectivos vecinales.

Javier Hurtado, en su condición de secretario general del PSE-EE en Álava, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser este martes que la ronda responde al “compromiso” adquirido por el Gobierno central de ahondar en la “coordinación” interinstitucional en torno a este proyecto. Se reunirá con el Ayuntamiento, con la Diputación de Álava y con el Gobierno vasco, según ha indicado.

Hurtado no ha concretado el momento concreto de la visita -será “en próximas fechas”-, pero sí ha puesto en valor su importancia. Ha recordado que ya se acordó con la alcaldesa, Maider Etxebarria, la reducción de las plazas inicialmente previstas, 350, para que sean finalmente 200. Ha destacado su “liderazgo” en esta materia.

El también consejero del Gobierno vasco ha indicado que el proyecto, con los cambios anunciados, estará mejor integrado en el barrio. Pero ha remarcado que Vitoria ha de seguir siendo una “ciudad de acogida” -“muchos somos también inmigrantes”, ha manifestado sobre sí mismo, nacido en Madrid- y que los usuarios del nuevo recurso son personas que no migran por voluntad, sino que “huyen de sus países” por las guerras y las “violaciones” sistemáticas de sus derechos básicos.

Hurtado se ha referido también a los malienses que llevan meses pernoctando en la calle en una zona muy próxima a Arana, Salburua. Ha defendido que el Estado, que es el que tiene las principales competencias, está “abordando desde el primer momento” el problema a pesar de las críticas de colectivos vecinales. Ha apuntado que se han producido ya del orden de “1.400 traslados” o atenciones a este colectivo.

EH Bildu, la coalición Elkarrekin (encabezada por Podemos) y el PP han presentado varias enmiendas a los proyectos de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramitan en Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. En general, buscan que se endurezca la normativa planteada por PNV y PSE-EE en algunos supuestos, por ejemplo con mayor presión a los pisos turísticos o a los cruceros. Las enmiendas adquieren un papel relevante en Gipuzkoa y en Álava, ya que en estos dos territorios los partidos de Gobierno foral no tienen mayoría y precisan del voto de uno de estos grupos para sacar adelante la norma. No sucede así en Bizkaia, donde tiene mayoría en las Juntas Generales el equipo de Gobierno. En 2025, nacionalistas y socialistas sacaron adelante la reforma fiscal con Podemos.

Una vez finalizada la presentación de enmiendas -cuyo plazo en el caso de Gipuzkoa terminaba este viernes, no así en el resto de territorios, ya que en Bizkaia ni siquiera ha empezado- arrancará el proceso de tramitación para que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027, como se ha pactado entre las tres diputaciones para dar margen a los Ayuntamientos vascos a adecuar sus ordenanzas municipales a la norma. Pese a la petición expresa del alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, a los grupos para que adelantaran la aplicación del impuesto vía enmiendas, sólo el PP presenta una enmienda para que el proyecto se aplique cuanto antes. En concreto, los 'populares' introducen la salvedad de que, pese a que con carácter general entre en vigor en 2027, “los ayuntamientos que hubieran aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada a esta norma foral podrán acordar la aplicación efectiva del impuesto desde una fecha anterior en su ámbito territorial”. Es decir, que aunque PNV y PSE-EE no contemplan la posibilidad de adelantar la entrada en vigor, si necesitan pactar con el PP en Gipuzkoa podrían introducir la salvedad que permitiría al alcalde de Donostia adelantar la aplicación.

En concreto ,en las Juntas Generales de Gipuzkoa Elkarrekin (que allí solamente tiene representantes de Podemos) ha presentado siete enmiendas, las mismas que EH Bildu, y cinco el PP. En los dos primeros grupos las enmiendas serán iguales para los tres territorios. En el caso del PP es previsible que también, aunque no se ha confirmado este extremo desde esta formación.

Elkarrekin: “Intensidad” turística

Los representantes de Elkarrekin en las Juntas de Bizkaia, y Álava, Eneritz de Madariaga, y David Rodríguez, respectivamente, junto al coordinador general de Podemos, Richar Vaquero, han presentado este viernes las enmiendas con las que pretenden “que el impuesto refleje mejor el impacto real de las estancias y refuerce su capacidad de retorno social”. De entrada, proponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, y que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Además, modifican las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equiparan el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros, En el proyecto de norma se fija entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también plantea elevar el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, plantea incluir un nuevo concepto en la norma, el de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal”. Con ello se dotaría de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible. A su vez, plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III.

EH Bildu: un día más “se paga”

Desde EH Bildu las enmiendas también se dirigen entre otras cuestiones a que las viviendas turísticas tengan la “tasa máxima”, ya que, “con la actual crisis de vivienda, sobre la que inciden las viviendas turísticas, no se pueden tratarlas de manera ligera”, ha señalado en la Cámara vasca la parlamentaria Itziar Murua, que ha interpelado al consejero Javier Hurtado sobre los retrasos en la aplicación de este impuesto. De entrada, una de las enmiendas presentadas va encaminada a que quede especificado el impacto que genera la actividad turística en los alquileres de vivienda. En este sentido, piden también que el pago de este impuesto en las viviendas de uso turístico se iguale con los hoteles de cinco estrellas. También plantean modificar las horquilla de pagos al alza sobre todo para los cruceros que los equipara también con los hoteles de máxima categoría.

EH Bildu propone eliminar el límite de máximo de cinco días sobre los que se paga el impuesto, porque si argumenta que los costes que genera el turismo están directamente relacionados con la duración de la estancia, la “lógica es que un día más, se paga”, ha señalado Murua. Además, introduce cambios para los ayuntamientos puedan acceder a la información de los alojamientos de manera fiable y segura, y establecen que se pueda poner a disposición de las administraciones municipales “la información que los establecimientos de alojamiento deban remitir de acuerdo con la normativa aplicable en materia de seguridad pública”. En la misma línea de facilitar el trabajo a los ayuntamientos introduce el compromiso de la Diputación Foral de Gipuzkoa de que “poner a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos adecuados, mediante la creación de un sistema eficaz para la recogida fiable de la información y el cumplimiento de sus obligaciones”.

EH Bildu propone también que la evaluación del impacto del impuesto se lleve a cabo mediante una comisión de evaluación constituida por las tres Haciendas forales y por Eudel.  Por otra parte, propone que se modifique la norma cuando se defina o desarrolle el concepto e intensidad turística en el marco de la normativa turística de Euskadi.

PP: adelantar la fecha

En lo que se refiere a los 'populares', las enmiendas presentadas introducen la citada permitiendo a los ayuntamientos la entrada en vigor antes del 1 de enero de 2027, si tienen aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada. Consideran que de esta forma se permite “una implantación progresiva y flexible del impuesto respetando la autonomía municipal”. Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos puedan “establecer bonificaciones sobre la cuota tributaria de hasta el cien por cien, en función de las características del municipio, del volumen de plazas alojativas, de la tipología de los establecimientos o de otras circunstancias de interés público debidamente justificadas”. La norma actual prevé bonificaciones de hasta el 100% sólo para los municipios con 25 o menos plazas alojativas. En la misma línea solicitan que “las bonificaciones previstas en este artículo podrán dar lugar a una cuota tributaria efectiva nula, en los términos que establezca la correspondiente ordenanza fiscal”. Es decir, que se permita que “en la práctica y con total seguridad jurídica, un ayuntamiento apruebe y aplique el impuesto, pero con un impacto económico cero para el contribuyente si así lo decide”. También pide que se pueda eximir del impuesto a alojamientos rurales y de pequeña escala, adaptando la carga fiscal a la realidad de cada municipio.

Por último, desde el PP, se establece sobre el destino de la recaudación que los ayuntamientos establecerán en la ordenanza fiscal que desarrolle el Impuesto sobre Estancias Turísticas que “el ingreso generado se destine a partidas presupuestarias de mantenimiento urbano, seguridad, mejora de infraestructuras locales, limpieza, promoción de un turismo más sostenible y conservación del patrimonio histórico y cultural o cualquier otro siempre y cuando dichos recursos no se empleen para la creación de ningún tipo de sociedad ni para el funcionamiento administrativo de empresas públicas de turismo.”

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, se queda solo en su cruzada para que el impuesto turístico entre en vigor este mismo verano. Aunque habrá que esperar a la tramitación de las normas en las Juntas Generales, tanto desde la Diputación de Gipuzkoa como desde el Gobierno vasco han recordado al alcalde que hay una fecha pactada entre los tres territorios para dar seguridad jurídica la impuesto, que es el 1 de enero de 2027, en la misma línea en que lo hizo ya el pasado lunes la Diputación de Bizkaia. Especialmente duro con las manifestaciones del alcalde ha sido el consejero Javier Hurtado. “No sé si el alcalde atúa desde el desconocimiento o la mala fe”, ha señalado el socialista.

Lo cierto es que el alcalde de Donostia reclamó al consejero de Turismo, Comercio y Consumo que tuviera “una actitud proactiva” y escuchara a la ciudadanía donostiarra, que “quiere aplicar el impuesto cuanto antes”. Aunque la negociación inicial sobre este impuesto partió del Ejecutivo, se decidió finalmente que se desarrollara a través de normativa foral, como el resto de impuestos. Y quedó desde entonces en la mano de las diputaciones, que son las que han pactado la fecha de entrada en el vigor de acuerdo con las peticiones de Eudel, para dar margen a todos los Ayuntamientos adaptar sus ordenanzas, y también del sector. Es decir, no es una cuestión que dependa del Gobierno vasco en estos momentos.

“Me dejan un poco perplejo las declaraciones del alcalde”, ha señalado. “No sé si se hacen desde el desconocimiento o la mala fe” porque el proceso “ha sido muy claro y transparente”, ha indicado Hurtado. Y ha añadido: “Más allá de las cuestiones internas que son del PNV, sí que me sorprende, por ejemplo, que ahora interpele al Gobierno vasco y, en este caso, a mí, cuando hace unos meses -y la hemeroteca está ahí-, decía que lo importante era la opinión de las diputaciones, del ayuntamiento, y daba igual lo que dijese el Gobierno vasco. Ahora que no ha visto reflejado alguna de sus aspiraciones, sorprende esta interpelación”.

Además, ha recordado que, desde el punto de vista jurídico, las tres diputaciones han considerado que tiene que entrar en vigor a la vez en todos los Ayuntamientos y que ha habido un periodo de audiencia pública para esa norma foral. El Ayuntamiento de Donostia no presentó ninguna alegación. “Sinceramente, me sorprende porque apela a una fórmula que no conocemos, que no ha puesto sobre la mesa. Yo no he recibido ninguna documentación, ningún papel, ninguna propuesta, cuando realmente los cálculos que hacemos es que la norma foral pueda ser aprobada en torno a junio y luego esa norma foral hay que trasladarla a una ordenanza fiscal”, ha señalado. “Un alcalde tiene que conocer cómo son esos procesos para trasladar esa ordenanza fiscal y tiene sus plazos, con lo cual materialmente no tienen tiempo”, ha dicho Hurtado. Y ha recordado que el propio alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, igualmente del PNV, también pedía tiempo para modificar la ordenanza fiscal, además del trabajo que hay que hacer con el sector.

El consejero, de hecho, en una entrevista en Radio Euskadi, ha devuelto la pelota al Ayuntamiento de Donostia, y ha pedido a este consistorio “que quiere ser el primero en implantarlo” y al resto que sean “proactivos” y que “lleven a cabo un ejercicio de transparencia en las ordenanzas municipales del impuesto, explicando la finalidad de los fondos recaudados”, ya que la recaudación es municipal. “Que tengan un compromiso en esa ordenanza fiscal para publicitar todos los ingresos que supone ese impuesto y a dónde van destinados y esa coordinación con el sector para dónde van a ir destinados, porque tiene que revertir, tanto en los que residimos aquí, como en los visitantes, como en el sector”, ha señalado. Ha recordado el consejero que el debate sobre la tasa turística se lleva produciendo casi diez años en Euskadi: “Hay que hacer las cosas bien en estos últimos meses para tenerlo con todas las garantías jurídicas y con transparencia”.

Insausti ha respondido este mismo miércoles a Hurtado y le ha pedido “respeto a los donostiarras”, por un lado y de nuevo “avanzar en la aprobación del impuesto turístico”, por otro. Tras escuchar las afirmaciones del consejero ha señalado que “Donostia está pidiendo poder avanzar al mismo ritmo que otras ciudades europeas” que ya cuentan con este instrumento para gestionar “un turismo equilibrado” y ha insistido en que “se dejen a un lado las excusas y las trabas administrativas, y que se habiliten las vías necesarias para que el impuesto pueda aplicarse cuanto antes”.

Sin embargo, también la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, compañera de partido de Insausti, ha señalado la importancia de que entre en vigor “en todas partes al mismo tiempo”, porque “ofrece seguridad jurídica”, y ha defendido la fecha del 1 de enero de 2027 establecida por las diputaciones forales. Menos dura que Hurtado con la petición del alcalde donostiarra porque se implante cuanto antes, ha dicho que entiende su ostura. Pero ha insistido en que fue Eudel, la asociación de municipios de la que es parte Donostia, quien pidió a las diputaciones que el impuesto turístico entrara en vigor a partir del 1 de enero porque “ofrece seguridad jurídica que entre en vigor en todas partes al mismo tiempo”.

Ha recordado que el proyecto de norma foral está en fase de enmiendas en las Juntas Generales de Gipuzkoa y ha indicado que “si los grupos junteros quieren hacer alguna aportación, por supuesto” que estarían “dispuestos a negociarlo”. Hay que recordar que PNV y PSE-EE no tienen mayoría en las Juntas de Gipuzkoa, como tampoco en las de Álava. No obstante, Mendoza ha querido “poner en valor que esto ha exigido tiempo”. “Ha exigido también dedicación. Queremos aportar seguridad jurídica al respecto y esta es la manera que hemos encontrado para ello”, ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que, de momento, la decisión es que “si hay municipios que aprueban sus propias ordenanzas municipales antes del 1 de enero tendrán fijado de antemano cuál va a ser la tarifa”, ya que los consistorios decidirán si hay recargos o exenciones, “pero no entrará en vigor, no se va a poder cobrar antes del 1 de enero del 2027”. “Si hay ayuntamientos que no han aprobado sus ordenanzas antes del 1 de enero van a tener que cobrarlo en su tramo máximo, que es de 7,5 euros por noche y persona”, ha precisado en Euskadi Irratia.

El exalcalde de Donostia, Odón Elorza, también ha entrado en la polémica con Insausti por la tasa turística, y ha recordado que el actual alcalde ha sido muchos años concejal de turismo en la ciudad, cuando “más avalancha” de turistas se registró, ha dicho.

La Autoridad Vasca de la Competencia cuestiona en un informe la intención del Gobierno vasco de poner trabas a la proliferación de pisos turísticos a través de la nueva normativa contenida en el anteproyecto de la ley de Turismo. La norma pretende, por ejemplo, establecer la obligación de renovar cada cinco años las licencias de estas viviendas, perdiendo el carácter indefinido que tienen ahora una vez se realiza la declaración responsable que garantiza que cumplan las condiciones requeridas. En un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Turismo vasca, el organismo regulador señala que “la validez de la declaración responsable es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

Señala Competencia que la manifestación, mediante comunicación o declaración responsable, de que la persona cumple los requisitos exigidos para establecer un piso turístico “comporta, además, el traslado de la información necesaria para que la autoridad competente realice el pertinente control de la actividad”. Por ello, considera que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”, es decir, como ocurre en estos momentos. “Competerá, de un lado, al operador comprobar que sigue cumpliendo los requisitos para el ejercicio de la actividad económica, y, de otro lado, a la administración competente vigilar, controlar y supervisar a los operadores”, recuerda el organismo regulador.

La administración competente podrá determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad cuando se compruebe la “inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o el incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente”. Pero insiste en que la validez de la declaración responsable “es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

El anteproyecto de Ley, que inició el pasado mes de febrero el periodo de exposición pública, contiene varias modificaciones de la legislación anterior destinadas a restringir la apertura de pisos turísticos, una de las cuestiones más polémicas en la situación actual, en la que hay una creciente escasez de vivienda.

Ante esta pretendida restricción, la Autoridad Vasca de la Competencia advierte de que los poderes públicos deben garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados y “no introducir distorsiones mediante la regulación”. “La salvaguarda de la libre competencia constituye un principio de interés general, que únicamente puede ser mermado si es necesario para la consecución de otros fines de interés general y bajo el cumplimiento de determinadas premisas”. Por ello, señala que en los supuestos en los que se pretendan establecer restricciones a la implantación o desarrollo de actividades económicas, “estas deberán justificarse en razones imperiosas de interés general (protección del medioambiente y del patrimonio urbano; conservación del patrimonio histórico y artístico; orden público, etc.), y adecuarse a los principios de proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación”.

En este sentido, recuerda en el informe que en la iniciativa para realizar una actividad económica rige el principio general de libre acceso y ejercicio de la actividad económica y que “cuando, para acceder y ejercer una actividad, se exige al operador cualquier tipo de actuación, estaríamos ante un régimen de intervención”. “Se identifican tres niveles de intervención administrativa: autorización, declaración responsable y comunicación. La autorización exige, para poder iniciar la actividad, un pronunciamiento previo de la Administración, mientras que con la declaración responsable el operador manifiesta cumplir los requisitos. Con la comunicación sólo resulta necesario poner en conocimiento de la Administración determinados datos para el inicio de la actividad”. E insiste el informe en que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”.

“No se alcanza a entender la virtualidad de obligar periódicamente a los operadores a expresar que siguen cumpliendo con los requisitos cuando, de un lado, la presentación misma de la declaración responsable primigenia ya comporta esa obligación de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa y, de otro lado, es la administración la facultada -e, incluso, obliga- a controlar, vigilar y supervisar que, efectivamente, los operadores siguen cumpliendo con los requisitos para el ejercicio de la actividad”.

“El órgano proponente, sabedor de que la autoridad de competencia aboga, con carácter general, por elegir, de entre los regímenes de intervención, el de comunicación, debería completar el análisis —y su correlativa justificación— de qué régimen de intervención es el que mejor se adecúa a la realidad cuya regulación le ha sido encomendada”, señala.

Por estas consideraciones, la Autoridad Vasca de la Competencia insta al Gobierno a la supresión del artículo 94.10, que establece que “las nuevas viviendas de uso turístico que se inscriban en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi deberán renovar su inscripción cada cinco años, mediante la presentación de una declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente”. No es el único epígrafe del articulado que aboga por suprimir el organismo regulador.

Por ejemplo, el 10.k, que otorga a las administración general vasca “el ejercicio de potestades administrativas vinculadas a la protección de las empresas turísticas legalmente constituidas y a la defensa de su actividad frente al intrusismo”; el 68, por no compartir el principio de “unidad de explotación”, que parte de que todos los establecimientos de alojamiento turístico “deberán estar gestionados bajo el principio de unidad de explotación, correspondiendo su administración a una titularidad única, sobre la que recaerá la responsabilidad administrativa derivada de su funcionamiento”; el 131.6, que considera infracción “muy grave” el incumplimiento del principio de unidad de explotación; o el 81.1, que establece que “se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras análogas los establecimientos de alojamiento turístico, siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico municipal y no se trate de una zona residencial tensionada, quedando estrictamente sometidos a los principios de uso turístico exclusivo y unidad de explotación, con independencia del sistema de comercialización por el que opte el explotador”, por las referencias que hace a la unidad de explotación. Además, recomienda las modificaciones en la redacción de otros cuatro puntos.

Tampoco comparte el organismo regulador la exigencia de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio. “Sólo cabrá esa exigencia en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de la persona destinataria o de un tercero, o para la seguridad financiera de la destinataria”. También advierte de que no podrá exigirse constar en el Registro de Ética Turística para el otorgamiento de ventajas económicas o para establecer cauces colaborativos con entidades del sector público. “Si se incluye como un criterio de selección en los programas subvencionales, deberán estar vinculados al objeto del procedimiento subvencional; ser formulados de manera objetiva; respetar los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferir al órgano de selección una libertad de decisión ilimitada; garantizar la evaluación de las solicitudes en condiciones de competencia efectiva; y permitir comprobar de manera efectiva la información facilitada por las solicitantes para evaluar si las solicitudes cumplen los criterios de selección”. Además, del mismo modo que, para la adhesión, se prevé que ésta se efectuará mediante el procedimiento establecido al efecto, la exclusión también deberá realizarse mediante un procedimiento.

Por otra parte, aunque valora positivamente la mejora de la cualificación de las personas trabajadoras del sector turístico que contiene el anteproyecto, advierte de que “el desarrollo de líneas formativas no debe llevar a que, donde hoy la prestación del servicio es libre, pasen a exigirse títulos habilitantes”.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha considerado que este jueves es “un buen día” porque las tres Diputaciones han dado inicio, formalmente, al proceso de tramitación del futuro “impuesto” a las estancias turísticas. En concreto, han sometido a exposición pública el anteproyecto coordinado desde hace años por el propio Hurtado, que plantea un máximo de 7,50 euros de tasa por noche -en un hotel de cinco estrellas en cuyo municipio se aplique el recargo del 50% a las cuantías ordinarias- y exenciones para pueblos pequeños, a partir de la quinta pernocta o para menores de edad o desplazamientos por causas de fuerza mayor, como los motivados por temas de salud. Hurtado ha confiado en que el resultado sea “homogéneo” en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y también en que en 2026 pueda estar aprobado y en vigor, pero la realidad política marca que en dos de los tres Parlamentos forales PNV y PSE-EE no tienen mayoría y que deberán “sudar tinta” -en definición de un cargo foral- para buscar un socio externo.

Aunque los calendarios tienen matices en cada territorio, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, del PNV, ya adelantó que será el 17 de marzo cuando, en su caso, envíen el articulado a las Juntas Generales. Lo hizo tras una reunión con el alcalde de Donostia, Jon Insausti. Tras el encuentro, algunos medios ya dieron por hecho en sus titulares que “antes” del verano de 2026 se podría aplicar ya en la ciudad vasca más turística el nuevo gravamen. Sin embargo, tiene pendiente toda la tramitación parlamentaria -y por triplicado, en cada Cámara foral- y la propia norma da una 'vacatio legis' de seis meses a los ayuntamientos para que la trasladen a sus ordenanzas.

El impuesto, del que se ha discutido si tenía que ser autonómico o municipal, será finalmente similar al IBI o al ICIO, según ha explicado Hurtado. Es decir, vendrá con regulación foral, donde residen las competencias fiscales, pero tendrá desarrollo local. Es una fórmula “obligatoria” para los 252 ayuntamientos, aunque “podrán establecer, mediante ordenanza fiscal, una bonificación de hasta el 100% de la cuota tributaria cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o inferior a 25” y también, si es superior a 750, “un recargo de hasta el 50%” en las tablas presentadas.

Hurtado ha insistido en que, como él demandaba, será una tributación “progresiva”. “No se va a pasar lo mismo en un 'camping' que en un hotel de cinco estrellas”, ha explicado a los periodistas. Igualmente, la tasa grava los pisos turísticos, con entre 2 y 4 euros por noche antes de posibles bonificaciones o recargos.

El impuesto -existente en muchos lugares de España, Europa y el mundo- no es finalista, de modo que los ingresos que obtengan los municipios no tendrán un destino obligado. Hurtado, en cambio, ha remarcado que la recaudación será para atender a las necesidades de residentes y visitantes. El Gobierno vasco estará vigilante de la aplicación del nuevo modelo, según las fuentes consultadas. De momento, ya ha habilitado partidas en los presupuestos de 2026 para iniciar la aplicación, con créditos de compromiso para futuros ejercicios.

Esta tramitación llega un año después de la aprobación de la reforma fiscal de 2025, de una larga duración. Finalmente, PNV y PSE-EE la sacaron adelante con el apoyo de Podemos. Extendieron a Bizkaia el contenido pactado, aunque allí nacionalistas y socialistas gozan de mayoría absoluta. PP o EH Bildu podrían ofrecer numéricamente los votos necesarios para la aprobación de las normas forales.

El 75% de los informes sobre pisos turísticos solicitados por el Gobierno vasco al Ayuntamiento de Getxo se han remitido fuera de plazo o no se han enviado. En total, 30 de los 45 informes solicitados a este consistorio. De ellos, nueve pisos turísticos de los que no había informes municipales han terminado siendo cesados por la inspección por incumplimiento de la normativa turística.

Se trata de los informes que el Gobierno vasco pide a los ayuntamientos para comprobar que los pisos turísticos que se registran cumplen los requisitos establecidos para operar como tales. El consistorio tiene un plazo de tres meses para contestarlos, según se establece en el artículo 8.3 del Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

A través de estos informes, el Gobierno trata de determinar “si la vivienda tiene carácter residencial y es conforme con la normativa municipal sobre edificación, con la indicación de si consta licencia de primera utilización o cédula de habitabilidad”; “si la actividad de alojamiento turístico que se propone es conforme con el uso urbanístico previsto por la normativa municipal y cumple las condiciones específicas que en su caso sean de aplicación”; “si consta en la documentación municipal, ocupación máxima de la vivienda”; y si “la actividad de alojamiento turístico que se declara cumple los requisitos medioambientales”.

El decreto establece el plazo de tres meses para que el ayuntamiento remita el escrito al Gobierno . “El caso de que, transcurrido dicho plazo, el informe no haya sido recibido, se tendrá por verificado el cumplimiento de los requisitos referidos y se continuará el procedimiento”. Esto es lo que ha pasado con los 30 informes que Getxo ha remitido fuera de plazo, 22, o que directamente no se han enviado, ocho. En este sentido, el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco señala en una respuesta a la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, remitida a la Cámara vasca, que, al no recibir los informes pertinentes, el Gobierno da por verificado el cumplimiento de los requisitos referidos y se continuará el procedimiento con la solicitud a los propietarios de la documentación acreditativa de los requisitos, mientras la Dirección de Turismo y Hostelería seguirá realizando las “actuaciones de inspección y control necesarias” entre las que se puede incluir la inspección de la vivienda.

Esta labor ha llevado a que de los 30 expedientes donde el ayuntamiento ha remitido el informe fuera de plazo (22) o no ha remitido informe alguno (8), 19 hayan continuado con su actividad, mientras que 11 han sido cesados bien por incumplimiento de normativa turística, nueve de ellos, o por haber presentado el interesado el expediente de cese, dos, de ellos.

En total, el Gobierno ha solicitado 45 informes al Ayuntamiento de Getxo sobre viviendas turísticas de la localidad a través de la Oficina Territorial de la Dirección de Turismo y Hostelería de Bizkaia desde que se empezó a solicitar este tipo de informes. De ese total de solicitudes, sólo 11 se han remitido al Gobierno dentro del plazo establecido de tres meses, 22 no han sido remitidos dentro del plazo, y en otros ocho no se ha remitido ningún informe por parte del Ayuntamiento. Es decir, un total de 30 expedientes o no se han remitido en plazo no se han contestado.

Precisamente, el Ayuntamiento de Getxo ha vivido este pasada semana un convulso pleno en el que PP, EH Bildu y Podemos han pedido la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre. La petición de dimisión se debe al caso del palacete protegido derribado, en el que hay tres concejales del PNV investigados, pero en las intervenciones de la oposición hubo críticas continuas a la gestión del equipo de Gobierno.

Según los datos aportados por el Gobierno vasco, en el momento de remitir la respuesta a la Cámara hay tres expedientes que están en tramitación y el Ayuntamiento está en plazo de enviar su informe preceptivo, mientras que una solicitud de informe de los 45 pedidos se anuló por haber presentado el interesado de la vivienda de uso turístico expediente de cese.

El viernes arrancará el camino del nuevo Basque Culinary Center, el dedicado al mundo del vino, con la colocación de la primera piedra del EDA Drinks & Wine Campus en la localidad alavesa de Laguardia, la que será la principal de las dos sedes con la que contará este centro de excelencia, ya que la otra estará en Vitoria. A las puertas de que se inicie el camino de la construcción de este edificio, que se espera que esté operativo para iniciar el curso de 2027 , los ecos del impacto que tendrá sobre la promoción de la zona llegan hasta Fitur, la feria del turismo que ha arrancado este miércoles en Madrid en la que Euskadi se promociona hasta el próximo sábado como foco de atracción de turismo.

Aunque no está previsto realizar ninguna presentación específica sobre el EDA de forma directa, ya que es un proyecto que, de momento, está dando sus primeros pasos, sí que “está teniendo ya un impacto de manera indirecta”, reconoce el alcalde de Laguardia, Raúl García Ezkerro, desde la feria de turismo internacional. “Es un evento, el de la primera piedra que se va a colocar el viernes, que esperamos con mucha ilusión en el municipio, porque va a suponer un montón de atracción turística para Laguardia”, señala el alcalde. Aunque considera que “más que para la atracción turística”, el nuevo centro del BCC, es importante a nivel de “fama”.

“Todo el mundo conoce al Basque Culinary Center, y eso nos coloca como punto de atracción a nivel mundial” en todo lo que se refiere al vino, más allá de la producción y las bodegas, señala. “Ponermos en el mapa a Laguardia y a toda la Rioja Alavesa”, es el objetivo. Por eso, aunque no hay una promoción directa, “el EDA está en el ambiente por lo que va a suponer”.

Señala, además que será un punto de atracción de otras inversiones en la comarca. “Puedo decir públicamente que desde que es una realidad, con la licencia de obras y el viernes ya con la primera piedra, he tenido numerosas reuniones con diversos sectores de cosas que se van a ir incrementando, ampliando o asentando en Laguardia entorno al EDA. Sin duda va a ser un tractor”, sostiene.

Laguardia promocionará en Fitur, entre otras cosas, varias cuestiones relacionadas con la cultura del vino, como el evento 'Laguardia en vino' que tendrá su espacio este jueves en el 'stand' de Euskadi, en el que se promocionan las pequeñas bodegas del municipio. “Lo llevamos a cabo de la mano de las bodegas, un poco a su gusto para que realmente funcione y al final intentar llegar al público que a ellos les interesa, que es el objetivo, que es el profesional de distribuidores, comercializadoras, vinotecas o críticos del sector. Es un evento muy peculiar, muy, vamos a decir, de alta gama, con un aforo limitado en el que se prueban los mejores vinos de Laguardia”, señala el alcalde, del PNV.

También Labastida promocionará la cultura del vino en Fitur y su marca como “cuna del vino moderno”, y su alcalde, Daniel García, considera también que el EDA es “un proyecto muy interesante para toda la comarca porque va en la dirección de posicionamiento en cuanto a calidad de los vinos”. “De construir una economía del vino más allá de la propia elaboración y una economía también del conocimiento de todo lo que rodea al vino, que muchas veces lo reducimos única y exclusivamente a lo que es la producción y al turismo, que tiene que ver con las catas en las bodegas, que visitar algunos viñedos”, incide. En este sentido, recuerda que el vino tiene mucho que ver con “la cultura, la historia y el patrimonio”. “Y aspira a ser y debe ser un reflejo de todo eso. Creo que va a dotar a la comarca de prestigio y que se va a convertir en un revulsivo”, sostiene el regidor del PP.

Fitur ha arrancado este miércoles con la inauguración oficial sustituida por un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Posteriormente, se ha seguido con el programa previsto y con los diferentes contactos empresariales, que son una de las razones de ser de esta feria. Con el consejero Javier Hurtado -que ha estado acompañado este miércoles por el vicelehedakari, el también socialista Mikel Torres- viajan a Madrid unas 170 empresas vascas para estar en la feria, que prevén mantener alrededor de 800 reuniones.

Este miércoles se ha presentado Álava como destino “soft”, que ofrece la posibilidad de disfrutar “con tranquilidad, sin prisas, de experiencias auténticas basadas en un rico patrimonio, una desbordante naturaleza y una reconocida gastronomía”, y Gipuzkoa y Bizkaia con una clara apuesta por el turismo sostenible. De hecho, Bizkaia ha sido distinguida este miércoles con el Premio al Destino más Responsable y Sostenible, dentro de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible impulsados por la Fundación Intermundial, en colaboración con FITUR y la OMT (organziación Mundial de Turismo).

Euskadi vuelve a acudir a Fitur, el escaparate nacional del turismo. Y lo hace como lo ha hecho en los últimos años, con el respaldo de unos datos récord de entrada de viajeros que se distribuyen por todos los meses del año, es decir, un flujo desestacionalizado y que cada vez más se reparte más por todo el territorio y no sólo en las capitales.

En concreto, el año pasado, a falta de los datos de diciembre, se cerrará con un incremento en la entrada de viajeros de un 4% respecto al año anterior. Es mayor fuera de temporada alta, cuando crece un 5% frente al 1,9% de incremento de la estival. Además, el turismo que más crece es el internacional, un 5,7%, el doble que el nacional, “lo que ayuda a las estrategias de aumento de la estancia y aumento del gasto”, según ha señalado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado.

Con estos datos, de los que Hurtado ha dado cuenta con motivo de la presentación de la oferta que Euskadi llevará a la feria del turismo en Madrid, que se celebra esta semana, del 21 al 25 de enero, el Gobierno vasco quiere hacer hincapié en la necesidad de que ese turismo sea “sostenible”. “Lo que realmente importa del crecimiento turístico no es la cantidad, sino cómo crecemos y cómo ese crecimiento favorece nuestra economía y a nuestra sociedad”, ha insistido el consejero, que lleva en el cargo desde 2020.

Hurtado ha recordado que este 2026 será año de “punto de inflexión” para el sector turístico. En primer lugar, porque “verá la luz el texto de una nueva ley de Turismo”. “Va a consolidar y reforzar nuestro modelo turístico, así como el control y la regulación”, ha indicado. En segundo lugar, porque “será el año el que se instaure el impuesto a las estancias turísticas”, que, según ha resaltado, permitirá a los ayuntamientos tener recursos para “para seguir mejorando sus municipios” y al sector turístico para “impulsar la sostenibilidad gracias a la dotación extraordinaria a través del departamento de turismo”. Además, ha indicado que 2026 será el año en el que se firme un pacto por el turismo sostenible con las diputaciones para la coordinación y la optimización de recursos entre las administraciones turísticas “sea todavía más efectivo”.

Precisamente el impulso del turismo “sostenible” será uno de los ejes fundamentales de las presentaciones de Euskadi en Fitur, conla campaña 'Guía para un viaje responsable', “reforzando su compromiso con un turismo sostenible, respetuoso y ético”. Con esta campaña se cierra el ciclo iniciado en años anteriores con 'Turista maitea', dirigida a quienes visitan Euskadi, y 'Turismo maitea', centrada en la población local. En este caso, se dirige a los ciudadanos vascos cuando viajan fuera, apelando a la coherencia y a la reciprocidad.

“Si pedimos a quienes nos visitan que respeten nuestra cultura, nuestro entorno y nuestra forma de vida, debemos actuar del mismo modo cuando viajamos a otros destinos”, ha señalado el consejero. El objetivo es “convertir a las personas viajeras vascas en embajadoras de buenas prácticas turísticas, reforzando la idea de que la sostenibilidad es un valor universal, no limitado al ámbito local”, ha señalado.

Junto al consejero ha comparecido el director de Basquetour, Daniel Solana, que ha detallado como será el 'stand' de este 2026, que repite el diseño inspirado en una gran txalaparta, tras ser reconocido como mejor muestrario institucional en 2025. Durante los tres días primeros días profesionales, el 'stand' acogerá una intensa agenda con presentaciones institucionales, encuentros sectoriales y reuniones profesionales, que se prolongará durante el fin de semana con actividades abiertas al público. Diputaciones, ayuntamientos, comarcas y agencias de desarrollo presentarán proyectos vinculados a la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización, el turismo activo, el cicloturismo, la gastronomía y la cultura.

Además, el espacio de Euskadi contará con una amplia zona de reuniones para el sector turístico y será escenario de presentaciones como el plan de acción de Basquetour para 2026, iniciativas de destinos turísticos inteligentes, acuerdos de colaboración y acciones de promoción internacional. El año pasado se celebraron más de 870 reuniones por parte de las 172 empresas que acompañaron al Gobierno vasco en la feria. Durante el fin de semana, se ofrecerá una programación cultural y gastronómica con catas, talleres, exhibiciones de danza vasca, actividades solidarias y propuestas familiares, reforzando la imagen de Euskadi como un destino diverso y con identidad propia.

Las Haciendas forales vascas no quieren poner una fecha para la entrada en vigor de la denominada tasa turística, que en realidad será un impuesto. Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que son las que están elaborando la normativa por la que se regirá este nuevo tributo, con el que se gravará la estancia de los turistas en Euskadi, carecen de un calendario para su tramitación y ninguna de las tres diputaciones forales quiere comprometer mes o año para su aprobación en las respectivas Juntas Generales, pese a que el Gobierno vasco cuenta con que esté implantada en 2026.

Itziar Gonzalo de Zuazo, diputada foral de Hacienda y Finanzas de Álava, reconoce en una respuesta escrita a EH Bildu, que el Gobierno foral “no tiene establecido un calendario de trabajo” para la elaboración de la norma foral sobre el impuesto sobre estancias turísticas. No obstante, señala que “está previsto la tramitación de la misma en la presente legislatura”. Es decir, un plazo a dos años vista y que no concuerda para nada con las previsiones del Gobierno vasco, que cuenta con que pueda estar en vigor el año que viene, por lo que ya se ha presupuestado 1,5 millones para reforzar al sector ante la implantación de este impuesto.

Fuentes de las tres Haciendas forales han reconocido que la tramitación está en una fase todavía muy preliminar sobre la que se está trabajando de manera conjunta en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Las previsiones que manejan las tres es tener un proyecto de norma antes de final de este año para poder llevarlo a exposición pública. A partir de ahí, “ni fechas ni horquillas” sobre cuándo se podrá aprobar, primero por los respectivos Consejos de Gobierno y después por las Juntas Generales, y recuerdan que la celeridad de la tramitación dependerá mucho de las alegaciones que se presente en el periodo de exposición pública y también de las enmiendas por parte de los diferentes grupos.

El impuesto sobre estancias turísticas se llevará a cabo a través de una norma foral que se quiere que esté totalmente coordinada entre los tres territorios, y será de recaudación municipal. La idea es que sean los propios ayuntamientos los que decidan si se aplica o no, porque la realidad es muy distinta en cada municipio, en función del tensionamiento que tenga. También tendrá diferentes importes en según el tipo de alojamiento.

La fórmula primera que barajaba y defendía el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco era que se tratara de un impuesto autonómico del que una parte revirtiera en el sector. Como finalmente se tratará de un impuesto municipal, cuya recaudación será para el municipio, se ha arbitrado vía presupuestos una partida para reforzar al sector. El Gobierno vasco, y así lo señaló el consejero de Turismo, Javier Hurtado en la presentación de las cuentas de su departamento, es que la tasa esté implantada el año que viene. Por eso, por ser el primer año de implantación, se ha reservado una partida de 1,5 millones de euros para el impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector, que subirá a dos millones en sucesivos ejercicios.

Fuentes del departamento de Turismo señalan esta partida presupuestaria indica la confianza del Ejecutivo en que las Haciendas tendrán ya la norma operativa el año que viene. En cualquier caso, han sindicado que ese 1,5 millones se destinará ya en 2026 a reforzar la competitividad del sector independientemente de si está ya en vigor o no el impuesto.

La implantación de la tasa turística -que en realidad será un impuesto- tiene ya reflejo en los presupuestos vascos de 2026. Las cuentas vascas asignan al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco una dotación extraordinaria de 1,5 millones para el impulso a la competitividad y sostenibilidad, que subirá a dos millones en sucesivos ejercicios, por el acuerdo sobre la próxima implantación de este impuesto, cuya normativa se encuentra ahora en fase de elaboración por parte de las Haciendas forales y que será municipal. Precisamente, el hecho de que la recaudación vaya a ser en su totalidad para los ayuntamientos, ha llevado a implementar en las cuentas esta dotación extraordinaria para reforzar el sector y que también se beneficie, aunque de forma indirecta, de la implantación de la tasa.

El propio consejero, el socialista Javier Hurtado, que ha presentado este jueves los presupuestos con los que contará su departamento para el próximo año, ha reconocido que la opción defendida por la consejería era que la recaudación del impuesto se repartiera en una mayor parte para los ayuntamientos y otra parte para el sector. “Finalmente, la vía escogida para implantar el impuesto ha sido la de un impuesto municipal a través de norma foral y, por tanto, la recaudación tiene que ser 100% municipal. Por ello, para conseguir el porcentaje que creemos firmemente que debe llegar también al sector, hemos acordado con el Departamento de Hacienda y Finanzas crear una dotación extraordinaria, gestionada a través del presupuesto del Departamento de Turismo que será de 1,5 millones este primer año de su implantación, el 2026, y 2 millones de euros en los años sucesivos”, ha señalado.

Además, el presupuesto del año que viene en materia de turismo da respuesta a la reclamación planteada por el consejero desde que arrancó la legislatura, la ampliación de cuerpo de inspectores para controlar las irregularidades del sector, y sobre todo, en lo referido a los pisos turísticos. La ampliación de personal, hasta ahora, estaba bloqueada por los departamentos de Hacienda y Gobernanza, según ha denunciado directamente en varias ocasiones el propio consejero, y que también se apoyó por parte del Parlamento. Finalmente, las cuentas de 2026 incluyen una partida de 500.000 euros para aumentar en ocho nuevas plazas el cuerpo de inspección.

Actualmente, hay 14 inspectores en Turismo y Comercio, por lo que habrá en total 22con las nuevas incorporaciones, destinadas sobre todo a intensificar el control de las viviendas de uso turístico y las plataformas online, ya que ahora se cuenta con nuevas herramientas y normativas como el reglamento europeo de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital del Gobierno de España. “Es clave reforzar el personal para ajustarnos a esta nueva realidad y poder optimizar la inspección con el apoyo de estos nuevos instrumentos y normativos conscientes de esa necesidad”, ha señalado el consejero, que ha recordado que el refuerzo de la inspección ha sido “una reivindicación constante” de su departamento. “Puedo por fin decir que vamos a materializarlo”, ha lanzado.

En total, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo cuenta con un presupuesto total de 56,6 millones de euros, un 4,7% más respecto a 2025, pero una vez descontados los fondos europeos. Es una cuestión que ha suscitado cierta polémica con los grupos de la oposición, ya que si no se descuentan estos fondos el presupuesto dismimuye. Pero Hurtado ha insistido en el carácter extraordinario de estas ayudas de la UE. En concreto, el área de Turismo dispondrá de 23,1 millones (+9,6%), de los cuales 10,2 millones se transfieren a la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. Comercio contará con 22,1 de millones, lo que supone un 1,8% más, mientras que la tercera pata del departamento, Kontsumobide cuenta con un presupuesto de 8,6 millones (+5,9%).

En materia de turismo, además de la dotación extraordinaria y el refuerzo a la inspección destaca, ayudas para apoyar directamente al sector, como las EMET, las Ayudas al Emprendimiento y Mejora de las Empresas Turísticas, que dispondrá de 1,3 millones, y las Ayudas para Proyectos Territoriales Turísticos PTT, dirigida a entes de cooperación y gestión, con un presupuesto de 1,8 millones. Las acciones de promoción del destino Euskadi basadas en la desestacionalización, movimiento de flujos y aumento de la estancia contarán con 2,9 millones de euros, destinados a marketing y comercialización del destino, ferias, y acciones con prensa especializada y a turoperadores. Además, Basquetour dispondrá de 2,2 millones para el “impulso y fortalecimiento del modelo de turismo sostenible”.

Entidad pública de Comercio

El consejero ha pedido más recursos para el sector del Comercio, para que pueda dar un salto “cualitativo y cuantitativo”. De hecho , los partidos de la oposición han criticado que no hay una apuesta clara por fortalecer el comercio local. Hurtado ha abogado por crear una nueva entidad pública que “dé impulso decidido al comercio” y posibilite ese “un salto cualitativo y cuantitativo”, para “destinar más recursos económicos y humanos para su gestión”, con el objetivo de “aumentar nuestro músculo técnico y capacidad dentro de la Dirección de Comercio”. Ha indicado que se trataría de una entidad a modo de la SPRI en el sector industrial, de Hazi en la cadena alimentaria o Basquetour en el sector turístico, ya que “el comercio local necesita, más que nunca, el apoyo y acompañamiento” de la Administración. “Es algo que vamos a seguir reivindicando y por lo que vamos a luchar dentro del Gobierno”, ha indicado, después de lamentar no haber conseguido aún que esta cuestión tenga reflejo en los presupuestos, pese a que aglutina a más de 135.000 familias, el 14% del empleo de Euskadi y el 11% de su PIB, y se expone a “grandes retos” por la “transformación digital, medioambiental y sociodemográfica”.

Ha destacado entre las partidas el programa Hirigune de dinamización comercial destinado a las asociaciones de comerciantes, que cuenta con una partida de 2,2 millones. Por su lado, la Red Vasca de Puntos de Asistencia Comercial Merkasaretza dispondrá de 2,2 millones y al programa de ayudas de emprendimiento comercial se destinarán 1,7 millones. El programa de modernización de establecimientos comerciales tendrá 4,6 millones. En cuanto a Kontsumobide, de los 8,6 millones con que cuenta 950.000 irán a campañas de formación, 881.000 euros a sensibilizació e información las asociaciones de consumidores recibirán una aportación de 505.000 euros. La convocatoria de las Oficinas Municipales de Atención a los Consumidores alcanza los 1,2 millones.

El Gobierno de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco la información que obra en su poder sobre el caso de los campamentos de la localidad alavesa de Bernedo, organizados por la entidad Euskal Udalekuak, a raíz de una petición realizada por el PP. En las respuestas facilitadas por cuatro consejeros se confirma que son 21 las denuncias registradas y que esas colonias no han contado con financiación pública, aunque se aporta el dato de que las primeras sospechas de presunta violencia sexual se remontan a 2013. Un juez de Vitoria, Álvaro Silván, tiene abierta una investigación por si pudiesen haberse producido allí delitos contra la libertad sexual de menores que, al menos en un caso, podrían llegar a ser considerados como agresión.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, indica que las denuncias se refieren “hechos ocurridos en los campamentos de Euskal Udalekuak desde el año 2013”. Este dato no se había aportado. La entidad también gestiona otras dos actividades similares en Navarra. Zupiria defiende que “desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos” la Policía inició “diligencias de investigación” y señala que “actualmente” están en manos de la Justicia. La Fiscalía, sin embargo, denunció que el caso llegó en primavera al magistrado de Vitoria y que el expediente se mantuvo meses en el “limbo”, impidiendo adoptar medidas cautelares en este verano, cuando se han celebrado nuevamente los campamentos y de nuevo han llegado denuncias de violencia sexual.

Zupiria insiste en el “interés superior de los menores” y apela al “deber de sigilo” para no dar datos del caso. Los organizadores, de su lado, han explicado que las duchas mixtas y otras actividades formaban parte de un modelo para “desexualizar” los cuerpos desde una perspectiva feminista y transinclusiva. Un grupo numeroso de familias suscribió también un comunicado de apoyo a este modelo.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de cuya cartera depende la normativa de 2022 que obligaba a comunicar este tipo de actividades, se limita a recalcar que “no tiene consignado prespuesto alguno” para las colonias de Bernedo. En su caso, se ha creado una mesa interinstitucional con las diputaciones, competentes de estas actividades en sus territorios, para mejorar los protocolos de control. Melgosa ya dijo que eran “clandestinas” dado que nunca atendieron la obligación legal de notificar a la Administración la actividad.

Es la misma postura que mantiene la Diputación alavesa. La responsable de Cultura y Deporte, Ana del Val, informó en las Juntas Generales, igualmente a instancias del PP, que la entidad promotora del campamento “no ha presentado ninguna comunicación de actividad en 2025 ni en años anteriores”. Sin embargo, otras empresas privadas que hacen actividades estivales tampoco las notifican. En las últimas semanas se han citado los casos de los clubes deportivos de elite Athletic Club o Saski Baskonia, por ejemplo.

Se da la circunstancia de que otro consejero, Javier Hurtado, responsable de Turismo, Comercio y Consumo, ha informado al Parlamento de que sí tiene constancia de otra denuncia por los mismos hechos. Se trata de una “reclamación del importe pagado a la colonia” presentada en la oficina de Consumo de Eibar. El asunto se trasladó a Kontsumobide, el organismo competente para este tipo de materias, pero al ver que se apuntaba a la “posible existencia de acto constitutivo de delito” el “expediente íntegro” terminó en la Ertzaintza. Otra ventanilla de la Administración, el Instituto de la Mujer (Emakunde), recibió otras tres quejas por estas colonias.

Uno de los cinco consejeros del PSE-EE en el gabinete de Imanol Pradales, Javier Hurtado, ha insistido en que su socio, el PNV, ha roto de modo “unilateral” los términos del acuerdo de coalición para defender una reforma legal sobre el euskera, para cuya tramitación se ha apoyado en EH Bildu. Coincide con Pradales en que hay “un buen clima de trabajo en el Gobierno vasco y una buena relación entre los dirigentes de ambos partidos” pero remarca que eso es algo que no es incompatible con “denunciar el abuso que se pretende con el euskera en la Administración o criticar las razones partidistas que están moviendo al PNV”.

“No hay ninguna diferencia pactada entre el PNV y el PSE-EE sobre el de euskera en la administración. Lo que había es un consenso que ha roto de manera unilateral el PNV. Nuestra posición es conocida desde junio y así ha sido trasladada por nuestros representantes en el Parlamento”, ha aseverado Hurtado, que también es secretario general del partido en Álava.

Precisamente, el PSE-EE de Álava ha constituido este sábado su Consejo Municipal “para reforzar la coordinación entre instituciones y la acción socialista en el territorio”. Su presidente será Mitxel Montes, alcalde de Iruña de Oca. Durante la reunión se ha propuesto que en todos los municipios alaveses en los que haya representación socialista se elabore un plan de vivienda “impulsando medidas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos en riesgo de exclusión social y personas jóvenes, y que fomenten un modelo urbano justo y sostenible”.

En este contexto, Hurtado ha destacado que su partido “es fuerte, con raíces en cada pueblo y barrio, que trabaja desde la cercanía para mejorar la vida de la gente”, y ha defendido el municipalismo como “como una de las grandes señas de identidad del socialismo alavés”. “Nuestro objetivo es llevar a los 51 municipios de Álava las políticas progresistas que están llevando a cabo nuestros alcaldes y alcaldesas en Vitoria-Gasteiz, Iruña de Oca y Zambrana”, ha añadido.

Los partidos de la oposición han convertido los problemas de acceso a la vivienda en uno de los principales focos de presión al Gobierno vasco, y este viernes se ha dejado ver en el Parlamento Vasco. Durante la sesión de control, el lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso y el de Turismo, Javier Hurtado han tenido que responder a preguntas de EH Bildu y del PP con la problemática de acceso a la vivienda como eje central. Pradales, de hecho, ha reprochado el “alarmismo” de la oposición.

El lehendakari ha respondido al líder del PP vasco, Javier de Andrés, que en su intervención ha responsabilizado al Gobierno del problema del acceso a la vivienda. “Un tercio de legislatura y ha logrado usted que la vivienda se convierta en el primer problema para los vascos”, ha dicho. De Andrés ha vaticinado un futuro “desastroso” para la vivienda en Euskadi, y ha criticado la falta de una “gestión” adecuada sobre esta materia por parte del Gobierno vasco. Pradales ha señalado que resolver los problemas para el acceso a una vivienda es “una prioridad absoluta” para el Ejecutivo que preside, y ha considerado que “desde el principio de la legislatura” se está “avanzando”, aunque ha reconocido que “todavía queda mucho camino por recorrer”. “Sabemos que queda un largo camino, pero estamos imprimiendo ritmo”, ha dicho.

Ha reprochado al PP que se dedique a “alimentar el alarmismo y la catástrofe” en ésta y otras materias, y ha asegurado que el Gobierno vasco activará “todos los recursos” a su alcance, colaborando con el resto de instituciones, agentes y el sector privado, para buscar una solución a la crisis de la vivienda“. Precisamente, en el marco de esta colaboración institucional, el lehendakari ha anunciado que la próxima semana los Gobierno vasco y catalán presentarán una ”propuesta conjunta“ respecto al 'Plan Europeo de Vivienda Asequible'. En la presentación, que se llevará a cabo en Barcelona, estará presente el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, de la parte socialista.

Precisamente el consejero Itxaso ha sido el encargado de responder a otra pregunta, en este caso de EH Bildu, que acusaba al Gobierno vasco de no respetar la autonomía municipal en la ley de vivienda al obligarles a ceder suelo al Gobierno vasco y de hacer perder financiación a los municipios. Itxaso ha asegurado que ante la actual “emergencia habitacional pretender que las políticas de vivienda puedan desarrollarse sin que los ayuntamientos cedan suelo es simplemente una quimera”.

El consejero ha acusado a EH Bildu “falta de coherencia” en el tema de la vivienda y ha destacado las contradicciones en las que, según Itxaso, incurre este partido. “No es coherente cuestionar la cesión de suelo para la edificación de vivienda protegida y defender la reserva estratégica de suelo, como hace EH Bildu”, ha señalado. Además, ha destacado que hay ayuntamientos gobernados por EH Bildu que “afortunadamente” tienen una “actitud diferente” y están colaborando con el Ejecutivo en la cesión de suelo. El consejero ha señalado que “no sería lógico”, que parte del dinero destinado a vivienda tuviera que emplearse en pagar el suelo que tienen los ayuntamientos. “Hay que priorizar. La emergencia habitacional requiere inversiones en vivienda y en suelo, y la ciudadanía así lo demanda. Le aseguro que este Ejecutivo hará ese ejercicio de priorización también en la confección de sus presupuestos”, ha señalado Itxaso.

EH Bildu también ha interpelado al consejero de Turismo, Comercio y Consumo sobre el control de los pisos turísticos, pero directamente relacionado con el problema de la vivienda, ya que ha cuestionado a Javier Hurtado sobre cómo controlar la proliferación de estos pisos en aquellas poblaciones que tengan la declaración de zona tensionada. El PTS de Turismo, que está en tramitación, recoge la prohibición de abrir pisos turísticos en las zonas tensionadas. Es una medida que tendrá que aprobarse en el decreto de medidas urgentes sobre vivienda.

En su respuesta, Hurtado no se ha referido a medidas concretas para estos municipios, aunque sí ha señalado que cada vez va a ser más complicado abrir un piso turístico. En primer lugar porque es necesaria la aprobación expresa de la comunidad de vecinos. En este sentido, Hurtado ha anunciado que  se enviarán notificaciones a todas las comunidades de vecinos de Euskadi para recordarles que los propietarios que quieran iniciar una actividad de vivienda turística tienen la “obligación” de contar con el consentimiento de la comunidad.

Por otro lado, ha señalado que se están incrementando las inspecciones e investigaciones a los pisos ilegales, y se firmará un convenio con el Colegio de Registradores de España, que será aprobado en el próximo Consejo de Gobierno, con el que se permitirá acceder a información catastral y registral detallada, como dirección, geolocalización o titularidad de los inmuebles, lo que supondrá “un salto cualitativo” en las labores de inspección y sanción. Además, ha destacado que se ha conseguido el acuerdo de todas las instituciones para implicarse en que el auge del turismo no entre en colisión con el derecho a la vivienda.

El Gobierno vasco ha arrancado la tramitación del plan territorial sectorial (PTS) de recursos turísticos con el foco puesto sobre todo en las viviendas de uso turístico y en las segundas residencias, para garantizar que el desarrollo turístico se lleve a cabo sin efectos negativos en el “derecho a una vivienda digna”. El avance del PTS ha sido presentado este miércoles por dos consejeros del Gobierno vasco, el de Vivienda y Ordenación Urbana, Denis Itxaso, y el de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ambos del PSE-EE. Eso es “ya toda una declaración de intenciones”, han asegurado. No será una tramitación rápida, eso sí. De hecho, se ha dado por sentado que el documento final no estará antes de final de la legislatura, después de que el dictamen base presentado se someta a debate y periodo de alegaciones.

La intención es que, aunque la propuesta parte de dos departamentos, se impliquen en ello el resto de áreas del Gobierno, y también será necesario el acuerdo del resto de administraciones, diputaciones forales y ayuntamientos, para que el resultado final sea una “herramienta integral” que sirva de guía para las diferentes instituciones a la hora de tomar decisiones en torno a urbanismo, control de flujos de turistas o normativas específicas que se elaboren teniendo en cuenta el factor turístico, pero siempre partiendo de la base de que su impacto no es uniforme en Euskadi, y que, por lo tanto, cada territorio o ayuntamiento tendrá que adaptar a sus realidades.

Como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta que uno de sus principales objetivos será la convivencia entre el desarrollo de turismo y el derecho a la vivienda, el control sobre los pisos turísticos y el de las segundas residencias será una de las cuestiones sobre las que se pondrá el foco de forma especial. Aunque, al menos de momento, no se contempla que se establezcan porcentajes topes para este tipo de viviendas, sino que eso quedará en manos de los ayuntamientos. No obstante, el PTS parte de un diagnóstico en el que se constata un aumento de la vivienda de uso turístico (VUT), que en unos años se ha posicionado como “la principal oferta de alojamiento turístico de la comunidad autónoma, con las implicaciones económicas, sociales y ambientales que ello tiene”.

De hecho, se cuantifican 20.836 plazas VUT, según el Gobierno vasco, y hasta 40.802 según las plataformas, frente a las 35.808 plazas hoteleras (sólo 14.594 de cuatro y cinco estrellas), lo que “supone un claro cambio de modelo turístico en 2024”, constata el plan. El avance contempla que las VUT “estén controladas y no superar un porcentaje de las viviendas disponibles en la sección censal que fije la planificación, llegándose incluso a su prohibición en las zonas residenciales de mercado tensionado”. Esta medida ya se adelanta en el decreto de medidas urgentes que está pendiente de aprobación por parte del Gobierno vasco y cuya elaboración fue adelantada en Semana Santa por este periódico. Se elimina la posibilidad de que haya nuevos pisos turísticos registrados en el momento en el que se declare una zona tensionada.

El control de los pisos ilegales, no obstante, sigue siendo difícil, pese a que en los últimos meses se han dado avances significativos para detectar los pisos turísticos que no cumplen la legalidad, como sacar de los anuncios de las plataformas los que no están registros como viviendas turísticas. No obstante, siguen faltando inspectores para llevar a cabo el control. La ampliación del cuerpo de inspección es algo que Turismo lleva reclamando desde el principio de la legislatura, pero que sigue a la espera del visto bueno de Hacienda y Gobernanza, dos carteras en manos del PNV.

En cuanto a las viviendas de segundas residencias, el avance del PTS recoge que hay 85% municipios vascos con más de un 10% de segundas residencias sobre el total. En algunos casos se supera este porcentaje con creces. Por ejemplo, en Lekeitio, con un 19,06%, en Valdegovía, con 18,68%, en Ea, con 18,58%, o en Berantevilla con 18,68%. Es algo que constituye un problema para el acceso a la vivienda en esos municipios.

En este punto se prevé plantear medidas que se impulse que estas segundas residencias se conviertan en vivienda principal “frente a cualquier otra alternativa”. Además, se valorará la viabilidad de determinar las condiciones de consolidación y ordenación de los espacios protagonizados por segundas residencias y funcionamiento urbano restringido a una parte menor del año, o en las zonas de predominio de segunda residencia se analizará la posible conveniencia de disponer de un porcentaje de viviendas no principales en régimen VUT que fije la planificación.

Además, el PTS creará un Inventario de Recursos Turísticos de Euskadi (IRTE), una herramienta destinada a recopilar de manera exhaustiva los recursos turísticos del territorio —naturales, culturales, patrimoniales e infraestructuras— y a “ponerlos al servicio de una planificación más sostenible”. Asimismo, el PTS incorpora el análisis de los flujos de movilidad de visitantes y la definición de criterios comunes que orienten la ordenación territorial y urbanística. Además, se plantea avanzar en la regulación de modalidades turísticas, hasta ahora menos estudiadas, como el turismo itinerante (vehículo propio, caravanas, autocaravanas, furgonetas camperizadas, ...), incorporando parámetros que garanticen una gestión equilibrada y sostenible de todos los recursos turísticos de Euskadi. También tendrá cabida el PTS la gestión del suelo no urbanizable en su relación con el turismo.

El avance del PTS llega en un momento dulce para el turismo, un sector que supone ya 11% del empleo en Euskadi. El consejero Hurtado ha recordado que los datos de este verano arrojan una fotografía que muestra que se está consiguiendo afianzar un crecimiento “sostenido y sostenible”. Se ha crecido un 4,6% de enero agosto lo que supone 3,3 millones de visitantes. Pero se consolida un mayor crecimiento fuera de verano, con un 5,8%, frente al 2% de los meses de verano. “Que era uno de los objetivos que nos habíamos marcado”, un crecimiento, “sostenido y desestacionalizado durante todo el año”, a la vez de un importante aumento del turismo internacional. De hecho, el consejero Hurtado ha destacado que “se va a enlazar por tercer año consecutivo cinco meses seguidos” con mayor peso de turistas internacionales que nacionales.

“El turismo es una fuente de riqueza y una oportunidad de proyección para Euskadi, pero queremos que sea un sector ordenado que no impacte negativamente sobre la vida y el derecho a una vivienda digna y asequible”, ha indicado Itxaso. Por su parte, Hurtado ha asegurado que “este PTS será una herramienta compartida para orientar nuestras políticas hacia un modelo turístico sostenible, ético y equilibrado, en el que la convivencia y el desarrollo positivo del territorio estén en el centro”. “Se lanza un mensaje claro de regulación, de contención y de priorización en un sector que tiene un impacto evidente sobre el acceso al mercado residencial”, han señalado. A partir de este momento arrancará un proceso de debate, que también se llevarán a cabo por territorios y con diferentes agentes e instituciones que tienen competencia.

Pisos turísticos en lonjas de edificios VPO

Por otra parte, preguntado Itxaso por el hecho de que haya edificios de viviendas de VPO que tienen en sus bajos pisos turísticos, como es el caso de los situados en la calle José María Lidón de Bilbao, el consejero ha señalado que la intención del departamento es que las lonjas que tiene en propiedad Visesa se vendan mayoritariamente para hacer viviendas y ha reconocido que unos bajos de viviendas de VPO repletos de viviendas turísticas es “una fotografía” que no le gusta al Gobierno.

“No nos gusta ver edificios de protección oficial con viviendas turísticas”, ha indicado. Dicho esto, ha recordado que “los que ya se vendieron” es algo que “no se puede controlar” y ha recordado que se pudieron vender para poner un comercio y que luego se hayan vendido como vivienda turística. “Estamos poniendo ahora toda la carne en el asador para que no ocurra esto. Pero, si se cumplía la ley en ese momento, no lo podemos controlar. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el control”, ha manifestado. No obstante, ha señalado que Visesa tiene en estos momentos la orden de reducir al máximo el número de lonjas en sus promociones.

Itxaso ha señalado que en estos momentos hay en poder de Visesa 16 locales en Álava (14 en Vitoria, uno en Llodio y otro en Amurrio); cinco en Bizkaia (tres en Bilbao, uno en Basauri y otro en Barakaldo); y cuatro en Gipuzkoa. “Estamos trabajando para que esos locales comerciales se puedan convertir en viviendas”, ha señalado. Pero ha recordado que depende mucho de las ordenanzas municipales de los diferentes ayuntamientos. No obstante, ha señalado que muchos están ubicados en zonas tensionadas, por lo que si se vendiera para uso comercial y luego quisiera convertirse en piso turístico no se podía hacer.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ha abierto un expediente informativo sobre las prácticas comerciales de las empresas Sintagmal 2015 e Iber Home 2015, que operan bajo la marca comercial Ducha Confort, al detectar “cláusulas abusivas en sus contratos, plazos de inicio de obras excesivamente largos, y trabajos cobrados por adelantado que no se han realizado”.

El Gobierno vasco ha explicado, a través de un comunicado, que si como resultado de dicho expediente, que tendrá carácter sancionador, se aprecian indicios razonables de fraude, el Instituto Vasco de Consumo lo reenviará a la Fiscalía en el marco del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, informa Europa Press.

La decisión adoptada por Kontsumobide viene motivada por un aumento de las reclamaciones contra estas empresas . El Instituto Vasco de Consumo ha detectado “cláusulas abusivas en los contratos, plazos de inicio de obras excesivamente largos y obras cobradas por adelantado que no se han realizado”.

Hasta el momento, la empresa Sintagmal 2015 ha recibido 21 reclamaciones en el ámbito de Euskadi, en el conjunto de oficinas territoriales, OMIC y asociaciones de consumidores, tres de ellas con propuestas de sanción.

Por su parte, la empresa Iber Home ha recibido 37 reclamaciones en el conjunto de la comunidad autónoma, en oficinas territoriales, oficinas municipales y asociaciones, con tres propuestas de sanción hasta el momento.

Kontsumobide ha decidido dar publicidad a las reclamaciones recibidas de acuerdo al artículo 52 del Estatuto de las personas Consumidoras y Usuarias, y con el fin de “reforzar los derechos en materia de consumo, en este caso el de información”.

Este estatuto establece que, “cuando la garantía de la salud, la seguridad o los intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la información lo aconsejen, Kontsumobide podrá dar difusión de las reclamaciones planteadas en ese sentido, sus motivos, las personas empresarias objeto de reclamación y los sectores afectados, con respeto al derecho a la protección de datos personales, en los términos que se deriven de la legislación aplicable en la materia”.

La plataforma AirBnB ha retirado 703 anuncios de pisos turísticos en Euskadi que estaban en situación ilegal por no contar con número de registro. La empresa cumple así el requerimiento realizado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco el pasado mes de junio, ya que contar con el número de registro es un requisito obligatorio según la normativa. La plataforma ha confirmado que los anuncios han sido retirados de su web y se ha informado a quienes los comercializan de sus obligaciones legales, según ha señalado el Gobierno vasco.

Desde el área que dirige el socialista Javier Hurtado, indican que, hasta ahora, y “pese a estar recogida esta obligatoriedad en la normativa de turismo (Decreto 101/2018 de Viviendas y habitaciones de Uso Turístico), algunas plataformas no estaban colaborando en la retirada de anuncios y los tribunales había anulado las sanciones que las autoridades competentes les habían impuesto”. Esta situación ha cambiado con el nuevo marco normativo, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1213/2024 sobre la Ventanilla Única, que ha abierto una “colaboración activa” entre el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, para “luchar contra el fraude de las viviendas turísticas, buscando nuevas vías y herramientas para poder actuar con las plataformas”.

De hecho, el requerimiento realizado a través de Kontsumobide está alineado con el realizado por el Ministerio previamente y ha concluido con la confirmación por parte de AirBnB de los anuncios remitidos por el Gobierno vasco, informando de que “ha procedido a dar de baja los anuncios que no disponían de número de registro y ha informado debidamente a los anfitriones afectados”. En el conjunto del Estado, la plataforma ha eliminado 65.000 anuncios, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Consumo.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, adelantó en sede parlamentaria el pasado 20 de junio que se había realizado este requerimiento, y avisaba de que si no se retiraban se aplicarían sanciones. “Vamos a seguir usando todas las herramientas posibles para combatir el fraude”, señalaba. Igualmente, reafirmaba el compromiso del Departamento con la cooperación interinstitucional. “Seguimos trabajando con ayuntamientos, diputaciones, el Ministerio de Vivienda y especialmente con el de Consumo para proteger los derechos de las personas consumidoras y frenar la competencia desleal. Vamos a seguir regulando y explorando todas las vías posibles para que Euskadi siga siendo un destino turístico sostenible”.

Este pasado 1 de julio ha entrado en vigor la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, puesta en marcha por el Minsiterio en cumplimiento del Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración. Esta plataforma que sirve como punto de intercambio de información con las administraciones competentes en materia de turismo, obliga a todas las viviendas turísticas a inscribirse en un nuevo registro estatal, en colaboración con el Colegio de Registradores. Euskadi ya cuenta con su propio Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REATE), regulado por la Ley de Turismo y su correspondiente Decreto, y que seguirá siendo obligatorio. Así, cualquier vivienda turística que quiera operar en Euskadi deberá figurar en el REATE y también en el nuevo Registro Único si se anuncia en plataformas online.