El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto-ley que el Gobierno aprobó ayer con varias mejoras en prestaciones de la Seguridad Social en materia de viudedad, bajas especiales derivadas de la menopausia y catástrofes, así como para padres que cuidan a hijos con enfermedad grave y víctimas de violencia de género.

El real decreto-ley entra en vigor de manera general este mismo 21 de octubre, su fecha de publicación en el BOE, salvo algunas excepciones que están vigentes a partir del próximo mes o los próximos dos meses.

A continuación, se recogen algunos de los elementos más destacados del texto legal con las medidas anunciadas por la ministra Elma Saiz.

Pensiones de viudedad a parejas no formalizadas con hijos

El texto legal facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni formalizadas como parejas de hecho en el caso de tener hijos.

Así, queda establecido que “en el caso de que existan hijos en común únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos, con carácter inmediato al fallecimiento del causante”. Además, precisa que “dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento”.

Ventana de un año para pedirlo por fallecimientos anteriores

El decreto recoge que se reconocerá el derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho con anterioridad a la entrada en vigor del este real decreto-ley, concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, a la muerte del causante, reuniendo este los requisitos exigidos, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.

b) Que el beneficiario pueda acreditar en el momento de fallecimiento del causante la existencia de pareja de hecho, en los términos establecidos.

Para acceder a la pensión, “la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor” del real decreto-ley. Es decir, en el próximo año a partir de este 21 de octubre.

“La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición”, recoge la ley.

Bajas especiales derivadas de la menopausia

Se regulan dos nuevos supuestos especiales de incapacidad temporal, que son situaciones con más protección, como la cobertura de la prestación desde el día siguiente a la baja, sin necesidad de cotización previa, y con una mayor cuantía: la prestación alcanza el 60% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y el 75% a partir del día 20, recordó la ministra Saiz.

La ley recoge este nuevo supuesto especial de baja laboral para: “Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología”.

Se trata así de una cobertura para patologías derivadas de la menopausia o “sintomatología incapacitante” derivada de esta, explican en el Ministerio de la Seguridad Social, como en el caso de las bajas por reglas especialmente dolorosas, que aprobó el Gobierno hace años.

Bajas especiales por lesiones derivadas de violencia machista

También se regula un nuevo supuesto especial de baja para las lesiones derivadas de violencia machista. En concreto, la regulación incluye a aquellas situaciones “en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones”.

Para conseguir esta cobertura ampliada de baja, “será necesario que con anterioridad al alta médica por curación o mejoría hayan sido expedidos los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, orden de protección, resolución que acuerde una medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal que recoja la existencia de indicios de violencia de género; o bien que se hubiera dictado sentencia condenatoria. El facultativo médico del Servicio Público de Salud identificará estas situaciones especiales mediante la correspondiente codificación”, recoge el texto legal.

Además, “en dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación”, precisa la ley.

Prestaciones por catástrofes como “accidentes de trabajo”

La ministra Saiz explicó se reforzaba también la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a acontecimientos de carácter extraordinario. “La experiencia derivada de las distintas catástrofes naturales y emergencias producidas en los últimos años ha puesto de manifiesto la conveniencia de establecer con carácter permanente la asimilación a contingencias profesionales de determinadas prestaciones cuando el hecho causante derive de una catástrofe extraordinaria, garantizando una respuesta homogénea, inmediata y previsible del sistema”, recoge la introducción del decreto.

Sin embargo, la forma legal para aprobarlo es la siguiente (que requiere de futuras aprobaciones de esta protección reforzada):

“En aquellas normas con rango de ley que se aprueben para dar una cobertura extraordinaria tras un suceso o acontecimiento catastrófico, podrá acordarse que las prestaciones de Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, sean asimiladas a contingencia profesional, mejorando así su cobertura”.

Aumenta el mínimo para huérfanos por violencia de género

Se incrementa el mínimo de la pensión de orfandad en caso de violencia de género. “Cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos descritos en este artículo, el importe mínimo mensual de la pensión de orfandad será el equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento. En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, el importe conjunto de las mismas no podrá superar el importe de dicha cuantía”, recoge la ley.

Mejora del fondo para pensiones de alimentos impagadas

El Gobierno también ha facilitado el acceso y mejorado las ayudas del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que cubre a los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación.

Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales. “Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos”, recoge el texto. Y se alarga el tiempo durante el que puede percibirse, los 18 meses actuales, hasta “mientras exista la obligación de alimentos”.

Se eleva el límite de ingresos para poder acceder a este fondo, ahora marcado por la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y que pasa a definirse a partir del salario mínimo interprofesional (mucho más elevado), multiplicado por un coeficiente según el número de hijos.

Aumenta el mínimo de pensiones por terrorismo

El decreto modifica el parámetro de referencia para la determinación del importe mínimo de las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo, sustituyendo el triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por el doble del salario mínimo interprofesional, “que constituye un parámetro más acorde para garantizar un nivel suficiente de protección”, justifica el texto legal.

Se podrá cobrar la CUME más allá de los 26 años del hijo/a

La ministra Saiz explicó que la prestación CUME, para padres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar a hijos con cáncer u otras patologías graves, se extendía en varios supuestos. Entre ellos, destacó la posibilidad de percibirla más allá de 26 años y de forma simultánea, que el texto legal recoge así:

“Excepcionalmente se mantendrá el derecho a la reducción de jornada más allá de los 26 años en aquellos casos en los que la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente en los términos y con la acreditación que se exigen en los párrafos anteriores”, apunta la ley.

Además, “este derecho podrá ser reconocido a favor de ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores permanentes, por la misma persona causante, de forma alternativa o simultánea”.

Para consultar todo el real decreto-ley, puede acceder aquí.

El Gobierno aprobará este martes que las parejas con hijos y que acrediten dos años de convivencia tengan derecho a la pensión de viudedad, ha adelantado El País y ha afirmado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista en La Hora de la 1. Saiz también ha avanzado que el Ejecutivo ampliará la prestación CUME para padres de hijos con enfermedades graves más allá de “los 26 años” en algunos casos.

Asimismo, la responsable de la Seguridad Social ha añadido que se ampliará “la acción protectora” de la Seguridad Social para los trabajadores afectados por daños en casos de catástrofes, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates. Saiz ha afirmado que se aprobará una “IT especial”, en referencia a una “incapacidad temporal”, como se denomina a las bajas laborales por enfermedad o accidente.

Se trata de algunas de las medidas que aprobará el Ejecutivo en un real decreto-ley este martes, “que extiende la labor protectora de la Seguridad Social”, ha sostenido Saiz.

No son las únicas, con más cambios legales entre los que se prevé la inclusión de una mejora de la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia, así como más protección para víctimas de violencia de género, entre otros.

Viudedad sin estar casados ni ser “pareja de hecho”

La ampliación del derecho a la pensión de viudedad para estas parejas con hijos y dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni sean formalizadas como parejas de hecho, era muy demandada desde hace años de este colectivo de familias, cada vez más numeroso.

Saiz ha apuntado que es un asunto que genera “mucha litigiosidad” y que la medida amplía derechos y “se adecúa al día a día de la ciudadanía”, como argumentos sobre la necesidad de su aprobación.

A las preguntas de la periodista Silvia Intxaurrondo sobre por qué el Gobierno aprueba estas medidas en los últimos días de su mandato, con las Cortes ya disueltas y las elecciones ya convocadas, la ministra Saiz ha justificado que son medidas “maduras” y “muy demandadas”.

CUME más allá de los 26 años

Sobre la CUME, Elma Saiz ha recordado que “se puso en marcha por un Gobierno socialista en 2011” para paliar la pérdida de ingresos de padres de hijos con enfermedades graves que reduzcan su jornada laboral para cuidarles. La prestación “mejorada en la anterior legislatura”, ahora tendrá “una importante ampliación”, ha sostenido la ministra.

Según Saiz, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”.

Además, Saiz ha afirmado que se legislará la “posibilidad de simultanear” la CUME entre ambos progenitores. “Es una medida importantísima”, ha afirmado. El Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”, ha sostenido Saiz. .

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Seguridad Social contra una sentencia del Juzgado de lo Social de Valladolid que reconoció el derecho de una mujer una pensión de viudedad por violencia de género sin necesidad de condena penal por la acumulación de indicios.

El letrado de la Seguridad Social había interpretado que la mujer solo había presentado el requerimiento la pensión de viudedad por violencia de género “como un intento de incrementar su pensión actual”, que ya cobraba desde 2018, cuando se había jubilado.

El matrimonio se divorció en noviembre de 2003. Durante el proceso de divorcio, ella presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que expresó que su entonces marido destrozó “parte del mobiliario de la vivienda” y mostró una “actitud agresiva y violenta” hacia ella, su madre y su hija. La causa se archivó y no se tuvo en cuenta en la sentencia de separación.

Ella pidió la pensión cuando murió su ex

Una vez había fallecido su exmarido, la mujer pidió que se reconociera su pensión de viudedad, que fue aceptada, aunque sin efectividad económica porque era menor de la que ya percibía. Ella presentó una reclamación y también solicitó la pensión de viudedad derivada de violencia de género, aunque la Seguridad Social no resolvió expresamente ninguna de las dos peticiones. La mujer volvió a recurrirlo y terminó presentando un recurso de suplicación.

El Juzgado de lo Social estableció que no era necesario contar con una condena penal por violencia de género para acceder a la pensión, porque había otros “indicios” que podían considerarse: la solicitud de medidas de protección, la denuncia o las declaraciones de testigos. La jueza concluyó que, aunque no se acreditaron episodios concretos de maltrato, existían suficientes indicios que permitían inferir la existencia de una situación de violencia de género en el momento de la separación.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona Plaza número 1 ha reconocido la muerte de un trabajador de BSH en Estella por su exposición al amianto y ha condenado a la empresa y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a concederle una pensión de viudedad a su mujer.

La sentencia, que puede ser recurrida, reconoce como enfermedad laboral el cáncer de laringe que provocó el fallecimiento del trabajador y que había sido considerada por el INSS como una “enfermedad común”.

La víctima entró a trabajar en la empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos BSH en 1979, donde estuvo hasta el año 2006, y se encuentra incluida en el listado del Instituto Navarro de la Salud Pública de trabajadores expuestos al amianto, si bien no lo está en los listados elaborados por la empresa. Según recoge la sentencia, durante “aproximadamente” diez años trabajó como mecánico en la reparación de electrodomésticos en la fábrica de BSH en Estella, en la que se reparaban estufas catalíticas, para cuya fabricación la empresa utilizó amianto.

“Además de ello, en la nave había exposición al amianto de forma indirecta, ya que las fibras se dispersaban al guardar el amianto y al colocar las mantas en el montaje de los paneles catalíticos. Asimismo, era habitual que se liberaran fibras y polvo de amianto cuando se transportaba el amianto”, añade el fallo.

La magistrada destaca que durante esos años la empresa no realizó mediciones higiénicas de exposición al amianto en su planta de Estella ni tampoco proporcionó equipos de protección ni formación a sus trabajadores.

Por todo ello y pese a que el empleado tenía antecedentes como el tabaquismo, la jueza señala que el cáncer de laringe que le fue diagnosticado está relacionado con su exposición al amianto en el entorno laboral. Así, revoca resoluciones previas del INSS y reconoce a su viuda el derecho a pensión desde mayo de 2023.

“Las corporaciones empresariales son las primeras responsables, pero las administraciones públicas son corresponsables, porque en el mejor de los casos han mirado para otro lado y, desde luego, no han obligado a las mercantiles a cumplir la ley y poner las medidas de seguridad y salud para evitar esta pandemia”, señala Juan Antonio Castilla, portavoz de la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto en Navarra (ADAVAN). Esta asociación “espera” que la sentencia no sea recurrida porque “supondría un mayor agravio y una falta de empatía hacia las víctimas”, añaden.

Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia por la que desestima el recurso de suplicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, confirmando la resolución del Juzgado de lo Social nº 1 de Logroño que reconoció a una mujer el derecho a percibir la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja en febrero de 2024.

Según declara probado la sentencia, la mujer solicitó la pensión de viudedad el 4 de marzo de 2024, siendo denegada por resolución del INSS de 12 de abril al considerar que la solicitante mantenía vínculo matrimonial con un tercero dentro de los dos años previos al fallecimiento.

La recurrente contrajo matrimonio en 1991, fue legalmente separada en 2000 y divorciada en 2022, más de un año y medio antes del fallecimiento de su actual pareja, con la que convivía desde al menos 2012, inscribiéndose como pareja de hecho el 31 de enero de 2020, más de cuatro años antes del fallecimiento. La documentación remitida por diversas entidades demuestra que el fallecido tenía su domicilio habitual en el mismo domicilio compartido con la mujer.

Convivencia y pareja de hecho

El TSJR fundamenta su decisión porque, según explica en su sentencia, la normativa establece dos requisitos distintos y simultáneos para ser beneficiaria de una pensión de viudedad. Uno, la convivencia estable e ininterrumpida durante al menos cinco años antes del fallecimiento, y, dos, la acreditación formal de la pareja de hecho mediante inscripción o documento público con dos años de antelación.

En la Sentencia se resalta que el legislador no exige que durante todo el periodo de convivencia la pareja estuviera libre de impedimento matrimonial, sino únicamente en el momento del fallecimiento.

La doctrina consolidada del Tribunal Supremo distingue entre “el régimen de acceso a la pensión por vía matrimonial y el acceso por vía de pareja de hecho, siendo este último el aplicable al caso. Por tanto, resulta correcta la consideración de que la convivencia previa sí puede computarse”

La inscripción en el registro municipal, realizada cuatro años antes, es válida y no queda anulada por haber sido previa al divorcio, siempre que a la fecha del fallecimiento el vínculo matrimonial ya estuviera extinguido.

La Sala considera que exigir que los cinco años de convivencia se hayan desarrollado íntegramente sin vínculo matrimonial previo “supondría introducir una restricción no prevista en la ley y contraria al criterio jurisprudencial citado”.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la actora cumplía tanto los requisitos materiales de convivencia como los requisitos formales de inscripción, y que la resolución del INSS “incurrió en una interpretación errónea y excesivamente restrictiva de la norma”.

Esta sentencia cuenta con un voto particular y no es firme. Ha sido recurrida en casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Las pensiones de viudedad son un instrumento clave para reducir la brecha de género, destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe bianual de pensiones, Pensions at a Glance 2025. Estas prestaciones reducen un tercio de la brecha de género entre los jubilados en los países del llamado Club de los Países Ricos, con algunos países con mayores disminuciones. Entre ellos señala a España, que la reduce en 22,8 puntos porcentuales, un 47%, subraya también el Ministerio de la Seguridad Social.

La OCDE dedica a la brecha de género el estudio específico de esta edición de su informe de pensiones. Una brecha que sitúa en un promedio del 23% en 2024, lo que implica que, por cada euro o dólar que reciben los hombres en pensiones, las mujeres solo reciben 77 céntimos. El organismo explica que la brecha de género sigue siendo considerable, aunque ha experimentado una disminución constante en los últimos años, cayendo del 28% en 2007 a ese 23% de 2024.

El informe recuerda que el mercado laboral es el responsable de la desigualdad de protección social en la vejez de hombres y mujeres, principalmente por factores como los años cotizados (interrumpidos para muchas trabajadoras por la maternidad), las diferencias en los salarios y las horas trabajadas, también afectadas por la sobrecarga de las mujeres de los cuidados familiares, entre otros factores.

Los sistemas de pensiones reproducen estas diferencias durante la vida laboral, que la OCDE pide abordar en primer término, pero el organismo también subraya que los sistemas de protección laboral tienen varias palancas que reducen estas diferencias de protección.

Uno de los instrumentos clave que señala la OCDE son las pensiones de viudedad, que reducen un tercio de media la brecha de género, ya que las mujeres se benefician mucho más que los hombres de estas prestaciones: representan el 88% de los beneficiarios de media en los países de la OCDE.

El organismo destaca a España entre los países cuyas pensiones de viudedad más reducen la brecha de género, en aproximadamente 20 puntos porcentuales o más, en el grupo en el que también se sitúan Chile, Costa Rica, Alemania, Grecia, Israel, Japón, Luxemburgo y Portugal. En cambio, “el impacto de las pensiones de supervivencia [viudedad] en la brecha de género salarial es solo marginal” en República Checa, Noruega, Letonia, Eslovaquia y Suecia, “debido a su bajo importe o a su baja cobertura ”.

También pensiones mínimas y eliminar penalización de la maternidad

El organismo señala también otras herramientas reductoras de la brecha de género, como las pensiones mínimas o básicas (en España serían por ejemplo las no contributivas), dado que las mujeres las cobran en mucho mayor procentaje que los hombres, y otras medidas específicas para reducir el impacto de la penalización de la maternidad en las carreras laborales de las mujeres, como la compensación por los años de cuidados por hijos.

En este sentido, España destaca por haber tomado medidas que refuerzan ambos instrumentos en las últimas reformas de pensiones. En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, se acordó que suban más que el resto para que se aproximen al umbral de la pobreza.

Por el lado de limitar las penalizaciones de la maternidad en las pensiones futuras, se tomaron varias medidas, como reformar el complemento de las pensiones por brecha de género (antes de maternidad), que reconoce un plus por cada hijo a las mujeres o a los hombres si son los que más han visto afectada su carrera profesional tras tener un hijo. No obstante, este complemento está pendiente de revisión, porque la justicia europea consideró que discrimina a los hombres por exigirles más requisitos que a las mujeres.

Además, la reforma de 2023 incluyó mejoras en la cobertura de los vacíos de cotización (las llamadas lagunas) por las interrupciones laborales tras la maternidad.

Las pensiones complementarias reproducen las desigualdades

El análisis de la OCDE señala que el primer pilar de las pensiones obligatorias (en el caso de España nuestras pensiones públicas) reduce más la brecha de género que los sistemas de pensiones complementarios, que la reproducen en las prestaciones de vejez. Tanto los vinculados al empleo u ocupacionales, el llamado segundo pilar, como los voluntarios (como sistemas privados de pensiones), el tercer pilar de las pensiones.

Los sistemas complementarios por profesiones están más extendidos en oficios masculinizados y además reproducen las desigualdades de brecha salarial entre las profesiones masculinizadas y feminizadas.

Además, el organismo internacional constata que las diferencias de género en las pensiones voluntarias, ya sean profesionales o personales, son mayores, ya que las mujeres están infrarrepresentadas en estos planes de pensiones, en parte por sus salarios inferiores, que les dificultan ahorrar para la pensión futura. Además, “las pensiones voluntarias rara vez incluyen componentes redistributivos”, por ejemplo respecto a las lagunas de cotización por la maternidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una viuda cuyo marido falleció por asbestosis, a consecuencia del contacto con el amianto, y ha establecido que tiene derecho a recibir la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional. 

En la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social del TSJN revoca un fallo del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona, que había confirmado la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que calificaba como enfermedad común dicha contingencia. Así, tras la decisión de la Sala de lo Social, la base reguladora de la pensión de viudedad se elevará de 1.448,65 a 1.775,70 euros, con fecha de efectos desde el 27 de marzo de 2023. 

El trabajador falleció en junio de 2009, cuando tenía 59 años. Empleado de BSH, desde octubre de 2002 tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. La empresa de origen, así como sus sucesoras, se han dedicado a la fabricación de distintos electrodomésticos (lavadoras, cocinas, hornillos de gas, estufas de infrarrojos, estufas catalíticas, lavavajillas, etc.). Según consta en la sentencia, la asbestosis puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas son similares a los de muchos tipos de enfermedades respiratorias. 

La Sala, tras rechazar la prescripción alegada por las entidades recurridas, analiza la labor del trabajador fallecido. Así, explica que su profesión era de almacenero y que se encargaba de descargar los sacos de amianto en el almacén y llevarlos hasta el horno. 

Para los magistrados “no es discutible” que el operario fue diagnosticado de asbestosis en 1996, patología que se deriva de la exposición al amianto. Entre sus labores estaba también la de cambiar botellas de butano vacías. Esta función la llevaba a cabo en una estancia contigua al recinto donde se cardaba amianto. Al respecto, el Tribunal destaca que las puertas de ambos recintos se encontraban abiertas, esto es, no existían compartimentos estancos. 

La Sala concluye que “el esposo de la demandante estuvo expuesto, por tanto, al amianto tanto al transportar sacos de amianto como al cambiar las botellas de gas, tarea a la que destinó media hora todos los días durante tres años, y ha sido diagnosticado de asbestosis, lo que determina la concurrencia de las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para presumir la presencia de una enfermedad profesional al apreciar la patología”.

El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incluir entre los perceptores de la pensión de viudedad a quienes, pese a no tener vínculo matrimonial ni ser pareja de hecho, “acrediten una convivencia estable y notoria” o tengan hijos en común.

El borrador del decreto en el que trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la patronal y los sindicatos, al que ha tenido acceso la agencia EFE, amplía los beneficiarios de la pensión de viudedad después de que la jurisprudencia ya haya avanzado en este sentido y de que colectivos como Viudedad & Igualdad reclamaran esta protección social desde hace años.

Así, el Ministerio busca permitir su percepción a aquellos que, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, acrediten “una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años”.

No obstante, esa convivencia, podrá ser inferior, de sólo dos años, si la pareja ha tenido hijos en común, según el borrador.

Además se permitiría solicitar la pensión de viudedad a los convivientes que cumplan las citadas condiciones y que perdieron a su pareja antes del 1 de enero de 2022, algo para lo que tendrían de plazo hasta el 1 de enero de 2027.

En septiembre, la Seguridad Social abonó 2,3 millones de pensiones de viudedad, por una cuantía media de 936,3 euros mensuales, lo que supuso un desembolso de 2.197,3 millones de euros. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más conocidas del sistema público, pero también una de las que más dudas genera cuando hay más de un matrimonio o pareja reconocida. En los últimos años, la Seguridad Social ha aclarado que, en determinados casos, el importe puede dividirse entre varios beneficiarios. Es lo que se conoce como pensión de viudedad compartida, una modalidad que afecta especialmente a personas divorciadas o con segundas nupcias, y que responde al principio de proporcionalidad en función del tiempo de convivencia.

Cómo acceder a la prestación

Para acceder a esta prestación, el fallecido debía estar dado de alta o ser pensionista de la Seguridad Social en el momento de su muerte, y haber cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años o un mínimo de 15 años a lo largo de su vida laboral. Los beneficiarios son, en primer lugar, el cónyuge superviviente y, en determinados supuestos, los excónyuges o exparejas de hecho, siempre que cumplan las condiciones exigidas por la ley. La norma también contempla que las personas mayores de 65 años que dependían económicamente del fallecido y no perciben otra pensión puedan solicitarla.

Cuándo se produce

El derecho a una pensión de viudedad compartida se produce cuando el fallecido tuvo más de un matrimonio o pareja de hecho inscrita. En estos casos, la cuantía total de la pensión no se multiplica, sino que se reparte proporcionalmente entre quienes acrediten haber convivido maritalmente con la persona fallecida. El punto clave está en la existencia de una pensión compensatoria: los excónyuges solo pueden acceder a esta prestación si, en el momento del fallecimiento, cobraban del difunto una pensión compensatoria reconocida judicialmente y no se han vuelto a casar ni registrado como pareja de hecho.

La Seguridad Social especifica que el reparto de la pensión se hace en función del tiempo de convivencia con el fallecido, garantizando que el cónyuge o pareja actual reciba una parte proporcional a su relación. Además, si el excónyuge percibe su parte, esta no podrá superar la pensión compensatoria que recibía en vida. Este principio busca equilibrar los derechos de todas las personas que, en distintos momentos, compartieron su vida con el fallecido.

A tener en cuenta: el caso de las parejas de hecho

En el caso de las parejas de hecho, el acceso a la pensión de viudedad tiene requisitos más estrictos. La Seguridad Social exige acreditar una relación estable e inscrita oficialmente durante al menos dos años y una convivencia continuada de cinco. También debe demostrarse dependencia económica del fallecido en el momento de su muerte. Si el difunto estuvo casado previamente, la pareja de hecho no podrá reclamar una parte de la pensión si el matrimonio seguía vigente, incluso aunque existiera convivencia posterior.

No todos los supuestos generan derecho a esta prestación. No se consideran beneficiarios los excónyuges que renunciaron expresamente a la pensión compensatoria o que no la tenían reconocida, ni quienes contrajeron nuevo matrimonio o se registraron como pareja de hecho. Tampoco tienen derecho quienes mantuvieron una relación sin vínculo legal o no acreditaron convivencia suficiente. La Seguridad Social revisa cada caso de forma individual, solicitando certificados de matrimonio, resoluciones judiciales y documentos de empadronamiento que prueben los periodos de convivencia.

En definitiva, la pensión de viudedad compartida no implica duplicar la prestación, sino repartir un único derecho entre varios beneficiarios conforme a los criterios establecidos por la ley. El cálculo lo realiza directamente la Seguridad Social y no requiere acuerdo entre las partes. Los expertos aconsejan revisar las sentencias de divorcio o separación y verificar si se mantiene una pensión compensatoria, ya que de ello depende el reconocimiento posterior. También es recomendable solicitar información previa en la sede electrónica o en los centros de atención de la Seguridad Social, donde se determina de forma personalizada el porcentaje que corresponde a cada solicitante.