En los primeros tres meses de 2026, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Los datos de la violencia machista son escalofriantes y, además, son solo “la punta del iceberg”, como lo describe la cineasta Júlia de Paz. Sabe de lo que habla. Ha estado más de cinco años investigando y hablando con maltratadores para dar forma a su segunda película, la estupenda La buena hija que ya se puede ver en cines.

Un filme que aborda la violencia vicaria desde un lugar inusual y poco o nada contado. La cineasta elige el punto de vista de una hija que entra en la adolescencia y que no entiende bien lo que ha pasado. Quiere a su padre, le admira. Él es un artista moderno, progre, con el que se rapa el pelo y habla de las cosas que no se atreve a contar a su madre. Sin embargo, para verse tienen que acudir a un punto de encuentro marcado por los jueces. El filme no cuenta qué ha ocurrido antes de forma explícita, pero es evidente que su padre no puede acercarse a su madre. 

Poco a poco, a través de esa mirada inocente que deja de serlo, La buena hija aborda la violencia vicaria antes de que la tragedia explote. Cuando los sucesos hablan de ella es cuando lo peor ya ha ocurrido. Sin embargo, hay detalles: chantajes, comportamientos, vejaciones más o menos sutiles que también lo son, aunque no estén todavía tipificadas como ello. De eso habla este filme, y lo hace desde la sutilidad y la inteligencia. Confiando en el espectador.

La aproximación de la directora recuerda a Querer. No es casualidad. Aunque Alauda Ruiz de Azúa dirigiera y se encargara finalmente del proyecto, Júlia de Paz fue su cocreadora y estuvo en el proceso de guion. Se nota desde esa primera escena de La buena hija, donde la madre (Janet Novás) recoge las consecuencias de una discusión. Hay platos rotos. Todo por el suelo. No hace falta decir más. 

Una secuencia inicial que Júlia de Paz confiesa que les costó “bastante”. Había que “encontrar la manera de enseñar que algo había pasado, este resto de la violencia, sin que fuera tampoco muy explícito”. Esa escena “marca el tono” del filme: “Cuenta cómo nos vamos a comunicar con el público. El querer contarlo todo desde la sutileza, incluso asumiendo el riesgo de que haya cierta información que el público no llegue a entender y requiera de una participación de los espectadores para llenar estos vacíos”.

Eso sí, sin entrar nunca en ambigüedades o en un suspense peligroso sobre si el padre era o no un maltratador. “Tuvimos la suerte de estar muy acompañadas en toda la escritura de guion. Compartimos mucho el guion para testear si se entendía lo que era necesario, o ver lo que no era tan necesario. Y sobre todo para no dar un mensaje contradictorio, tampoco dar algo panfletario, pero sí dar con la información necesaria para poder entender la historia”, explica.

Uno de los aciertos del filme es derribar estereotipos. Lo más fácil para Júlia de Paz hubiera sido elegir a un padre autoritario y violento en sus formas. Hace lo contrario en un personaje que encarna con acierto Julián Villagrán. “Durante toda la investigación nos dimos cuenta de que hay unas narrativas ya muy marcadas, incluso un cierto arquetipo que nos han hecho entender cómo es un maltratador, y lo que nos dimos cuenta es que esto minimizaba mucho lo que es la violencia, porque lo anclaba mucho a una idea en concreto e invisibilizaba muchísimos más casos que no se estaban teniendo en cuenta”, argumenta. 

Entendemos la violencia machista como violencia física o sexual. Las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque no estamos contemplando la violencia psicológica

Júlia de Paz — Cineasta

Por eso decidieron escribir “un personaje que se alejara de estas narrativas más hegemónicas de lo que nos han hecho entender que es un maltratador”. Al hacer que sea pintor, la cineasta introduce otro debate, el de si se puede separar la obra del autor. 

El filme reflexiona sobre qué es lo que entendemos como violencia, y también como violencia vicaria. “Pasa con la violencia machista en general, que lo que entendemos como violencia machista es la violencia física o sexual. Pero es que las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque son los feminicidios y los asesinatos de niños y niñas. Tipificamos la violencia vicaria como el asesinato o la violencia más física y no estamos contemplando la violencia psicológica, que es más difícil de detectar y de leer, pero que si no la abordamos, no estamos abordando el conflicto en su globalidad”, subraya.

Tanto la protagonista —un descubrimiento llamado Kiara Arancibia— como el personaje de su madre avanzan, o al menos resisten, gracias a una red de mujeres a su alrededor. Otras víctimas de violencia, en el caso de la adulta, y las amigas del instituto en el de la joven. Un mensaje que tenían claro que querían dar: “Cuando hablamos con hijas e hijos de víctimas de violencia machista, ellas se preguntaban si serían en el futuro agresores o nuevas víctimas. Queríamos terminar con esa idea y decir que con un buen acompañamiento hay posibilidad de no reproducir estos patrones. Queríamos terminar con un poco de luz, que no se quedara sola, que vea que siempre tendrá esta red y este apoyo para que las espectadoras que puedan estar en una situación similar se queden también con este mensaje”.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.

Extremadura cuenta con 2.937 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 8,8% más que un año antes, de las que 36 son menores de edad y 94 son mayores de 65 años, dos colectivos de especial vulnerabilidad, según datos a 28 de febrero de 2026 del sistema VioGén del Ministerio del Interior.

En relación a febrero de 2025, las víctimas menores de edad descienden pues había 39 casos y las mayores de 65 años aumentan ya que se contabilizaban 85.

En cuanto al resto de grupos de edad, al cierre de febrero de este año hay 618 casos activos de víctimas de 18 a 30 años, 1.406 en la franja de edad de 31 a 45 y 783 de 46 a 64 años.

Del total de casos activos en la región (2.937), hay uno de riesgo extremo, donde corre peligro la vida de la víctima, 38 de riesgo alto, en los que también se teme por su vida, 570 medio y 2.328 bajo.

Además, los datos reflejan que en Extremadura hay 100 niñas y niños en riesgo de ser agredidos por los maltratadores de sus madres, muy por encima de los 65 que había en febrero de 2025. De estos menores en riesgo de sufrir violencia vicaria, ocho tienen riesgo alto (también se teme por su vida) y 92 medio.

Los cuerpos policiales tienen detectados en Extremadura 506 niñas y niños como casos de especial relevancia ambiente de maltrato en el que viven -con elevada probabilidad de que el maltratador de sus madres ejerza sobre ellos violencia muy grave o letal-: uno está en un nivel extremo, 37 en nivel alto y 468 en nivel medio.

En España hay 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén, un 1,6% más que un año antes, de las que 1.254 son adolescentes menores de edad (1,6% menos) y 2.459 son mayores de 65 años (2,4% más).

Ella soñaba con ser periodista pero su familia la vendió con 19 años y la casó con un hombre que nunca la quiso. Su hermano mayor fijó el precio, gestionó el acuerdo y la amenazó de muerte si no obedecía. Su marido la maltrató desde el primer día, la encerró en la cárcel de un burka y la recluyó en la vivienda familiar de la que no podía salir si no era para visitar a sus padres y siempre acompañada por sus hermanos varones. Durante siete años, soportó un régimen de esclavitud y golpes, obligada a trabajar en la cocina y tareas del hogar a las órdenes de su suegra, a la que debía pedir permiso para todo. Tuvo tres hijos en dos embarazos que soportó aterrorizada por la amenaza del esposo que sólo aceptaría niños. “¿Qué haré con ella si nace niña?”, era el pensamiento que no la dejaba vivir.

En mitad de la noche, desesperada, llena de llagas en la boca y el cuello -fruto de las palizas- se prendió fuego arrojándose a la estufa de gas. Su hijo se despertó y fue en busca del padre. “Si quieres suicidarte, vete a casa de tus padres a hacerlo”, le dijo aquel hombre. Así relata su desgraciada existencia en Afganistán la periodista Khadija Amín, protagonista de la miniserie documental “¿Dónde están mis hijos?”, estrenado esta semana en Movistar.

La joven maltratada acudió a las autoridades en busca del divorcio, un “privilegio” fruto del sistema pseudodemocrático del país tras la llegada de las tropas internacionales. El maltratador acordó dejarla ir si no reclamaba nada y regresaba a casa de sus padres con lo puesto. No es una película ni un relato dramático ficcionado. Es la realidad que viven millones de mujeres en todo el mundo. La situación ha empeorado incluso para las afganas desde que, en el año 2021, los talibanes se hicieron con el poder. Ahora ni siquiera tienen opción a quejarse por la violencia de sus maltratadores porque, según reciente normativa, los esposos solo serán castigados con meses de arresto si las palizas se saldan con huesos rotos y heridas abiertas. Y, aun para llegar a la condena, es preciso que ellas acudan acompañadas de sus maltratadores a presentar la denuncia.

Despreciada social y familiarmente por su condición de divorciada, Khadija logró estudiar periodismo e inglés hasta convertirse en reportera y presentadora de la televisión nacional de Afganistán. La echaron de la cadena cuando los talibanes entraron en Kabul y una periodista española la ayudó a huir en los primeros aviones del ejército. Solo otra mujer afgana volaba en aquel avión que aterrizó en Torrejón. Nada más llegar, gestionó los visados y 4 plazas en otro avión para el traslado de sus hijos y exmarido a España, pero él se negó a venir.

Desde ese día, esta mujer sufre violencia vicaria en toda su crudeza, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de su país maltratador. Su sufrimiento es permanente y cruel porque el padre de los niños afirma que la madre ha muerto y le impide una comunicación fluida con los pequeños. La legislación afgana solo reconoce la paternidad de los recién nacidos mientras que la madre que los ha parido no figura en ningún documento. No tiene legislación que la ampare, sobrevive condenada a vagar en busca de sus hijos y llorar su pérdida, ante la indiferencia del mundo desarrollado donde ahora reside y trabaja.

He elegido la historia de la refugiada que revela este documental como paradigma del sufrimiento que aún deben soportar las mujeres, simplemente, por su lugar de nacimiento. En este 8M de 2026 que celebramos, Afganistán es considerado el peor lugar del planeta para ser mujer, según la ONU, que ha declarado que los talibanes mantienen un apartheid de género. En otros países del mundo -Irán, Sudán, Jordania, Arabia Saudí…- ellas soportan una existencia sin derechos y nos interpelan a todas y todos sobre cómo podríamos cambiar tan injusta realidad. Compromiso, empatía y solidaridad es la respuesta feminista.

Lo que es más penoso y cruel es que el populismo político tan en boga en el mundo actual utilice el dolor de la población femenina de estas desalmadas autocracias para justificar su racismo, manipular a las víctimas y excusar una guerra decidida `por hombres que, como en la de EEUU e Israel en Irán, las mujeres serán la sufran, como siempre. No olvidemos que se estrenó con una matanza de niñas.

En los países occidentales, supuestamente democráticos, vivimos las privilegiadas que hemos avanzado mucho en derechos a lo largo de siglos, gracias a la lucha feminista de quienes -antaño- se levantaron contra la opresión de la mitad de la población. Sin embargo, el trayecto iniciado con la Ilustración está lejos de haber culminado cuando ya surgen síntomas de regresión. Aunque hayan cambiado las leyes para favorecer una situación social, económica, vital, justa y equitativa entre hombres y mujeres, la igualdad real está lejos de ser una realidad. Las actitudes, mentalidades y reacciones al avance en derechos de todas lastran la aplicación de las leyes y retrasan la auténtica transformación social que consiga “un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos”, como nos enseñó la nigeriana Chimamanda Ngozi.

Ese es el sueño que persigue el feminismo, por el que debemos salir todos los días como hoy, 8M, a gritar a las calles para denunciar la desigualdad y la injusticia aquí y en Irán, en España y en Afganistán, porque todas somos personas sujetas a derechos, con independencia de dónde nos haya tocado nacer. Eso es el feminismo que, por definición, ha de ser internacionalista y pacifista. Los estudios de opinión nos dicen que algunos y algunas jóvenes se sienten incómodas con las connotaciones negativas que se han asociado al término en el relato negacionista que etiqueta la lucha por la igualdad como la antítesis del machismo. 

Me ha parecido curioso que, siendo España el país a la vanguardia de la legislación y sensibilidad feminista dentro del ámbito europeo, sea también donde hoy más crece el número de mujeres jóvenes que rechaza este concepto y -como los varones de la misma edad- recela de las medidas de igualdad por considerarlas discriminatorias para los hombres. No saben que ellas ya se han beneficiado del feminismo por haber nacido en un país que respeta sus derechos y crecido en un lugar que les permite la misma capacidad de acción que a los chicos del pupitre de al lado, donde pueden hablar y vestirse como quieran, reclamar cuando se sientan discriminadas, etc. Hay que hacer más pedagogía porque se demuestra que está cosechando éxitos la ola reaccionaria que se activó para frenar la explosión intergeneracional feminista que ocupó las calles en 2018.

Elijo los lemas de una de las manis de este domingo en Madrid que refuerza la idea del Feminismo Internacionalista y Pacifista en respuesta a la barbarie patriarcal y a todo tipo de violencias. “Como mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer mi patria es el mundo” (Virginia Woolf).

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que simboliza la lucha por la igualdad, los derechos y la justicia social, es imprescindible visibilizar todas las formas de violencia que siguen limitando la vida y la libertad de las mujeres. Aunque a menudo el foco se sitúa en las agresiones físicas o sexuales —violencias que, sin duda, exigen toda nuestra atención—, existe otra forma de maltrato, menos visible pero igualmente devastadora, que continúa creciendo en Europa: la violencia vicaria. Nombrarla es el primer paso para que deje de ser invisible.

La violencia vicaria se produce cuando un agresor daña a una mujer mediante el abuso de sus hijos e hijas, utilizándolos como instrumentos para humillarla, controlarla o vengarse. Las tácticas pueden incluir amenazas, manipulación judicial, secuestros o, en los casos más extremos, violencia física y asesinatos. También es una forma de violencia contra la infancia: el objetivo es herir a las mujeres, pero quienes sufren el daño directamente son los niños y las niñas. 

En varios países europeos, como España, Francia e Italia, se documenta un aumento de estos casos. Según el informe “Menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre en España”, 62 niños y niñas fueron asesinados por sus padres biológicos, o por las parejas o exparejas de sus madres, entre 2013 y 2015. Estos casos se consideran violencia vicaria cuando la madre no ha sido asesinada también.

También escandaliza el número de madres que se enfrentan a procesos judiciales o que pierden la custodia y el derecho de ver a sus hijas por negarse a cumplir con las visitas impuestas judicialmente. Cuando deciden huir con sus criaturas para protegerlas, se activan mecanismos inicialmente diseñados para proteger a la infancia que se convierten en su peor pesadilla, como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1980).

A ello se suma que la mayoría de los países europeos aún no reconocen la violencia vicaria como categoría jurídica específica, lo que dificulta su identificación, sanción y prevención. Algunos países han avanzado en la articulación de una respuesta, pero la protección sigue siendo insuficiente y desigual. En España, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021) permite suspender el régimen de visitas cuando hay indicios de violencia de género. Y, en septiembre de 2025, el Consejo de ministros y ministras aprobó un anteproyecto para tipificar la violencia vicaria como delito específico que ha levantado suspicacias por parte de juristas, madres protectoras y organizaciones de la sociedad civil, que advierten del peligro que supone incluir la violencia vicaria como un nuevo tipo delictivo en el Código Penal desligándolo de la violencia de género de la que forma parte inseparable. Son avances importantes, pero insuficientes desde una perspectiva europea.

El Convenio de Estambul, ratificado por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y por la propia UE, insta a garantizar la seguridad de los niños y las niñas en los procedimientos de custodia. Sin embargo, en la práctica, muchos sistemas judiciales europeos siguen priorizando el llamado “derecho de visita” del progenitor agresor por encima del principio de interés superior del niño o la niña y de la seguridad y bienestar infantiles. Además, se observa una interpretación del interés superior de la infancia por parte de los sistemas de justicia que se aparta diametralmente de la Observación general Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial del Comité de Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas. 

El debate europeo sobre custodia, corresponsabilidad parental y violencia de género está hoy más polarizado que nunca. Mientras algunos sectores presionan para imponer la custodia compartida por defecto como norma universal, organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia alertan de que esta postura ignora una realidad fundamental: cuando existe violencia, la prioridad no puede ser el reparto del tiempo, sino la protección. 

Obligar a convivencias o a visitas con un agresor expone a mujeres y a sus hijos e hijas a riesgos graves y, en ocasiones, irreversibles. Al final, hay una verdad incontestable: ningún régimen de visitas, ninguna “paternidad responsable” y ninguna doctrina judicial valen más que la vida y la seguridad de un niño o una niña. Es por ello que se necesitan protocolos sólidos de protección, formación especializada para operadores judiciales y sanitarios, y campañas de sensibilización que visibilicen su gravedad y sus efectos intergeneracionales.

Este 8 de marzo nos interpela a renovar el compromiso con una igualdad real y efectiva, que no deje a ninguna mujer atrás. No puede haber derechos plenos ni justicia social mientras mujeres y niñas sigan atrapadas en dinámicas de violencia que se perpetúan y se transforman. Reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria no es solo una cuestión legal, sino un imperativo democrático y social que Europa no puede seguir postergando: no es una anomalía aislada, sino la señal de que aún quedan estructuras por transformar.

La violencia vicaria es toda una lacra en nuestro país. Se le puso nombre a esto, a la violencia de género que el padre ejerce sobre los hijos e hijas con el fin de dañar a la madre, hace relativamente poco. El término lo acuñó la psicóloga Sonia Vaccaro en el año 2012, pero antes de que se supiera como nombrar esta realidad ya hubo decenas de casos en el imaginario colectivo. Es el caso de Ruth y José en Córdoba o Olivia y Anna en Tenerife. La directora del documental 'No estás loca', también sufrió esta forma de violencia de género. En este largometraje Bestar hace una radiografía de esta lacra en boca de sus protagonistas: víctimas de violencia vicaria, jueces, policías, trabajadoras sociales y expertas se unen para definir y poner nombre a esta violencia.

En el marco de la proyección que tuvo lugar en Beniel -primer municipio de la Región de Murcia en acoger el documental- conversamos con su directora, María Bestar y con la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, sobre el impacto social del largometraje, la recepción del público y el proceso de dar voz a una realidad tan compleja como la violencia vicaria.

Junto a la directora también ha estado Laura, una de las voces de esta pieza documental. Es la madre de Cristian, un niño que fue asesinado por su padre en Murcia pese a tener una orden de alejamiento. El desgarrador testimonio de esta madre es el reflejo de que la violencia vicaria existe y de que también hay que escuchar a los niños.

Beniel ha sido el primer municipio de la Región de Murcia en proyectar el documental. Cuando se encendieron las luces tras el pase del 27 de febrero, ¿qué ambiente se respiraba en la sala y qué te llevaste personalmente de ese estreno?

María Bestar (MB): Fue muy especial porque estaba Laura allí, que yo le tengo un cariño enorme. Todo el pueblo se volcó, se puso de pie e incluso tuve que mandarles que se sentaran [risas]. Yo me emocioné, y de hecho tuve que contener las lágrimas porque fue muy bonito. Sentí como todo el pueblo apoyaba a Laura, había sufrido su dolor y el de su familia.

Mari Carmen Morales (MM): El documental consigue algo muy difícil: hacernos sentir, aunque sea por un instante, el dolor de las mujeres que comparten su testimonio. Las personas que asistieron a la proyección no esperaban relatos tan duros, y eso removió la conciencia y el corazón de toda la sala.

Al final en municipios pequeños las proyecciones generan una cercanía distinta. ¿Notas que el público conecta de otra manera cuando la película se ve fuera de los grandes circuitos culturales?

MB: Realmente cada pase es una experiencia diferente y en todos hay gente muy emocionada. Puede ser que en Beniel se haya sentido más esa unidad familiar que por ejemplo en Madrid, pero esta violencia no solo la sufren las mujeres, sino que la sufrimos todos y todas.

MM:Tuve la oportunidad de ver el documental el pasado año, en una sala de cine de Murcia, y aun así volvió a emocionarme. Porque no te acostumbras; el dolor te atraviesa.

Al final, el impacto real de un documental no solamente está en la pantalla sino también en las conversaciones posteriores. ¿Qué tipo de comentarios o silencios te llegaron por parte del público?

MB: Normalmente cuando acaba el documental hay un silencio atronador y la gente no habla. Por tanto, no es necesario que les deje un tiempo para asimilar lo que acaban de ver. Y luego cuando salen me dan las gracias y me dicen que qué pueden hacer para ayudar. Al final se consigue el efecto deseado, que es remover conciencias y decir “oye, esto lo tenemos que cambiar todos y todas”. Entonces estoy muy contenta la verdad.

Tras ver tu documental muchos espectadores descubrieron el concepto de violencia vicaria por primera vez, ¿Te preocupa que aún no se esté entendiendo bien esta realidad?

MB: Cada vez que se ve el documental la gente lo entiende y no he recibido ningún tipo de comentario negativo al respecto, cosa que me sorprende mucho porque ya estaba preparada para sacar las armas como quien dice. La gente una vez que lo ve y se pone en la piel de las víctimas, lo entiende. De hecho, he tenido gente que me ha dicho “mira, yo era un poco negacionista y después de ver tu documental retiro todo lo que decía”. Esto es un problema y hay que atajarlo.

Al final tu trabajo combina la denuncia social y el acompañamiento emocional. Cuéntame cómo conjugas contar esta historia necesaria con la protección a quienes la protagonizan. Porque he visto, por ejemplo, que se ha arropado mucho a Laura. 

MB: Sí bueno, a ver, al ser una más nos entendemos y hablamos el mismo idioma. Entonces, antes de cada entrevista, primero pregunto si quieren dar la cara porque hay muchas que no podían o bien porque son casos judicializados o porque no querían simplemente. 

Luego cada entrevista fue muy cuidada con el mejor equipo posible. Yo era la cámara y el sonido y el resto dejaban las luces montadas y se iban todos fuera. Es decir, intentábamos cuidar un poco esa intimidad de dos amigas hablando y contándose sus penas. Creo que eso se ha logrado y al final ha surgido una amistad muy bonita con todas ellas.

Y al convivir tanto con estas historias, qué idea o creencia personal tuya ha ido cambiando a lo largo de este proceso de creación del documental?

MB: Siempre nos venden ese relato de que las mujeres somos malas entre nosotras y que no nos ayudamos, y eso es totalmente falso. Yo encontré una unión, una fuerza y una sororidad en todas ellas. A todas las que he llamado han estado ahí para echar una mano, preocupándose por mí cuando estaba en el rodaje. “¿María, cómo estás?”, “¿cómo lo llevas?”. 

El documental pone el foco en ciertos fallos del sistema, pero también habla de escucha y empatía. ¿Dirías que el cine puede abrir este tipo de debates que a veces la política o la justicia no pueden activar totalmente?

MB: Yo siempre digo que el cine es una herramienta muy potente para hacer que el público empatice y conozca realidades que no pueden conocer de otra manera. Aquí estás durante hora y media sintiendo y viviendo lo que está sintiendo una víctima. Y esa es la clave. Cuando te pones en la piel del otro, entonces empiezas a ver las cosas de otra manera.

Ya el título del documental, “No estás loca”, interpela directamente a quien escucha. ¿Recuerdas el momento en el que entendiste que esa frase resumía no solo el documental, sino también una experiencia colectiva?

MB: El nombre nace a raíz del corto anterior que yo había hecho. Y es justo eso, porque llega un momento de enajenación en el que acabas diciendo “pues será que soy yo, que estoy viendo cosas donde no las hay”. Entonces es un título no solamente para ellas en el sentido de que no están locas, sino para que se lo recuerden a ellas mismas que no, que lo que están viviendo no es su culpa, que eso se llama maldad y violencia.

Si pudieras quedarte escuchando una sola conversación entre espectadores al salir del cine, ¿qué es lo que más te gustaría oírles decir para sentir que el documental ha cumplido su propósito?

MB: Pues lo que ya me están diciendo, que qué pueden hacer para cambiar esta situación, cómo pueden ayudar dentro de su metro cuadrado. Como digo siempre, para mí eso es más valioso que un Óscar, un Goya y cualquier premio, porque significa que les ha calado y que ha cumplido su propósito de concienciar y que la sociedad se moje un poco más en todos estos casos en los que las mujeres y los niños están sufriendo.

¿Qué podemos hacer cómo sociedad para abordarla?

MM: Se ha avanzado, pero como sociedad todavía nos queda mucho por recorrer. Y lo primero es escuchar a las víctimas, creerlas y acompañarlas. En un momento en el que el negacionismo con este tema intenta hacerse paso, necesitamos también un mensaje claro y sin ambigüedades: las violencias machistas matan, y los niños, niñas y adolescentes también son víctimas de esta sinrazón.

Diez mujeres han sido asesinadas este 2026. Y no llevamos ni dos meses. La media macabra sería de una cada cinco días. Por si la cifra no fuese lo suficientemente alarmante hay que sumarle la de dos niños víctimas de la violencia vicaria.

Pilar tenía 38 años y fue asesinada en Jaén; Czarina tenía 43 años y fue asesinada en Las Palmas; Isabel tenía 58 años y fue asesinada en Cádiz; María del Carmen tenía 78 años y fue asesinada en Badajoz; Victoria tenía 33 años y fue asesinada en Málaga; Belén tenía 52 años y fue asesinada en Pontevedra; Ana María tenía 64 años y fue asesinada en Castellón; María José tenía 47 años y fue asesinada también en Castellón y junto a su hija Noemí (12 años); Petronila tenía 37 años y fue asesinada en Madrid; Tatiana tenía 28 años y fue asesinada en Navarra. En Arona (Tenerife), la madrugada del pasado viernes, un hombre dejó en estado crítico a su mujer y mató con un machete a su hijo de 10 años. Son unos asesinatos que han dejado a 10 criaturas huérfanas.

Seis de los diez agresores habían sido ya denunciados por maltrato, cuatro de las asesinadas tenían órdenes de protección. Solo en uno de los casos eran aún pareja. 

Actualmente en España hay 103.000 mujeres con vigilancia policial. Según los datos del Ministerio del Interior, más de la mitad de las que disponen de algún tipo de protección tienen hijos menores de edad. Hay 1.538 niños en riesgo de ser agredidos por sus padres o las parejas de sus madres.

El Ministerio de Igualdad reconoce que a veces habría que afinar más en los informes de las evaluaciones de riesgo. Otro elemento a revisar es la distancia mínima de prohibición para que los agresores no puedan acercarse a las mujeres. Ahora es de 350 metros y existen dudas de que en algunos casos el margen de reacción para protegerlas sea suficiente. Para que se entienda mejor, muchas veces la policía no puede llegar a tiempo para evitar que se produzca la agresión. 

Mientras aumenta el discurso negacionista y se intenta ocultar el terrorismo machista con eufemismos y negando que existe la violencia de género, los datos son los que son. Cada vez se mata a más mujeres por el hecho de ser mujeres y no dejaremos de denunciarlo por más que no ocupe el espacio que merecería en los medios o que a muchas se nos intente desacreditar por alzar la voz en su nombre y en el de todas.

Sabemos que la extrema derecha y no solo ella está logrando su propósito. El Barómetro Juventud y Género publicado este martes señala que cuatro de cada diez jóvenes en España (38,4 %) se consideran feministas, el porcentaje más bajo desde 2021, cuando eran el 49,9 %. Casi la mitad percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. Algunos datos más que ayudan a entender el retroceso actual: El 32% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17% ellos); el 27% declara que le han revisado el móvil (17% ellos) y el 26% que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17% ellos).

“Está creciendo profundamente la idea de que los hombres están en desventaja o que nos hemos pasado de frenada”, ha explicado la investigadora Anna Sanmartín, en declaraciones a Efe. Esta experta considera necesaria mucha pedagogía para superar esos retrocesos y recuperar consensos que parecían establecidos.

Siempre a favor de la pedagogía, pero sabiendo que a veces se utiliza como excusa para negar o restar importancia a la realidad: 1.353 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde el 2003, que es cuando empezaron a realizarse estadísticas oficiales. 67 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres desde 2013, año desde el que son considerados víctimas de la violencia de género. 

El machismo mata y hay que recordarlo cada día. Por más que nos quieran silenciar.

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