En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

Los dos principales casos de presunta corrupción destapados en los últimos meses, el caso Koldo y la trama Forestalia, tienen lazos con Aragón. Pero no solo eso: también existen vínculos entre ellos sin salir de la comunidad autónoma. El exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) bajo sospecha, Jesús Lobera, adjudicó un contrato de externalización de expedientes –uno de los puntos donde ponen el foco los investigadores– pocos días antes de dejar el cargo, en agosto de 2023, a una empresa que administra Alfonso Martínez, ingeniero de minas cuyo nombre apareció en los audios del caso Koldo. Así consta en los informes de la Guardia Civil en las pesquisas judiciales en torno a la empresa Forestalia.

Se trata de la firma Natural Resources Research and Development, cuyo socio único desde su creación en 2008 es el propio Martínez. La adjudicación del contrato menor de servicios se formalizó el 9 de agosto y solo unos días más tarde se hizo efectivo el relevo en el Gobierno, por el que el popular Jorge Azcón se puso al frente del Ejecutivo y Lobera dejó su cargo en el Inaga. El objeto de la mencionada externalización, adjudicada por 12.000 euros, era llevar a cabo informes técnicos como evaluaciones de impacto ambiental incluido en “zonas sensibles” o bien modificaciones de la declaración de impacto ambiental, entre muchos otros aspectos.

Precisamente una de las cuestiones que mencionan los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) respecto al caso Forestalia es que Lobera recurrió “directamente a consultoras externas”, entre las que cita Natural Resources pero también Vea Global o Satel, para que “redactaran informes a su gusto”. “Dichos informes, según los testigos, se elaboraban con criterios técnicos más laxos y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores, siendo posteriormente validados por la Dirección del Inaga”, abunda la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que Alfonso Martínez, que desde la última renovación del PSOE aragonés forma parte del Comité Regional del partido, está afiliado en la misma agrupación en Zaragoza capital –Centro I– que Jesús Lobera y también que Alfonso Gómez Gámez, secretario general socialista de esta área y que apareció asimismo mencionado en los audios de la UCO dentro del caso Koldo.

Este no es, en todo caso, el único contrato de la Administración autonómica con Natural Resources, aunque sí el último tramitado por el Inaga. De hecho, en marzo de 2024 –ya con el PP en el Gobierno– se le adjudicó por 8.600 euros la redacción del estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria de la zona de Villarroya del Campo (Zaragoza). Antes, en marzo de 2022, la oficina dirigida por Jesús Lobera también le había elegido para otro contrato de la misma naturaleza que el de agosto de 2023. Mientras, Natural Resources Research and Development es un contratista habitual del Ayuntamiento de Calatayud, donde desde hace años lleva a cabo la coordinación de obras puntuales para la corporación del popular José Manuel Aranda.

Aunque no ha adquirido la categoría formal de investigado –en esta causa en concreto–, Jesús Lobera está en el ojo del huracán por su gestión presuntamente laxa hacia los proyectos medioambientales impulsados por Forestalia y que precisaban del visto bueno del Inaga para ver así la luz. Según la Guardia Civil, Lobera sería la “figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimientos”. Los investigadores le atribuyen, a partir eso sí de testimonios de empleados del Inaga, el hecho de que “los informes técnicos internos con valoración desfavorable” fueran “sistemáticamente ignorados o devueltos”. También le achacan que presionara a empleados del Inaga respecto a expedientes concretos o que reorganizara su oficina para dar “máxima celeridad” a los proyectos de Forestalia.

Mientras, Alfonso Martínez aparece mencionado en las grabaciones de la UCO en relación con los trámites para Mina Muga, aunque solo con su nombre de pila. En la conversación entre captada entre Koldo García y Santos Cerdán, el primero llega a explicar que “Alfonso”, que es “ingeniero de minas”, había “discutido con el Guipuchi” –apelativo de Antxón Alonso– en relación con “el proyecto de la Potasa”: “Que si no salía, no salía y le debía un dinero el (silencio), uno que manda en Acciona, que es el que lleva en Navarra, bueno, uno de Acciona”, relataba Koldo. La UCO sitúa a Antxón Alonso como uno de los personajes centrales de la presunta trama criminal a través de la empresa Servinabar.

La sociedad pública de vivienda Nasuvinsa ha sancionado con 449.000 euros a la UTE de Acciona Construcción S.A. y Servinabar 2000 S.L., la empresa de Antxon Alonso, y vinculada a Santos Cerdán, por incumplir el plazo de construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña. Este es uno de los siete contratos adjudicados por el Ejecutivo navarro a la empresa que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

Según ha detallado Nasuvinsa en una nota, el 9 de febrero de 2023 Nasuvinsa formalizó con la UTE Acciona Construcción y Servinabar el contrato de obras para la ejecución de esta promoción de vivienda protegida, con un plazo de ejecución de 608 días naturales. Las obras se retrasaron 101 días -algo más de tres meses-, ha continuado, de los cuales 53 días no fueron justificados ni autorizados por Nasuvinsa.

Asimismo, la sociedad pública tuvo conocimiento de retrasos en el pago de varias facturas a una empresa subcontratista por un plazo superior al máximo permitido de 30 días, “lo que constituye un incumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones Reguladoras del contrato”, ha explicado.

Como consecuencia de estos incumplimientos -“considerados faltas muy graves tanto por el retraso injustificado en el plazo de ejecución como por el incumplimiento en los pagos a subcontratistas”-, Nasuvinsa ha impuesto a la UTE Acciona-Servinabar una penalización por importe de 449.000 euros.

Según ha indicado Nasuvinsa, la UTE ha comunicado su rechazo a la penalización, al considerarla improcedente. No obstante, empresa pública ha iniciado su tramitación procediendo a ejecutar la garantía del contrato, constituida mediante seguros de caución y ha interpuesto una reclamación judicial para exigir el importe total de la penalización, así como la reposición de la garantía que debe mantenerse vigente conforme al contrato.

La unidad de apoyo de la Intevención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción ha estudiado un total de once contratos de obra pública, de los cuales cinco fueron adjudicados por ADIF y seis por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Del primer grupo, el órgano de control del sector público indica en su informe remitido a la Audiencia Nacional que en tres de ellos, que fueron otorgados a Acciona Construcción individualmente o en UTE con Ferrovial Agroman, se dieron modificaciones que supusieron “un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa” vigente.

Así consta en el informe remitido al magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, en el marco del caso en el que se investiga tanto a los ex secretarios de Organización del PSOE Sántos Cerdán y José Luis Ábalos como al que fuera asesor ministerial del segundo, Koldo García.

Este nuevo informe unido a la causa, y al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que en esos tres primeros contratos analizados que afectan a ADIF el contratista “puso de manifiesto una serie de defectos” que determinaban que se tuviera que tramitar una modificación del proyecto. Así, en el caso del proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia se tramitó y aprobó el 29 de marzo de 2021 una modificación del contrato por importe de 31,3 millones de euros, lo que supuso un coste adicional del 19,72%.

Explica que el importe de las modificaciones no sustanciales -contempladas en la normativa- fue de más de 14 millones, algo “superaba el umbral establecido” por la la ley 31/2007 que fijaba el tope en 5,5 millones de euros. Y añade que “al menos los 17,3 millones de la descontaminación de suelos de la Estación El Carmen no eran imprevisibles”. Por eso, la IGAE entiende que esa propuesta de modificaciones de la constructora debería haber conllevado “la resolución del contrato”.

Además, resalta que los soterramientos de Barriomar y Nonduermas debieron tramitarse dentro del proyecto de Murcia y no como independientes. “Seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo”.

En cuanto a los proyectos de la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat (licitado en 68 millones) y el proyecto de construcción de la plataforma de Alta Velocidad Murcia-Almería que comprendía el tramo Pulpi-Vera (licitado por 170 millones) , la IGAE explica que también sufrieron modificados por parte de Acciona que elevaron el precio un 19,83%, evitando así superar el 20% que habría conllevado un dictamen preceptivo del Consejo de Estado y sería causa de resolución del contrato.

Sobre el contrato para la ejecución de obras del tratamiento de infraestructuras como puentes y túneles de dos tramos de la vía Monforte-Lugo, y que fue adjudicado a la UTE conformada por Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a ASCH Infraestructuras y Servicios por 7,3 millones de euros, explica que tuvo un incremento del precio por modificaciones posteriores del contrato de 896.449 euros. Se fija, además, en que determinados presupuestos relacionados con esa obra se elaboraron “a tanto alzado, sin mediciones detalladas” y que “los precios son redondos en miles de euros, lo que dificulta la certificación y el control del gasto”.

Los contratos de carreteras

En los contratos investigados que están ligados a la Direción General de Carreteras, la IGAE señala que en los dos otorgados a Acciona se detectan también incrementos similares a los de Adif por modificados y siempre sin pasar el 20% del precio inicial. Además, encuentra excesos de mediciones en las obras de la autovía A-32 que supusieron un incremento de 3,3 millones, y modificaciones no sustanciales que superaron el umbral permitido en la A-68 y que elevaron el coste en 7,5 millones.

Sobre el proyecto de construcción de los tirantes del Puente del Centenario de la SE-30 de Sevilla, una de las adjudicaciones que aparecía en los audios incautados al exasesor Koldo García, la IGAE resalta que se licitó por 88 millones de euros y que fue adjudicada a una UTE conformada por Acciona y otras dos constructoras. Tras analizar el caso, indica que sufrió una modificación en junio de 2023 que supuso un incremento de 13 millones y que parte de ese sobrecoste viene derivado de sustituir el acero laminado estructural S355 presupuestado inicialmente por otras unidades de acero laminado estructural autopatinable S460, que eran el doble de caras. Y lamenta que el precio de esas nuevas láminas se calculó utilizando precios de mercado de junio de 2022 mientras que por ley debía haberse hecho con los precios a fecha de adjudicación del contrato (mayo de 2021).

Por último, sobre la ejecución de operaciones de conservación en la provincia de Teruel que fueron adjudicadas a una UTE en la que estaba otra de las constructoras investigadas, Levantina de Ingeniería y Construcción, la Intervención General explica que ésta obtuvo la puntuación más alta en juicio de valor de las 31 empresas que se presentaron a concurso, y que obtuvo el tercer puesto en los criterios basados en fórmulas. Además, explica que ese contrato no tuvo modificaciones aunque sí dos prórrogas ya previstas en los pliegos de la adjudicación.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha declarado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que va “a demostrar la verdad” en el juicio por corrupción que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. “Esto acaba de empezar”, ha advertido durante su comparecencia, en la que se ha negado a dar explicaciones y no ha respondido a las preguntas de los grupos de la comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

García ha comparecido en la comisión navarra por videoconferencia después de que su defensa solicitase no trasladarle hasta Pamplona alegando motivos médicos. Su declaración estaba prevista para las 10:00 horas, pero Instituciones Penitenciarias la ha retrasado a las 12:00. El exasesor de Ábalos ha comenzado su declaración lamentando que haya políticos que quieran tener “su minuto de gloria” para contribuir a “un circo político y mediático”.

“Esto acaba de empezar, hay que tener un poco más de paciencia, queda mucho”, ha aseverado Koldo García, quien ha asegurado que “todo” lo que ha dicho lo ha “podido demostrar”. “Hay un procedimiento judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado, yo tengo que demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades y voy a demostrar la verdad”, ha apostillado.

García ha asegurado que no es “idiota” y que meses antes de ser detenido sabía que le estaban “haciendo un seguimiento” por sus años de “colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Yo mismo puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en mi domicilio”, ha apuntado.

“Cometí un error de cálculo porque no pensé que iban a hacer todo ese daño a la gente de mi entorno. Yo asumiré todos mis actos, pero pensé que se iba a focalizar en mí, no en los de mi alrededor”, ha lamentado. “Se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí. Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona. Me preocupa que el día de mañana no se puedan borrar todas las falsedades que se han dicho sobre mí”, ha concluido. 

“He defendido los intereses de España”

Durante el interrogatorio, el portavoz de UPN, Javier Esparza, le he reprochado que pasase “de escolta de víctimas de ETA” a “defender” los acuerdos del PSOE con EH Bildu y “con Otegi”.

“No puede poner en duda que he defendido los intereses de España, usted no se lo cree y lo sabe”, le ha respondido Koldo García, quien ha señalado que mantuvo “una conversación” con el parlamentario regionalista. “Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área”, ha añadido.

Instituciones Penitenciarias acepta que “hay razones médicas” para que Koldo García no acuda este miércoles al Parlamento de Navarra a declarar en la comisión de investigación y ha desaconsejado su traslado. Así, ha propuesto que su comparecencia se realice por videoconferencia, tal y como había solicitado la defensa del exasesor del ministro José Luis Ábalos. Los grupos de la comisión de investigación han aceptado la recomendación de Prisiones y García comaprecerá por medios telemáticos.

Según ha informado fuentes del Parlamento navarro, Prisiones ha realizado esta comunicación por teléfono a primera hora de la mañana, cuando los grupos de la comisión que investiga las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 se iban a reunir para votar la petición de Koldo García de comparecer desde la prisión de Soto del Real.

Koldo García está citado por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Según el informe de la UCO de la Guardia Civil, ejerció de intermediario con Acciona para lograr contratos a cambio de mordidas. La semana pasada el asesor contable del bar Franky de Pamplona señalado por la UCO en su informe, confesó que emitió facturas falsas a la constructora por supuestas comidas en el establecimiento para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

El que era el asesor contable del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente funcionar como lavadero de dinero proveniente de Acciona, ha reconocido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que emitió facturas falsas a la constructora para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

“Entre mediados de 2016 y principios de 2018 emití determinadas facturas que no respondían a una prestación real. Fue una decisión equivocada por mi parte, no la justifico y me arrepiento de haber actuado así. No volvería a hacerlo. Actué en un ámbito que entendí estrictamente personal, intenté ayudar a quien me trasladaba una situación económica complicada, fue un error de juicio”, ha reconocido Miguel Moreno Purroy.

El asesor contable ha explicado que él, Koldo García y el dueño del bar Franky, Francisco Javier Lorente, diseñaron un “circuito” que funcionaba de la siguiente manera: García solicitaba a Miguel Moreno que elaborase facturas falsas; él las emitía y se las enviaba a Acciona a través del responsable del departamento de construcción de Navarra y La Rioja, Fernando Merino; recibía el dinero en la cuenta del bar y se lo pagaba en efectivo a Koldo García. Miguel Moreno ha cuantificado estos pagos en “unos 8.000 euros”. “Todo lo que dice la UCO es cierto”, ha añadido.

Según ha explicado Miguel Moreno las facturas eran “falsas” y no correspondían a comidas reales de empleados de Acciona y, si bien se usaban tickets que sí existían, correspondían a los de otros clientes y no de la constructora. Su confesión contradice así la versión del responsable de Acciona Fernando Merino, que en la misma comisión del Parlamento navarro, aseguró que las facturas sí que correspondían a comidas de empleados de la empresa.

El contable del bar ha enmarcado estas actuaciones en “favores personales” a Koldo García, de quien ha dicho que les unía una relación de “amistad”. “Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba pasando por un mal momento económico desde que había tenido un accidente siendo escolta, que sus ingresos eran más pobres, y que no tenía dificultad para que por parte de Acciona pagaran alguna facturas que tuvieran que ver con comidas del restaurante Franky”, ha señalado.

Con todo, ha asegurado que su actuación se limitó a la emisión de esas facturas, que cesó en 2018, coincidiendo con el traslado de Koldo García a Madrid como asesor de José Luis Ábalos. También ha negado haber participado “en adjudicación pública ni decisión administrativa alguna”. “No tuve conocimiento ni indicio de estructura organizada vinculada a contratación pública”, ha apostillado. 

Por último, Miguel Moreno Purroy ha afirmado que el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le indicó que no estaba siendo investigado en la causa penal abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Koldo García ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo comparecer el próximo 11 de marzo en la comisión navarra de investigación por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva.

En un escrito remitido a la Sala Segunda del Supremo, el exasesor de Ábalos anuncia que se acogerá a su derecho a no declarar, por lo que no responderá a las preguntas que le formulen los miembros de la comisión navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

El Parlamento de Navarra había recibido ya la autorización del Tribunal Supremo para la comparecencia de García el 11 de marzo. Ahora, cuando resta una semana para su citación, la defensa del exasesor del Ministerio de Transportes ha pedido que su comparecencia sea por medios telemáticos para garantizar “el adecuado control jurisdiccional, la preservación de sus derechos procesales y la correcta coordinación con el procedimiento penal en curso”.

“La modalidad telemática solicitada resulta proporcionada y plenamente compatible con la finalidad de la comparecencia, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando que el acto se desarrolle con las debidas garantías”, añade el escrito remitido al Supremo.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

El gerente de la zona norte de Acciona Costrucción, Eduardo Montes, quien era subordinado de los dos directivos de la constructora imputados por el 'caso Koldo', ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que fue Acciona la que introdujo a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en la comunidad foral.

Montes ha señalado que fue él quien comunicó a la tercera empresa de la UTE, Osés Construcción, la participación de un 15% de Servinabar, si bien ha negado que fuese él quien tomó la decisión. Según ha dicho, fue el directivo imputado Tomás Olarte quien le comunicó la decisión. “No digo que él lo decidiese, solo que él me lo comunicó”. También ha reconocido que Servinabar 2000 “no era imprescindible”.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán' Acciona y Osés excluyeron a Servinabar 200 de la unión temporal de empresas.

El gerente de la zona norte de Acciona Construcción ha asegurado que Servinabar 2000, además de aportar “conocimiento del medio”, realizaba trabajos en la obra que justificaban su 15% en la UTE a pesar de que únicamente contaba con dos empleados en la misma, dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales. “Las facturas respondían a trabajos realizados”, ha aseverado para explicar que una participación del 15% “no implica que tenga que aportar el 15% de los medios”.

Según ha contado, como gerente de Acciona Construcción en Navarra ya había tenido una experiencia previa con la mercantil de Antxon Alonso, al que conoció en 2019. Fue en las obras para la construcción de 42 viviendas VPO en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Allí, según ha apuntado, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción también hacía trabajos reales, tanto es así que ha apuntado que el director de obra era de Servinabar 2000.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado durante su interrogatorio que Servinabar 2000 haya realizado trabajos en la obra y ha atribuido su participación en la UTE a la presencia de Santos Cerdán en el accionariado de la mercantil para conseguir la adjudicación. “No es razonable que por dos trabajadores se tenga una participación del 15%”, ha reprochado.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' citará a declarar al excargo de UPN y socio de Santos Cerdán Óscar Arizcuren. Exalcalde y ex secretario general de UPN, el principal ariete en Navarra contra este caso, Arizcuren ha facturado unos 69.000 euros vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad, a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Los grupos de la comisión votarán este martes la comparecencia de Arizcuren, pero UPN, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y Vox ya han avanzado su voto afirmativo, suficiente para que sea llamado. EH Bildu y PP han señalado que valorarán su postura a lo largo de este lunes. Al excargo regionalista le une además una amistad personal con Cerdán, tal y como el propio ex secretario de Organización socialista declaró en el Parlamento foral. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

La comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 también votará este martes la propuesta de UPN de que comparezcan Joseba Santamaría, a quien la UCO sitúa como el tercer socio de la mercantil Servinabar; todos los trabajadores que haya tenido la empresa, entre los que se incluyen familiares de Cerdán como su cuñado, su hermana o su mujer; y todas las personas y empresas que hayan facturado a Servinabar 2000. PSN y Geroa Bai ya han avanzado que se opondrán a estas comparecencias.

El partido regionalista ha defendido este lunes la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, ha destacado su portavoz, Javier Esparza.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha utilizado este miércoles la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' para acusar a UPN de corrupción. Cerdán, pese a que ha iniciado su intervención diciendo que se iba a acoger a su derecho a no declarar por estar implicado en una causa judicial, ha lanzado una batería de acusaciones al portavoz regionalista Javier Esparza. “Usted entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol. Eso es prevaricación, creo yo”, le ha espetado Cerdán a Esparza.

Durante su comparecencia, el exdirigente socialista ha vuelto a negar ser socio de Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado en el domicilio privado del empresario Antxon Alonso un documento por el que Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la mercantil. Santos Cerdán también ha negado haber efectuado pagos con la tarjeta de Servinabar, si bien sí que ha reconocido que compartió piso con Alonso en Madrid durante un año y medio y que “parte” de los muebles los pagó la empresa.

Al igual que hizo en el Senado, Cerdán ha cuestionado la veracidad de los audios que le incriminan que fueron incautados al exasesor Koldo García y ha negado la validez del documento por el que según la UCO se convirtió en accionista de Servinabar 2000. “No hay ninguna prueba de que Servinabar sea mi empresa, no se pagó por acciones ni se llevó al notario ni a Registro Mercantil”. También ha negado haber realizado gestiones en favor de empresas en adjudicaciones de obra pública. “No va a encontrar ninguna gestión de Santos Cerdán en ninguna de esas obras, y menos en Belate, que aquí no hablé con nadie”.

El ex secretario de Organización ha vuelto a aludir a teorías sobre el origen de la investigación contra él, que ha situado en sus negociaciones con EH Bildu y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. “Había una orden por parte de unas supuestas policías para ir contra mí. El objetivo era Santos Cerdán”, ha afirmado.

“Es una venganza de UPN por sacarlos del Gobierno”

Pero el grueso de su declaración lo ha centrado en acusar a UPN de corrupción. Así ha recordado que a Antxon Alonso se lo “presentó” un alcalde regionalista “en torno al año 2004” en el marco de un proyecto urbanístico en Milagro, localidad de la que es originario Cerdán y en la que fue concejal. “Yo me opuse a ese proyecto”, ha apostillado.

Del portavoz regionalista, Javier Esparza, ha asegurado que trató de “interferir” en las puntuaciones de la mesa de adjudicación de la ampliación del Canal de Navarra cuando Esparza era consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Yolanda Barcina. También le ha reprochado que “entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol”.

Según Cerdán, la comisión del Parlamento navarro que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 “no investiga los túneles de Belate (la mayor obra adjudicada a la UTE por el Ejecutivo foral)”, sino “una venganza política” de UPN y de Javier Esparza, de quien ha dicho: “Es un muerto político como yo”.

Cerdán ha cerrado el interrogatorio de UPN incidiendo en que el “fondo” de la comisión navarra es que a UPN le “molesta” que el PSOE lograra la presidencia de Navarra con la abstención de EH Bildu. “Estoy orgulloso de haber dialogado entre diferentes para sacarle también a usted del Gobierno”, ha concluido.

“Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Al ser preguntado por su relación con antiguos compañeros de partido, el exdirigente socialista ha asegurado que “no está solo” y que tiene “muchos amigos socialistas” que le muestran su apoyo. Ha explicado que no ha vuelto a hablar con la presidenta navarra, María Chivite, y sobre Pedro Sánchez ha apuntado: “Me reservo mi opinión”.

Santos Cerdán ha asegurado que acudió a reuniones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra en las que se hablaba de obras públicas como diputado por Navarra, a lo que Esparza ha señalado que era “como meter un zorro en el gallinero”. En ese punto, Cerdán ha pedido ser tratado con “respeto”.

“Hay un diputado con influencia en el Gobierno de España, sí, tenía influencia, consigue subvenciones para Navarra, para los vecinos de esta comunidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho y traer 40 millones para esa obra -el túnel de Belate- y otros tantos para la Nacional-121-A, que afortunadamente se han evitado muchos accidentes de tráfico y alguna muerte”, ha afirmado Cerdán.

El exdirigente socialista ha reconocido que participó en las reuniones del PSN con “representantes de la izquierda abertzale” para la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2023 y darle la Alcaldía a Joseba Asiton (EH Bildu). Con todo, ha negado que negociase con Arnaldo Otegi las investiduras de María Chivite en 2019 y 2023, aunque sí ha admitido que mantuvo “muchas reuniones” con él para negociar el Gobierno de España.

También ha hablado reuniones que tuvo con representantes de UPN como Javier Esparza u Óscar Arizcuren, quien recibió pagos de Servinabar por valor de 70.000 euros. Cerdán ha enmarcado esos encuentros en conversaciones “sobre la situación política de Navarra” y ha mencionado reuniones previas a la conformación del Gobierno progresista de Chivite en 2019 en las que, según Cerdán, Esparza le ofreció hacer un gobierno de coalición entre regionalistas y socialistas que no fructificó.

También negociaron la reforma laboral y, en ese contexto, Santos Cerdán ha contado que Esparza le llamó “llorando” por la “traición” que sufrió de los dos diputados regionalistas, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral. Finalmente, los dos dieron el salto al PP.

La Audiencia Provincial de Madrid corrige a la jueza y ordena archivar la causa abierta en un juzgado de Madrid por falso testimonio contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En un auto, los jueces de la instancia superior ordenan la inadmisión de la querella que HazteOir presentó contra el exdirigente socialista, al que acusaban de haber mentido cuando compareció por primera vez, en abril de 2024, ante la Comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’.

Cerdán afirmó que solo había contactado con Koldo García en dos o tres ocasiones, pero un informe policial reveló varias reuniones entre ambos. La magistrada de Madrid Lidia Paloma Montaño admitió la querella y acordó tomarle declaración por “faltar a la verdad” en esa comisión. Según la jueza, esa desviación resultaría “patente y manifiesta” a la vista del contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario. 

Los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía y afirman que los hechos denunciados “carecen de relevancia penal”. Argumentan, en este sentido, que la mentira es “una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación” y que “exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete (...) sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse”.

La resolución se basa, además, en la doctrina que el Tribunal Supremo argumentó en enero de 2023 cuando rechazó una querella contra Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora del PP, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante otra comisión de investigación parlamentaria. 

Entonces, los jueces del Alto Tribunal argumentaron que las “reticencias o inexactitudes” no bastan para el reproche penal. Y que se requiere una “alteración sustancial” de la verdad que la Audiencia Provincial no observa en el caso de Santos Cerdán. De hecho, sus magistrados sostienen que los informes de la UCO y los artículos de prensa no constituyen una verdad “incontestable” que permita demostrar que Cerdán mintió “sustancialmente”.

La imputación de Cerdán se produjo pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al exdirigente del PSOE con el argumento de que los hechos descritos por HazteOir en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. El Ministerio Público apuntó: “La interposición de una denuncia o de una querella no conlleva necesariamente la incoación y tramitación de un procedimiento penal”.

En un primer momento, la jueza había citado a declarar a Cerdán el 5 de febrero, pero su defensa solicitó aplazarla al 24 de precisamente para esperar a la decisión de la Audiencia Provincial. Este auto, contra el que no cabe recurso, supone el archivo de la causa, por lo que la declaración de Cerdán no se producirá.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido este martes la “legalidad” de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicada a la UTE de Acciona, Óses y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “No forman parte de ninguna investigación judicial que sepamos después de dos años y medio”, ha apuntado para defender que la licitación de las obras fue “legal y transparente” y que “no ha habido corrupción”.

Óscar Chivite, familiar de la presidenta de Navarra, asumió la cartera de Cohesión Territorial en agosto de 2023, cuando ya se había iniciado la licitación de las obras, que fueron adjudicadas en diciembre de ese año. Así, ha remarcado que las discrepancias que surgieron entre los miembros de la mesa de contratación “fueron anteriores” a su toma de posesión y ha asegurado que la función del consejero en la adjudicación “está limitada”.

“Yo no he firmado ningún documento sobre la adjudicación de Belate porque ni los consejeros ni la presidenta participamos en los procesos de adjudicación y de control de ejecución de las obras”, ha dicho, para incidir en que “son procesos controlados por técnicos y funcionarios”.

También ha asegurado que no existió “injerencia política” en la adjudicación de las obras y ha destacado que las auditorías encargadas por el Ejecutivo foral a la Cámara de Comptos y a empresas externas “No encontraron ninguna ilegalidad”. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sí que detectó irregularidades en el proceso y consideró que era “nula de pleno derecho”.

Con todo, Óscar Chivite, no ha querido poner “la mano en el fuego” por María Chivite, Ramón Alzórriz o Santos Cerdán. “Es una dialéctica en la que no voy a entrar porque poner la mano en el fuego conlleva dos aspectos, uno, tener total conocimiento, y otro, juzgar, y ninguna de las dos cosas tengo”, ha respondido a preguntas del portavoz de UPN Javier Esparza.

En relación con el sobrecoste de 8,5 millones de euros que había autorizado la dirección general de Obras Públicas y que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, Chivite ha explicado que la destitución del director general Pedro López Vera se produjo por haberle considerado “responsable de la tramitación inadecuada” del modificado. “Es evidente que el modificado no se tramitó correctamente, porque aunque el origen del modificado son causas ciertas, como es la morfología del terreno, que hay más agua de la prevista en el proyecto y que ha habido requerimientos externos, la realidad es que esa tramitación fue paralizada”.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha enviado a la Fiscalía la negativa a comparecer del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Todos los grupos, salvo Vox, coinciden en que Entrecanales ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal por haber dado plantón hasta en dos ocasiones a la comisión. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si considera que el presidente de la multinacional ha cometido ese delito.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos.

Los servicios jurídicos de la Cámara Foral defienden que la citación es personal y está dirigida al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por lo que Acciona no puede designar a otro representante para acudir a declarar al Parlamento Navarro.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

Los grupos de la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Koldo' estudian denunciar al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales por negarse a comparecer. Entrecanales ha dado plantón por segunda vez este lunes a la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán.

UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo/Zurekin ya han mostrado su voluntad de dar traslado a la Fiscalía de la negativa del presidente de Acciona a no comparecer para que analice si ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. La decisión la tomarán el martes en la reunión interna que celebrarán los grupos de la comisión antes de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Tras negarse a comparecer en enero, la comisión decidió volver a citarle este lunes 9 de febrero, pero el presidente de Acciona ha vuelto a dar plantón a la comisión de investigación.

La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión. Este lunes también ha acudido en lugar de Entrecanales Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y de nuevo se ha rechazado su declaración.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.