El juez del Supremo retira el pasaporte a los imputados de Acciona y les obliga a comparecer cada 15 días en los juzgados

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, para los dos imputados de Acciona señalados por su presunta vinculación con el caso Koldo que han declarado este miércoles. El juez también les obliga a comparecer cada 15 días en los juzgados. La Fiscalía había solicitado esta medidas tras los interrogatorios. El magistrado les atribuye delitos de cohecho y organización criminal.

El exdirectivo Justo Vicente Pelegrini ha declarado que Servinabar, la sociedad propiedad de Antxon Alonso y que es sospechosa de constituir el vínculo para el cobro y reparto de mordidas a Santos Cerdán, realmente realizaba los trabajos de las adjudicaciones ganadas en Unión Temporal de Empresas con el gigante de la construcción español. En este sentido, los antiguos directivos han dicho al juez que su función era la prevención de riesgos laborales y que el 2% aproximado que correspondía a Servinabar, según el informe de la UCO, no era un porcentaje fijo y que variaba según el proyecto, informan fuentes jurídicas.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha interrogado este miércoles a este exdirectivo y a uno de sus subordinados, Tomás Olarte, ante la sospecha de que pudieron tener “participación” en la “indebida adjudicación de determinadas obras públicas” que se investiga en la causa que ha llevado a prisión provisional a dos ex secretarios de Organización del PSOE. Pelegrini era responsable del negocio de Construcción para España, Portugal y África de Acciona hasta el pasado junio, cuando fue despedido al revelar la Guardia Civil su posible relación con la trama. La compañía alegó entonces “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”.

En los autos en los que justifica la imposición de esas medidas, el juez apunta que hay indicios contra ambos “de su posible responsabilidad criminal en la eventual comisión de graves delitos”. Sobre Pelegrini, apunta que confiaba en las adjudicaciones se produjeran gracias a la “indebida influencia” de Santos Cerdán y que, a cambio, Servinabar “percibiría la correspondiente prestación económica”.

El juez considera que, a este fin, se reunió de forma “personal y telemática” con el exdirigente socialista y con Antxon Alonso. Unos encuentros caracterizados por relevantes “medidas de seguridad”: apagaban sus teléfonos o mostraban documentos en pantalla cuando se comunicaban por videoconferencia.

Es un “procedimiento” que, según el juez, permitió que Acciona accediera a “un significativo número de obra pública”. La gran constructora actuaba en UTE con terceras empresas en las que “no se integraba directamente Servinabar”. Esa compañía era después subcontratada por Acciona, que le abonaba “un beneficio calculado del 2% con respecto al importe total de la adjudicación”.

Reuniones con Santos Cerdán

Ante el juez, Pelegrini ha explicado que se reunió con el entonces secretario de Acción Territorial del PSOE, Santos Cerdán, para hablar sobre Mina Muga, un proyecto de inversión privada de construcción de minas de potasio, en el que el dirigente socialista quería “testar” si el proyecto era positivo para Navarra. Pelegrini ha dicho que su función en esa reunión era la de “agente social”.

Por otra parte, Pelegrini ha dicho que, debido a la relación personal que tenía con Antxon Alonso, se sumó a una cena con Cerdán y que a ese encuentro responden las fotos en el piso del centro de Madrid que compartieron el político y el dueño de Servinabar y en un bar próximo. La UCO, sin embargo, afirma en su informe que esas imágenes se tomaron en dos días distintos del mes de junio de 2019. Días antes, el 31 de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del proyecto de Mina Muga.

El juez avanza en la investigación con el interrogatorio a estos dos imputados de la constructora Acciona, señalada por presuntos pagos del 2% de cada proyecto a Servinabar, la pequeña empresa de la que Santos Cerdán tenía supuestamente el 45% de las participaciones y que es considerada epicentro de la presunta red corrupta. 

El cruce de las fechas de las licitaciones bajo sospecha y las conversaciones y mensajes incautados a Koldo García permitió aflorar en un primer informe sólidos indicios de que la empresa de la familia Entrecanales habría pagado supuestamente 620.000 euros en mordidas al exministro José Luis Ábalos y su asesor a cambio de contratos amañados. Unas dádivas que, según la UCO, estarían “gestionadas” por Santos Cerdán, que también habría tratado de influir en los nombramientos del Ministerio de Transportes. 

El último atestado de la UCO sitúa a Pelegrini como una pieza clave en el origen y desarrollo de la relación entre Acciona y Servinabar. Su firma está en el “Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial” que suscribieron ambas compañías en septiembre de 2015 y que sirvió de “marco contractual” para una “relación” que se extendió durante casi una década, hasta que estalló la investigación judicial. 

La documentación intervenida revela que Pelegrini se involucró en proyectos conjuntos, como Mina Muga, la primera adjudicación a la UTE, y que fue promovido por la empresa Geoalcali, filial de la minera australiana Highfield Resources. Además, los agentes han documentado el alto grado de privacidad del que intentaban dotar a sus encuentros y comunicaciones para evitar dejar rastro. Por ejemplo, en sus reuniones por videoconferencia con Antxon Alonso ambos recurrían a las anotaciones manuscritas en la pantalla cuando hablaban de licitaciones de obras.

El móvil del empresario navarro incautado por los investigadores también recoge indicios de que ambos se vieron con Santos Cerdán en Madrid. E incluso contiene una fotografía del exdirigente socialista junto a Pelegrini en el bar El Pentagrama del barrio de Malasaña de la capital. También hay otra imagen del ex alto cargo de la constructora en el inmueble que Antxon Alonso y Santos Cerdán tenían alquilado en el centro de Madrid, a pocos metros de ese establecimiento. 

El magistrado también tenía previsto interrogar este miércoles al citado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, los directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente, que reportaban a Pelegrini. Sin embargo, la declaración de García Alconchel se ha pospuesto al 15 de diciembre porque su abogada no podía acudir a la cita en el alto tribunal por motivos de salud, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Durante su declaración, Olarte ha negado conocer a José Luis Ábalos, el ministro de Transportes en el momento de las adjudicaciones bajo sospecha.