Aunque la actualidad del discurso de una autoridad institucional acostumbra a durar la jornada en que se pronuncia, en esta ocasión las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial tuvieron un superior impacto. Pasan los días, y ahí siguen causando eco. Pese a que, probablemente, fueron calculadas para no tener esa repercusión apelando, en términos amplios, al respeto a la institucionalidad, ha causado estupor en no pocas personas que la presidenta no fuera de algún modo sensible, no a algunos de los fallos más sorprendentes –y ha habido varios– de los tribunales en el último año, sino a las disfunciones que propiciaron esos fallos polémicos y que incluso criticase con bastante extensión en su discurso a quienes lanzaron, con más o menos elegancia, objeciones a esa labor.

Se podrá decir que la presidenta debía defender genéricamente al poder judicial y cerrar filas, pero no es exactamente así. Cerrar filas es propio de un ejército en guerra, y no de algo tan equilibrado, ecuánime y pacífico como debe ser el conjunto de jueces de un país. Por otra parte, defender a un colectivo no pasa por mirar para otro lado cuando se produce una conducta absolutamente incalificable de un juzgador, sino que consiste en propiciar que se activen todos los mecanismos para que la disfunción sea corregida. No hacerlo da alas a todos los que aplauden al infractor y da una imagen pésima de la Justicia ante la sociedad. Me entristecen extraordinariamente las críticas a los jueces, incluso cuando son acertadas, porque revelan que existe un problema allá donde, en puridad, no debiera haber ninguno. La Justicia es lo último que nos queda a la ciudadanía cuando falla todo lo demás. Y si algunos jueces se comportan en su quehacer evidenciando que no les gusta el gobierno de la nación, o bien que odian a la oposición o detestan cualquier otra opción política, están faltando a su misión principal. No es concebible la ecuanimidad en el juez que ha tomado partido públicamente, o incluso a través de sus resoluciones judiciales, y que hasta se enorgullece de ello en privado con sus allegados, o no tanto.

El hecho es que han sucedido demasiadas cosas como para que, precisamente el día en que se pronuncia el discurso ante el jefe del Estado, no se dé cuenta ante la ciudadanía, no solo de lo que ha ido bien, sino también de las disfunciones. En este curso pasado se ha investigado a la esposa del presidente del Gobierno en unos términos que todavía estremecen, sobre todo por la cantidad insólita de veces que tuvo que ser corregido el instructor por la Audiencia Provincial de Madrid, llegando dicho juez hasta el inconcebible extremo de prohibir a Begoña Gómez salir del territorio nacional por riesgo de fuga, lo que fue calificado literalmente como un “disparate” por no pocos juristas de reconocido prestigio. Se ha condenado al hermano del presidente por un delito que un sinfín de penalistas, de cualquier tendencia, no ven. Se ha condenado a un fiscal general del Estado tras una instrucción en la que se emplearon excepcionalísimos y desproporcionados medios de investigación para, finalmente, no acabar descubriendo nada a través de los mismos y pronunciar una sentencia en la que se le condena porque “él o alguien de su entorno”, habría filtrado datos de una investigación que ya eran públicos, y todo tras unos desafortunados comentarios off the record de dos de los magistrados que pronunciaron la condena, y que escuchó toda España. Todo ello sin descuidar un buen número de atropellos a la independencia judicial, jamás corregidos por el Consejo General del Poder Judicial, perpetrados por no pocos jueces que se dedican a opinar en las redes en términos incendiarios, grotescos, ofensivos, o simplemente sesgados, sobre los más variados temas políticos, o acerca de pronunciamientos judiciales con impacto también político.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue padeciendo los retrasos increíbles de la Justicia, citándose en algún caso a las partes para comparecer dentro de cuatro años, cuando los protagonistas del litigio pueden ya estar muertos, o a otra cosa, para su suerte. Se está aplicando a trompicones la ley de eutanasia porque la ideología de algunos colectivos ha prolongado la extensión de agonías absolutamente contrarias a la voluntad del legislador, concediendo legitimación para discutir esos procesos a quien jamás se la dio el legislador. Se ha perseguido, en democracia, a humoristas que han acabado obviamente absueltos por denuncias que hubieran debido ser inadmitidas de plano, desde un principio, y todo ello tras las molestias e inquietud propias de la investigación; hasta alguno ha pasado una noche en el calabozo.

Por su parte, los abogados sufren, asimismo, constantes discrepancias de criterio en trámites idénticos por interpretaciones sorprendentes y contradictorias de Letrados de la Administración de Justicia y de Jueces, de manera que realmente ya no saben lo que hacer y desean, no pocos de ellos, que llegue por fin la inteligencia artificial a la justicia y, al menos, gracias a sus parametrizaciones, se unifiquen de una santa vez los criterios para que uno sepa qué va a encontrarse cuando acude a los tribunales, y también para que le pueda hacer a su cliente una previsión mínimamente razonable de cómo va a acabar su caso, sin tener que estar pendiente de sorpresivos cambios de criterio o hasta de arbitrariedades provocadas por el exceso de trabajo, así como el consecuente hastío y superficialidad en el enjuiciamiento que provoca tener que navegar entre una marea incontenible de asuntos, resolviendo como se puede y al ritmo que se puede.

Cuesta creer que nada de ello estuviera, no en la cabeza de la presidenta, que a buen seguro lo estaba, sino más bien en el acervo argumental que debe exhibir la institución, es decir, la presidencia, en ocasiones tan señaladas, más que nada para que la ciudadanía no se quede pensando que a nadie –con poder para cambiar las cosas– le importan los desastres enumerados. Y todo ello sin poner en cuestión, por descontado, el criterio de cada juez, sino simplemente apelando a que se corrijan lo que no son sino evidentes disfunciones completamente inaceptables para cualquier observador.

Ojalá el próximo discurso, sea el de apertura del año judicial o sea el que fuere, recoja la realidad de lo que se está viviendo y se apunte a soluciones, y no se ocupe el espacio más extenso del discurso para lanzar reprimendas a los mensajeros. Si a la ciudadanía y sus representantes ya no les va a quedar ni la libertad de expresión…

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro sostiene que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y critica que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” haya sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas “y reponer así el prestigio y la reputación del Poder Judicial”. 

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente es competente para decidir sobre los recursos de alzada impuestos frente a decisiones de la autoridad disciplinaria, lo que augura que este recurso tiene pocas opciones de prosperar.

De hecho, el propio Bolaños admite que no confía en que ese órgano revoque su propia decisión y anuncia que su objetivo es agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que dice que está seguro de que “hará el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor carece de “motivación”, dado que no realiza “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explica “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”.

Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil, incompatible con la posición que le correspondía” durante el interrogatorio.

Así, en la grabación consta que apenas iniciado el interrogatorio, el juez advirtió a Bolaños que en cualquier momento de la declaración podría modificar su condición procesal de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”.

En su escrito, el ministro denuncia que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. Además, sostiene que durante ese tiempo la investigación fue “limitada” y se llevaron a cabo “un número muy reducido de diligencias de investigación”. 

Anda como un bulo, nada como un bulo, grazna como un bulo, pero no, no es un pato, son cuatro jueces del Tribunal Supremo. Círculos esotéricos de la derecha llevan unos años dudando de la integridad de los procesos electorales españoles. Casi en cada cita con las urnas salen algunos colgaos invocando el nombre de Indra para alentar sospechas sin base. 180.942 españoles formaron parte de las mesas electorales en los últimos comicios de 2023. Son la mejor garantía de un sistema que ha funcionado como una seda desde 1977.

Uno de esos funambulistas del embuste es un magistrado del Supremo que forma parte de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha suspendido el derecho al voto de los nuevos españoles a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 concedió la nacionalidad por ser hijos o nietos de exiliados del franquismo. En su etapa de fiscal, Antonio Narváez estuvo en la cena que mantuvieron unos cincuenta fiscales conservadores con Alberto Núñez Feijóo en 2023, una cita que el líder del PP intentó mantener en secreto. Además de expresar en el acto su ferviente deseo de que Feijóo llegara a Moncloa, Narváez hizo una mención de pasada a Indra, la empresa que tiene un papel importante en la gestión informática de los procesos electorales, cuando describió “el deterioro de las instituciones” causado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un jurista de plena confianza del PP. Fue elegido miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta de ese partido. Y de ahí directo al Tribunal Supremo para seguir con su inestimable trabajo.

Si alguno de vosotros tiene la tentación de criticar a los miembros de esa Sala o de dudar de la imparcialidad del juez Narváez, que sepáis que eso no le gusta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En su discurso en la apertura del año judicial de esta semana, dijo que era de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas. Es más, afirmó que esa imputación “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”. 

Evidentemente, Perelló no se atrevió a mencionar las encuestas que revelan la caída en la reputación de la justicia entre los ciudadanos. El 53% de los españoles opina que los jueces no son independientes en España, según una encuesta de El Periódico publicada en julio. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), según otro sondeo de El País, también de julio. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Otra encuesta de este diario afirma que el 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. “Hay jueces que están haciendo política”, suscribe un 58% de los encuestados por La Vanguardia. 

Perelló prefirió continuar tan ricamente en su burbuja judicial al afirmar en su discurso que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. Así que los que digan que no que sepan que están imputando un delito y que se atengan a las consecuencias. 

Con su decisión, el Tribunal Supremo ha suscrito por entero las sospechas manifestadas por el PP y Vox sobre la decisión de otorgar la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Por si quieren votar, claro, que es un derecho que tienen todos los españoles gracias al sufragio universal. “Lo que hay detrás es ingeniería electoral. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, va a ver si fabricando votantes le salen”, dijo Feijóo en junio.

Habrá quien piense que la aprobación de la ley de 2022 suscitó en su momento una fuerte confrontación política. Pues no fue así. Ha sido en los últimos meses cuando se han lanzado estas acusaciones. Y todo ha saltado porque la Junta Electoral Central se negó a intervenir al no tener competencias para impedir el derecho al voto de esos españoles. Después de un recurso de Vox y del grupo ultraderechista Iustitia Europa, el Supremo decidió que desde luego que ellos iban a entrar en escena. Feijóo lo había dejado claro. Esto no se puede permitir.

El auto, del que el ponente no es otro que Narváez, retrata a sus responsables sin rubor. Decreta que existe “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. ¿Objetividad? La pluma de Narváez no se para ahí. Sostiene que concederles el derecho al voto a esos hijos y nietos de exiliados puede afectar al “resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral”. Es decir, los españoles pata negra. Imagina que esa gente de fuera está formada por españoles postizos que votan a los partidos equivocados. El Supremo no puede tolerar algo así.

Se trata de una medida cautelar a la espera de que la Sala adopte el criterio definitivo. El contenido del auto hace pensar que tienen la decisión tomada. Es muy posible que los jueces creen una nueva categoría, la de españoles sin derecho al voto. No lo busquéis en la Constitución, porque no aparece en ningún lado. Su artículo 68 dice: “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”.

333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos figuran ya inscritas en el censo, según datos del Gobierno hasta el 31 de mayo. Otros 238.065 han solicitado su inclusión.

Es indudable que la ley que concedió la nacionalidad a esas personas fue muy generosa. Se hizo así con la intención de reparar una deuda histórica. Fue una decisión del legislativo que los jueces no pueden anular. El motivo de la discordia es una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 para fijar los criterios con que se iba a llevar a la práctica. Se estableció que son exiliadas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El criterio es similar a otro aprobado en 2008. Se elegían esas fechas con la intención de que hubiera un criterio objetivo fácil de comprobar. A estas alturas, no es fácil para muchos de ellos ofrecer pruebas documentales oficiales de que sus padres o abuelos corrían el riesgo de sufrir persecución política, a menos que por ejemplo hubieran ingresado en prisión.

Algunos alegan que un gran número de exiliados se fueron a vivir a Latinoamérica por razones económicas. La represión tenía una doble vertiente, política y económica. Muchos fueron depurados y perdieron sus puestos de trabajo en la Administración o empresas. Para los conocidos como “desafectos al régimen”, resultaba muy difícil encontrar trabajo en una dictadura que adoptó como misión vigilar y castigar a los perdedores de la guerra.

Para los amantes de las sorpresas jurídicas: la instrucción mencionada no forma parte del procedimiento estudiado en el Supremo, ya que no ha sido “impugnada” por el recurso, como recuerda la magistrada que ha firmado un voto discrepante con la mayoría. La única decisión impugnada es la de la Junta Electoral Central. Los cuatro jueces del Supremo deciden que, como la Junta no ha intervenido en el fondo del asunto, eso les faculta a ellos para hacerlo. 

Feijóo dio la voz de alarma, Vox presentó el recurso y el Tribunal Supremo salió al rescate. Todo perfecto a ojos de Perelló.

Negros y árabes, no gracias

A Isabel Díaz Ayuso le gusta decir que Madrid es una ciudad abierta a todos, que aquí no se discrimina a nadie. Eso era antes de la crisis de Ceuta y de que el PP radicalizara su discurso contra la inmigración para estar como mínimo a la altura de Vox. Aunque las imágenes y los titulares tienden a centrarse en los extranjeros que llegan a la costa sur del país, la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven en España llegaron por otros lugares muy conocidos, pero que no se mencionan con tanta frecuencia. Los aeropuertos, en especial los de Madrid y Barcelona. 

En un discurso en la Asamblea de Madrid el viernes, Ayuso hizo una distinción de estilo claramente racista: “Los hispanos no vienen en patera. Aquí caben. Aquí los que no caben son los delincuentes, los que quieren desguazar la economía de Madrid, aquellos que asaltan fronteras y aquellos que infunden inseguridad”. ¿Los latinoamericanos son buenos porque no llegan en patera? ¿Los que no son latinoamericanos son todos unos delincuentes?

El nuevo curso en los tribunales ha arrancado con las espadas en alto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La publicación de un comunicado en el que nueve vocales progresistas pedían “autocrítica” a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha causado un enorme malestar en el resto de miembros del órgano. Tanto es así, que los consejeros del bloque conservador han trasladado que rompen relaciones con el otro grupo, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cuestiones clave, como los relevantes nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo. 

A su juicio, ese comunicado en el que nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar pedían que el solemne acto de apertura de los tribunales no se redujera a una mera presentación estadística o un cruce de reproches supone una “deslealtad tremenda”. “Pretendían condicionar el discurso de la presidenta con un escrito a la prensa que ni nos habían comunicado. Afortunadamente, no lo consiguieron”, sostiene una fuente del grupo conservador. 

Por contra, la sensación en el bloque progresista es que ese comunicado que trasladaron de forma previa a la presidenta, aunque no al resto de sus compañeros, era un necesario “golpe en la mesa”. Consideran que era inevitable actuar con firmeza tras dos años de cierta subordinación a la presidenta y a los vocales de la derecha, que han “impuesto su rodillo” en cuestiones muy relevantes, como el reparto de poder dentro del órgano. “Estamos donde queremos estar: abiertos a hacer un programa de gobierno discutido y asumiendo que hay cosas en las que no hay acuerdo, pero no dispuestos asumir por asentimiento todo lo que ellos proponen”, apuntan en el bloque progresista. 

El nuevo escenario proyecta una sombra de bloqueo sobre el órgano en caso de que los conservadores mantengan su órdago. No obstante, algunas voces de este bloque consideran que aunque la situación será muy tensa en los próximos meses “no es insalvable”: “Ya hemos demostrado que podemos superar estas cuestiones y que, aunque discrepemos, tenemos capacidad de encapsular los conflictos”.

Los nombramientos en la cúpula judicial requieren una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques. Para otras decisiones, sin embargo, se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador podría lograr gracias a la presidenta y al vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado, con quienes ya se han aliado en otras ocasiones. La más relevante, en octubre del año pasado, cuando se pusieron de acuerdo para imponer una mayoría conservadora en ocho de las once comisiones en la que se organiza el trabajo de la institución.

Por mandato legal, esas comisiones tienen que volver a renovarse de nuevo en unas semanas, lo que también explica que se hayan desatado las hostilidades entre ambos grupos, de acuerdo a las fuentes consultadas. La más relevante es la Comisión Permanente, el núcleo duro formado por siete vocales y la presidenta y donde se toman muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Y ahí, los conservadores defienden que tanto Perelló como Preciado forman parte de la “cuota” progresista, lo que reserva solo dos puestos para los otros nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar.

Los nombramientos

De puertas afuera, sin embargo, la competencia más relevante del CGPJ es la de realizar designaciones en las cúpulas de los principales tribunales. En estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas.

Entre tanto, la presidenta se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha tras el veto a las dos aspirantes mujeres propuestas por el grupo progresista. 

“Lo que ha pasado esta semana evidencia un cierto hartazgo con la presidenta y con el Tribunal Supremo”, dice un miembro del grupo de la izquierda. Este jueves, mientras se celebraba el tradicional cóctel con autoridades posterior al acto de apertura judicial, el Alto Tribunal difundió los autos que sustentan la decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y en los que una mayoría de magistrados alienta la teoría de Vox —autor de uno de los recursos— sobre un supuesto pucherazo. 

El ponente de esa resolución es Antonio Narváez, uno de los juristas que en un encuentro privado de fiscales con Alberto Núñez Feijóo llegó a expresar su deseo de que el líder del PP llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez ascendió al Supremo hace poco más de un año, con el respaldo de todos los vocales del órgano salvo Preciado. Este último respaldó a Pedro Moreno Brenes, que fue candidato de Izquierda Unida y ejerce como letrado en el Supremo. 

Preciado, que actúa como una suerte de verso suelto aunque se ha alineado con la presidenta y la derecha en cuestiones clave, también ha sido muy crítico con el texto difundido por los vocales progresistas. En otro comunicado, Preciado alude a la “instrumentalización” del órgano y acusa a sus compañeros de convertirse en “correa de transmisión de intereses políticos ajenos”. Las reacciones de Preciado y los vocales de la derecha evidencian que existe una total sintonía entre ambos al denunciar un supuesto alineamiento de sus compañeros con el Gobierno y el Ministerio de Justicia. 

El discurso de Perelló

En ese comunicado, nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar reclamaron a Perelló que incorporara una reflexión crítica y autocrítica sobre la propia gestión del CGPJ y sobre las medidas que le corresponde asumir. “La credibilidad del Consejo exige autocrítica, ejercicio efectivo de sus competencias y compromisos susceptibles de evaluación”, decía el texto enviado a los medios. 

Pese a ello, Perelló volvió a desplegar un discurso muy corporativista en el que, además de los nombramientos, citó entre los “objetivos” logrados la emisión del informe sobre el sistema de elección de los vocales que exigió el Parlamento. Ese informe se realizó hace un año y medio, en febrero de 2025, y el órgano tuvo que hacer dos propuestas ante la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas. Perelló no tomó partido y optó por votar en blanco. También aludió a la elaboración de una instrucción sobre Inteligencia Artificial o a la creación de un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. 

Por lo demás, la presidenta utilizó varios minutos para defender la independencia judicial y reprender a los políticos que emiten “descalificaciones personales” contra los jueces —son un “instrumento de presión”, dijo—. Y reservó apenas unos segundos para pedir a los jueces “mesura” en el ejercicio de sus atribuciones y “prudencia” en sus intervenciones públicas. Además, optó por obviar las encuestas que apuntan a que un 60% de los ciudadanos creen que hay lawfare [guerra judicial] en España y afirmó con rotundidad que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. 

En términos generales, su discurso gustó a los vocales conservadores, quienes creen que sus compañeros de la izquierda no lograron condicionar las palabras de la presidenta con el comunicado que tanta tensión ha provocado. Los consejeros de la derecha ven en Perelló “un ejemplo de contención”. “Siempre está moderando, apaciguando y buscando el consenso”, dice otra fuente de este bloque.

Los progresistas, por su parte, recuerdan que hace un año los consejeros de la derecha también contribuyeron a elevar la tensión del acto de apertura judicial cuando pidieron por carta a Perelló que instara a ausentarse de ese acto al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a que impidiera que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se sentara junto al rey Felipe VI y el resto de altas autoridades en los estrados del alto tribunal. Esa carta también acabó en la prensa.

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia. Y evidencia también las costuras del ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP tras cinco años de bloqueo. Ahora, está por ver cómo afecta al día a día del órgano el estallido de unas hostilidades que parecían soterradas en los últimos meses. 

Entre los retos del nuevo curso está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hasta este verano había 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubiló la semana pasada. También hay otra vacante en la Sala que acaba de fallar sobre la ley de nietos, que también debe renovar su presidencia. Son puestos de la máxima relevancia y sobre los que planea ahora la sombra del bloqueo si los conservadores mantienen su amenaza de romper el diálogo.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expresado su firme defensa de la independencia judicial en un discurso contundente durante la apertura del año judicial. Ella ha censurado las “descalificaciones inoportunas y rechazables” vertidas contra los jueces y ha subrayado la importancia de la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho. Perelló ha advertido que las descalificaciones a los jueces son de una “gravedad mayor” cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, como los miembros del Gobierno. Ha pedido respeto a la función jurisdiccional y ha defendido la independencia del Poder Judicial, argumentando que los jueces toman sus decisiones conforme a derecho, sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo. Así las cosas, el Poder Judicial corre el riesgo de convertirse en una estructura corporativa cerrada, donde la endogamia profesional y los mecanismos de protección recíproca debilitan la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Como ciudadano español defiendo firmemente el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la crítica de las actuaciones judiciales. Rechazo los intentos de descalificar o desacreditar a quienes cuestionan de forma razonada las decisiones de los tribunales y considero que la crítica pública constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y del Estado de Derecho.

Asimismo, considero especialmente grave que desde instituciones públicas o corporativas se pretenda limitar, desalentar o estigmatizar el ejercicio legítimo de la crítica hacia resoluciones judiciales. Reclamo respeto para el derecho de los ciudadanos y políticos a analizar, cuestionar y valorar las decisiones de jueces y tribunales, porque dicho derecho puede ejercerse libremente cuando se hace por cauces legales, con argumentos y sin amenazas ni coacciones de ningún tipo.

Sostengo que la independencia judicial no excluye el escrutinio público de las resoluciones. Al contrario, ambas garantías deben convivir en una democracia madura. La ciudadanía tiene derecho a expresar su discrepancia y a exigir rendición de cuentas dentro del marco constitucional.

Por ello, solicito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial el mismo respeto para el ejercicio del derecho a la crítica de las actuaciones judiciales que el que legítimamente se reclama para la función jurisdiccional. Entiendo que la independencia de los jueces debe coexistir con el derecho de los ciudadanos a examinar, cuestionar y discrepar de las resoluciones judiciales. Las críticas razonadas a actos y decisiones judiciales no deberían ser descalificadas ni presentadas como ataques a la independencia judicial, sino reconocidas como una manifestación legítima de la libertad de expresión y del control democrático propio de un Estado de Derecho. Mi discrepancia con determinadas resoluciones judiciales no supone un ataque a la Justicia, sino el ejercicio de un derecho constitucional que corresponde a todos los ciudadanos.

Igualmente censuro y considero de “especial gravedad institucional” las manifestaciones y declaraciones públicas de jueces, fiscales y sus órganos de representación, dirigidas a rechazar acuerdos políticos legítimos y leyes aprobadas por las Cortes Generales, expresión de la soberanía popular consagrada en la Constitución. En un Estado democrático de Derecho, corresponde al Parlamento debatir, aprobar, modificar o derogar las leyes en representación de la ciudadanía. Los jueces tienen la misión esencial de interpretar y aplicar esas normas, no de cuestionar su legitimidad mediante movilizaciones en la vía pública o actuaciones que puedan percibirse como una forma de presión sobre el poder legislativo.

Cuando jueces y fiscales se manifiestan con toga para combatir públicamente iniciativas legislativas debatidas o aprobadas por el Parlamento, se adentran en un terreno que excede el ejercicio de sus funciones constitucionales y proyectan una inquietante imagen de activismo institucional y política. Quien tiene encomendada la misión de interpretar y aplicar las leyes no debería utilizar la autoridad que le confiere su cargo para presionar, condicionar o desacreditar decisiones adoptadas por los representantes legítimos de la soberanía popular. Tales actuaciones erosionan la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial y alimentan la percepción de una indebida injerencia política en el ámbito propio del poder legislativo.

Censuro a los jueces y fiscales que utilizan su posición institucional para combatir públicamente leyes y acuerdos aprobados por el Parlamento. La soberanía popular reside en los representantes elegidos por los ciudadanos, y corresponde a los tribunales aplicar las leyes, no intervenir en la confrontación política ni cuestionar su legitimidad. La independencia judicial exige también respeto a las decisiones democráticamente adoptadas y a la separación de poderes.

Una democracia no puede sostenerse sobre jueces que actúen como actores políticos ni sobre tribunales que parezcan disputar al Parlamento el espacio que corresponde a la soberanía popular. La independencia judicial exige respeto; pero también exige responsabilidad, neutralidad y sometimiento estricto a la Constitución y a las leyes.

A la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, habría que explicarle que la independencia judicial es un valor constitucional irrenunciable, pero que el prestigio de quienes la ejercen debe ganarse con decisiones que resistan el escrutinio jurídico y ciudadano.