A corto plazo, todo lo que se haga, con seguridad sanitaria, por sostener la caída turística (entre 50.000 y 90.000 millones de euros) es positivo para los sectores turísticos y para toda la economía. Pero el corto plazo no es el momento de “cambiar” el modelo turístico.

Sí es apropiadorepensar cómo mejorar lo que ahora existe. Incluso incitar a que se propongan objetivos cuantificables y medidas a medio y largo plazo. Para iniciar un nuevo andamiaje conviene entender primero la resistencia o las dificultades del cambio.

En 1950, no más de 25 millones de personas viajaban entre países; en 2019, un sexto de la población mundial, unos 1200 millones de personas transitaban como turistas. Un crecimiento de tal calibre sólo es comparable a la difusión de aparatos y plataformas tecnológicas.

Es precipitado y erróneo afirmar que las externalidades negativas del turismo masivo (congestión, daños ambientales, ruido, presión en precios, etc.) se anularían con turismo virtual. En la actualidad con un no-generalizado a la proximidad física podría proponerse la sustitución de turismo físico por virtual. La tecnología sustituye algunos productos físicos asociados al turismo como guías, mapas y folletos (impresos) pero alienta la ampliación de la experiencia visual. Los pocos estudios empíricos muestran que turismo físico y turismo virtual son complementarios y no sustitutivos.

Por el lado de la demanda no es fácil modificar comportamientos asociados al crecimiento de la renta per cápita mundial de los últimos 70 años.

El “exceso” de demanda no se arregla con un incremento de los precios; las externalidades negativas no se evitan con impuestos. La competencia no es perfecta y el modelo de negocio de la oferta turística, verdadero inductor de la demanda, no ha ido por derroteros óptimos. La elección de una reducción continuada de los costes ocasiona las externalidades negativas del aumento de la demanda.

El consumo de bienes y servicios turísticos se completa cada año, luego no hay “exceso” de demanda turística. Hay suficiente capacidad productiva para abastecer a los 85 millones de turistas internacionales del pasado año y más. La satisfacción de un número creciente de turistas genera las externalidades negativas. Las políticas impositivas contra las externalidades (por ejemplo, tasas por turista) más que afectar la demanda, incluyen al sector público como “parte interesada” en el crecimiento turístico (y, por tanto, en continuar con la reducción de costes por parte de la oferta).

Un modelo turístico de alta calidad, exclusividad y altos precios (léase Mónaco) sólo es posible si las rentas subiesen en alta proporción. En tal caso, se tendría satisfacción turística en muchos más lugares y el trozo de renta turística seguiría ocupando, en tales sitios, una proporción importante. Desaparecería la concentración y las externalidades negativas. Hoy, esto es una quimera y desconozco que alguien -institucionalmente- haya propuesto con realismo un tránsito parecido, ni tampoco ninguna política de “descongestión”.

Observemos la oferta, ahí está la clave.

El modelo turístico es un modelo “low cost”, los sectores turísticos han optado por aumentar el empleo de salarios bajos y reducir los costes de aprovisionamiento de tal forma que la productividad, que es un resultado de la actividad, es 0 o negativa. El motor que consigue una u otra productividad es una combinación de tecnología e inversión. Y el motor del modelo español no ha trastocado la tendencia decreciente o negativa de la productividad de los sectores turísticos.

Comparemos el modelo turístico con el de los productos y, sobre todo, de las plataformas tecnológicas. El sector tecnológico opera bajo un modelo de negocio basado en las “economías de larga cola”: volúmenes grandes y crecientes de demandantes a los que se extrae relativamente poco. Gracias a la tecnología de la red, los costes de replicación son marginales y próximos a cero. Es un modelo de gran rentabilidad con una cúpula de trabajadores cualificados en TIC y de alta retribución y, en los casos que se requiere una distribución física del output, con un número mayor de trabajadores con salarios bajos o medios.

El modelo turístico, comparte con el tecnológico los grandes volúmenes de demandantes, pero tiene características propias que recortan su rentabilidad relativa: las barreras de entrada a la actividad son más bajas, la concentración empresarial está muy diluida frente al alto grado de concentración empresarial de las tecnológicas; requiere proximidad física y utilización del medio natural lo que ocasiona externalidades negativas. No utiliza trabajadores cualificados ni inversiones cuantiosas en tecnología TIC y su tendencia a la reducción de costes la encuentra en la reducción de costes salariales o de los espacios. Finalmente, El tamaño de los distintos mercados turísticos es pequeño porque requiere localidad y proximidad del consumidor y eso resulta en empresas pequeñas. El tamaño de las tecnológicas es mundial y así las empresas son enormes (lo que también facilita su “elusión fiscal”).

La importancia económica del turismo se minusvalora con esa cifra repetida del 12,3% del PIB. En perspectiva macroeconómica, el turismo contribuye significativamente a financiar el endémico déficit comercial. En perspectiva sectorial resulta que para algunos sectores turísticos el gasto turístico supera el 50% del valor añadido de esos sectores (el 80% en alojamientos) y para el conjunto de los 11 sectores “turísticos” es el 25%. Así visto, se entiende que el turismo no es un sector económico, es una actividad que contribuye a una mejor balanza de pagos y que determina en gran medida los resultados de sectores económicos que pesan cerca del 25% del valor añadido español.

Los problemas radican en que el resultado de su operativa es una productividad decreciente o 0 y pocos efectos de arrastre: los sectores turísticos pesan mucho menos en la producción que considera las relaciones con otros sectores proveedores que en el valor añadido que sólo considera los inputs primarios (el trabajo y el capital). Por eso, el futuro no puede estar sostenido por la manera actual de operar de los sectores turísticos. Lo que no quiere decir, ni mucho menos, suprimir el turismo por no se sabe qué.

Es cierto que hoy la economía española funciona con mucho turismo y poca ciencia. Pero sustituir turismo por ciencia es darse continuados golpes en la pared. Situar el punto de partida del “repensamiento” en turismo y ciencia es posibilista y adecuado. Entendemos por ciencia, conocimiento que se aplica en tecnologías concretas.

Hace años, en 2006 estudié las KISA (actividades de servicios intensivos en conocimiento) aplicadas al sector turístico[1]. Las KISA son tecnologías aplicadas mediante actividades de investigación y desarrollo, consultoría de gestión, servicios TIC, gestión de recursos humanos, servicios legales y de protección intelectual, marcas, contabilidad, financiación y actividades de servicios relativos al marketing. Si pincha aquí puede ver las tecnologías concretas aplicadas al sector hotelero, al hostelero, a los transportes, etc.

Dos resultados importantes: la mayor parte de la innovación, de los sectores turísticos, se genera mediante KISA y el desfase entre necesidades y disponibilidad de servicios KISA en los sectores turísticos españoles era y es notable. Tenemos pues la primera piedra concreta de ese plan, referido antes, a medio y largo plazo: invertir en servicios KISA. La segunda, no sólo usar intensivamente servicios de conocimiento en los sectores turísticos sino producir las tecnologías y servicios KISA que luego puedan ser exportados a uno de los mercados de mayor volumen y crecimiento, el turismo.

La economía española no está en la línea de salida de la producción de tecnología básica y genérica. Pero perderíamos la posibilidad de subirnos al tren de la tecnología, que está moviendo y moverá la economía mundial, si renunciamos a la experiencia acumulada en la actividad turística en la que tenemos el segundo mayor mercado mundial (Estados Unidos que ocupa la primera posición no es un competidor en tecnología aplicada porque ya es el número uno en tecnología genérica). Así que turismo y conocimiento y no hace falta desarrollar los viajes interestelares para sostener y mejorar lo que ya tenemos.

* Juan Carlos Collado, doctor en Economía por la Universidad de Berkeley, California

[1] https://www.oecd.org/sti/inno/34655225.pdf en Innovation and Knowledge Intensive Services Activities, OECD, March 2006, Paris. ISBN 92-64-02273-2

La sanidad pública española ha respondido con orgullo y profesionalidad a la pandemia del COVID 19, pero, como en otras de nuestras históricas batallas, la hemos afrontado con escasez de medios y, a consecuencia de ello, nuestros sanitarios han tenido que comportarse como héroes. Cuando llegan las crisis, el Estado debe proveer las acciones y las políticas que protejan a la población de sus consecuencias, tanto en términos de seguridad y protección de la salud como para paliar la destrucción del empleo y las rentas, pero no todos los Estados cuentan con las mismas armas. Como muestra el Cuadro 1, España tenía en 2018 un gasto público en salud 1,1 puntos porcentuales de PIB menor que el de la Eurozona (- 13.222 millones de euros) y un gasto público en las políticas del Estado del Bienestar 4,3 puntos porcentuales menor que el de la Eurozona (-51.694 millones de euros). En 2019 el conjunto de gasto público se ha mantenido estable en términos de proporción con el PIB y todavía no está disponible la información por funciones de gasto.

En España, el gasto público del Estado de Bienestar (EB): salud, educación y protección social, supone alrededor del 75% del total, tanto en las Administraciones Centrales (A. Central + S. Social) como en las Comunidades Autónomas. En el periodo 2008 a 2018, el gasto en EB de las Administraciones Centrales creció un 22,6% en términos de gasto en % PIB. Por el contrario, en ese mismo periodo, el gasto en EB de las Comunidades Autónomas se ha reducido un 0,6%, en los mismos términos de % PIB, separándose de la evolución de las necesidades de la población. En 2018 el gasto autonómico en salud era del 5,5% de PIB, por el 5,6% de 2008.

En ese mismo periodo, la población española creció un 2% entre 2008 y 2018, pero, dado su envejecimiento, sus necesidades sanitarias lo hicieron un 7%. Por ejemplo, la población de más de 60 años, que explica el 44% del gasto sanitario total (y que ha sido la verdaderamente afectada por la mortalidad de la COVID 19), creció en España el 19% entre 2008 y 2018. Por el contrario, el gasto autonómico en la política de gasto Salud (que incluye la totalidad de programas de salud pública, atención primaria, especializada y hospitalaria) ha descendido desde un valor máximo del 6,2% del PIB en 2009, hasta el 5,5% del PIB en 2018, una reducción del 0,7 puntos porcentuales del PIB, lo que supone en valor actualizado a 2018, un ajuste de más de 8.500 millones de euros. En resumen, mientras las necesidades sanitarias de la población crecían un 7%, el gasto sanitario se reducía un 11% en términos de gasto en % PIB.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Ha sido una decisión deliberada del conjunto de gobiernos autonómicos que ha formado parte de sus opciones políticas en el ejercicio de sus competencias? Y la respuesta es no, con carácter general, aunque es cierto que los diferentes gobiernos tienen, desde luego, prioridades distintas, como luego veremos.

Con carácter general, los gobiernos autonómicos se han visto forzados a reducir el gasto, todo su gasto, pues, en contraste con la evolución de las necesidades de la población, los recursos no financieros de las Comunidades Autónomas se han reducido en los últimos once años (2008 a 2019) un 2%, en términos de ingresos no financieros en % PIB. Sin embargo, en ese mismo periodo y en esos mismos términos, los de las Administraciones Centrales han crecido un 8%. A lo anterior se ha sumado una secuencia de objetivos de déficits públicos para Administraciones Centrales y Autonómicas, sistemáticamente desproporcionados respecto al gasto total y al gasto social que gestionan cada uno de estos dos niveles de gobierno. Por eso, en 2019, un déficit agregado de -2,41% PIB para las Administraciones Centrales se interpreta como un buen resultado y un déficit del -0,55% PIB de las comunidades Autónomas deviene en un grave incumplimiento. Pero resulta evidente que, si las primeras gestionaron en 2019 un gasto de 298.000 millones de euros y las segundas un gasto de 192.000 millones de euros, el margen de déficit asignado a las Administraciones Centrales está claramente sobredimensionado respecto a su participación en el gasto.

La crisis económica de 2008 a 2015 ha puesto de manifiesto los graves problemas del funcionamiento de la arquitectura fiscal en el Estado descentralizado que es España. El primer aspecto a destacar en el diagnóstico de la situación de la financiación autonómica es el grave problema de suficiencia global que han padecido los recursos de las Comunidades Autónomas para cubrir sus necesidades de gastos durante la última década.

La valoración que merece la insuficiencia se agrava si se tiene en cuenta que la misma se pone de manifiesto fundamentalmente en los recursos que el sistema de financiación autonómica ofrece para cubrir los servicios públicos fundamentales, entre los que destaca el gasto sanitario, y en los que las CC.AA. tienen muy concentradas sus competencias, pues sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales representaban el 77,8 % de su gasto total en 2018. En administraciones con esa especialización una caída de ingresos presiona en gran medida sobre servicios cuyos gastos son más difíciles de reducir porque cubren necesidades que no se reducen por la llegada de una crisis. En realidad, estos gastos siguen una trayectoria que depende sobre todo de tendencias demográficas y tecnológicas y, en ocasiones -como es el caso de los servicios sociales- las necesidades se acentúan en periodos de dificultad. Al tratarse de servicios considerados esenciales para el Estado de Bienestar (junto con las pensiones y el seguro de desempleo) los ajustes en estas materias suponen, de hecho, incumplimientos del contrato social en el que se basa la confianza en las instituciones públicas y la cohesión social.

Como puede verse, la situación de las administraciones que concentran las responsabilidades de financiar los servicios públicos fundamentales ha sido muy diferente. En las Administraciones Centrales (A.C. + S.S.), sus necesidades también evolucionan en función de la población y su envejecimiento, pero en este caso el gasto ha sido cubierto en un 80% por las cotizaciones sociales de los contribuyentes al sistema y complementado con un relevante apoyo financiero de transferencias de la A.C. que ha superado los 25.000 millones anuales de media anual entre 2009 y 2017. Además, desde 2012 la S.S. ha podido recurrir al previsor Fondo de Reserva acumulado en los años anteriores a la crisis, disponiendo de más de 67.000 millones de euros adicionales entre 2012 y 2016, lo que le ha permitido ayudar a cubrir el déficit de recursos existente en estos años. En cambio, las CC.AA. de régimen común han contado con los recursos del actual sistema de financiación autonómica que, junto a otra financiación específica (principalmente transferencias finalistas de la A.C. para servicios públicos fundamentales), apenas han permitido cubrir, en el conjunto del periodo 2009-2018, el 77% del gasto en SPF evolucionado según las necesidades.

El resultado de todo ello es que el comportamiento en el gasto en políticas del Estado del bienestar de la Seguridad Social y de las CC.AA. de régimen común ha resultado muy distinto. Mientras que la S.S. ha podido atender la totalidad de sus prestaciones e incrementar el gasto a lo largo de la década, gracias al apoyo de la A.C. y del Fondo de Reserva, las CC.AA. han tenido que realizar ajustes medios anuales de dichos servicios, en términos reales por habitante ajustado, del -1,7% durante todo el periodo 2009 a 2018, con un efecto acumulado cercano al -12%.

El reconocimiento de la insuficiencia de las CC.AA. de régimen común equivale a admitir que existe un desequilibrio vertical que ha mantenido a las comunidades en una situación más desfavorable que el resto de las AA.PP. en estos años. Para remediar esa situación es necesario debatir qué participación de las diferentes administraciones en los recursos existentes garantizaría un equilibrio vertical entre ellas, de modo que cada una disponga de instrumentos financieros equivalente para atender las competencias que tienen encomendadas, considerando la naturaleza de estas.

En un Estado que reconoce autonomía a distintos niveles de gobierno para decidir los niveles de prestación de los servicios, la valoración de cuándo esos instrumentos son suficientes es más compleja, pero alcanzar un acuerdo entre las administraciones sobre esta materia resulta imprescindible.

El desequilibrio en el reparto de las fuentes tributarias es evidente en la actualidad. Las Administraciones Centrales concentran el 53,2% del gasto neto no financiero teniendo capacidad normativa sobre un 74,3% de los ingresos tributarios estatales. En cambio, las CCAA de régimen común a pesar de ser responsables del 36% del gasto total -y del 37% del gasto en servicios públicos fundamentales- apenas tienen capacidad normativa en un 14,4% de esos impuestos.

Pero señalada la insuficiencia estructural de recursos autonómicos para atender sus competencias, como la causa central del ajuste del gasto autonómico en salud, educación y protección social y en resto de políticas de gasto, es también relevante analizar el comportamiento de los diferentes gobiernos regionales respecto al gasto sanitario.

El cuadro 2, recoge datos relevantes para analizar esta cuestión, la primera columna refleja los recursos per cápita que proporcionó el Sistema de financiación autonómica en 2018 a cada territorio tanto de régimen común, como de régimen foral, la segunda columna calcula el índice que tiene cada Comunidad Autónoma en financiación per cápita respecto a la media igual a 100, la tercera recoge el gasto per cápita en la Función 6 Salud (COFOG) en 2018, la cuarta columna calcula el índice que tiene cada Comunidad Autónoma de gasto en salud per cápita, respecto a la media igual a 100 y la quinta columna, recoge la proporción del gasto en Salud respecto a la financiación proporcionada por los Sistemas de financiación autonómica, común y foral.

Del análisis de la información que muestra el Cuadro 2, podemos extraer, al menos, tres conclusiones relevantes:

El funcionamiento de la financiación autonómica, además de unas diferencias de financiación per cápita de más del 30% entre comunidades autónomas de régimen común y de más del 70%, de estas con las forales, ha provocado una tremenda brecha entre financiación pública autonómica y necesidades de la población. En las circunstancias que se avecinan esta situación es de extrema gravedad y las desigualdades se hacen más insoportables. Resulta de la máxima urgencia aprestarse a corregir la insuficiencia de la financiación autonómica y su falta de equidad. La insuficiencia se justifica por la necesidad de atender la dimensión que requieren las necesidades de la población en unos servicios públicos de salud, educación y de protección social eficaces. Corregir la falta de equidad es un requisito inexcusable para atender la igualdad de trato y oportunidades entre españoles.

Con frecuencia, la petición de revisión del Sistema de Financiación Autonómica se ha percibido por los responsables de impulsar su reforma, esencialmente el gobierno de España (y una parte importante del establishment capitalino), como otra oleada del insaciable apetito por el gasto de los gobiernos autonómicos y su escaso deseo de afrontar el coste político de la exacción fiscal antes sus electores. Pero, como hemos visto, los datos no dan la razón a ese argumento. Desde 2010 hasta 2018 el gasto autonómico está situado sistemáticamente por debajo de la evolución de las necesidades de la población y la asignación territorial de la financiación autonómica es enormemente desigual, para atender necesidades de la población que son muy similares.

Finalmente, es importante señalar que ambos objetivos, suficiencia y equidad, son incompatibles con una reducción estructural de los impuestos en España. Los milagros no existen, no es posible disfrutar de las prestaciones de un Estado del Bienestar alemán o danés sin realizar un esfuerzo fiscal similar al que realizan alemanes o daneses.

*José A. Pérez es Comisionado para la financiación autonómica de la Generalitat Valenciana

Es este el tiempo de la investigación biológica, de la virología, a fin de desarrollar cuanto antes la vacuna que dé respuesta a esta pandemia. Es este el tiempo de la medicina para afrontar sus consecuencias sobre la salud de la población, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria, la cual se verá obligada a desarrollarse como nunca en la historia reciente. Es, asimismo, el tiempo de la Epidemiología: el padre de esta disciplina, John Snow nunca hubiera imaginado que, siglo y medio después de aquella epidemia de cólera en Londres causada por el estado de salubridad del agua de boca de aquel pozo del Soho, el mundo iba a conocer una pandemia a escala planetaria con –por ahora- más de 5 millones de casos de contagiados y casi de 350.000 muertos, por más que estos sean datos oficiales: la cifra real y la profundidad de la pandemia la desconocemos, habida cuenta el alto grado de subregistro en los países menos desarrollados.

También es el tiempo de la Geografía Social y de la Geodemografía. Estas especialidades de la Geografía Humana nos dotan de herramientas para ayudar a explicar el comportamiento de la pandemia, proyectar sus tendencias y estudiar los efectos que genera incorporando la dimensión territorial, tanto en el entendimiento de su expansión como de sus consecuencias. Asimismo, nos permite comparar mortalidad esperada, sin COVID-19, a partir de las tendencias de los últimos años y mortandad real (independientemente de la causa de la muerte: inmediata, antecedente o fundamental que aparezca en cada parte de defunción). La resta de los reales y de los esperables en situación de normalidad permitirá medir de forma indirecta pero efectiva, la incidencia final de la pandemia.

Al mismo tiempo expertos en población, además de evaluar el número de muertes relacionadas con la pandemia, describen sus efectos sobre la nupcialidad, la fecundidad, las opciones residenciales y la planificación de servicios sociales para mitigar su impacto en el bienestar. La Geodemografía y la Geografía Social permiten, asimismo, analizar el coronavirus por su desigual incidencia según la estructura por edades de la población, pero también por género, por tamaño y densidad de población, por intensidad y tipo de movilidad, singularmente obligada, y por factores económicos y socio-territoriales, en otras palabras, la desigual incidencia por territorios y hacerlo a todas las escalas, desde la internacional hasta la local.

Para ello los sistemas de información geográfica, que ya se están desarrollando en relación a la COVID-19, tienen un papel importantísimo, tanto para el análisis de la desbordante información, también espacial, que se está generando -y se generará- como para la determinación de los patrones territoriales de la pandemia. Asimismo, los sistemas de información geográfica resultarán fundamentales en el ámbito aplicado de la geo-prevención.

Cuando la pandemia haya pasado, lo que solo se conseguirá con la mayor parte de la población inmunizada y el desarrollo de una vacuna efectiva, la Geodemografía y la Geografía Social serán fundamentales para analizar el “paisaje después de la batalla” y ayudarán a constatar sus desiguales efectos tanto desde la perspectiva social y económica como, singularmente, territorial y para planificar un futuro que será muy distinto al del comienzo de la pandemia. Como ejemplo presentamos el mapa de síntesis elaborado por la IUSS, en el que se plasma la desigual incidencia por edad, el desigual grado de envejecimiento de las regiones europeas y Turquía y la proporción de población con riesgo de contraer la COVID-19 por países.

La incertidumbre estadística sobre la COVID-19 y la certidumbre sobre la desigual capacidad para hacer frente a la pandemia: 17+1 maneras de ofrecer un dato; 17+1 formas de organizar infraestructuras y recursos humanos sanitarios

La Epidemiología ofrece significativos indicadores para conocer la incidencia sobre la sociedad en términos de mortalidad. Así, la tasa de mortalidad por coronavirus se calcula dividiendo los fallecidos por esta causa entre población total en un periodo de tiempo dado. Se suele expresar en valores por 100.000 a fin de posibilitar los análisis comparativos. La incidencia que la COVID-19 está teniendo en unas comunidades y otras es muy distinta. Castilla la Mancha, Madrid y La Rioja presentan valores por encima de 100 fallecidos por este coronavirus por 100.000 habitantes. En el otro extremo y en este orden, Ceuta, Melilla, Canarias, Murcia, Andalucía, Baleares y Galicia presentan valores por debajo de 25. Castilla la Mancha, con 142 fallecidos por 100.000 habitantes presenta una mortalidad 70 veces mayor que la más baja, Ceuta, con 2 fallecidos por 100.000 habitantes.

A diferencia de la tasa de mortalidad, en la tasa de letalidad por COVID-19 se toma como numerador el número de fallecidos a causa de esta pandemia y en el denominador el número de afectados o contagiados por este virus. El estudio de seroprevalencia en sus primeros resultados ha estimado que el porcentaje de la población española seroprevalente es del de 5%, lo que representaría unas 2.350.000 personas, unos valores absolutos y relativos muy alejados de la llamada inmunidad de grupo: los valores relativos deberían ser del 50% o 75% y los absolutos 30 millones si quisiéramos garantizar un freno natural de los contagios. Con estos datos la tasa de letalidad por COVID-19 ascendería al 1%, si bien experimenta fuertes diferencias territoriales. Así, la letalidad de la COVID-19 según se desprende del reciente muestreo de seroprevalentes se sitúa en el 1,14% de los IgG+ en España, si bien presenta, asimismo, marcados desequilibrios inter-regionales: un dato La Rioja, con 3,33%, triplica la media nacional; le siguen de lejos Asturias (1,67%), País Vasco (1,62%) y Extremadura (1,53%). Por el contario las tasas de letalidad más bajas las presentan Ceuta (0,35%), Canarias (0,39%), Andalucía (0,58%) y Murcia (0,68%). El resto se mueven entre los umbrales 0,7% y 1,59%.

Pero para que estos análisis tengan validez sería necesario haber contado con una información de base rigurosa y homogénea por parte de las comunidades autónomas, lo que ha faltado en las primeras semanas de la pandemia. Hoy mismo (22/5/2020) el Ministerio de Sanidad llamaba la atención sobre las “incongruencias” de los datos de Cataluña que han sumado más de 688 “muertes antiguas” en un solo día a los del resto del país, lo que ha incrementado oficialmente el número oficial de fallecidos por COVID-19 en un 2,4%. Asimismo, sería necesario disponer de un mapa de infraestructura hospitalarias (camas, UCI) y recursos humanos (médicos especialistas, personal de enfermería, etc.) mucho más equilibrado que el actual para hacer frente a la situación actual, a sus consecuencias y a posibles nuevas oleadas en otoño. La información estadística de la que disponemos permite constatar que, en relación con las infraestructuras hospitalarias, camas de cuidados intensivos/UCI, camas hospitalarias y los recursos humanos en materia de personal sanitario, la capacidad de los territorios para enfrentar la pandemia y sus consecuencias es muy distinta y que los desequilibrios entre comunidades autónomas y en el seno de éstas, son más que notables.

En relación a las camas UCI, al igual que el personal sanitario, considerando el número de habitantes y la población flotante con tan desigual significado territorial ¿los recursos son suficientes? ¿son escasos? El Ministerio de Sanidad considera que el número de UCI debería doblarse y, nos preguntamos ¿y su indicador equilibrarse? Respecto al resto de indicadores ¿cómo explicar los desequilibrios entre comunidades autónomas y en el interior de éstas? Son preguntas que la pandemia ha puesto sobre la mesa y que precisan respuesta.

Las otras fronteras: las brechas que la pandemia ha hecho emerger

Se nos explica desde el campo de la virología que este coronavirus, como los otros, no conoce de territorios, no sabe de fronteras, ni de clases sociales, ni de edades ni de géneros, ni de factores étnicos ni de nivel de renta (los políticos añadirán que ni de ideología) y desde el punto de vista biológico es así. Sin embargo, sus efectos, según se está constatando, conocen fronteras, abren brechas y generan desigualdades.

La frontera demográfica: la brecha etaria y de género

De los primeros casi 30.000 (28.628 el 22/05/2020) casos notificados como fallecidos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad que incluyen la información de edad (otras variables recogidas aún no han sido publicadas) el 87% eran mayores de 70 años y de ellos el 95% presentaban una enfermedad previa. Los datos cambian, se actualizan día a día, pero el carácter estructural de los mismos en relación con los grupos etarios se mantiene, permitiéndonos constatar cómo la edad es el factor más determinante.

Todo ello se está traduciendo en el retroceso de la esperanza de vida. Cálculos provisionales de nuestros compañeros del CSIC estiman, ya para este momento, en 0,7 puntos porcentuales para los hombres y 0,5 para las mujeres la esperanza de vida que se ha perdido en estos meses para el conjunto de la población. La caída final de la esperanza de vida, para la población mayor de 65 años y singularmente la de 80 y más años, no puede estimarse aún pues desconocemos los efectos finales de la pandemia y solo podrá calcularse cuando finalice el brote y sus posibles repuntes. Esta caída de la esperanza de vida está siendo y –será- sensiblemente mayor en el grupo de hombres que de mujeres.

La frontera demográfica entre géneros (más sutil) y entre unos grupos etarios (muy marcada) está trazada y pendiente queda la reflexión sobre la necesidad de replantearnos las relaciones inter-generacionales en todos los campos (laboral, social, asistencial, intrafamiliar…).

La frontera social: la desigualdad también mata. El gradiente social frente a la COVID-19

Estudios recientes demuestran que los grupos sociales con rentas bajas presentan una tasa de mortalidad doble que la media. Al factor social se suma en todos los países del Norte, pero singularmente en algunos como Estados Unidos o Gran Bretaña, el factor étnico.

La condición social, aunque no de forma exclusiva, está muy relacionada con la profesión y la actividad económica. No todos los trabajos que se desarrollan presentan el mismo grado de exposición frente al virus. Unos grupos pueden teletrabajar y dirigir empresas, investigar, crear, enseñar desde casa, mientras otros no tienen esas posibilidad, o porque desarrollan su trabajo de los cuidados a mayores (trabajadores de residencia geriátrica), de los servicios personales (cuidadores, chóferes, conductores, repartidores …), en la salud (personal médico, enfermería, auxiliares, celadores…), servicios de limpieza (singularmente en centros sanitarios y asistenciales, …), o ligado a actividades como el sector de la alimentación tanto en la producción como en su comercialización, distribución y venta (personal que repone, personal de caja…), etc.

Además, al nivel de renta van asociados otros aspectos como la vivienda, el barrio, la precariedad laboral, el estado de salud previo, la necesidad de usar el trasporte público en los desplazamientos metropolitanos, la menor capacidad de interpretar y entender los mensajes de autoprotección y sobre todo de poderlos cumplir por las condiciones laborales en que se desenvuelven o las difíciles condiciones de confinamiento doméstico, en suma, la vulnerabilidad social.

En un estudio de I. Duque et al. se explica el concepto de “privación”, a través de un índice sintético se mide éste para las 35.960 secciones censales españolas, cartografiándose los resultados para el conjunto del país a partir de esta unidad de análisis estadístico, mostrando en el mapa de síntesis resultante los estructurales desequilibrios socio-territoriales de España. La “España de las cinco en punto” delimita la España que está por encima o muy por encima de la media (cuadrante nororiental en sentido amplio) y la que está por debajo o muy por debajo (la España restante, excepción hecha de las islas urbanas) quedan fehacientemente reflejadas. También permite analizar las diferencias en las áreas metropolitanas, singularmente en Madrid, con un norte y un sur más que metafórico, considerando el eje este-oeste de la plaza de España como frontera simbólica, lo que algunos autores han llamado la “línea de la pobreza” (N-V / Paseo de Extremadura / M-30 sur / Calle Alcalá /N-II) que la pandemia, sin duda, profundizará.

El territorio al primer plano: las brechas territoriales

El proceso espacio-temporal de difusión del coronavirus en el mundo nos muestra la desigual incidencia de la pandemia en el mundo, de nuevo, a pesar de las incertidumbres que el desigual desarrollo estadístico en los diferentes países, tanto en los emergentes (Brasil es paradigma de esta afirmación) como singularmente en los menos avanzados. En el momento de escribir estas líneas Estados Unidos encabeza el número de contagios y de fallecidos. De los más de 5 millones de personas que están infectados por coronavirus en el mundo 1,3 millones corresponden a este país. Le siguen Rusia y Brasil, que emergen como focos crecientes en el momento actual. Tras ellos Reino Unido, España, Italia, Alemania, Turquía, Francia, Irán e India, en este orden, países todos que han superado la barrera psicológica de los 100.000 contagiados contabilizados. Perú se acaba de incorporar a este grupo. Sin embargo, en los países menos desarrollados la cifra oficial de los fallecidos por coronavirus puede ser muchísimo más alta, conocido el alto grado de subregistro que presentan (México, Perú, los países centroamericanos y algunos de los citados anteriormente son buenos ejemplos). Entretanto, África es un arcano estadístico también en relación a esta epidemia.

Este mismo proceso y el mismo análisis se puede hacer para España a partir de la información de que disponemos, utilizando las comunidades autónomas como unidades de análisis y generando en torno a las mismas alguna incertidumbres estadísticas (aquellos inquietantes asteriscos que significaban “sin dato” que aparecían en los primeros informes que las comunidades autónomas remitían al Misterio de Sanidad) que progresivamente se han ido resolviendo

Los datos de que disponemos actualizados por comunidad autónoma apuntan a Madrid y Cataluña como las que acumulan más casos tanto de contagios como de muertes. No olvidemos que algunos de los municipios del área metropolitana de Barcelona (l'Hospitalet es el mejor exponente) se encuentran entre los que presentan las densidades (habitantes por ha.) más altas del mundo. Demográficamente, estas dos regiones, que suponen el 30% de la población española, suman hasta la fecha el 54% de los decesos por COVID-19 y el 52% de los contagiados. Son también, como se pone de manifiesto en el Estudio ENE-COVID19: P, del Centro Nacional de Epidemiología, las que presentan una mayor seroprevalencia (anticuerpos IgG anti SARS-Cov2) de los más altos (frente al 5% en España, Madrid presenta un 11,3% y Barcelona un 7,1%).

El futuro ya no es lo que era: las lecciones aprendidas

El camino hacia la llamada “nueva normalidad” (oxímoron donde los haya) lo hemos de construir a base de responsabilidad individual y de compromiso social. La vuelta a la casilla de salida del 11 de marzo (fecha en que la OMS calificó a la COVID-19 de pandemia) tendría efectos mucho más negativos que los de la primera oleada, no solo en términos económicos, sino también sociales y psicológicos. Y la historia de las epidemias nos muestra que siempre o casi siempre ha habido segundas e, incluso, terceras oleadas y que éstas pueden presentar efectos más devastadores que las primeras

Los expertos montañeros advierten de que el mayor número de fallecimientos en las cumbres más altas no se dan tanto en el ascenso final como en la primera fase de descenso por la prisa por llegar hasta el primer campamento base. El símil, del que se hizo eco la prensa nacional a través de una inteligente carta al director, es perfectamente válido en la actual situación.

La “nueva normalidad” nos va a obligar a mostrar un máximo grado de responsabilidad ciudadana. Nos obligará a mucho más que al uso de mascarillas, y no solo en el espacio y en el trasporte públicos. Nos hará racionalizar nuestros desplazamientos: los laborales, los sociales, los ligados a la provisión de bienes y servicios, y singularmente los de ocio. Nos enseñará a cuidar al máximo nuestra higiene. Hemos aprendido a valorar la comida sana, los productos de proximidad y los alimentos naturales y hemos descubierto que la cocina importa. En esta “nueva normalidad” hemos de acostumbrarnos a mantener la distancia “social” (interpersonal, sería más preciso), hábito que en otras latitudes europeas más septentrionales tienen culturalmente incorporado.

A más largo plazo hará que valoremos la familia y el hogar como lugar de refugio y de seguridad. Nunca entenderemos mejor que en este momento la afirmación que suscribiría cualquier arquitecto de que “la casa es el arma con la que nos enfrentamos al mundo”. La pandemia hará que pensemos fórmulas para vivir mejor con menos: nuestra sociedad global permite hacerlo posible. Las nuevas tecnologías posibilitan el acercamiento (virtual) a personas geográficamente lejanas y compartir con ellas paisajes, espacios vividos y, a la vez, valorar lo próximo. La digitalización se ha acelerado y se consolidará en todos los campos de la vida social (educación, administración, comercio, ocio, cultura servicios médicos…). La pandemia también nos está enseñando a entender la importancia de la solidaridad y de la cohesión entre generaciones, en todos los campos: económico, social, asistencial, psicológico, pero también está dejando al descubierto brechas demográficas y de género y brechas sociales y económicas a todas las escalas: desde la internacional a la de bario.

Paul Valery escribía hace más de un siglo “El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser”, podríamos decir parafraseándole que con la COVID-19 y después de la COVID-19 el futuro no es lo que era. El futuro deberemos reinventarlo y asentarlo en pilares sólidos como la innovación, la ciencia, la tecnología, los servicios públicos de calidad, la salud de los ecosistemas, la agricultura de proximidad y ecológica, el turismo sostenible, el comercio de proximidad y el capital humano y una industrialización entendida como factor de investigación y de desarrollo tecnológico, con capacidad para dar respuesta a las cadenas de suministro básicas ligadas a este tipo de crisis sanitarias.

Debemos, asimismo, promover políticas públicas sociales y de salud que eviten que la desigualdad social, la deprivación social y económica y la pobreza se conviertan en nueva “pandemia” a la que solo cabría hacerle frente con la “vacuna” de la justicia social y ambiental.

Pedro Reques Velasco es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Cantabria.

Al término de la Segunda Guerra Mundial el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, dijo: “Debemos estar enormemente agradecidos a aquellas personas que no han buscado la gloria sino simplemente han tenido como prioridad salvar vidas. Lo menos que podemos hacer es compartir su honor”.

La naturaleza inesperada del COVID-19 es lo que obstaculiza en gran medida la gestión de la crisis sanitaria y económica. Así como la propagación de la pandemia es simétrica (afecta a todos los países por igual) sus consecuencias, como era de prever, son asimétricas para la economía. La limitación de los desplazamientos de personas junto con las interrupciones en la cadena de suministro  provocan un impacto negativo sobre la economía con efectos devastadores a nivel mundial. No es necesario recordar que las economías mundiales están globalizadas y conectadas para lo bueno y para lo malo. Todos dependemos los unos de los otros.

Crisis sin precedentes

La crisis económica actual provocada por la pandemia no tiene nada que ver con la crisis financiera de 2008 y que, en términos generales,  tuvo su origen en la desregulación financiera (Sus defensores consideraban que sus beneficios compensarían los efectos negativos) con el consiguiente desarrollo de productos financieros. Fue una crisis endógena con un comportamiento sistémico y que posteriormente se trasladó  a la economía real. Mientras que en la  crisis de 2020 sus orígenes no son financieros, como así mismo no es debida a una crisis de exceso de oferta de productos o bienes debido a una escasez de demanda del mercado. Es decir, no tiene ninguna relación con su funcionamiento.  No se trata de falta de gasto sino de falta de actividad. En definitiva, 2008 fue un shock  endógeno y 2020 es exógeno.

Tras la crisis sanitaria,  ahora viene la crisis económica y social. Por ello, los organismos internacionales están preocupados por el deterioro económico. Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Comisión Europea pronostican un escenario pesimista. Así, recientemente Bruselas advierte de una recesión sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial con efectos muy dispares. En efecto, en 2020,  la UE retrocederá (-7,4%), pero superarán la media países como Francia (-8,2%), España (-9,4%), Italia (-9,5%) y Grecia (-9,7%).

Para la UE el impacto económico asimétrico es debido a tres factores:

Efectos sobre el mercado de trabajo

Respecto al mercado laboral de la UE también se prevé un escenario desigual con una tasa de paro del 9%. Y situándose por encima de dicha media países como Grecia (19,9%), España (18,9%), Italia (11,8%), Francia (10,1%) y Portugal (9,7%).

Es evidente que estamos ante una crisis global y que no afecta, sólo de forma ocasional, a una determinada zona del planeta, como es el caso de la UE. Por ejemplo, está también afectando a la economía más desarrollada, en términos económicos, como es Estados Unidos. Su tasa de desempleo actual, según el Departamento de Trabajo, ha pasado del 3,5% al 14,7%, lo que representa un aumento de 36 millones de desempleados (20% de los asalariados), desde el inicio de las medidas de contención. Según el presidente de la banca central americana, Jerome Powell, se estima que la tasa de paro podría alcanzar cifras muy superiores (20/25%), el peor dato desde la Gran Depresión de 1929, según el periódico Les Echos. 

El turismo en la UE tiene una gran importancia económica al representar el 10% del PIB y el 12% de los empleos europeos, además recibe unos 700 millones de turistas. Así, España tras Francia es el primer destino mundial seguida de Italia; pero el peso específico del turismo en cada país es muy diferente. Por ejemplo, en Francia e Italia el turismo internacional representa sólo del orden del 3% del PIB debido a que disponen de otras fuentes de ingresos, mientras que en nuestro país (6,6%) la dependencia en la economía es mucho mayor.

En la estructura productiva de nuestra economía el sector turístico (nacional+internacional) tiene un elevado peso específico ya que representa en torno al 15% del PIB y emplea a casi 3 millones de personas.

La falta de movilidad internacional no favorece el adecuado funcionamiento del sector turístico, lo que provoca nefastas consecuencias sobre la economía de España, por ser uno de los países del sur de Europa que más se verá afectado por la destrucción de empleos debido a su elevada exposición del sector turístico (restauración, alojamiento y transporte). Este es uno de los motivos que van a incidir en la recuperación de nuestro país, sin ella no hay turismo. Las restricciones a la movilidad hacen imposible la llegada de turistas.

La situación es preocupante debido a que tradicionalmente siempre ha sido uno de los motores para salir de todas las crisis económicas que hemos padecido.

Por todo ello, no nos debe de  extrañar que el conjunto de todos estos factores esté incidiendo en un deterioro sobre el mercado de trabajo. En efecto, la  evolución del desempleo, entre los meses de marzo y abril, refleja un comportamiento muy negativo al aumentar en 584.000 personas (+18%) hasta alcanzar la cifra de 3,8 millones de personas en situación de desempleo.

Sin embargo, según datos del  Ministerio de Trabajo,  no todos los sectores ni CCAA se ven afectados por el desempleo  de la misma manera. Las actividades y CCAA más dependientes del sector turístico han sido las más penalizadas. Este es el caso, por ejemplo, de las comunidades de Baleares y Canarias que representan el doble del PIB turístico de España, además, más de una cuarta parte de los empleos pertenecen a las actividades turísticas.

En este sentido, el mayor aumento en el desempleo ha correspondido a Baleares (26%), Canarias (23%), Andalucía (21%), Comunitat Valenciana (20%), Cataluña (18%) y Madrid (15%) frente al 14% de media del resto de CC.AA. Ver gráfico 1.

En concreto, las seis comunidades autónomas mencionadas que concentran el 75% del empleo del sector turístico han aglutinado las tres cuartas partes del aumento del desempleo. En función de los anteriores datos podemos deducir que existe una correlación entre el comportamiento de las variables de la actividad turística y del mercado de trabajo.                                                        

Sin embargo, si queremos tener una perspectiva más amplia del mercado de trabajo,  hay que tener en cuenta que las anteriores cifras no incluyen a los afectados por un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses. Su aplicación ha permitido proteger a 3,4 millones de trabajadores en activo (21% del conjunto de asalariados). Las actividades más afectadas corresponden a alojamientos (-75%), agencia viajes (-75%), juegos de azar (-70%), comidas y bebidas (-62%), transporte aéreo (-48%). Ver cuadro 1.

Por grupos de población son los jóvenes menores de 35 años con los que se están cebando los efectos económicos de la COVID-19, al recaer sobre ellos la mayor parte de la medida de los ERTE con el 50% del total realizados.

Un reciente estudio de la consultora Foqus y la Universitat de València concluye que la crisis destruirá entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo del sector, entre directos e indirectos.

De todos los sectores de nuestro país, el sector turístico es el que tiene más que perder ya que, por las limitaciones en la movilidad, tardará más tiempo en recuperar sus niveles de actividad con relación al resto de sectores.

No debemos olvidar el  sector de la automoción al que, a sus anteriores problemas estructurales hay que añadir ahora la crisis sanitaria. En abril las ventas se desplomaron un 97% con relación al mismo mes del año pasado, es decir, se matricularon los mismos coches que cualquier otro mes en un solo día.  Nunca se había registrado una cifra tan baja de venta de turismos.

Por último, sería deseable que prosperase la iniciativa conjunta que han presentado recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, en materia económica y sanitaria con el fin de movilizar medio billón de euros en transferencias directas, sin ningún tipo de préstamos ni siquiera ingeniería presupuestaria.

Hay que destacar las palabras del primer ministro francés, Edouard Philippe. “El turismo probablemente se enfrenta a la peor experiencia en su historia moderna, su rescate es, por lo tanto, una prioridad nacional”.

*Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Antes del mes de marzo de 2020 los economistas solían esperar hasta observar una disminución generalizada de la actividad económica durante dos trimestres consecutivos para empezar a hablar de recesión. Ahora llevamos poco más de un mes de confinamiento a causa de la crisis sanitaria, y todo el mundo habla ya de la recesión de la Covid-19. Alguna razón debe de haber para que tantas voces se estén preguntando cuál será el coste económico de la crisis provocada por el coronavirus, dando por hecho que alcanzará cifras astronómicas medidas en términos del PIB. Sin embargo, cuando se habla del coste económico de esta pandemia quizás haya que aclarar qué sentido se le quiere dar a este concepto. ¿Se refiere a los efectos inmediatos sobre el PIB que se deja de producir? ¿Al coste de las medidas de política económica que se están implementando desde el primer día y las que vendrán? ¿O a las consecuencias que la epidemia tendrá sobre la senda de crecimiento de la economía? Sea cual sea el sentido que se le dé, no se pueden ignorar los otros dos porque todos están estrechamente relacionados entre sí.

A día de hoy, todavía hay más dudas que certezas y las líneas de actuación no están del todo definidas. Aún así, ya abundan las respuestas de todo tipo y procedencia. Pero las estimaciones que se hacen de los costes no son independientes de las actuaciones de las autoridades económicas, ni de los valores asignados a los parámetros estructurales que caracterizan la economía. Los supuestos y las recomendaciones se entrelazan ofreciendo un mensaje confuso sobre los padecimientos económicos que nos esperan. Se especula sobre las posibles consecuencias para el futuro inmediato de la economía que se derivan de las medidas concretas (y cambiantes) llevadas a cabo por el gobierno para combatir la pandemia. Se da por hecho que, como consecuencia de la paralización temporal de la economía, sufriremos una recesión duradera porque habrá cambios en el comportamiento de los agentes económicos, familias y empresas, que reducirán los niveles de consumo e inversión. Se asume, en fin, que los costes no serán transitorios y coyunturales sino que los problemas inmediatos tendrán efectos permanentes y estructurales.

Las medidas del coste en términos del PIB que se ha dejado de producir se pueden interpretar con la ayuda de una imagen sencilla, representando la producción como un proceso continuo en el tiempo, aunque no uniforme ni monótono. Cuando se mide el flujo del PIB se hace vinculándolo a un periodo de tiempo de referencia. Durante ese intervalo temporal, el PIB es la suma, el área o la integral del recorrido de la producción entre los dos instantes de los extremos. Así pues, cuando hay un parón, una contracción o una ralentización de la economía, lo que ocurre es que aparece un agujero o una brecha. Una parte del PIB que se habría podido producir no existe. La magnitud relativa de esa pérdida depende tanto de la profundidad del bache como de su duración y, por supuesto, de la amplitud del intervalo de tiempo de referencia.

Nuestra mayor certeza es que, debido al periodo de confinamiento, una parte muy importante de la economía se ha parado, y el enorme vacío resultante es lo que lleva a la gente a preocuparse por las consecuencias económicas de esta pandemia. Sin embargo, cada anochecer, cuando acaban los turnos de trabajo diurno y los centros de trabajo y de producción bajan las persianas, cada semana cuando la economía entra en modo relajación y una parte de la actividad económica cierra por fin de semana, o cada periodo de vacaciones cuando la economía descansa, ¿no nos tendríamos que preguntar también cuál es el coste económico de la parada nocturna, semanal o vacacional? Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque al día siguiente, o el lunes por la mañana, o a la vuelta de las vacaciones todo está tal y como lo habíamos dejado cuando paramos.

Todos conjeturamos que la oferta estará donde se la espera, y la demanda también. Dado que la estacionalidad es repetitiva y nosotros también aprendemos de los procesos repetitivos, si no ocurre ningún imprevisto que trastoque la estructura y la intensidad de la oferta y de la demanda, consideraremos que todo se retomará con la mayor naturalidad. Para que esto ocurra es muy importante saber que las relaciones entre los distintos agentes económicos permanecerán intactas. Los contratos y las obligaciones entre trabajadores y empresas, entre distintas empresas, entre empresas y consumidores, entre la administración pública y los agentes privados, etc., todo tiene que continuar básicamente sin alteraciones significativas.

Ante una paralización del sistema económico

En la crisis de la Covid-19 nos encontramos ante un cierre de los mercados en el sentido más amplio del término. No es que tengamos una contracción de la oferta o una contracción de la demanda que esté provocando la crisis, es que estamos ante una paralización del sistema económico en su conjunto, exceptuando algunos sectores estratégicos considerados más o menos esenciales. Es una situación diferente también porque en el origen no encontramos ninguna de las causas que se han postulado en pasadas depresiones y recesiones. Esto es, ni problemas estructurales de riesgo moral en los ámbitos financiero y laboral, ni grandes desequilibrios macroeconómicos, ni casos relevantes de mala gestión empresarial, ni episodios significativos de despilfarro y corrupción en la acción de las administraciones públicas.

En nuestra opinión, es importante tomar perspectiva temporal y empezar analizando la situación desde el punto de vista de la trayectoria económica de equilibrio en el largo plazo. Esta trayectoria, antes del impacto de la epidemia, estaba generando crecimiento en base a la dinámica de factores como el capital físico, el capital humano, el capital tecnológico y el capital natural. Ahora, lo primero que hay que constatar es que el virus SARS-CoV-2 no tiene, por sí mismo, ningún efecto destructivo sobre los equipos productivos (maquinaría, equipos de transporte) y las estructuras, como tampoco lo tiene sobre las ideas y el conocimiento. Sobre la población activa todo indica que tendrá una incidencia menor y que, una vez superada la crisis sanitaria, el impacto sobre los niveles de cualificación, experiencia y estado de salud habrá ido imperceptible.

En el caso del capital natural, de momento, las cosas están transcurriendo de manera diferente. Como consecuencia del parón económico, el capital natural está experimentando un incremento inesperado, si no tanto en la cantidad de recursos medioambientales que han dejado de explotarse y continúan disponibles, por lo menos en forma de una mejora de la calidad medioambiental. Pero sin cambio de modelo energético a la vista, ni acuerdo para implementar medidas estrictas contra el cambio climático a nivel internacional, pronto experimentaremos un retorno a la anómala rutina de la explotación intensiva de los activos medioambientales. La emergencia sanitaria no es un sustituto de la emergencia climática, más bien se complementan solapándose, porque sus respectivos intervalos temporales de incidencia y resolución se despliegan en plazos muy diferentes.

De lo anterior se deduce que, como consecuencia de la actual epidemia y del periodo que dure la parálisis económica, no anticipamos ninguna variación significativa de los stocks de capital, ni en términos absolutos ni en términos relativos, que pudiera considerarse causa suficiente para sacar a la economía fuera de la trayectoria de crecimiento previa a la declaración del estado de alarma. Tampoco cabe esperar que cambien los principales parámetros tecnológicos y de preferencias que caracterizan a los agentes económicos, los cuales podrían provocar modificaciones sustanciales en la configuración dinámica del sistema económico. Solo los cambios en los parámetros de la política económica, que aparecen en las restricciones intertemporales de recursos, podrían provocar en la economía una alteración de su senda de crecimiento de largo plazo.

Si como consecuencia del confinamiento, de la pausa económica y de las medidas tomadas para salir de la crisis sanitaria e impedir una nueva y profunda recesión, resulta que la configuración institucional del sistema económico y la naturaleza de la relación competitiva entre los distintos agentes no se ven seriamente afectadas; si no cambia la tecnología ni los coeficientes técnicos ligados a la producción; si se mantiene la ordenación de preferencias y el grado de impaciencia de los consumidores; si no se produce una intensificación de la obsolescencia y el deterioro se mantiene dentro de la norma previa a la crisis; si las expectativas de las familias y las empresas no cambian abruptamente y se restituyen los flujos normales de ahorro e inversión, y no vemos ninguna razón por la cual no tendría que ser así, los stocks no van a experimentar ningún cambio de nivel ni de tendencia relevante. En ese caso no existe ningún motivo por el cual la trayectoria de crecimiento a largo plazo de la economía tendría que verse afectada de manera permanente.

¿Quiere esto decir que no se tiene que hacer nada porque a largo plazo tenemos garantizado volver a la senda previa de crecimiento sostenido? No, todo lo contrario. Esto simplemente quiere decir que un pronóstico favorable es factible solo si se toman las medidas adecuadas de política económica para resolver un problema coyuntural, tratando de minimizar los costes económicos y sociales, buscando equilibrio y proporcionalidad entre las partes implicadas (empresas, familias, instituciones financieras, gobierno, sector exterior), y evitando a toda costa el colapso de la economía.

Posiblemente algunos nos hemos mal acostumbrado a describir la evolución de las economías en el largo plazo sin hacer mención del supuesto implícito de que la gestión de la oferta y la demanda tiene que ser la correcta para mantener los necesarios equilibrios en el corto plazo. Se suele considerar el largo plazo como la extensión natural en el tiempo del corto plazo, pero el largo y el corto plazo no son independientes el uno del otro, y los equilibrios no están garantizados. Si aceptamos que, por el momento, a la pandemia que sufrimos solo se le puede poner freno mediante el confinamiento de la población y el distanciamiento social, ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario e inmediato, y habrá que detener la actividad económica. Si queremos evitar los contagios y las muertes, tendremos que asumir las inevitables consecuencias económicas, dado que la economía a corto plazo se para y se aparta de la senda de crecimiento en la que se encontraba antes de la crisis sanitaria.

El reto fundamental

Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es conseguir que este parón transitorio no nos deje una economía maltrecha y moribunda. Tenemos que mantenerla viva, aunque sea en estado de hibernación. Y para lograr este objetivo es necesario contar con la complicidad y participación de todos los agentes económicos y sociales, especialmente los gobiernos, las empresas y los trabajadores. En todo este periodo es fundamental que se mantenga el empleo, aunque las empresas estén paradas, porque esa será la manera de que los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos y también mantener unas expectativas optimistas de cara al futuro más inmediato. Tenemos que conseguir que una empresa parada no sea una empresa cerrada, y que cuando llegue el momento de despertar de la hibernación económica, la mayor parte de los trabajadores pueda reincorporarse a su puesto de trabajo.

Desde que empezó esta crisis son muchos los análisis de urgencia que han visto la luz, unos tratando de hacer inteligible la situación económica en la que nos estábamos adentrando, otros explicando las consecuencias económicas más inmediatas que se derivan del confinamiento, y otros planteando y comparando líneas de actuación alternativas al alcance de los responsables de la política económica. Entre lo publicado nos gustaría destacar, por una parte, las contribuciones de los profesores Antonia Díaz y Luis Puch en el blog Nada es Gratis los días 13/03, 20/03 y 10/04 de 2020 y, por otra, la contribución de los profesores Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman en las páginas del diario El País el día 27/03 de 2020.

Los primeros plantean la opción del risk sharing como forma eficiente y proporcionada de pagar la factura de la inevitable y necesaria parálisis económica. Esa solidaridad pecuniaria sería la clave para garantizar el cumplimiento del reto que antes señalábamos. Solidaridad entre gobiernos; solidaridad del gobierno con las empresas y autónomos; solidaridad entre el Estado y las personas socialmente más desfavorecidas; solidaridad entre las empresas de diferentes sectores, dados los efectos asimétricos de la crisis; solidaridad entre empresas y trabajadores manteniendo los puestos de trabajo y el sueldo con la confianza que después de la crisis se devolverán las horas de trabajo; solidaridad entre los arrendatarios y los arrendadores y entre los prestamistas y los prestatarios, congelando los pagos mientras permanezca parada la actividad.

Los segundos proponen que se compense a las empresas y a los trabajadores por las pérdidas sufridas, mediante una nueva forma de seguro social consistente en que los gobiernos sean compradores de último recurso. Para ello, el Gobierno debería sustituir la demanda desaparecida, y así cada empresa podría seguir pagando a sus empleados y mantener su reserva de capital. Esta propuesta tiene como objetivo mantener toda la economía como si estuviera funcionando con total normalidad, pero para ello se requeriría una cantidad inmensa de recursos públicos. En realidad, el objetivo de mantener tanto la demanda como la oferta podría reducirse a un par de objetivos menos ambiciosos, aunque afortunadamente complementarios. Por una parte, asegurar el poder adquisitivo de las familias y, por otra, que las empresas no quiebren y cierren. Según este planteamiento no hay que financiar los ingresos normales de las empresas, los cuales han desaparecido completamente con la crisis. Lo que hay que financiar son sus costes variables, o mejor dicho, los gastos asociados al uso de los factores de producción variables, de forma que las pérdidas a corto plazo se vean reducidas a la suma de los costes fijos.

En este caso estaríamos hablando de unas pérdidas generadas durante un corto periodo de tiempo, de naturaleza equiparable a las que se originan en cualquier periodo transitorio de inactividad, aunque circunscritas a los costes fijos porque los costes variables habrían sido socializados. En este punto es muy importante tener en cuenta que estos costes variables de las empresas incluyen el coste de oportunidad del factor trabajo. De todo el trabajo, no solo del trabajo asalariado. Así, financiando solo los costes variables se evitaría el cierre definitivo de empresas, las cuales absorberían transitoriamente unas pérdidas correspondientes al prorrateo de sus costes fijos, y se aseguraría también los ingresos de todos los trabajadores, sean asalariados, autónomos o empresarios empleadores. Además, huelga decir que el gobierno tendría que garantizar los ingresos de los despedidos recientemente, de los trabajadores que ya estaban en paro con anterioridad, de los pensionistas y de los colectivos vulnerables que dependen de la ayuda asistencial.

En general existe consenso respecto a la necesidad de proporcionar garantías y liquidez. Los avales actúan como un seguro que proporciona el Estado a los agentes privados. A priori no hace falta que se dediquen recursos, de forma que no hay que aumentar impuestos ni emitir deuda pública. Estas garantías pueden hacer que el sector financiero sea suficiente para garantizar la liquidez que el sistema económico necesita durante este periodo transitorio. Pero si hiciera falta que el Estado garantice directamente la liquidez, entonces se tendrá que emitir gran cantidad de deuda pública. En las circunstancias actuales de España es posible que encuentre problemas para financiarse. Una alternativa serían los Coronabonos. La emisión de estos bonos sería una acción firme de la Unión Europea ante la crisis pero, de momento, no se vislumbra el apoyo suficiente para acordar una respuesta solidaria de financiación. De hecho, una respuesta común a las consecuencias económicas de la pandemia era, y sigue siendo, fundamental para minimizar los costes de esta crisis. Por lo demás, la financiación sin una mutualización de la deuda pública a nivel europeo será mucho más difícil, aunque se hayan aprobado medidas que flexibilizan el uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y se permita a los estados superar los límites de déficit y de deuda sobre el PIB.

En cualquier caso, conseguir el objetivo de contención representará un coste para el conjunto de la sociedad. El nivel de la deuda pública española ya es elevado, y las preocupaciones por el déficit presupuestario son del todo razonables. Pero tampoco tenemos que olvidar el carácter estrictamente temporal de las medidas puestas en marcha para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sobre todo, porque no se puede sacrificar completamente la capacidad de nuestro sector público para responder apropiadamente a otros retos en el futuro. En breve será el turno de los especialistas en fiscalidad y economía pública, los cuales tendrán que encontrar la manera de resolver una situación tan complicada como la que se está gestando en el área de las finanzas públicas en España.

Una vez superada la crisis sanitaria será importante que, para retornar a la normalidad, tanto las mercancías como las personas recuperen rápidamente los niveles de movilidad de antes del confinamiento. Tenemos pocas dudas de que así ocurrirá en el caso de las mercancías, la movilidad de las cuales evolucionará en consonancia con la recuperación del nivel de actividad económica. Pero nos preocupa que en el caso de las personas la recuperación de la movilidad perdida sea más lenta. Si se diera esta excepcionalidad, el sector del turismo se quedaría atrás en relación con los otros sectores productivos, y esto acabaría teniendo consecuencias diferenciales negativas para la economía valenciana, y la española, debido a la importancia del sector turístico en nuestra economía.

Para evitar esta situación cuando la epidemia esté controlada y se levanten los confinamientos en todo el mundo, es importante que se ofrezcan garantías que contrarresten la previsible desconfianza de las personas a desplazarse a los destinos turísticos a los que viajaban antes de la crisis. Los destinos turísticos tradicionales quizás acaben compitiendo no solo en las variables habituales de precios y calidad de la oferta de los servicios turísticos, sino que también lo acaben haciendo en términos de las garantías sanitarias que acrediten estar libres del virus y suficientemente preparados para hacer frente a futuras contingencias.

En consecuencia, es doblemente importante que hagamos muy bien las cosas en el aspecto sanitario, reduciendo al máximo los riesgos de contagio presentes y futuros, y disponiendo de los medios para actuar inmediatamente en casos de emergencia. Primero porque ahora está en juego la salud física de los ciudadanos, y segundo porque de la efectividad de las actuaciones presentes dependerá después la salud de nuestra economía.

Y una reflexión final. No creemos que sea una buena opción el aprovechar estos tiempos convulsos para realizar a toda prisa cambios estructurales en nuestra economía. La experiencia de la crisis anterior nos enseña que la distribución de damnificados y beneficiados por esos cambios no se rige por el principio de equidad. Como tampoco responde, aunque se nos quiera hacer creer lo contrario, al criterio de eficiencia. Lo razonable es que la sociedad tome nota y aprenda la lección mientras resuelve los problemas coyunturales. Después, ya llegará el momento de plantear seriamente cuáles son los cambios estructurales que nos convienen para hacer frente a futuras emergencias, tanto sanitarias como medioambientales.

*M. J. Murgui-García y J. R. Ruiz-Tamarit, Profesores del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València. Miembros del Lab d’Economia de la Fundació Nexe

Com tothom sap, estem vivint moments difícils actualment a causa de l’expansió del coronavirus, una malaltia descoberta a la Xina, a la província de Wuhan, i que en 3 mesos s’ha expandit a la resta del món.

En aquesta publicació, exposaré les diverses actuacions de coordinació entre les diferents administracions de cada estat per a fer front l’emergència sanitària als diferents Estats europeus davant aquesta crisi sanitària. Tot i que és difícil de separar, el text no es centra en la resposta des del punt de vista de la gestió sanitària de la crisi, que escapa d’un text d’aquestes característiques. Per això he seleccionat diversos Estats europeus en funció de la seva organització administrativa com son, a més del cas espanyol, el Regne Unit, França o Alemanya. Cal tenir present també, que les mesures preses pels diferents governs europeus són canviants i provisionals, pel que un balanç més definitiu segurament caldrà fer-lo una vegada se supere aquesta crisi sanitària.

Fins avui, en tots els països que seran exposats, a excepció del Regne Unit, s’ha declarat l’estat d’alarma. Aquesta fórmula jurídica presenta característiques diferents segons l’Estat i la seua forma d’organització estatal, però té els següents trets comuns:

- Ha de tindre una duració màxima de 15 dies, prorrogables segons acord de la cambra legislativa.

- Es declara quan hi ha una emergència sanitària o una catàstrofe natural a l’Estat.

- La forma de declarar aquest estat d’alarma és mitjançant decret del Consell de Ministres, que ha de donar compte al Parlament de la situació.

En el cas Alemany, l’estat d’alarma es troba definit a l’article 35 de la Llei Fonamental de Bonn, on s’exposa que la relació Estat Federal-Länder serà una relació de coordinació i, en cap cas, de subordinació ni de recentralització de competències. En tot cas, seran els Länder qui adopten les mesures necessàries, com el tancament d’escoles o reducció en la freqüència de pas del transport públic.

A més de les competències en la gestió de crisis d’aquest tipus, cal explicar breument la distribució competencial entre els diferents països, particularment en qüestions sanitàries.

- A la Constitució italiana de 1947, s’exposa a l’article 117 que les Regions italianes sols tenen competència normativa per regular l’assistència sanitària, és a dir, que el Govern de Roma és l’encarregat de la competència sanitària en els àmbits d’emergència sanitària, recentralitzant la competència regional.

- A la Constitució Francesa de 1958, podem observar que la competència sanitària pertany al Govern central però els departaments, en ocasions molt concretes com una epidèmia o una catàstrofe natural, poden col·laborar entre si per poder fer front a la situació amb la supervisió del Govern de la República.

- El Regne Unit és un cas especial dins dels Estats que seran analitzats, doncs no té una Constitució a l’ús i té normativa dispersa sobre les competències de les nacions que en formen part (Anglaterra, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord).  Per tant, es pot afirmar que la competència en assistència sanitària és del Govern central però les nacions tenen competències en l’assistència social amb subordinació a les normes promulgades pel Govern central.

- A la Llei Fonamental de Bonn, a l’article 74 s’exposa que els Länder tenen una competència concurrent amb el Govern Federal en assumptes d’assistència social, on s’inclou la sanitat. Açò significa, a partir de l’article 72, que la sanitat és competència dels Länder si aquesta és assumida en la seua Constitució.

- A la Constitució espanyola de 1978, a l’article 148.1.21a s’estipula la competència autonòmica de la sanitat, que fou assumida per les autonomies que accediren a l’autonomia per la “via ràpida” o segons el procés de l’article 151 (Euskadi, Catalunya, Galicia, Andalusia) o mitjançant una Llei Orgànica de transferència de competències (País Valencià i Canàries). Més tard, amb els pactes autonòmics de 2002, es va cedir aquesta competència a la resta d’autonomies denominades “territori Insalud”.

En el cas que ocórrega una epidèmia o catàstrofe natural, la competència de la coordinació del sistema sanitari és de l’Estat central, que marca les línies bàsiques d’actuació, segons l’article 149.1.16a.

Vista la regulació que els diferents Estats tenen de com gestionar crisis excepcionals i la distribució competencial en sanitat, ja podem passar a examinar amb una mica de detall quines ha estat les principals actuacions de coordinació dels diferents països:

- A Itàlia, s’han pres mesures sense cap tipus de consulta a les regions afectades: les regions del Nord italià (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna i Piemont). Es veu ací com la descentralització només és administrativa, ja què en matèria de seguretat i de sanitat les regions italianes dependent dels dictats del Govern de Roma.

Les decisions preses pel govern Conte han anat evolucionant a un aïllament concret de certes poblacions de la Lombardia fins a un confinament obligatori però on es permet fer esport. Les regions sols han acceptat les decisions del govern central, tot i que eren qui més coneixen del problema del COVID-19.

- A França, les províncies o departaments estan complint les mesures que ha dictat el Govern d’Emmanuel Macron, tal i com s’espera d’un estat centralitzat, doncs són unes mesures de difícil control i presa. Dins d’aquest mesures, han destacat un primer confinament obligatori i la suspensió de la segona volta de les eleccions municipals doncs la primera volta es va celebrar el diumenge 15 de març amb una abstenció rècord d’un quasi 60% del cens electoral.

A més a més, s’ha vist una coordinació sanitària de diversos departaments com Còrcega, on les autoritats corses han decidit que els malalts més greus de l’illa siguen traslladats al territori continental, tant a hospitals parisencs com de la Costa Blava.

A més, en els últims dies, s’ha difós als mitjans francesos que el post-confinament es farà de forma gradual i dependrà del què ocórrega a cada Departament, deixant aquesta competència en mans dels governs regionals.

- Al Regne Unit, la ministra principal d’Escòcia i líder del Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, ha pres unes mesures més dures que el premier conservador, Boris Johnson, qui en repetides vegades havia negat l’emergència sanitària.

Les mesures foren el tancament de tots els col·legis, sense cap tipus de tancament parcial, perquè exposaren que hi havia una emergència d’estat i que no podien perjudicar el jovent.

La decisió tardana del premier Boris Johnson és degut, tal com afirmen alguns analistes, a decisions de caràcter polític, doncs l’únic important pel seu govern és obtindre una retirada poc dolenta del mercat únic, de la Unió Europea. També són decisions tardanes per la dificultat que suposa prendre-les en un breu espai de temps.

- A Alemanya, el cas més característic dels Estats Federals europeus, s’han pres les mesures contra el coronavirus d’una manera molt destacable per la forma en què van prendre, ja què els ministres principals o presidents dels Länder han tingut una reunió amb la cancellera Angela Merkel.

Després d’aquesta reunió Länder-Govern Federal, els Ministeris Federals d’Interior, Sanitat i Defensa establiren les línies bàsiques pel que fa a les mesures adoptades. Aquestes línies bàsiques foren millorades per alguns Länder. Destaquen les mesures de Baviera i el Sarre, els primers Länder que tancaren els seus centres educatius, abans que el Govern Federal ho decretara.

Per poder vigilar el compliment de les mesures, el Govern Federal ha decret la vigilància de les comunicacions, és a dir, exercirà una competència de seguretat nacional, retirant poder als Länder perquè la ciutadania puga complir el confinament decretat.

- En el cas espanyol, com hem pogut observar a les noticies dels diaris, als informatius dels mitjans de comunicació i xarxes socials, l’executiu de Pedro Sánchez va dictar unes ordres i recomanacions sense prèvia audiència de les Comunitats Autònomes, en un primer moment.

Més tard, durant el cap de setmana, el President Sánchez té videoconferències setmanals amb els 17 presidents autonòmics sobre les mesures que les Comunitats devien prendre i per consultar si estan seguint les directrius dels Ministeris de Sanitat, Interior, Defensa i Transports.

Malgrat això, podem observar que hi ha una gran diferencia en com els diferents territoris perceben els esforços de coordinació per part del govern central. Per exemple, en la declaració de l’estat d’alarma, hi havia autonomies que n’estaven en desacord per la recentralització de drets i competències que en suposa, sent el cas de les nacionalitats històriques d’Euskadi i Catalunya. Ara sabem, a més, que hi ha regions que discrepen de la política del govern i volen més tancaments, com és el cas del País Valencià, que demana el tancament de Madrid. A més, hi ha regions, com Euskadi i Catalunya, que compren material pel seu compte perquè veuen amb mals ulls unes compres centralitzades com a un vestigi del centralisme i perquè han observat que les compres de l’Estat central són molt lentes i no s’adapten a les necessitats de cada territori. I, encara, cal tenir present que els casos i l’afecció de la pandèmia és diferent en les diferents autonomies, destacant que, ple moment, un considerable número dels casos es troben localitzats en molt poques autonomies.

Pel que fa al País Valencià, la Generalitat Valenciana, durant els últims dies, ha realitzat mesures de gran importància per la ciutadania valenciana, com la compra de productes mèdics per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, fent-ho a banda de les directrius del Ministeri de Sanitat.

També són destacables les mesures econòmiques del Consell en el dominat “Escut Social Botànic” promogut per la Vicepresidència 2a i Conselleria d’Habitatge, com la suspensió del pagament del lloguer social o ajudes a les persones més vulnerables com autònoms on s’està tramitant una ajuda per part de Labora (antic SERVEF) de 1.500 euros.

Aquestes mesures beneficien a una gran part de la ciutadania valenciana, complint així amb el lema botànic de “Rescatem a les persones”. Són mesures de caire social per evitar el contagi de la ciutadania i reduint així el nombre de persones ingressades als hospitals valencians. S’han pogut elaborar gràcies a la proximitat dels problemes de la ciutadania del territori.

Gràcies a les bones relacions exteriors que té la Generalitat Valenciana, s’ha pogut dur una resposta a nivell de les regions europees, doncs el President Ximo Puig es va reunir via telemàtica amb els representants del Comité de les Regions per exposar les seues propostes i fomentar la creació d’un Pla Marshall després de la crisi sanitària.

També són destacables les compres de material sanitari que s’han fet per part de la Generalitat Valenciana, teixint unes relacions comercials amb Xina que seran mantingudes. Aquesta nova “Ruta de la Seda” ha permés la compra de material sanitari que necessitaven els hospitals valencians per fer front a la pandèmia i ha mostrat a la resta d’autonomies com s’ha pogut fer una gestió descentralitzada de la crisi.

Després d’haver comentat les mesures preses pels diferents governs europeus, és necessari demostrar com un grau de descentralització en aquesta crisi sanitària és positiu per poder fer-la.

Podem observar que als diferents països hi ha hagut una evolució i que les mesures preses han tingut un efecte positiu, però el país amb millor evolució ha sigut Alemanya gràcies al grau de descentralització i coordinació de les mesures entre Govern Federal i Länder. Per tant, es pot arribar a la conclusió que a major descentralització, millor es combat l’epidèmia, doncs els Länder alemanys i les autonomies espanyoles coneixen de primera mà les seues necessitats i poden ajudar a la ciutadania de forma més eficient que un govern centralitzat.

En resum, les primeres mesures adoptades pel govern mostren com  encara hi perviu el centralisme que ha existit furant segles a l’Estat espanyol però amb les mesures i compres que han fet diverses autonomies com el País Valencià es demostra que el futur de la gestió de la crisi és un gestió de caràcter federalitzant, és a dir, una relació de coordinació entre el Govern de l’Estat i els Governs autonòmics. Per tant, les mesures que es deuen prendre per part de l’Executiu de Pedro Sánchez deuen ser decisions preses de manera coordinada entre l’Administració central i les autonomies, doncs són les pròpies CCAA qui millor coneixen les necessitats sanitàries del seu territori i deuen evitar un retrocés en el projecte d’Estat descentralitzat creat fa 40 anys, posat en perill amb l’estat d’alarma.

Una economía en retroceso

Hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística presentó la estadística de costes laborales del último trimestre de 2018. Entre los datos ofrecidos se encontraban los salarios recibidos por los trabajadores de la construcción, la industria y los servicios. La media española era de 2.039 € mensuales mientras que el coste salarial total de los trabajadores valencianos sólo alcanzaba los 1.781 €, un 13% inferior, sólo superior al percibido por los trabajadores de Extremadura, Canarias y Andalucía. Esta diferencia salarial encuentra su reflejo en el nivel de PIB per cápita, un indicador más adecuado para aproximar los niveles de bienestar. Los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional de España son para 2018 y el País Valenciano aparece con 22.659 € por habitante, lejos de la media de 25.854 € y aún más lejos de la Comunidad de Madrid, que tiene 34.916€ ó Cataluña, con 30.769 €.

Estas diferencias no son insignificantes ni coyunturales. Suponen que el nivel de bienestar de los valencianos se encuentra por debajo de la media de los españoles y a distancia de las comunidades más prósperas. No se trata de una situación nueva, provocada, como tantos parecen pensar, por la crisis económica de 2008. Trabajos recientes sobre los niveles de desigualdad regional de la renta en España permiten situar el inicio del declive en 1959, cuando el PIB per cápita valenciano superaba la media de la economía española en un 15%[1]. Desde entonces el descenso es continuo como se observa en el gráfico que acompaña a estas líneas, realizado a partir de los datos presentados por los autores reseñados. Esta evolución es, lógicamente, compatible con un aumento de la renta per cápita valenciana. Lo que nos dicen las cifras es que este crecimiento fue inferior al de la renta media española, lo que ha provocado una separación paulatina de las regiones con mayor renta per cápita que, entonces como ahora, son País Vasco, Cataluña y Madrid.

A pesar de la terquedad con la que los datos estadísticos muestran los síntomas del atraso valenciano, nuestra sociedad no parece prestarles atención. El análisis de las causas y las soluciones de una situación como la descrita en los párrafos anteriores debería haber sido el objeto central de las preocupaciones de los partidos políticos en la pasada campaña electoral. No lo busquen en sus programas. La mayoría evitaron estos análisis. Una situación que refleja las percepciones de la ciudadanía valenciana, como ponía de relieve la Encuesta de Valores de la Comunidad Valenciana presentada en junio de 2017. Dos de cada tres encuestados estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “La Comunidad Valenciana es una de las más importantes de España”, y el 58,5% pensaba que vivimos en una comunidad rica. Sin duda, los expertos en la economía valenciana no han sabido trasladar a la sociedad la imagen de atraso relativo que se observa en las estadísticas.

Modelo productivo y modelo de crecimiento: una diferencia fundamental

El deterioro de la posición relativa de la economía valenciana respecto a las otras regiones se ha venido asociando a las peculiaridades de nuestro modelo productivo. Por modelo productivo se entiende la distribución sectorial del empleo y la producción y las características de las empresas. Aunque los rasgos distintivos de este modelo comenzaron a despuntar a mediados del siglo pasado, fueron los años de crecimiento que precedieron a la crisis los que consolidaron la presencia de actividades basadas en el empleo barato, escasamente cualificado y de elevada temporalidad (construcción, hostelería y turismo). A la vez, el reducido tamaño de la empresa valenciana (el porcentaje de empresas pequeñas y medianas supera al de las regiones de mayor crecimiento) estaría contribuyendo a un menor avance de la productividad. Las deficiencias del modelo afloraron con la recesión económica iniciada en 2008, cuando los problemas estructurales de la economía valenciana resultaron evidentes, en forma de una mayor destrucción de empleo, aumento del paro y caída de la renta per cápita que la media española.

Las soluciones planteadas para salir de esta situación han menudeado en los últimos años. Identificado el problema, parece sencillo encontrar la salida: promover un nuevo modelo productivo similar al de las regiones de mayor crecimiento. La transformación del modelo se produciría redirigiendo los recursos hacia actividades de alto contenido tecnológico llevadas a cabo por empresas más productivas. El tratamiento, sin embargo, no está tan bien definido como el diagnóstico. Se propone la inversión en capital humano, aumentar el gasto en I+D, mejorar las infraestructuras públicas o aumentar el tamaño de las empresas. En todas ellas, el papel de la administración pública es imprescindible, así como el esfuerzo del sector privado.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Si el diagnóstico es compartido y el tratamiento es conocido, ¿por qué no se ha administrado con anterioridad? Ya se han apuntado antes algunas razones: la sociedad no ha querido ver la situación y los distintos gobiernos autonómicos han preferido mantener la imagen de una economía moderna y transformadora, que los datos negaban. La idea de un “Levante Feliz” es más atractiva que la de una economía en retroceso, y ha sido más sencillo movilizar a la sociedad valenciana en torno a una falsa idea de progreso que usando un concepto más realista pero menos amable.

Desde nuestro punto de vista, el análisis está desenfocado. El modelo productivo no es fruto de la casualidad ni de la planificación sino el resultado de un proceso evolutivo de adaptación continua a las restricciones impuestas por lo que podríamos denominar modelo de crecimiento económico valenciano. Aquello que realmente determina las diferencias de unas economías respecto de otras, en términos de crecimiento de la renta per cápita y productividad, no es la diferente composición de la estructura productiva sectorial y empresarial, sino la distinta base de capital sobre la que se asienta su crecimiento económico. Lo que verdaderamente importa es, por un lado, la composición e intensidades relativas de los distintos tipos de capital empleados como factores de producción. Y por otro, el grado de eficiencia conseguido en el funcionamiento de los mecanismos e incentivos sobre los cuales gravita el modelo económico. No es lo mismo crecer basándose en la acumulación de capital físico que hacerlo apoyándose en la creación de capital tecnológico, pero tampoco lo es crecer acumulando capital humano que explotando el capital natural.

Es el modelo de crecimiento lo que importa

La economía valenciana ha seguido un modelo de crecimiento basado en el aprovechamiento del capital natural, no en el uso intensivo del capital humano. Hemos crecido en base a los servicios de los activos medioambientales (bosques, playas, acuíferos, clima, tierra cultivable, recursos naturales, paisaje, etc.) en lugar de hacerlo aprovechando los servicios de una población cada vez más educada y con mejores cualificaciones y habilidades laborales. Esta diferencia es esencial para entender la situación en la que nos encontramos y las dificultades para salir de ella. Las consecuencias de esta especialización en el uso de los recursos naturales se traducen en un crecimiento más lento a largo plazo si no se adoptan medidas correctoras.

Algunas evidencias sustentan esta afirmación. La medición del capital humano puede realizarse a través de indicadores tanto cuantitativos (años de escolarización o nivel de estudios alcanzados) como cualitativos (evaluación de los conocimientos de la población estudiantil o laboral mediante test). En ambos casos la población valenciana queda alejada de las posiciones delanteras en el conjunto de las regiones españolas. A pesar de las escasas diferencias que existen en los años de escolarización entre CCAA, consecuencia de compartir una misma ley educativa que establece la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, la posición valenciana se encuentra en el 98% de la media española. Además, entre los valencianos el porcentaje de población con estudios superiores es menor (y el porcentaje de población sólo con estudios obligatorios es mayor) que entre la población española.

Si nos centramos en los indicadores cualitativos del capital humano, se suelen emplear como medidas de aquel los resultados de los test que miden las capacidades cognitivas de la población. En el último informe PISA, que recoge los resultados de los test efectuados en 2015, el País Valenciano se encontraba en torno a la media española. Las conclusiones son claras: la economía valenciana no se caracteriza, en el contexto español, por la intensidad en el uso del capital humano, dado que su dotación se encuentra justo en la media.

Las limitaciones del uso intensivo del capital natural

Estos datos corroboran la afirmación que hacíamos antes: el crecimiento de la economía valenciana no se ha basado en el uso de capital humano sino en la explotación del capital natural. Un somero repaso a la situación de la costa valenciana es suficiente para ilustrar nuestro punto de vista acerca de la especialización en el uso de los recursos naturales. Como es lógico, en el conjunto de regiones costeras las regiones más pequeñas y las islas son las que tienen un mayor porcentaje de costa en relación con su superficie. Si consideramos la superficie de playa de una CCAA como una aproximación a la utilización económica de las costas, de nuevo las islas tienen el porcentaje más elevado de su superficie transformado en playa, pero la valenciana aparece ya como la tercera CCAA. Pero si nos centramos en el porcentaje de costa que ha sido transformada en playa, aquí la valenciana sobresale, con un valor del 63%: dos tercios de las costas valencianas son explotadas económicamente.

La caracterización de la economía valenciana como una economía donde la producción final se basa en el uso de su capital natural como factor productivo supone que las consecuencias pueden ser importantes sobre las tasas de crecimiento. Este modelo de crecimiento, a diferencia del basado en el capital humano, evidencia un alto riesgo de ineficiencia asignativa, asociada a los pobres resultados que se obtienen, en ausencia de regulación, en las actividades que explotan el capital natural. La característica principal de este capital, que incluye los recursos naturales renovables y no renovables, los distintos usos productivos del territorio, la calidad medioambiental o el paisaje, es que habitualmente no existen unos derechos de propiedad perfectamente establecidos. Como resultado de esta indefinición, los agentes individuales que rivalizan por sacar provecho de la explotación de un recurso natural tienen incentivos para obtener el beneficio máximo en el menor tiempo posible. Las consecuencias de estos comportamientos las observamos en el agotamiento de los acuíferos, la ocupación de la primera línea de costa, la saturación de terrazas en nuestras calles, el empeoramiento de la calidad del aire y las aguas, y en la destrucción del paisaje que acompaña la transformación del territorio. La externalidad negativa provocada por el libre acceso a los recursos naturales conlleva una sobreexplotación que, en definitiva, acabará impidiendo el crecimiento económico y perjudicando el bienestar de los valencianos.

Los problemas de la dependencia de los servicios del capital natural surgen por la inapropiada estructura de incentivos, generada por la ausencia de una atribución clara de los derechos de uso. No obstante, existen alternativas para gestionar de manera eficiente los recursos naturales a través de la regulación o la correcta asignación de los derechos de propiedad. Históricamente la sociedad valenciana ha ofrecido casos paradigmáticos de instituciones que representan el respeto y la buena gestión de los bienes comunales (como las sociedades de regantes que organizan el uso del agua para riego en la huerta, o las sociedades de pescadores que regulan las capturas en la Albufera), por lo que no deben resultar extrañas o extremistas las propuestas de regular el uso del capital natural. Ante unos resultados mediocres y la carencia de viabilidad a largo plazo del crecimiento basado en el uso sin limitaciones de su capital natural, el reto al que se enfrenta la economía valenciana es el de asumir la intervención y regulación necesarias, tanto normativa como impositiva, de forma que el perfeccionamiento del sistema de incentivos mejore el funcionamiento de la economía en su conjunto, y se pueda alcanzar el nivel de eficiencia que haría posibles una tasa de crecimiento y un nivel de bienestar mayores.

¿Es posible cambiar el modelo de crecimiento?

Como vemos, la relación entre los modelos de crecimiento y los modelos productivos funciona en una sola dirección: es el modelo de crecimiento el que determina el modelo productivo. Por eso no tiene ningún sentido querer transformar el modelo productivo modificando la escala y el alcance en la estructura sectorial de la producción o ampliando tamaños de empresas, sin transformar el modelo de crecimiento que lo sustenta. Hay que actuar modificando la composición relativa de los distintos tipos de capital que se usan como factor de producción en la economía valenciana.

Los representantes sociales y la mayoría de los investigadores claman por un aumento del capital humano. Su acumulación se ha convertido en la principal propuesta de solución a los problemas de la economía valenciana. En cierto modo, se sustituye la demanda de cambio del modelo productivo, cuyo objetivo era la mejora de la productividad a través de la imitación de la estructura económica de las regiones líderes (Cataluña, Madrid, País Vasco), por una demanda de mayores inversiones en educación y formación práctica de los trabajadores.

El consenso entre los especialistas defendiendo la superioridad de este modelo de crecimiento es amplio. Los motivos aducidos son la garantía de una tasa de crecimiento a largo plazo más elevada y un mayor nivel de bienestar, dado que las mayores dotaciones de capital humano son en parte la causa de la mayor productividad del factor trabajo que lo hace posible. Esto nos lleva a tratar una idea fuerza que domina el panorama académico actual. Nos referimos a atribuir la responsabilidad de los problemas de la economía valenciana a la deficiente productividad del factor trabajo. Es cierto que esta variable permite visualizar el problema, pero no tenemos que confundir la forma en que se manifiesta un problema con la causa que lo provoca. A veces se olvida que el modelo productivo solo cambiará al realizar una serie de intervenciones que, por su naturaleza e impacto, modifiquen el modelo de crecimiento de la economía valenciana.

Como hemos mostrado antes, los niveles medios de capital humano de los trabajadores valencianos no están tan alejados de la media de los trabajadores españoles como lo está su ingreso medio. En consecuencia, no resulta evidente que el atraso, y los consiguientes menor crecimiento y bienestar, sean debidos al menor nivel medio de capital humano incorporado a los trabajadores valencianos. En realidad, los trabajadores adaptan sus habilidades y capacitaciones a los requerimientos del puesto de trabajo a los que pretenden acceder. Cuando los niveles de capital humano no son suficientes para la correcta ejecución de las obligaciones laborales, las empresas no les contratan, o les despiden, y buscan una alternativa en el mercado laboral. Así pues, la baja productividad no la provoca tanto el trabajador con una insuficiente oferta de capital humano como la correspondiente demanda de cualificación determinada por el puesto de trabajo. Por esta razón, es posible observar simultáneamente fenómenos de sobre cualificación junto con unos bajos niveles de productividad del factor trabajo.

Por lo tanto, no debemos prestar atención únicamente a la capacitación del trabajador sino también a las características de la tecnología que se adopta, la cual determina los requerimientos de capital humano que se necesitan para ocupar los puestos de trabajo. En este punto cobra una relevancia de primer orden la calidad de la actividad empresarial y la capacitación de ese segmento de la población laboral que toma las decisiones verdaderamente importantes sobre incorporación de tecnología. Son, pues, nuestros empresarios los que determinan con sus aciertos y sus errores cuán lejos nos situamos de la senda de crecimiento que van trazando los líderes tecnológicos.

De acuerdo con este planteamiento, la tasa de crecimiento en el largo plazo y los correspondientes niveles de consumo per cápita y de bienestar, vendrían determinados por la combinación de un factor externo: la trayectoria tecnológica potencial marcada por los países líderes creadores de conocimiento tecnológico, y de un factor interno: la capacidad y habilidad de los agentes que se encargan en las economías seguidoras, como la española y la valenciana, de la adopción de aquellas tecnologías líderes. En resumen, más allá de las limitaciones asociadas al modelo de crecimiento de la economía valenciana, el otro factor que más contribuye a su delicada situación actual no es tanto la supuesta escasez de capital humano que acreditan los trabajadores valencianos como el insuficiente impulso de los empresarios para llevar a cabo la mejor adopción de tecnología.

Las opciones que se le ofrecen a la economía valenciana para corregir la deriva del atraso económico, y así abandonar la cola de las regiones españolas, son las siguientes: 1) regulación estricta del actual modelo de crecimiento económico basado en el uso del capital natural; 2) transformación gradual del modelo de crecimiento, relegando su dependencia del capital natural para basarlo en el capital humano, en el cual la mejora de las cualificaciones deberían darse tanto en el factor trabajo como en el factor empresarial. Estas opciones no son excluyentes, más bien son complementarias, y quizás la mejor estrategia consistiría en implementarlas simultáneamente. Las normas regulatorias que pongan fin a los excesos en la explotación del capital natural se pueden acompañar con impuestos que proporcionen un doble dividendo. Impuestos que por una parte garantizarían la eficiencia y la equidad de los resultados del modelo de crecimiento y, por otro, proporcionarían ingresos fiscales en unos momentos de estrecheces financieras y escasez de recursos. De esta manera, el gobierno valenciano podría poner en marcha diversos proyectos encaminados a la mejora y ampliación de los servicios básicos a la ciudadanía, cuya incidencia directa en las dotaciones de capital humano dinamizaría la transformación del modelo de crecimiento.

Este es el principal reto que tienen los agentes sociales y económicos valencianos, de los cuales depende que la economía valenciana se mueva hacia una senda de equilibrio a largo plazo capaz de asegurar el crecimiento sostenido y sostenible y mejorar el bienestar de los ciudadanos.

*A. F. Cubel-Montesinos, M. J. Murgui-García y J. R. Ruiz-Tamarit, profesores del Departamento de Análisis Económico de la Universitat de València

[1] Díez-Minguela, A.; Martínez Galarraga, J. y Tirado, D: 'Regional inequality in Spain, 1860-2015', Londres, Palgrave Macmillan, 2018.

S’ha publicat un llibre sobre el futur d’Europa que convé llegir. Amb una certa urgència. És d’aquells llibres que no balafien paper, com un cos esvelt sense un gram de greix sobrer. Europa después de Europa, d’Ivan Krastev, és aquest llibre imprescindible, breu (un centenar de pàgines) però compacte, que acaba de traure a la llum Publicacions de la Universitat de València, en la col·lecció “Europa Política” promoguda per la Càtedra Alfons Cucó de Reflexió Política Europea, que dirigeix a hores d’ara el professor Joan Romero. L’original, After Europe, el va publica la University of Pennsylvania Press, de Filadelfia, el 2017. La traducció de Gonzalo Gómez Montoro és molt bona, un aspecte que convé destacar, car permet una lectura fluïda i fiable. Una lectura que no deixa respir, perquè l’autor dispara idees -idees interessants, punyents- una darrere de l’altra. Si llegiu amb llapis a la mà, la quantitat de subratllats que fareu inevitablement acabarà alarmant-vos. Perquè aquest llibre està ple d’idees, de formulacions lúcides i admonitòries. Té el do de la concreció i de la provocació intel·lectual. El seu autor forma part de dos importants think tanks amb seu a Sofia (Bulgaria) i a Viena. És col·laborador del New York Times i un analista particularment entenimentat de la realitat europea en tota la seua complexitat. La visió històrica (l’herència del comunisme, la trajectòria d’Europa al llarg del temps, la inserció en el món actual) i la mirada transeuropea -que inclou la part oriental del continent, i té present Rússia- es combinen en una prosa informada i extremadament precisa.

La crisi europea

Les manifestacions de la crisi europea són evidents a hores d’ara. Una successió de daltabaixos que han menat a una crisi existencial de la Unió Europea, a l’auge del nacional-populisme i a una enorme aprensió envers el futur. Vegem-ho: en poc temps s’han succeït la crisi de l’eurozona, la crisi del Brexit, la crisi a Ucraïna, i la crisi dels refugiats. Tot plegat -la crisi econòmica i de l’euro, la primera baixa del club europeu, la topada amb les dures realitats de la geopolítica, la constatació de la vulnerabilitat europea- ha conduït a un qüestionament molt seriós del model polític, econòmic i social d’Europa. “La crisi dels refugiats ha transformat radicalment l’statu quo a Europa així com els argumentaris dels polítics, la mentalitat dels ciutadans, les identitats de les nacions i els resultats electorals. La crisi dels refugiats ha acabat sent l’11-S d’Europa.”

La crisi dels refugiats

El 2015 va esclatar amb força l’anomenada crisi dels refugiats. Ja sabem com va anar. Milers de persones fugien, com podien, de la guerra de Síria i travessaven la frontera cap a Turquia i d’ací cap a Grècia, territori de la Unió Europea. Una crisi humanitària de grans dimensions. Turquia va instal·lar camps de refugiats on s’hi encabien centenars de milers de persones. Aviat Grècia, que va fer el mateix, es va veure superada. Un contingent nombrés de refugiats començà a fer via cap a Europa occidental, per l’anomenada ruta dels Balcans, ensopegant amb tot tipus d’obstacles. Hongria va tancar les fronteres. Àustria es malfiava i es tancava també als refugiats. La cancellera alemanya Angela Merkel va obrir les portes de la República Federal, en un gest que l’honorarà sempre. Arreu va ressonar una primera reacció favorable, d’acollida: “Refugees welcome”. Però aviat la dura realitat es va imposar. Polítics conservadors i població autòctona que se sentia amenaçada començaren a parlar d’allau o d’invasió. Per exigència de l’ala dreta del seu propi partit, la cancellera hagué de matisar les primeres posicions. Els refugiats s’escampaven per Europa. Volien arribar a Dinamarca, a Suècia, a Gran Bretanya.

La reacció adversa, poruga i després indignada, d’una part de la població europea -d’una part significativa- va capgirar les dades del problema. Els refugiats es sumaven al immigrants irregulars, que venien de qualsevol manera des del nord d’Àfrica. Les escenes dantesques de rescats, naufragis i lluita per la supervivència -la nua vida que diu el filòsof Agamben- impactaren profundament en un ampli espectre social. Refugiats i immigrants, certament, són coses diferents. “Els immigrants marxen dels seus països per aconseguir una vida millor. Els refugiats fugen dels seus països per salvar la vida.” Krastev adverteix que en la seua obra fa servir indistintament “els termes immigrants, crisi migratòria i crisi dels refugiats”. Perquè tot i l’origen distint, remeten a una realitat comuna i tenen un efecte, al remat, combinat i compartit. “El món està ple d’estats fallits on ningú hi vol viure i Europa no té capacitat per acollir tot el món (ni els seus ciutadans la voluntat de posar-se d’acord per a obrir les fronteres).”

La crisi dels refugiats sumada a la percepció d’un augment exponencial d’una immigració incontrolada, amb la formació de nuclis molt nombrosos de persones de difícil encaix cultural i laboral, a la qual cosa s’afegeixen també visions d’horror relacionades amb el terrorisme islàmic, ha donat lloc a una veritable explosió de descontent europeu. Que ha alterat tots els paràmetres i posa en risc el futur d’Europa, almenys tal com l’havíem conegut i com la confiança liberal nodrida en els anys de bonança i de triomf de la post-guerra freda, havia permès contemplar. Tot plegat ha posat en qüestió la divisòria esquerra-dreta, amb l’auge dels partits populistes d’extrema dreta que guanyen en àrees de base obrera, avui plenes de perdedors de la globalització. Ha esquerdat el consens liberal basat en els drets humans i l’obertura de fronteres. Ha provocat un daltabaix en l’esquerra tradicional, amb el desdibuixament de la socialdemocràcia. I ha provocat la crisi més forta de la Unió Europea.

Por i inseguretat

Però el sentiment de precarietat i de prevenció angoixada davant un futur que no es presenta precisament falaguer va molt més enllà. Europa perd pes demogràfic en el món. Perd posicions en el terreny econòmic, comparada amb els grans poders consolidats o emergents, Estats Units, la Xina, l’Índia, Àsia oriental en general. Perd posicions en la cursa tecnològica. Depèn militarment dels Estats Units. S’enfronta a pressions i xantatges tous azimuts (molt especialment procedents de la Rússia de Putin). És vulnerable en termes geo-estratègics i de subministraments clau com el petroli que ve de l’Orient Mitjà. Ha interioritzat el risc omnipresent de les urpades del terrorisme islamista.

D’altra banda, el progrés tecnològic no para d’amortitzar llocs de treball, amb la qual cosa s’estén la por al futur, almenys el dels fills dels progenitors en actiu o amb pensió assegurada. Quan la seguretat s’imposa com a valor primer o únic, les llibertats i la democràcia passen a ser qüestions secundàries. L’envelliment demogràfic planteja la gran qüestió d’obrir Europa a la immigració, sense que això altere (massa) la manera de viure dels europeus. Missió impossible? Doncs aquest és el panorama real. Més enllà de les visions beatífiques o de la ingenuïtat benpensant.

La por i la inseguretat expliquen bastant pel que fa a l’evolució electoral d’Europa. En les recents eleccions europees, els partits d’extrema dreta han obtingut grans resultats en països clau, centrals, d’Europa com Itàlia i França. Els euròfobs britànics de Nigel Farrage han arrasat e la Gran Bretanya, confirmant la pulsió antieuropea d’una base obrera i popular britànica molt nodrida -que sintonitza més aviat amb l’electorat de Trump. Escòcia n’ha estat l’excepció. La dinàmica centrífuga s’ha instal·lat al Regne Unit. I a Europa en general. Sortosament, però, la socialdemocràcia ha reeixit a Holanda, a Dinamarca, a Espanya i a Portugal. I l’extrema dreta xenòfoba d’Alternative für Deutschland ha estat frenada a Alemanya. En canvi forces d’aquest signe, que no auguren res de bo per al futur de la cohesió europea, han triomfat a Hongria i a Polònia.

Cada país, cada societat, cada estat, té les seues determinants culturals, herència política, mentalitat particular i dimonis familiars que conjurar. Però l’onada de crisi global, d’inseguretat i de por, els acomuna a hores d’ara. Poques veus amb autoritat s’alcen per a dissenyar un nou futur, un nou començament, per a Europa. La precarietat del lideratge europeu és alhora causa i conseqüència de la crisi social i de valors que afecta el continent.

Divisió i projecte compartit

L’auge del nacional-populisme a Europa marca una inflexió. A Espanya també ha arribat, amb Vox, però no ha penetrat en les classes populars, per diverses raons que seria llarg d’explicar. Almenys fins ara. A Espanya el que destaca sobretot és la greu irresponsabilitat de la dreta liberal-conservadora, que seria el PP, en pactar alegrement i subscriure acords de govern amb els qui representen una amenaça existencial per a la democràcia i el futur d’Europa. Amb aquells que, embolicats en banderes i amb una retòrica del pitjor nacionalisme en nom d’Espanya, més mal poden fer a Espanya. Perquè el missatge que llancen té un tuf d’intolerància, autoritarisme, mà dura, repressió, incomprensió i tancament que -a més d’anar directament contra els valors incorporats a la Constitució del 1978- enfortiria enormement les tendències disgregadores perquè deixa molt clar que la meitat d’Espanya no cap a Espanya. I tot això en un país que, tot i els esforços per esborrar-la, té memòria. I que recorda allò que fa dir Franco: que s’imposaria “aunque tanga que fusilar a media España”.

No havíem superat ja tot això?

Aquest llibre d’Ivan Krastev és molt útil com a cartografia dels problemes i les divisòries que assetgen avui a Europa. La divisòria nord/sud i la divisòria est/oest. L’Europa democràtica i tolerant i l’Europa del nacionalisme excloent. L’Europa benestant i l’Europa de la precarietat. L’Europa que té confiança en ella mateixa i l’Europa desesperada que tanca els ulls a un passat d’horror que es podria reproduir.

La supervivència de la Unió Europea no està assegurada ni garantida. De fet, el llibre comença amb una referència a la fi abrupta de realitats que s’havien considerat sòlides i persistents. A la fi de l’imperi austro-hongarès per exemple. A la fi de l’Europa d’ahir, que va descriure en pàgines tan suggeridores Stefan Zweig.

Europa val la pena

Aquest llibre que afortunadament s’ha traduït i publicat per iniciativa de Joan Romero i que ha publicat la Universitat de València aporta múltiples ensenyaments. Com a aproximació al nacional-populisme és molt útil, perquè descriu i circumscriu el fenomen, la seua lògica (no naix del no-res), el malestar social que es troba en l’origen, i les seues claus de funcionament, la perversió del llenguatge que opera, les fal·làcies que difon. Com a toc d’atenció per a l’esquerra socialdemòcrata, en el sentit que de vegades canviar i transformar és fonamental per a sobreviure, és també molt valuós. Com a advertiment per a tots els qui pensen que Europa val la pena i que cal defensar-la activament, aquestes pàgines són rellevants. Europa és a hores d’ara un laboratori. Un espai, també, on s’enfronten arrelats i cosmopolites, benestants i precaris, població autòctona i immigrants, segments socials que se senten marginats i possiblement sobrers i els gurus de la tecnologia i l’obertura sense limitacions.

Itàlia, país molt innovador en política, ha caigut en mans de Matteo Salvini, l’inquietant líder de la Lega. A França, un país amb una greu crisi social latent com ha demostrat la revolta dels jupetins grocs, el partit de Marine Le Pen és la força més votada. Malestar enmig de la riquesa, absoluta i relativa: quina paradoxa!

Una pel·lícula recent, Com el peix fora de l’aigua, retrata el drama de la societat italiana, escindida entre elits europeistes benpensants, tecnocràtiques i benestants, i una base popular gens sofisticada, precària, que carrega amb el cost de la societat multicultural i globalitzada. Perquè el multiculturalisme i la globalització inherents al projecte liberal, i a la democràcia al capdavall, a la tolerància de la millor tradició europea, a les societats acollidores i obertes, també té un cost. Oblidar-ho és un greu error. I com va dir Churchill en un altre context, alguna cosa pitjor que un error: un crim. Un crim contra el futur democràtic d’Europa. I contra el futur tout court de la Unió. Europa val la pena, és un espai de llibertat i de seguretat vital com hi ha pocs al món. Però ha de pensar-se en termes globals i actuar per modular les tensions que destrossen el seu entorn geopolític. Superant les grans divisions internes i repensant el seu lloc al món. Perquè el món ha canviat molt en poc temps. Ja no és el de la confiança autosatisfeta del 1989. Ara és molt més complex, inhòspit i conflictiu. En part també per l’acció i la inacció d’una Europa que no ha après les dures lliçons del passat. Espanya es disposa a hores d’ara, amb Pedro Sánchez, a retornar al cor d’Europa, aportant idees i propostes. Esperem que faça alguna cosa positiva. Tinc els meus dubtes: la immaduresa democràtica que ha mostrat en el tractament d’allò que eufemísticament s’anomena la “crisi territorial” -la qüestió de Catalunya- i la inconsciència d’una dreta ignara, no auguren res de bo. En tot cas, els encarregats de la comesa farien bé de llegir aquest llibre. Com faria bé de llegir-lo qualsevol ciutadà conscient i preocupat pel futur de la nostra pàtria gran, que és Europa.

Apuntaré finalment una crítica. Em sembla que carrega massa les tintes en la crisi dels refugiats i la immigració. Potser deutor d’una conjuntura molt concreta, no s’estén en altres determinants, socials i econòmics, lligats a la fase actual del capitalisme, que també tenen molta importància. Una gran importància, al meu entendre.

La tendencia hacia la equiparación de las rentas por habitante de las regiones españolas, la convergencia regional, puede haber finalizado. Es más, en las últimas cuatro décadas la desigualdad territorial en España no ha dejado de aumentar. Y hay motivos para pensar que sólo estamos en el inicio de esta nueva dinámica. Además, las regiones “perdedoras” son las situadas por debajo del paralelo 40, la línea imaginaria que cruza la península de Oeste a Este por debajo de Madrid. La Comunitat Valenciana se encuentra, por tanto, entre ellas.

Antes de detallar la evidencia que apunta a esta conclusión, conviene destacar dos elementos que la enmarcan. Por un lado, el aumento de la desigualdad regional no es exclusivo de España. El repunte está presente en economías de nuestro entorno, como Francia, Italia o Gran Bretaña, pero también en países emergentes como China o India, cuyo crecimiento económico ha venido acompañado por la irrupción de grandes desequilibrios territoriales. Por otro, merece destacarse la relevancia que las instituciones o los medios internacionales otorgan a este hecho. Una buena prueba es que la Unión Europea (UE) destina más de un tercio de su presupuesto a políticas de cohesión; esto es, a combatir el aumento de la desigualdad territorial, o al menos, a tratar de matizarlo. Es igualmente ilustrativo que las victorias electorales de los partidarios del Brexit en el Reino Unido o de Donald Trump en Estados Unidos hayan sido interpretadas en medios como The Economist en clave territorial: zonas antaño prósperas como el Norte de Inglaterra o el corazón industrial de EEUU, que se hallan desde hace ya un tiempo en claro declive económico, han sido el granero de votos de uno y otro movimiento.

En cualquier caso, los actuales desequilibrios territoriales, y sus consecuencias sociales y políticas, son fruto de un proceso histórico cuya consideración es imprescindible para comprender la situación actual. También en España. Cabe subrayar, de entrada, que, en España, la desigualdad territorial es hoy más baja que al inicio del proceso de desarrollo económico, a mediados del siglo XIX. Y la renta media de sus habitantes muy superior a la de entonces. Sin embargo, en este siglo y medio, ha habido periodos de divergencia y de convergencia: la distancia económica entre las regiones aumentó entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y se redujo desde entonces hasta mediados de los años 1980, especialmente entre 1950 y 1980. No obstante, y esto resulta especialmente destacable, en la etapa iniciada con el acceso de la economía española a la UE las desigualdades territoriales han avanzado. Como consecuencia, la desigualdad económica regional dibuja una curva en forma de N. En la actualidad estamos iniciando su segundo tramo creciente.

El gráfico que se presenta a continuación sintetiza la conclusión anterior: representa la evolución a lo largo del tiempo de la desigualdad entre regiones (NUTS2 en la terminología de Eurostat) y provincias (NUTS3). En el eje vertical se representa, mediante puntos, el coeficiente de variación ponderado por la población de cada una de las áreas (regiones o provincias) en cada una de las fechas desde 1860 a 2015, mientras el ajuste de los mismos se refleja en las dos curvas incluidas. El gráfico muestra con claridad lo ya apuntado: desde el inicio del período hasta 1910, la desigualdad aumentó para empezar a disminuir desde entonces. Además, se observa que los valores mínimos coinciden con la fase final del proceso de industrialización de la economía española. Sin embargo, a partir de principios de los años ochenta la desigualdad vuelve a aumentar de manera sostenida, rompiendo la tendencia decreciente previa.

Esta trayectoria va unida a otros dos aspectos muy relevantes. Uno de ellos es la paulatina consolidación de dos conjuntos de regiones agrupadas en torno a diferentes niveles de renta per cápita. Si bien en sus inicios el crecimiento de la desigualdad se relacionó con el despegue de unos pocos territorios (Cataluña, País Vasco, Madrid) que se distanciaron de la media -en una dinámica bien conocida desde los trabajos de Williamson-, desde los años 1950, y con mayor intensidad a partir de 1980, se ha venido conformando una estructura regional de rentas cada vez más polarizada. Un nutrido grupo de regiones (País Vasco, Navarra, Madrid, Catalunya,...) se ha situado por encima de la media, mientras otro, no menos importante en términos de la población que suponen, se ha agrupado en torno a valores marcadamente inferiores a ésta (Extremadura, Canarias, Andalucía, Comunitat Valenciana,…). Es decir, en los últimos decenios, el aumento de la desigualdad ha agrupado tanto a las regiones como a las provincias en torno a dos niveles medios los cuales, a su vez, se están distanciando.

En segundo lugar, la localización geográfica de las regiones más (o menos) “ricas” ha registrado cambios significativos respecto a la situación inicial. En el arranque del proceso industrializador, no se observaba patrón geográfico alguno en los niveles de renta. Convivían a menudo regiones próximas relativamente ricas y relativamente pobres. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX se conformó, de forma gradual, un patrón espacial caracterizado por la existencia de un gradiente de rentas que recorría la península desde el Noreste, donde se localizaban las regiones más prósperas, hacia el Suroeste, que concentraba el mayor número de regiones relativamente “pobres”. Este mapa continuó consolidándose hasta los años 1980. Desde entonces, el dibujo ha derivado hacia una división mucho más nítida Norte-Sur, a la italiana. Los territorios de menor renta se concentran por debajo de un eje que recorre España, de Este a Oeste. Hoy, la España situada al Sur del paralelo 40 es cada vez más pobre (en términos relativos) que la ubicada por encima de éste.

La comprensión de la situación descrita hasta aquí no puede obviar el marco general de las transformaciones experimentadas por la economía mundial. El consenso entre los investigadores sobre la explicación de lo ocurrido en la etapa inicial se puede considerar unánime. Las primeras fases del desarrollo económico suelen ir acompañadas de un aumento de la desigualdad territorial, que posteriormente tiende a disminuir: la teoría del crecimiento económico ha explicado esta pauta de U-invertida como resultado de que los shocks tecnológicos que lo alimentan se concentran inicialmente en aquellas regiones con mejor dotación de factores o instituciones. Por tanto la desigualdad territorial tiende inicialmente a crecer. No obstante, la difusión de las nuevas tecnologías desde la región líder a las seguidoras provoca el inicio de un proceso de convergencia regional impulsado por el catch-up tecnológico y los flujos de factores.

Este marco global puede explicar también qué está sucediendo en los últimos decenios. En un entorno económico de mayor globalización, dominado por un intenso cambio tecnológico y un aumento de los intercambios, las desigualdades regionales pueden aumentar. Es decir, existe una relación positiva entre apertura comercial y desigualdad territorial. Diversos trabajos, en especial los de Christian Lessmann concluyen, asimismo, que con el aumento de la desigualdad regional en las últimas décadas se está fraguando una relación en forma de N entre desigualdades territoriales y desarrollo económico (similar a la curva en forma de elefante de Branco Milanovic).

En este sentido, las primeras décadas del siglo XXI se caracterizan por el intenso cambio tecnológico, vinculado a las TICs, y una creciente globalización de los mercados de bienes y servicios, y de los mercados de capitales, pero sin grandes flujos migratorios internacionales o regionales. Es en un escenario como éste en el que hay que situar los tres elementos claves vinculados a la desigualdad regional en España: primero, que la desigualdad regional está creciendo; segundo, que se está dando una polarización de rentas entre territorios relativamente ricos y pobres (en este sentido, el ejemplo europeo muestra una situación general de mayor protagonismo de las regiones que albergan las capitales de los estados); y tercero, que se está conformando un marcado y persistente patrón geográfico norte-sur.

Desde la perspectiva de la economía de la Comunitat Valenciana cabe destacar, al menos, tres consideraciones. La más obvia, y más incontrovertible, es que forma parte de aquellas “regiones perdedoras”. No es necesario volver a insistir aquí acerca de lo que de sobra conoce cualquier investigador que se haya aproximado a los datos estadísticos de carácter económico. La segunda es la necesidad de integrar lo que está sucediendo con su evolución dentro del contexto global que se ha esbozado en los párrafos previos. Y la tercera, y no menos importante, es la conveniencia de ser cautos en determinados asuntos, como por ejemplo, vincular la situación valenciana con la infrafinanciación. Dentro de las regiones pobres españolas se encuentran algunas (Extremadura, por ejemplo) que han gozado de una situación opuesta a la valenciana en este terreno sin que por ello, su trayectoria, dentro del contexto general apuntado en estas líneas, haya sido diferente.

Este aumento de las desigualdades regionales de renta, y la polarización, está generando en España, al igual que en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, la aparición de nuevos focos de tensión. En estas condiciones, no pueden sorprender fenómenos sociales que cuestionan los actuales ámbitos institucionales y territoriales de toma de decisiones (recentralización frente independentismo) o destacan algunos de los efectos asimétricos, en clave territorial, de la globalización (discurso anti-inmigratorio). Tal vez no seamos plenamente conscientes pero, en España, la creciente brecha de renta que separa a las regiones puede estar asentando la percepción de que hay territorios que “no importan”. Parafraseando al profesor Rodríguez-Pose, no deberíamos esperar desde la pasividad a que éstos ejecuten, aquí también, su “venganza política”.

*Alfonso Diez-Minguela, Julio Martinez-Galarraga y Daniel Tirado-Fabregat, profesores de Historia Económica de la Universitat de València y autores de 'Regional inequality in Spain, 1860-2015', Londres, Palgrave Macmillan, 2018

Probablemente una de las facetas más visibles, quién sabe si porque se trata de una de las pocas que existen, donde los ciudadanos hemos podido constatar diferencias entre el desempeño de los gobiernos municipales conservadores de Valencia entre 1991 y 2015 y el surgido del “Pacte de la Nau” que hizo alcalde a Joan Ribó hace cuatro años es la que se refiere a las políticas de movilidad urbana. De hecho, la prensa local más conservadora y los partidos de la oposición (tanto C’s y PP como Vox; que ha entrado en tromba en campaña empleando también, precisamente, esta cuestión) se han ceñido en estos años prácticamente en exclusiva a este tema a la hora de criticar la gestión de Compromís (muy especialmente), PSPV y Podem. No parece que el resto de las políticas municipales desarrolladas, más allá de que la oposición siempre piensa que la ciudad podría estar más limpia, ser más segura o aprobar los desarrollos urbanísticos de manera más presta, generen excesivo desacuerdo estructural. En cambio, la apuesta del pacte de la Nau, y más en concreto de su concejal de movilidad Giuseppe Grezzi, por ampliar la red de carriles-bici de la ciudad a costa de espacio hasta ahora destinado al automóvil, junto a leves incrementos y adecentamientos de zonas peatonales, ha desatado una tormenta política y mediática de enormes proporciones y, la verdad, digna de mejor causa.

Esta polémica es tanto más sorprendente cuanto la política de movilidad que se ha desarrollado desde 2015 es, en contra de lo que pudiera parecer por la reacción suscitada, más bien modesta. Basta para ello comparar lo realizado, unos 35 km de carril-bici en estos cuatro años, con lo que preveía el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia, aprobado en 2013, recordemos, por una corporación municipal donde el Partido Popular tenía una cómoda mayoría absoluta. En este Plan de Movilidad no sólo se contenían la mayoría de los carriles-bici que se han ejecutado (por ejemplo, el icónico carril, por cuanto todos los partidos de la oposición se han hecho fotos en él prometiendo su reversión caso de ganar las elección, de l’avinguda del Regne de València) y se especificaba que en el futuro todas estas infraestructuras deberían hacerse en calzada y nunca por las aceras, sino que además se preveían otros muchos más ambiciosos que, a día de hoy, no se han hecho: sirva de ejemplo la previsión contenida en el mismo de un carril-bici por las Grans Vies de la ciudad y, en concreto, también por la Gran Via del Marqués del Turia. Cualquier ciudadano con interés por estas cuestiones y lo que se preveía en el mencionado plan aprobado por el Partido Popular, por lo demás de una buena factura técnica y previo un estudio de la movilidad en la ciudad más que completo, lo tiene a su disposición en la web del Ajuntament de València, por lo que la consulta y comprobación de estos (y otros) extremos no puede ser más sencilla.

Pero no sólo los planes municipales aprobados hace ya 6 años para planificar la movilidad urbana en la ciudad, sino las propias promesas de partidos como PP y C’s en la campaña de 2015 muestran hasta qué punto lo realizado en la ciudad de Valencia por el gobierno de la Nau, por mucho que valiente a la vista de la reacción suscitada, no deja de ser una realización humilde. Así, el PP prometía en su programa electoral hacer en cuatro años 100 km de nuevo carril-bici ocupando espacio de la calzada. Ni más ni menos que el triple de lo que se ha ejecutado en medio de una escandalera enorme. Por su parte, C’s prometía hacer aún más carriles-bici segregados que el PP, hablando en ocasiones en algunos mítines de doblar esas cifras y abundaba en la idea de convertir Valencia en “la Ámsterdam del Mediterráneo”. Huelga decir que las restricciones al vehículo privado y al aparcamiento en el centro que son a día de hoy norma en la ciudad holandesa, incluyendo una casi completa peatonalización, están lejísimos de lo que tenemos en Valencia. Asimismo, los Países Bajos invierten casi 35 euros por habitante al año en infraestructura ciclista (con un excelente retorno, por cierto, en términos de salud y ambientales). Eso supondría, trasladado a Valencia (800.000 habitantes), una inversión anual de unos 28 millones de euros. Es decir, más de diez veces el dinero que se está dedicando en estos momentos en nuestra ciudad a infraestructura ciclista. Simplemente a partir de los programas y promesas electorales que presentaron PP y C’s en 2015 podríamos, pues, realizar muchas críticas al desempeño del govern de la Nau en estos años, pero en un sentido radicalmente contrario al que estamos leyendo y escuchando estos días. María José Catalá y Fernando Giner deberían explicar por qué no están exigiendo más inversión y más carriles-bici, cuando sus partidos y ellos mismos se afirmaban no hace tanto tiempo defensores de ir mucho más allá, pero mucho, de lo realizado estos años.

Algunas razones de peso para abandonar las viejas políticas y abrazar un nuevo modelo de movilidad

El caso es que no lo tendrían fácil, y quizás por eso no realizan el ejercicio, porque la postura correcta, como por lo demás muestran todos los ejemplos europeos comparados, era la que defendían hace unos años. Basta analizar la evolución de la movilidad urbana en el resto del continente, pero también en las ciudades españolas medianas, para constatar una evolución hacia un diseño urbano donde las peatonalizaciones en el centro son la norma y la circulación en coche por ciudad se restringe enormemente (siendo las avenidas de tres y cuatro carriles una absoluta excepción y las velocidades mayores a 30 km en zona urbana inconcebibles). En este sentido, la anomalía de Valencia es que tenemos todavía un centro accesible en coche, incluyendo la zona central de actividad de la ciudad, la hoy llamada plaza del Ayuntamiento, convertida en inmensa rotonda, lo que es algo absolutamente único ya a estas alturas en España, así como una red de avenidas generosísimas en carriles para los coches con una velocidades de circulación altísimas y peligrosas. No es extraño, por ello, que la tasa de siniestralidad y de muertes por atropello de viandantes y ciclistas en Valencia sea de las más altas de las ciudades de su tamaño entre los países de Europa occidental.

Junto a consideraciones obvias de seguridad y de reparto del espacio público, pues no puede permitirse que sea monopolizado en beneficio de la reducida fracción de ciudadanos que se empeñan en hacer uso del coche en todos sus desplazamientos y del aún más pequeño porcentaje que sí lo puede necesitar (a los que hay que ofrecer alternativas, que en parte pasan por impedir o dificultar a los del primer grupo señalado que sigan acudiendo en coche a todas partes), la dimensión ambiental supone otro vector obvio que nos empuja en la misma dirección. A estas alturas no parece necesario incidir en los retos que plantea el cambio climático a escala global. Pero como este tipo de problemas globales, que afectan poco al día a día de los ciudadanos y requieren que no sólo cambiemos nuestros hábitos sino que lo haga mucha más gente en todo el planeta son difíciles banderines de enganche, mejor recordar algunos de los efectos de la contaminación que sufre Valencia que inciden directamente sobre sus vecinos en forma de problemas respiratorios, alergias, asmas y demás. La incidencia de este tipo de dolencias se ha multiplicado en los últimos años en paralelo al aumento de la contaminación atmosférica y la relación causal entre esta última y aquéllas, además, está ya más que acreditada y establecida. El número exacto de muertes directamente vinculadas a esta situación puede ser discutible, pero nadie que haya tenido a una persona cercana aquejada de este tipo de problemas ignora ya hasta qué punto la contaminación las agrava. Otro colectivo particularmente afectado son los niños, en particular los más pequeños. Enfermedades prácticamente anecdóticas hace años, como las bronquiolitis, son ahora una plaga entre niños y niñas, como cualquiera que esté rodeado de parejas en edad reproductiva puede comprobar. La contaminación en la ciudad de Valencia, muy vinculada al enorme incremento del tráfico metropolitano y a la actividad del puerto (asunto éste sobre el que también habría que actuar a la mayor brevedad), ambas altamente nocivas, debería ser mucho menor de lo que es, por tener un régimen de brisas regular. Sin embargo, la ausencia de medidas decididas para atajar las fuentes de polución está provocando que, increíblemente, tengamos uno de los aires más contaminados de España e, incluso, de Europa.

Una nueva política de movilidad urbana para Valencia y su área metropolitana

Las políticas de movilidad que necesita una ciudad como Valencia, para mejorar la vida de los vecinos en todas estas vertientes, son bastante obvias y requieren de la defensa y profundización de los pasos ya acometidos. En este sentido, es también exigible a los medios de comunicación valencianos que, en lugar de difundir cuestionables y alarmistas informaciones sobre atascos puntuales en algunas vías (cuya fluidez es puesta de manifiesto a diario por los ciudadanos que pasean o circulan por ellas y comparten regularmente, atónitos, fotos que muestran hasta qué punto la catastrofista visión sobre la situación de las mismas que suelen difundir los grandes medios no se compadece con la realidad), pasen a informar sobre los efectos de la contaminación y la situación real de la movilidad urbana y metropolitana en Valencia, sus problemas y la imperiosa necesidad de reorientar no pocas inversiones que se hace cada día más patente. Resulta muy llamativo el desinterés de nuestros medios de comunicación, al menos hasta la fecha, por dar información completa y rigurosa sobre estas cuestiones, máxime cuando es relativamente fácil lograr datos y contrastarlos con el ejemplo comparado.

Así, y para una ciudad de unos 800.000 habitantes y un área metropolitana de millón y medio de habitantes, es llamativo el pésimo servicio de cercanías que ofrece Renfe y su estancamiento desde hace ya una década larga, en torno a 15 millones de pasajeros anuales que no se incrementan porque, sencillamente, el servicio ofrecido no es competitivo. Se trata de una cifra ridícula, que tiene que ver con una gestión tercermundista (trenes anticuados, frecuencias lamentables, tiempos de viaje de hace un siglo) de ejes como el de la A3 (líneas C-3 y C-4), la directa inexistencia de servicio digno de ese nombre en zonas como la del valle del Palancia (C-5) y la saturación y falta de frecuencias en las únicas líneas que sí dan un servicio más o menos digno a ejes de comunicación básicos, como el norte hacia Castelló (C-6), el sur hacia Gandia (C-1) y el sudoeste hacia Xàtiva (C-2). Al margen de la necesidad de invertir para evitar estos problemas, el hecho único de que una ciudad de casi un millón de habitantes siga careciendo de estación y túnel pasantes, esperados desde hace más de 30 años (ya fueron previstos en el PGOU de 1988) por la nula inversión estatal, limita además enormemente las posibilidades de la red de Cercanías. Por contrastar, y a pesar de sus carencias y la necesidad de inversiones y de mejoras (especialmente en las líneas que cubren el eje del Túria, con tiempos de viaje y frecuencias inaceptables), Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) transporta a unos 70 millones de viajeros al año, con incrementos acumulados desde 2015 de más de un 10%. Mientras tanto, la mucho más humilde Empresa Municipal de Transports (EMT) de Valencia transporta al año casi a 100 millones de viajeros en sus autobuses, también con incrementos acumulados de más de un 10% de los pasajeros en los últimos cuatro años. El contraste con la dejadez de Renfe y sus cercanías es enorme. Habría que exigir inversiones en consonancia con estas necesidades, pues es inaceptable, además, que el Ministerio de Fomento del Gobierno de España se empeñe en dilapidar recursos públicos en obras de dudosa necesidad (ampliaciones de las diversas entradas en automóvil a la ciudad de Valencia o del by-pass, todas ellas ya en marcha) cuando hay carencias mucho más graves y, por ello, actuaciones que deberían ser prioritarias sin atender. Por supuesto, y como guinda, la integración tarifaria de los medios públicos de transporte en el área metropolitana sigue sin ser completa por culpa de… la negativa de Fomento a incluir a Renfe en la misma.

Respecto de las políticas estrictamente urbanas en materia de movilidad, las líneas básicas están ya plasmadas en el PMUS de 2013 (recordemos, aprobado por el PP), que habría de aplicarse en su integridad y desarrollarse de manera ambiciosa a la menor brevedad. Así, hay que completar todos los itinerarios y grandes ejes de movilidad peatonal que se preveían en el mencionado Plan, combinando esto con una generalizada ampliación de aceras y mejora de pasos peatonales, porosidad para el paseo y calidad urbana (sombras, seguridad…) que incentiven los desplazamientos a pie. Junto a ello, ha de proseguirse con la política de movilidad de estos años, en forma de construcción de carriles-bici, que han de ir siempre por calzada. El objetivo a corto plazo ha de ser que todas las vías de dos o más carriles de la ciudad cuenten con carriles-bici segregados en los dos sentidos de circulación antes de 2023, mientras que las vías de un solo carril deberían ser siempre vías con velocidad máxima a 20km/h que permitan la convivencia de todo tipo de vehículos (y la circulación en contradirección, como en el resto de Europa, de los vehículos que no son a motor). Se trata de objetivos sencillos y globales, fáciles de lograr a corto plazo y que conllevan un diseño de ciudad y de la movilidad coherente, que han de ir acompañados de la paulatina mejora (que requiere de más inversión) de la calidad urbana de estas intervenciones (arbolado, segregación blanda, mejora del pavimento) y, por supuesto, de la total restricción al tráfico a motor privado, salvo para residentes, de todo el centro de la ciudad (al menos, desde la ronda interior hacia adentro). Una movilidad urbana así diseñada, como es obvio, ha de ser completada por una reordenación ambiciosa de las líneas de la EMT, así como de una potenciación de su uso, ofreciendo tarifas reducidas para colectivos vulnerables que incluso debería tender a medio plazo hacia la gratuidad del servicio, en línea con lo que ya empieza a ocurrir en algunas ciudades europeas. Todas estas medidas, así como las propuestas a escala metropolitana, se complementan unas a otras y producen aún mejores y mayores efectos cuando se ponen en marcha conjuntamente, pero es evidente que ello no empece para que se hayan de ir desarrollando, al menos, todas aquellas que sea posible poner en marcha a partir de la disponibilidad presupuestaria existente en cuanto sea posible.

Sin embargo, nada de lo aquí señalado, sorprendentemente, está siendo tratado por los medios de comunicación ni forma parte del debate político. Ni del de campaña, más encendido; ni del ordinario, más estructural. Vivimos una situación surrealista donde se critica por supuestos excesos a quienes, si han pecado por algo estos años, ha sido más bien de prudentes (con una cautela quizás comprensible, dada la virulenta reacción y la escasez de fondos públicos disponibles, pero que sinceramente ha sido mayor de la deseable) y por no apostar con mucha más profundidad por una transformación global de la movilidad urbana en Valencia. Donde los medios de comunicación publican portadas casi a diario con quejas absurdas respecto de carriles-bici y medidas de pacificación del tráfico mientras nada se informa sobre los problemas graves de movilidad urbana y metropolitana y de contaminación que padecemos. Donde la ciudad oficial, el debate sobre la misma y la conversación pública de medios y políticos van en una dirección que nada tiene que ver con el signo de los tiempos, lo que se hace en todas las ciudades a las que nos querríamos parecer… ni con lo que hacen los ciudadanos en su día a día, que inundan de bicicletas, patinetes eléctricos y otros vehículos sostenibles cada carril-bici que se inaugura a las pocas horas de la puesta en servicio de la infraestructura, hasta el punto de que el anillo ciclista de la ronda interior, con puntos con más de 5.000 circulaciones diarias, se ha convertido ya muy probablemente (a partir de los datos disponibles) en la vía por donde más bicicletas pasan en alguno de sus puntos cada día de todos los países de la cuenca del Mediterráneo. Tarde o temprano tendremos que abandonar el estado de negación en que vive la Valencia oficial y hacer caso a esta Valencia real, porque la cosa cae por su propio peso. Tanto que, en el fondo, si hay un aspecto en que da un poco igual quién gane las próximas elecciones municipales es justamente este. Tanto el PSPV, a pesar de las manifiestas reticencias que ha venido expresando sobre estas políticas, como PP y C’s, con sus críticas abiertas al modelo, e incluso Vox, que las asume multiplicadas y ampliadas, caso de que ganaran las elecciones y fueran los llamados a regir los destinos de la ciudad de Valencia, tendrían que hacer exactamente lo mismo que se ha venido haciendo y acabarían por adoptar las líneas de acción señaladas. Quien gane las próximas elecciones, por ejemplo, y sea quien sea, deberá cerrar el centro urbano al tráfico de vehículos privados a motor tarde o temprano. Ni la dinámica europea ni la ciudadana interna permitirán otra cosa.

Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València–Estudi General, autor con la Profesora Reyes Marzal Raga del libro “Ciudad y movilidad. La regulación de la movilidad urbana sostenible”, PUV, 2014. Miembro de la Mesa de la Mobilitat de València desde lsu creación.Andrés Boix Palop

Aunque hubo unos tiempos en los que las obras portuarias aportaban evidentes beneficios económicos a la región circundante y nuevos espacios públicos para las ciudades, la globalización y la carrera desenfrenada en algunos casos por captar tráficos a toda costa han generado efectos muy negativos en las costas y en las áreas urbanas. Ese es el caso de València.

Globalización y transporte marítimo

El transporte marítimo canaliza nada menos que el 90% de las mercancías que se mueven por el planeta. Solamente desde un avión podríamos observar las rutas de los mercantes por esos mares. Los puertos, lugar de intercambio mar-tierra-mar son cada vez más grandes y están más alejados de las ciudades, y resulta paradójico que los tamaños de los grandes buques portacontenedores -algunos alcanzan ya los 400 m de eslora- queden ocultos a la vista de la gente.

La gran revolución en el tráfico marítimo se inició con el invento del contenedor, grandes cajas metálicas donde cabe casi todo. Este hecho simplificó de manera decisiva la cadena de trasiego de las mercancías en tierra, y ha reducido la gestión de las expediciones, con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías. Un invento que se originó cuando un transportista metió su camión cargado en el barco para evitar las colas eliminando posteriormente las ruedas y el motor para dejar solo la caja de carga.

El documental Freightened (“El coste real del transporte marítimo”) nos muestra cómo el contenido de esos grandes cajones metálicos, solo resulta conocido por quien expide y por quien recibe la mercancía. En medio, los controles son, como media, porcentualmente insignificantes para garantizar la seguridad frente a mercancías extrañas entrometidas en la carga general.

La razón de que dicho transporte invade nuestros mercados con productos de precios tan bajos tiene que ver, obviamente, con el hecho de que como señala Noam Chomsky en el propio documental, no prestamos atención a los costes, que pagamos entre todos, consecuencia del uso de los principios básicos del mercado. Es el caso de las “mareas transparentes”, invisibles: contaminación de las aguas, incluyendo la sónica, que altera la vida de muchas especies, como las ballenas que cada vez más pierden la orientación y mueren varadas en las playas, y la del aire. Hay que tener en cuenta que los barcos consumen el combustible más sucio del mundo y que las emisiones de azufre de uno solo de esos buques tiene dimensiones estratosféricas, con lo que “las áreas portuarias son la vanguardia de la contaminación sigilosa que no tiene fronteras”.

Si añadimos en qué condiciones se producen la mayoría de las mercancías que inundan nuestros mercados -sueldos de miseria en las fábricas de origen y condiciones degradantes para los marineros que las transportan- entendemos por qué muchos productos importados, por ejemplo frutas y hortalizas, son más competitivos que los equivalentes que tenemos en nuestras huertas.

València: un puerto contra natura

Los grandes puertos mundiales, también los más pequeños, se construyeron aprovechando las condiciones favorables al abrigo natural de la costa o de los estuarios fluviales. Disponer de aguas tranquilas y con suficiente calado son dos condiciones necesarias para realizar las operaciones de carga y descarga, y para ello se construyeron los diques que protegen del oleaje y los muelles que permiten el atraque, elementos básicos en la configuración de los puertos. Un vistazo a la geografía de esos puertos, tanto peninsulares como internacionales, para comprobar la 'anomalía' que supone el de València en este aspecto.

Ya hemos explicado en otras ocasiones que el Puerto de València ha crecido contra unas condiciones geomorfológicas de la costa -sin abrigo natural, poca pendiente de la plataforma costera y por tanto de escaso calado, con la presencia de la desembocadura de un río de régimen torrencial- nada favorables para este tipo de instalaciones.

En parte, así lo reconocía su director Luis Dicenta en la memoria del Puerto (enero 1942- diciembre 1949) “Sobre su historia, progreso y desarrollo” en la que se refería a la “ímproba labor desarrollada por el Estado (…) para dotar a esta región de un tan preciado medio de comunicación, que da un valor a toda la agricultura y comercio de su 'hinterland' que justifica cualquier sacrificio que para mantenerlo y mejorarlo sea preciso (…) pues nadie, si es buen valenciano, debe ignorar ni olvidar el esfuerzo que representa crear y mantener un puerto completamente artificial, sin abrigo natural, y lo que su fracaso u (sic) abandono hubiera representado para la Economía Regional…”

“Que justifica cualquier sacrificio”… “que nadie, si es buen valenciano”… una línea argumental que se ha venido utilizando para este y otros proyectos de gran impacto.

En el documento “La València de los Noventa” (publicación del Ayuntamiento, 1987) se puede leer: “Una ciudad que se abre al Mediterráneo debe contar con el Puerto como elemento básico de su estructura económica, pues el desarrollo de la actividad portuaria es determinante para el progreso del municipio, de su área metropolitana e incluso del conjunto regional”. Una declaración análoga aparecía en el Avance del plan general de la ciudad de 1988. En esos años, el Puerto todavía no había iniciado su expansión sur, que afectaría directamente al barrio de Natzaret, y que ya había alterado el equilibrio de las playas colindantes (acreción de arenas al norte, regresión de la costa al sur) por el efecto barrera de su dique del este.

En 2008, cuando ya estaba en marcha la macroampliación norte, pocas voces alertaron de sus previsibles nuevos efectos negativos para el entorno. Al margen de algunos artículos del colectivo Terra Crítica hay que lamentar las escasas reacciones desde la Academia.

En 2006, el catedrático de la UPV Josep Ramon Medina, en una alegación dirigida a la Autoridad Portuaria, cuestionaba esa ampliación y solicitaba una demora en su aplicación por los previsibles efectos que podría causar precisamente, esta vez, sobre esas playas del norte. Añadiendo consideraciones que con frecuencia han quedado al margen en el debate -afección al paisaje, contaminación sónica- su escrito finalizaba afirmando que “ Es absurdo dedicarse a facilitar las importaciones sacrificando recursos naturales que van ser necesarios en el futuro para desarrollar actividades sostenibles de alto valor añadido (turismo). En resumen, la ampliación propuesta no está justificada por capacidad, no está justificada por razones económicas y genera unos daños ambientales que pueden evitarse.”

En 2008 el profesor de Geografía de la Universitat de València, Josep Vicent Boira, en un debate en el Colegio de Arquitectos, se mostraba muy crítico con la anunciada macroampliación norte porque según él (ver diario Levante 07/06/2008) el puerto había roto el pacto que estableció años antes con la ciudad para crecer por el sur y respetar las playas urbanas del norte (Malva-rosa y Arenas) sin haberlo debatido con la ciudad.

Creo que habría bastado la declaración como Parque Natural de la Albufera en 1986 para bloquear cualquier crecimiento exterior del puerto, cuyos efectos sobre la costa ya estaban sobradamente probados en aquellos años, por más que la alteración del equilibrio costero tiene también su origen en la disminución de aportes sólidos de nuestros ríos.

De nuevo, no era la única opción para una expansión portuaria. El puerto “de València” no tenía por qué estar en el término municipal, ya que su interés no es local, sino regional. Muchos de los puertos de las grandes ciudades portuarias históricas se han trasladado en las últimas décadas lejos de los cascos urbanos, a 20 o incluso 50 kilómetros. La opción inteligente, en nuestro caso, habría sido -sigue siendo hoy- el crecimiento en Sagunto.

El Puerto y la economía regional

Hasta mediados del siglo XX el de València era un puerto mediano que en su momento desempeñó un papel importante en nuestras exportaciones. Las sucesivas macroampliaciones iniciadas a mediados de los noventa le han situado en una escala muy diferente, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional.

Hoy ya se encuentran construidos los diques de abrigo de la última ampliación hacia el norte y el reciente acuerdo para completar el recinto supondrá, de llevarse a cabo, la práctica duplicación del puerto actual. La fulgurante carrera tiene por objetivo convertir al Puerto de València en el gran redistribuidor de contenedores del Mediterráneo.

En 2010, el profesor Juan Piqueras (Facultad de Geografía de la Universidad de València) cuestionaba (diario Levante 9/10/2010) la supuesta incidencia positiva y reiteradamente proclamada del Puerto en la economía regional. “A la vista de la composición del tráfico y de la modesta y estancada representación de la exportación valenciana, cabe preguntarse si están justificadas tanto las obras de ampliación del mismo, ya en ejecución, que aumentarán a casi el doble la capacidad del mismo, y el tan solicitado acceso norte. Se nos está vendiendo, con la colaboración de unos medios de comunicación muy dados también a ensalzar y alimentar glorias y eventos, la gran necesidad de contar con un gran puerto, pero no uno cualquiera, sino el más grande del Mediterráneo, sin explicar a la opinión pública cuál pueda ser su repercusión sobre la economía regional ni de qué magnitud su tremendo impacto ambiental sobre las playas. De grandes obras deberíamos estar ya escarmentados”. Han pasado casi diez años y esta duda sigue sin resolverse: “ La cuestión es si esta demanda por parte de la Autoridad Portuaria responde realmente a las necesidades locales o si por el contrario el coste y el impacto de las obras tienen otro tipo de justificación puramente empresarial y privado”.

Enlazando con las observaciones del profesor Piqueras, cabe preguntarse por tanto qué hay dentro de los contenedores que entran y salen del puerto de València, cuyo número es la auténtica -y parece que única- referencia en la competición a la que asistimos desde hace años por ver quién mueve más contenedores en el Mediterráneo. Fijar el número de estos como único indicador del “éxito” del Puerto -aspira a mover 12 millones- resulta una simplificación excesiva. En 2017, de los 4.745.000 de TEUs (unidades estándar de contenedores) movidos en el puerto de València, el 46% eran contenedores en tránsito (de un barco a otro), sólo un 32% de carga y descarga comercial, y hasta un 22% contenedores vacíos.

Y lo que es más importante, qué empresas están controlando las terminales marítimas y si realmente están pagando todos los costes que originan. Todo apunta a que esta última cuestión, clave en el trasiego de mercancías por cualquier medio, solo se puede dilucidar si la contabilidad incluye los costes externos, tanto los ambientales como los sociales o estrictamente económicos.

La potente campaña de la APV (Autoridad Portuaria de València) y de los grupos económicos asociados defendiendo el crecimiento de las instalaciones y sus accesos -con el argumento de beneficios para la economía y el empleo- no se puede zanjar sin un debate profundo, teniendo en cuenta que no se puede pedir, sin más, un acto de fe a los ciudadanos en un asunto tan importante.

Tomemos una muestra reciente de esa campaña. En sendos artículos publicados en unas páginas especiales promocionadas en la prensa local, Pedro Coca, presidente de Propeller (Asociación de directivos y empresarios logísticos) descalifica abiertamente (ignorancia, insensatez, frivolidad, demagogia…) a quienes cuestionan, o simplemente matizan, los planes de la APV, y a quienes se muestran contrarios al plan de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas).

Más razonable sería que quienes defienden los planes del Puerto con tanto entusiasmo presentaran los informes que avalan esas expectativas, y se prestaran a debatirlos. Algunas preguntas surgen a continuación. ¿Qué hay dentro de los contenedores que entran y salen del puerto? ¿Cuál es realmente la incidencia en la economía regional, más allá de lo que supone el movimiento de contenedores? ¿Cuál es el valor de las exportaciones y de las importaciones? ¿Compiten de manera desleal algunos de los productos importados con los locales?¿Se han tenido en cuenta los costes externos de las operaciones? ¿Cómo se evalúan los impactos en las playas circundantes? ¿Qué controles se están llevando a cabo sobre las obras de ampliación y sobre el seguimiento de la evolución de las costas?...¿Y la contaminación que generan los buques, tanto en el agua como en el aire? ¿Cómo se va a evitar que el Puerto, que es una instalación pública, quede en manos de un reducido grupo de operadores logísticos o empresas navieras? ¿Pagan esos operadores realmente los costes que dichas operaciones causan a la ciudad y a la economía local o los repercuten en los contribuyentes? ¿Por qué se da por supuesto que los nuevos accesos terrestres, según la lógica expansiva, han de ser financiadas por los presupuestos públicos?...

En resumen, cómo se están haciendo las cuentas globales y por qué no se habla del coste de oportunidad de toda esa gigantesca inversión. ¿De veras queremos ser los primeros en Europa en mover contenedores, o sería preferible, por ejemplo, mejorar nuestro sector del conocimiento o ser punteros en proyectos de transición ecológica?...

Más puerto, menos ciudad

Aunque València es una ciudad de origen fluvial, su progresivo crecimiento hacia el Este ha llegado hasta la zona portuaria, muy exigua en sus inicios como hemos señalado. Los sucesivos planes urbanísticos (1946, 1966 y 1988) han obviado referirse al territorio portuario como propio de la ciudad, más bien lo han considerado como un enclave que tiene su propio y particular estatuto de autonomía. (Antes de la ampulosa denominación actual de “Autoridad Portuaria” se denominó “Puerto Autónomo”, sustituyendo a la antigua “Junta de Obras”).

En consecuencia, la ordenación interior de ese recinto se ha dejado en manos de las sucesivas directivas portuarias. Sin poder tomar decisiones en su interior -digamos no obstante que el gobierno local dispone de representación en el consejo del Puerto- el municipio se ha avenido a recoger en el planeamiento las infraestructuras que este ha venido reclamando, véase el acceso sur desde la V30 que recogía el plan general de 1988 a cambio de poder recibir en su momento las instalaciones de la dársena histórica que ya no servían para las operaciones portuarias de mayor calado.

Desde entonces, el debate puerto-ciudad no ha bajado en intensidad, si bien, a la vista de los resultados, se viene desarrollando en un tablero asimétrico, donde la ciudad ha ido a remolque de los planes y ocurrencias del Puerto. Una de las más llamativas, la construcción de un puente levadizo para el ferrocarril que sufrió diversas mutaciones por la Copa del América y del circuito de Fórmula 1 y que , con ayuda de fondos europeos, costó más de 30 millones de euros. Ambos eventos, por cierto, apoyados en las instalaciones portuarias, han dejado una profunda huella en las cuentas públicas, por no hablar de otras travesuras.

La fachada costera de la ciudad, unos 25 kilómetos (si nos ceñimos a los límites administrativos) resulta un activo de incalculable valor, tanto si lo consideramos en términos sociales como en términos económicos. Junto con nuestro clima, la Huerta, y el Parque Natural de la Albufera convierten a València en una de las ciudades más atractivas de nuestro Mediterráneo. Las políticas públicas, en lugar de aprovechar (poner en valor como se dice ahora) esos activos, se han dedicado en muchos casos a retorcerlos y devaluarlos. No resulta exagerado reconocer que el Puerto -que ocupa casi 5 de esos kilómetros de costa- ha alterado y devaluado profundamente dicha fachada litoral.

El Puerto ha contado con todo tipo de bendiciones para sus proyectos , sin que siquiera el Ayuntamiento exigiera las contrapartidas que figuraban en los sucesivos convenios bilaterales. El cambio de gobiernos que se produjo en 2015 -municipal y autonómico- no parece haber modificado las relaciones de poder entre el Puerto y la ciudad.

La doble herida en la huerta de La Punta

Desde finales de los 90, la pretendida construcción de la ZAL, un polígono logístico en plena huerta protegida - plan anulado por los tribunales superiores en tres sentencias- lleva camino de convertirse en uno de los capítulos más lacerantes y absurdos de la historia de nuestra ciudad. Su origen se sitúa en un doble atentado, patrimonial y humano, que arrebató una buena parte de huerta productiva y expulsó de mala manera a sus habitantes.

Justo antes del cambio político citado se presentó un nuevo plan maquillado para legalizar la ZAL, un plan que acaba de ser aprobado por la autoridad urbanística, a pesar, de nuevo, de su dudosa legalidad: se desarrolla sobre suelo que legalmente sigue siendo “no urbanizable de especial protección”, acorde con el PGOU vigente de 1988.

A pesar de que la APV ha manifestado en varias ocasiones que el espacio expropiado se les queda pequeño para sus planes, no es cierto que la única salida sea la construcción del citado polígono logístico. Físicamente, se arrasaron huerta y alquerías y se han construido viales, por lo que no se puede revivir la Huerta de La Punta tal como existía, con su tejido físico productivo y humano de residentes y agricultores. Aunque cabe recordar que muy cerca de allí, gran parte del destrozo de El Saler se recuperó eliminando calles, aparcamientos y paseo marítimo, y regenerando el cordón dunar. No despreciemos la capacidad de la Naturaleza para recuperarse de grandes heridas.

Pensemos, sin embargo, que esa gran parcela puede seguir cumpliendo unas funciones ambientales irremplazables, como argumenta la Coordinadora Per l’Horta: corredor verde entre el Parque Natural de la Albufera y el anunciado parque urbano de la desembocadura, y por él con el Jardín del Túria. Al tiempo, garantizando la única entrada de brisas que todavía refrigeran la ciudad; permitir una futura recuperación parcial de la huerta, y sobre todo, evitar la futura degradación y ocupación de las partidas contiguas.

¿Y la ZAL?... La ubicación razonable, como ya se proponía en 1993, es situarla en Sagunto, con amplia disponibilidad de suelo y a donde ya se están dirigiendo las apuestas logísticas de las empresas valencianas realmente existentes.

Última hora: el eterno retorno del monstruo del Lago Ness

No es la primera vez que me refiero al pretendido acceso Norte al puerto como ese monstruo legendario que de cuando en cuando, aparece y desaparece.

Hace unos días, el presidente de la Generalitat Valenciana y el de la APV comparecían para anunciar el compromiso de la Administración central y del Puerto para financiar ese proyecto. Puestos a dar una cifra inicial, han hablado de 400 Millones.

Los escritos y la reciente propuesta de un grupo de profesionales para resolver el nudo ferroviario metropolitano, vienen alertando sobre el peligro evidente que supone seguir apostando por la carretera para redistribuir las mercancías que mueve el Puerto y otros operadores. Los valedores del 'Corredor Mediterráneo' deberían aceptar la idea de un by-pass ferroviario en entre Silla y Sagunto, que serviría para conectar las zonas logísticas del recorrido, y también el Puerto, evitando el impacto en la capital.

Por el contrario, lanzar de nuevo la idea de una costosísima actuación, esta vez mutada en submarina, para conectar los puertos de Sagunto y València resulta una apuesta indefendible por sus costes ambientales, y de difícil justificación funcional. Esta ocurrencia va ligada, obviamente, a la ya comentada macroampliación norte que todavía no está completada, y supone una hipoteca de dimensiones gigantescas para la ciudad y su entorno.

En conjunto, pues, las afecciones ambientales y urbanísticas permiten referirse a los planes actuales del Puerto como los de mayor impacto para el futuro de la ciudad, comparable con el que en su momento produjo el famoso Plan Sur. Todo ello nos lleva a exigir un amplio debate, superando de nuevo los argumentos como el expresado por el presidente Puig en la comparecencia citada cuando se refiere a la previsible inversión que generará “…la creación de miles de puestos de trabajo y actuará de potente motor de creación de empleo, riqueza y bienestar para toda la Comunitat Valenciana”.

Si el Puerto y las instituciones que lo tutelan justifican razonadamente sus necesidades futuras, han de asumir que no todo cabe ya en València y en su frágil y castigado entorno. En cualquier caso, el debate ha de ampliarse a todo el cuerpo social afectado. Todavía estamos a tiempo.

* Joan Olmos es doctor Ingeniero de Caminos y profesor Titular de Universidad. Fue Director general de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana entre 1983 y 1988.

Lo acaba de recordar la actualización de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hace poco: la Comunidad Valenciana se consolida como una de las comunidades autónomas de la España pobre; entre aquellas cuyo PIB por habitante es más bajo. La favorable, y tan publicitada, tasa de crecimiento en años recientes, ahora en desaceleración, no puede ocultar la realidad, por más que se intenta desde diversos frentes: el indicador más favorable del nivel de bienestar, el PIB por habitante, está anclado en las posiciones de cola de las 17 Comunidades Autónomas.

El cuadro siguiente del propio INE lo constata. En 2017 su nivel queda muy por debajo de las CCAA de cabeza, con la Comunidad de Madrid en primer lugar. Y a una distancia considerable: el PIB por habitante en ésta es un 53,5% superior al valenciano. No es todo: la media española sigue estando 13 puntos por encima y la de la UE 36 puntos porcentuales. Y eso que, como es conocido, de ella forman parte países de muy baja renta por habitante como la inmensa mayoría de los incorporados desde 2004. Sin este bloque del Este del continente; comparada con la Europa a la que siempre ha mirado la Comunidad Valenciana, la Europa que sigue siendo hoy nuestra referencia, la distancia es espectacular.

Los datos estadísticos se pueden retorcer todo lo que se quiera. Se puede, así, configurar bloques de regiones diversos para tratar de que el resultado de la comparación sea más benévolo. Pero no por ello se modifica la situación: desde hace décadas, y de modo sostenido, el nivel de PIB por habitante de los valencianos viene alejándose del de la España rica. Incluso en el más optimista de los escenarios de largo plazo con el que contamos, el elaborado recientemente por Ángel de la Fuente para BBVA Research, (Angel de la Fuente, 2018) la Comunidad Valenciana ha quedado fuera del mísero proceso de convergencia de la renta por habitante regional que ha tenido lugar entre 1955 y 2016. Al contrario: ha divergido. Al inicio del período, estaba un diez por ciento por encima de la media española. Hoy está un quince por ciento debajo de ella. Un hecho que ha sido poco o nada destacado y que la evolución demográfica (el divisor) no explica. Textualmente: “A mediados de los cincuenta [del siglo XX], la renta per cápita valenciana era casi diez puntos superior a la media y en suave ascenso. Tras 1960, la comunidad pierde terreno hasta alcanzar la media nacional, donde se mantiene casi tres décadas y luego pierde otros diez puntos en los quince años finales del período.” (p. 32).

Calificar esta trayectoria de preocupante no es alarmismo. A la misma, por otro lado, se la puede dotar de una perspectiva de muy largo plazo gracias a la investigación sobre las desigualdades regionales en el crecimiento de la economía española desde 1860 (Daniel A. Tirado, Alfonso Díez Minguela y Julio Martínez Galarraga, 2016). Y la conclusión es igual de poco tranquilizadora. La información demuestra que la negativa evolución relativa del PIB por habitante valenciano (tanto respecto a la media española como a la aquí denominada España rica) en las últimas décadas es excepcional. En los 130 años anteriores a 1990, no ha habido ningún otro período en el cual la pérdida de posición relativa haya sido ni tan continuada ni tan intensa. A la vista de esta tendencia, iniciada hace ya cuatro décadas, no es exagerado hablar de declive de la economía valenciana, por más que éste no sea absoluto. En esos cuarenta años la renta de los valencianos ha aumentado. Pero mucho menos que la de los habitantes de otras áreas geográficas. La consecuencia es que no ha dejado de alejarse del de aquellas donde el nivel de bienestar (medido por este indicador) es mayor.

A lo anterior se suma otro hecho relevante. Al no haber sido brillante la evolución española durante esos decenios, a pesar de la burbuja inmobiliaria, se ha producido una divergencia creciente de la media española respecto a la de los países más avanzados del continente europeo. Y por tanto un alejamiento todavía mayor de la cifra valenciana. Aquí, de nuevo, si se desea ocultar la realidad, las cifras pueden agruparse de formas diversas para tratar de moderar la trascendencia de este proceso de decadencia que amenaza el nivel de bienestar alcanzado. Pero la separación es incuestionable. Para simplificar y obviar todo cálculo, se ha elegido aquí un punto de comparación, si se quiere tosco pero ilustrativo: la trayectoria de Alemania desde el inicio del siglo. Es la recogida en el gráfico siguiente. Como refleja, la distancia entre el PIB por habitante de los valencianos y el de los residentes en Alemania, como con el de la España rica (media no ponderada de Madrid, Cataluña y el País Vasco) ya apuntada, ha seguido aumentando desde el año 2000.

La causa del declive

Si el objetivo es tratar de asegurar a los hoy jóvenes valencianos que no opten por la emigración un nivel de bienestar, al menos, similar al que han disfrutado hasta ahora sus mayores, la constatación resumida en los párrafos anteriores solo puede ser el primer paso. Tras él, parece imprescindible tratar de encontrar las razones de esa tendencia declinante y, si los gestores públicos tienen como objetivo real y no meramente propagandístico modificarla, poner en práctica medidas para revertirla.

En relación con la causa, existe unanimidad entre los economistas de que el problema de base es la baja productividad y su reducida tasa de aumento anual (como ejemplo reciente Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Vivero y Andrés J. Picazo-Tadeo, 2016). La productividad es una variable fundamental, como condición necesaria aunque no suficiente, para mejorar el bienestar. Si la economía valenciana no la aumenta a un ritmo destacado, y desde 1990 hasta hoy no lo ha venido haciendo, la consolidación del país como un territorio caracterizado, todavía más, por una renta por habitante baja en términos relativos con las áreas ricas del continente europeo, se va a consolidar como una realidad permanente.

La insistencia de los economistas en su trascendencia no es una cuestión trivial aunque en ocasiones se la descalifique atribuyéndole un carácter «economicista» y en otras se pretenda descubrir qué es la productividad cuando es una de las variables mejor definidas por la ciencia económica. El aumento del producto por unidad de factor de producción (capital, trabajo o ambos), es la mejor medida de la eficiencia de una economía, por cuanto denota la capacidad de obtener más producto de los recursos disponibles. Su crecimiento supone producir más con el mismo trabajo y el mismo capital (o lo mismo con menor cantidad de factores). Sin duda para ligarla al bienestar de la población se requieren medidas de redistribución, pero es el aumento de la productividad el que hace posible elevar los salarios sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas y reducir los precios. Y con ello, de forma indirecta, aumentar el empleo.

Aunque la competitividad de una economía, y por tanto la demanda para sus bienes y servicios, dependa de un conjunto más amplio de variables, los economistas han venido considerando la relación entre productividad y salarios (costes laborales) una de las más importantes. Y es cierto. Si la primera no crece, lo hace en escasa medida, o los salarios lo hacen en mayor proporción, los costes aumentan, los márgenes de la empresa, de los que depende la inversión futura y su propia supervivencia, se deterioran y los precios respecto a los competidores se elevan. El resultado es menor empleo y salarios más bajos. Por otro lado, difícilmente una sociedad democrática cuya economía tenga una baja productividad y escasa capacidad de generar empleo, como es hoy la valenciana, será capaz de recaudar ingresos públicos suficientes para mantener un Estado del Bienestar sólido. Y más teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento de la población (y el aumento de la esperanza de vida).

Dentro de este contexto, lo que se suele subrayar menos es que la competitividad no es solo una cuestión de costes salariales. Las decisiones estratégicas de la empresa, desde su organización interna a las formas de integración en los mercados, no dependen de los trabajadores. Dependen de los empresarios. Y su evolución es sistemáticamente silenciada en el análisis de la situación valenciana (y española). Este silencio aprovecha como excusa una aproximación frecuente en los trabajos de medición de la productividad. Como la del trabajo es la menos compleja de calcular, es ésta la que con mayor frecuencia se mide.  

Esta forma de realizar el cálculo, facilita difundir entre el conjunto de la sociedad una falacia, no siempre desinteresada, la cual puede expresarse de la forma siguiente: si la productividad del trabajo es baja y la baja productividad es el principal problema de la economía, es el trabajo, y por asimilación la ineficiencia de los trabajadores, la causa de la situación. Ello es sencillamente falso. Cuando se calcula también la productividad del capital y la resultante de combinar capital y trabajo (la denominada productividad total de los factores) los resultados no avalan esa conclusión tan poco matizada.

Lo anterior no implica negar lo evidente: en la economía valenciana la productividad del trabajo es baja y ello es parte de la explicación de su declive. Pero no deja de sorprender que casi siempre se eluda la relevancia de la gestión empresarial como elemento central de la productividad cuando tiene un papel equivalente, como ya he citado en alguna ocasión recogiendo la metáfora de Chad Syverson, al del director de una hipotética orquesta formada por trabajo, capital e inputs intermedios. Un mal director, como una deficiente gestión empresarial, es el que transforma una sinfonía en una cacofonía por elevada que sea la calidad de la orquesta. Así pues, la baja productividad de la economía valenciana remite en última instancia a la modestia de la cualificación empresarial con la que contamos.

A pesar de lo que se acaba de indicar, pocas veces hasta ahora se ha considerado necesario bucear entre los motivos de una oferta tan limitada de talento empresarial, o capital intelectual, ni, menos todavía, en los obstáculos que impiden su aumento o explican una debilidad de las empresas tan elevada -aspecto éste último mostrado por el informe del IVIE para la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE, 2015)- mientras las cualificaciones de la población valenciana están en sus máximos históricos. Cuando se ha abordado el problema, se han obviado  aspectos decisivos como la distribución sectorial de las empresas, la estructura de mercado de los sectores de alto valor añadido o las interferencias en la eficiencia agregada resultado de la activa y continua actuación de los grupos de presión. Estos elementos clave desaparecen en los análisis para concentrar la atención en dos pilares. Por un lado, la educación y necesidad de aumentar la inversión en ella. Este es un elemento importante, pero con derivaciones menos obvias de lo que pueda parecer. En aras de la brevedad este aspecto va a quedar fuera de este comentario. Pero cabe apuntar que demasiado a menudo se parte del supuesto implícito de la inexistencia de movilidad de la mano de obra, como si el capital humano no pudiera importarse como todo indica que vienen haciendo las grandes empresas tecnológicas globales radicadas en Silicon Valley. O exportarse como parece estar haciendo la sociedad valenciana. Y por otro, y sobre todo, el reducido tamaño por número de trabajadores de la inmensa mayoría de las empresas como la causa principal del declive, que se aborda en los párrafos siguientes.

El tamaño [de empresa] no lo es todo

Es evidente que el tamaño liliputiense de las empresas valencianas (buena parte de las cuales no tienen asalariados) es parte del problema. Pero la diferencia con otras áreas geográficas de mayor PIB por habitante no es tan elevada. Lo cual hace dudar de que éste sea, sin más, el núcleo central del mismo. Más que repetir aquí las reflexiones suscitadas por la comparación homogénea entre España y Alemania (véase Jordi Palafox, 2016, pp. 197 y ss.) tal vez sea útil mostrar la magnitud de las diferencias porcentuales entre el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Es el contenido del siguiente cuadro. E interrogarse a partir de ellas si su magnitud es suficiente para concluir que el tamaño (por número de trabajadores) de la empresa es la causa fundamental por la cual el PIB por habitante de los valencianos está a un 50% del de los vascos. Las diferencias porcentuales del cuadro permiten, al menos, apuntar a que la potencia explicativa de este argumento, tan reiterado por algunos gestores públicos hasta convertirlo en mantra, es más modesta de lo que pretenden.

Por otro lado, integrar el tamaño liliputiense de las empresas en la explicación del bajo nivel de renta de los valencianos, lo que hace es despejar hacia adelante el interrogante. Primero, al ignorar los sectores en los que se localizan, lo cual es un variable clave de la productividad agregada. Nunca será la misma la de una economía dominada por microempresas de las ramas de la metalurgia o de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática que la de un economía alternativa en donde la actividad dominante sean los servicios de alojamiento o el comercio al por menor de productos alimenticios bebidas y tabacos (por atenerse a la clasificación CNAE 2009).Y segundo, al desplazar la pregunta a contestar a por qué el tamaño de las empresas es tan reducido.

La pregunta es, pues, si esta diferencia de tamaño respecto a otras economías con menos dificultades que la valenciana para mejorar la productividad y crear empleo de salarios medios o elevados, es suficiente para atribuirle, tras un proceso de globalización y una revolución tecnológica que lo ha cambiado casi todo, la responsabilidad principal del declive. Recuérdese que, como se acaba de indicar, según la estimación del INE, en 2017 el PIB por habitante del País Vasco es un 50% (49.6%) superior al de la Comunidad Valenciana.

La tesis que se intenta plantear aquí es que la causa de la baja productividad valenciana, y de ahí el bajo nivel de renta por habitante, no es tanto el tamaño de las empresas, que también, sino las actividades que éstas desarrollan; esto es, los sectores en donde se localizan. Las conclusiones de un concluyente estudio (Enrique Moral-Benito, 2018) demostrando para España que las empresas son pequeñas porque tienen baja productividad, no que su baja productividad sea resultado de que sean pequeñas, puede ampliarse para la Comunidad Valenciana defendiendo que las empresas tienen baja productividad y por tanto son pequeñas en gran medida por localizarse mayoritariamente en sectores cuya característica central es ser de baja productividad. El corolario de esa especialización no puede ser otro que bajos salarios. No es casualidad, por tanto, que aún con la deflación salarial general desde 2008, su mediana sea, desde hace decenios, inferior a la española y esté alejada de aquellas áreas en donde la estructura sectorial de la actividad es diferente. En el último año disponible la mediana de los salarios en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un 17% más elevada que en la Comunidad Valenciana.

Todo apunta a que estamos ante la confirmación del dicho clásico según el cual se cosecha lo que se siembra. Si, como se viene haciendo desde hace décadas, se fomenta desde las políticas públicas a sectores de baja productividad como son la hostelería (con salarios medios inferiores en un 40% a la media), el turismo o el comercio de proximidad, no puede sorprender que el resultado sea el que es. A este respecto, cabe esperar que la pronta publicación de la sugestiva investigación diferenciando entre estructura productiva y modelo de crecimiento (Antonio F. Cubel, Mª José. Murgi y Ramón Ruiz-Tamarit, 2018) suscite un debate imprescindible hoy entre nosotros acerca de las consecuencias de la sesgada orientación de las políticas públicas.

Con ello, sería posible argumentar con rigor acerca de las nefastas implicaciones que puede estar teniendo la combinación entre la revolución tecnológica asociada a la globalización y las políticas económicas de la Generalidad Valenciana aferradas al conservadurismo de defender casi en exclusiva lo que existe (grandes infraestructuras, manufactura tradicional, construcción, turismo y hostelería) y olvidando, o si se prefiere situando en un plano muy secundario, el fomentar que se desarrolle también entre nosotros, aquellas actividades que son el futuro (los servicios del terciario avanzado). A quienes les parezca exagerada la anterior afirmación pueden, como ejemplo de los muchos existentes, comparar dos informaciones recientes de prensa: el presupuesto necesario para promocionar el turismo de la Comunidad en 20 ferias nacionales y 24 internacionales a lo largo de 2019 y el asignado para proyectos empresariales que contribuyan a la transformación del modelo económico.

Y las causas de la causa del declive

Por otro lado, la insistencia tan habitual entre los economistas acerca de la necesidad de modificar el modelo productivo para revertir la trayectoria descrita hasta aquí, permite retomar el eufemismo más utilizado para explicar lo que viene sucediendo con la trayectoria de la economía valenciana: su especialización productiva. La cual es considerada, al menos de manera implícita, consecuencia “natural” del funcionamiento de mercados competitivos. Ello es equivalente a considerar que la preponderancia de actividades, sea en la industria o los servicios, de modesta productividad tanto porque su actividad requiere empleos de baja cualificación como por las lagunas en la capacidad empresarial, es la consecuencia de una interacción libre de interferencias entre la oferta y la demanda a partir de una dotación de recursos dada.

Ello, de nuevo, es falso. En ese diagnóstico se ignora la presencia de intervenciones institucionales bien en forma de comportamientos clientelares bien de posiciones de dominio. Lo cual, a su vez, permite soslayar que en la economía valenciana funcionan con notable eficacia los grupos de presión (y las posiciones de dominio de algunas empresas). Por supuesto para defender sus intereses que no son otros que la permanencia de ese modelo de crecimiento de baja productividad que los ha llevado, y los mantiene, en su posición privilegiada. Las consecuencias negativas de su éxito para la mejora del bienestar general vienen a sumarse, además, a las provenientes de los triunfos de los lobbies presentes en el conjunto de España cuya capacidad de influir sobre las decisiones públicas ha demostrado Carlos Sebastián (Carlos Sebastián, 2016).

Lo cual remite a dos aspectos suplementarios que en la práctica han recibido muy poca atención desde mediados de 2015. Por un lado, la calidad de las instituciones de la gobernanza valenciana. Por otro, el avance en la transparencia en relación con la actuación de los grupos de presión existentes. Sobre el primero de ellos, a la reciente publicación del informe sobre los costes económicos del déficit de calidad institucional, además de la corrupción, en España (F. Alcalá Agulló y F. Jiménez Sánchez, 2018) no le ha seguido ninguna iniciativa para analizar cuál es el coste de las deficiencias de gobernanza entre nosotros y qué medidas son necesarias para corregirlas. Parecería como si en este terreno la Comunidad Valenciana fuera un oasis dentro del contexto español, cuando en su pasado reciente ha sido referencia de todo lo contrario. O como si el cambio de gestores públicos a finales de junio de 2015 hubiera corregido por sí solo todas las rémoras acumuladas desde julio de 1995. Pero ni la rendición de cuentas, ni la efectividad gubernamental, ni la calidad regulatoria, o el respeto a ley y los contratos mejoran automáticamente tras un cambio político.

Y sobre el segundo aspecto mencionado, la transparencia en la actuación de los grupos de presión que operan en torno a la administración autonómica, poco se ha conseguido desde el cambio de sus gestores. Hoy, como ayer, seguimos sin saber nada de sus fuentes de financiación. Tampoco se ha conseguido hacer realidad la inscripción de la inmensa mayoría como tales en el registro de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC). En el terreno autonómico, la actual legislatura no sido tiempo suficiente para poner en marcha el registro previsto en la Ley reguladora de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y de su sector público instrumental. La iniciativa tuvo su origen en julio de 2016. Pero todavía a comienzos de 2019 sigue en fase de proyecto de ley.

Volviendo a la especialización sectorial de la economía. Ni ésta ni la tendencia negativa del PIB por habitante en términos relativos descrita que es su principal resultado, son fruto de la casualidad. En las investigaciones sobre los accidentes aéreos siempre se afirma que nunca tienen una única causa. Tampoco el escaso aumento de la productividad que resulta en este declive de la economía valenciana puede ser explicado en términos unicausales. Pero en la consolidación de una estructura productiva con fuerte predominio de sectores de baja productividad, habría que analizar la trascendencia desempeñada, al menos, por dos elementos habitualmente poco considerados. Por un lado, las políticas públicas puestas en práctica. Y por otro lado, la escasa vinculación de la inmensa mayoría de las empresas valencianas con las nuevas formas de producir surgidas con el avance de la globalización. Una deficiente adaptación que, al menos en parte, puede considerarse un efecto de esas políticas puesto que en ellas se fijan los incentivos y desincentivos a la actuación de los agentes privados.

Además, la valoración a realizar de las políticas seguidas hasta hoy, es inseparable de su incapacidad –cuando no desinterés- para articular un marco de incentivos, normativos tanto como presupuestarios, con el objetivo de orientar la inversión privada hacia actividades capaces de generar un mayor aumento de la productividad. La infrafinanciación no puede ser una excusa. La ordenación de prioridades con los disponibles es lo relevante. Ya se ha indicado que el liliputiense tamaño de la empresa valenciana es un obstáculo. Pero como se ha tratado de mostrar también lo es i) en qué sectores se localiza su creación y/o funcionamiento, y con ellos la del empleo, ii) explicar por qué la mayoría son de baja productividad, iii) a qué obstáculos institucionales para desarrollarse hacen frente las iniciativas empresariales en los sectores de mayor productividad y iv) la fuerte tasa de mortalidad de las iniciativas empresariales.

Las consecuencias negativas de la pasividad frente a los privilegios y las posiciones de dominio de mercado o de las deficiencias de producción y cumplimiento de disposiciones legales por la propia administración son difíciles de exagerar. Por muchos motivos como ponen de relieve para el conjunto de España los estudio de Sebastián y Alcalá y Jiménez mencionados. Pero además de ellos, por cuanto su funcionamiento desincentiva la entrada de emprendedores en el mercado al elevar las barreras a la entrada. Sin embargo, la ampliación del número de emprendedores que pasen a ser empresarios es imprescindible para elevar la eficiencia. La diferencia entre los empresarios existentes y los necesarios para poder superar las dificultades es otro aspecto también muy poco destacado.

Hoy, como ayer, los intereses y peticiones de las organizaciones y lobbies empresariales se siguen identificando con el interés general. En la situación valenciana actual, sin embargo, es menos cierto que nunca el tan repetido argumento según el cual lo que es bueno para los intereses de los miembros, y a quienes representan, de las organizaciones empresariales más influyentes (algunas de las cuales con un modestísimo número de empresarios por más que sean los más poderosos) es bueno para el país. A la vista está a qué ha llevado para el conjunto de los valencianos la eficacia de su actuación en tanto que grupos de presión.

En esa equiparación entre los empresarios necesarios para hacer frente con éxito a los retos para aumentar el PIB por habitante y los existentes, se ignora que las agrupaciones de empresarios pueden, como límite máximo, llegar a representar los intereses de quienes ya están presentes en el mercado. En el valenciano, repleto de insuficiencias como se ha tratado de argumentar hasta aquí. Al margen de que no debiera ignorarse que, como sabemos desde Adam Smith, el final inevitable de cualquier reunión de éstos es conspirar contra el público o maquinar para elevar los precios. Por tanto, es ingenuo esperar que entre los objetivos de estos grupos de presión se incluya el aumento de la oferta de empresarios. Los nuevos serían sus competidores lo cual es contrario a sus intereses.

En síntesis, estamos, también entre nosotros, ante la urgencia de reescribir las reglas del funcionamiento de las interacciones entre los grupos de intereses y el poder político sobre las cuales el Nobel Stiglitz ha aportado sugestivas intuiciones en relación con la trascendencia de que éste asegure la igualdad de oportunidades entre emprendedores (Joseph Stiglitz, 2016). Por tanto, si se pretende afrontar las causas del declive del PIB por habitante de la Comunidad Valenciana y no sólo tratar de poner remedio a sus consecuencias a través de una Generalitat asistencial, habrá que vencer, al menos, dos obstáculos. De un lado, la pleitesía de la administración autonómica hacia las presiones de esos grupos de presión. De otro, los sueños de una economía valenciana autárquica, capaz de progresar aislada de las tendencias dominantes en el mercado global. Una quimera que, con otras denominaciones, sigue  asentada en los despachos de quienes articulan aspectos clave de la actual política económica de la Generalitat.

Lo que está en juego en esa reformulación de las reglas es enderezar la tendencia decreciente del bienestar de la mayoría de los valencianos. Debe tenerse claro que su amplitud, si la divergencia respecto a las áreas geográficas ricas sigue aumentando, nunca podrá ser contrapesada mediante políticas sociales. Resulta por ello urgente, que de una situación como la actual centrada en paliar las consecuencias sociales del declive, se pase a otra en la cual en la agenda de la acción pública sea tan prioritario como lo anterior poner en práctica medidas para evitar las causas que hacen necesarias políticas sociales de tal intensidad.

Se trataría, al fin y al cabo, de que no quede solo en palabras ese nuevo contrato social propuesto por el President de la Generalitat en su último mensaje de fin de año en donde vinculaba la creación de empleo con la igualdad de oportunidades.último mensaje de fin de año Porque si a algo se oponen los grupos de presión que hoy operan con éxito en la sociedad valenciana es a que todos los emprendedores puedan consolidarse como empresarios y a que los empresarios de todos los sectores alcancen el mismo trato que ellos disfrutan. De no concretarse ese anuncio, como también apuntaba Ximo Puig, puede llegar a ponerse en peligro la propia democracia, tercer pilar del compromiso social propuesto. Porque hoy es un riesgo cierto que la exasperación de una parte creciente de los ciudadanos, a quienes se les viene pidiendo una paciencia infinita hasta ver mejorar su situación, acabe decantándose por el populismo. Es lo que ha ocurrido en otras sociedades con una densidad democrática muy superior a la valenciana, inmersas actualmente en una polarización social y un autoritarismo en las formas de gobernar impensables hace solo unos pocos años.

Referencias

Asociación Valenciana de Empresarios, (2015), Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas, Valencia.

Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez, (2018), Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, Madrid, Fundación BBVA.

Antonio F. Cubel-Montesinos, María José Murgui-García i J. Ramón Ruiz-Tamarit, (2018), L’endarreriment econòmic valencià, III Workshop d’Economia Valenciana, octubre.

Ángel de la Fuente, (2018) “La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2016: Una primera aproximación” en BBVA Research, Situación Comunitat Valenciana - Segundo semestre, pp. 27-34.

Salvador Gil- Pareja, Rafael Llorca Vivero y Andrés J. Picazo Tadeo, (2016), “Crecimiento y productividad en la economía valenciana”, Papeles de economía española, nº 148, 2016, pp. 202-215.

Enrique Moral-Benito, (2018). “Growing by learning: firm-level evidence on the size-productivity nexus,” SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, Springer;Spanish Economic Association, vol. 9(1), pp. 65-90, marzo.

Jordi Palafox, (2017), Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Barcelona, Pasado & Presente.

Carlos Sebastián, (2016), España estancada. Por qué somos poco eficientes, Madrid, Galaxia Gutemberg.

Joseph Stiglitz, (2016), Rewriting the Rules of the American Economy, Nueva York, W.W. Norton.

Daniel A. Tirado, Alfonso Díez-Minguela y Julio Martinez-Galarraga, (2016), “Regional inequality and economic development in Spain, 1860-2010”, Journal of Historical Geography, pp. 87-98

Ho acaba de recordar l’actualització de la Comptabilitat Regional de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicada fa poc temps: la Comunitat Valenciana es consolida com una de les comunitats autònomes de l’Espanya pobra; entre aquelles amb un PIB per habitant més baix. La favorable, i tan publicitada, taxa de creixement fa pocs anys, ara en desacceleració, no pot amagar la realitat, per més que s’intenta fer des de diversos fronts: l’indicador més favorable del nivell de benestar, el PIB per habitant, està ancorat en les posicions de cua de les 17 comunitats autònomes.

El quadre següent del mateix INE ho constata. El 2017 el seu nivell se situa molt per davall de les CCAA que van al capdavant, amb la Comunitat de Madrid en primer lloc. I a una distància considerable: el PIB per habitant en aquesta comunitat és un 53,5% superior al valencià. I això no és tot: la mitjana espanyola continua situant-se 13 punts per damunt i la de la UE 36 punts percentuals. I això que, com se sap, en formen part països de renda per habitant molt baixa, com la immensa majoria dels incorporats des del 2004. Sense aquest bloc de l’est del continent; comparada amb l’Europa a què sempre ha mirat la Comunitat Valenciana, l’Europa que continua sent actualment la nostra referència, la distància és espectacular.

Les dades estadístiques es poden retòrcer tant com es vulga. Es pot, doncs, configurar blocs de regions diversos per a tractar de fer que el resultat de la comparació esdevinga més benèvol. Però no es modifica la situació: des de fa dècades, i de manera sostinguda, el nivell del PIB per habitant dels valencians es va allunyant del de l’Espanya rica. Fins i tot en l’escenari de llarg termini més optimista que tenim, l’elaborat recentment per Ángel de la Fuente per al BBVA Research (Ángel de la Fuente, 2018), la Comunitat Valenciana ha quedat fora del miserable procés de convergència de la renda per habitant regional que ha tingut lloc entre el 1955 i el 2016. Al contrari: ha divergit. A l’inici del període, se situava un deu per cent per damunt de la mitjana espanyola. Hui se situa un quinze per cent per davall. Un fet que ha sigut poc destacat, o gens, i que l’evolució demogràfica (el divisor) no explica. Textualment: “A mitjan anys cinquanta [del segle xx], la renda per capita valenciana era gairebé deu punts superior a la mitjana i en suau ascens. Després del 1960, la comunitat perd terreny fins que arriba a la mitjana nacional, on es manté quasi tres dècades i després perd deu punts més en els quinze anys finals del període.” (p. 32).

Qualificar aquesta trajectòria de preocupant no és alarmisme. A aquesta trajectòria, d’altra banda, se la pot dotar d’una perspectiva de molt llarg termini gràcies a la investigació sobre les desigualtats regionals en el creixement de l’economia espanyola des del 1860 (Daniel A. Tirado, Alfonso Díez Minguela i Julio Martínez Galarraga, 2016). I la conclusió és poc tranquil·litzadora igualment. La informació demostra que l’evolució relativa tan negativa del PIB per habitant valencià (tant respecte de la mitjana espanyola com de l’ací anomenada Espanya rica) en les últimes dècades és excepcional. En els 130 anys anteriors al 1990, no hi ha hagut cap altre període en què la pèrdua de posició relativa haja sigut ni tan contínua ni tan intensa. A la vista d’aquesta tendència, iniciada ja fa quatre dècades, no és exagerat parlar de declivi de l’economia valenciana, per més que aquest declivi no siga absolut. En aquests quaranta anys la renda dels valencians ha augmentat. Però molt menys que la dels habitants d’altres àrees geogràfiques. La conseqüència és que no ha deixat d’allunyar-se del d’aquelles on el nivell de benestar (mesurat per aquest indicador) és més alt.

A tot això se suma un altre fet rellevant. Com que l’evolució espanyola no ha sigut brillant durant aquests decennis, malgrat la bambolla immobiliària, s’ha produït una divergència creixent de la mitjana espanyola respecte de la dels països més avançats del continent europeu. I, per tant, un allunyament encara més gran de la xifra valenciana. Ací, de nou, si es vol ocultar la realitat, les xifres poden agrupar-se de maneres diverses per a tractar de moderar la transcendència d’aquest procés de decadència que amenaça el nivell de benestar aconseguit. Però la separació és inqüestionable. Per a simplificar i obviar qualsevol càlcul, s’ha triat ací un punt de comparació, si es vol tosc però il·lustratiu: la trajectòria d’Alemanya des de l’inici del segle. És la recollida en el gràfic següent. Com reflecteix, la distància entre el PIB per habitant dels valencians i el dels residents a Alemanya, com amb el de l’Espanya rica (mitjana no ponderada de Madrid, Catalunya i el País Basc) ja apuntada, ha continuat augmentant des de l’any 2000.

La causa del declivi

Si l’objectiu és tractar d’assegurar als joves valencians que no opten per l’emigració un nivell de benestar, almenys, semblant al que han gaudit fins ara la gent més gran, la constatació resumida en els paràgrafs anteriors només pot ser el primer pas. Després, sembla imprescindible tractar de trobar les raons d’aquesta tendència declinant i, si els gestors públics tenen com a objectiu real i no merament propagandístic modificar-la, posar en pràctica mesures per a revertir-la.

En relació amb la causa, hi ha unanimitat entre els economistes quant al fet que el problema de base és la baixa productivitat i la seua taxa d’augment anual, que és molt reduïda (com a exemple recent Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Viver i Andrés J. Picazo-Tadeo, 2016). La productivitat és una variable fonamental, com a condició necessària encara que no suficient, per a millorar el benestar. Si l’economia valenciana no l’augmenta a un ritme destacat, i des del 1990 fins ara no ho ha fet, la consolidació del país com un territori caracteritzat, encara més, per una renda per habitant baixa en termes relatius amb les àrees riques del continent europeu, es consolidarà com una realitat permanent.

La insistència dels economistes en la transcendència que té això no és una qüestió trivial encara que, a vegades, se la desqualifique i s’hi atribuïsca un caràcter «economicista» i, d’altres, es vulga descobrir què és la productivitat, malgrat que és una de les variables més ben definides per la ciència econòmica. L’augment del producte per unitat de factor de producció (capital, treball o tots dos) és la millor mesura de l’eficiència d’una economia, ja que denota la capacitat d’obtindre més producte dels recursos disponibles. El seu creixement suposa produir més amb el mateix treball i el mateix capital (o el mateix amb menys quantitat de factors). Sens dubte per a lligar-la al benestar de la població es requereixen mesures de redistribució, però és l’augment de la productivitat el que fa possible apujar els salaris sense posar en risc la viabilitat de les empreses i reduir els preus. I amb això, de manera indirecta, augmentar l’ocupació.

Encara que la competitivitat d’una economia i, per tant, la demanda per als seus béns i serveis, depenga d’un conjunt més ampli de variables, els economistes han considerat la relació entre productivitat i salaris (costos laborals) com una de les més importants. I és cert. Si la primera no creix, ho fa molt poc o els salaris ho fan en més proporció, els costos augmenten, els marges de l’empresa, dels quals depén la inversió futura i la seua pròpia supervivència, es deterioren i els preus respecte dels competidors apugen. El resultat és menys ocupació i salaris més baixos. D’altra banda, difícilment una societat democràtica l’economia de la qual tinga una productivitat baixa i una capacitat de generar ocupació escassa, com és actualment la valenciana, serà capaç de recaptar prou ingressos públics per a mantindre un estat del benestar sòlid. I encara més tenint en compte el procés d’envelliment de la població (i l’augment de l’esperança de vida).

Dins d’aquest context, el que se sol subratllar menys és que la competitivitat no és sol una qüestió de costos salarials. Les decisions estratègiques de l’empresa, des de l’organització interna fins als sistemes d’integració en els mercats, no depenen dels treballadors. Depenen dels empresaris. I la seua evolució és sistemàticament silenciada en l’anàlisi de la situació valenciana (i espanyola). Aquest silenci aprofita com a excusa una aproximació freqüent en les tasques de mesurament de la productivitat. Com que la del treball és la menys complexa de calcular, és la que més sovint es mesura. 

Aquesta manera de fer el càlcul facilita la difusió entre el conjunt de la societat d’una fal·làcia, no sempre desinteressada, que pot expressar-se de la manera següent: si la productivitat del treball és baixa i la baixa productivitat és el problema principal de l’economia, és el treball i, per assimilació, la ineficiència dels treballadors, la causa de la situació. Això és, senzillament, fals. Quan es calcula també la productivitat del capital i la resultant de combinar capital i treball (la denominada productivitat total dels factors) els resultats no avalen aquesta conclusió tan poc matisada.

Tot això no implica negar el que és evident: en l’economia valenciana la productivitat del treball és baixa i això és part de l’explicació del declivi econòmic. Però no deixa de sorprendre que quasi sempre s’eludisca la rellevància de la gestió empresarial com a element central de la productivitat, malgrat que té un paper equivalent, com ja he dit alguna vegada recollint la metàfora de Chad Syverson, al del director d’una hipotètica orquestra formada per treball, capital i inputs intermedis. Un mal director, com una gestió empresarial deficient, és el que transforma una simfonia en una cacofonia, per més elevada que siga la qualitat de l’orquestra. Així doncs, la baixa productivitat de l’economia valenciana remet en última instància a la modèstia de la qualificació empresarial de què disposem.

Malgrat el que s’acaba d’indicar, poques vegades fins ara s’ha considerat necessari bussejar entre els motius d’una oferta tan limitada de talent empresarial, o capital intel·lectual, ni, encara menys, en els obstacles que n’impedeixen l’augment o expliquen una feblesa de les empreses tan elevada –aspecte mostrat per l’informe de l’IVIE per a l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE, 2015)– mentre les qualificacions de la població valenciana se situen en els màxims històrics. Quan s’ha abordat el problema, s’ha obviat aspectes decisius com la distribució sectorial de les empreses, l’estructura de mercat dels sectors d’alt valor afegit o les interferències en l’eficiència afegida resultat de l’actuació activa i contínua dels grups de pressió. Aquests elements clau desapareixen en les anàlisis i l’atenció es concentra en dos puntals. D’una banda, l’educació i la necessitat d’augmentar-hi la inversió. Aquest és un element important, però amb derivacions menys òbvies del que pot semblar. En honor de la brevetat, aquest aspecte quedarà fora d’aquest comentari. Però cal apuntar que massa sovint es parteix del supòsit implícit de la inexistència de mobilitat de la mà d’obra, com si el capital humà no poguera importar-se com tot indica que fan les grans empreses tecnològiques globals situades a Silicon Valley. O exportar-se com sembla que fa la societat valenciana. I d’altra banda, i sobretot, la reduïda dimensió per nombre de treballadors de la immensa majoria de les empreses com la causa principal del declivi, que s’aborda en els paràgrafs següents.

La dimensió [d’empresa] no ho és tot

És evident que la dimensió lil·liputenca de les empreses valencianes (bona part de les quals no tenen assalariats) és una part del problema. Però la diferència amb altres àrees geogràfiques amb un PIB més alt per habitant no és tan elevada. Això fa dubtar que aquest siga, sense més, el nucli central. Més que repetir ací les reflexions suscitades per la comparació homogènia entre Espanya i Alemanya (vegeu Jordi Palafox, 2016, pàg. 197 et seq.) tal vegada siga útil mostrar la magnitud de les diferències percentuals entre el País Basc i la Comunitat Valenciana. És el contingut del quadre següent. I interrogar-se a partir d’aquestes dades si la seua magnitud és suficient per a concloure que la dimensió (per nombre de treballadors) de l’empresa és la causa fonamental per la qual el PIB per habitant dels valencians se situa a un 50% del dels bascos. Les diferències percentuals del quadre permeten, almenys, apuntar al fet que la potència explicativa d’aquest argument, tan reiterat per alguns gestors públics fins a convertir-lo en mantra, és més modesta del que es pretén.

D’altra banda, integrar la dimensió lil·liputenca de les empreses en l’explicació del baix nivell de renda dels valencians, el que fa és aïllar l’interrogant cap avant. Primerament, en ignorar els sectors en què es localitzen, la qual cosa és un variable clau de la productivitat agregada. Mai no serà la mateixa la d’una economia dominada per microempreses de les branques de la metal·lúrgia o de la programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica que la d’una economia alternativa en què l’activitat dominant siguen els serveis d’allotjament o el comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabacs (per atindre’s a la classificació CNAE 2009). I segon, en desplaçar la pregunta que cal contestar a: per què la dimensió de les empreses és tan reduïda.

La pregunta és, doncs, si aquesta diferència de dimensió respecte d’altres economies amb menys dificultats que la valenciana per a millorar la productivitat i crear ocupació de salaris mitjans o elevats és suficient per a atribuir-hi, després d’un procés de globalització i una revolució tecnològica que ho ha canviat gairebé tot, la responsabilitat principal del declivi. Recordeu que, com s’acaba d’indicar, segons l’estimació de l’INE, el 2017 el PIB per habitant del País Basc és un 50% (49,6%) superior al de la Comunitat Valenciana.

La tesi que s’intenta plantejar ací és que la causa de la baixa productivitat valenciana, i d’ací ve el baix nivell de renda per habitant, no és tant la dimensió de les empreses, que també ho sé, sinó les activitats que aquestes desenvolupen; això és, els sectors on es localitzen. Les conclusions d’un estudi ben concloent (Enrique Moral-Benito, 2018) que demostra per a Espanya que les empreses són menudes perquè tenen baixa productivitat, no que la seua baixa productivitat siga el resultat de ser menudes, pot ampliar-se per a la Comunitat Valenciana defensant que les empreses tenen baixa productivitat i, per tant, són menudes en gran manera perquè es localitzen majoritàriament en sectors en què la característica central és que tenen baixa productivitat. El corol·lari d’aquesta especialització són els salaris baixos. No és casualitat, per tant, que encara amb la deflació salarial general des del 2008, la mitjana siga, des de fa decennis, inferior a l’espanyola i estiga allunyada de les àrees on l’estructura sectorial de l’activitat és diferent. En l’últim any disponible la mitjana dels salaris a la Comunitat de Madrid, per exemple, és un 17% més elevada que a la Comunitat Valenciana.

Tot apunta al fet que estem davant de la confirmació de la dita clàssica segons la qual es cull el que se sembra. Si, com es fa des de fa dècades, es fomenta des de les polítiques públiques els sectors de baixa productivitat com són l’hostaleria (amb salaris mitjans inferiors en un 40% a la mitjana), el turisme o el comerç de proximitat, no pot sorprendre que el resultat siga el que és. Referent a això, cal esperar que la ràpida publicació de la suggestiva investigació que diferencia entre estructura productiva i model de creixement (Antonio F. Cubel, M. José. Murgi i Ramón Ruiz-Tamarit, 2018) suscite un debat imprescindible actualment entre nosaltres sobre les conseqüències de l’esbiaixada orientació de les polítiques públiques.

Amb això, seria possible argumentar amb rigor les implicacions tan nefastes que pot tindre la combinació entre la revolució tecnològica associada a la globalització i les polítiques econòmiques de la Generalitat Valenciana aferrades al conservadorisme de defensar quasi en exclusiva el que existeix (grans infraestructures, manufactura tradicional, construcció, turisme i hostaleria) i oblidar o, si s’estima més, situar en un pla molt secundari el fet de fomentar que es desenvolupe també entre nosaltres les activitats que són el futur (els serveis del terciari avançat). Als qui els semble exagerada l’afirmació anterior poden, com a exemple dels molts que n’hi ha, comparar dues informacions recents de premsa: el pressupost necessari per a promocionar el turisme de la Comunitat en 20 fires nacionals i 24 d’internacionals al llarg del 2019 i l’assignat per a projectes empresarials que contribuïsquen a la transformació del model econòmic.

I les causes de la causa del declivi

D’altra banda, la insistència tan habitual entre els economistes sobre la necessitat de modificar el model productiu per a revertir la trajectòria descrita fins ací, permet reprendre l’eufemisme més utilitzat per a explicar el que passa amb la trajectòria de l’economia valenciana: la seua especialització productiva. Que és considerada, almenys de manera implícita, conseqüència “natural” del funcionament de mercats competitius. Això és equivalent a considerar que la preponderància d’activitats, siga en la indústria o en els serveis, de modesta productivitat tant perquè la seua activitat requereix ocupacions de baixa qualificació com per les llacunes en la capacitat empresarial, és la conseqüència d’una interacció lliure d’interferències entre l’oferta i la demanda a partir d’una dotació de recursos donada.

Això, de nou, és fals. En aquest diagnòstic s’ignora la presència d’intervencions institucionals bé en forma de comportaments clientelistes, bé de posicions de domini. La qual cosa, al seu torn, permet defugir que en l’economia valenciana funcionen amb eficàcia ben notable els grups de pressió (i les posicions de domini d’algunes empreses). Per descomptat, per a defensar els seus interessos, que són la permanència d’aquest model de creixement de baixa productivitat que els ha portat, i els manté, en una posició privilegiada. Les conseqüències negatives del seu èxit per a millorar el benestar general se sumen, a més, a les provinents dels triomfs dels lobbies presents en el conjunt d’Espanya la capacitat dels quals d’influir sobre les decisions públiques ha demostrat Carlos Sebastián (Carlos Sebastián, 2016).

Tot això remet a dos aspectes suplementaris que en la pràctica han rebut molt poca atenció des de mitjan 2015. D’una banda, la qualitat de les institucions de la governança valenciana. D’una altra, l’avenç en la transparència en relació amb l’actuació dels grups de pressió que hi ha. Sobre el primer punt, a la recent publicació de l’informe sobre els costos econòmics del dèficit de qualitat institucional, a més de la corrupció, a Espanya (F. Alcalá Agulló i F. Jiménez Sánchez, 2018), no hi ha seguit cap iniciativa per a analitzar quin és el cost de les deficiències de governança entre nosaltres i quines mesures són necessàries per a corregir-les. Semblaria que, en aquest terreny, la Comunitat Valenciana fora un oasi dins del context espanyol, malgrat que en el passat recent ha sigut referència de tot el contrari. O que el canvi de gestors públics a la fi del juny del 2015 haguera corregit per si sol totes les rèmores acumulades des del juliol del 1995. Però ni la rendició de comptes, ni l’efectivitat governamental, ni la qualitat reguladora, o el respecte a la llei i els contractes, milloren automàticament després d’un canvi polític.

I sobre el segon aspecte esmentat, la transparència en l’actuació dels grups de pressió que operen entorn de l’Administració autonòmica, s’ha aconseguit ben poc des del canvi de gestors. Hui, com ahir, continuem sense saber res de les seues fonts de finançament. Tampoc no s’ha aconseguit fer realitat la inscripció de la immensa majoria com a tals en el registre de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). En el terreny autonòmic, l’actual legislatura no ha tingut prou temps per a posar en marxa el registre previst en la Llei reguladora de l’activitat de lobby en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental. La iniciativa va tindre l’origen el juliol del 2016. Però encara ara, al començament del 2019, continua en fase de projecte de llei.

Tornant a l’especialització sectorial de l’economia. Ni aquesta ni la tendència negativa del PIB per habitant en termes relatius descrita, que és el seu resultat principal, són fruit de la casualitat. En les investigacions sobre els accidents aeris sempre s’afirma que mai no tenen una única causa. L’escàs augment de la productivitat que resulta en aquest declivi de l’economia valenciana tampoc no es pot explicar en termes unicausals. Però en la consolidació d’una estructura productiva amb un fort predomini de sectors de baixa productivitat, caldria analitzar la transcendència desenvolupada, almenys, per dos elements habitualment poc considerats. D’una banda, les polítiques públiques posades en pràctica. I d’altra banda, l’escassa vinculació de la immensa majoria de les empreses valencianes amb els nous sistemes de producció sorgits amb l’avenç de la globalització. Una adaptació deficient que, almenys en part, pot considerar-se un efecte d’aquestes polítiques, ja que s’hi fixen els incentius i els desincentius a l’actuació dels agents privats.

A més, la valoració que cal fer de les polítiques seguides fins ara és inseparable de la incapacitat –si no desinterés– per a articular un marc d’incentius, tant normatius com pressupostaris, amb l’objectiu d’orientar la inversió privada cap a activitats capaces de generar un augment més alt de la productivitat. L’infrafinançament no pot ser-ne una excusa. L’ordenació de prioritats amb el que hi ha disponible és la part rellevant. Ja s’ha indicat que la dimensió lil·liputenca de l’empresa valenciana és un obstacle. Però, com s’ha tractat de mostrar, també ho és: i) en quins sectors es localitza la seua creació i/o funcionament, i amb aquests la de l’ocupació, ii) explicar per què la majoria són de baixa productivitat, iii) a quins obstacles institucionals per a desenvolupar-se fan front les iniciatives empresarials en els sectors de més productivitat i iv) la forta taxa de mortalitat de les iniciatives empresarials.

Les conseqüències negatives de la passivitat enfront dels privilegis i les posicions de domini de mercat o de les deficiències de producció i compliment de disposicions legals per la mateixa Administració són difícils d’exagerar. Per molts motius, com posen en relleu per al conjunt d’Espanya els estudis esmentats de Sebastián i d’Alcalá i Jiménez. Però a més d’aquest, pel fet que el seu funcionament desincentiva l’entrada d’emprenedors en el mercat en elevar les barreres a l’entrada. Tanmateix, l’ampliació del nombre d’emprenedors que passen a ser empresaris és imprescindible per a elevar l’eficiència. La diferència entre els empresaris que hi ha i els necessaris per a poder superar les dificultats és un altre aspecte també molt poc destacat.

Hui, com ahir, els interessos i les peticions de les organitzacions i els lobbies empresarials es continuen identificant amb l’interés general. En la situació valenciana actual, no obstant això, és menys cert que mai el tan repetit argument segons el qual el que és bo per als interessos dels membres, i per als qui representen, de les organitzacions empresarials més influents (algunes de les quals amb un nombre d’empresaris modestíssim per més que siguen els més poderosos) és bo per al país. És evident què ha comportat per al conjunt dels valencians l’eficàcia de la seua actuació com a grups de pressió.

En aquesta equiparació entre els empresaris necessaris per a fer front amb èxit als reptes per a augmentar el PIB per habitant i els empresaris que hi ha, s’ignora que les agrupacions d’empresaris poden, com a límit màxim, arribar a representar els interessos dels qui ja estan presents en el mercat. En el valencià, ple d’insuficiències, com s’ha tractat d’argumentar fins ací. A banda que no hauria d’ignorar-se que, com sabem des d’Adam Smith, el final inevitable de qualsevol reunió d’aquests és conspirar contra el públic o maquinar per a apujar els preus. Per tant, és ingenu esperar que entre els objectius d’aquests grups de pressió s’incloga l’augment de l’oferta d’empresaris. Els nous serien els seus competidors, i això és contrari als seus interessos.

En síntesi, estem, també entre nosaltres, davant de la urgència de reescriure les regles del funcionament de les interaccions entre els grups d’interessos i el poder polític sobre les quals el Nobel Stiglitz ha aportat intuïcions ben suggestives en relació amb la transcendència que aquest assegure la igualtat d’oportunitats entre els emprenedors (Joseph Stiglitz, 2016). Per tant, si es vol afrontar les causes del declivi del PIB per habitant de la Comunitat Valenciana i no solament tractar de posar remei a les seues conseqüències a través d’una Generalitat assistencial, caldrà véncer, almenys, dos obstacles. D’una banda, l’homenatge de l’Administració autonòmica cap a les pressions d’aquests grups de pressió. De l’altra, els somnis d’una economia valenciana autàrquica, capaç de progressar aïllada de les tendències dominants en el mercat global. Una quimera que, amb altres denominacions, continua fixada en els despatxos dels qui articulen aspectes clau de l’actual política econòmica de la Generalitat.

El que està en joc en aquesta reformulació de les regles és redreçar la tendència decreixent del benestar de la majoria dels valencians. Cal tindre clar que la seua amplitud, si la divergència respecte de les àrees geogràfiques riques continua augmentant, mai no podrà ser contrapesada mitjançant polítiques socials. Per això és urgent que, d’una situació com l’actual centrada a pal·liar les conseqüències socials del declivi, es passe a una altra en la qual en l’agenda de l’acció pública siga tan prioritari com la mesura anterior posar en pràctica altres mesures per a evitar les causes que fan necessàries polítiques socials d’aquesta intensitat.

Es tractaria, al capdavall, de fer que no quede només en paraules aquest nou contracte social proposat pel president de la Generalitat en el seu últim missatge de Cap d’Any, on vinculava la creació d’ocupació amb la igualtat d’oportunitats. Perquè si a alguna cosa s’oposen els grups de pressió que hui operen amb èxit en la societat valenciana és al fet que tots els emprenedors puguen consolidar-se com a empresaris i al fet que els empresaris de tots els sectors aconseguisquen el mateix tracte de què ells gaudeixen. Si no es concreta aquest anunci, com també apuntava Ximo Puig, pot arribar a posar-se en perill la mateixa democràcia, tercer puntal del compromís social proposat. Perquè hui és un risc cert que l’exasperació d’una part creixent dels ciutadans, als qui se’ls està demanant una paciència infinita fins a veure millorar la seua situació, acabe decantant-se pel populisme. És el que ha passat en altres societats amb una densitat democràtica molt superior a la valenciana, immerses actualment en una polarització social i un autoritarisme en els sistemes de govern impensables fa només uns quants anys

Referències

Associació Valenciana d’Empresaris, (2015), Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas, València.

Francisco Alcalá Agulló i Fernando Jiménez Sánchez, (2018), Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, Madrid, Fundació BBVA.

Antonio F. Cubel-Montesinos, María José Murgui-García i J. Ramón Ruiz-Tamarit, (2018), L’endarreriment econòmic valencià, III Workshop d’Economia Valenciana, octubre.

Ángel de la Fuente, (2018) “La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2016: Una primera aproximación” en BBVA Research, Situació Comunitat Valenciana - Segon semestre, pàgs. 27-34.

Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca Vivero i Andrés J. Picazo Tadeo, (2016), “Crecimiento y productividad en la economía valenciana”, Papeles de economía española, núm. 148, 2016, pàgs. 202-215.

Enrique Moral-Benito, (2018). “Growing by learning: firm-level evidence on the size-productivity nexus”, SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, Springer;Spanish Economic Association, vol. 9(1),pàgs. 65-90, març.

Jordi Palafox, (2017), Cuatro vientos en contra. El porvenir de la economía española, Barcelona, Pasado & Presente.

Joseph Stiglitz, (2016), Rewriting the Rules of the American Economy, Nova York, W.W. Norton.

Daniel A. Tirado, Alfonso Díez-Minguela y Julio Martinez-Galarraga, (2016), “Regional inequality and economic development in Spain, 1860-2010”, Journal of Historical Geography, pàgs. 87-98.

¿Es posible que se den elevados niveles de corrupción en un país con un sólido entramado de instituciones de gobierno independientes que se controlen mutuamente?; ¿en un país con una justicia bien dotada, rápida y eficaz?; ¿en un país con un sector público transparente en el que los ciudadanos tengan acceso sencillo a toda la información sobre la acción de gobierno y con una cultura de seguimiento de los asuntos públicos apoyada en medios de información plenamente independientes? Un nivel elevado de corrupción no puede explicarse sin un cierto déficit en la calidad de las instituciones de gobernanza, entendiendo por esta calidad, junto a los bajos niveles de corrupción, factores como la fortaleza del estado de derecho, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de gobierno y la independencia de los distintos poderes públicos.

La sociedad española ha alcanzado en los últimos años un elevado grado de sensibilización frente a los problemas de corrupción. Sin embargo, otros aspectos de la calidad de las instituciones del país como, por ejemplo, la independencia de las comisiones reguladoras de los mercados o la dotación de medios suficientes para los organismos de control, resultan demasiado lejanos a muchos ciudadanos.

La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente cuanto más avanzadas son sus economías. De esa calidad dependen buena parte de los servicios que recibe la ciudadanía y del progreso económico que cabe esperar para el futuro.

La calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo, según los indicadores del Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países con más de medio millón de habitantes. Sin embargo, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada. Ahora bien, se sitúa asimismo por delante de otras economías mediterráneas  como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8.

El informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, elaborado por los autores de este post gracias al apoyo de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de investigaciones económicas (Ivie), extrae ese indicador combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores que proporciona el WGI. En concreto, se analiza la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción. El nivel de calidad institucional que se obtiene según el indicador combinado de los WGI sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial). Ahora bien, la productividad española figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1). La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad relativa de la economía española. Esa debilidad debe ser compensada por las fortalezas en otros factores. Si todos los factores productivos de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, si se situasen en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17% inferior. Esto nos dejaría en los niveles, por ejemplo, de Eslovenia.

El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo). Este último indicador  mide la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos. En la comparativa mundial, España aparece en el percentil 75, que es el que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 23% a la de la economía española (en los niveles, por ejemplo, de Eslovaquia).

Por su parte, la calidad regulatoria recoge aspectos como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para iniciar negocios, la existencia de posibles impuestos discriminatorios, controles de precios y la libre competencia. En este caso, España se sitúa en el percentil 79 de la distribución mundial, lo que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 21% a la de la economía española, lo que equipararía a España con, por ejemplo, Grecia y la República Checa.

Del análisis de los indicadores WGI se deriva también que la trayectoria española ha sido ligeramente decreciente en calidad institucional, ya que todos los indicadores se sitúan en 2017 a un nivel inferior al de 2003. El indicador global ha descendido desde un 7,8 a un 6,8.

El principal objetivo del informe es mostrar que el déficit de calidad institucional, una de cuyas manifestaciones y consecuencias es la corrupción, tienen un importante coste económico que va más allá del montante de los fondos públicos apropiados indebidamente. La corrupción disminuye la rentabilidad de los proyectos empresariales, incrementa su incertidumbre, reduce los niveles de inversión y desvía recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios desincentivando el emprendimiento y la innovación. Se traduce, finalmente, en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible.

Elevar la calidad institucional hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años. Esto significaría  elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años.

Estas estimaciones están basadas en el trabajo de un buen número de investigadores en economía que, a lo largo de las últimas dos décadas, han situado la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico. Estas investigaciones han permitido estimar el coste medio que tiene la baja calidad institucional en los países, en términos de renta per cápita y productividad, y son la base de los cálculos que se realizan en el informe. En concreto, haciendo uso de esas estimaciones, hemos calculado el impacto que tendría llevar la calidad institucional española desde el lugar que ocupa en la actualidad, hasta el percentil 85 que correspondería a su nivel de productividad.

El impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas.

En la última parte del informe se proporciona una lista de líneas de actuación para la mejora de la calidad institucional en España. La lista no es exhaustiva, ni original puesto que comparte muchos elementos con otros trabajos que han ido apareciendo en los últimos años sobre la necesidad de una regeneración institucional (por ejemplo, Carles Ramió (2016); Javier Andrés y Rafael Domenech (2015); Víctor Lapuente (2016); Carlos Sebastián (2016); Manuel Villoria, José M. Gimeno y Julio Tejedor (2016), entre otros).

Las recomendaciones se ordenan en tres grupos: (i) refuerzo de los controles y contrapesos del poder, (ii) mejora de la independencia, calidad y transparencia de la administración; y (iii) mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismo de selección y control.  Dentro del primer grupo, entre otras líneas de actuación, se aboga por mejorar la independencia y los medios del poder judicial, por ampliar los medios para el control parlamentario del ejecutivo (creando, por ejemplo, una oficina de evaluación de las políticas públicas), por fortalecer la independencia y dotar de más medios a otros órganos como los tribunales de cuentas, la AIREF y los consejos de transparencia, y por eliminar las interferencias en los medios de comunicación.

Dentro del grupo de medidas para mejorar la independencia, calidad y transparencia de la administración se defiende la necesidad de, entre otras cuestiones, una simplificación normativa, el refuerzo de la independencia de los organismos de regulación y supervisión y la despolitización de los niveles superiores de las administraciones públicas y sus entes instrumentales. Y dentro del tercer grupo de recomendaciones relativas a la mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismo de selección y control, se aboga por el desbloqueo de las listas electorales.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es, pues, trivial. Con todo, más allá de las cifras y recomendaciones concretas, el mensaje general del estudio es lo imprescindible que resulta mejorar la calidad de la gobernanza en España para consolidar su posición como una economía avanzada y hacer posible el crecimiento de la productividad, los salarios y el empleo a largo plazo.

*Francisco Alcalá Agulló es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia, research fellow del Center for Economic Policy Research (Londres) e investigador del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).

*Fernando Jiménez Sánchez es profesor titular de ciencia política en la Universidad de Murcia y experto del GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) del Consejo de Europa.

En este otoño tan inestable, tambien en lo atmosférico, hemos asistido de nuevo al fallecimiento de ciudadanos del litoral mediterráneo español a causa de las riadas ocurridas semanas atrás. Sigue resultando inconcebible que, en un país como el nuestro, con medios económicos y recursos materiales y humanos destinados al aviso y emergencia ante este tipo de episodios, sigamos contabilizando cada año muertos por ahogamiento o arramblamiento cuando llueve fuerte. Algo pasa.

Lo peor es que la propia administración, especialmente en las escalas regiones y local, sabe lo que pasa y no quiere, no puede o no se atreve a solucionar el problema. Y los ciudadanos también tenemos nuestra parte de culpa en este problema, porque a veces somos conscientes de actuaciones indebidas que se han llegado a cabo y se siguen realizando en el territorio y que aumentan el riesgo de las personas que allí se han instalado, y no decimos nada. O, simplemente, actuamos de forma imprudente, queriendo hacer vida normal en días con aviso meteorológico, como si no pasara nada. Sacamos el coche, cruzamos los barrancos, andamos por calles repletas de agua. Estos días hemos visto imágenes de este tipo en los medios de comunicación y las redes sociales.  En esta ocasión, en Baleares, hemos vuelto a registras muertos dentro de su vivienda, como ocurrió en 1997 en Badajoz. Entonces se comprobó que los ahogados residían en viviendas que ocupaban espacio de riesgo de inundación en la confluencia de dos arroyos. Dos décadas después se repite la secuencia.

Es cierto que las inundaciones tienen causas multiples (atmosféricas, hidrológicas, territoriales, humanas, económicas, políticas incluso) y todas merecen atención y medidas de actuación. En España, se han mejorado enormemente los sistemas de predicción meteorológica, con AEMET al frente, que se ha situado al nivel de los grandes organismos estatales a nivel internacional en esta cuestión. Se demuestra que la inversión en predicción meteorológica no sólo es necesaria, sino impresdincible, en un país como el nuestro si se quieren reducir daños económicos y evitar víctimas humanas con ocasión de eventos atmosféricos de rango extremo. 

Desde su creación en 1982, Protección Civil y el conjunto de cuerpos y fuerzas de seguridad con mención destacada para los bomberos, en las diferentes escalas, se ha colocado asimismo en los primeros lugares mundiales por su eficacia en la gestión de las emergencias. A ello se ha unido la UME, a la que nunca agradeceremos bastante su propia creación en 2006 y su profesionalidad, rigor, eficaz organización y capacidad de respuesta y resolución en este tipo de situaciones superiores de emergencia.

También, desde los años ochenta del pasado siglo, tenemos implantados sistemas de información hidrológica en las demarcaciones hidrográficas de nuestro país, que permiten conocer el caudal instantaneo que circula en un momento dado por un cauce fluvial. El problema es que en nuestro país hay muchos cauces secos que han sido maltratados, alterados, modificados artificialmente por la mano del ser humano, sin encomendarse a nadie ni respetar su propio trazado y sus márgenes, el llamado territorio fluvial. El cauce seco es también cauce fluvial y, a efectos jurídicos, dominio público hidráulico.

Y aquí está la clave del problema de las pérdidas económicas y, lo peor, de las víctimas humanas cuando llueve torrencialmente en áreas con cauces fluviales próximos. Cauces que han sido “adaptados” a  conveniencia, a nuestro capricho, con una falta de respeto enorme a la naturaleza. En Mallorca y Málaga ahora, pero en muchos más territorios españoles, fundamentalmente de su litoral mediterráneo, se siguen produciendo víctimas mortales porque no se ha respetado el cauce de los ríos, de los barrancos, de las rieras, de los arroyos, de las ramblas. La lluvia no mata, matan las malas praxis del ser humano sobre el territorio que ocupa espacios que nunca debería haber invadido con actividades económicas, infraestructuras, equipamientos y, lo que es peor, con viviendas.

Las lluvias en nuestro país y especialmente en el área mediterránea a menudo son torrenciales, es decir, caen con gran intensidad en corto espacio de tiempo y esto ocasiona crecidas súbitas de cauces fluviales con caudales tan abundantes que desbordan los propios lechos  de los ríos e invaden lo que encuentran a su alrededor. Pero es que ese alrededor es territorio de los ríos, indebidamente ocupado, invadido, y aquí está el problema.  A menudo esos ríos están secos durante meses, años, y sólo circula el agua en ellos cuando llueve de esta manera. Pero son cauces y, por tanto, territorio del río que debemos respetar.

Esta situación, característica del litoral mediterráneo que ha registrado episodios históricos desde que hay ocupación humana en sus valles y áreas costeras por donde circulan o desembocan los cauces fluviales, se ha agravado en los últimos cincuenta años debido a la intensa actividad inmobiliaria que se ha desarrollado al calor de la expansión urbana descontrolada y la promoción turística.

Hay, por tanto, dos procesos territoriales principales que han creado espacios de alto riesgo de inundación en nuestro país: a) crecimiento de núcleos de población históricos, próximos a cauces, que habían respetado el territorio fluvial hasta que desbordan sus murallas y desarrollan sus ensanches y polígonos de vivienda, a partir de finales del siglo XIX. Este crecimiento ha topado con los cauces, a veces con agua a veces secos y se han incorporado a la trama urbana, sin haber hecho la “digestión” necesaria, es decir, sin haber diseñado sistemas de evacuación (colectores, alcantarillado) de aguas pluviales de suficiente capacidad para albergar lluvias torrenciales de tipo mediterráneo; b) Desarrollo de áreas residenciales, de finalidad turística o residencial, que se han ubicado, directamente, en espacios inundables de esta costa mediterránea. No sólo en proximidades de cauces fluviales, sino en áreas de encharcamiento natural (marjales, humedales, abanicos aluviales). El resultado es que, tanto en el primer proceso como en el segundo, se crean areas de riesgo de inundación y se somete a un número elevado de personas al peligro de lluvias torrenciales y sus efectos. Por tanto, la inundación deja de ser un proceso natural y se convierte en un problema creado por el ser humano. Un grave problema porque se ponen en riesgo vidas humanas.   

El resultado es que cerca de dos millones de personas viven en áreas de riesgo en esta región del este de España. Desde Girona hasta Cádiz, incluido el archipiélago balear. Esta es la principal región-riesgo frente a las inundaciones en nuestro país, a la que habría que incluir el archipiélago canario, especialmente las islas de Gran Canaria y Tenerife, y el País Vasco, por sus singulares condiciones geográficas –valles pequeños y estrechos con ríos de elevada pendiente y gran capacidad de arrastre-. En estas tres áreas se concentra el 90% del problema de las inundaciones con víctimas mortales en nuestro país.

Y un problema añadido. Estas áreas de riesgo mayor, especialmente en el litoral meditrráneo y Canarias, se han llenado de población residente, europea, que no conoce los rasgos geográficos ni climáticos de estos espacios y no son conscientes del peligro que entrañan las lluvias intensas en los mismos. Por ello, se ha producido un aumento de víctimas mortales entre los residentes europeos que han venido a vivir a nuestro país en estas áreas de clima generalmente soleado y bonancible. Aquí hay una labor importante de educación para el riesgo que deben llevar a cabo las administraciones regionales y locales.

Tres problemas de las inundaciones en España para el futuro

A la situación descrita, que ha sido, con frecuencia, el escenario causante de víctimas mortales en España y especialmente en el litoral mediterráneo, cuando ha llovido torrencialmente se une una cuestión importante para el futuro inmediato: el efecto del cambio climático. El calentamiento global está teniendo tres manifestaciones importantes en el litoral mediterráneo español que van a agravar el problema en las próximas décadas.

Los datos demuestran ya, de forma evidente, las siguientes cuestiones:

Y tres posibles soluciones

Ante el preocupante escenario de futuro que van a generar los episodios en las áreas de riesgo de inundación ya conocidas en nuestro país, y muy especialmente en la costa mediterráneo, caben algunas propuestas que reduzcan las pérdidas económicas y, sobre todo, puedan salvar vidas humanas cuando llueva torrencialmente. Básicamente pueden resumirse en estas tres ideas:

Y junto a ello, en muchos núcleos de población de nuestro país, donde se han ocupado espacios inundables o se ha alterado el territorio fluvial, no queda más remedio que llevar a cabo actuaciones (desviar cauces, crear zonas de inundación natural, construir colectores de gran capacidad) para evitar la perdida de vida humana en esos entornos de elevado riesgo cuando llueva torrencialmente.

La sociedad del riesgo, y nuestra sociedad española es un buen ejemplo, conlleva actuaciones responsables por parte de administración y ciudadanos para gestionar las situaciones de peligro y aminorar sus efectos. Si no se hacen, si se oculta la verdad, si se mantiene desinformada a la ciudadania de los peligros que conlleva vivir cerca de un cauce fluvial o en una zona de encharcamento de agua, el resultado seguirá siendo, como de costumbre, el lamento y el lloro por la pérdida de vidas humanas cuando se produzca un episodios de lluvias intensas, como los que hemos tenido este pasado mes de octubre en el litoral mediterráneo español. Y al poco nos olvidaremos de lo sucedido...hasta la próxima. Y aquí nadie tendrá nunca  responsabilidad de nada, volveremos a meter la cabeza bajo tierra como el avestruz y se seguirá culpando a la naturaleza de su perversidad en las situaciones de lluvias torrenciales. Honestamente, creo que una sociedad como la española no se puede permitir el lujo de registrar más victimas humanas con ocasión de lluvias torrenciales. Y hay medios para evitarlo.

*Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles

Para más información:

-Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Disponible en el enlace:

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/default.aspx/

-OLCINA CANTOS, J. (2017) “Incremento de episodios de inundación por lluvias de intensidad horaria en el sector central del litoral mediterráneo español: análisis de tendencias en Alicante”, Rev. Semata, 29, 143-163.

-ARANA GARCÍA, E. (dir.) (2018) Riesgos Naturales y Derecho: Una perspectiva interdisciplinar. Ed. Dykinson, Madrid,. 477 p.

En torno a la evidente necesidad de una reforma constitucional en España

La Constitución española acaba de entrar en su cuadragésimo año de existencia con la melancolía y autocuestionamiento que, pasada la alegría infantil y la ambiciosa confianza de la juventud, suelen considerarse asociados a la asunción de la madurez. Por primera vez desde 1978 el consenso sobre sus insuficiencias y la necesidad de su reforma parece casi general. Y ello con independencia de que se reconozca con más o menos generosidad el papel positivo jugado tanto por el texto constitucional como por el consenso del que éste es consecuencia, que permitieron un tránsito, la por esta razón llamada “transición” a la democracia, por medio del cual, a cambio de muchas renuncias y transacciones, se logró el establecimiento en España de una democracia liberal y un Estado social y democrático de Derecho plenamente homologables a los europeos, sin excesiva violencia política (Baby, 2018, ha revisado recientemente las cifras y datos demostrando que el carácter enteramente pacífico de la transición española es un mito, pero sus datos globales no dejan de ilustrar un proceso que, en lo sustancial, no es violento) y con un período de asentamiento relativamente corto en el tiempo.

Durante la mayor parte de estos años el relato dominante en la España democrática ha sido la celebración del éxito que supuso esa normalización democrática, culminada con la entrada de España en 1986, menos de una década después de la entrada en vigor del texto constitucional, en las entonces Comunidades Europeas (hoy Unión Europa) certificando así la plena equiparación de la democracia española con el resto de Europa occidental, tras décadas de excepcionalidad (Boix Palop, 2013: 88-90). Las posiciones más críticas, o que señalaban algunas de las carencias e insuficiencias del pacto constitucional y de su traslación jurídica, eran más bien excepcionales y marginales, bien por provenir de los extremos (poco representativos) del espectro político, bien por ser la consecuencia de reflexiones académicas cuya traslación al debate público era relativamente inhabitual (respecto de las críticas académicas surgidas en los primeros 25 años de vigencia de la Constitución española de 1978 puede consultarse la síntesis contenida en Capella, 2003). Sin embargo, la crisis económica de la última década, cuyos primeros síntomas empiezan a aparecer en torno a 2007-2008, de una dureza y duración desconocidas hasta la fecha en la democracia española, ha hecho aflorar muchas de las deficiencias del sistema que hasta ese momento no se percibían como tales o a las que, por diversas razones, no se les daba la importancia que, en cambio, en este otro contexto, sí han merecido. Desde el papel de las instituciones y sus relaciones con el poder económico, algunos clásicos privilegios jurídicos de gobernantes (como los aforamientos, por ejemplo), la insuficiencia de controles o de transparencia, hasta el propio papel de la Jefatura del Estado, y todo ello en medio de la aparición de numerosos escándalos, la crisis económica ha provocado un replanteamiento general de las insuficiencias de la democracia española (véase, por ejemplo, la repercusión inmediata pública como consecuencia del cambio de clima social producto de la reciente crisis de esfuerzos colectivos por sintetizar modernamente estas críticas como el coordinado por Gutiérrez Gutiérrez, 2014). Lo cual ha ido unido a una crisis de los mecanismos de representatividad democrática (Simón Cosano, 2018), que se juzgan de forma creciente como insuficientes o defectuosos, algo que ha llevado a un replanteamiento crítico del modelo partidista español, incluyendo la aparición de nuevos partidos de masas (Campabadal y Miralles, 2015; Fernández Albertos, 2015), hasta el punto de que el clásico bipartidismo matizado que había dominado hasta 2015 la escena política española (casi cuatro décadas, desde las primeras elecciones de 1977) ha sido sustituido por un modelo donde, al menos, hay cuatro partidos políticos de ámbito nacional con una representación considerable, así como mayorías políticas diferenciadas en clave territorial en varias Comunidades Autónomas (con partidos nacionalistas o regionalistas en los gobiernos en algunas de ellas, y no sólo, casi por primera vez en cuarenta años, en Cataluña y el País Vasco). Como factor adicional de desestabilización, el siglo XXI ha visto ya dos conflictos entre los representantes de algunas Comunidades Autónomas y las instituciones del Estado respecto de su acomodo en el marco constitucional español: uno primero con el País Vasco (con la aprobación del “Plan Ibarretxe” que buscaba un nuevo y más ambicioso Estatuto de autonomía, finalmente abortado por el Tribunal Constitucional, Vírgala Foruria, 2006, y abandonado tras la pérdida por parte de los nacionalistas vascos del gobierno autonómico durante una legislatura como consecuencia de la ilegalización de partidos políticos a los que se consideró instrumento político de la banda terrorista ETA, aunque posteriormente lo hayan recuperado) y uno segundo en Cataluña, inicialmente reconducido por medio de la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía en 2006 pero recrudecido tras la anulación de partes sustanciales (que afectaban a la función de blindaje competencial que pretendía suponer) del mismo en 2010 por medio de una controvertida Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 31/2010), profusamente comentada en estos últimos años por numerosos juristas (por todos, Muñoz Machado, 2014: 139-158). Esta anulación, intervenida en medio de la ya referida crisis económica, ha servido a la postre de catalizador político y detonante de una crisis larvada que a la postre refleja un distanciamiento cada vez más acusado entre las posiciones de parte de la sociedad catalana (y sus mayorías parlamentarias), que ante la constatación de la inconstitucionalidad de algunas de sus aspiraciones políticas ha optado por tratar de lograr la independencia de esta parte del territorio, y la visión dominante en el resto del Estado (y de sus mayorías políticas), que entienden que el grado de descentralización alcanzado en España es ya más que suficiente, cuando no excesivo. Todo ello ha degenerado en un conflicto de gravedad con el Estado, donde han intervenido consultas o referéndums que han pretendido ser pactados con el gobierno central y, ante la negativa de éste, realizados unilateralmente, prohibiciones y anulaciones de normas y posicionamientos del parlamento catalán y, en una fase ulterior, incluso el encarcelamiento de parte los miembros del gobierno catalán o de la presidenta de su parlamento, así como líderes sociales, acusados por delito de rebelión (el tipo penal que el ordenamiento jurídico español contiene para castigar los levantamientos violentos y armados; para un análisis del tipo en su entendimiento clásico previo a la actual situación, García Rivas, 2016) tras considerar, al menos en fase de instrucción, el Tribunal Supremo español que la convocatoria de un referéndum ilegal puede considerarse análogamente equivalente a un levantamiento armado que busque propiciar una guerra civil. 

En definitiva, todas estas situaciones, combinadas, han puesto de manifiesto que el ordenamiento constitucional español, como es manifiesto, no está logrando ser cauce para el acuerdo o la exitosa composición de las pretensiones de la ciudadanía ni instrumento para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos políticos. La crisis, así, pasa a ser no sólo política sino también jurídico-constitucional, pues es el propio marco constitucional el que se demuestra incapaz de cumplir con una de sus más esenciales funciones (Boix Palop, 2017a). De manera que la tradicional negativa de muchos sectores sociales y políticos a aceptar que una reforma constitucional fuera necesaria en España ha dado paso a la generalizada constatación de que en estos momentos es preciso una novación del consenso y del pacto, tanto para lograr solucionar algunas de las insuficiencias referidas como a efectos relegitimizadores. Incluso, y a iniciativa del Partido socialista y como compensación a dar su apoyo indirecto vía abstención a la elección de un presidente del gobierno del Partido Popular en 2015, se ha puesto en marcha en el Congreso de los Diputados una comisión parlamentaria para evaluar el funcionamiento del modelo autonómico y reflexionar sobre la conveniencia de introducir algunos cambios respecto del reparto del poder en España entre Estado y los entes subestatales que se han ido conformando como Comunidades y ciudades autónomas, lo que sin ninguna duda constituye una significativa novedad en nuestros cuarenta años de historia constitucional reciente.

En este breve texto vamos a tratar de analizar hasta qué punto esta reforma, si finalmente se da, puede aspirar a cumplir con los objetivos que se deducen de las necesidades expuestas. Téngase en cuenta que el mero hecho de que exista, en mayor o menor medida, consenso sobre la conveniencia de un cambio, derivado de ese malestar más o menos fundado, no significa sin embargo que la vocación de cambio sea siempre necesariamente sincera ni profunda. Tampoco que todos los actores identifiquen exactamente los mismos problemas como prioritarios o aventuren soluciones semejantes para éstos. Tiene por ello interés repasar mínimamente en qué terreno de juego se puede dar, o al menos se está jugando en estos momentos, la partida política que inevitablemente va asociada a la apertura de un proceso de estas características. Como veremos, de este rápido repaso se deducirá con claridad la conclusión de que los márgenes de la reforma constitucional posible, aquélla sobre la que hay ciertos acuerdos de base que permitirían desarrollarla, no son ni mucho menos los que probablemente harían posible la reforma constitucional necesaria para desatascar la cuestión territorial. Los consensos logrados hasta la fecha son mucho más limitados y se ciñen a cuestiones diferentes. Véamoslo.

Los consensos existentes para una posible reforma constitucional en la España de 2018

A partir de los diversos documentos hasta la fecha producidos y publicados, es relativamente sencillo identificar una serie de elementos respecto de los que, para bien o para mal, hay ya un notable consenso en España en punto a las deficiencias de nuestra Constitución. En ocasiones, estos consensos se dan a la hora de descartar la conveniencia o posibilidad de operar cualquier cambio (por ejemplo, respecto de la cuestión de la monarquía, pues tras la experiencia fallida del intento de reforma incoado por Rodríguez Zapatero en 2006 es claro que cualquier posible reforma constitucional que afecte a la institución, siquiera tangencialmente, queda por el momento descartada dado que esta cuestión actúa como inhibidor de cualquier cambio o propuesta de reforma que se pretenda seria). Pero, en otros casos, se articulan en forma de un acuerdo muy general sobre la conveniencia de incorporar en la Constitución mejoras democráticas, nuevos valores o innovaciones institucionales. Son casi todos estos acuerdos reflejo, por lo demás, de la evolución de la sociedad y muchos de los elementos que se proponen constitucionalizar por medio de ellos ya están legislativamente asumidos por el ordenamiento jurídico español o podrían estarlo sin mayores problemas. En estos casos, la reforma constitucional no opera como un instrumento esencial para lograr un cambio (bien porque éste ya se ha producido y sólo quedaría blindado, bien porque podría realizarse de modo más sencillo por medio de una mera modificación legislativa), pero la misma posibilidad de llegar a amplios acuerdos a estos respectos puede aconsejar su blindaje constitucional, de importancia simbólica, además, no menor. Por ejemplo, es lo que puede ocurrir en breve con la propuesta de reforma lanzada por el presidente del gobierno Pedro Sánchez a fin de reducir la cobertura constitucional al aforamiento de políticos. En la medida en que encaja con ciertos acuerdos previos, su declinación en sede constitucional (sea más o menos importante la cuestión, lo que ya es cuestión más política que jurídica) puede ser relativamente fácil y, en definitiva, posible, incluso en un país tan poco dado hasta la fecha a las reformas constitucionales como España.

- Elementos simbólicos

Toda Constitución contiene elementos simbólicos que, aunque no sean necesariamente esenciales a la hora de articular la convivencia ni desplieguen efectos jurídicos directos, aportan un valor legitimador –o deslegitimador, según los casos- indudable. Ha de señalarse que, por su propia naturaleza, modificar elementos simbólicos es poco costoso en términos pragmáticos. Al menos, cuando la modificación se queda exclusivamente en ese plano y no se traduce en otros cambios concretos inmediatos. Desde este punto de vista, y más en un contexto de crisis de legitimidad del sistema para muchos ciudadanos, actuar sobre estos elementos puede ser una manera sencilla de lograr cierto maquillaje que se traduzca en una mejor integración de algunos colectivos sociales y una renovación del pacto constitucional con participación de las nuevas generaciones, a quienes se ofrendarían algunos de estos elementos que, a fin de cuentas, tampoco son necesariamente tan importantes ni se traducen inmediatamente en cambios tangibles. Y, sin embargo, como lo simbólico cuenta, se acaba filtrando indirectamente a soluciones jurídicas concretas, legitima o deslegitima un sistema… sería un error minusvalorar este plano. Al final, no sólo cuenta, sino que incluso puede contar mucho. Precisamente por esta razón, no siempre es sencillo llegar a acuerdos sobre estos elementos… porque, del mismo modo que ganar valor simbólico por un lado puede llevar a concitar nuevas lealtades, es también posible alterar viejos consensos y defraudar a quienes se habían adherido con entusiasmo al orden ya establecido.

Del aparataje simbólico de la Constitución es evidente que cualquier reforma constitucional a día de hoy posible incorporaría, si finalmente se llevara a término, nuevas y no necesariamente con consecuencias inmediatas por sí mismas –en ausencia de desarrollo- llamadas a la participación más intensa de los ciudadanos como fundamento del orden democrático, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas. También apelaciones a la igualdad de género y a la sostenibilidad, dado que ambos paradigmas son muy ampliamente compartidos hoy en día por el grueso de la sociedad española (cuando menos, en sede de principio). Todas estas apelaciones y el reforzamiento de estos valores aparecen por ello en prácticamente todas las propuestas de cambio constitucional que se vienen realizando. No es pues osado afirmar el amplio consenso que generan y las fáciles condiciones de posibilidad para una reforma que los incluya. En sí mismas, estas ideas no generan a día de hoy sino acuerdo y muy probablemente vehicularían simbólicamente cualquier reforma constitucional presente, por nimia que fuera. Cuestión distinta es el concreto contenido jurídicamente obligatorio para el Estado y las Administraciones públicas, o en materia de derechos, que se pudiera acabar deduciendo efectivamente de las mismas. En todo caso, como relegitimación simbólica del texto constitucional tendrían un valor evidente y desplegarían indudables efectos principales e interpretativos, acordes a la sensibilidad social actual.

Más interesante a efectos de desencallar el problema territorial es analizar si otros elementos simbólicos como la noción constitucional de “nación” y sus derivados podrían reformularse a día de hoy en términos más inclusivos. Identificar España como una sola nación o, en cambio, definirla como nación de naciones no significa en sí mismo demasiado, pero es evidente que, para bien o para mal, altera los ánimos de muchos. En este sentido resulta interesante cómo la más importante de las propuestas concretas de reforma realizadas a día de hoy, la presentada por varios profesores de Derecho administrativo y constitucional, con Muñoz Machado a la cabeza (Muñoz Machado et alii, 2017), que es también sin duda la más atrevida y articulada de las presentadas hasta la fecha, declina este factor sin miedo, en una  línea poco transitada fuera de Cataluña en estos últimos años, aunque sí hay algunas interesantes excepciones de trabajos previos que han transitado por esta línea (Romero, 2011; Martín Cubas et alii, 2014). Así, proponen llamar “Constituciones” a los Estatutos de Autonomía y que éstos, aun sometidos a la Constitución, ya no hayan de pasar por el filtro estatal para su aprobación. Y Muñoz Machado, incluso, ha señalado que nada habría de malo en reconocer ciertas “naciones sin soberanía” dentro de la nación española soberana y flexibilizar algunas de las ideas sobre el reparto territorial del poder a partir de la “tradición pactista” de la antigua Corona de Aragón (Muñoz Machado, 2013). Todos ellos constituyen intentos inteligentes de, simplemente a partir del juego de lo simbólico, lograr un texto más inclusivo sin que ello obligue o suponga nada concreto en punto al reparto constitucional efectivo de competencias o poderes (cuestión que, en todo, caso, habría de resolverse por otras vías). Es difícil aventurar hasta qué punto la asunción de estas tesis podría servir para que muchos ciudadanos catalanes -y de otros territorios españoles, que sin duda seguirían esa senda y pasarían a ser también naciones en no pocos casos- se sientan más cómodos en el marco constitucional, pero sin duda serían algunos de ellos. No en vano, el Estatuto catalán de 2006 ya reconoció, tras un intenso debate parlamentario y aunque sólo fuera en su preámbulo, que el sentimiento mayoritario entre la población catalana era considerar que Cataluña, en efecto, es una nación (pero incluso tan modesta afirmación, al menos en lo estrictamente jurídico, pues no es sino la constatación de un hecho sociológico, mereció inmediato reproche por parte del Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010). Así, pues, quizás no serían, pues, pocos. Además, otros muchos podrían pensar que lo simbólico y declarativo, a la postre, suele acabar teniendo consecuencias que se filtran poco a poco. Por lo que una propuesta inicialmente simbólica  como ésta, al “esponjar” el régimen constitucional español, es posible que lo hiciera también menos rígido y más transitable por nuevas mayorías y acuerdos sociales, lo que atraería a más ciudadanos hoy en día críticos. Parece un buen punto de partida, por ello, para un acuerdo. De hecho, y como puede comprobarse sin dificultad, documentos de reforma constitucional como el presentado por la Generalitat Valenciana van en esta misma línea e incluso la ya algo más antigua Declaración de Granada del PSOE es interpretable de un modo que podría ser compatible con esta relectura en clave plurinacional.

Aceptar estas propuestas permitiría, con poco “coste jurídico hard”, mejoras que podrían ayudar a resolver el problema existente a día de hoy en Cataluña. Como es evidente, sin embargo, el problema es que ese escaso coste no es así percibido por gran parte de la ciudadanía española y, sobre todo, de sus representantes y, muy especialmente, de parte de sus élites. Unas élites que se sitúan como clave de bóveda de la reforma y para quienes, al menos de momento, este tipo de propuestas, que tampoco ningún partido que hasta la fecha haya sido mayoritario ha osado abrazar (sólo Podemos transita de momento en esa línea), van mucho más allá de lo asumible. Con todo, a efectos de cartografiar la reforma constitucional posible, hay que notar que este tipo de propuestas existen y que, siendo relativamente poco costosas, pueden acabar siendo simbólicamente importantes y podrían servir para mitigar o desatascar parte del problema territorial. Por ello, aunque haya que tener presentes todas sus posibles implicaciones, es sencillo afirmar que, a la postre, una reformulación de este tipo, ya sea más o menos ambiciosa, formará sin duda parte del debate que se acabará efectivamente produciendo tarde o temprano.

Por último, el otro gran elemento simbólico para muchos ciudadanos en cuestión y que podría formar parte de una reforma constitucional es el referido a la Jefatura del Estado, conformada por Francisco Franco como una monarquía hereditaria a partir del sucesor designado por él mismo, y avalada en estos mismos términos por la Constitución de 1978. Hay una creciente parte de la ciudadanía española insatisfecha en diversos grados con este modelo de Jefatura del Estado, hasta el punto de que el Centro de Investigaciones Sociológicas, ya desde hace unos años, ha optado por no preguntar sobre esta cuestión ni sobre la valoración de la monarquía. Esta insatisfacción es muy clara en la mayoría de la población catalana, lo que ha llevado a todos los partidos independentistas a apostar por una República como elemento de renovación simbólica generador de adhesiones. Para la clase política española, por lo demás, y al menos en la medida en que la figura del Rey sea en verdad lo que constitucionalmente se dice que es en toda monarquía parlamentaria, esto es, un elemento representativo que ha de carecer de poder real, prescindir de la Monarquía para lograr sumar nuevas mayorías a un nuevo proyecto relegitimizador habría de ser poco costoso, pues a fin de cuentas no hay teóricamente relaciones de poder o económicas, ni sinergias entre quienes ocupan el poder por mandato popular y quienes lo hacen por razones hereditarias, que deban anudar el destino de la clase política representativa española al de la familia real. Al menos, no teórica ni aparentemente. Sin embargo, y sorprendentemente, es evidente que la cuestión monárquica está fuera del debate ahora mismo, con la única excepción de nuevo de Podemos (e incluso en este caso, con manifiesta sordina) y de algunas fuerzas políticas no estatales. El resto de partidos políticos de ámbito nacional, por razones que evidentemente tienen que ver con la real arquitectura del poder –sobre todo, económico- en la España de la tercera Restauración borbónica, consideran antes al contrario que es parte de su deber proteger a la Casa de Borbón y su derecho a ocupar la Jefatura del Estado. Y ello incluso asumiendo un no menor desgaste político y popular. Las razones por las que esta situación se produce son difíciles de entender, pero que ésta es la situación parece difícil de negar. Es más, la posibilidad de que un referéndum constitucional pueda convertirse en una consulta de facto sobre la institución ha frenado incluso reformas constitucionales compartidas por todo el arco parlamentario y probablemente la inmensa mayoría de la población, como fue el caso ya referido con la propuesta de Rodríguez Zapatero en 2006 de eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Ante tal situación política, y un estado de opinión que reproduce esta protección de la institución en todas las estructuras de poder –económico, mediático…- del país, resulta evidente que la eliminación de esta distorsión manifiesta en la igualdad de los ciudadanos, así como los efectos económicos y sociales asociadas a la misma, no va a ser una carta que los partidos mayoritarios vayan a jugar para lograr un nuevo consenso constitucional con nuevas inclusiones y valores simbólicos renovados.

Para acabar, hay que señalar que recientemente han aparecido en el debate otros elementos simbólicos, sin duda menores -por sus efectos-, pero que sí podrían aspirar a tener, de nuevo, algún efecto legitimizador y que podrían formar parte del perímetro de la reforma constitucional posible. Así, ha sido propuesto por algunos el traslado de ciertas instituciones del Estado fuera de Madrid, que a día de hoy es un paradójico ejemplo de capital institucional y financiera hipertrofiada sin ningún parangón en Estados no centralizados y donde, además, ni la población ni la actividad económica están espectacularmente concentradas en su área geográfica como para justificar este fenómeno. Ahora bien, si este traslado se limita a órganos como el Senado, como en ocasiones se ha propuesto, y no va más allá, esto es, si es meramente simbólico y no supone un traslado efectivo de poderes e instituciones con capacidad real de decisión, es dudoso que sea una carta que por sí sola vaya a concitar muchas adhesiones. Convendría pues analizar esta cuestión en sede de reformas reales sobre el modelo de reparto del poder territorial a partir de los efectivos cambios que se produzcan en esa materia (lo que nos sitúa de nuevo en la reforma constitucional necesaria, antes que en la hoy en día posible en España).

- Derechos fundamentales y libertades públicas

También con un valor simbólico evidente, pero en este caso sí con consecuencias prácticas directas e inmediatas que no hace falta aclarar, la parte dogmática de la Constitución podría ser objeto de reformas y retoques con relativa facilidad en términos de acuerdo político (no así procedimentalmente) en la actualidad. Hay que tener en cuenta, además, que el “coste jurídico” de operar en esta dirección es también relativamente menor porque España ya no es de facto soberana a la hora de determinar cuáles sean los derechos fundamentales mínimos y garantizados de sus ciudadanos una vez forma parte de un sistema complejo y completo de tratados y convenios internacionales y europeos dotados de tribunales y órganos de control que velan por su efectivo respeto. La Constitución española, que además reconoce esta fuerza superior a la interpretación externa a la misma en la materia en su art. 10.2 CE, podría por esta razón ser reformada con poco coste político y sin que ello supusiera excisivas pérdidas o concesiones reales más allá de las ya producidas por mor de la integración europea. Y además ello se podría hacer con un alto grado de acuerdo e importantes efectos legitimadores en algunos de sus puntos, simplemente, por medio del sencillo expediente de recoger y constitucionalizar algunas de las mejoras ya asumidas y venidas de fuera. Sin embargo, esta operación requiere de una reforma agravada de la Constitución siguiendo el cauce establecido en el art. 168 CE, con un procedimiento particularmente costoso, de modo que es de prever que sólo se busquen estos beneficios caso de que se entienda que no ha habido más remedio que reformar la Constitución por esta vía (por ejemplo, si se modifican cuestiones relativas a la idea de nación), pero en ningún caso se inicie con el solo fin de proceder a estos cambios.

Por concretar más, puede señalarse que no debería ser difícil, si se acometiera una reforma en estas materias, lograr acuerdos sobre la inclusión de nuevos derechos fundamentales que en Europa son ya moneda común y aquí hemos integrado por medio de leyes ordinarias sin problemas e incluso con antelación a otros países, como el derecho a la protección de datos de carácter personal frente a intrusiones estatales o privadas o la extensión explícita del derecho al matrimonio de modo que abarque todo tipo de relaciones y no sólo las heterosexuales. En la lista de las mejoras ampliamente compartidas y fáciles de llevar a cabo con mucho consenso, pero que no son imprescindibles en sí mismas, por estar el tema ya resuelto por medio de legislación ordinaria, pero que sin duda abundarían en una mayor legitimación del orden constitucional, estaría también la consagración del derecho a la asistencia sanitaria como un verdadero derecho fundamental con blindaje constitucional, tal y como ha sido la norma en España desde la Ley General de Sanidad de 1986 y hasta que las reformas de 2012 han excluido de esta universalidad a inmigrantes irregulares (situación que ha durado hasta 2018, momento en que se ha revertido), a ciertos ciudadanos desplazados al extranjero y a aquellas personas con rentas más altas.

Más conflictivas, aunque tampoco estarían de más, serían la mejora y ampliación de algunos de los derechos que más han debido ser reinterpretados por los tribunales europeos en la materia ante la parquedad constitucional española (y una práctica aplicativa más que insatisfactoria), como puedan ser los relacionados con los derechos y garantías de procesados o detenidos o los conflictos en materia de libertad de expresión. En ambos casos un fortalecimiento constitucional de las garantías sería muy bienvenido ante las amenazas constatadas recientemente, pero justamente estos conflictos dan una idea clara de que su mejor protección no sería pacífica. Asimismo, los perfiles de los derechos de sindicación y huelga podrían articularse para resolver problemas prácticos ya aparecidos (piénsese, por ejemplo, en las problemáticas huelgas de jueces).

Por último, es preciso señalar la creciente presión social que aspira a que la Constitución reconozca como verdaderos derechos sociales una serie de principios (derecho al trabajo, a la salud, a la vida digna, a la vivienda…) que a día de hoy son proclamas que se verifican o no a partir de su efectivo reconocimiento por medio de la legislación ordinaria. Como es obvio, una reforma de la Constitución en la línea de convertirlos en verdaderos derechos subjetivos fortalecería la exigibilidad de estas prestaciones y obligaría a los poderes públicos a disponer de recursos al efecto con más generosidad de lo que ha sido la norma hasta la fecha. No parece que sea sencillo un acuerdo político demasiado ambicioso en esta materia, aunque la evolución europea, tanto a nivel jurídico como político, acompañe en esta dirección. Por ello, avances de mínimos sí parecen, en cambio, fáciles de lograr, especialmente allí donde ya se han producido avances en la consolidación legal de los mismos en los últimos años. A la vista de la legislación autonómica en la cuestión, la mayor presión, pero también la mayor posibilidad de lograr un acuerdo amplio en alguna de estas materias, corresponde sin duda a derechos como vivienda, renta básica y prestaciones de dependencia, todas ellas ya cubiertas aunque sea de forma insuficiente y muy diversa según la financiación disponible en cada Comunidad autónoma. Frente a estas extensiones, en ocasiones se predica el problema de garantizar constitucionalmente derechos que suponen obligaciones de gasto, pero es evidente que ni esto es una novedad en el constitucionalismo (todos los derechos imponen obligaciones de gasto, aunque respecto de otros derechos estas sean quizás menos visibles… o es que sencillamente las tenemos ya totalmente asumidas) ni, además, es una mala cosa contar con cierto blindaje jurídico en punto a la garantía de la irreversibilidad de algunos derechos y conquistas sociales (Ponce Solé, 2013).

-  Mejoras institucionales y democráticas

El otro campo donde la reforma constitucional posible se ha ido perfilando ya de forma nítida en España es el de las mejoras institucionales y democráticas. Un consenso más o menos general ha emergido en los últimos en años en nuestro país como consecuencia de la crisis institucional y política en torno a la necesidad de mejorar los mecanismos de representatividad, transparencia y responsabilidad. Junto a debates como el de la conveniencia de mantener los aforamientos, respecto del que se ha fraguado un acuerdo general en punto a su eliminación o al menos para restringirlos mucho que ha dado pie a que el gobierno lance una propuesta de reforma constitucional exprés en septiembre de 2018 referida sólo a esta cuestión, podemos señalar también los amplios acuerdos sociales en materia de una mayor accountability que han germinado ya en reformas legislativas recientes en materia de buen gobierno y transparencia (como las diversas leyes estatales y autonómicas aprobadas a partir de 2013 en estas materias han mostrado).  Tanto a nivel estatal como autonómico, a lo largo de los últimos años se han sucedido reformas que han servido de banco de pruebas y, como consecuencia de ello, casi todas las propuestas que han aparecido en el debate público plantean cambios en esta línea. Igualmente, la propia dinámica política de los últimos años, en que se han sucedido investiduras de presidente de gobierno fallidas (la de Pedro Sánchez, PSOE, en 2015), repetición de elecciones ante la imposibilidad de formar gobierno (2016), un largo período de interinidad con un gobierno en funciones (el de Mariano Rajoy, PP, entre finales de 2015 y mediados de 2016) e incluso el éxito de una moción de censura constructiva provocando la sustitución de este último como presidente del gobierno por el primero de ellos, han puesto a prueba algunos de los mecanismos constitucionales (procedimiento de designación de candidatos, problemas de bloqueo en ausencia de debate de investidura, dudas sobre la posibilidad de dimisión en el transcurso de una moción de censura, etc.) que han favorecido la aparición de propuestas con mejoras técnicas a este respecto.

Otro elemento donde aparece el consenso en cuanto a qué elementos conviene reformar son, como ya hemos comentado, todas las propuestas diseñadas para avanzar en la profundización y mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones. En este plano, las propuestas del Consell (Generalitat valenciana, 2018) son también concretas e interesantes, así como expresión de consensos que se han ido construyendo y generalizando en los últimos años, al socaire de la crisis política que hemos vivido: más exigencia de proporcionalidad en el sistema electoral (Simón Cosano, 2018), mejora de las posibilidades efectivas de control parlamentario al gobierno (véase el interesante resumen de Rubio Llorente sobre las posibilidades de mejora, publicado recientemente en Pendás, 2018), establecimiento de baterías de medidas para luchas contra la corrupción (Gavara de Cara, 2018), entre las que destacaría el reconocimiento constitucional de las obligaciones de transparencia (Wences Simón, 2018), facilidades para la iniciativa popular de reforma legal o constitucional (Presno Linera, 2012), adaptación de ciertas garantías a la transformación digital (Cotino Hueso, 2018) e introducción de una composición no sólo paritaria en términos de género (Carmona Cuenca, 2018), sino que además sea reflejo de la pluralidad a todos los niveles (también territoriales, rasgo típico del federalismo, Balaguer Callejón, 2018) en las instituciones estatales. De nuevo, son propuestas respecto de las que, en cuanto a prácticamente todas ellas, debiera ser posible alcanzar a día de hoy cierto nivel de acuerdo sin demasiados problemas (siempre y cuando no se pretenda llevar las soluciones a un grado de detalle que impida luego la acción legislativa de las mayorías políticas de turno a posteriori). En este sentido, por ejemplo, la propuesta de reforma constitucional del Consell valenciano es extraordinariamente aprovechable y útil, pues permite disponer de un documento a partir del cual sería sencillo empezar a hablar. Es, también, extraordinariamente significativa y reveladora de por dónde van ciertos consensos y del amplio grado de acuerdo alcanzado ya entre muchos sectores sociales en lo referido a todas estas cuestiones.

Asimismo, una propuesta habitual de reforma y mejora democrática y de representatividad, indudablemente conectada con la cuestión territorial, tiene que ver con la modificación del papel político e institucional del Senado. El modelo bicameral español, en la práctica, ha preterido desde un primer momento a esta cámara, que ni ha ejercido de contrapoder efectivo del Congreso ni ha cumplido eficazmente con el papel teórico que la Constitución le atribuye de representación territorial. Por esta razón, y desde un momento muy temprano, el consenso académico sobre las insuficiencias del diseño constitucional en punto a su diseño, ha sido más o menos general (puede verse a este respecto, por ejemplo, la evolución de los diversos Informes sobre Comunidades Autónomas dirigidos por Eliseo Aja desde 1999, también Aja Fernández 2006; o, más reciente, en Cámara Villar, 2018). Fruto de este consenso se han sucedido las propuestas de reforma, que han ido desde quienes han propugnado directamente su supresión, apostando por convertir en unicameral el diseño constitucional, adecuándolo así a lo que ha sido la realidad política del ejercicio del poder y de la representación en la España de las últimas décadas, a quienes han propuesto su reforma para tratar de convertirlo en un contrapoder efectivo que complemente la labor del Congreso y que, efectivamente, contenga una visión territorial diferenciada. En general, las propuestas en esta línea han buscado un diseño similar al del Bundesrat alemán o modelos semejantes (como la segunda cámara austríaca), donde su acuerdo es necesario al menos para la aprobación de las leyes que tienen un componente territorial, por una parte, y en el que además la representación corresponda antes a los gobiernos autonómicos (con cierta ponderación por población) que a la ciudadanía. Por ejemplo, en las propuestas que se han ido perfilando más desarrolladas, como las de los profesores Muñoz Machado y otros (Muñoz Machado et alii, 2017) o la del gobierno valenciano (Generalitat Valenciana, 2018), pero también en los documentos del PSOE y la Declaración de Granada o gran parte de la producción científica de los últimos años en la materia, esta solución, a falta de concretar los perfiles exactos de cómo quedaría la institución (proporción entre población y votos, lista de materias en que el acuerdo de esta segunda cámara sea necesario), goza de un indudable predicamento (véase, por todos, Aja et alii, 2016). Por lo demás, esta solución se ubica en la profundización, muy necesaria, en los mecanismos de representación territorial (Aja Fernández, 2014; Balaguer Callejón, 2018: 253-254), aunque no es el único de ellos y sería necesario ir más allá. También el informe del Consejo de Estado realizado en 2006, por ejemplo, analizó esta misma cuestión y planteó esta opción como posible y aconsejable. Caso de que se acabe produciendo una reforma constitucional en España, sin duda, y junto a otras medidas simbólicas como la incorporación de nuevos valores y medidas de profundización democrática, es claro que una reforma del Senado en esta dirección sería sencilla de pactar y más que probable resultado del proceso. Un resultado cuya importancia no puede minusvalorarse, y que sin duda alteraría algunas de las dinámicas políticas y de representatividad que ha sido la tónica en la España constitucional desde 1978. Cuestión diferente es si sólo con ello es suficiente para lograr los reequilibrios necesarios a efectos de conseguir en nuevo y mejor reparto del poder territorial que pueda dar salida a la crisis constitucional actualmente en curso.

En general, esta misma conclusión puede predicarse de todo lo señalado. Siendo todos los elementos ya referidos aspectos y cuestiones donde la reforma constitucional podría ser perfectamente factible ya a día de hoy, e incluso relativamente sencilla en algunos casos, es dudoso que se trate de cuestiones o elementos de nuestro pacto de convivencia cuya revisión sea totalmente urgente o necesaria. La gran avería jurídico-institucional, la gran división política y social que el Derecho (y la novación del pacto constitucional) habrían de tratar de atender tiene que ver con el conflicto territorial y, especialmente, con su cristalización en un proceso político de búsqueda de la independencia por una creciente parte de la población catalana. La reforma constitucional necesaria para la España de nuestros días pasa por lograr articular un consenso en torno a esa cuestión. Algo mucho más complicado a día de hoy, donde los acuerdos distan de verse fáciles o próximos… y de la que nos tendremos que ocupar inevitablemente en el futuro en profundidad. Pero algo donde los desacuerdos priman sobre los acuerdos, al menos aún en la actualidad. De hecho, el apresurado listado de consensos ya existentes, que hemos tratado de realizar, muestra sistemáticamente una misma realidad: el consenso existe y es incluso fácilmente articulable en todo lo que no toca la cuestión del reparto del poder territorial. En cuanto ésta se ve afectada, siquiera sea tangencialmente, todo se hace mucho más difícil.

Sirva, en todo caso, la presente reflexión para identificar y trazar los acuerdos ya posibles y fáciles de articular como reforma constitucional. Otro día nos habremos de ocupar, en cambio, de la segunda y mucho más importante parte de la reforma constitucional hacia la que nos conducimos en España: la que tiene que ver con los actuales desacuerdos, profundos, a la hora de entender el pacto de convivencia y el reparto del poder. Pero, también, la que de una manera u otra habrá de alcanzarse porque es absolutamente necesaria para salir del impasse en el que estamos.

*Andrés Boix Palop es Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universitat de València-Estudi General

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Recursos en línea sobre las propuestas de reforma constitucional comentadas en el texto:

- Generalitat Valenciana (2018). Acord del Consell sobre la reforma constitucional. Disponible on-line (consulta 01/09/2018)

- Muñoz Machado, S. et alii (2017). Ideas para una reforma de la Constitución. Disponible on-lineDisponible on-line (consulta 01/09/2018)

- PSOE (2013). Declaración de Granada: Un nuevo pacto territorial. Una España de todos. Disponible on-line (consulta 01/09/2018)

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Referencias bibliográficas mencionadas en el texto:

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El pasado mes de febrero apareció varado en el Cabo de Palos un cachalote joven con 29 kilos de plástico en el estómago. El pasado viernes 14 de septiembre apareció otro cachalote en Madrid. Mientras el primero fue víctima real de la contaminación de los océanos, el segundo fue una intervención artística de sensibilización dentro del circuito Ciudad Distrito. Un acto sin duda innovador y atrevido, pero también ejemplo de la escenografía que suele acompañar a las políticas medioambientales.

Osos polares agonizantes, sequías y subidas del nivel del mar son lugares comunes del discurso contra el cambio climático. Discurso que es fruto de décadas de activismo ecologista, y a la vez origen de verdaderas políticas de altura y de consensos internacionales que han quedado para la historia, escenificados en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de París. De la escena a la acción hay, no obstante, un trecho importante, y más profundo en este que en otros campos de la política. El resultado: aprobación de grandes planes medioambientales, trasposición infinita de Directivas europeas, y el ciudadano medio que sigue sin tirar el envase de plástico al contenedor de envases de plástico.

En el espacio entre retórica y realidad, vivimos sobre el suelo que más basura entierra de toda la Unión Europea: el suelo español. ¿No es acaso gestionar la basura de forma responsable más fácil que salvar al oso polar? Sí es más fácil (además de perfectamente compatible), pero es menos bonito. Porque para gestionar la basura de manera responsable hay que quitar los contenedores de las calles, obligar a los vecinos a convivir con los residuos, en sus casas, durante días, sometidos a un calendario de recogida selectiva, hay que sancionar el depósito de basuras fuera de hora, sancionar la mala separación de residuos, e imponer medidas de fiscalidad ambiental, entre otros tantos atrevimientos sobre los hábitos de consumo. En fin, hay que ser Holanda, Dinamarca, Bélgica; o ser Guipúzcoa, Navarra o Cataluña. Hay que atreverse a conquistar las tasas de reciclaje más altas del mundo (de hasta un 80% sobre el residuo total generado), para ser ejemplo y modelo de economía circular, y salvar en última instancia al oso polar.

Destaquemos un reciente acto de atrevimiento por lo que a ecología y escenografía respecta: el de crear un nuevo Ministerio y llamarlo el Ministerio para la Transición Ecológica. Transición: el reconocimiento de que el lugar donde estamos no es donde debemos estar. Y aún más atrevido y extraño: colocar a su cabeza no a un político ajeno a la materia, sino a una Experta en cambio climático. Esta propuesta puede llenarse de contenido o puede ser un ejemplo más de performance medioambiental. En ello también deberá el Ministerio transitar, tomando como ejemplo a los buenos actores y a las buenas políticas que ya se practican en nuestro país y que se encuentran en las regiones pioneras. Una de las más trabajadas por las entidades locales pioneras, como es la Agencia de Residuos de Cataluña, es una política básica sobre el concepto ecologista más cercano al ciudadano: el reciclaje. El Ministerio no solo puede empezar por lo básico, sino que debe hacerlo, por lo que revelan los datos a continuación.

España generó algo más de 21 millones de toneladas de residuos en el año 2015, últimos datos disponibles facilitados por el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente.

La tasa de reciclaje, que incluye a las dos tasas anteriores, es en España de un 30%. La Agencia Europea del Medio Ambiente alerta de que no mejorará y que España no cumplirá con el objetivo del 50% de reciclaje de residuos para el año 2020. Este objetivo es el establecido por la Directiva Marco de Residuos de 2008, el traspuesto por la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, el confirmado por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos y por todos y cada uno de los planes autonómicos en materia de residuos. En el año 2015 la Comisión Europea estableció un nuevo objetivo: alcanzar el 60% de reciclaje de residuos en el año 2025 y el 65% en el año 2030. España no está lejos de estos objetivos, simplemente no está. Algunas regiones españolas se encuentran, al menos, en la senda de los objetivos.

La preferencia por el vertido es una constante en todas las Comunidades Autónomas, con las siguientes tendencias:

El vertido sin tratamiento previo es el exponente de una grave realidad medioambiental en España: en el año 2015 se vertieron sin tratamiento previo 4,2 millones de toneladas de residuos urbanos, volumen superior al del reciclaje total en el mismo año. Una región, que por su desarrollo socioeconómico y por su capitalidad no debería ser otra cosa sino modelo de buena gestión -la Comunidad de Madrid-, presenta una tasa de reciclaje del 16%, incinera un 17% de sus residuos generados, vierte como rechazos de otras plantas el 25% y vierte sin tratamiento previo el 43% de sus residuos generados.

Pese a la tendencia absoluta hacia la eliminación de residuos en lugar de su valorización, se aprecian buenos intentos y buena gestión en Comunidades Autónomas como Asturias, que recoge selectivamente y recicla un 24% de sus residuos; Cataluña, pionera absoluta en la recogida selectiva de materia orgánica; Navarra, que recoge selectivamente y recicla un 23% de sus residuos; y País Vasco, que recoge selectivamente un 28% de sus residuos. Todas ellas por encima de la media estatal de un 16% de recogida selectiva.

El caso catalán merece, como nos tiene acostumbrados, capítulo aparte. Casi la mitad del total de recogida selectiva en Cataluña es materia orgánica procedente de cocinas (hogares), restaurantes, parques y jardines. Esta materia orgánica supuso más de la mitad de toda la materia orgánica recogida selectivamente en España en el año 2015. Y supone también, un ejercicio de responsabilidad y de cumplimiento. Cumplimiento con la Directiva de Vertidos que obliga a desviar progresivamente el residuo orgánico de los vertederos. El antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, consciente de las obligaciones de España para con la Unión Europea, elaboró en 2013 una Guía para la implantación de la recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica en colaboración con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. El impacto del documento fue inversamente proporcional a su extensión: 355 páginas. La recogida selectiva de la fracción orgánica no alcanzó el millón de toneladas en toda España en el año 2015.

El caso valenciano merece mención especial: ejemplo de cómo poder ser una región pionera sin llegar a serlo. Intentos, variados: la revisión y actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana en 2013, o la reciente introducción del contenedor marrón de recogida selectiva de materia orgánica en barrios como Benimaclet. El resultado, también variado: 1.500 páginas de Plan Integral de Residuos para una Comunidad Autónoma que rechaza a vertedero el 58% del residuo total generado; y un importante despliegue de contenedores marrones que, aunque bienintencionado y en la buena dirección, carece de las medidas necesarias para estimular la separación. Porque la presencia de contenedores marrones (y la distribución de pequeños cubos marrones a los vecinos) no atrae por sí sola a la materia orgánica bien separada, de la misma forma que los contenedores amarillos, verdes y azules, no atraen con poderes telequinésicos a los envases de plástico, papel y vidrio. El sistema de recogida selectiva puerta a puerta, el implantado en decenas de municipios españoles y recientemente en el barrio de Sarrià de Barcelona, es el único hasta la fecha que consigue, no con telequinesia sino con incentivos y desincentivos fiscales, sanciones y responsabilidad colectiva, alcanzar tasas de separación y reciclaje de más de un 80%. Pero más sencillo es para todos colocar contenedores en las calles, que quitarlos, e imponer la separación de residuos en el hogar y un estricto horario de recogida.

Un sistema que en los países europeos pioneros suele acompañar a la recogida puerta a puerta es el SDDR: el sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Estos sistemas proceden de una antigua práctica, habitual en las economías menos desarrolladas: devolver las botellas de cristal al comerciante una vez usadas. Práctica que desapareció con la introducción al mercado de la botella de plástico. El residuo de envase de bebida es, dentro de la categoría de residuos de envases, especialmente problemático por su incidencia en la suciedad de las calles y en la contaminación de los mares. Los países europeos pioneros en el reciclaje introdujeron los SDDR hace décadas, y las regiones pioneras están estudiando hoy su viabilidad, como en el caso de Cataluña. La Comunidad Valenciana, mostrando una vez más la región pionera que puede llegar a ser, propuso ya a principios de 2016 la introducción del SDDR, y lo estuvo intentando consistentemente durante todo el año. Otros, intentaron lo contrario: detener a la Generalitat Valenciana, y lo consiguieron. Entre los otros se encuentran las asociaciones de empresarios promotoras de este vídeo y se encuentra también un invitado de honor: Ecoembes. ¿Por qué Ecoembes? Ecoembes es el Sistema Integrado de Gestión sin ánimo de lucro que se encuentra detrás de todos y cada uno de los contenedores amarillos y azules de España. ¿Qué puede tener una entidad sin ánimo de lucro contra el SDDR? La respuesta es sencilla: lo que tiene Ecoembes es ánimo de lucro, y ánimo de lucro a costa de la actual y deficientísima recogida selectiva de residuos en nuestro país.

La ecuación es otra vez sencilla, y la proporciona la propia Ecoembes. En cumplimiento de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, las empresas envasadoras/importadoras/comercializadoras/distribuidoras de envases metálicos, de plástico y bricks (contenedor amarillo) y envases de papel y cartón (contenedor azul), deben adherirse a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que, en aplicación del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, asuma los costes de la recogida y reciclaje de los residuos de envases que esas empresas colocan en el mercado. Ese SIG es Ecoembes. El punto verde que vemos en todos y cada uno de los envases de nuestro alrededor es el indicativo de que la empresa en cuestión (un total de 12.300 empresas en el año 2016) han contribuido con la correspondiente tarifa a Ecoembes. La contribución de las empresas está destinada íntegramente a la gestión de sus residuos y por eso los SIG son entidades sin ánimo de lucro. Por desgracia y como ya adelantamos, los contenedores amarillos y azules no son imanes y no atraen hacia su interior a todos y cada uno de los envases con punto verde de España. Ecoembes dice reciclar el 76% de los residuos que gestiona. ¿Pero cuántos residuos gestiona? 1,7 millones de toneladas en 2016 según su Informe Anual. Los datos del Ministerio corroboran la tasa del 76% de reciclaje, sí, pero no sobre los residuos gestionados por Ecoembes, sino sobre los residuos depositados en los contenedores de Ecoembes. ¿Dónde van los demás envases? Al contenedor gris. ¿Se reciclan? No, se rechazan a vertedero en su gran mayoría. Aun así, Ecoembes dice haber ingresado lo mismo que gastó en el año 2016: 494 millones de euros, respectivamente.

El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica sería un actor muy útil, por sus dimensiones, para arrojar luz sobre la cuestión de Ecoembes y, sobre todo, para unificar datos. Mientras tanto, el Ministerio distribuye desde el año 2015 a través del PIMA Residuos y en el seno de la Conferencia Sectorial de Medioambiente, cantidades que este año sumaron 9 millones de euros, para financiar proyectos locales de gestión de residuos urbanos. Una buena inversión que, si se mantiene, llevará a España a cumplir con los objetivos de reciclaje de la Unión Europea el siglo que viene, aproximadamente. Mientras tanto, el vacío: entre la anécdota brillante de las buenas prácticas locales, y la gestión rutinaria y diaria de los residuos urbanos en España.

El análisis de políticas públicas ha esquivado la gestión de residuos urbanos en España. Las tres fases clásicas del ciclo de las políticas públicas: elaboración, implementación y evaluación, son difícilmente trazables en la gestión de residuos urbanos. Esto es así porque el Estado carece de competencias en la gestión de residuos urbanos, pero le compete en exclusiva la trasposición al ordenamiento jurídico de la normativa europea y la programación y planificación estatales en materia de residuos. Se puede evaluar al Estado como programador y planificador, pero no como gestor de residuos. Se concluye fácilmente que todo recae en manos del gestor autonómico y local y que el Estado español, trasponiendo y planificando, no solo hace suficiente, sino que hace todo lo que puede.

Las Comunidades Autónomas también participan como programadoras y planificadoras en la gestión de los residuos urbanos, pero esta viene ejecutada por las Entidades Locales. La forma de ejecución consiste, en la mayoría de los casos, en la adjudicación de contratos a gestores autorizados de residuos. Forzando la lógica antes planteada, la Entidad Local hace todo lo que puede adjudicando el contrato a un gestor autorizado. Desde luego, la Entidad Local hace lo que debe. Lo que también puede hacer es aspirar a un acomodo real a la jerarquía de residuos reproducida religiosamente en cada plan autonómico: reducción de los residuos - reutilización de materiales - recogida selectiva - reciclaje y valorización. Aspiraciones que no crecen solas, sino que han de ser regadas por los actores pioneros y por un actor privilegiado: el Ministerio para la Transición Ecológica.

¿Somos responsables? El principio que subyace a todo debate sobre la contaminación, el cambio climático, el paisaje, los residuos: la responsabilidad. Principio cultivado y transferido por las instituciones europeas, principio ejercido por las regiones pioneras. Porque somos responsables de los recursos de las generaciones futuras hacemos políticas sostenibles. Porque somos responsables del suelo, de las calles y de los mares, hacemos política en gestión de residuos, y la hacemos sostenible. Los parches, los medios intentos y los intentos obligados en política medioambiental, no pueden ser sino símbolo de irresponsabilidad.

Los ciudadanos europeos han demostrado compromiso y constancia cuando han sido requeridos, de forma consistente y consciente, a cambiar sus hábitos en la separación y la eliminación de residuos. El cambio se puede y el cambio se quiere. Los ciudadanos europeos son responsables, cuando sus autoridades públicas también lo son.

*Laura Magallón Pérez es Graduada del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia. El artículo está basado en el Trabajo de Fin de Grado La gestión de residuos urbanos en Europa Occidental.

Los cambios demográficos de nuestras sociedades (incremento de la longevidad, la esperanza de vida y el peso específico de las personas mayores como grupo social, reducción de las estructuras tradicionales de la familia extensa), provocan una realidad social que ha aumentado el interés por examinar los procesos subyacentes al envejecimiento de la población. En España el proceso de envejecimiento se acelera rápidamente. En 2050 España se convertirá en el tercer país más envejecido del mundo, con 34.5 % de su población mayor de 65 años (Naciones Unidas, 2014). Actualmente las personas mayores de 65 años representan el 18.8 % sobre el total de la población y se estima que hay un 32.6 % más de mujeres mayores que de hombres, siendo el femenino el sexo predominante en la vejez. La esperanza de vida se ha incrementado de forma espectacular durante todo el siglo XX, con una esperanza de vida al nacer en las mujeres de 85.8 años, y de 80.3 años en los hombres, situándose entre las más altas de Europa y del mundo.

El Foro Internacional sobre Personas Mayores se propone llevar a diferentes ciudades unas jornadas de reflexión en torno al proceso de envejecer y el buen trato a especialistas en materia de envejecimiento, políticas sociales sobre personas mayores, y derechos humanos. En 2018 la ciudad que ha acogido el II Foro ha sido Valencia. La Sociedad Valenciana de Geriatria y Gerontología, como sociedad científica que aúna a diferentes especialistas de distintas áreas relacionadas con el proceso de envejecer ha sido la encargada de reflexionar sobre los derechos de las personas mayores y elaborar una Carta a modo de hoja de ruta.

Vivimos en el siglo XXI y somos uno de los países más ricos del mundo ¿lo sabía usted?

Debemos estar muy orgullosos de ser uno de los países con la mayor esperanza de vida a nivel mundial (sólo por detrás de Japón) y ser, en este sentido, uno de los países más ricos del mundo. La riqueza al fin y al cabo es un constructo subjetivo y en el que solemos dejar de lado aspectos intangibles como el tiempo. Tendríamos que empezar a valorar los años de vida como la moneda más valiosa para el ser humano, el verdadero signo del progreso. Esto no es fruto de la casualidad: nuestro estado de bienestar, nuestro clima, nuestro tejido social, entre otros factores, hacen que cualquier persona que esté naciendo ahora mismo en España tenga una esperanza de vida que va más allá de los ochenta y cinco años si es mujer, y de los 81 años si es hombre.

Pero, además de felicitarnos por estos logros queremos firmar este manifiesto donde venimos a requerir derechos y buen trato para las personas mayores.

Resulta desconcertante que en pleno siglo XXI y en la civilización occidental tengamos que realizar un manifiesto para defender los derechos de personas que suman en España más de ocho millones ochocientas mil, según el Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística de 2017, y un millón en nuestra Comunidad Valenciana.

Otros colectivos ya han dado un paso al frente para ir siendo considerados y conquistar unos derechos que le eran negados: infancia, personas con diversidad funcional, minorías étnicas o culturales, mujeres… Pero paradójicamente las personas mayores siguen siendo ninguneadas, invisibles ante los ojos de un sistema que las maltrata y la pasividad de la sociedad que prefiere librar otras batallas tal vez más rentables o mediáticas.

Por tanto, hemos de hacer este manifiesto con más determinación que nunca por muchas razones que desde la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología queremos exponer:

CARTA DE DERECHOS

La SOCIEDAD VALENCIANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, cuya razón de ser es el bienestar de las personas mayores, consciente del peso específico que representan en la sociedad actual y de su diversidad y heterogeneidad, siente la necesidad de reivindicar, en justicia, aspectos básicos que afectan a su modo de vida y que son necesarios para desarrollar esa etapa del ciclo vital con dignidad y con el respeto que se merecen como seres humanos y como ciudadanos; sin olvidarnos que, además, son insustituibles transmisoras de experiencia y conocimientos, y que sus aportaciones constituyen una fuente de riqueza para todos los que les rodean en el presente y para las generaciones venideras.

Conscientes de la repercusión de todos estos factores en la calidad de vida, reclamamos para las personas mayores en general y, para cada una de ellas en particular, los siguientes derechos irrenunciables:

1.- Derecho a ser tratado individualmente como ser humano, respetando nuestras características individuales, necesidades y expectativas, nuestras capacidades y limitaciones y, por tanto, a que se diseñen e implanten políticas integrales que den respuestas acordes a esas necesidades. Concretamente que se diseñen e implementen desde el ámbito público y privado políticas de atención y cuidados centradas en la persona.

2.- Derecho a preservar la identidad personal, la libertad y autonomía, y a recibir un trato acorde a cada historia personal y social, respetando la autodeterminación y toma de decisiones sobre la propia vida.

3.- Derecho a participar libre y activamente en la sociedad en la que se vive y a que se tengan en cuenta deseos y opiniones para contribuir a una realidad más justa e inclusiva para todos. La participación contribuye a aumentar la socialización, a mantener y mejorar las capacidades y evitar el aislamiento, ayudando a mantener el bienestar personal y la vinculación al entorno social y cultural.

4.- Derecho a tener una vida digna en la que sean satisfechas la necesidades espirituales, emocionales, de salud, relacionales, económicas y sociales.

5.- Derecho a mantener y expresar una sexualidad libre y respetada en cualquiera de sus formas, en espacios de intimidad y tolerancia, exentos de ser juzgados, sin que sea reprobada su conducta, y sin sufrir rechazo, descalificaciones ni agresiones físicas o verbales.

6.- Derecho a decidir libremente sobre todas las cuestiones referidas a nuestra vida, especialmente en las situaciones de fragilidad o dependencia, considerando los deseos y voluntades previas cuando la capacidad de decisión no esté preservada, evitando que sean otros quienes decidan.

7.- Derecho a que sean garantizados los principios bioéticos de no maleficiencia, justicia, autonomía y beneficencia, en la enfermedad y en los cuidados, y a que se proporcionen los cuidados paliativos necesarios para garantizar esos principios y la necesaria intimidad.

8.- Derecho a la intimidad, sobre todo en caso de necesidades especiales, y en entornos institucionalizados.

9.- Derecho a decidir sobre el final de la vida, a expresar su voluntad sobre una muerte digna, expresada mediante la elaboración de documentos o testamentos, en los que queden reflejados sus deseos en caso de no tener la capacidad de decidir.

10.- Derecho a ser informado de forma accesible, clara y sencilla, y a participar en las decisiones que condicionan su vida en la salud y en la enfermedad, para ejercer nuestra capacidad de decisión de manera autónoma.

11.- Derecho a que se garantice el acceso equitativo a asistencia sanitaria y social y a disponer de los recursos sociosanitarios adecuados para que los cuidados que se precisen, puedan dispensarse en el domicilio, acompañados de la familia con apoyo de profesionales cualificados, o en centros especializados.

12.- Derecho a vivir en entornos que permitan a las personas mayores envejecer activamente, con seguridad, y continuar participando plenamente en la sociedad. La calidad de vida se relaciona directamente con el fomento del protagonismo de las personas mayores en la esfera pública y social.

13.- Derecho y acceso a la formación a lo largo de la vida, para garantizar un desarrollo personal en igualdad de oportunidades a otros grupos de edad. El aprendizaje aumenta las oportunidades de participación y contribución social, mejora la reserva y el rendimiento cognitivo, aumenta la autoestima, ayuda a afrontar los problemas y previene el aislamiento social.

14.- Derecho a formar parte activa de una sociedad para todas las edades, inclusiva y sostenible.

15.- Derecho a que los medios de comunicación reflejen una imagen de las personas mayores que responda a la realidad actual, reconociendo su heterogeneidad, su contribución individual y social, utilizando un lenguaje no edadista y evitando estereotipos tanto en la información como en la publicidad.

16.- Derecho al acceso a las nuevas tecnologías, ya que ayudan a las personas de edad a estar en conexión con su entorno, a satisfacer necesidades, a mantenerse informadas, comunicadas, a ser independientes y a mejorar su salud.

17.- Derecho a que sean satisfechas las necesidades sociales básicas de seguridad, pertenencia, afecto y comunicación. La soledad no deseada en las personas mayores aumenta el sedentarismo, afecta a la salud, al deterioro de las capacidades mentales, y repercute en su estado de ánimo.

18.- Derecho a actuar y a denunciar un trato inadecuado o situaciones de maltrato en el ámbito familiar, social o asistencial, ya sea económico, físico o psicológico, o el que pueda derivarse de una negligencia o una mala praxis profesional.

El reto, y responsabilidad a la vez, de la sociedad en la que vivimos será poner en valor a las personas de edad, atender sus necesidades y garantizar sus derechos. El deber de administraciones y organizaciones es tomar conciencia de lo que representan las personas mayores al diseñar las políticas y gestionar los recursos, para que la ciudadanía pueda envejecer dignamente y resolver con garantías los retos que se plantean en el futuro inmediato y que parecen ignorar.

Si la sociedad logra dar un buen trato y valorar a sus mayores, evolucionará positivamente creando un espacio de convivencia y concordia para todas las edades, en el que todos se nutran de todos para conseguir una vida más plena.

SOCIEDAD VALENCIANA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Almas bien o mal intencionadas llevan mucho tiempo sembrando inquietudes sobre el futuro de las pensiones públicas. Y no sin éxito, según parece. Es verdad que, cuando vienen por el lado derecho, se desacreditan los augurios atribuyéndolos al interés de la banca por administrar nuestros ahorros por un módico dos por ciento anual; y, cuando vienen por la izquierda, el desprestigio se intenta reduciéndolos a estrategias de desgaste contra los gobiernos del PP. Pero unos y otros, a derecha e izquierda, han convertido en lugar común la idea de que las pensiones públicas van a ir a peor, o incluso a dejar de existir. Los pensionistas que estos días se movilizan, lo hacen por sus pensiones, pero sobre todo, protestan, por las de sus hijos.

Creo que estas protestas están poco justificadas para el presente, pues la renta de la población que depende de las pensiones es la mayor de la historia, tanto en términos absolutos como en relación al resto de la población. Históricamente los pensionistas han sido más pobres que los activos, pero justo durante la última crisis los ingresos de estos han caído hasta igualarse con los de los pensionistas, de modo que actualmente y por primera vez en la historia su posición relativa es de uno a uno.

¿Aciertan las protestas en lo referente al futuro? ¿Es verdad que el sistema actual de pensiones públicas es insostenible y que las pensiones peligran? Con casi total seguridad, no. Los temores por las pensiones futuras se justifican por el envejecimiento de la población y por el empeoramiento de los salarios. Ahora bien, el envejecimiento de la población, que es una previsión muy probable, es un factor de poca importancia; por el contrario, el empeoramiento de los salarios, que es mucho más importante, es una previsión harto improbable. Dicho de otro modo, es casi seguro que la proporción de ancianos aumente, pero también muy probable que la productividad de la economía aumente mucho más.

¿Por qué digo que el envejecimiento es de poca importancia? Para explicarlo, es útil dividir a la población adulta en dos partes, según la relación que tengan con las rentas del trabajo. Una parte depende directamente de los ingresos del trabajo; los podemos llamar A (de 'adultos' o de potencialmente 'activos'), y otra parte depende indirectamente; los podemos llamar P (de 'pasivos' o de 'pensionistas'). (Simplificamos dejando aparte a los menores y las rentas del capital, pero ello no afecta a lo principal del argumento).

Comencemos por los temores respecto al sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones públicas suelen llamarse de 'reparto' o 'distribución' (pay as you go en inglés) porque se basan en la transferencia de una parte de las rentas laborales de A a P. Estos sistemas no pueden nunca 'quebrar' ni ser 'insostenibles', pues, como sistemas, no dependen de la demografía ni de la economía, sino que se basan en lo que suele llamarse un 'pacto intergeneracional' que se actualiza por decisiones políticas acerca de la magnitud de la transferencia. Esta magnitud es la cuestión principal para el sistema, independiente de cuestiones de organización como entre quiénes se recauda y cómo se reparte. ¿Qué parte de la renta deben transferir los A a los P? Es una cuestión estrictamente política, que puede adoptarse año a año o por plazos más largos, e incluso incluirse en la Constitución. Desde luego, si la cantidad se fija en términos absolutos, puede resultar una carga pesada si la economía va mal. La clave está en fijar la renta media de los pensionistas en términos relativos a la renta media de los activos. Puede decidirse una relación de uno a uno, de modo que la renta media de P quede igual a la renta media de A, y los abuelos no tengan ni más ni menos que sus hijos y sus nietos. O puede decidirse que los P vivan con la mitad, o que necesitan el doble. En cualquier caso, la viabilidad del sistema de reparto está asegurada, siempre que los adultos no se nieguen a transferir parte de las rentas a los mayores.

Lo problemático no es, pues, el sistema, sino la magnitud de las transferencias, es decir, no la existencia, sino la cuantía de las pensiones. Es posible, en efecto, que con la organización actual, el sistema no recaude lo suficiente para pagar las pensiones que se ha comprometido a pagar, y en ese caso, efectivamente, habrá que reformar la organización del sistema, bien subiendo las cotizaciones de A, bien bajando las percepciones de P. Cuando se augura la 'quiebra' o la 'insostenibilidad' del sistema, lo que realmente se dice es que por mucho que se suban las cotizaciones habrá, además, que bajar las pensiones. Pedro eso no sería una quiebra del sistema, sino un ajuste de las percepciones.

Aquí es donde entra en juego el envejecimiento de la población. Es frecuente exponerlo bajo la forma de la tasa de dependencia, que es simplemente la ratio P/A, entre mayores de 65 años (que pueden representar a P) y los que tienen entre 15 y 64 años (por convención 'potencialmente activos', y pueden tomarse como representación de A). Según las más recientes proyecciones del INE, la tasa de dependencia es de 28%, será de 33% en 2025, pasará del 50% en 2038 y se estabilizará sobre 60% hacia 2050 (tabla 1). Visto desde el otro lado, esto significa que actualmente hay 3,5 adultos por cada mayor de 64 años, ratio que llegará a 3 en 2025, en 2038 estará en 2 y desde 2050 se estabilizará, por fin, en torno a 1,5. ¿No es esto un riesgo muy serio, difícil de afrontar? Y, además, con salarios cada vez menores como los que se avecinan.

¿Un riesgo muy serio? Supongamos que los potencialmente activos son generosos y transfieren a los pensionistas una renta igual a la que se quedan para ellos. Cada A, además de a sí mismo, tiene que mantener actualmente sí mismo y a 1/3,5 de pensionista (en total 1+1/3,5=1,28); en 2025 tendrá que mantener a 1+1/3 (1,33 en total), en 2038 tendrá que mantener a 1,5 y hacia 2050 a aproximadamente 1,65. Podemos llamar 'factor de reparto' al número total de adultos (A+P) a cargo de cada A, es decir, al cociente (A+P/A). Es otro modo de expresar lo que se suele llamar tasa de dependencia, P/A. Preguntemos ahora cuánto más tiene que producir A para mantener la renta media del conjunto A+P. La respuesta, obvia, es que tiene que aumentar el producto en lo que va de 1,28 a 1,67, es decir, un 30%. Este 30% es exactamente el aumento de la productividad de A necesario para hacer frente al incremento de P entre 2016 y 2050 manteniendo constante la renta per capita del conjunto de A y P.

¿Un riesgo difícil de afrontar?¿Cuán difícil de conseguir es un aumento así de la productividad? Veamos cómo ha ido la tarea hasta ahora. Según se ve en la tabla 2, los 'factores de reparto' han pasado de 1,15 en 1971 a 1,20 en 1989, a 1,25 en 2002 y a 1,29 en 2017, a medida que el porcentaje de población con 65 años y más subía del 10% al 19% de la población total. Es decir, el incremento de productividad necesario para compensar el envejecimiento ha sido de un 11% (1,29/1,15). Pues bien, como puede verse en la tabla 2, en este intervalo de cuarenta y cinco años la productividad de A se ha más que doblado, de modo que cada A podría en 2015 mantener a un pensionista entero, no al 0,28 de pensionista que realmente tuvo que mantener. La diferencia, naturalmente, se reflejó en un aumento general de la renta per capita.

El contraste entre el aumento del 11% requerido por el envejecimiento y el de 116% logrado por la economía es una buena base para afirmar que el envejecimiento de la población es un factor de poca importancia comparado con las mejoras de la economía. Como escribí hace ya algunos años, la carencia fatal de considerar el futuro de las pensiones en términos de envejecimiento es que plantea en términos de simple demografía un problema complejo de economía, por mucho que, curioisamente, sea el enfoque favorito de muchos economistas. Por ejemplo, The Economist. En 2003 titulaba “Work longer, have more babies” y explicaba: “Muchos países europeos tendrán que hacer algo sobre los efectos de sus decrecientes tasas de natalidad a fin de corregir el desequilibrio entre trabajadores y pensionistas” (27-9-03:13). Y en 2018 volvía sobre el tema, si bien algo más optimista: en muchos países la población en edad de trabajar disminuye y los viejos aumentan, pero la demografía no es el destino. Y, en efecto, no lo es; o, por lo menos, no es el destino de las pensiones, que es económico, no demográfico. La cuestión no es que la población envejezca, sino si los jóvenes van a producir lo suficiente para compensarlo.

¿Van a hacerlo? ¿Va a mejorar la economía lo bastante? Desde luego, una cosa es que lo hiciera en el pasado y otra que lo siga haciendo en el futuro. Agua pasada no mueve molino y además aquellos fueron otros tiempos. Remontarse a 1971 parece excesivo. Si miramos períodos más cortos, encontramos que la productividad de los adultos aumentó un 45% hasta 1989, y más que se dobló hasta 2007, pero cayó un 10% entre 2007 y 2013; es cierto que entre 2013 y 2017 se ha recuperado algo más de lo perdido, pero eso solo permite decir de momento que la productividad se ha estancado en los diez años entre 2007 y 2017. La cuestión es que hasta 2050 habrá que aumentar la productividad de los adultos de 1,28 a 1,67, es decir, casi un 30%; puede parecer poco comparado con el 100% de aumento entre 1971 y 2005, pero es infinitamente más que lo logrado entre 2007 y 2017. ¿Por qué considerar más probable el crecimiento que el estancamiento?

Creo que hay muchas razones para ser optimista y esperar no ya que la renta per capita se mantenga, sino que crezca considerablemente. Si volvemos otra vez al pasado, cabe advertir que los años entre 1971 y 2007 son los difíciles años de la crisis del petróleo de los ochenta y de la recesión de principios de los noventa. Y si nos limitamos a los años últimos, podemos fijarnos en que la productividad cayó un 10% entre 2007 y 2013, pero también habría que tener en cuenta cómo se ha recuperado ese porcentaje entre 2013 y 2017. Y si directamente pensamos en el futuro, hay por lo pronto un trecho hasta volver a las tasas de ocupación de 2007, y otro hasta alcanzar el 70%, la tasa media de Europa. Con solo llegar a este 70%, el PIB crecería en España lo suficiente para cubrir el 18% que demanda el envejecimiento de la población hasta 2038. Para el resto, hasta el 30% necesario para 2050, resulta extraño pensar que no va a mejorar la productividad por ocupado en el momento de mayor avance tecnológico de toda la historia de la humanidad. Por eso me parece muy probable que la productividad de la economía aumente mucho más que la longevidad de la población.

Podría ocurrir, sin embargo, que la productividad no mejorara. Pero entonces el problema no sería el sistema de pensiones, que seguiría funcionando igual; ni el aumento del envejecimiento, que seguiría teniendo una importancia menor. Habría un problema con la cuantía de las pensiones, que caerían lentamente o no subirían, pero sería un problema derivado. El problema principal, si la productividad no mejorara, sería el estancamiento de los ingresos y el nivel de vida de todos, trabajadores y pensionistas, activos y pasivos, mayores y menores. Tendríamos que acostumbrarnos a vivir al nivel que vivimos ahora. Por horrible que nos parezca esta perspectiva, nadie debería caer en la insolidaridad de querer salvarse de los recortes a costa de los demás.

Cuando finaliza la segunda década del siglo, y nuestro país comienza a superar una de las más graves crisis económicas de los últimos tiempos, parece oportuno reafirmar los valores y principios del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio de 2006. El territorio es un bien no renovable, complejo, frágil, con valores ecológicos, culturales y patrimoniales únicos que están por encima de su valoración económica, y que precisa de una gestión responsable y ser planificado de acuerdo con principios de sostenibilidad desde la esfera pública. Todo ello con objeto de favorecer el acceso a la vivienda, la planificación y el trazado racional de las infraestructuras, el desarrollo equilibrado de los asentamientos y el fortalecimiento y activación del sistema de espacios abiertos. La eficiencia económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental siguen siendo principios esenciales que deben orientar la planificación y gestión del territorio. Los cambios socio-económicos acelerados a los que asistimos y las grandes transformaciones asociadas al proceso –muy a menudo irracional y profundamente insolidario- de cambio global plantean nuevos retos a la gestión del territorio que se deben afrontar de manera perentoria.

Desde la aprobación del Manifiesto, nuestro territorio ha pasado de experimentar una de las etapas de transformación más radical e irracional por el volumen alcanzado de superficie sellada a una caída brusca de la actividad inmobiliaria debido al final del “boom” del ladrillo. La recesión económica vivida en los últimos años se ha visto agravada en el caso español por los efectos financieros de la burbuja inmobiliaria y su estrecha relación con el sector bancario (crisis y reordenación de las entidades financieras), lo que conllevó la decisión del gobierno de optar por un rescate millonario, en detrimento de la sociedad española, para evitar consecuencias que se temían aún más graves.

La geografía española, en colaboración con otros profesionales del territorio, alertó de los efectos perversos de la burbuja inmobiliaria y, en una addenda al Manifiesto publicada en 2009, de la pérdida de oportunidad que estaban suponiendo los años de crisis para la planificación futura de los territorios con criterios radicalmente distintos a los que presidieron aquel proceso por la falta de decisión política para desarrollar normativas y activar procesos de ordenación territorial bajo nuevas visiones y objetivos.

En los últimos años se han producido una serie de acontecimientos que crean nuevas realidades y que merecen reflexión y acción para actuar evitando que se cometan los errores que ocasionaron un crecimiento irracional de superficie sellada, de despilfarro de recursos y de deterioro de la calidad y el carácter de los paisajes. La evolución reciente de la economía española, aun a distancia de superar la crisis, manifiesta signos de mejora que no se plasman en el bienestar social, ni en la disminución de las desigualdades económicas. En este contexto, surgen voces desde colectivos relacionados con la transformación urbanística del territorio que señalan a la actividad inmobiliaria como vía principal y única para recuperar los niveles de crecimiento económico y de empleo anteriores a la crisis económica. Comprobamos con preocupación cómo amplias capas de la sociedad española se mantienen ancladas en estos principios del crecimiento económico a cualquier precio, de urbanismo a la carta. Salvo algunas iniciativas recientes impulsadas desde la escala regional y local, sigue presente la misma dinámica de degradación del territorio como generador de riqueza fácil y especulativa. No parece, en el contexto actual, que la crisis económica haya supuesto un punto de inflexión, una lección aprendida.

Desde 2006 se ha asistido a cambios importantes en la normativa y procedimientos de la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Se han actualizado y mejorado los requisitos necesarios para un desarrollo territorial sostenible, recogidos en la legislación estatal y autonómica del suelo, medio ambiente y ordenación del territorio, en especial en la escala metropolitana. Otra cuestión es el grado de adaptación a las diferentes escalas administrativas, de coordinación entre niveles de gobierno y del cumplimiento estricto de los procedimientos exigidos (paisaje, agua, riesgos, capacidad de carga, infraestructura verde, franja litoral) que no resulta satisfactoria en todos los territorios españoles. En este sentido es fundamental el compromiso de inversión y esfuerzo presupuestario que conllevan estas políticas, así como la adecuada implementación de las tecnologías de la información geográfica que las sustentan.

Bien es cierto que asistimos a unos años en los que, salvo contadas excepciones como estrategias autonómicas de Ordenación del Territorio o directrices específicas, se ha producido un parón en la formulación y aprobación de instrumentos de ordenación territorial. La crisis económica y el descenso de la actividad inmobiliaria no puede presentarse como causa única y principal de esta situación. La falta de iniciativa política ha ayudado, tanto o más, a la coyuntura. Parece como si la planificación territorial, proceso siempre complejo, “molestase” a la política en los últimos años que se ve incapaz de activarla bajo los nuevos supuestos que implican, incluso, las normativas aprobadas. El necesario avance ante los retos planteados se ha vuelto, en muchos territorios, en un retroceso ante la carencia de una apuesta clara por las políticas territoriales.

Por todo ello, como profesionales de la geografía y como ciudadanos, consideramos que se debe reiterar la importancia del conocimiento, la ordenación y la gestión del territorio. Este debe ser considerado un elemento básico de la estructura ambiental de los países, el escenario de desarrollo de las sociedades, el ámbito de redistribución de la riqueza y el bienestar, así como la plasmación visible de los principios que deben regir las sociedades democráticas.

La globalización de los procesos económicos, la mejora en las comunicaciones, la pérdida de la dependencia del espacio físico como elemento condicionante de la implantación industrial y comercial, conlleva cambios territoriales que van a obligar a repensar la asignación y el propio valor económico de usos del suelo. Ello comporta la necesidad de un designio colectivo y un liderazgo público en los procesos de transformación y ordenación territorial. Esta necesidad debe concretarse en políticas aplicadas en todos los niveles de escala: municipal, metropolitana, regional, estatal y europea.

La planificación de escala supramunicipal resulta especialmente idónea para superar las visiones locales y de corto plazo de la ordenación urbana municipal. Los procesos de “metropolitanización” que se viven, de facto, en muchos territorios, o la consolidación de grandes conurbaciones litorales, no pueden permanecer en el estricto ámbito de decisión municipal. Las administraciones autonómicas deben fomentar procesos de planificación territorial que integren de manera efectiva las escalas verticales y horizontales y que preserven la conectividad ecológica y funcional, en consonancia con los nuevos retos que impone la globalización.

A ello se une, como principio rector de las actuaciones territoriales en los próximos decenios, la necesidad urgente de adaptar el espacio geográfico a los efectos del proceso del cambio climático, que se manifiesta de forma cada vez más evidente. La obligación colectiva, en un proceso de transición ecológica y energética, de hacer territorios y ciudades resistentes y resilientes al calentamiento global, donde se primen las formas de movilidad sostenible y nuevas políticas de gestión del agua y de producción de energía limpia, se promueva la vitalidad de los territorios rurales sobre la base de su multifuncionalidad y su capacidad productora de alimentos de calidad, favoreciendo la re-conexión entre ciudades y espacios periurbanos, se impulse la creación de zonas verdes de amplia extensión y el incremento de arbolado en las calles y plazas en la búsqueda del confort climático para la vida cotidiana, son cuestiones ineludibles a partir de ahora en la planificación territorial y urbana.

A la vista de lo que indican recientes informes sobre los previsibles y profundos efectos del cambio climático en la Europa del Sur para el futuro de los territorios, la adaptación al cambio climático debe fundamentar políticas y prácticas de planificación ambiental y económica. Nuestro país no puede quedar al margen de estos nuevos procesos de adaptación de los territorios al calentamiento global que, por el contrario, deben convertirse en principios rectores de la ordenación del territorio.

A pesar de la mejoría de las cifras macroeconómicas y la recuperación de los niveles de gasto y consumo, sigue siendo patente la brecha de desigualdad económica existente en la sociedad española, agravada en los años de la crisis. Los resultados del crecimiento de la actividad económica no han llegado a todas las capas sociales, en especial a las más vulnerables y a los jóvenes, generando procesos de segregación social y residencial, bolsas de pobreza y dificultad en el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos. El incremento de los alquileres en pisos y apartamentos que se evidencia en muchas ciudades españolas no hace sino agrandar las desigualdades sociales y obstaculizar, aún más, el acceso a la vivienda de amplias capas de la población. La garantía por parte de los poderes públicos del derecho a la vivienda se convierte, sin duda, en el reto principal de la planificación territorial y urbanística de los próximos años.

En contraste con los territorios de la urbanización, pero de capital importancia para el espacio geográfico y la sociedad en su conjunto, urge la elaboración de estrategias de desarrollo y medidas específicas y urgentes para los territorios de la despoblación rural, de baja densidad y en proceso de despoblación, donde la pérdida de valor económico de algunas modalidades de agricultura, el deterioro de determinados servicios públicos y un proceso grave de envejecimiento demográfico hacen difícil el mantenimiento de la población, la viabilidad de las explotaciones agropecuarias y la vitalidad de sus paisajes. La apuesta por los valores ambientales y patrimoniales de estos espacios, ligados a su fundamental misión de producción de alimentos y materias primas de calidad, apoyados con iniciativas bien fundadas de promoción del desarrollo local, resultan prioritarias para el futuro de estos territorios que tantos servicios ecosistémicos y paisajísticos aportan a la sociedad. La brecha digital, es otro de los temas a considerar aplicando acciones, normas y políticas acordes con las necesidades reales de estos territorios, donde la dimensión de lo local -sin recetarios y con verdadera voluntad de solucionar los problemas-, es cada vez más fundamental.

Diferentes colectivos han denunciado la relajación existente en el cumplimiento de las obligaciones de incorporar estudios y cartografías específicas en los procesos de evaluación de la sostenibilidad ambiental y territorial, en particular los relacionados con los mapas de riesgo natural y con los informes de abastecimiento de agua (legislaciones del suelo estatal y autonómicas) en las propuestas de transformación urbanística del suelo. Resulta inconcebible, en este nuevo contexto, la vuelta, por ejemplo, a paradigmas de planificación hídrica basados en la satisfacción permanente de nuevas demandas, unos planteamientos que se creían superados, entre otras razones, por los compromisos adquiridos por las administraciones públicas tras la trasposición de la Directiva Marco del Agua. La gestión sostenible del territorio debe apostar, como principio irrenunciable, por la gestión de la demanda de agua integrada en una planificación racional de los usos del suelo.

El paisaje se presenta como un instrumento idóneo en la planificación territorial y urbanística que permite superar el sistema actual de valoraciones parciales del espacio geográfico y de asignación de usos (categorías de suelo), otorgando una visión global que impida procesos de especulación económica del territorio. La correcta gestión del paisaje es un indicador de la valoración social de la calidad del territorio. De ahí que sea necesaria una apuesta decidida por las políticas del paisaje y de infraestructura verde del territorio, especialmente en los espacios litorales, la cual se presenta como una oportunidad de disponer de instrumentos de ordenación del territorio más estructurantes y ágiles que conecten las diferentes escalas espaciales y los niveles de administración política, con un protagonismo destacado de la participación social.

Resulta necesaria la elaboración de indicadores de seguimiento de calidad y sostenibilidad que permitan evaluar la correcta gestión del territorio. La inteligencia territorial que se ha añadido como paradigma en la gestión de los espacios geográficos supone avanzar en la planificación sostenible con la aplicación de mecanismos que minimicen el impacto sobre los recursos naturales y en el funcionamiento de las sociedades ante la aparición y expansión de nuevos usos del territorio derivados del proceso de globalización.

Los nuevos territorios del cambio global que se están gestando en los últimos años, deben incluir la equidad y la justicia ambiental, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la activación del patrimonio territorial y la transparencia en los procesos administrativos como objetivos fundamentales de su planificación y gestión. En ese sentido, no puede olvidarse tampoco que nuestro país tiene un compromiso ineludible con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (horizonte 2030) de las Naciones Unidas, cuyos principios y concreción tienen plasmación directa en el espacio geográfico, pudiéndose cumplir sólo con medidas de planificación racional y sostenible del territorio.

Afrontamos unos años fundamentales para los territorios. Recordando a Vitrubio, los territorios deben ser útiles, bellos y sostenibles. De la manera inteligente en que se planifique su futuro dependerá el mantenimiento de sus valores ambientales y la calidad de vida de las sociedades que los habitamos.

*Asociación de Geógrafos Españoles y Colegio de Geógrafos