El Comisionado de Transparencia exige a PP y Vox multar a las administraciones opacas de Castilla y León

El Comisionado de Transparencia ha insistido en su Memoria anual —que Tomás Quintana ha entregado este viernes al presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Javier Teira (Vox)— en lo necesario que es poder multar a aquellas Administraciones incumplidoras de sus resoluciones, que son de obligado cumplimiento pero carecen de capacidad coercitiva.

El proyecto de Ley de Transparencia —que, entre otras cosas, preveía sanciones— que Ciudadanos tenía en marcha cuando gobernaba con el PP se quedó guardado en un cajón con la entrada de Vox, y las competencias de Transparencia volvieron a manos del PP.

Así, el Comisionado de Transparencia considera “precisa” una reforma legislativa que garantice la ejecución de sus resoluciones y obligue a las Administraciones a dar toda la información que soliciten los ciudadanos. Este órgano de control ve “incongruente” la normativa actual porque considera que es obligatorio cumplir el mandato del Comisionado, pero este carece de capacidad sancionadora. Entre 2021 y 2022 hay 73 reclamaciones que han quedado sin respuesta por parte de 40 Administraciones.

Entre ellas, destacan dos de la Junta de Castilla y León. A pesar de que el Comisionado de Transparencia haya reclamado a la Consejería de Medio Ambiente que entregue información relativa a los lobos abatidos en controles poblaciones (y necropsias) e información sobre las especies protegidas de aves, la cartera de Juan Carlos Suárez Quiñones (PP) no ha contestado ni a la petición ciudadana ni a la resolución del Comisionado de Transparencia.

También hay un Ayuntamiento grande que acumula varios incumplimientos: el Ayuntamiento de León (PSOE) se niega a cumplir 12 resoluciones, entre las que se encuentran asuntos laborales, la contabilidad de los grupos políticos municipales o las actas de comisiones de investigación, entre otros.

El Comisionado de Transparencia reconoce que, aun así, en 2022 el nivel de incumplimiento ha descendido “ligeramente”. “Tres de cada diez resoluciones estimatorias dictadas en ese año no habían sido aún cumplidas por los entes destinatarios”, informa.

Esta entidad también ha afeado que en otras comunidades como Navarra y la Comunitat Valenciana done sí haya una cobertura legal garantista. “Mientras la ejecutividad de las resoluciones de la Comisión de Transparencia se continúe manteniendo en un plano teórico y no pueda llevarse a la práctica cuando sea necesario a través de la imposición de multas coercitivas, la eficacia de la garantía institucional del derecho de acceso a la información pública en Castilla y León que corresponde a aquel órgano adolecerá de una carencia relevante”, reivindica el órgano de control.

El Comisionado de Transparencia ve necesario un mayor desarrollo de la norma para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y protesta por las “limitaciones” que tienen para tramitar las denuncias por falta de publicidad activa.

En 2022 no se ha interpuesto ningún recurso judicial frente a las resoluciones de la Comisión de Transparencia, pero sí ha habido tres sentencias que confirmaban la posición de la Comisión y obligaban a las Administraciones a proporcionar la información requerida.