Las universidades públicas de Castilla y León (Burgos, León, Valladolid y Salamanca) se distribuirán los 125 millones de un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras que, hasta el 2031, contribuirá a reforzar la comunidad autónoma como “motor de empleo, de emprendimiento y de oportunidades”.

El objetivo es el de “meter a Castilla y León entre las tres mejores comunidades en indicadores de políticas públicas”, en este caso a través de universidades “de prestigio y primer nivel” como reflejo de las sociedades avanzadas donde se asientan, ha explicado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ha sido en Valladolid, tras la firma junto a los rectores del protocolo de colaboración que permitirá esta financiación extraordinaria de infraestructuras con 125 millones para las universidades de Valladolid (43), Salamanca (43), Burgos (19,5) y León (19,5).

Nuevas titulaciones, más dotaciones

La mayor parte de este dinero se empleará en la construcción, mantenimiento y dotación de los edificios, centros, pabellones y módulos que, a partir del próximo curso 2026/2027 albergarán los nuevos estudios de Medicina en León/Ponferrada y Burgos; de Veterinaria en Salamanca; y de Farmacia en Valladolid.

Este plan extraordinario complementa, en el ámbito material, las medidas que para el espacio meramente académico han caracterizado la “legislatura del talento”, en palabras de Fernández Mañueco, que ha resumido en “menos tasas, más becas, nuevas titulaciones, la apuesta por los campus territoriales y el aumento de investigadores”.

“Nos encontramos ante un momento histórico para nuestras universidades y queremos que tengan la máxima calidad y excelencia” para situar a Castilla y León entre las tres comunidades de referencia académica en España, “y este protocolo va a ayudar a ello”, ha subrayado el presidente del gobierno autonómico.

Obras en todos los campus

La Universidad de Valladolid empleará sus 43 millones en un nuevo edificio para la facultad de Farmacia; la rehabilitación integral de la de Medicina; la tercera fase del campus de Segovia; la ampliación de Ingeniería Agraria en el de Palencia; y en las nuevas instalaciones de Ciencias de la Salud en el campus de Segovia.

Los 43 millones de la Universidad de Salamanca financiarán la nueva facultad de Veterinaria; un edificio deportivo y otro multiuso en el campus de Ávila; la ampliación del campus de Zamora y la construcción en el de Béjar (Salamanca) de un laboratorio de Mecatrónica y Robótica.

La Universidad de León destinará sus 19,5 millones al nuevo edificio de Medicina en el campus de la capital y al futuro Policlínico en el de Ponferrada, en este caso con seis millones procedentes de otros fondos y no de este plan extraordinario.

Por último, la Universidad de Burgos dedicará sus 19,5 millones a la facultad de Medicina donde, a partir del próximo septiembre, estudiarán los 72 alumnos del primer curso de la primera promoción, dentro de una institución académica que ha superado las tres décadas de vida y cada año aumenta las matrículas de grado.

Hablan los rectores

Todos los rectores han coincidido en agradecer este esfuerzo inversor adicional por parte de la Junta de Castilla y León, ya que la calidad del sistema universitario “no se mide sólo por sus docentes, estudiantes e investigadores, sino también en forma de buenos espacios e infraestructuras”, ha explicado el de Valladolid, Antonio Largo.

Unas buenas instalaciones facilitan además la internacionalización, investigación y transferencia de conocimiento, y permitirá la retención y atracción del talento, ha explicado por su parte el rector de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

En clave social y demográfica, la rectora de León, Nuria González, se ha hecho eco de otros beneficios: “Invertir en los campus territoriales es invertir en desarrollo, cohesión territorial e igualdad de oportunidades”, ha apuntado durante su intervención.

A esa rentabilidad social también se ha hecho eco el rector de Burgos, José Miguel García Pérez, ya que la implantación del grado de Medicina permitirá, tanto en Burgos como en León, formar a futuros profesionales “ante la gran demanda de médicos existente”. 

Un modelo pionero para conectar bodegas y núcleos vitivinícolas tradicionales que potencie sus posibilidades turísticas y que sirva también como fórmula para combatir la despoblación rural en la provincia de Guadalajara.

Ese es el objetivo del proyecto en el que trabajan varios investigadores e investigadoras del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá (UAH) en el Campus de Guadalajara, coordinados por el catedrático Pedro Cuesta Valiño y la profesora titular Estela Núñez Barriopedro.

Se trata de crear una Ruta de Enoturismo en una provincia, Guadalajara, con amplia tradición vitivinícola que, sin embargo, ha pasado más desapercibida que en otros puntos de una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, que posee el mayor viñedo del mundo

Será una ruta del vino articulada como clúster turístico, gestionada de forma colaborativa y apoyada en herramientas digitales, que generará beneficios socioeconómicos medibles, como el empleo, la facturación turística o el emprendimiento y que contribuirá a la preservación del patrimonio vitivinícola, ralentizando la pérdida de población en los municipios implicados.

La profesora Blanca García Henche, profesora titular de la UAH y miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, participa en este proyecto como responsable del trabajo de campo. “Estamos haciendo un mapeo para saber lo que tenemos y después desarrollar la ruta enoturística. Primero se ha de hacer un diagnóstico del potencial enoturístico -recursos, servicios, accesibilidad o imagen de marca- de la ruta propuesta”.

En marzo de este año la Unión Europea registró la nueva Denominación de Origen Protegida de vino de pago ‘Río Negro’. Se sumó así a la Denominación de Origen Mondéjar.

En Guadalajara hay varias bodegas en Mondéjar- la quinta generación ya-, Cogolludo y Pioz que ya ofrecen actividades de enoturismo, pero también están las grandes desconocidas: pequeñas bodegas familiares ubicadas en cuevas centenarias, como las que hay en Gárgoles de Abajo, un pequeño municipio de menos de 50 habitantes que cosecha uva garnacha y que, gracias a la Asociación GAntrum, cada mes de septiembre celebra unas Jornadas Enológicas. Además está diseñando una ruta de bodegas y la puestra en marcha de una bodega-museo virtual.

En estas cuevas naturales se ha venido elaborando vino por tradición - se sabe que lo hacían los romanos- aunque siglos después también sirvieron como refugio durante la guerra civil española. Hay unas 230 repartidas en cinco kilómetros de galerías subterráneas.

Pero no solo ocurre en Gárgoles de Abajo. El casco histórico de la localidad de Horche está horadado por cuevas familiares. Hay más de 500. “Ya trabajan con rutas guiadas los fines de semana donde se habla de los vinos claretes, de su peculiar forma de elaborarlos y de uvas que no son tan conocidas. Alguna se va a convertir en museo”.

“En Cogolludo también hay una amplia referencia histórica que tiene que ver con el vino, ya desde el siglo XV. Las referencias están en escritos históricos, como las del libro del viaje de Felipe el Hermoso en 1501, que elogia la calidad de los vinos locales. Incluso la patrona del pueblo, la Virgen de los Remedios, aparece representada con un racimo de uvas”, explica la profesora.

En Trillo una ruta teatralizada permite conocer sus cuevas-bodega. Y en Cendejas de Enmedio la tradición vitivinícola también lleva a sus vecinos y vecinas a celebrar una ‘Fiesta de las Bodegas’ en abril, coincidiendo con el ‘trasiego’ del vino.

Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local. Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa

El viñedo en este pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara era muy extenso hasta que la filoxera lo diezmó hace unos cien años, y con ella las variedades autóctonas - el tinto fragoso- que un proyecto intenta recuperar desde 2020.

El proyecto de la Universidad de Alcalá Modelo de gestión de la Ruta de Enoturismo de Guadalajara para el desarrollo sostenible, la mejora del bienestar y felicidad del consumidor, la preservación patrimonial y el freno de la despoblación en el ámbito rural, financiado por las Cortes de Castilla-La Mancha, comenzó en septiembre y se prolongará hasta finales de este año 2025, asociado a la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Cuenta también con la participación de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de León.

“Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local”, explica Blanca García. Ella cree que es un buen momento para dar visibilidad al patrimonio vitivinícola de la provincia. “Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa”.

A eso se suma, apunta, que muchos proyectos gastronómicos de la provincia también están asociados al vino. Uno de los casos es el de Fátima Gismero, pastelera revelación en Madrid Fusión 2021. “Elabora dulces con las lías y las uvas de los vinos de Alto de Pioz, como los ‘harinados’ con cabernet y tempranillo, tradicionales de la zona”.

Modelo “colaborativo” para ofrecer el ‘storytelling’ de Guadalajara

El concepto de este modelo es “colaborativo”, explica la profesora de la Universidad de Alcalá. Se aleja de la habitual idea de la mera visita a la bodega, buscando un concepto más integral. “Hay que generar un producto completo turístico en torno al vino: dónde me puedo alojar, qué puedo comer, que otras empresas me ofrecen actividades… Es como el ‘stoytelling’ de Guadalajara, su relación cultural e histórica con el vino”.

Blanca García Henche asocia la potencialidad del sector del vino con otras complementarias y relacionadas con la historia de los pueblos, el patrimonio o la cultura, los paisajes y productos como la trufa, el cordero o el aceite y la miel de la Alcarria que pueden encontrarse en las cocinas de los establecimientos de la provincia. “Tenemos ya vídeos promocionales y hasta una cuenta en Instagram para divulgar la Ruta del Vino de Guadalajara, que tiene ya su imagen de marca y a través de la que ya estamos dando a conocer las posibilidades. Además, estamos preparando una web informativa”.

Después, la hoja de ruta pasa por que las propuestas de la iniciativa se incorporen a las Rutas del Vino de Castilla-La Mancha y las Rutas del Vino de España, relacionadas con las denominaciones de origen de cada comunidad autónoma, y que cuentan ya con una marca consolidada.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Stecyl han denunciado la “infrafinanciación evidente” de las Universidades (LOSU) y han reclamado a la Junta de Castilla y León que desarrolle la Ley para actualizar los salarios conforme a la LOSU y equipare los salarios del Profesor Permanente Laboral con los del Profesor Titular porque asumen responsabilidades similares.

Por este motivo, y ante el silencio de la Consejería de Educación, los sindicatos van a convocar el 5 de mayo una concentración a las 11 de la mañana frente a la Consejería que dirige Rocío Lucas. La portavoz del sindicato STECyL-i, Christina Fulconis, ha esperado que sirve como “punto de inflexión” para que Educación les escuche. “Nos hemos cansado de pedir reuniones con la directora general y con la consejera de Educación. Hemos recibido la callada por respuesta. Por eso la macroconcentración”, ha protestado la secretaria de Enseñanza en UGT Castilla y León, Beatriz García González.

García González ha exigido al gobierno de Castilla y León que desarrolle la Ley de Universidades (LOSU) como le corresponde y una programación plurianual y “una financiación justa y suficiente” para que las universidades actualicen los salarios de los trabajadores. “Cada universidad negocia en sus mesas en base a una ley superior. Y cuando se sientan a negociar, la Junta de Castilla y León no ha hecho su trabajo [el desarrollo normativo de la LOSU] y no establece una financiación mínima”, ha reprochado este viernes.

La representante de UGT ha subrayado que “la mayoría” de autonomías, independientemente de su color político, han desarrollado la norma autonómica de la Ley de Universidades. Pero Castilla y León de momento no ha hecho públicos avances a este respecto.

“Cada universidad ha tirado por su lado transitoriamente. Y en Salamanca y Burgos hay una mayor retribución y en Valladolid y León, una menor. Con el mismo contrato y las mismas funciones”, ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, que ha solicitado que el personal laboral cobre lo mismo que uno titular y que todos los trabajadores de las universidades públicas de Castilla y León cobren lo mismo, porque deberían regirse por el mismo convenio colectivo. “Las universidades dicen que están entre la espada y la pared y única salida es esa movilización, que esperamos que sea multitudinaria”, ha defendido Fulconis.

José Antonio Alegre ha instado a la Consejería de Educación desarrollar “un marco jurídico” que permita “estimular el dinamismo de las universidades” y que dé “garantía jurídica” a las nuevas figuras como la de Profesor Permanente Laboral. “La LOSU ha intentado equiparar la categoría más alta del personal laboral con la más baja del personal funcionario. Si tienen las mismas funciones y una retribución similar, queremos que cobre más o menos como un titular”, ha suscrito el vicepresidente autonómico del Sector de Educación de CSIF, Roberto Fernández.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha explicado que hay unas retribuciones y complementos adicionales que debe abordar la Consejería de Educación para poder desbloquear la negociación colectiva, que lleva parada desde 2010, entre otros, por este motivo. “La mesa sectorial de personal de universidades está sin convocar. No hay marco de negociación en el que se puedan ver las medidas o comprometer al gobierno para evitar estos agravios comparativos”, ha protestado.

Roberto Fernández ha denunciado que estos complementos están “obsoletos” y ha reclamado desarrollar complementos que no se han puesto en práctica desde 2002 como complemento por tesis doctoral. “Exigimos que la Junta de Castilla y León habilite una partida específica para garantizar unas condiciones dignas y suficientes, que esté presente en la mesa negociadora y comprometa las condiciones y que se cumpla el convenio colectivo”, ha zanjado. Fulconis también ha reprochado que Castilla y León esté “a la cola de todas las tablas salariales” y por debajo de la media.

Cerca de cuatro millones de euros de financiación universitaria se han quedado en el limbo porque la Junta de Castilla y León ha retrasado durante meses la firma del convenio 'Programa María Goyri' con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para contratar más de 400 profesores ayudantes doctor en los próximos seis cursos académicos. El convenio debía haberse firmado a partir de septiembre y hasta el 4 de diciembre para que el Ministerio abonara la parte proporcional correspondiente al 2024; pero como se ha rubricado después, ni Junta ni el Ministerio se ponen de acuerdo sobre qué pasará con esa cantidad.

Hasta este jueves, 5 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma no ha dado vía libre al acuerdo con el Ministerio, lo que imposibilita el uso del gasto de los meses correspondientes al 2024. En total lo asignado en el convenio para este año ascendía a 3.429.558 euros, dinero que las universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León no saben si podrán usar o no, ya que los dos gobiernos discrepan sobre si se podrá disponer de los fondos o no. El Ministerio de Educación ha señalado a elDiario.es que los plazos eran iguales para todas las comunidades y que hay quien firmó en tiempo y forma, como Asturias, y pudo usar ya el gasto previsto y que es responsabilidad de quien no lo ha hecho hasta ahora.

El convenio pretende paliar los problemas de plantilla en las universidades públicas y ayudarlas a cumplir con la Losu, para lo que creará 445 plazas de Profesor Ayudante Doctor entre 2025 y 2031: 178 en la Universidad de Salamanca, 152 en la de Valladolid, 61 en la Universidad de Burgos y 54 en la de León. El convenio firmado tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de prórroga por otros tres ejercicios. El Gobierno de España financiará la contratación de 269 profesores ayudantes doctor y el Gobierno de Castilla y León, por su parte, financiará otras 176 plazas más y tendrá que asumir las nóminas de las plazas pagadas por el ministerio cuando venzan sus contratos, dentro de seis años.

Fuentes universitarias han señalado a elDiario.es que en noviembre la Junta de Castilla y León les confirmó —con reticencia— que firmaría el convenio con el Ministerio después de que las cuatro universidades públicas urgieran a la Junta de Castilla y León para que firmara desde septiembre y poder disponer de los fondos y contratar personal. Hasta la polémica pública de la ministra, Diana Morant, con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León no activó la firma del convenio, ratificada este mismo jueves de forma electrónica por los cuatro rectores y ambos gobiernos.

La Junta de Castilla y León asegura que no pierde financiación

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que no se pierde financiación. “Si se hubiera recibido algo en el mes de diciembre de 2024 no se podría imputar al programa ninguna plaza con los requisitos que marca el Ministerio y, por lo tanto, se debería devolver con intereses”, apuntan desde el área que dirige la 'popular' Rocío Lucas.

La Junta de Castilla y León señala que “garantiza” que las plazas de ayudante doctor de las universidades públicas de Castilla y León imputables a este programa estarán cubiertas en el primer trimestre de 2025 “tal y como se ha pactado entre todas las partes y prevé el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria”. En ese momento el Ministerio aportará los fondos necesarios para hacer frente a la financiación de esas plazas y a partir de los siguientes cursos lo hará la Comunidad Autónoma.

La consejera de Educación aseguró en el pleno de las Cortes que han trabajado durante “meses” en el convenio, que se ha firmado tras realizar “unos trámites pendientes”. “En el 2024 no se podían ejecutar porque estamos en noviembre o diciembre y permitirían devolver esos fondos con intereses. Nada de perder fondos, pero tampoco de devolverlos con intereses”, insistió Rocío Lucas, que reconoció que este año [las universidades] no podían convocar ningún personal. “Será en 2025 cuando hagamos las correspondientes contrataciones”, anunció.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado que se vaya a renunciar a ninguna aportación del Gobierno. “Lo que hemos decidido con las universidades es que es mejor aplicar del 2025 al 2031 por el importe global. No vamos a renunciar a ninguno de los fondos, lo implantaremos en el próximo año y gastaremos todo lo previsto”, ha rematado el también consejero de Economía y Hacienda, que ha hecho un cálculo en el que no ahonda el propio convenio, al que ha tenido acceso este diario.

18 millones de euros más en 2031

Según las estimaciones de Fenández Carriedo, en el último curso de vigencia del convenio, el Gobierno de España aportará once millones de euros en este programa y otros siete serán abonados por el gobierno autonómico. En el curso siguiente, los 18 millones de euros los pondrá Castilla y León.

Fernández Carriedo ha reprochado que el Gobierno prevea financiar parte de las contrataciones hasta el año 2031, cuando tendrá que pagarlo íntegramente la Junta de Castilla y León. “A partir de ahí, los profesores están contratados y no se les podrá echar; y alguien tendrá que financiarlas. Si el Gobierno no lo hace, tendrá que ser la Junta de Castilla y León, no les va a dejar tirados”, ha manifestado ante los medios, a los que ha insistido, antes de comparar esta situación con la de la Educación de 0 a 3 años: “Estamos viviendo el 'yo invito y tú pagas'. El Gobierno aprueba una serie de normas que implican a comunidades y las comunidades son las que pagan”.

En el parlamento autonómico, el Grupo Socialista preguntaba por esta cuestión a la consejera de Educación. El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, rechazó que las universidades de Castilla y León sean las quintas peor financiadas de España y que todavía no haya desarrollado apartados de la LOSU como la figura del profesor permanente laboral o que el gasto en universidades esté aún lejos de alcanzar el 1% del PIB autonómico, entre otros.

“Ha venido a decir que las 14 comunidades que han firmado han hecho el ridículo. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cómo puede decir a los representantes de todas las comunidades autónomas, que ellos han hecho mal firmando? No han hecho sus deberes y este año al menos van a tener menos dinero del que pudieran tener para el profesorado”, remató el portavoz socialista.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este miércoles nuevos grados en Medicina en las universidades de León y Burgos a partir del curso 2026/2027. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Rocío Lucas, después de su reunión con los rectores de las cuatro instituciones académicas públicas de Castilla y León.

Según ha manifestado Lucas, se van a poner ya a trabajar para ver la viabilidad técnica y el plan de estudios. También se está trabajando para implantar Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca aunque sin una fecha concreta al depender de cada universidad. “Aquí ganamos todos, gana Castilla y León, ganan los ciudadanos”, ha subrayado Rocío Lucas.

En el caso de León, según ha estimado Lucas, se estudian ofrecer entre 70 y 100 plazas, mientras que en Burgos estiman entre 40 y 70. Estas cifras, ha matizado la consejera se fijarán conforme se desarrollen los planes de estudio y según decida cada universidad conforme a las instalaciones disponibles y profesores existentes. La consejera también ha adelantado que Burgos tendrá Matemáticas Aplicadas y Valladolid Biotecnología a partir del próximo curso al estar ya avanzado su plan de estudios.

Sin un plan concreto todavía, la previsión de universidades y Consejería es que no haya que construir nuevas facultades para albergar Medicina. Lo que sí se ha planteado es hacer adaptaciones en la infraestructura “ya existente”.

La consejera ha indicado que es “un gran acuerdo de comunidad” a pesar de las reticencias de decanos como el de Medicina de Valladolid, que puso en duda la viabilidad de los nuevos grados por la falta de profesores. Ante esto, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha explicado que se trata de una forma de “impulsar a toda Castilla y León y a todas las universidades”. Para ello, Corchado ha indicado que van a colaborar entre las universidades que ya tienen el grado, como es Salamanca y Valladolid.

Corchado ha apuntado que los estudiantes de Medicina que vayan a León o Burgos no son “competencia” ya que permitirán que los estudiantes de Castilla y León “no se tengan que ir fuera”. Corchado y el recto de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, han coincidido en señalar que están “todos a una”.

Largo, por su parte, ha mitigado las críticas hacia la implantación y ha matizado que la puesta en funcionamiento de los grados será “complicado”. Como han asegurado los rectores, las universidades tendrán que apoyarse en temas como acreditar profesores.

“Día histórico para Burgos y León”

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Burgos, José María Cámara, ha celebrado el acuerdo y ha afirmado que “va a ser un día de celebración en Burgos y León”, algo que también ha reconocido la rectora de la Universidad de León, Nuria González.

Cámara ha afirmado que el acuerdo “refleja por parte de la Junta de ir de la mano con las universidades y de hacer una planificación plurianual, planificando el futuro universitario de Castilla y León”. Asimismo, también ha apremiado a la UBU a ponerse a “trabajar de inmediato” para llegar a 2026 con la planificación hecha.

La rectora de León ha reconocido que con este acuerdo se cumple con una “demanda histórica” de su universidad y la de Burgos y ha defendido que habrá “un impacto” tanto “académico, como económico y social en toda la Comunidad”. González ha añadido que de esta forma Castilla y León podrá atraer y retener talento.

De la misma forma que el representante de la UBU, González ha trasladado la voluntad de “ponerse a trabajar” para que el proyecto “sea viable” y puedan implantar la titulación. Algo que no han abordado es el coste de creación ambas titulaciones. En el acuerdo han conseguido que la Junta se comprometa a financiar la implantación.

Otros asuntos

En el encuentro entre el presidente de la Junta, consejera de Educación y los representantes de la universidades públicas de Castilla y León también se ha demandado a Mañueco que traslade a Pedro Sández el incremento de fondos para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La reunión también ha servido para analizar y planificar los siguientes años de cara a poder financiar las universidades, cómo se va a aplicar la LOSU y plantear necesidades y demandas futuras.

Para el rector de la UBU, este es un día “histórico”

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha calificado de día “histórico” para la institución y la ciudad, recoge Europa Press. Mateos, que no ha podido estar en la reunión por motivos de salud, ha expresado su “agradecimiento” a Fernández Mañueco y a los rectores de las universidades de Salamanca, Valladolid y León por conseguir el “consenso” necesario para desarrollar esta nueva titulación, algo que, a su juicio, “habla claramente de la fortaleza” del sistema universitario público de Castilla y León, al tiempo que “sienta las bases del futuro”.

Pérez Mateos ha reconocido el papel “de liderazgo” jugado por el presidente de la Junta, además de manifestar su intención de “aprovechar ”la experiencia y buen hacer de universidades centenarias como Salamanca y Valladolid“ y ofrecer la ”pujanza, ventaja tecnológica, creatividad e ilusión“ de la institución burgalesa.

El PSOE celebra esta “magnífica noticia”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado una “magnífica noticia” el acuerdo. A través de un mensaje en sus redes sociales, el también portavoz de los socialistas en las Cortes de Castilla y León ha transmitido su enhorabuena a las universidades de León y Burgos, que “tanto han luchado”, así como a sus “ayuntamientos y sociedad civil”, que “presionó”.

El exvicepresidente autonómico y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha calificado a Mañueco de “irresponsable”. “Seremos la comunidad del mundo con más facultades de Medicina por millón de habitantes”, ha protestado Igea, que ha aventurado que en los próximos meses Mañueco adelantará elecciones autonómicas y que esta decisión “solo generará paro médico y gasto público”.

Asociaciones de jóvenes investigadores de las Universidades de León, Salamanca y Valladolid han registrado una reclamación ante el Procurador del Común, el defensor del pueblo autonómico, por el impago de complementos salariales en universidades públicas de Castilla y León.

En un comunicado, las asociaciones AIF-Universidad de León, INNOVA-Salamanca e INICIACTIVA de la Universidad de Valladolid han anunciado la queja que responde a que “el personal investigador laboral con contratos temporales no cobra los complementos salariales a los que tienen derecho conforme a la legislación vigente”.

Ese colectivo incluye al personal investigador en formación, todo tipo de investigadores postdoctorales y profesores ayudantes doctores.

Esos complementos salariales incluyen bonificaciones autonómicas por estar en posesión del título de doctor, quinquenios de docencia y sexenios de investigación.

Además, con la reciente excepción de la Universidad de Valladolid, el resto de las universidades públicas de Castilla y León sigue sin reconocer el pago de trienios por antigüedad a todo el personal laboral con contratos temporales, ya que tan solo lo cobran actualmente los profesores ayudantes doctores.

Las asociaciones consideran que la decisión de la Universidad de Valladolid de extender ese pago a las demás figuras del personal investigador laboral con contratos temporales es un paso adelante que tiene que ser seguido por las demás universidades públicas de nuestra comunidad.

Como ejemplo, han detallado que los profesores ayudantes doctores dejan de percibir al menos 250 euros al mes debido a la falta de pago de estos complementos; y se agrava aún más para aquellos que pueden reunir los méritos para obtener un quinquenio de docencia y un sexenio de investigación, en cuyo caso dejarían de cobrar alrededor de más de 500 euros al mes.

Esa cuantía aumenta en otros 50 euros mensuales para todas aquellas figuras que ni siquiera cobran los trienios por antigüedad.

Las asociaciones han recordado que varios tribunales ya han fallado a favor de trabajadores de distintas universidades que han reclamado el cobro de estos complementos, incluyendo los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cantabria, Andalucía y el propio Tribunal Supremo.

Además han incidido en que es una situación que afecta a muchas universidades de toda España, y en comparativa nacional los profesores universitarios de Castilla y León cobran aproximadamente un 10% menos de la media nacional.

Por ello, han animado a todos los profesores afectados a contactarlos por correo electrónico y redes sociales para obtener más información sobre cómo pueden reclamar el cobro de los complementos salariales que les corresponden