El Ayuntamiento de Madrid gastó en vano más de 30.000 euros, según figura en la memoria de contratos del consistorio, para determinar si las grutas subterráneas que se encontraron en 2019 en Vallecas eran, como todo indicaba, un refugio de la Guerra Civil. Ocurrió bajo el mandato de Manuela Carmena, y a pesar de aquella inversión, “no se llegó a concretar qué eran exactamente”, según informan ahora fuentes del consistorio a este diario.

El antiguo colegio Fernán Caballero, un pequeño edificio inaugurado en 1923 que llevaba años abandonado, estaba en obras para convertirlo en un centro de economía social que formaría parte del proyecto MARES del Gobierno de Carmena. Durante esa remodelación, se encontró una galería subterránea a una profundidad de más de cuatro metros. “Todo apunta a que puede ser un refugio de la Guerra Civil aunque aún no lo tenemos por escrito”, aseguró Cristina Moreno, directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid.

Las obras se paralizaron para estudiar el origen de estas grutas: “Estamos a la espera de varios informes de los arqueólogos de la Comunidad de Madrid para poder confirmar al 100% este dato”, informó Moreno al diario Público. Pues bien, aquellos informes no se encargaron a arqueólogos de la Comunidad de Madrid, sino a dos empresas privadas: Paleyomás e Intemac, y nunca cumplieron el objetivo por el que se les contrató. La única conclusión a la que llegaron, según fuentes del Ayuntamiento, es que “habrían coincidido en el tiempo con la época de la Guerra Civil”.

El concejal de distrito dijo que “habían descartado que fueran refugios de la guerra civil”

En aquel momento, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) se interesó por el posible descubrimiento, y según revela la asociación a este diario, lo que el entonces concejal de distrito —que repitió legislatura con José Luis Martínez Almeida— Borja Fanjul (PP) les dijo choca con lo que ahora se conoce: “Nos informó de que los informes que había emitido la D.G. de Patrimonio de la Comunidad de Madrid habían descartado que las grutas fueran refugios de la guerra civil.” Además, aseguran que jamás tuvieron acceso a esos documentos.

Desde la Fravm afirman que ahora “parece evidente que ese informe no debía ser negativo”, y por ello, pedirán explicaciones a la administración pública “para saber por qué ocultaron la información”. También trabajarán para que se encargue un análisis a una universidad pública “que permita estudiar la existencia del posible refugio” y para que el edificio “se convierta en un equipamiento compatible con el posible refugio”.

A falta de conocer qué es lo que se esconde bajo el Fernán Caballero, el edificio sigue sin contar con ningún tipo de protección patrimonial o cultural. De confirmarse esta incógnita, según la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, la construcción debería estar sujeta al régimen de protección de los Bienes de Interés Patrimonial. De hecho, la misma ley también protege con el mismo nivel los colegios construidos antes de 1950 - que es el caso del Fernán Caballero, inaugurado en 1929- por lo que ya se estaría incumpliendo la normativa.

Con todo esto, el inmueble no sólo está completamente desprotegido, sino que lo que queda hoy en día de él no es más que un edificio claramente abandonado que presenta un estado deplorable: ventanas rotas —algunas tapadas con colchones, sábanas o tablones de madera—, una fachada desgastada y un patio convertido en vertedero de muebles rotos, ropa vieja y basura.

Son las tres letras a las que aspira cualquier edificio histórico para garantizar su supervivencia. O, más bien, las personas que se dejan su tiempo y su empeño en defenderlos. La declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) supone otorgar el mayor nivel de protección a un objeto o entorno por su gran valor histórico, artístico o científico. En la práctica, implica la obligatoriedad de obtener autorización ante la autoridad compentente para ejecutar cualquier modificación, permitir visitas públicas o desarrollar tareas de mantenimiento y restauración.

La concesión y gestión de las solicitudes corresponde a los Gobiernos autonómicos. Concretamente en Madrid, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad. Este organismo tuvo a bien declarar BIC a la Fundición Tipográfica Richard Gans en julio de 2023, la última fábrica de tipos móviles que queda en pie en la ciudad. En ella se creaban las piezas de metal individuales que luego se ensamblaban para formar palabras y páginas de texto en la imprenta. La técnica consistía en la fundición de tipos a partir de un troquel de acero con el carácter en relieve, que a continuación se usaba para dar forma a una matriz de cobre donde se vertía el metal fundido.

Con el reconocimiento como BIC, parecía cerrarse un largo capítulo de ostracismo en un lugar otrora esplendoroso. Un tesoro patrimonial que traslada a una época de expansión urbana. Del crecimiento técnico y social de la prensa a los grandes conflictos laborales o bélicos que marcaron la primera mitad del siglo XX. Pero dos años después, el deterioro continúa en un edificio que continúa sin uso y abandonado.

Referente arquitectónico y periodístico

La Real Academia de la Historia, en su sesión académica de 10 de febrero de 2023, aprobó el informe clave para que la Fundición obtuviese la declaración de BIC: “El carácter excepcional de esta fundición, único ejemplo en la Comunidad de antigua fábrica de tipos y comercio de materiales, máquinas tipográficas y bienes de imprenta, justificaría a todas luces su reconocimiento, insistiéndose por ello en la necesidad de conservación conjunta del inmueble y de los objetos muebles que fueron parte de las tareas de dicha fundición y fábrica”, recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 19 de julio de 2023.

Además de fundir tipos, suministraba todo tipo de maquinaria para periódicos y revistas: las propias imprentas, rotativas, plegadoras, cosedoras, grapadoras, guillotinas... Así, la nave del número 5 de la calle Altamirano estaba dedicada a almacén y exposición, mientras que la del 65 de calle Princesa (que data de 1886) se destinó a la fundición en sí misma. Ambas, unidas en un solar en forma de T, se conviertieron en recursos indispensables para el periodismo madrileño en las primeras décadas del siglo XX.

La nave de Altamirano, proyectada en 1910 por el arquitecto Luis López López e inaugurada en 1911, fue ejecutada por los maestros de obras Madurell y Vilata con estructura de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas. El edificio contaba en origen con tres plantas de altura en las dos primeras crujías (de uso residencial) y dos plantas en la zona interior, de uso industrial. Se construyó con fábrica tradicional de ladrillo, pilares de fundición en planta baja y entramado de madera en plantas superiores.

Los edificios industriales que componen la fábrica en las calles Altamirano y Princesa mantienen la estructura de acero laminado roblonada característica de la época, así como gran parte de sus elementos interiores de estética y funcionalidad industrial. Construyen por ello una muestra singular de ese Madrid en proceso de metamorfosis de villa a ciudad, cosmopolita e industrial. La Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) destaca del inmueble de Princesa su “coniguración netamente urbana”, mientras que en Altamirano predomina “una resolución entre modernista y decó” (un diseño más llamativo acorde a su carácter expositivo). Desde la Fundación resaltan el interés de la iconografía geométrica de la fachada, así como las molduras del alero y la cornisa.

A sus valores arquitectónicos se une el interés de los bienes muebles que se guardan en la fundición: maquinaria propia de la actividad, tipos móviles y mobiliario que permitieron mantener la actividad durante un siglo de existencia, a lo largo del cual surtió de material a las principales empresas editoriales, gráficas y cabeceras de prensa de la época. Entre ellas la conocida imprenta Rivadeneira, ubicada en la cercana Cuesta de San Vicente, o el periódico ABC. De hecho la primera rotativa de este periódico, muy famosa y la más avanzada de la época, fue fabricada por la marca de Richard Gans.

Una historia tumultuosa

El origen de la fábrica de tipos se remonta a finales del siglo XIX. El desarrollo de la capital obligó al Ayuntamiento de Madrid a plantear un proyecto urbanístico de ampliación de los límites de la ciudad, conocido como el Ensanche. Fue en este contexto de desarrollismo urbanístico cuando el empresario Richard Gans decidió establecer su sede en el recién trazado barrio de Argüelles (hoy situado en el distrito de Moncloa-Aravaca), junto a la mítica cárcel de la Modelo, durante una una época en la que convivían diversas fábricas e industrias en esta zona.

Gans nación en Karlsbad, al suroeste de Alemania, en 1850. Llegó a Madrid en 1874 como representante de una importante compañía de artes gráficas belga y en 1878 se especializó en la importación de artilugios de artes gráficas y de tipos de impresión. Mientras, trababa contacto con las principales empresas periodísticas o editoriales del país. Pocos años después, en 1881 y después de una creciente demanda, decidió iniciar la producción propia de dichos materiales.

El primer local donde se instaló estaba en el número 10 de la calle de Campomanes. Más tarde pasó a Villanueva, 22, un recinto más amplio. En 1886 la compañía llegó a Princesa, y en 1911, se extendió a Altamirano. Gans falleció en Madrid en 1925, pero el futuro de su emprendimiento parecía quedar en buenas manos con su estirpe familiar. No vio venir un futuro conflicto bélico que sería fatal, además de para millones de vida, para el patrimonio de todo un país.

“El recinto sufrió importantes destrozos durante la Guerra Civil”, explica Alberto Tellería, vocal técnico de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. “De hecho, los hermanos Ricardo y Manuel Gans [hijos del fundador] fueron asesinados por los propios obreros de la Fundición, que fue requisada por el sindicato anarquista CNT [Confederación Nacional del Trabajo]”, apostilla. Después de esta rebelión, parte de su maquinaria pesada fue utilizada para la fabricación de munición para el bando republicano.

Fue la hermana superviviente, Amalia Gans, quien retomó la actividad de la fundición ya durante el franquismo y consiguió convertir el centro en un referente de las artes gráficas. “Hasta que la aparición en los años sesenta de nuevos modos de impresión relegó al olvido la fundición de tipos. Cesó su actividad y bajó la persiana hacia 1975”, cuenta Tellería. Otras fuentes, como la web de la Comunidad de Madrid, sitúan ese final en los años ochenta después de un progresivo declive desde que en 1964 se editara el último catálogo de la empresa.

En cualquier caso, las naves han experimentado varias décadas de abandono y deterioro que la declaración de BIC hace más de dos años todavía no ha logrado revertir. Así lo acreditan imágenes como la siguiente, recopiladas en su web por la organización de protección patrimonial Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

La entidad lamenta “noticias del derribo de parte de las instalaciones”, fruto del mal estado de conservación de diversas estancias, aunque la inmensa mayoría del edificio sigue en pie. “Se tiene noticia extraoficial de intereses inmobiliarios que pretenden su demolición para edificar viviendas. Dado su valor se incluye en el observatorio para su seguimiento”, alertan.

Desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trasladan a Somos Madrid que “es un bien privado y como tal el propietario es el responsable de su mantenimiento”. Indican que la Comunidad de Madrid “cuenta con ayudas para actuaciones de conservación, recuperación y restauración de los bienes inmuebles de la región, de titularidad privada, con protección como Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Patrimonial”. No aclaran si esas subvenciones han sido solicitadas en el caso de esta histórica Fundición.

En los alrededores del número 38 de la calle Francisco Laguna, en Vallecas, conviven un parque infantil, unas canchas de fútbol, un centro educativo, una guardería… y un edificio abandonado. Es el antiguo colegio Fernán Caballero, un inmueble pequeño, en mitad de una zona residencial humilde, que presenta un estado deplorable: ventanas rotas —algunas tapadas con colchones, sábanas o tablones de madera—, una fachada desgastada y un patio convertido en vertedero de muebles rotos, ropa vieja y basura. Una patrulla de la Policía Municipal ronda con frecuencia la zona. Según los vecinos, su presencia tiene que ver con un suceso violento ocurrido en el interior del edificio en mayo, que llevó a vallar y tapiar el acceso. Desde su construcción en 1929 hasta hoy, las paredes del Fernán Caballero tienen mucho que contar.

El Fernán Caballero no siempre llevó ese nombre. Originalmente se llamaba Grupo Escolar Primo de Rivera, y fue el propio dictador quien acudió en persona a inaugurarlo. El 19 de abril de 1929, el periódico El Imparcial le dedicó una noticia en la que se reproducía el discurso que pronunció aquel día: “No es verdad que, como creen algunos retrógrados, la instrucción perturbe la paz de los pueblos. La instrucción—dijo—es inevitable, y si no se da la buena, vendrá la mala, la del arroyo, sin fe, sin patria y sin moral”. Una declaración de intenciones.

El colegio vivió la dictadura de Primo de Rivera, la II República, el franquismo y la democracia, hasta que, según trasladan los vecinos de la zona a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), se produce su cierre en la década de los 90. Lo que sucede después es una sucesión de elementos que forman una cronología algo estrambótica: una cesión presuntamente ilícita, bailes latinos, un supuesto refugio de la Guerra Civil, un machetazo y una propuesta para hacer de él un museo del flamenco… en Vallecas.

Según la Fravm, durante el mandato de Eva Durán (PP) como concejala presidenta del distrito de Puente de Vallecas (1995-2015), el edificio fue cedido a la Federación Española de Inmigrantes, una entidad que, ya en 2015, comprobaron que “carecía de actividad”. “El uso real que tuvo el edificio hasta 2016, cuando finalizó la cesión, fue el de una escuela de baile latino dirigida por una pareja colombiana llamada Bafolk”, aseguran desde la agrupación vecinal. También afirman haber tenido “fundadas sospechas” de que la Federación Española de Inmigrantes subarrendaba ilegalmente el espacio.

30.000 euros y ninguna conclusión: un misterio de la Guerra Civil

La cesión se dio por concluida durante el mandato de Manuela Carmena, siendo Francisco Pérez concejal del distrito. Fue precisamente bajo esta administración, en 2019, cuando ocurrió uno de los episodios más insólitos del edificio: durante unas obras para convertirlo en un centro de economía social, los operarios descubrieron una galería subterránea a cuatro metros de profundidad, completamente inundada y no registrada en el estudio geotécnico. Cristina Moreno, entonces directora general de Patrimonio del Ayuntamiento, declaró lo siguiente: “Todo apunta a que puede ser un refugio de la Guerra Civil, aunque aún no lo tenemos por escrito”.

El Ayuntamiento encargó un estudio hidrogeológico y arqueológico por más de 30.000 euros para determinar qué era aquella estructura. Sin embargo, no parece que sirvieran de mucho. Según comunica el Área de Obras del Ayuntamiento de Madrid a este diario, a pesar de estos estudios, “no se llegó a concretar qué eran exactamente, pero sí se señalaba que habrían coincidido en el tiempo con la época de la Guerra Civil”.

Hasta ahora, no había habido nuevas noticias sobre aquellas galerías subterráneas. De hecho, en su momento, el entonces concejal de distrito, Borja Fanjul, informó a la Fravm de que los informes emitidos por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid “habían descartado que las grutas fueran refugios de la Guerra Civil”. Ahora, parece que esta información se desmiente y llama la atención que, según cuenta la federación, nunca tuviesen acceso a los informes.

Patrimonio desprotegido

Según la vigente Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, las “fortificaciones de la Guerra Civil española” deben estar sujetas al régimen de protección de los Bienes de Interés Patrimonial (BIP). Aunque ahora conocemos que las galerías fueron construidas en la época de la Guerra Civil y que no se puede descartar que fuesen un refugio, el edificio no tiene ningún tipo de protección patrimonial.

Es más, esta misma ley establece que los inmuebles singulares construidos antes de 1950 —incluidos los centros escolares— también deben contar con protección como BIP. Por lo tanto, el Fernán Caballero, un edificio neomudéjar con casi un siglo de historia, debería contar con esta doble protección.

Sin embargo, lejos de protegerse, desde 2019 el deterioro ha ido en aumento. Durante varios meses de 2024, el edificio estuvo ocupado por personas sin hogar y fue, según denuncian vecinos y la Fravm, punto de consumo y tráfico de drogas. En mayo, una pelea en sus inmediaciones terminó con un joven de 25 años detenido por agredir con un machete a un hombre de 52 que dormía en el antiguo colegio. Tras el suceso, el acceso fue tapiado con ladrillos para evitar nuevas ocupaciones.

En una visita a Vallecas en 2024, José Luis Martínez-Almeida anunció su intención de convertir el colegio en un Museo del Flamenco. No obstante, el proyecto no figura en los presupuestos municipales de 2025 ni en las propuestas culturales remitidas al Plan SURES de Reequilibrio Territorial. La Fravm da por hecho que no se llevará a cabo durante esta legislatura.

Desde la federación rechazan la idea del Museo del Flamenco y proponen una alternativa más útil para el barrio de San Diego, “uno de los más densamente poblados de la ciudad y con un déficit importante de equipamientos”. Por eso plantean que este inmueble, junto a otros edificios abandonados como el colegio Manuel Siurot, Rodríguez Espinosa 13, Puerto de Baños 1 o el recientemente demolido Centro Social de la Atalaya formen parte de un plan conjunto de infraestructuras educativas, sanitarias, culturales y deportivas para San Diego y Palomeras Bajas.

Mientras tanto, el Fernán Caballero permanece tapiado, a la espera de que la administración decida si será un lugar de ruina, recuerdo o renacimiento.

Caminando por Arturo Soria, una extensa fachada blanca llama poderosamente la atención a la altura del número 231. Las claras señales de deterioro dan una idea de que se trata de un lugar que hace tiempo fue abandonado, aunque su cara más reconocible se encuentra al otro lado y solo es visible desde la M-30. Una estructura circular, propia de la arquitectura racionalista, con la palabra “Stella” en grandes letras mayúsculas, consigue captar la mirada de todo el que pasa por allí. Se trata de la Piscina Stella, un club social y deportivo con instalaciones acuáticas, restaurante, bar, sala de fiestas, gimnasio, peluquería y hasta boleras que sirvió como centro de ocio hasta su cierre definitivo en 2006.

A mediados del siglo XX, la capital experimentó un boom en la construcción de piscinas, que no solo servían para refrescarse en los calurosos días de verano, sino que suponían un oasis de libertad para los madrileños en tiempos de dictadura. Una de las más famosas fue la Piscina-Club Stella, que destacaba por su variada oferta de servicios, su diseño vanguardista y su popularidad entre la jet set de la ciudad.

Aunque en realidad, el auge de las piscinas en la capital se remonta a los años veinte. En aquel momento, eran muy pocas las instalaciones acuáticas disponibles en la ciudad y el baño público era un lujo que quedaba restringido a unos pocos. La llegada de la Segunda República, impulsó la creación de piscinas y centros deportivos como parte de un ambicioso proyecto de modernización y, por primera vez, los deportes acuáticos dejaron de ser un privilegio para convertirse en una opción al alcance de sectores cada vez más amplios. Llegaron incluso a plantear convertir el estanque del Retiro en baños populares o instalar piscinas infantiles en plazas y jardines. El objetivo era claro: democratizar el tiempo libre.

A esta voluntad política se sumó un nuevo fenómeno social conocido como ocio de masas. La reducción de la jornada laboral y el incipiente reconocimiento del derecho al descanso hicieron que amplias capas de la población pudieran empezar a dedicar tiempo al esparcimiento. En ese momento, las piscinas comenzaron a tomar importancia como lugar de encuentro en verano.

La época en la que se popularizaron también influyó en la forma de proyectarlas y construirlas. Tomaban como inspiración los clubes náuticos del norte de España e incorporaban los principios del racionalismo, estilo que apostaba por geometrías puras, simetría y materiales como hormigón, acero o vidrio. Era la estética del progreso aplicada al ocio, que también se extendió a otras edificaciones emblemáticas de la capital como el Cine Barceló o el Hipódromo de la Zarzuela. Como no podía ser de otra manera, la Piscina Stella se integró a la perfección en esta corriente que conseguía plasmar un diseño propio de las zonas de costa en pleno asfalto capitalino.

El nacimiento de un icono

El alma de este proyecto fue Manuel Pérez-Vizcaíno y Pérez-Stella, que mandó construir la singular piscina en 1947 al arquitecto Fermín Moscoso del Prado. La realidad es que nació ya como una anomalía en su tiempo. Sus curvas líneas racionalistas y su metafórica silueta de buque ya no se llevaban en aquel entonces, ya que, en la situación que afrontaba Madrid, todavía con heridas de la Guerra Civil abiertas, la iniciativa resultaba casi de lujo provocador. Sin embargo, la proximidad a la base aérea estadounidense de Torrejón de Ardoz ofrecía un público potencial: familias de militares norteamericanos con alto poder adquisitivo.

Sin duda, los americanos de la base de Torrejón, asiduos bañistas, contribuyeron a subrayar los aires de modernidad del lugar. A ellos se sumaban los jugadores del Real Madrid, que tomaban cócteles servidos por los botones junto a la piscina, consolidando al Stella como uno de los escaparates sociales con los que el franquismo pretendía mostrar una cara más aperturista en los años sesenta. Se cuenta que el bikini hizo su aparición en el Stella antes que en Benidorm y que, en una de sus terrazas, se practicaba incluso el nudismo, una costumbre prácticamente desconocida en la España de entonces.

Por estas razones, desde su apertura en plena posguerra, la Piscina-Club Stella se erigió como un fenómeno social único en Madrid. Más que una simple piscina, se convirtió en uno de los primeros clubes integrales de ocio en España, ofreciendo a sus socios no solo espacios para nadar, sino también peluquería, gimnasio, pistas deportivas, salón de baile, restaurante y zonas ajardinadas. Esta innovadora combinación de servicios, inédita en su tiempo, consolidó al Stella como un referente de modernidad y exclusividad.

El éxito llevó a una ambiciosa ampliación en 1952, diseñada por Luis Gutiérrez Soto, maestro del racionalismo madrileño. La intervención mantuvo la pureza formal del edificio original, añadiendo volúmenes generosos y fachadas blancas que evocaban clubes náuticos, creando un oasis racionalista en el entorno de Ciudad Lineal.

Este enclave no solo destacó por su arquitectura, sino por la atmósfera cosmopolita y sofisticada que ofrecía, con un servicio de primera clase, en una España todavía inmersa en la rigidez del franquismo. Por ello, rápidamente se convirtió en el punto de encuentro predilecto de la alta sociedad madrileña, así como de artistas, deportistas, aristócratas y figuras del espectáculo. Por sus vestuarios, terrazas y piscinas desfilaron nombres legendarios: aristócratas como los duques de Windsor, músicos como Xavier Cugat o Antonio Machín, futbolistas del Real Madrid de la era dorada de Alfredo Di Stéfano, e incluso mitos de Hollywood como Ava Gardner.

Decadencia y deriva

Durante décadas, el club disfrutó de una clientela fiel. Sus instalaciones fueron escenario de muchos veranos de esplendor en los que reunía diariamente a más de mil personas. Pero, con el paso del tiempo, el modelo de ocio cambió. La apertura de nuevas instalaciones, la expansión del ocio suburbano y el encarecimiento del mantenimiento condenaron a la Stella a una lenta decadencia.

A partir de los años 80, la competencia de nuevas piscinas privadas vinculadas a urbanizaciones y, sobre todo, la expansión de modernas instalaciones públicas más accesibles, erosionaron su clientela. El modelo elitista que había sido su sello distintivo comenzó a sentirse fuera de lugar en una ciudad que apostaba por democratizar el ocio. Los intentos por adaptarse fueron insuficientes y, en 2006, el Stella cerró sus puertas definitivamente.

En 2011, el Ayuntamiento de Madrid reconoció su valor arquitectónico y lo protegió legalmente, limitando intervenciones en sus fachadas y elementos estructurales. Sin embargo, esta protección no ha logrado detener el deterioro visible del edificio, hoy cerrado y abandonado.

Actualmente, el edificio cuenta con un nivel tres de protección, grado parcial, uno de los más bajos en el catálogo municipal. De hecho, sus jardines cuentan con una protección todavía inferior. Este nivel solo obliga a salvaguardar la fachada, por lo que el resto del edificio podría demolerse completamente, algo que se podría evitar si se declarase como Bien de Interés Patrimonial (BIP).

La última vez que se debatió su protección fue hace tan solo un año, en 2024. El PSOE propuso convertir el complejo en BIP y subir la protección que ya ostenta en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte sin éxito. Fue a petición de la ex-edil socialista Adriana Moscoso que se planteó el aumento de su protección, alegando que se trataba de “una joya desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico”.

El Gobierno municipal se posicionó en contra de la petición del PSOE por considerar que el edificio “tiene protección suficiente”. En la comisión, la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernando, recordó que se trata de un edificio de titularidad privada y que el Ayuntamiento ya ha intervenido “para evitar su pérdida” impidiendo modificar sus fechadas y jardines.

Según expertos en la materia, el caso de la Piscina Stella refleja un problema más amplio: la arquitectura moderna de mediados del siglo XX sigue siendo una gran desconocida y, en ocasiones, una gran olvidada dentro del patrimonio urbano.

Sin ser considerada suficientemente “histórica”, su conservación se ha dejado a merced del paso del tiempo, que ya se empieza a notar en el óxido de sus puertas metálicas, su fachada blanca desconchada y las plantas que crecen sin ningún control en sus jardines.

Bajo la única piscina pública de Chamberí y junto a una fuente que ahora empieza a funcionar después de muchos años seca, se esconde uno de los edificios más antiguos y desconocidos de Madrid. El Depósito Primero del Canal de Isabel II, construido en 1858, fue clave para abastecer de agua a una ciudad en expansión y es un icono para la historia del barrio de Chamberí.

Ha visto pasar la evolución del barrio y de la capital desde su nacimiento y sus paredes han formado parte del escenario de las luchas de muchos vecinos. Hoy, parte del edificio alberga el Archivo del Canal, el resto permanece inutilizado y está cerrado al público. Su futuro divide a la administración y a los vecinos de Chamberí.

Bravo Murillo, 49 alberga el primer depósito del Canal de Isabel II, un proyecto pionero que consiguió embalsar el agua del río Lozoya, canalizarla 70 kilómetros hasta Madrid y almacenarla en el entonces bautizado como Depósito del Campo de Guardias. El ingeniero Juan de Ribera Piferrer fue el autor de esta gran obra que se instaló en el distrito de Chamberí por su posición geográfica. Por entonces, la zona quedaba en las afueras y era el área más elevada de la ciudad, lo que lo convirtió en el lugar idóneo para instalar este depósito que abastecería a los madrileños.

El aumento imparable de la población de la capital hizo que, rápidamente, la capacidad del primer depósito fuese insuficiente y, además, hubo filtraciones entre los distintos compartimentos. Estas circunstancias hicieron que, 21 años después de su inauguración, fuese reemplazado por otro mucho más grande, el conocido como Depósito Mayor (Depósito II), que sustituía la solera de piedra del primero por una gruesa capa de hormigón y sigue en servicio a día de hoy.

La “Mezquita de Córdoba” de Chamberí

Detrás de la pequeña puerta de acceso al edificio - siempre cerrada- se esconde una joya subterránea que Ramón Linaza, vecino de toda la vida y miembro de la asociación vecinal Parque Sí, describe como “una especie de mezquita de Córdoba del siglo XIX”. La impresionante sucesión de arcos de medio punto y sus bóvedas de cañón, no sólo cumplen una función técnica, que es aguantar la losa que tienen encima de manera eficiente, también son singulares por su dimensión estética. “No están hechos para que se vean, de ahí la belleza”, dice Berta Gámez, arquitecta urbana.

Concebido como cisterna romana, cuenta con una planta rectangular de 125 x 86 m y una capacidad de 58.540 m³. Tiene dos vasos contiguos con 242 pilares de ladrillo por vaso y está parcialmente soterrado. En el exterior, la Fuente del Río Lozoya, una pequeña ‘Fontana di Trevi para Chamberí decora su fachada. Fue diseñada por el ingeniero Juan de Ribera, quien concibió una fuente con forma de arco de triunfo, situada frente al Primer Depósito del Canal. En su parte central se instaló una escultura simbólica del río Lozoya realizada por Sabino Medina de Peñas. El agua fluye desde el cántaro de esta figura a través de varios cauces formados por rocas hasta llegar a un estanque de diseño semicircular, recién recuperado para el público. A ambos lados del Lozoya se encuentran dos figuras femeninas que representan alegóricamente a la Agricultura -obra de Andrés Rodríguez- y a la Industria, de José Pagniucci.

El cautiverio de la fuente del río Lozoya

Llevaba años tapada por una valla que impedía a los viandantes poder ver esta construcción declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Tras las exigencias de asociaciones vecinales como Parque Sí, la fuente ha sido rehabilitada y libre de vallas. Para Ramón Linaza, la decisión de esconderla durante todo este tiempo responde a una intención política de gobernantes que deciden gestionar dotaciones públicas “como algo privado”.

Pero la Fuente del río Lozoya no es la única joya que alberga el Depósito I y sus alrededores. A unos pasos de él, en una estrecha calle de acceso cerrado, se encuentra uno de los edificios más antiguos de Chamberí: los Pabellones para Guardas. Se trata de unas pequeñas viviendas de estilo neomudéjar construidas hace más de 150 años para los trabajadores del Canal de Isabel II. Un ejemplo de arquitectura popular – por cierto, también vallado- que no cuenta con ningún tipo de protección patrimonial y se encuentra abandonado. También ha sido objeto de reivindicaciones vecinales que siguen reclamando a día de hoy que se convierta en una escuela infantil pública, que es una de las dotaciones que escasean en el barrio. “Que el espacio público sea principalmente para el disfrute de la ciudadanía”, reclama Linaza.

¿“Eventódromo” o sala de exposiciones?: Propuestas que chocan

Desde hace más de dos décadas, el Depósito I ha estado en el centro de múltiples propuestas. En 2001 llegó a albergar una exposición temporal que dejó claro su potencial como espacio cultural. Pero fue un espejismo: el edificio volvió a cerrarse y así continúa desde entonces.

Más recientemente, en 2023, el proyecto “Milla Canal” despertó una fuerte polémica. El plan planteaba un gran complejo cultural y deportivo que abarcara los tres depósitos del Canal y preveía un anfiteatro para eventos masivos. La iniciativa, respaldada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, chocó con una firme oposición vecinal. “Lo que molesta es que vengan 5.000 personas a un evento multitudinario y que haya ruido, molestias...”, explica Ramón Linaza. “¿Qué queremos hacer con esto? ¿Un eventódromo para que alguien se cuelgue una medalla o algo útil para quienes vivimos aquí?”

El pasado día 21 de julio, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso presentó una versión renovada de Milla Canal que poco tiene que ver con la propuesta de 2023. Según el anuncio de la Comunidad, la intención en lo que respecta al Depósito I es ampliar las instalaciones deportivas que se encuentran en su parcela y expandir las zonas verdes. Eso sí, sigue sin haber proyecto alguno para abrir el propio depósito.

Desde Canal Sí, valoran positivamente este proyecto renovado, aunque lamentan que se haya perdido “la oportunidad de ir más allá”, dejando atrás algunas iniciativas como la de“convertir el complejo en un equipamiento cultural de referencia mediante la rehabilitación del vaso del Depósito I como espacio cultural y centro de interpretación del ciclo del agua, tal como propusimos en la reunión mantenida con el Canal de Isabel II el pasado 12 de noviembre de 2024”, aseguran en su comunicado.

El Depósito I está protegido, aunque con una de las catalogaciones de protección cultural más bajas que hay. La fuente del Río Lozoya, por otra parte, es BIC, la máxima protección legal en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su entorno -incluyendo las casas de trabajadores- no tiene protección alguna, lo que deja la puerta abierta a intervenciones que no consideren su valor integral.

“No está declarado ese entorno de protección”, señala Berta Gámez, la arquitecta urbanista que descubrió los documentos que revelaban la antigüedad de estas viviendas en una investigación en elDiario.es, “Y eso significa que no todo lo que se haga en la parcela pasa por la Comisión de Patrimonio”. A día de hoy, las viviendas neomudéjares que se encuentran junto al depósito –las más antiguas de su tipo en Madrid y posiblemente de España– están completamente desprotegidas y abandonadas. “Esto ha estado en riesgo de demolición mucho tiempo, y lo sigue estando ahora mismo”, alerta Gámez. “Se decía que no valía nada, que era una construcción posterior”.

Asociaciones como Parque Sí o Canal Sí reclaman que se declare BIC a todo el conjunto: depósitos, fuente, casas y espacios verdes. “Hay que ver todo el conjunto de los tres depósitos en relación con las dotaciones del distrito y con la historia de Madrid”, insiste Linaza. Porque más allá del valor arquitectónico o histórico, está el valor de uso social que puede tener.

Para los vecinos y vecinas de Chamberí, el Depósito I representa mucho más que una reliquia del pasado. Es un emblema del derecho al uso del espacio público y del acceso democrático al patrimonio. Es, en palabras de Ramón Linaza, “un pulmón verde” en uno de los distritos con menos zonas verdes por habitante de toda la ciudad. “Chamberí es deficitario en zonas verdes, pero hay un pulmón que son los tres depósitos”, afirma.

La propuesta más recurrente de los colectivos vecinales es la de reconvertir el depósito en un centro de interpretación del agua o de la historia del Canal de Isabel II, similar al que ya existe en el Depósito 4. “Esto es la historia del agua en Madrid y también la historia del barrio de Chamberí”, apunta Linaza. Una sala de exposiciones sobre el canal, visitas guiadas al interior de la “mezquita subterránea” de arcos y pilares de ladrillo, y usos educativos que respeten la arquitectura original son solo algunas de las ideas planteadas desde hace años.

Patrimonio vivo o “parque temático”

El futuro del Depósito I sigue sin estar definido. Para muchos vecinos, la amenaza no es solo el abandono, sino una transformación que lo convierta en un espacio para eventos esporádicos, ruido y turismo masivo. “Es la idea de convertir todo el centro de la ciudad en un parque temático para turistas”, lamenta Linaza. “Y que los vecinos nos tengamos que ir, que desaparezca el comercio local”.

Frente a eso, las asociaciones vecinales defienden otro modelo: el de un patrimonio vivo, útil, con historia y con futuro. “Un espacio como este no puede ser invisible ni reservado a unos pocos”, concluye Berta Gámez. “Es parte de la ciudad, parte de su historia y parte de lo que podríamos ser si apostáramos por una ciudad que pone en valor lo común”.

Aunque hoy pueda recordar a la casa embrujada de Big Fish, su historia no es de película. La vía del General Ricardos es una de las amplias calles que vertebra el distrito de Carabanchel, en Madrid. Repleta de comercios y encapsulada por el vaivén constante del tráfico o los paseantes, hay un pequeño tramo que llama poderosamente la atención. En el número 159 de la avenida, a escasos metros de la plaza de Oporto y junto a una de las muchas casas de apuestas por la zona, resalta un palacete abandonado. La estructura luce descuidada, pero destaca a primera vista por su apariencia neoclásica oculta entre grafitis, que recubren buena parte de la fachada. El edificio está en ruinas y, pese a que el acceso está vallado por un panel de obras, hace mucho que nadie se atreve a repararlo.

La parcela sobre la que se levanta el palacete se extiende por 3.001 metros cuadrados según el Visor Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, un portal online que permite revisar la planificación urbanística en la ciudad. De la superficie total, 1.575 m² son de suelo construido en dos plantas. El edificio tiene una estructura simétrica que corona un friso en lo alto de la fachada principal. Tiene varias ventanas en cada una de sus caras, la mayoría cerradas o con las persianas rotas. Las paredes parecen desgastadas y el deterioro es más que visible.

Aunque hoy suene extraño, el palacete actualmente abandonado se construyó como un lujoso hotel para aristócratas. De eso hace más de un siglo: a finales del XIX, el edificio se construyó pensando en albergar a gente adinerada que veraneaba en el actual distrito. Por aquel entonces, a General Ricardos se le conocía como la carretera de los Carabancheles, un punto clave y también estratégico al ser la vía de acceso a Madrid. Con el paso de los años una burguesa llamada Ramona de Goicoechea e Isusi se haría con la propiedad, iniciando un nuevo capítulo en su historia.

La aristócrata se había hecho cargo de una cuantiosa fortuna familiar a la muerte de su marido, Baldomero Murga. Él era familia del marqués de Linares, título que se otorgó al magnate José de Murga y Reloid, así que provenía de un linaje privilegiado. Su viuda dedicó parte de ese dinero a labores de filantropía. Cuando falleció, cedió una parte del patrimonio a distintas obras de beneficencia. El palacete, en concreto, pasó a manos de la Fundación Casa-asilo Goicoechea e Isusi. En la década de 1920 reabrió como un asilo para “inválidos del trabajo manual e intelectual”; es decir, personas con alguna discapacidad o que no podían valerse por sí mismas.

Así pasaron los años hasta que, en 1995, se declaró el edificio –que entonces cumplía un siglo– en estado de ruina. Había dejado de utilizarse como asilo de la fundación y pasado a manos privadas, pero los proyectos que trataron de implementarse en sus instalaciones naufragaron. El palacete de General Ricardos consta como edificio protegido en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Tiene un nivel 2 de protección, el tramo intermedio entre el blindaje integral y el parcial, que es bastante más laxo.

Como el nivel de protección condiciona su uso y, también, los procedimientos de tramitación u obras que puedan ejecutarse sobre la estructura base, surgen más limitaciones. “La configuración arquitectónica del edificio se puede restaurar, pero sin alterarla o modificarla”, explica sobre el nivel 2 de protección estructural, que afecta al edificio, el vocal de Patrimonio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Ramón Andrada. En resumidas cuentas, lo que tiene que prevalecer en caso de una reforma es el esqueleto del edificio, aunque la mayoría de los acabados interiores sí podrían rehabilitarse.

Las paredes difícilmente podrían recubrirse con otro material en este grado de protección, aunque cada ficha técnica puede contener especificidades sobre qué puede o no tocarse según el estado de cada inmueble. El declive del antiguo hotel que un día acogió a la aristocracia de Carabanchel o albergó un asilo para la asistencia social se incrementa con los años mientras nadie da el gran paso. Eso sí, hubo algún amago.

Después de 27 años en caída libre, en 2019 el Gobierno local de Manuela Carmena anunció que compraría el edificio histórico para reconvertirlo en un nuevo espacio público, que ofreciera fines culturales o sociales desde un enclave accesible para el barrio. Costaría 2,5 millones de euros a las arcas municipales, pero la adquisición se haría con fondos del programa IFS, un mecanismo previsto en la ley nacional de estabilidad presupuestaria para las entidades locales con superávit o remanente de tesorería positivo. Es decir, que no hayan gastado todo el presupuesto previsto para ese año.

Las inversiones financieramente sostenibles, como se les llama, permiten destinar este excedente a otras inversiones que no estaban inicialmente previstas. El único requisito es que acabe en algún tipo de inversión sostenible, entre ellas la apertura de equipamientos culturales o centros de asistencia social. En la liquidación de las cuentas locales del año previo, 2018, el remanente de tesorería alcanzó los 1.250 millones de euros y un superávit de 1.072 millones, por lo que una parte de ese dinero podría destinarse a proyectos IFS. Llegó incluso a sopesarse albergar allí la sede de la Junta Municipal del Distrito, actualmente en la plaza de Carabanchel, pero la idea terminó descartándose.

Pero los planes se fueron al garete. La compra no llegó a ejecutarse con Carmena y el nuevo gobierno, ya con José Luis Martínez-Almeida al frente aunque en coalición con Ciudadanos, desistió de hacerlo alegando que el estado de ruina del palacete dificultaba su reparación “principalmente por argumentos técnicos, pero también por no tener enlace con los objetivos de este equipo”. Es lo que dijo el coordinador general de Contratación y Política Financiera, José Canal, cuando llegó a Cibeles con el PP.

Sobre la primera parte, la de las dificultades logísticas, no siempre hay consenso. En noviembre de 2023, el PSOE de Carabanchel solicitó a la Junta Municipal que adquiera y rehabilitara el inmueble abandonado en General Ricardos para convertirlo en un espacio cultural. El vocal socialista David Calvo llevó el asunto a debate en un pleno del distrito, que ya entonces dirigía el actual concejal-presidente y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo. La propuesta no salió adelante y el PP de Izquierdo votó en contra alegando que, más allá de los 2,5 millones con los que Carmena pretendía comprar el edificio, el coste de una rehabilitación en su estado “se dispararía sobremanera”.

En conversación con este periódico, Calvo sostiene que la reforma “no es imposible de realizar” y apunta a un “trato desigual” entre barrio, comparando la inacción con el palacete en Carabanchel con la reforma del Beti Jai en Chamberí. “Ahí no tuvieron problema en invertir lo que hiciera falta”, lamenta el vocal. Cuando llevó la propuesta al pleno del distrito, el concejal-presidente también aludió a la complejidad de inaugurar allí un centro cultural por la calificación del edificio en el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, donde tiene categoría de equipamiento para el bienestar social.

Según explicó Carlos Izquierdo, habría que destinarlo a otro fin o iniciar los trámites para cambiar su uso. De hecho, se comprometió a eso último: “Aunque nuestro voto sea necesario, me comprometo como concejal del distrito a cambiar esa calificación [...] La finca está en una ubicación sensacional y yo también espero que se pueda recuperar, sea por lo público o por lo privado”. Casi dos años después, esto aún no ha ocurrido.