La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expresado su firme defensa de la independencia judicial en un discurso contundente durante la apertura del año judicial. Ella ha censurado las “descalificaciones inoportunas y rechazables” vertidas contra los jueces y ha subrayado la importancia de la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho. Perelló ha advertido que las descalificaciones a los jueces son de una “gravedad mayor” cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, como los miembros del Gobierno. Ha pedido respeto a la función jurisdiccional y ha defendido la independencia del Poder Judicial, argumentando que los jueces toman sus decisiones conforme a derecho, sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo. Así las cosas, el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en una estructura corporativa cerrada, donde la endogamia profesional y los mecanismos de protección recíproca debilitan la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Como ciudadano español defiendo firmemente el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la crítica de las actuaciones judiciales. Rechazo los intentos de descalificar o desacreditar a quienes cuestionan de forma razonada las decisiones de los tribunales y considero que la crítica pública constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y del Estado de Derecho.

Asimismo, considero especialmente grave que desde instituciones públicas o corporativas se pretenda limitar, desalentar o estigmatizar el ejercicio legítimo de la crítica hacia resoluciones judiciales. Reclamo respeto para el derecho de los ciudadanos y políticos a analizar, cuestionar y valorar las decisiones de jueces y tribunales, porque dicho derecho puede ejercerse libremente cuando se hace por cauces legales, con argumentos y sin amenazas ni coacciones de ningún tipo.

Sostengo que la independencia judicial no excluye el escrutinio público de las resoluciones. Al contrario, ambas garantías deben convivir en una democracia madura. La ciudadanía tiene derecho a expresar su discrepancia y a exigir rendición de cuentas dentro del marco constitucional.

Por ello, solicito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial el mismo respeto para el ejercicio del derecho a la crítica de las actuaciones judiciales que el que legítimamente se reclama para la función jurisdiccional. Entiendo que la independencia de los jueces debe coexistir con el derecho de los ciudadanos a examinar, cuestionar y discrepar de las resoluciones judiciales. Las críticas razonadas a actos y decisiones judiciales no deberían ser descalificadas ni presentadas como ataques a la independencia judicial, sino reconocidas como una manifestación legítima de la libertad de expresión y del control democrático propio de un Estado de Derecho. Mi discrepancia con determinadas resoluciones judiciales no supone un ataque a la Justicia, sino el ejercicio de un derecho constitucional que corresponde a todos los ciudadanos.

Igualmente censuro y considero de “especial gravedad institucional” las manifestaciones y declaraciones públicas de jueces, fiscales y sus órganos de representación, dirigidas a rechazar acuerdos políticos legítimos y leyes aprobadas por las Cortes Generales, expresión de la soberanía popular consagrada en la Constitución. En un Estado democrático de Derecho, corresponde al Parlamento debatir, aprobar, modificar o derogar las leyes en representación de la ciudadanía. Los jueces tienen la misión esencial de interpretar y aplicar esas normas, no de cuestionar su legitimidad mediante movilizaciones en la vía pública o actuaciones que puedan percibirse como una forma de presión sobre el poder legislativo.

Cuando jueces y fiscales se manifiestan con toga para combatir públicamente iniciativas legislativas debatidas o aprobadas por el Parlamento, se adentran en un terreno que excede el ejercicio de sus funciones constitucionales y proyectan una inquietante imagen de activismo institucional y política. Quien tiene encomendada la misión de interpretar y aplicar las leyes no debería utilizar la autoridad que le confiere su cargo para presionar, condicionar o desacreditar decisiones adoptadas por los representantes legítimos de la soberanía popular. Tales actuaciones erosionan la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial y alimentan la percepción de una indebida injerencia política en el ámbito propio del poder legislativo.

Censuro a los jueces y fiscales que utilizan su posición institucional para combatir públicamente leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento. La soberanía popular reside en los representantes elegidos por los ciudadanos, y corresponde a los tribunales aplicar las leyes, no intervenir en la confrontación política ni cuestionar su legitimidad. La independencia judicial exige también respeto a las decisiones democráticamente adoptadas y a la separación de poderes.

Una democracia no puede sostenerse sobre jueces que actúen como actores políticos ni sobre tribunales que parezcan disputar al Parlamento el espacio que corresponde a la soberanía popular. La independencia judicial exige respeto; pero también exige responsabilidad, neutralidad y sometimiento estricto a la Constitución y a las leyes.

A la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, habría que explicarle que la independencia judicial es un valor constitucional irrenunciable, pero que el prestigio de quienes la ejercen debe ganarse con decisiones que resistan el escrutinio jurídico y ciudadano.