Silvia López Jiménez, con 23 años, se ha convertido este viernes en la concejala más joven del Ayuntamiento de Ávila tras tomar posesión de su acta en sustitución de Sonsoles Prieto, formando parte del grupo de Por Ávila (XAV) que gobierna en minoría el consistorio de la capital con once ediles.

López Jiménez, que formó parte de la lista de XAV en el puesto número trece, ha sustituido a Sonsoles Prieto tras haber renunciado esta a su acta después de ser destituida como teniente de alcalde por el regidor, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, al haberse presentado a un proceso de oposición de administrativo del consistorio.

La nueva edil, que ha prometido su cargo, asumirá las delegaciones en materia de Juventud, Fiestas y Deportes, según ha informado Sánchez Cabrera, que le ha dado la bienvenida al consistorio y a su propio grupo.

El alcalde ha recordado que Silvia López Jiménez se convierte en la concejala más joven de la actual corporación, con 23 años, lo que hará que en los actos oficiales pueda portar la bandera de Ávila en sustitución del concejal de Vox, Fernando Toribio.

Sánchez Cabrera ha recordado también que el concejal más joven que ha tenido el consistorio ha sido Gonzalo González de Vega, que recogió el acta en 1976 cuando tenía 22 años.

El pleno municipal correspondiente al mes de junio ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que ha afectado a Venezuela, antes de que el próximo lunes se celebre una concentración en el mismo sentido a las puertas del Ayuntamiento de Ávila, a las 12 del mediodía.

El Ayuntamiento de Ávila ha anulado las oposiciones convocadas para cubrir siete plazas de Administrativo de Administración General, incluidas en la oferta de empleo público para 2025, en las que participaba la cesada teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio, Turismo, Educación, Cultura, Deportes y Fiestas, Sonsoles Prieto.

La “pérdida de confianza” por parte del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por considerar que Prieto se había visto afectada por un “conflicto de intereses” debido a su concurrencia a una de las plazas convocadas por el propio Consistorio, hizo que el regidor encargara un estudio jurídico que aclarara si el proceso podía ser anulado. Al día siguiente, Prieto dejó su acta de concejal.

Finalmente, este jueves la Junta de Gobierno Local ha acordado el “desistimiento de las bases y de la convocatoria del proceso selectivo” para la provisión, mediante el sistema de oposición, de siete plazas de Administrativo de Administración General, dentro de la oferta de empleo público para el año 2025.

Según ha sostenido en rueda de prensa el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, dicho “desistimiento” se produce para “salvaguardar el acceso en igualdad de condiciones a las funciones y cargos públicos como contempla la Constitución Española” y para “garantizar la pulcritud y transparencia en el procedimiento”.

Y ello, ha explicado, porque “el voto afirmativo de un miembro de la Junta de Gobierno Local -la teniente de alcalde- a la aprobación de las bases y la convocatoria de un proceso selectivo en el que posteriormente participa, como ha ocurrido en este caso, conlleva un conflicto de intereses y puede invalidar el procedimiento administrativo”.

Sobre todo cuando, como a su juicio ocurre en este caso, “existen más interesados, que son los ciudadanos que han presentado su instancia para participar en este proceso selectivo y cuyos intereses y expectativas legítimas pudieran verse afectados por esta situación”, si bien no se ha facilitado la cifra de aspirantes.

Por ello, tras la anulación del proceso anterior, la voluntad del equipo de gobierno es “convocar una nueva oposición con carácter inmediato”, ha dicho el teniente de alcalde, antes de anunciar que el Ayuntamiento “aplicará directamente el importe de la tasa abonada al próximo proceso selectivo de Administrativo de Administración General, en el momento en que se convoque”.

Tras este paso, el alcalde de Ávila ha anunciado que la nueva convocatoria contará con unas “bases nuevas”, de manera que “nadie tenga acceso a las mismas con ventaja, sino que todo el mundo pueda presentarse con total normalidad y con garantía de que la administración va a velar por que sea un proceso en el que todo el mundo esté en las mismas condiciones de igualdad, mérito y capacidad”.

Por otra parte, tanto el regidor, como el teniente de alcalde, han anunciado que los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de emprender acciones legales contra Vox por una nota de prensa relacionada con este asunto, en la que se hablaba de “acuerdos políticos” entre el equipo de gobierno, de Por Ávila, y el PSOE, en los procesos selectivos.

Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha señalado en rueda de prensa que Vox “ha rebasado una línea roja que nunca debería haber rebasado”, con el objetivo de “embarrar la imagen de la ciudad y del Ayuntamiento”, algo que asegura que no van a “consentir”.

Ávila dedicará a Práxedes Mateo-Sagasta, presidente del Gobierno español durante varios periodos entre 1871 y 1902, un céntrico pasaje de la ciudad en cumplimiento a un acuerdo plenario del 11 de septiembre de 1901 del Ayuntamiento de la capital abulense.

El acuerdo ha sido aprobado este jueves por la Junta de Gobierno Local, según ha informado en rueda de prensa el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, quien ha explicado que la denominación de este espacio será 'Pasaje presidente Sagasta'.

Se trata de un espacio que discurre entre los edificios situados en los números 12 y 13 de la plaza del Mercado Grande y la calle del Pilón de las Bestias, donde según la información recabada por el Cronista Oficial de la Ciudad de Ávila, Jesús María Sanchidrián, en esta zona se ubicaría el inmueble en el que Sagasta tenía una vivienda en la que fijó su residencia veraniega desde 1887 hasta su fallecimiento.

Esta denominación del pasaje da respuesta a un acuerdo plenario alcanzado el 11 de septiembre de 1901, siendo alcalde de Ávila Carlos Sánchez Pousa, ha recordado Budiño, quien ha precisado que este paso “no supone modificación del nomenclátor del callejero que afecte a direcciones postales, catastrales, fiscales, registrales o padronales de terceros”.

En esa sesión, se dio lectura a una carta del entonces ministro de Agricultura, Industria y Comercio en la que “se resolvía el expediente de abastecimiento, energía y riegos de la ciudad conforme a los deseos que se habían expresado desde el Ayuntamiento”, ha rememorado el teniente de alcalde.

Por ello, el pleno del Ayuntamiento acordó, en agradecimiento, entre otros aspectos, que una calle de la ciudad llevara el nombre de quien era presidente del Consejo de Ministros en ese momento, Práxedes Mateo-Sagasta, por “el interés demostrado para la resolución” y “por su vinculación con la ciudad de Ávila”.

La número 13 de la lista de Por Ávila en las pasadas elecciones municipales, Silvia López, de 23 años, sustituirá a Sonsoles Prieto, la teniente de alcalde Empleo que, tras ser destituida por el regidor, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por “pérdida de confianza”, presentó su renuncia al acta de concejala.

De esta manera, López asumirá en el pleno del próximo junio su acta de edil de Por Ávila que, de esta manera, recuperará los 11 representantes que consiguió en las últimas elecciones municipales, frente a los 7 logrados por el PP, los 4 del PSOE y los 3 de Vox.

Según ha informado en nota de prensa Por Ávila, Silvia López nació en Ávila en 2002 y, con 23 años, es la pequeña de dos hermanos; estudió en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'El Pradillo' y en el Instituto de Eseñanza Secundaria (IES) 'Vasco de la Zarza'.

Además, la futura concejala de XAV ha realizado estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos (UBU).

Monitora de natación, salvamento y socorrismo e instalaciones acuáticas, Silvia López integró con el número 13 la candidatura de Por Ávila en las elecciones municipales de 2023, obteniendo 11 ediles, aunque la que figuraba en el undécimo lugar, María de la Concepción Pueyo, no llegó a tomar posesión.

Por ello, fue quien figuraba en el puesto número 12 de la candidatura, Héctor Sastre, quien asumió su puesto, de ahí que ahora sea la número 13 de la lista la que tome el relevo de Sonsoles Prieto, que fue la número 5 de la candidatura. 

El nuevo teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital abulense y presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha elogiado la renuncia de Sonsoles Prieto a su acta como concejala, tras ser cesada por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, como teniente de alcalde por “pérdida de confianza”.

Un día después de la destitución, Budiño ha destacado la actuación “ejemplar” del regidor en este caso, por entender que existía un “conflicto de intereses” derivado de la concurrencia de Prieto a una de las 7 plazas de la oposición a administrativo convocadas por el propio Consistorio, habiendo participado en la Junta de Gobierno Local que aprobó su convocatoria.

El número dos del gobierno municipal ha expresado su “respeto” a la renuncia como edil por parte de la cesada teniente de alcalde, al tiempo que ha reconocido que ese paso le parece “bien, dentro de su filosofía de no, ser concejal no adscrito a una formación política”, ya que su capacidad de gestión sería “mínima”.

Tras el cese decretado el miércoles por el alcalde, la Junta de Gobierno Local de Este jueves ha contado con la presencia de su sucesor en el cargo, Carlos López, que durante el presente mandato ya actuaba como concejal delegado del Área de Turismo, Deportes y Fiestas.

Preguntado si Por Ávila abrirá un expediente de expulsión a Sonsoles Prieto, José Ramón Budiño lo ha negado, ya que considera que con las dos decisiones adoptadas -cese del alcalde y renuncia a la acta de concejala- es suficiente.

En este contexto, ha destacado la “valentía” del regidor ante una decisión que Sánchez Cabrera ha reconocido que supuso un “disgusto” para él, de manera que en tiempos en los que la política está “denostada”, medidas de este tipo contribuyen a “salvaguardar” la imagen de los partidos y del propio Ayuntamiento de Ávila.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha destituido a la teniente de alcalde Sonsoles Prieto (XAV) por una “pérdida de confianza” debido a la concurrencia de la edil a los exámenes de oposición para una de las siete plazas de administrativo convocada por la corporación municipal.

El alcalde, según ha explicado en una rueda de prensa este miércoles, ha encargado a la secretaría general del consistorio que estudie la posibilidad de anular esta convocatoria y de aprobar otra nueva con diferentes bases para garantizar la igualdad e imparcialidad a todos los aspirantes.

Considera que la edil ha incurrido en un “conflicto de intereses”, razón por la cual ha decidido la destitución de Sonsoles Prieto, responsable de Empleo, Comercio e Industria, entre otras áreas, y situar en su puesto a Carlos López, hasta ahora concejal de Turismo, Deporte y Fiestas.

Conflicto de intereses

Tras admitir la “decepción personal” que ha sufrido, Sánchez Cabrera ha elogiado el trabajo desempeñado por la teniente de alcalde durante los siete años en que ha formado parte del equipo de gobierno de Por Ávila (XAV), que durante esta legislatura (2023-2027) gobierna en minoría con once ediles frente al PP (7), PSOE (4) y Vox (3).

Además de definir su trabajo como el de una “servidora pública ejemplar”, el alcalde ha comentado que el cese se produce tras conocer que Sonsoles Prieto concurría a una de las plazas de la oposición convocada el pasado 26 de febrero por la Junta de Gobierno Local de la que ella misma formó parte y que aprobó las bases que regirían.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y que la convocatoria del proceso no apareció publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hasta el pasado 4 de marzo, considera que se produjo un “conflicto de intereses”, ya que la destituida teniente de alcalde “ha tenido acceso a la información de manera previa al resto de opositores”.

Según el alcalde, que ha reconocido el derecho de la edil a concurrir a ese proceso, Prieto debería haberse abstenido en esa Junta de Gobierno Local que aprobó las bases de la oposición. Sin embargo, al no hacerlo, ha incumplido el Código de Buen Gobierno, al que el Ayuntamiento se sumó en mayo de 2017.

El alcalde le pidió que no se presentara

El regidor ha explicado que cuando tuvo conocimiento de esta situación “hace una semana” se reunió con Sonsoles Prieto para pedirle que “desistiera de presentarse”, aunque ella optó por continuar adelante en una “decisión personal” que Sánchez Cabrera ha aclarado que respeta.

“Jurídicamente tiene derecho a presentarse, pero éticamente el Código de Buen Gobierno se lo impide porque entra en conflicto de intereses”, ha argumentado. Todo ello, ha añadido, para velar por el cumplimiento de la normativa legal, el Código de Buen Gobierno y la “imparcialidad” del consistorio, de manera que quienes concurran a la nueva convocatoria lo hagan “en condiciones de igualdad, mérito y capacidad”, ha subrayado.

A la espera de conocer si Prieto continúa como concejala o renuncia a su acta, el alcalde ha pedido disculpas a quienes se han registrado en el proceso de oposiciones, al tiempo que ha dicho haber actuado bajo el criterio de “ejemplaridad” que se exige a los servidores públicos.

Por ello, considera que la ciudadanía realizará una valoración positiva de esta decisión, frente a “la tibieza de otros ante conflictos de intereses”, ya que asegura haber “antepuesto el interés general y común, al interés político”.

El plazo de consulta del censo electoral en el Ayuntamiento de Ávila para las elecciones de Castilla y León de 2026 se ha abierto desde este lunes 26 de enero hasta el 2 de febrero. En este periodo de tiempo, se podrán consultar los datos del censo electoral, cerrado a 1 de noviembre de 2025 y que contiene la información de fecha de documento hasta el 30 de octubre de 2025.

Todos los electores (españoles residentes en municipios y españoles residentes en el extranjero –CERA-) pueden realizar la consulta de sus datos a través de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, llamando al teléfono gratuito 900343232 o, mediante el sistema de identificación Cl@ve, en la sede electrónica del INE; o directamente en la sección de Estadística del Ayuntamiento de Ávila, situada en la planta baja del edificio principal del Ayuntamiento (plaza del Mercado Chico, 1), los días laborables, de 09 a 14 horas.

Durante este periodo de consulta, los interesados podrán realizar las reclamaciones que estimen oportunas sobre sus datos censales, inclusiones, exclusiones y errores observados en los mismos. Las reclamaciones deben formularse ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Ávila o a través de la sede electrónica del INE antes de las 12 horas del 3 de febrero; o en la sección de Estadística del Ayuntamiento de Ávila que, con carácter excepcional, permanecerá abierta al público, únicamente para presentar reclamaciones relacionadas con el censo electoral, el 2 de febrero, además de en el horario habitual, por la tarde, de 17 a 19 horas.

Aquellos electores que lo deseen pueden solicitar también ya el voto por correo hasta el 5 de marzo.

El sindicato CCOO se ha dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila para que imponga multas al alcalde de la capital, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ante el “incumplimiento persistente” de sentencias judiciales sobre la valoración de puestos de trabajo.

Para ello, CCOO se refiere al artículo 112.3 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), denunciando el “incumplimiento persistente de la sentencia firme, y los sucesivos requerimientos judiciales”, en relación con la valoración de puestos de trabajo en el Consistorio, ante la “falta de identificación del responsable” de dicho incumplimiento.

Esta situación “convierte al alcalde en responsable directo de un presunto delito de desobediencia judicial”, según ha explicado en nota de prensa este sindicato, que considera a Sánchez Cabrera “responsable último del incumplimiento de sentencias”.

Se trata de fallos que obligan al Ayuntamiento de Ávila a valorar de forma “justa y actualizada” puestos de trabajo, de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Sin embargo CCOO, ante la presunta desobediencia judicial “por no haber sido identificadas la personas responsables del incumplimiento judicial”, dice haberse visto “en la obligación de recurrir, nuevamente” al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila para instarle a que “imponga multas coercitivas” al alcalde de la ciudad, “en su condición de responsable último del incumplimiento”.

Al respecto, este sindicato dice tener constancia de que el regidor “ha tenido conocimiento del requerimiento judicial, de la obligación de ejecutar la sentencia y de la necesidad de identificar al funcionario competente y responsable de ello, sin que se haya dado respuesta satisfactoria al respecto”.

Desde su punto de vista, el Ayuntamiento de Ávila “no ha adoptado ninguna medida dirigida al cumplimiento de la resolución judicial”, de manera que la sentencia “permanece abierta, incumplida y conscientemente desatendida, frustrando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución”.

Ante esta situación, CCOO ha instado a que “se deduzca testimonio” del alcalde de Ávila ante el juzgado de instrucción para “depurar su posible responsabilidad penal” por delito de desobediencia a la autoridad judicial, al constar “acreditado su conocimiento efectivo, su posición de garante y su negativa consciente y reiterada a ejecutar mandatos judiciales firmes”.

El Comisionado de Transparencia ha obligado a los Ayuntamientos de Burgos, Ávila y Segovia a informar sobre sus asesores ante las peticiones realizadas por elDiario.es a mediados de 2024 para escribir un artículo sobre este personal eventual que trabaja en las Administraciones públicas de Castilla y León compuesto por más de 300 asesores, directores de comunicación, secretarios y conductores, entre otros cargos. El Ayuntamiento de Burgos todavía no ha cumplido la orden que dio en agosto el órgano independiente, que en reiteradas ocasiones ha reclamado que se sancione a aquellas Administraciones Públicas que no acaten sus resoluciones. Es una de las propuestas que impulsaba la Ley de Transparencia del gobierno PP-Ciudadanos que se guardó en un cajón cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en 2021.

elDiario.es registró hace más de un año nueve peticiones al Comisionado de Transparencia, de las cuales se han resuelto ya la mitad: el Comisionado obligó a tres ayuntamientos (Burgos, Ávila y Segovia), mientras que el consistorio de León y la Diputación de Burgos facilitaron la información de manera correcta después de que el Comisionado de Transparencia preguntara al respecto. En un primer momento, los ayuntamientos de Palencia o León y la Diputación de Zamora decidieron no contestar o facilitaron información parcial, lo que obligó a rastrear la información pública en los boletines oficiales con el riesgo de que esta resultara incompleta.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) no contestó a este diario, al igual que tampoco respondió al Comisionado de Transparencia cuando le pidió información, lo que supone un incumplimiento de colaboración. “Lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Burgos, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado”, protesta este órgano independiente en su resolución. A pesar de que Transparencia ordenó el 14 de agosto al gobierno municipal de Cristina Ayala que entregara la información, este diario aún no ha recibido nada.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con un asesor por cada cuatro concejales y también tiene personal eventual contratado para los cargos de jefe de Gabinete, Protocolo, coordinador de Gabinete de Comunicación y un asistente de comunicación, según fuentes del Ayuntamiento de Burgos. elDiario.es extrajo hace un año los datos manualmente, pero tampoco pudo encontrar en una fuente de información oficial quiénes ocupaban esos puestos de confianza.

El Ayuntamiento de Ávila (Por Ávila) entregó el listado de los asesores por cada año, pero no estaba completa. En el Boletín Oficial de la Provincia figuraban nombramientos que no estaban en la lista municipal. Una vez aceptado el recurso, el Comisionado de Transparencia destaca que la respuesta del Ayuntamiento de Ávila “carece de los requisitos legalmente establecidos para ser considerado una Resolución”. El consistorio abulense reconoce que la respuesta inicial a elDiario.es no se ajustaba a lo requerido, aunque descarta que hubiera “un afán de ocultación”, sino a un “error material derivado de la concreción de los años solicitados”. En su respuesta ya se facilitan los datos de inicio y fin de los contratos de sus asesores.

El Ayuntamiento de Segovia (PP) no facilitó los nombres de sus asesores —a pesar de que se deben publicar en el Boletín Provincial y de la amplia jurisprudencia sobre la transparencia del personal eventual—, ni las fechas de inicio y fin de los contratos ni las retribuciones exactas. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó que prevalece el interés público en el acceso a la información frente al interés individual en la protección de los datos de carácter personal de todos los cargos eventuales, incluidos los administrativos. Una vez el Comisionado de Transparencia estimó la petición de elDiario.es y presentó sus argumentos, el consistorio de Segovia entregó la información requerida un año antes.

Resoluciones pendientes

El Ayuntamiento de Soria (PSOE) solo facilitó información de ese año, pero no de los dos ejercicios anteriores, y el Ayuntamiento de Salamanca envió los enlaces de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde no se publican los cargos, pero no el nombre de quién lo ocupa. El Comisionado de Transparencia tiene aún pendiente resolver las respectivas a ambas peticiones, además de la de la Diputación de Zamora.

La Ley obliga a las Administraciones Públicas a publicar el número de personal eventual y las retribuciones, pero cada una decide cómo da esa información. Tampoco están establecidos legalmente los sueldos de este personal eventual, por lo que las retribuciones por el mismo cargo pueden variar en función de la Administración Pública de la que se trate. El jefe de gabinete del Procurador del Común cobraba 27.778 euros y el de la Diputación de Soria percibía 33.864 euros anuales, mientras que el jefe de gabinete de la Diputación de Burgos percibía 62.000 euros.

Fe de errores: Tras la publicación de esta información el departamento de Comunicación de Por Ávila se ha puesto en contacto con elDiario.es para aclarar la retribución de uno de sus miembros, que ha sido correspondientemente añadido.

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este viernes, a propuesta de Vox, controlar los “empadronamientos ilegales o irregulares”, en una moción que ha salido adelante con el apoyo de Por Ávila (XAV), que gobierna en el consistorio de la capital.

Por su parte, el grupo municipal del PP se ha abstenido, mientras que el PSOE ha votado en contra de una iniciativa que ha llegado al pleno modificada respecto a la presentada inicialmente por Vox, que hablaba de “combatir los empadronamientos irregulares”, proponiendo inspecciones y visitas domiciliarias por parte de la Policía Local y “canales de denuncias anónimas”.

Este último punto ha sido suprimido y el de las inspecciones y visitas domiciliarias cambiado respecto a la propuesta planteada por Vox, que en el texto de la propuesta presentada hace referencia a la “llegada masiva de inmigración irregular” que se ha producido en España durante los últimos años.

Desde su punto de vista, esta política ha generado un “efecto llamada que ha conducido a un aumento significativo de inmigrantes ilegales y, en consecuencia, un aumento de la inseguridad en los barrios”, aunque el portavoz municipal de esta formación, José Manuel Lorenzo, ha reconocido que “el empadronamiento funciona correctamente en Ávila”, si bien “no está de más medidas a mayores”.

En el mismo sentido, el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno de XAV, José Ramón Budiño, ha asegurado que “no hay un problema” en este aspecto, si bien ha dicho no verle inconveniente al hecho de aprobar una moción que pretende contribuir a “mejorar” la gestión.

La gestión aprobada con las críticas de PP y, especialmente PSOE, pide que “se implementen medidas de colaboración con las autoridades competentes para verificar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento”.

Asimismo, plantea que “se trabaje en colaboración con otras instituciones y organizaciones, a través de los servicios sociales y organismos de inmigración, para compartir información relevante y coordinar esfuerzos en la detección y prevención de empadronamientos ilegales o irregulares”, para “adoptar las medidas pertinentes, conforme al marco legal de la aplicación”.

Según ha comentado Lorenzo, con los empadronamientos ilegales “se abre la puerta a los servicios municipales, ayudas y subsidios, para los cuales es condición 'sine qua non' estar empadronado”, lo que a su juicio supone “un fraude a la administración”.

Por otra parte, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de XAV, PP y PSOE y el rechazo de Vox, una moción presentada por el grupo socialista con el objetivo de realizar un estudio de viabilidad para, cuando se amplíe el cementerio municipal, crear un espacio destinado a la población musulmana y que esté abierto también a otras confesiones con las que el Estado español mantiene acuerdos.

Por Ávila, que gobierna en minoría el Ayuntamiento de la capital abulense, ha sacado adelante este martes el presupuesto de 2025 con la abstención de los tres ediles de Vox y gracias al voto de calidad del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, tras producirse un empate a 11 entre PP -7- y PSOE -4- y XAV -11-.

De esta manera, se ha cumplido el compromiso alcanzado por estas dos formaciones, que certificaron un acuerdo, primero de medidas fiscales, que incluyen un incremento del 7% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) —el gobierno municipal propuso el 9,9—, y ahora con la aprobación de las cuentas del próximo año.

Son unos presupuestos que ascienden a 65.485.946,38 euros, un 2,1% más que el actual, cuya entrada en vigor se produjo a mediados de este año, después de que el regidor se sometiera a una cuestión de confianza, que perdió, pero que sirvió para que entraran en vigor las cuentas, al no prosperar una moción de censura.

A cambio de la abstención, Vox ha logrado que salgan adelante lo que el partido de Santiago Abascal denomina “medidas de ejemplaridad política” que, entre otras cosas, implican el recorte del 10% a las retribuciones del equipo de gobierno; a las asignaciones por asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno y a las percepciones del personal eventual adscrito al gabinete de Alcaldía y a los grupos políticos.

También recogen el recorte del 25% en la dotación económica asignada a los grupos políticos municipales a partir del 1 de enero de 2025, dejando vacante el puesto de personal eventual rotatorio entre los cuatro grupos políticos hasta que finalice el presente mandato.

A todo ello se suma la reducción del 50% de la partida de gastos protocolarios del Ayuntamiento en los presupuestos de 2025 y la eliminación de la partida destinada a sindicatos y patronal.

En el pleno de este martes, la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Ángela García Almeida, ha precisado, al igual que el portavoz municipal de Vox, José Manuel Lorenzo, que se trata de un “acuerdo puntual”, no de mandato.

García Almeida ha defendido unos presupuestos “sociales”, que incrementan en 800.000 euros la partida de ayuda y comedor a domicilio, hasta alcanzar los 3,2 millones, al mismo tiempo que duplican las cuantías destinadas a ayudas y subvenciones, tras los recortes de este año.

Lorenzo ha señalado que se trata del “mejor presupuesto posible, dadas las circunstancias”, lo que supondrá un “ahorro anual” para las arcas municipales de 150.000 euros, por las medidas de “ejemplaridad política”.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Jorge Pato, ha acusado a Vox de ser “un felpudo al servicio del equipo de gobierno”, al tiempo que les ha recriminado que sean “cómplices” de que “no se recuperen las subvenciones” que fueron recortadas.

Además, ha pedido a los tres ediles de Vox que sean “coherentes” votando a favor de la subida de impuestos y no absteniéndose, pese a que esta formación se negó el año pasado a aprobar esta medida que también figuraba en su programa electoral.

El portavoz del PSOE, Arturo Barral, ha calificado de “sainete” el pacto entre XAV y Vox, que permite aprobar unos impuestos “desmesurados”, con el apoyo de tres ediles que están “más fuera que dentro” de la formación de Santiago Abascal.

El Ayuntamiento de Ávila ha iniciado la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para establecer una moratoria informativa de seis meses, a partir del 1 de enero de 2025, con el objetivo de no sancionar durante ese tiempo a quienes incumplan la normativa.

De esta manera, el Consistorio cumple con la decisión adoptada en este sentido por el pleno celebrado el pasado 27 de septiembre, durante el cual todos los grupos —Por Ávila, PP, PSOE y Vox— respaldaron una iniciativa del grupo popular, para aplazar seis meses la aplicación de sanciones.

Para ello, el Ayuntamiento ha informado en nota de prensa que la Comisión Informativa de Presidencia e Interior de este miércoles, ha dictaminado favorablemente la introducción en la ordenanza de una disposición transitoria, según la cual, en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ordenanza (1 de enero) y hasta el 30 de junio de 2025 no se impondrán multas por la ZBE.

Eso sí, los hechos que en ese tiempo pudieran ser constitutivos de infracción tipificada en la ordenanza respecto a los accesos no autorizados de vehículos no contemplados en la misma, serán notificados a los titulares de los vehículos mediante una comunicación “de carácter meramente informativo”.

Esta moratoria informativa se realiza tras aprobarse el pasado mes de mayo, con los votos de Por Ávila y PSOE, la ordenanza reguladora de la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones y el proyecto de ZBE, que contó con la abstención de Vox y el voto en contra del Partido Popular. Una vez dictaminada la modificación de la ordenanza, el siguiente paso será su aprobación en el pleno municipal.

Los concejales de Vox han pactado con Por Ávila, que gobierna en la capital abulense, una abstención que permitirá sacar adelanten tanto nuevas medidas fiscales, con una subida del IBI incluida, como las cuentas del municipio para el 2025.

Los tres ediles de Vox en el Ayuntamiento de Ávila propiciarán con su abstención una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 7%, aunque Por Ávila inicialmente planteaba un incremento de este gravamen del 9,9% en la negociación de las ordenanzas fiscales, ligadas al presupuesto municipal de 2025.

A cambio de la abstención de Vox en esta y el resto de propuestas de modificación de ordenanzas, Por Ávila admite lo que el partido de Santiago Abascal denomina “medidas de ejemplaridad política”.

Esas medidas implican el recorte del 10% a las retribuciones del equipo de gobierno; a las asignaciones por asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno y a las percepciones del personal eventual adscrito al gabinete de Alcaldía y a los grupos políticos, entre otras medidas.

También incluye el recorte del 25% en la dotación económica asignada a los grupos políticos municipales a partir del 1 de enero de 2025, dejando vacante el puesto de personal eventual rotatorio entre los cuatro grupos políticos hasta que finalice el presente mandato.

A todo ello se suma la reducción del 50% de la partida de gastos protocolarios del Ayuntamiento en los presupuestos de 2025 y la eliminación de la partida destinada a sindicatos y patronal.

Acuerdo supervisado trimestralmente

Este acuerdo, que será supervisado trimestralmente por una comisión de seguimiento, se produce a última hora, coincidiendo con la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda, antes del pleno que este jueves deberá dar el primer paso ante la aprobación del presupuesto de 2025 el próximo mes de noviembre.

El año pasado, la falta de acuerdo de Por Ávila -11 ediles- con PP -7-, PSOE -4- y Vox, abocó al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, a someterse a una moción de confianza que ganó y aprobar unos presupuestos que, no obstante, no pudo sacar adelante con la subida impositiva que planteaba, entrando en vigor a mediados de 2024.

Ahora, Por Ávila se asegura con la abstención de los tres concejales de VOX que puedan salir adelante, tanto el proyecto de ordenanzas fiscales, como posteriormente las cuentas del próximo año, cuyo presupuesto total asciende a 65,3 millones de euros, según el proyecto inicial, lo que supondría un incremento del 2,1% respecto al presupuesto actual, que ha implicado diversos recortes, entre ellos a asociaciones y colectivos de la ciudad.

La aprobación del actual tras el acuerdo alcanzado implica, entre otras cosas, la “recuperación de las cuantías, en la medida que económicamente sea posible, de las líneas de subvenciones dirigidas al tejido asociativo, social y deportivo de la ciudad”, así como la eliminación de las listas de espera en dependencia y ayuda a domicilio.

30 puntos del acuerdo

El acuerdo, que incluye 30 puntos incluye medidas de reactivación del turismo, la industria y el comercio, así como la elaboración de una nueva RTP, pendiente desde hace años, la aprobación de un nuevo pliego de transporte urbano, prorrogado actualmente, y el retorno de las ayudas de emergencia social para las personas vulnerables.

Además, XAV y Vox han acordado “impulsar durante el mandato la minoración de impuestos, tasas y contribuciones espaciales a aquellos comercios que acrediten, como corresponde, que su actividad económica se haya visto gravemente afectada de forma prolongada por la realización de obras en los barrios de la ciudad”.

En el mismo sentido, “impulsar” igualmente “deducciones e incentivos fiscales en los impuestos municipales, como el IBI, ICIO, IAE y a aquellos emprendedores que decidan iniciar cualquier actividad empresarial en locales comerciales cerrados o en las zonas comerciales más deterioradas de la ciudad”.

Entre las medidas que figuraban en el anteproyecto presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila, figura recargar con un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios de más de cuatro inmuebles, que los tengan desocupados durante, al menos, dos años.

El Ayuntamiento de Ávila ha trasladado una “queja formal” a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Ávila por no haber invitado este jueves al Ayuntamiento de la capital al acto de inauguración de la ampliación de la sede de la institución provincial abulense.

La decisión ha sido trasladada a la Junta de Gobierno Local por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila (que surgió tras una escisión del PP abulense), según ha dado a conocer en rueda de prensa el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño.

Según ha dicho Budiño una hora y cuarto antes de la inauguración por parte del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se ha “obviado la invitación al Ayuntamiento de Ávila y al alcalde” de la capital, que también fue presidente de la institución provincial entre 2015 y 2019, cuando militaba en el PP.

El teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal ha considerado la no invitación al Consistorio de la ciudad en la que se encuentra la sede de la Diputación como una “deslealtad institucional grave, que no es la primera vez” que se produce.

La abulense Alicia García ha certificado su renuncia al acta de concejala durante el pleno ordinario que ha celebrado este viernes el Ayuntamiento de Ávila, tras anunciar su decisión de abandonar el Consistorio el pasado lunes, para centrarse en su labor como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El secretario de la corporación municipal, Jesús Caldera, ha señalado que la renuncia fue registrada el mismo lunes por parte de García, que no ha acudido al pleno de su despedida.

Tras su renuncia, la siguiente en la lista de las últimas Elecciones Municipales, Teresa García Avilés -número 8-, tomará posesión en la próxima sesión plenaria, tomando el relevo de Alicia García, después de haber sido hace dos décadas edil del mismo Ayuntamiento y senadora.

La decisión de Alicia García se produce después de que, tras haberse convertido primero en portavoz municipal del PP en el Consistorio de la capital y después en senadora en las Elecciones Generales, el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la eligiera el pasado 28 de noviembre para asumir la portavocía del Grupo Popular en la Cámara Alta.

García anunció su renuncia el lunes, acompañada por cuatro de sus seis compañeros en el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, donde el PP el principal partido de la oposición, después de que en los pasados comicios locales volviera a imponerse Por Ávila, que gobierna en minoría con 11 ediles, mientras que el PP logró 7, el PSOE 4 y Vox 3.

Al dar a conocer su renuncia, Alicia García destacó el “tremendo orgullo” que supuso optar a la Alcaldía de la capital abulense, en el que definió como “el reto más apasionante” de su vida.

Asimismo, se definió como “una mujer de partido”, que siempre ha estado donde los presidentes del PP provincial, autonómico y nacional le han “requerido”.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ha perdido la cuestión de confianza y el PP ha propuesto a PSOE y Vox negociar la presentación de una moción de censura en los 30 días naturales que se abren de plazo para ello, ya que, de lo contrario, el regidor quedará ratificado y los presupuestos de 2024 aprobados.

El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado este jueves un pleno extraordinario, ligado a una cuestión de confianza, que al no salir adelante las cuentas del presente ejercicio Sánchez Cabrera ha perdido con 14 votos en contra -PP (7), PSOE (4) y Vox (3)- y 11 a favor de los ediles de Por Ávila, que gobierna en minoría.

Se han confirmado así las previsiones tras el pleno de presupuestos del pasado lunes, en el que el resultado de la votación fue el mismo, aunque en esta ocasión la oposición ha sumado un voto más que entonces, ya que la concejala del PP y portavoz popular en el Senado, Alicia García, no estuvo por tener que asistir a la Comisión de Comunidades de la Cámara Alta.

“Ahí tienen la posibilidad de plantear una moción de censura”, ha señalado el regidor, tras conocerse el resultado de la votación final, dirigiéndose a unos grupos de la oposición a los que, de no dar ese paso, les ha pedido que renuncien por escrito a ello para acortar los tiempos, de manera que el presupuesto entre en vigor antes de agotar el plazo de 30 días naturales.

Las palabras de Jesús Manuel Sánchez Cabrera se han producido después de una última intervención del portavoz municipal del PP, Jorge Pato, en la que ha invitado a PSOE y Vox a “ser la muleta de Por Ávila” o “tener la valentía y la altura de miras y trabajar por la ciudad”.

En este sentido, ha mostrado un papel en el que figuran las firmas de los siete ediles del PP apoyando esa moción de censura que “está en su mano”.

“Negociemos”, ha señalado Pato, refiriéndose a PSOE y Vox, con los que sí sumarían mayoría absoluta, pese a que los socialistas ya dijeron hace semanas que no apoyarían esta iniciativa a la que los tres ediles de la ultraderecha sí se han mostrado dispuestos a apoyar.

En su última intervención, el portavoz popular ha dicho: “Demos forma y demostremos que la política bien empleada es un instrumento al servicio de la ciudadanía”.

Tras estas palabras, el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, ha reprochado al Partido Popular que en su momento acusaran a XAV de ser “la muleta del 'sanchismo'” y que ahora los populares estén dispuestos a negociar con los socialistas para presentar una moción de censura, junto a Vox.

“No tienen ningún tipo de escrúpulos. Son unos mentirosos compulsivos”, ha concluido Budiño, antes de una votación final que ha cumplido con el guión establecido, después de un debate en el que tanto el alcalde, como el teniente de alcalde han retado a la oposición a presentar la moción de censura.

Previamente, José Ramón Budiño se ha referido al PSOE para indicar a sus cuatro concejales el “buen momento” actual para que “valoren con su masa electoral y social que XAV no sea una marca incómoda para desarrollar políticas que vayan en su ideario”.

Por su parte, la portavoz socialista, Eva Arias, ha acusado al equipo de gobierno de “incumplir los acuerdos” alcanzados cuando apoyaron una subida de la tasa de basuras, al tiempo que ha justificado su oposición a subir un 10 por ciento el IBI, no porque su grupo esté “en contra de los impuestos”, pero “de una forma progresiva”.

El portavoz municipal de Vox, José Manuel Lorenzo, ha criticado la “situación de debilidad” de un equipo de gobierno que “ha perdido” su “confianza”, al actuar desde el “despotismo”.

En la intervención inicial, el alcalde había pedido a los tres grupos “acabar con el bloqueo”, al tiempo que les ha vuelto a ofrecer participar en el gobierno municipal desde dentro, con un acuerdo de mandato o presentando una moción de censura.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se someterá este jueves, 11 de abril, a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos tras el rechazo en el pleno del lunes del montante de más de 68 millones de presupuesto presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila y que rechazó en bloque la oposición.

Así lo ha anunciado este martes el equipo de gobierno del Ayuntamiento en rueda de prensa, en la que se han detallado los pormenores del pleno extraordinario que se celebrará este jueves.

De esta forma, el regidor se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal consolidado y aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2024.

La votación de este punto se realizará mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos, dejando en último lugar al alcalde-presidente, y en la votación, cada miembro de la Corporación, al ser llamado, deberá responder 'sí', 'no' o 'me abstengo'.

El alcalde de Ávila ha recordado que el proyecto de presupuesto no ha contado con enmienda alguna presentada por ninguno de los tres grupos de la oposición (Popular, Socialista y Vox), salvo a la totalidad devolutiva que, además, han sido rechazadas; y pide a todos, dice, “altura de miras”, para que los partidos miren por el bien de la ciudad y no piensen en las elecciones que son dentro de tres años, dice.

Si en el pleno del jueves, el equipo de Gobierno pierde la cuestión de confianza, los grupos tendrán un plazo de 30 días, desde el día siguiente al de la celebración del pleno, para presentar una moción de censura.

El primer edil también ha señalado que, en el caso de que no se vaya a presentar una moción de censura, las formaciones pueden presentar un escrito renunciando a esta posibilidad y, de esta manera, se pueden acelerar los plazos para que el presupuesto pueda entrar en vigor cuanto antes. No obstante, en el caso de que no se presente una moción y los grupos políticos tampoco presenten escrito alguno, transcurridos los 30 días establecidos, el presupuesto se aprobará de manera automática.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha pedido este lunes al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que muestre el mismo compromiso con el ferrocarril de Ávila que con el que ha demostrado con el de Salamanca, tras apoyar el último con su presencia las reivindicaciones este domingo de los salmantinos.

“Echamos mucho de menos al presidente de la Junta en esa reivindicación del ferrocarril que llevamos años teniendo en Ávila”, ya que “nunca ha venido a una manifestación”, ha aseverado el regidor en el marco de una visita al nuevo espacio CyLDigital tras las obras, en la que también se encontraba la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral.

Y en una nota de prensa posterior, el alcalde ha pedido la mejora de los tiempos y de las frecuencias, así como de los propios trenes que comunican Ávila con Madrid y con Valladolid, y ha pedido a la Junta de Castilla y León que mire por todas las provincias por igual “para que no haya distinciones entre unas y otras en materias como los transportes”.

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Ávila, José Manuel Lorenzo, ha señalado que “lo único duro es la cara del alcalde” de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, quien vinculó la ruptura de negociaciones para aprobar los Presupuestos de 2024 al hecho de que se hubiese impuesto el ala “dura” de esa formación.

Lorenzo se ha dirigido en rueda de prensa al regidor para recriminarle a él y al equipo de gobierno el hecho de que “nunca tuviera una voluntad negociadora”, al tiempo que le ha hecho responsable de los posibles recortes en servicios sociales, anunciados en su momento, tras no prosperar la propuesta de ordenanzas fiscales.

“El único que bloquea el Ayuntamiento de Ávila es el señor Sánchez Cabrera”, ha añadido el portavoz municipal de Vox, quien ha pedido al alcalde “que se vaya por falso y mentiroso”.

José Manuel Lorenzo ha señalado que Vox no rompió las negociaciones, sino que “no se llegó a un acuerdo”, después de compartir 14 de las 15 propuestas de Vox, exceptuando la que solicitaba la desaparición de dos de las ocho liberaciones de los ediles, tras haber planteado inicialmente este partido la rebaja de hasta cuatro liberados.

Ante el nuevo debate de las ordenanzas fiscales, que plantean las mismas subidas que las ya rechazadas a finales de 2023, aunque en esta ocasión se votarán una a una, Lorenzo que afirmado que “sin ejemplaridad política, no puede haber subida de tasas”.

“El responsable de cualquier recorte, tiene nombre y apellidos”, ha añadido el portavoz municipal de Vox, en referencia al alcalde de Ávila.

El número 4 de la lista del PP en las pasadas elecciones municipales, Jorge Pato (Ávila, 1979), sustituirá a la nueva portavoz del PP en el Senado, Alicia García, como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Ávila, tras la renuncia de esta última, que mantiene su acta de concejala.

El nombre de Pato ha sido anunciado este martes en rueda de prensa por el presidente provincial del PP, Carlos García, que ha estado acompañado por los otros seis miembros del grupo municipal en el consistorio de la capital, incluida Alicia García.

García ha señalado que Pato conoce “perfectamente” el Ayuntamiento de la ciudad, al tiempo que le ha definido como un hombre “de partido”, después de dos décadas afiliado al mismo, tras haber dado sus primeros pasos en Nuevas Generaciones, la organización juvenil de los populares.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y perito judicial inmobiliario, Jorge Pato ha dicho ser “una persona leal al PP”, de ahí que haya expresado su alegría por el hecho de que su primera rueda de prensa como portavoz municipal de su grupo se haya celebrado en la sede de esta formación.

Tras agradecer la “confianza” de Carlos García por su designación y a Alicia García por integrarlo en su lista, Pato ha señalado que su trabajo, junto al resto de sus compañeros, se centrará en una labor de “fiscalización” del equipo de gobierno, de Por Ávila, que gobierna en minoría el Consistorio.

Tras las últimas elecciones municipales, Por Ávila obtuvo 11 concejales, frente a los 7 de PP, los 4 del PSOE y los 3 de Vox. Tras su designación, Jorge Pato sustituirá a Alicia García en la Junta de Gobierno Local.

En su primera rueda de prensa como portavoz municipal del PP, Pato ha acusado al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de tener “poca cintura política”, al tiempo que le ha reiterado la postura contraria de su grupo a apoyar la nueva propuesta de ordenanzas fiscales para 2024, después de haber sido rechazada en primera instancia por la oposición a finales de 2023.