Hace justo ahora ciento cuarenta años, el 1 de mayo de 1886, se iniciaba la huelga de más de 200.000 trabajadores de Chicago en demanda de la jornada laboral de ocho horas. Tres días más tarde, al término de una manifestación en Haymarket Square fueron detenidos varios militantes anarquistas, cinco de los cuales serían poco después ahorcados, tras un juicio repleto de irregularidades.

Desde entonces, los nombres de aquellos Mártires de Chicago, George Engel, Alolph Fischer, Louis Lingg, Albert Parsons y August Spies, presiden el panteón de la memoria obrera y la fecha del 1º de Mayo fue declarada, a propuesta de la Internacional Socialista, como Dia de los Trabajadores y asumida como referente simbólico por el sindicalismo mundial que, en su largo recorrido histórico, ha actuado entre la protesta y la propuesta como eficaz prescriptor social y factor de igualdad.

Mientras que, por una parte, la lucha sindical ha logrado convertir en derechos consolidados lo que inicialmente se presentaban como utópicas reivindicaciones obreristas (libertad de asociación, de huelga, jornada de 8 horas, vacaciones pagadas…), por otra ha contribuido a reducir progresivamente la desigualdad mediante una distribución más equitativa de los ingresos y una mayor re-distribución por la vía de las políticas fiscales y de bienestar social (educación, sanidad, pensiones…).

Rutas de la memoria obrera-III

Con objeto de seguir reivindicando el trabajo de las mujeres y hombres que, en la fase más dura de nuestra historia reciente, lucharon por los derechos laborales y la libertad de todos, la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS) de Comisiones Obreras acaba de publicar, coincidiendo de nuevo con la conmemoración del 1º de Mayo, un nuevo volumen de la serie Rutas de la memoria obrera.

Esta tercera entrega se dedica a analizar el importante movimiento huelguístico que, en los primeros meses de 1976, contribuyó a desbaratar el continuismo post-franquista, acelerando el ritmo de los cambios hacia la democracia y la configuraron, finalmente, de un nuevo sistema de relaciones laborales. Durante la primera mitad de 1976 fueron más de 3,7 millones de trabajadores (190.000, aproximadamente, en el País Valenciano) los que participaron en un amplio movimiento huelguístico en defensa de sus reivindicaciones salariales y exigencia de “…llibertat, amnistía i sindicat obrer”

Los dos primeros textos incluidos en este volumen se centran en la contextualización de la etapa final de la dictadura, caracterizada por la confluencia de crisis económica, incertidumbre política y creciente conflictividad social, con especial referencia a dos episodios significativos del emergente movimiento sindical valenciano: las huelgas en los sectores de la madera y la construcción que, en las peores circunstancias, demostraron su capacidad de presión y negociación.

Los capítulos 3 y 4 describen el proceso de reconstrucción del movimiento sindical en comarcas del interior de nuestra Comunidad (Vall d’Albaida, La Costera y Canal de Navarrés), tradicionalmente alejadas de los grandes focos fabriles pero en las que durante el último tercio del siglo pasado funcionaron algunas empresas importantes y dinámicos distritos industriales (textil, piel, vidrio, papel…) en torno a los que se desarrollaron redes de resistencia y lucha obrera. Los textos que se incluyen son el resultado de una interesante experiencia de investigación histórica “desde abajo”, realizada en el marco del Taller de memoria obrera y democrática impulsado por la Escuela de Formación de Personas Adultas de Xàtiva y la Unión Comarcal de CC.OO., con la participación directa y aportaciones documentales de mujeres y hombres que participaron en su momento en la construcción del nuevo sindicalismo en sus fábricas y pueblos.

Finalmente, el último capítulo se dedica a seguir la historia empresarial y obrera de MACOSA, la gran factoría metalúrgica valenciana que desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI en que es adquirida por una multinacional ha operado como un potente núcleo industrial (calderería, material ferroviario, bienes de equipo…) y referente de la acción sindical en el País Valenciano. El texto ha sido elaborado por quien fuera durante muchos años secretario general de la Sección sindical de CC.OO. en la empresa en un admirable ejercicio, en este caso, de “historia desde dentro” que contribuye no sólo a salvar la memoria obrera de varias generaciones de trabajadores de dicha factoría sino que aporta documentación histórica y revisión crítica de la trayectoria empresarial de la misma.

Dinámicas sociales y movimiento sindical

Aun tratándose de estructuras empresariales y culturas sindicales diferentes, en todos estos casos podemos identificar factores y dinámicas sociales comunes tales como el fuerte componente migratorio en la configuración de la clase obrera valenciana y la construcción del nuevo sindicalismo, la influencia del obrerismo católico y de la organización comunista en su desarrollo, el impacto de la(s) crisis económica(s) sobre el modelo industrial tradicional y la composición de la propia clase trabajadora así como la estrategia de protesta y propuesta del movimiento obrero, tanto en su dimensión colectiva como en la emergencia de nuevos liderazgos.

Como se desprende claramente de estos y otros episodios de historia social que venimos documentando y que pueden consultarse en la nueva web memoriaobrera.org, el componente migratorio resultó decisivo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, para la reconfiguración demográfica de la población valenciana, la transformación socioeconómica del País y, muy especialmente, la formación de un nuevo sindicalismo de clase.

A partir de los años sesenta y procedentes de las zonas más pobres y explotadas de Andalucía y Castilla-La Mancha llegaron aquí, en busca de trabajo y una vida digna, miles, cientos de miles de mujeres y hombres hasta representar en 1980 el 25,5% de la población total, contribuyendo decisivamente al despegue económico de este territorio e implicándose muy pronto en la lucha por sus derechos laborales y las libertades democráticas.

En el proceso de formación de este nuevo sindicalismo operarán como factor dinamizador dos culturas obreras, de matriz cristiano y marxista respectivamente, distantes cuando no enfrentadas hasta entonces, que acabarán convergiendo en la lucha común por la dignidad del trabajo y de las personas trabajadoras. Comunistas del PCE y católicos de la JOC participarán juntos en la construcción del nuevo sindicalismo, compartiendo valores y recursos organizativos, como puede constatarse en los casos que aquí analizamos, con especial referencia a la importante aportación del obrerismo cristiano articulado entorno a la primera USO que acabaría integrándose mayoritariamente en CCC.OO.

Atendiendo ahora a una perspectiva más estructural resulta significativo cuando no directamente impactante constatar que, 50 años después de los episodios de lucha obrera analizados en este libro, el escenario ha cambiado radicalmente, hasta el punto de que la práctica totalidad de las fábricas de referencia entonces han desaparecido y resultan incluso difíciles de ubicar ahora en la trama urbana de nuestras ciudades y pueblos.

Estamos, pues, ante un profundo cambio del modelo productivo valenciano y de la consiguiente transformación morfológica de la clase obrera. Entre 1976 y 2026 se ha duplicado la población ocupada en nuestra Comunidad, hasta alcanzar los 2,5 millones de personas trabajadoras, al tiempo que se modificaba radicalmente su distribución sectorial: si hace 50 años casi la mitad del empleo correspondía a la industria/construcción hoy apenas llega al 24’7%, mientras que ha aumentado considerablemente el adscrito al sector terciario (del 38,6 al 73,6 por cien), al tiempo que nos aproximamos a la paridad de género en el conjunto de la población ocupada, en términos estadísticos.

La acumulación de tantos y tan importantes cambios ha exigido del sindicalismo de clase la implementación de un proceso continuado de renovación de sus estructuras, estrategias y liderazgos que legitiman su función como el mayor movimiento social de nuestro país, tanto en términos representativos (entre CC.OO. y UGT acumulan el 72% de los 35.487 delegados sindicales elegidos en los centros de trabajo) como de gestión de las relaciones laborales (ambos sindicatos negocian la práctica totalidad de los convenios que regulan el empleo en nuestra Comunidad).

Además de la dimensión coral de la acción sindical consideramos necesario reivindicar también las trayectorias vitales, laborales y civiles de quienes, en los tiempos difíciles, lograron impulsar y representar amplios movimientos sociales a riesgo, en demasiadas ocasiones, de su propia libertad, por lo que incluimos en el libro las biografías de una veintena de sindicalistas, muchos de ellos inmigrantes andaluces y castellanos que llegaron huyendo de la pobreza y la persecución, vivieron, trabajaron y lucharon aquí por los derechos laborales y la libertad de todos, dejando en sus fábricas y pueblos la huella de su compromiso y dignidad.

Pese a la existencia de núcleos fabriles dispersos por la geografía valenciana desde finales del siglo XIX (Alcoi) o primer tercio del XX (Vall d’Uixó, Port de Sagunt, Buñol, València, Valls del Vinalopó…), la industrialización del País será tardía y desigual, lo que en su momento fue objeto de un largo y confuso debate nacionalista sobre el supuesto sujeto del cambio histórico y las consiguientes alianzas políticas, que acabaría resultando tan formalmente sofisticado como socialmente estéril.

En realidad, durante la década de los sesenta se registró aquí un acelerado proceso de cambio demográfico, económico y laboral  que acabaría impugnando en la práctica el fatalismo de la profecía fusteriana según la cual  “…la valenciana serà un societat rural, acèfala i neutra.., (en la que) la mediocritat de la burguesía local i la indefinició del proletariat…salten a la vista”.

Finalmente, la inercia del agrarismo y la desvertebración no se cumplió y el País Valenciano  se configurará a partir de entonces como la tercera región económica de España, con una estructura de clases y consiguiente conflicto de intereses propios de una sociedad capitalista desarrollada.

Y así, mientras unos continuaban entretenidos “…à la recherche de la burgeoisie perdue” (nacional, of course!) y otros pontificaban sobre la imposibilidad de un auténtico movimiento obrero de masas debido al minifundismo productivo y la mentalidad menestral de los valencianos…, el hilo industrial que había detectado Ernest Lluch fue tejiendo, de norte a sur del País,  una amplia y compleja trama de pequeñas y medianas empresas articuladas en pujantes distritos sectoriales (cerámica, metal, madera, textil, juguete, calzado…) en los que, junto a algunas grandes factorías (Altos Hornos, Macosa, los astilleros…), trabajaba una nueva clase obrera, procedente en gran parte de la desagrarización valenciana y de la emigración interior mayoritariamente andaluza de la que, en la fase final del franquismo, emergerá un potente movimiento obrero y sindical cuya intervención resultará clave en la transición a la democracia

A mediados de la década de los setenta, la población asalariada en el País Valenciano era ya de 860.000 personas, de las que el 40% aproximadamente trabajaban en el sector secundario (industria y construcción) y algo más de la mitad en los servicios, mientras que el sector agrario apenas ocupaba al 8% del total.

Tal era, en síntesis, la composición sociológica del proletariado valenciano que, tras un proceso de luchas parciales que fortalecieron su organización y conciencia de clase, protagonizará las grandes huelgas de 1976, definiéndose en la práctica como motor real del cambio, al articular sus reivindicaciones socio-laborales con la demanda de libertades democráticas.

Repertorios de acción colectiva

La triple crisis (económica, política y social) del final de la dictadura, que analizamos en la primera entrega de esta serie coincidió también aquí con la negociación de los principales convenios sectoriales que debían regular las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores del País, en un contexto de paro creciente e inflación muy alta que erosionaba el poder adquisitivo de sus salarios.

Por primera vez iba a ensayarse una nueva dinámica negociadora, con todas las características del sindicalismo de clase que emergía con fuerza real, pese a seguir siendo oficialmente ilegal. Se trataba de articular una nueva legitimidad basada en las asambleas de fábrica y de sector, con los representantes elegidos en las candidaturas unitarias y democráticas durante las últimas elecciones del Vertical y las organizaciones obreras aún clandestinas que operaban como auténticos nodos de coordinación.

Durante los primeros meses de 1976 se registró aquí el mayor movimiento reivindicativo que podía recordarse, coincidiendo en intensidad y objetivos con las movilizaciones obreras del resto de España. A un ritmo escalonado primero y casi general después, 190.000 trabajadores valencianos fueron a la huelga en el marco de la negociación de sus respectivos convenios colectivos, utilizando para ello los repertorios de acción colectiva propios del moderno sindicalismo de clase.

Mientras que en unos casos (construcción) la lucha por los convenios se impulsaba desde coordinadoras elegidas en asambleas multitudinarias, en otros (metal) se hacía desde posiciones representativas conquistadas en las estructuras verticalistas, combinándose finalmente ambos modelos en los ramos de madera-mueble, textil, calzado, sanidad, etc., en función de sus respectivas características. Tanto en un caso como en los otros, la presencia e intervención de miembros de CC.OO. fue siempre hegemónica, junto a grupos menores vinculados a USO, el obrerismo cristiano y una UGT en fase de reconstrucción.

El proceso se iniciaba con la elaboración de una plataforma reivindicativa que recogía las demandas surgidas de las asambleas informales de fábrica, de carácter tanto laboral (salario, jornada, vacaciones, horas extra…) como sociopolítico (libertad, amnistía, sindicato obrero), coordinada por los enlaces sindicales elegidos y presentada luego a los representantes empresariales del ámbito correspondiente que, en la mayoría de los casos, carecían de la más elemental cultura negociadora y se instalaban en posiciones intransigentes amparándose en la burocracia verticalista y las apelaciones al orden público.

En una segunda etapa, se convocaban grandes asambleas para informar a los trabajadores del sector y elegir comisiones representativas para el seguimiento de las negociaciones. Ante la habitual negativa de los jerarcas verticalistas a utilizar las instalaciones oficiales, las asambleas multitudinarias se trasladaban a iglesias y plazas públicas concluyendo, generalmente, en manifestaciones por el centro de la ciudad, que aportaban visibilidad al conflicto y reforzaban la percepción social del proceso de cambio en curso.

Ante el frecuente bloqueo de las negociaciones, la representación obrera, compuesta mayoritariamente por militantes de las principales organizaciones sindicales, planteaba la posibilidad de huelga como medida de presión, sometiendo su convocatoria a la decisión de la asamblea, que operaba desde entonces como factor de difusión y coordinación de la misma.

Pese a las dificultades derivadas de las restricciones legales para el normal ejercicio de los derechos de asociación, reunión y huelga, que tardarían aún más de un año en reconocerse, aquella primera generación de sindicalistas forjada en la clandestinidad y sin apenas experiencia fue capaz de gestionar un amplio movimiento huelguístico que concluyó, en muchos casos,  con importantes acuerdos que satisfacían, al menos en parte, las reivindicaciones presentadas al tiempo que generaban poder contractual y sentaban las bases para el posterior desarrollo de las organizaciones obreras.

Cuando se cumplen ahora 50 años de aquel proceso, que contribuyó decisivamente a acelerar el cambio político y la conquista de las libertades, constituye un deber de justicia histórica reivindicar la memoria de las mujeres y hombres que lo hicieron posible. Tal es el compromiso que asume y desarrolla la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), promovida por CC.OO. en su proyecto editorial Rutas de la Memoria Obrera que trata de documentar y difundir los principales conflictos sociales en nuestra Comunidad durante el franquismo y la transición democrática, siguiendo el hilo rojo iniciado por las investigaciones y testimonios recopilados entonces por Josep Picó (El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme, editorial E. Climent, 1976) y Jesús Sanz (El movimiento obrero en el País Valenciano, Fernando Torres editor, 1976)

Dialéctica presión/negociación

El primer episodio importante de aquel invierno caliente en el País Valenciano fue protagonizado por más de 200 trabajadoras textiles de la factoría COINTEX de Buñol que mantenían, desde finales de diciembre, una serie de paros parciales contra el despido de una delegada sindical y en defensa de sus reivindicaciones salariales y de seguridad laboral. La noche del 9 de enero de 1976 la policía amenazó con desalojarlas violentamente de su encierro en la iglesia se San Pedro. El toque de campanas alertó a la población que acudió masivamente en su apoyo, activando una oleada de solidaridad civil (dimisión del Ayuntamiento, presiones a la autoridad laboral, etc.) que obligó a la empresa a negociar y evitar despidos y sanciones.

Si el caso de Buñol resulta cualitativamente significativo, la huelga de la construcción lo será en términos cuantitativos tanto por su duración (2 semanas) como por el número de participantes (alrededor de 80.000 en las tres provincias) y los resultados conseguidos.

El conflicto empezó el 14 de enero en Valencia, extendiéndose poco después a Castellón, y se mantuvo hasta el día 27 con asambleas y marchas prácticamente diarias, coordinadas por la Comisión de los 40 que supo articular correctamente la presión con la negociación, pese a las tensiones del proceso y el radicalismo de grupos minoritarios, hasta alcanzar finalmente un acuerdo que, entre otras mejoras, superaba ampliamente el tope salarial impuesto por el Gobierno. Apenas un mes después, el 25 de febrero, arrancaba la huelga en la construcción de Alicante, con dinámicas, duración y resultados similares.

La revisión del convenio valenciano del metal provocó, asimismo, una importante respuesta obrera (30.000 trabajadores en huelga entre el 26 de enero y el 7 de febrero), caracterizada por haber sido gestionada desde dentro (y contra) las mismas estructuras verticalistas, a las que habían accedido militantes de CC.OO. con el apoyo electoral emitido desde muchas pequeñas y medianas empresas que, junto algunas grandes que disponían de convenio propio (MACOSA, Astilleros Elcano) consiguieron quebrar la resistencia patronal a la negociación y lograron acuerdos satisfactorios.

En las comarcas del sur, la tensión social latente estalló también durante aquellos meses en torno a las negociaciones colectivas en los sectores del calzado (Vinalopó) y del textil (Alcoià-Comtat). En el primer caso, el asesinato policial del joven Teófilo del Valle, al término de una manifestación en Elda el 24 de febrero, bloqueó las demandas en curso para la renovación del convenio que quedaron aplazadas al año siguiente cuando, impulsadas por un amplio  movimiento asambleario, alcanzaron su máxima expresión.

En el área de Alcoi, de fuerte concentración fabril y larga tradición de lucha sindical, se habían registrado dos importantes huelgas en los años anteriores (abril de 1974 y octubre de 1975) con acuerdos positivos para los trabajadores del ramo de fibras de recuperación textil, a cuya renovación en 1976 se opuso la patronal de forma intransigente, pese a la huelga sostenida durante tres semanas, a partir de 31 de marzo, por más de 9.000 trabajadores que, aún fracasando en sus reivindicaciones, concitaron la solidaridad de gran parte de la población.

Concluía así, con victorias y derrotas, aquel primer trimestre de 1976 durante el que se registraron, también, importantes luchas en sectores de escasa tradición sindical hasta el momento (banca, enseñanza privada, transportes…) y que el verano  de aquel mismo año demostrarían una alta capacidad de movilización (huelgas en la industria de la madera y la sanidad pública), representando en su conjunto un importante salto cualitativo para el movimiento sindical de nuestro país en su proceso de organización e interlocución social en defensa y promoción de los intereses de la clase trabajadora y los derechos civiles de toda la ciudadanía.

Desde entonces y hasta la legalización de los sindicatos en abril de 1977 y las primeras elecciones libres del 15 de junio, se produjeron avances importantes en el proceso de ruptura democrática, para cuya consecución resultará decisiva la presión obrera y sindical, como tendremos ocasión de analizar en posteriores entregas de este blog.

En el proceso de aceleración histórica que vivió nuestro país durante el período comprendido entre la muerte del dictador y las primeras elecciones democráticas (“Había semanas que parecían años…”!), la confluencia entre las crisis política, económica y social retroalimentó una dinámica de fuerte conflictividad laboral que, durante el primer trimestre de 1976, alcanzó niveles de movilización general.

Pese a sus límites y contradicciones, el inicio de la transición amplió la estructura de oportunidades, generando grandes expectativas de cambio en todos los ámbitos lo que, en el caso de las relaciones laborales, coincidió con la negociación de miles de convenios colectivos en los que se dirimían las condiciones laborales de más de ocho millones de trabajadores, en un contexto de inflación creciente que erosionaba rápidamente el poder adquisitivo de sus salarios. Mientras un decreto gubernamental fijaba en el 14% el tope máximo de los incrementos posibles la inflación real rozaría a finales del año el 20%.

Junto a las demandas salariales básicas, el movimiento sindical aún ilegal planteaba reivindicaciones largamente aplazadas (reducción de jornada, vacaciones, seguridad laboral, derechos sociales…) ante gestores públicos y privados con escasa o nula cultura negociadora, acostumbrados al inapelable ordeno y mando con la represión y el despido como recurso habitual.

Así pues, a diferencia de los principales países democráticos de nuestro entorno en los que la institucionalización de las relaciones laborales había aislado el conflicto político del social, aquí operaba la tendencia contraria, de manera que la ausencia de libertades sindicales y civiles, la alta inflación y baja cobertura de las prestaciones sociales junto a la persistencia de la represión empresarial, policial y judicial conferían contenido político y potencialidad transformadora a la movilización obrera que adquiría así un fuerte componente expresivo y acreditaba su consolidación como actor social clave en un contexto de crisis.

Los datos

Aunque la oleada de huelgas se había iniciado incluso unos años antes y se prolongaría con algunas oscilaciones durante toda la década, fue en 1976 cuando alcanzó una de sus mayores cotas: 3,7 millones de huelguistas y una media de 1.553 jornadas de huelga por cada mil asalariados, contribuyendo, decisivamente, a desbaratar primero las maniobras continuistas del régimen, a acelerar luego el ritmo de los cambios hacia la democracia y a configurar, finalmente, un nuevo sistema de relaciones laborales.

Para dimensionar adecuadamente la magnitud del movimiento huelguístico desarrollado hace ahora 50 años en nuestro país, podemos plantear un doble análisis comparativo, tanto sincrónico como diacrónico.

En el primer caso, los datos de la OIT (véase la gráfica) acreditan que España fue, junto a Italia, el país europeo que registró un volumen de conflictividad laboral más alto en la década de los setenta (un promedio anual de 864 días de huelga por cada 1.000 trabajadores), con la particularidad de que durante dos terceras partes de dicho período en nuestro caso lo fue bajo un régimen no democrático.

Más significativo aún resulta constatar cómo en 1976, con 8,8 millones de trabajadores asalariados, se acumularon 13,7 millones de jornadas no trabajadas por motivos de conflicto laboral, lo que supone casi veinte veces más que las 703.178 registradas en 2024 (último año del que disponemos de una estadística consolidada de huelgas), con el doble de población asalariada, lo que demuestra que en condiciones de normalidad democrática son las relaciones laborales institucionalizadas las que, a través del diálogo social y la negociación permiten gestionar el conflicto de intereses, quedando la huelga como último recurso legítimo en caso de bloqueo.

Los hechos

El año había comenzado con el conflicto de los trabajadores del Metro madrileño (5 de enero), al que el gobierno de Arias Navarro respondió con la militarización del servicio. Una semana más tarde, en una demostración de su grotesco autoritarismo, amplió dicho modelo a otras empresas públicas en huelga (Renfe, Telefónica, Correos, Construcciones Aeronáuticas), de manera que a mediados de mes había 120.000 trabajadores obligados a operar bajo control militar.

Pese a todo, el paro en los servicios públicos tuvo efectos multiplicadores hacia otros sectores (metal, construcción, banca, taxis…) y grandes empresas (Standard Eléctrica, Chrysler, Siemens, Pegaso…) que veían bloqueada la negociación de sus respectivos convenios, mientras el movimiento comenzaba a extenderse a otras regiones del país (Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, País Valenciano…) en lo que un ministro de la época (Areilza) calificaría, en un arrebato meteorológico, como “una galerna de huelgas”.

No se trataba, sin embargo, de una simple tormenta de invierno si no de un amplio y profundo movimiento social que combinaba la propuesta con la protesta, normalizando progresivamente la ocupación del espacio público con manifestaciones y asambleas que reforzaban su legitimidad social al tiempo que erosionaban la del gobierno post-franquista, lo que habría de resultar clave en la conquista de la democracia, como ha documentado una reciente serie de TVE.

En aquel primer trimestre de 1976 el número total de trabajadores en huelga superó los dos millones (190.000 en el País Valenciano, como explicaremos en la siguiente entrega de esta serie), consiguiendo con su presión superar en muchos convenios los topes salariales impuestos y forzando al gobierno a aprobar, a primeros de abril, una Ley de Relaciones Laborales que sustituía a la vieja regulación de Contratos de Trabajo de 1944, estableciendo importantes mejoras (jornada laboral de 44 horas semanales, 21 días de vacaciones) y ampliando las garantías frente a la arbitrariedad patronal en materia de despido improcedente (el artículo 35 reconocía al trabajador el derecho a optar entre la reincorporación o la indemnización).

Sin embargo, el gobierno Arias-Fraga seguía instalado en la inercia represiva del franquismo (en 1976 hubo 4.795 procesos en el Tribunal de Orden Público), mostrando su rostro más brutal con los asesinatos de trabajadores en huelga como Teófilo del Valle (Elda, 24 de febrero) y los cinco muertos en Vitoria (3 de marzo).

Tales eran las contradicciones de un tiempo y un país que, como cantara Raimon en un multitudinario recital celebrado en Madrid el 5 de febrero de aquel año, venía d’un silenci antic i molt llarg que comenzaba entonces a romperse entre gritos corales de “Am-nis-tía, Li-ber-tad!”.

Más allá del atractivo simbólico de los aniversarios redondos, y este ciertamente lo es, recordar ahora lo que para la historia de nuestro país supuso aquel 1976, situado en el gozne crítico entre la dictadura que se resistía a morir y la democracia que pugnaba por nacer, resulta tan justo como necesario no sólo como un deber de memoria sino para hacer frente al revival revisionista de blanqueamiento del franquismo y las renovadas campañas de odio contra la izquierda política y social de ayer y de hoy.

Es lo que, desde la modestia de nuestros medios, intentamos hacer en la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), promovida por Comisiones Obreras, documentando y difundiendo la intervención decisiva del movimiento sindical durante la Transición en defensa de los derechos sociales de los trabajadores y las libertades políticas de todos.

Revisar ahora, desde el rigor crítico, la situación del país al final de la dictadura y la tensión dialéctica entre continuismo, reforma y ruptura que se mantuvo desde la muerte del tirano hasta las primeras elecciones libres, constituye mucho más que un simple ejercicio de nostalgia generacional o de academicismo historiográfico. Se trata, pues, de poner de manifiesto el papel fundamental, del movimiento obrero y popular en la conquista de la democracia, impugnando, a un tiempo, los relatos que sobre aquel proceso se han construido desde perspectivas tanto elitistas como populistas que desprecian, cuando no ignoran, dicha contribución.

La agonía biológica y política del franquismo coincidió con el efecto aplazado de la crisis del petróleo que, en los primeros meses de 1974 multiplicó por cuatro los costes energéticos, golpeando duramente a la economía española, debido tanto a las debilidades estructurales que arrastraba como a la incompetente gestión realizada por el gobierno de Arias Navarro, provocando así una dificultad añadida al proceso de transición democrática.

Pese al desarrollo caótico y desigual de los años sesenta, la española seguía siendo una economía atrasada en relación al contexto europeo, con una renta per cápita de 2.325 dólares al iniciar el año 1976 (poco más de la mitad de la que registraban de media los nueve países que formaban entonces el Mercado Común).

Y es que, como ya denunciara entonces el tercer Informe FOESSA, el crecimiento de la década anterior no se tradujo en una redistribución de la riqueza que compensara el brutal retroceso padecido por las clases populares en los años cuarenta y cincuenta (hasta 1956 no recuperaron los trabajadores el nivel adquisitivo de 1935), pese al coste humano y social del desarraigo derivado de la emigración, tanto interior (3,5 millones de personas abandonaron la España rural hacia la periferia industrial) como exterior (2,1 millones), durante el período 1962-1975, muchos de los cuales se vieron entonces obligados a regresar por efecto de la crisis en los países de destino, lo que supuso aquí un rápido crecimiento del desempleo.

Una política fiscal regresiva (en 1975 el impuesto sobre la renta representaba sólo el 14,3% de los ingresos del estado, cuando la media de la OCDE era ya del 26,4%) y un insuficiente gasto público en protección social (12’3 y 24’7 por cien, respectivamente) reflejaban la naturaleza clasista de la dictadura franquista y explican la brecha de desigualdad que presentaba en el momento de su colapso. Especialmente significativos resultan a este respecto los graves déficits en materia de educación y sanidad públicas que en 1976 recibían sólo el 1,9 y 3,4 por cien, respectivamente, del PIB, valores inferiores en ambos casos a la mitad de la media comunitaria, lo que afectaba sobre todo a las clases populares (más de siete millones de personas no disponían de cobertura sanitaria a cargo de la Seguridad Social).

Por su parte, los empresarios que habían mantenido una relación complaciente con la dictadura restringían ahora la inversión productiva ante la incertidumbre de la situación, mientras repercutían los costes energéticos sobre los precios de mercado, con el consiguiente aumento del paro y la inflación (el IPC empezó el año en el 13,9 y lo terminó en el 19,8 por cien), que amenazaban la seguridad en el empleo y el poder adquisitivo de los ocho millones y medio de trabajadores que formaban la población asalariada del momento y que, pese a las restricciones de una dictadura terminal, venían demostrando una creciente capacidad de protesta y reivindicación.

Entre 1973 y 1975 se registraron, según datos oficiales, una media anual de 2.126 huelgas, con la participación de más de medio millón de trabajadores y millón y medio de jornadas no trabajadas al año.

Este ciclo de protestas, que se prolongará durante hasta finales de la década, se caracterizó por la aparición de nuevos actores (representantes electos, comisiones de trabajadores), sectores (junto a los tradicionales de la industria y la construcción se incorporaban cada vez más profesionales bancarios, docentes, de la sanidad pública…) y formas de acción (asambleas, coordinadoras) vinculadas a la defensa de sus reivindicaciones laborales y a las demandas emergentes de otros movimientos sociales y políticos para la conquista de la democracia.

Especialmente significativa resulta la creciente participación de mujeres trabajadoras en dichos procesos, lo que contribuyó progresivamente a superar su anterior invisibilidad y/o subsidiariedad en las luchas obreras, mediante un protagonismo activo en las huelgas de actividades feminizadas (textil, sanidad, cerámica, limpieza…) y la renovación de la cultura sindical tradicional a la que incorporaban, no sin dificultades y resistencias, valores y demandas feministas.

Aunque el gobierno tardofranquista de Arias Navarro (ratificado entonces por el mismo Rey que ahora se presenta torpemente como hacedor de la democracia) mantuvo su programa continuista y represor, la desaparición del dictador destrabó energías y demandas largamente aplazadas, abriendo una ventana de oportunidad que desencadenó el proceso de cambio en el que la lucha obrera alcanzará un importante protagonismo.

Tal era el contexto en que se planteaba la necesaria renovación de más de 2.000 convenios colectivos a principio de aquel año, condicionada además por la devaluación monetaria y congelación salarial impuestas por decreto del gobierno Arias unos meses antes y la pervivencia de una legislación antisindical y represiva contra el movimiento obrero, cuya capacidad de resistencia quedó, pese a todo, acreditada por el triunfo de las candidaturas unitarias y democráticas en las últimas elecciones a enlaces y jurados de empresa, celebradas entre junio y octubre de 1975, como titulara gráficamente una semanario de la época (“Hemos ganao el equipo colorao!”).

Aquella fue la demostración práctica de la estrategia entrista hábilmente desarrollada por Comisiones Obreras y dirigida a forzar los límites del Sindicato Vertical para impulsar, desde sus estructuras de representación formal, la coordinación organizativa y potencial movilizador de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva que se inició a principio de 1976 y durante el que se alcanzarían los mayores niveles de conflictividad laboral jamás registrados en nuestro país, con importantes efectos tanto sociales como políticos.

Según datos del propio Ministerio de Trabajo, aquel año se registraron 3.662 conflictos colectivos de carácter laboral, con la participación directa de 3.689.900 trabajadores en huelgas de duración desigual que en cómputo global superaron los 13,7 millones de jornadas no trabajadas, con un notable impacto tanto laboral como sociopolítico que analizaremos con detalle en entregas posteriores de este blog.

Será, pues, la presión social “desde abajo”, ejercida por el movimiento obrero, en confluencia creciente con la oposición política unida (constitución de la Platajunta en marzo de 1976) y las reivindicaciones de carácter vecinal, estudiantil y profesional, la que resultará determinante para desbaratar primero las maniobras continuistas (Arias), acelerar más tarde las reformas (Suárez) y llegar, en apenas año y medio, a las primeras elecciones libres desde la época de la República.

Y es ahora, cuando se cumple medio siglo de aquel proceso fundacional de nuestra democracia cuando creemos justo y necesario reivindicar la memoria, individual y colectiva, de quienes con su participación en el movimiento obrero y sindical lo hicieron posible, impugnando con ello el relato elitista de la Transición.

En la quiebra de la dictadura franquista y la conquista de la democracia, el protagonismo de las mujeres fue una realidad que atravesaba todo el activismo vecinal y merece un artículo específico. Obliga a adoptar una perspectiva que nos sitúa entre la paradoja y la contradicción sobre los roles de género en las clases trabajadoras de la década de 1970. El PCE y los demás partidos políticos de la izquierda antifranquista ponían en práctica una división del trabajo político en función del género, que respondía a una asignación patriarcal de los espacios sociales: el laboral de la fábrica para los hombres y el vecinal del barrio para las mujeres. Era un reflejo del ideal del bread winner: los varones ganaban el pan para la familia mientras las mujeres cuidaban del hogar y la prole. Esta rígida atribución de roles era a su vez la proyección de una divisoria secular que otorgaba a los hombres las funciones políticas de la vida pública y a las mujeres el dominio de la privacidad doméstica. Las políticas de la Falange y la Iglesia nacionalcatólica para las mujeres procuraban asegurar este encierro subordinado de las mujeres en el espacio doméstico de los cuidados. Este encierro femenino en el espacio doméstico de los cuidados generaba una profunda e injusta asimetría en las relaciones de género. La antropología cultural nos dice que el protagonismo femenino en el denso tejido de las relaciones cotidianas de barrio y, en consecuencia, en las asociaciones vecinales, nos sitúa en un terreno intermedio que facilita la transgresión de esta rígida asignación de roles. Otros y otras atribuyen ese protagonismo de las mujeres a una simple cuestión práctica: eran las mujeres las que disponían del tiempo y habilidades que requerían las reuniones, campañas a domicilio, en los comercios y mercados, en las protestas ante las autoridades municipales. Las feministas de la década de 1970 discrepaban: al utilizar asuntos inmediatos de los barrios que sufrían y afectaban a las mujeres de clase trabajadora en el cuidado de niños y ancianos, como los problemas de salubridad o seguridad, la falta de guarderías o de semáforos que evitasen atropellos, ¿no se estarían reforzando los tradicionales roles de género, en lugar de cuestionarlos? Manuel Castells (2008) habla en cambio de un “feminismo práctico” en el movimiento vecinal:

… es decir, la verificación en la lucha cotidiana de que, en muchos casos, eran las mujeres las que llevaban la organización, las que movilizaban, las que aseguraban las reuniones y llevaban las cuentas. En cierto modo, eran las verdaderas dirigentes del movimiento, aunque luego siempre aparecían los hombres como líderes (…). En muchos casos, observando la práctica de las mujeres, los hombres cambiaron de actitud (…). En otros casos no cambiaron, e incluso enviaron a las mujeres a casa, lo cual trajo considerables problemas internos y buen número de separaciones matrimoniales. En suma, la transformación de la mentalidad de las mujeres, que hoy se manifiesta en todos los aspectos de la vida española a través de un cambio profundo en las relaciones de género, empezó hace décadas en los movimientos sociales y muy particularmente en el movimiento ciudadano.

Efectivamente, el activismo de las mujeres de los barrios de clase trabajadora en el movimiento vecinal posibilitó su acceso a nuevos aprendizajes y discursos considerados transgresores, la adquisición de un saber crítico y autónomo sobre el funcionamiento de las instituciones y la capacidad de expresarse sobre contenidos y formas de lucha. Tuvieron un protagonismo fundamental como hacedoras de los lugares de vida de los barrios, desarrollando un importante papel como agentes activos de la comunidad. Este protagonismo no suele reflejarse en las publicaciones ni documentos de la época, de modo que los testimonios orales de mujeres son una fuente imprescindible para escribir la historia y recoger toda la amplitud, complejidad y diversidad de experiencias que conformaron el movimiento vecinal en Valencia.

Las mujeres en el movimiento vecinal de Valencia

En los años setenta se conformó en muchas ciudades españolas un movimiento ciudadano que nacía de las reivindicaciones más elementales, por la mejora de la vida en los barrios y que adquirió un alto contenido político de lucha antifranquista. En Valencia, la destrucción de viviendas por efecto de la riada de 1957 y la creciente inmigración habían acelerado la construcción en la periferia de barrios como Fuente de San Luis, Benicalap, Rascanya, Torrefiel u Orriols, sometidos a la especulación inmobiliaria, espacios sin infraestructuras, sin unas mínimas condiciones de habitabilidad. Las Asociaciones de Vecinos podían constituirse con arreglo a la Ley 191/64 de 24 de diciembre, de Asociaciones. Otra de las vías posibles era acogerse a la legislación sobre Asociaciones de Cabezas de Familia, a partir de 1968. El movimiento vecinal valenciano inició su andadura desde los núcleos originales de estas últimas, donde la oposición democrática fue infiltrándose. Además de las asociaciones de vecinos y de cabezas de familia, conformaban el movimiento ciudadano otras formas organizativas como grupos de vecinos, asociaciones de calle, centros sociales, grupos parroquiales o comisiones de barriada promovidas por organizaciones de la izquierda. Los partidos de oposición a la dictadura, especialmente el PCE, impulsaron el activismo en el denominado frente de barrios. Otros partidos como el Movimiento Comunista (MCE), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Bandera Roja (BR) o el Partido del Trabajo (PTE), así como sectores católicos progresistas de las HOAC y las JOC, participaron en el movimiento vecinal. Se trataba de luchar por corregir carencias básicas e inmediatas, pero también por la democracia municipal y la descentralización del aparato del Estado, incluso por reivindicaciones como el uso normalizado del valenciano.

El movimiento vecinal estaba lógicamente formado por organizaciones mixtas de hombres y mujeres, dificultando la visibilidad del activismo femenino en los barrios y contra la dictadura. Aunque se ha llegado a hablar de una naturaleza matriarcal del movimiento, el propio lenguaje oculta la participación femenina, al servirse del neutro “vecinos” para referirse al sujeto de sus actividades. Precisamente promover la movilización femenina por la vía de invitar a las mujeres de barrio, de familias obreras en su mayoría, a participar en el movimiento vecinal, fue una de las herramientas y objetivos del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), una organización creada en el entorno del PCE a mediados de los años sesenta y en Valencia en 1969. El activismo femenino en el denominado «frente de barrios» era un medio para la toma de conciencia sobre la capacidad de acción femenina en la sociedad, en un entorno cercano como el barrio, por unas condiciones de vida decentes.

El colectivo femenino, asignado por mandato de género a cuidar y proteger la vida, mantenía una estrecha relación con los temas relacionados con el consumo, la carestía, las condiciones de las viviendas, la falta de ambulatorios y plazas escolares, y otros muchos problemas que las clases populares sufrían en los barrios. Una de las imágenes más repetidas durante la Transición fue la de las comisiones de mujeres de los barrios con los niños dirigiéndose al Ayuntamiento, demandando plazas escolares, guarderías o servicios sanitarios. Con estas acciones se vinculaba el mundo de la política con la sociedad civil, iban más allá del ámbito de lo privado y doméstico.

Desde el merecido reconocimiento personal, pero sin olvidar que hablamos de un fenómeno colectivo de gran amplitud, podemos recordar la actuación de mujeres como Josefina Arlandis y Teresa Maiques en Malvarrosa, Catalina Socías en Natzaret, Josefa Ortega en Burjassot, Amparo Martínez en Orriols, Encarna Moya en la Fonteta de Sant Lluís, Asunción Marco en el barrio del Botánico, o Rosalía Sender en el Distrito Marítimo.

Los poblados marítimos de Valencia (Nazaret-Grao-Cabanyal-Canyamelar-Malvarrosa) fueron desde el siglo XIX, además de barrios de pescadores, el área industrial y comercial de Valencia por su vinculación al puerto. Pero el movimiento vecinal de los años 1970 no se localiza en estos barrios más tradicionales, sino en sus extremos Norte y Sur, en Malvarrosa y Natzaret. Ambos eran barrios de inmigración con bloques de viviendas de regular calidad y también áreas de chabolas que fueron desapareciendo. En el movimiento vecinal de Malvarrosa han destacado Josefina Arlandis y Teresa Maiques. En el capítulo dedicado al barrio y la huelga de astilleros de 1974 de Rutas de la Memoria Obrera (FEIS, vol. 1, 2023), dedicamos un apartado a la participación de las mujeres en el conflicto con reseñas biográficas.

Nazaret es el barrio que surgió en torno al antiguo Lazareto de la ciudad, ubicado junto a la playa al sur de la antigua desembocadura del Turia para recluir en cuarentena a los viajeros procedentes de zonas con epidemias endémicas. El Plan Sur tuvo consecuencias catastróficas para el barrio que continúan en la actualidad, al quedar atrapado y supeditado a la ampliación del puerto: perdió la playa, quedó rodeado por vías de transportes pesados y peligrosos, a la par que sufría la contaminación del aire y las aguas por las industrias químicas cercanas. En este lugar condenado, con un importante aporte de población migrada en los años 60 y 70, surgió un potente movimiento vecinal que no se resignaba a las habituales carencias de estos barrios de la periferia en la dictadura ni a perder su identidad. Una de las protagonistas de este activismo fue la mallorquina Catalina Socias Picornell, monja seglar que llegó en 1973 al barrio con su hermano Damián, el cura del barrio. Su historia, que recoge el periodista Enric Llopis en su libro ¡A la huelga! en 2023, cuando Catalina tenía 87 años, es un ejemplo de la actuación de los “cristianos de barrio”, muy pegados al compromiso con las personas más pobres, viviendo sus experiencias y necesidades. Ha sido un compromiso, por otra parte, muy “horizontal” y refractario a entrar en organizaciones jerarquizadas como sindicatos o partidos. Curas obreros y monjas seglares encontramos en los barrios más marginales como Natzaret, Malvarrosa, Orriols, Sant Francesc en Manises o el Barrio del Cristo en Aldaia/Quart.

Josefa Ortega trabajaba en el ramo de la limpieza que dio inicio a la huelga general solidaria de los hospitales de Valencia en mayo y junio de 1976. La coordinadora de hospitales en huelga consiguió la adhesión de muchas asociaciones vecinales con el lema “Una sanidad para el pueblo”. La historia de Josefa Ortega muestra el tejido solidario y cómplice entre mujeres que, en los intersticios entre la clandestinidad política y la privacidad de las historias familiares, se transmite de la generación de posguerra a la más joven que podríamos llamar “del 68”. Josefa formaba parte de una amplia familia matriarcal perseguida por colaboración con la guerrilla en Jaén, desde donde emigró a Valencia en la década de 1950. Fue “mujer de preso” político por la condena de su marido a pena de prisión en Burgos en 1959, fue emigrante durante cuatro años en Francia y, a su vuelta, se empleó en la contrata de limpieza de la recién inaugurada Ciudad Sanitaria La Fe y, siguiendo las indicaciones del PCE, entró con un pequeño grupo de compañeras militantes en la Asociación de Amas de Casa Tyrius de su pueblo, Burjassot. Tyrius respondía a un concepto de mujer dedicada a “sus labores” que las comunistas trataron de cambiar hasta llegar a escindirse para fundar la Asociación Los Silos, con más de 300 socias. En las elecciones municipales de 1979, Josefa Ortega fue elegida teniente de alcalde por el PCE.

Amparo Martínez, militante del PCE, del Movimiento Democrático de Mujeres desde 1972 y activista vecinal en la Asociación de Vecinos de Orriols, barrio del extrarradio de la ciudad que creció en edificios de construcción barata para acogida de migración interior. Las infraestructuras y servicios llegaron con las luchas y reivindicaciones por parte del activismo antifranquista en el movimiento vecinal. Como en casi todos los barrios periféricos de Valencia, faltaba transporte público, escuelas, zonas verdes, centros de ocio, semáforos, de mercados^. El trabajo en barrios era específico, relacionado con los problemas sentidos en los barrios. En Orriols, se desarrollaron luchas importantes, campañas sobre la carestía de la vida, por la falta de escuelas, por instalación de semáforos. También, se planteaba la necesidad de que las mujeres tuvieran voz, capacidad de decidir, independencia económica, reivindicaciones específicas de género, por el derecho al aborto. Para Amparo, el trabajo en el movimiento vecinal tenía una gran importancia, era un espacio que aglutinaba gente del barrio para luchar contra la dictadura y organizar frentes de trabajo en función de jóvenes, mujeres, estudiantes, etc. Además, el barrio podía escapar del férreo control dictatorial, si se aprovechaban al máximo las posibilidades legales que existieran.

Rosalía Sender militó en la asociación del Distrito Marítimo que tenía su sede, en la calle Marino Albesa. Rosalía era hija de exiliados políticos aragoneses en Francia, donde estudió empresariales y empezó a militar primero en la JSU y luego en el PCE. Volvió a España a establecerse con sus dos hijos y su pareja Antonio Palomares, dirigente de los comunistas valencianos, en 1967. Rosalía dedicó buena parte de su esfuerzo militante al Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Las militantes del MDM procuraron movilizar desde las asociaciones vecinales a las mujeres de los barrios. En su libro de memorias Luchando por la liberación de la mujer, Valencia 1969-1981 (2006) cuenta el trabajo capilar de militancia, puerta por puerta en muchas ocasiones, haciendo encuestas sobre las necesidades del barrio o recogiendo firmas para reivindicaciones concretas, para implicar a las vecinas en las reivindicaciones de los barrios. La adquisición del llamado Jardín de Ayora para uso público fue la conquista en la que unieron al vecindario de su Distrito, en particular a las mujeres para disponer en él de un parque y guardería. Resulta significativa en particular su explicación sobre la formación de Vocalías y Comisiones de la Mujer, a la que se resistían los compañeros. Alegaban que sería como crear una Sección Femenina en las asociaciones, a lo que respondían Rosalía y sus compañeras del MDM que sólo así entenderían como una conquista propia como mujeres las reivindicaciones por las que la asociación las sacaba de casa y de su vida privada, lo que a su vez haría que permaneciesen en la lucha. A día de hoy puede parecernos esta una extraña diatriba que solo se entiende si nos situamos en el contexto cultural de la década de 1970, con la impronta de 40 años de dictadura que, en una feroz reacción contra los avances republicanos, había condenado a las mujeres a estar recluidas en el hogar y subordinadas a los varones de la familia. La participación en la lucha de los barrios fue un factor de ruptura con esta pesada losa, de avance para ellas como protagonistas y para toda la sociedad.

El éxito de la película El 47, en la que un convincente Eduard Fernández representa a Manolo Vital, líder sindical y militante de CC.OO. en el barrio barcelonés de Torre Baró, cabe interpretarlo tanto como un aval a su indudable calidad cinematográfica y también como la expresión del reconocimiento de muchos espectadores al valor simbólico del episodio histórico que la motiva (la lucha de un barrio periférico por el acceso a servicios dignos, incluido el autobús urbano) y del interés renovado por un cine próximo a las luchas sociales. La afluencia a los cines creció de una proyección a otra. Puede ser además una obra recomendable para un pedagogia en centros educativos sobre la lucha por la ciudad democrática en la Transición, siempre advirtiendo que actuaciones reales como la que relata no fueron iniciativas aisladas de individuos indignados sino el resultado de decisiones colectivas y organizadas. Hubo otros 47, anteriores y posteriores, porque la clandestinidad avivaba el ingenio para idear acciones que eludiesen la represión estructural del régimen, se difundían y se aprendía de otros éxitos y fracasos. Así está grabado en la memoria de las personas que lo vivieron y así lo demuestra la historiografía.

Clases trabajadoras, barrio y movimiento vecinal

Manuel Castells (2008) sostiene que, en condiciones represivas, las asociaciones fueron escuelas de democracia de base, ofreciendo a sectores sin experiencia de lucha política la vivencia cotidiana de “plantear sus derechos sin pedir permiso a las autoridades”. Quedaron convencidos de que la dictadura no podía seguir existiendo al experimentar que “reunirse para alumbrar una calle o denunciar una estafa” situaba a los vecinos al borde de la ilegalidad. Y así “de repente, la gente que no era política descubrió que la democracia era una necesidad, no una consigna de rojos.” A su vez sus dirigentes, rojos en su gran mayoría, se cuidaron bien “de parar los pies a los militantes que intentaban convertir la reparación de un socavón en el acceso al barrio en trinchera de la revolución.” En definitiva, Castells subraya el carácter interclasista y transversal del movimiento, capaz de dar una participación a profesionales (urbanistas, abogados, economistas), mujeres y jóvenes que los grupos políticos no ofrecían. Las asociaciones promovían acciones que eran políticas en la práctica siendo a la vez ámbitos despolitizados o prepolíticos, promovían un “feminismo práctico” sin ser feministas, eran interclasistas aunque predominasen las clases trabajadoras entre las personas asociadas. En definitiva, ofrecían una participación muy abierta, efectiva y real, en contraposición a los partidos políticos, que exigían y exigen una adhesión ideológica, y a los sindicatos, que parten de intereses compartidos en un lugar de trabajo y sector laboral.

Al subrayar y loar la singularidad de un movimiento que no tenía “ni la fuerza ni el carisma del movimiento obrero”, corremos el peligro de disociar y diluir sus conexiones con el mismo. La contraposición sociológica entre movimientos unidos por intereses, en particular el obrero o sindical, y aquéllos más nuevos que responderían a identidades (nacional o local, de género u orientación sexual, etc.), la historiografía más próxima a la comprensión de vivencias y experiencias locales, colectivas y personales, descubre una realidad compleja irreductible a esos dos vectores. Así, la clase obrera inmigrante llegó a los nuevos barrios con un importante bagaje cultural y de experiencias que, unido a la vivencia de nuevas condiciones de vida y trabajo, dio lugar a culturas reivindicativas y de lucha social con una fuerte identidad local. El mapa de las asociaciones de barrio activas en Valencia en 1977, elaborado por la comisión del PCPV para el movimiento ciudadano, muestra una sustancial coincidencia con el de las nuevas barriadas de aluvión inmigratorio obrero que rodeaban la ciudad. Más allá de esta contundente evidencia, a fin de ampliar nuestro horizonte para una perspectiva comparada, antes de volver a Valencia resulta interesante detenernos en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid y Bilbao. Nos apoyamos en buena medida en el estudio contemporáneo de Jordi Borja (1977).

En 1976, Barcelona tenía dos millones de habitantes y era el centro de un área de casi cuatro, con cinco ciudades de más de 100 mil y diez que superaban los 20 mil. Tenía una gran tradición asociativa popular y de barrio, arrasada por la dictadura tras la conquista franquista de Catalunya en febrero de 1939, hasta que en los años 50 se fue recuperando con participaron de colegios profesionales y entidades culturales catalanistas. En la década de 1960 y hasta 1975 había asociaciones de calle llamadas “bombilleras”, de comerciantes y vecinos de barrios tradicionales que se acogieron a la Ley de 1964 y colaboraban con el ayuntamiento; asociaciones de vecinos en barrios populares y de clases medias que serán legalizadas pero entrarán en conflicto con los poderes franquistas; y comisiones de barrio en la periferia obreraimpulsadas por militantes de izquierdas, ilegales pero muy activas. En 1972, las asociaciones de barrio más reivindicativas se unieron en la Coordinadora de Sant Antoni, ligada a la Assemblea de Catalunya, y en 1974 entraron en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, donde eran minoritarias pero pronto marcaron la agenda. Entre 1975 y 1976, la Federación planteó la lucha contra el Plan Comarcal y por la dimisión del alcalde Viola, la campaña contra la represión y por la amnistía, por la lengua y la cultura catalanas, las protestas contra la carestía y la campaña “Salvem Barcelona” a finales de 1976. En los barrios periféricos y de la región metropolitana, de inmigración obrera y más débil tejido asociativo, las reivindicaciones eran más básicas y el desprestigio de las autoridades franquistas era aún mayor, estableciéndose una estrecha relación entre el movimiento obrero y los barrios.

Madrid pasó en tan solo 30 años de ser una ciudad de un millón de habitantes a formar un área metropolitana de casi cuatro. Era la capital política de una dictadura y un Estado muy centralista y sensible a cualquier irrupción de la protesta en la calle, lo que determinaba un poder municipal extremadamente débil y con poco margen negociador. El movimiento vecinal se abrió paso con más dificultades que en Barcelona o Bilbao, apoyado casi solo en los barrios periféricos y con un inevitable radicalismo social por falta de interlocutores. Pero en 1975 dio un gran salto adelante y en 1976, con una notable incorporación de profesionales, se unieron en una federación provincial 108 de las 138 asociaciones existentes, aunque sólo 28 estaban legalizadas. La asamblea constitutiva fue prohibida en febrero, pero representantes de 91 asociaciones consiguieron realizarla en octubre y al mes siguiente lanzaron el llamamiento “Los vecinos de Madrid por las Libertades”. En muchos barrios o distritos se formaron coordinadoras de zona de entidades ciudadanas y se establecieron lazos solidarios con el nuevo movimiento obrero, sobre todo en la lucha contra la carestía. El movimiento destacó por sus respuestas innovadoras a la crisis urbana de la capital en la solución al chabolismo, otorgando suelo urbano y nuevas viviendas en propiedad, en la creación de mini parques y plazas para aliviar la extraordinaria densidad urbana de la ciudad, como también en la recuperación de fiestas populares y la salvación de patrimonio histórico en peligro. Para rememorar desde la ficción literaria el Madrid de barrio en la Transición recomendamos la lectura de Nunca voló tan alto tu televisor, de Silvia Nanclares (Lengua de Trapo, 2025 colección Episodios Nacionales), protagonizada por una mujer de Moratalaz.

En diciembre de 1976 había 65 asociaciones en Vizcaya, 50 en el Gran Bilbao, la mayoría aún entonces sin legalizar. Se reunían periódicamente en una Asamblea de Asociaciones, tampoco legal. Agrupaban a unas 30 mil personas inscritas. Eran una parte de la abigarrada vida asociativa deportiva y cultural de los barrios populares característica de Bilbao. Muchas asociaciones se constituyeron a partir de núcleos originarios del movimiento obrero golpeados por el ciclo represivo de 1967 a 1969, apoyándose a menudo en la Iglesia para obtener locales y cobertura legal. A la inversa, el movimiento obrero buscaba en los conflictos laborales la solidaridad de las asociaciones. La militancia política y sindical antifranquista se hizo presente cada vez más desde 1974, con campañas por la amnistía y los ayuntamientos democráticos. El Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro (COAVN) puso su taller de arquitectura al servicio del movimiento. En la quiebra de legitimidad de los ayuntamientos franquistas destacó la situación de Euskadi con muchas dimisiones y la formación del Grupo de Bergara, formado por 67 alcaldes. Hitos como el Libro Negro de Recalde fue la punta de lanza para la dimisión de la alcaldesa bilbaína Pilar Careaga en 1975. Puede consultarse con mucha otra y diversa documentación en la web del BBPM, una magnífica iniciativa que presta especial atención al activismo de las mujeres. En la introducción a esta web leemos:

Hablamos de la lucha de las mujeres al frente de las reivindicaciones ciudadanas en los duros años del franquismo o de los trabajadores de “Bandas” que contaron con todo el apoyo popular de los barrios para desarrollar su histórica huelga, pero también de las mujeres – amas de casa les decían – que con su trabajo y actitud en el día a día sacaban/sacan adelante a sus familias, a veces trabajando en casa y, casi siempre, trabajando en casa y fuera. También hablamos de los curas en los barrios obreros, que desde su compromiso cristiano cubrieron los déficits de la dictadura en el campo de la enseñanza. Sin olvidarnos de los jóvenes que dedican su tiempo libre a los demás como monitores de colonias o clubes juveniles – primeras escuelas de formación antifranquista – o de la lucha de las madres contra la droga. ¡Hay tantas, tantos de quien hablar!

El historiador José Antonio Pérez se ha ocupado de recuperar la memoria de aquellas mujeres trabajadoras del Gran Bilbao en su aportación al libro Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo (2007).

Volvemos a Valencia. Según Jordi Borja (1977), en 1974 existían solo 10 asociaciones de vecinos en Valencia y su provincia, en 1975 eran ya 25 y en 1976 llegaban a 100. La gran mayoría estaban «en trámite» a fines de 1976, cuando se formó la Coordinadora de AAVV de l’Horta, en la que participaban regularmente 55 AA.VV., 21 de Valencia ciudad, presidida por Marcial López y con Just Ramírez como vicepresidente. López era un dominico de larga trayectoria pletórica de iniciativas de compromiso social y Just Ramírez era arquitecto urbanista y el dirigente del MC en Valencia. Junto a Just Ramírez trabajaba Carles Dolç, autor de una reciente monografía sobre la lucha por el Saler y el Turia (2021). La experiencia de vecinas y vecinos en el movimiento de barrios fue un aprendizaje. Carles Dolç recoge por ejemplo el testimonio de Dolores García Cantús, militante comunista en la asociación de la Dehesa, sobre el uso de dos libros de actas, el oficial que se pasaba a visar por el Movimiento y el real que recogía lo que de verdad se hablaba en las reuniones. 1976 fue el año decisivo para la ruptura, la percepción de que se podía y se debía forzar e imponer el tránsito a un régimen de libertades. Se observa en el cambio de actitudes entre la campaña El Saler per al poble, que consiguió detener en el verano de 1974 los planes de privatización de la Dehesa, y la posterior campaña El Túria és nostre i el volem verd, que en 1976 le tomó el relevo. En la presentación pública de candidatos de los partidos de izquierdas en las primeras elecciones de la democracia, la experiencia de la inmigración y la represión, así como la militancia en CC.OO. y en el movimiento vecinal, solían darse a conocer después de años de lucha clandestina. Las conexiones entre movimiento vecinal y obrero, entre el barrio y la fábrica, fueron múltiples e intensas. Lo muestra una simple lectura de los boletines de las asociaciones y un caso paradigmático podría ser el de la Malvarrosa, cuya asociación fue clausurada por solidarizarse con los huelguistas de astilleros, vecinos del barrio en su mayoría, en enero de 1974, episodio que ha explicado José Durbán en el volumen I de Rutas de la Memoria Obrera editado por la FEIS.

En el marco de las actividades y publicaciones del programa “España en libertad (1975-2025)”, promovido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en la Universidad del País Vasco se celebraron recientemente las Jornadas sobre “Una sociedad en movimiento: la reorganización de la trama ciudadana desde los movimientos sociales”, en las que participamos con una ponencia sobre el asociacionismo vecinal y sus conexiones con el movimiento obrero y el emergente feminismo social, de la que seguidamente presentamos las aportaciones más significativas, con especial referencia al ámbito valenciano.

Las asociaciones de vecinos han recibido. frecuentemente, una consideración secundaria en el contexto de los movimientos sociales de oposición a la dictadura de Franco. Mientras que el estudiantil ha sido reivindicado por sus propios protagonistas, todos muy letrados y el sindicalismo obrero sostiene una política activa de la memoria (en el caso de CCOO al menos desde 1986), el asociacionismo vecinal goza de peor fortuna. Ello puede tener que ver con el carácter más prosaico, localista y circunstancial de sus reivindicaciones, a su funcionamiento en coordinadoras muy diversas y a un muy precario reconocimiento institucional en democracia. Lo cierto es que fue un movimiento protagonizado en gran medida por las mujeres de barrios obreros. Ofreció espacios de actuación a la militancia antifranquista, que estaba detrás de muchas iniciativas asociativas, también a economistas y jóvenes profesionales de la abogacía y del urbanismo, puso contra las cuerdas a las últimas corporaciones franquistas y, ante todo, planteó una reapropiación popular de la ciudad como bien común, con planes alternativos a los del capitalismo depredador en su versión franquista. En la década de 1980, reivindicaciones del movimiento ciudadano quedaron en buena medida recogidas en los primeros planes de ordenación urbana de la democracia. En Valencia debemos al movimiento vecinal y ciudadano de la Transición la quiebra de la “ciudad monstruo” desarrollista y su alternativa en el Plan General de 1988, con el Jardín del Turia como eje vertebrador.

En esta primera entrega de la serie que hemos titulado Entre el barrio y la fábrica, nos ocuparemos del contexto y la historia del movimiento vecinal. En un segundo artículo analizamos esta experiencia participativa como escuela de ciudadanía y sus vínculos con el movimiento obrero. En un tercer y último artículo de la serie, la historiadora Vicenta Verdugo trata desde una perspectiva de género de la implicación de las mujeres en la lucha de los barrios. Frente la mercantilización de la ciudad y de todas las necesidades, que nos reduce a la condición de sujetos consumidores explotados por las oligarquías de los fondos de inversión y las redes sociales, el movimiento vecinal y ciudadano de los años 1970 sigue siendo un referente de reapropiación de la ciudad para el bien común.

Capitalismo urbano y excepción española

Entre los autores que fueron un referente en particular para los profesionales que militaron en el movimiento vecinal durante la Transición destacan Manuel Castells y Jordi Borja. Ambos han escrito sobre temas de sociología, política y urbanismo hasta la actualidad. En 1986, a los 10 años del inicio de la Transición, hicieron balance de la experiencia del movimiento vecinal y ciudadano en sendas publicaciones, Manuel Castells en La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos (Madrid, Alianza, 1986) y Jordi Borja en Por unos municipios democráticos. Diez años de reflexión política y movimiento ciudadano (Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1986). Respecto a la literatura más actual, debemos destacar dos obras colectivas: Memoria ciudadana y movimiento vecinal, editada en 2008 por Vicente Pérez Quintana y Vicente y Pablo Sánchez León sobre Madrid, y ya plenamente en el ámbito de la historiografía, Construint la ciutat democrática, coordinada en 2010 por Carme Molinero y Pere Ysàs sobre el área de Barcelona. En general, el movimiento vecinal ha despertado un creciente interés desde 2008 y es el área catalana la que, con diferencia, mayor atención ha recibido. En la web del proyecto del Instituto de Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Almería sobre el movimiento vecinal en esta ciudad y provincia andaluza encontramos una relación de 249 publicaciones editadas entre 1972 y 2023 (https://movimientovecinal.es/). Las áreas metropolitanas de la década de 1970 son objeto de 39 publicaciones en el caso de Cataluña, 16 en el de Madrid y 11 para Euskadi.

El movimiento vecinal fue parte central de un más amplio movimiento ciudadano, con un fuerte componente obrero pero también de clases medias y profesionales, no exclusivo de España. La protesta, la reivindicación y el asociacionismo urbano fueron un fenómeno común en la Europa capitalista de posguerra, impulsado en particular por las migraciones a áreas industriales en condiciones de falta de vivienda, infraestructuras y servicios. A estas carencias respondieron gobiernos y ayuntamientos con mejor o peor fortuna. Un ejemplo paradigmático son las banlieues francesas. La Italia de posguerra, con muchas comunas industriales gobernadas por el PCI, representa otra experiencia a la que prestaron atención nuestros activistas vecinales. Lo específico de ese fenómeno en la España franquista viene dado por el régimen de dictadura centralista en que vivíamos: vigilancia y represión sobre las iniciativas asociativas de los vecinos, ayuntamientos sin recursos ni autonomía, corporaciones locales conectadas con intereses especulativos a los que favorecían y de los que se beneficiaban, etc.

Efectivamente, el movimiento vecinal creció en España a partir de la denuncia que entidades diversas, primero, y las asociaciones de vecinos, después, hicieron de las precarias condiciones de las viviendas y de la inexistencia o insuficiencia de infraestructuras y de servicios públicos, una situación que era resultado de las políticas franquistas – o más bien de su ausencia – y de la especulación desbocada que las autoridades consintieron y de la que muchas participaron, lo que apunta a la corrupción inherente a la dictadura, fundada en favores y privilegios entre franquistas desde tiempos del estraperlo, normalizada por la falta de transparencia y controles democráticos. A su vez, los ayuntamientos eran el eslabón más débil del poder franquista, con alcaldes y corporaciones sin recursos, subordinados por completo al gobernador de turno, algo que, al igual que la tardía convocatoria de las primeras elecciones municipales democráticas en la Transición, puede tener relación con la mala experiencia que para la monarquía tuvieron las elecciones municipales de abril de 1931.

En su introducción de 2010 al libro colectivo sobre el movimiento vecinal barcelonés Construint la ciutat democràtica, los historiadores Carme Molinero i Pere Ysàs relacionan la eclosión de las reivindicaciones vecinales con las contradicciones de la dinámica política de la dictadura en los años 60 y 70. La emigración a Cataluña desde los años 50, a pesar de los esfuerzos contrarios de la dictadura, se convirtió en una espectacular oleada que dio lugar a la formación de barrios enteros sin previsión ni planificación alguna, bien en forma de chabolas sin agua corriente, alcantarillado o electricidad como las de Torre Baró que muestra la película El 47, o bien en forma de bloques de viviendas de construcción muy deficiente y sin dotaciones escolares o sanitarias. Era una situación sorprendente, dada la orientación intervencionista y controladora del Estado franquista.

Como explica el historiador Ismael Saz, la dictadura se sostenía desde sus orígenes sobre el arbitraje que ejercía Franco entre dos vertientes de la extrema derecha nacionalista española: la autoritaria de los monárquicos golpistas de Acción Española, por un lado, y la fascista pseudo-movilizadora de la Falange, por otro. La tensión entre el vector autoritario y el fascista otorgó una dinámica política a la dictadura, que buscaba sobrevivir a Franco, pero se estrelló con una fuerte contestación social al agotarse los réditos de la terrible represión de los primeros años. A resultas de la crisis de gobierno de 1957, el vector autoritario de los llamados “tecnócratas del Opus Dei” esperaba obtener con el crecimiento económico un amplio consentimiento. Por su parte los falangistas buscaron la adhesión popular mediante una cierta apertura muy controlada a la participación, mediante la Ley de Asociaciones de 1964, la eliminación de controles a la presentación de candidatos en las elecciones sindicales de 1966 y la Ley de Prensa o “Ley Fraga”, también de 1966. Tecnócratas y falangistas fracasaron en sus expectativas. Los tecnócratas no realizaron la reforma fiscal que necesitaba el sistema para atender las demandas generadas por el aluvión de población que se incorporaba a la industria y la vida urbana, el verticalismo vio crecer en su seno y en el mundo laboral el movimiento antifranquista de las CCOO, y la Ley Fraga cambió de hecho la censura previa por la autocensura. En definitiva, no se alteró la esencia clasista y represiva del régimen. El estado de excepción de 1969 y la reacción contra CCOO que culmina en el Proceso 1001 muestran el agotamiento en la capacidad evolutiva de la dictadura.

El nuevo movimiento ciudadano encontró cobertura legal en la Ley de Asociaciones de 1964, que buscaba regular el asociacionismo cultural, lúdico, deportivo y asistencial, permitido siempre que no fuese contrario “a los Principios Fundamentales del Movimiento”. Este último argumento fue muy utilizado para clausurar o mantener a muchas asociaciones en la ilegalidad. A propósito de Madrid, Manuel Castells (2008) rememora las “condiciones de libertad vigilada” en que llegó la democracia, con muchas asociaciones no autorizadas, sus militantes perseguidos y encarcelados, incluso asesinados, como sucedió el 24 de enero de 1977 a los abogados de la calle Atocha que asesoraban al movimiento de barrios de la periferia obrera de la capital.

El movimiento vecinal eclosionó con fuerza entre 1974 y 1977, pero entró en declive a partir de las primeras elecciones legislativas democráticas y más aún desde las municipales de 1979. Este declive ha sido motivo de un cierto debate sobre la relación con los partidos políticos y el reconocimiento institucional que han recibido las asociaciones de vecinos en la actual democracia. Para unos era el resultado natural del cambio radical del marco político de actuación del movimiento ciudadano: buena parte de sus activistas y líderes lo eran por su militancia en partidos políticos y abandonaron las asociaciones al ser cooptados en los nuevos ayuntamientos democráticos, desde los que actuaron como interlocutores para en gran medida hacer realidad las reivindicaciones vecinales. Para otros muy críticos como M. Castells, el problema radicaría, como tantas cosas que se atribuyen a herencias franquistas pero caen en el debe de la actual democracia, en cierta defensa o bloqueo practicado por los partidos respecto a una política más participativa de base representada por las asociaciones ciudadanas. Lo cierto es que incluso firmes adalides del movimiento ciudadano, entonces y ahora, como Jordi Borja (1977), reconocían ya a finales de 1976 el cambio radical de escenario político que se avecinaba con la llegada de la democracia, cambio que obligaría al movimiento vecinal a reinventarse. El fuerte primer impulso del movimiento, que provocó no pocas sonadas dimisiones de alcaldes franquistas, tenía empuje propio en realidades vividas por los habitantes de la ciudad en su entorno inmediato, pero también era el reflejo de su función vehicular del antifranquismo.

Desde la historiografía, Carme Molinero y Pere Ysàs, en De la hegemonía a la autodesctrucción: el PCE 1956-1982 (2017), a propósito del partido más organizado, con más militantes y mayor implicación en los movimientos sociales del antifranquismo, fuese el vecinal o CCOO, advierten que al llegar la legalidad su dirección no buscó la desmovilización. Más bien todo lo contrario, esa implicación era un capital propio que quiso conservar e incrementar, indispensable antes y después de 1977 para evitar su marginación política, “dando una relevancia especial a las asociaciones de vecinos, y profundizar en el papel de dichos movimientos para configurar formas de democracia de base no contrapuestas a la democracia representativa para lograr una sociedad organizada y movilizada”.

A partir de la legalització dels sindicats i dels partits polítics, durant el primer trimestre de 1977, s’accelerà el procés de canvi democràtic, les principals fites del qual foren les primeres eleccions generals (15-06-77), la Llei d'Amnistia (15-10-77), els Pactes de la Moncloa (27-10-77) i el referèndum constitucional (06-12-78). I tot això en un context de forta conflictivitat laboral provocada per una inflació desbocada que erosionava aviat el poder adquisitiu dels salaris: la mitjana anual de vagues entre 1977 i 1979 va ser de 1.670, amb 2.280.000 participants i 15.390.000 jornades no treballades cada any.

Entre gener i febrer de 1978 es van celebrar les primeres eleccions sindicals lliures a delegats i comitès d'empresa que, en l’àmbit estatal, van confirmar la victòria dels sindicats de classe: CC.OO. i UGT, amb el 34,5 i el 21,7 per cent, respectivament, dels gairebé dos-cents mil electes. A Alcoi el resultat sería encara més contundent: es van triar un total de 478 delegats, dels quals el 61,5% pertanyien a CC.OO. i el 29,9% a UGT, que des de llavors no van deixar de reclamar la devolució del patrimoni sindical que, finalment, els hi va ser lliurat, ocupant actualment la Unió General de Treballadors els vells locals de la CNS i Comissions Obreres els construïts de nova planta, en una demostració real i simbòlica de l'eficàcia de la seua lluita.

Canvi polític i crisi econòmica

Aquells foren també els anys de la segona crisi energètica, amb un fort impacte sobre l'economia i l'ocupació (deslocalització productiva, desregulació laboral, atur...), que s’intentà gestionar des de les administracions públiques amb plans de reconversió industrial de resultats desiguals.

La del sector tèxtil, entre 1981 i 1986, va suposar el tancament de moltes de les grans empreses alcoianes (Hipesa, Peralta, Matarredona…), obligant als sindicats a un canvi d'estratègia des de posicions ofensives (reivindicació de millores salarials i nous drets) a altres de caràcter defensiu, tant dels llocs de treball (expedients de crisi, promoció de cooperatives) com de la viabilitat de les mateixes empreses (el cas paradigmàtic de Papereres Reunides) i del propi sector (la campanya “Salvar el tèxtil és salvar Alcoi”)

Malgrat les dificultats i la conflictivitat latent, durant aquest procés es va posar sovint de manifest la capacitat de diàleg i fins i tot mutu reconeixement entre els principals líders sindicals (Paco Molina) i empresarials (Rafael Terol) del moment, expressió d’una cultura de la negociació fortament arrelada en la comunitat local que la posterior desregulació productiva i laboral debilitaria notablement.

Un dels efectes més negatius d’eixe procés de desregulació laboral va ser l'externalització, via economia submergida, dels processos productius més intensius en mà d'obra, com el de l’aerografia que durant 1992 va provocar la mort per fibrosi pulmonar de sis joves treballadores i més de cinquanta afectats en petites empreses de l'Alcoià-Comtat pel conegut des de llavors com a Sindrome Ardystil, que fou denunciat pels sindicats i acabà amb la condemna dels seus responsables, deu anys més tard, per sentència de l'Audiència d’Alacant.

Després de la reconversió del tèxtil, que suposà la desaparició dels subsectors de la borra i filatura, va arribar la del metall, amb el tancament, entre altres, de les fàbriques de Francisco Blanes i Miró Reig, iniciant-se des de finals la dècada dels noranta un procés de modernització i diversificació de la indústria alcoiana (noves matèries primeres, nous sistemes de producción i dsitribució) la consolidació de la qual explica que, malgrat les diverses crisis travessades, continue sent actualment la segona Área Urbana Funcional (AUF) amb major proporció d'ocupació industrial (23,7%, gairebé el doble que la mitjana espanyola), segons l'Institut Nacional d'Estadística.

Des de llavors, el sindicalisme ha consolidat -tant arreu de l’Estat com a l’àmbit local- la seua organització i capacitat d'interlocució, en un procés no exempt de dificultats, com actor social (agregació, representació i promoció dels interessos dels treballadors) i factor d'igualtat, actuant tant sobre la primera distribució de la renda (salaris, condicions de treball, regulació del mercat laboral) a través de la negociació col·lectiva, com sobre els mecanismes propis de la segona re-distribució (política fiscal, prestacions públiques) mitjançant la pressió social i la participació institucional.

Tot això confirma la legitimitat del sindicalisme de classe, tant pel seu origen i trajectòria històrica (...eixe fil roig que, entre la protesta i la proposta, ha operat com un factor fonamental de progrés social) com per la seua representativitat democràticament acreditada i pels resultats de la seua intervenció, en l'exercici de les funcions negociadores i institucionals que li corresponen.

Amb una taxa d'afiliació directa del 17% a nivell nacional, el sindicalisme espanyol aconsegueix ampliar notablement la seua representativitat indirecta mitjançant mecanismes d'audiència electoral (300.000 delegats electes en empreses, amb una cobertura superior al 65% de la població assalariada) i influència en la gestió de les relacions laborals a través de la negociació col·lectiva (5.700 convenis per a més de 15 milions de treballadors).

A l’àmbit local, la taxa d'afiliació sindical és actualment del 23% sobre el total dels 13.000 treballadors assalariats a la ciutat d'Alcoi que, en l'últim període van triar un total de 680 representants (51,7% de CC.OO. i el 23,4% d’UGT), que regularment atenen les demandes i reivindicacions dels seus companys, negocien amb els empresaris i les institucions, tramiten consultes jurídiques..., etc, en un exercici no per mediàticament invisible menys necessari per a la defensa i promoció dels drets de tots.

Les importants crisis que s'han succeït des dels inicis del segle XXI han posat de manifest, malgrat les seues diferents causes (financera, sanitària), el retorn de la qüestió social (ocupació, salaris, prestacions, igualtat, drets...) que un discurs ideològic neoliberal tracta de presentar com superada per un model desregulat basat exclusivament en la més descarnada competitivitat.

I és en aquest context on estem assistint, paradoxalment, a una re-materialització del conflicte que, incorporant altres repertoris de protesta, fa possible la transició cap a una necessària convergència entre tots els que reclamen la dignitat del treball i la ciutadania, enllaçant la lluita per les velles reivindicacions del moviment obrer (treball decent i amb drets), de la que Alcoi ha estat capdavanter, amb la defensa de les demandes civils plantejades pels nous moviments socials (educació, sanitat, habitatge, igualtat de gènere, qualitat democràtica...).

La llarga agonia biològica i política del franquisme, que es va iniciar amb la mort de Carrero Blanco al desembre de 1973, coincidirà amb la crisi econòmica derivada de l'augment dels preus del petroli imposada pels països àrabs després de la guerra del Yom Kippur, amb el consegüent increment generalitzat de la inflació que, en el cas espanyol, es complicarà per la incompetència de la gestió governamental, amb el resultat d'un dramàtic augment dels tancaments d'empreses, pèrdua del poder adquisitiu dels salaris, atur i precarietat contractual.

Entre 1974 i 1977 Espanya registraría el volum més gran de vagues de tota la seua història, amb una mitjana anual de més de deu milions de jornades no treballades per conflictes laborals.

Les restriccions derivades d’una dictadura terminal conferien contingut polític a la mobilització obrera que assolia així un fort component expressiu i acreditava la seua consolidació com a actor social rellevant en un context de crisi tant política com econòmica i esdevenia en factor clau per a la conquesta de les llibertats.

A Alcoi, la crisi es veurà agreujada per les deficiències estructurals que arrossegava el sector tèxtil (minifundisme, falta de renovació tecnològica i productiva...), així com per l'impacte negatiu derivat de l'estructura centralitzada de la negociació col·lectiva dissenyada pel verticalisme.

Les vagues del final de la dictadura

El cicle de les grans vagues obreres durant els anys de la Transició es va iniciar ací el juliol de 1973, en una coincidència històrica amb el centenari de la revolta internacionalista del petrólio, no per casual menys significativa. Foren les dones treballadores de la fàbrica Peralta (les “bobinadores”) les primeres que es van plantar davant l'intent de l'empresa d'imposar un nou, i pretesament “científic”, sistema de control de la producció que incrementava el ritme de treball i absorbia els plusos salarials.

L’acomiadament de Pilar Esteve, delegada sindical vinculada a CC.OO. i les sancions a 12 companyes més va generar una onada de solidaritat que amenaçava amb una vaga de tota l’empresa, d’una plantilla de més de 200 persones, gran part de les quals eren xiques molt joves, i fou la seua resistència la que, finalment, va fer recular a la direcció, retirar les sancions i suspendre l’aplicació del sistema de control, el que va constituir un exemple, tan simbòlic com real, de l'important paper de les dones treballadores en la història del moviment obrer alcoià, mai prou valorat i que mereix, en justícia, un reconeixement exprés.

Aquell mateix any es va publicar per primera vegada el butlletí informatiu (clandestí, per descomptat!) de CC.OO. d'Alcoi, sota el títol de Democràcia Obrera, que donaria compte, amb documentación i anàlisi, de les grans vagues i mobilitzacions dels anys següents.

La primera, a principis de 1974, es produí com a conseqüència de la negativa patronal a negociar un nou conveni per al sub-sector de fibres de recuperació i la decisió, per contra, de suspendre la prima de 350 pessetes que s’havia aprovat l’any anterior. Entre el 16 i el 17 de gener pararen la major part de les fàbriques d’Alcoi així com les de Cocentaina i Muro, pobles cap on des de feia un temps s’havien adreçat moltes empreses a la recerca de més sòl industrial i menys costos laborals.

A l’endemà, 18 de gener, eren ja 120 fàbriques i 4.100 els treballadors en vaga que, davant del tancament dels locals de la CNSi l’assetjament de la policia, acabaren reunint-se en una gran assemblea al Barranquet de Soler on, en un exercici de democràcia obrera real, aprovaren l'acord provisional subscrit a l'Ajuntament, per mediació de l'alcalde Jorge Silvestre, entre la patronal local i els líders de CC.OO. Linares i Llopis (presidents aleshores de la Secció Social i de la UTT del Sindicat Tèxtil, respectivament) que recollia les reivindicacions inicialment plantejades i, en conseqüència, posava fi a la vaga.

No obstant això, en febrer començaren les deliberacions del nou conveni dels sectors de gènere de punt, cotó i llana, en el marc del qual la patronal intentà absorbir la prima de les 350 pessetes, oferint un augment salarial del 14% que els treballadors no accepten i contra el que plantegen una vaga d’advertència de dues hores per al 14 de març. Com que la representació empresarial no fa cas, el 4 d’abril s’inicia la vaga que arribarà al dia 8 amb una xifra de 8.000 participants, incloent-hi alguns treballadors d’altres sectors.

En plena Semana Santa es manté la vaga i, davant el nou tancament verticalista dels locals de la CNS es celebren diverses assemblees al pati del Col·legi de San Roc, l'església de Santa Rosa i, fins i tot, a la muntanya del Preventori. El Dijous Sant, en totes les parròquies d'Alcoi es llegeix una homilia de suport a les reivindicacions obreres, instant el reconeixement dels drets laborals. Finalment, el 14 d'abril se signarà l'acord que posava fi a deu dies de vaga i fixava una gratificació de 3.000 pessetes per als treballadors adults i de 1.750 per als aprenents.

La segona vaga important d’aquest període començà el 22 de setembre de l’any següent (1975) en resposta al nou intent de la patronal d’absorbir la prima de les 350 pessetes, cosa que suposava una disminució substantiva del salari real en uns moments de crisi galopant. A més a més, l’acomiadament de diversos treballadors de l’empresa Pablo Doménech i la detenció del sindicalista Ricardo Llopis al final d'una assemblea enfront dels locals novament tancats de la CNS, agreujaran un conflicte que una setmana després afectava ja més de 100 empreses i vora 2.800 treballadors. Finalment, el 3 d’octubre els representants de la part social (Pep Linares) i econòmica (Miquel Payá) signaren un acord que suposava la retirada de les sancions, l’alliberament de Llopis i el reconeixement parcial de les demandes obreres.

Aquell hivern calent

Entre setembre i desembre d'aquell any es celebraren les dues rondes de la que seria última convocatòria d’eleccions sindicals de la CNS, amb el resultat d’un important èxit de les Candidatures Unitàries i Democràtiques (“Hemos ganao el equipo colorao”, va publicar en portada una revista de l'època) i que, en el cas d'Alcoi consolidaren l'hegemonia de CC.OO.

I mentrestant moria, per fí, l'últim dictador d'Europa occidental, la qual cosa va contribuir a accelerar el procés de canvi, caracteritzat en la seua primera fase per una gran incertesa política i institucional, agreujada per una profunda crisi econòmica i social.

Aquell hivern va registrar una autèntica onada de vagues en tot el país, que es prolongaria, amb algunes oscil·lacions, durant els anys centrals de la transició, en els quals el volum de la conflictivitat laboral es multiplicarà pràcticament per deu, passant del mig milió de treballadors participants en 1975 als 5,7 milions de 1979, segons dades oficials del Ministeri de Treball.

Va ser, precisament. la pressió social des de baix, exercida pels moviments veïnal, estudiantil, professional i, sobretot, obrer, la que al capdavall resultarà determinant per a desbaratar primer les maniobres continuistes, accelerar més tard les reformes i forçar, finalment, la ruptura amb el franquisme.

L'any 1976 va començar a Alcoi amb una manifestació per la llibertat i l'amnistia, el mateix 1 de gener, encapçalada pels líders sindicals que a finals de març convocaren la que sería la vaga general de més llarga durada (tres setmanes) i participació (9.000 treballadors tèxtils) de la història de la ciutat.

El motiu inicial va ser millorar a l’àmbit local el que s'havia pactat a nivell nacional en el conveni de Fibres de Recuperació en matèria de salari (augment de 1.100 a 3.000 pessetes setmanals), vacances (de 20 a 25 dies per any), jornada (de 40 a 44 hores setmanals), així com el reconeixement dels representants sindicals recentment elegits.

En aquesta ocasió, la patronal va mantenir una posició tan inflexible (adduint que el conveni estava ja signat) comagressiva, imposant sancions de suspensió de contracte i sou a més de 2.000 treballadors, incrementant la tensió del conflicte, agreujada així mateix per les càrregues policials i els intents d'impedir les assemblees de treballadors que acabaven realitzant-se a les esglésies de Santa Rosa, Sant Francesc i Santa Maria, així com en el camp de futbol del Barranquet de Soler, en les quals s'informava dels intents de negociació, les mostres de solidaritat ciutadana (especialment emotiva fou la manifestació del 10 d’abril de dones amb els sarnatxos de la compra buits) i es decidia democràticament sobre la continuïtat o no de la vaga, impugnant en la pràctica les acusacions de manipulació que difonia la premsa més reaccionària, especialment el diari local Ciutat dirigit per un vell falangista.

Malgrat els intents de mediació d'una Comissió integrada per qualificats professionals de la ciutat i pel nou alcalde, Rafael Terol, la patronal es va negar a negociar i només acceptà la retirada de les sancions, després de que el dia 21 d'abril, la majoria dels treballadors decidiren desconvocar la vaga, el que es va considerar un fracàs laboral però, malgrat tot, un èxit socio-polític, en la mesura en què la massiva participació i solidaritat aconseguiren imposar la legitimitat del nou sindicalisme i l'exercici real dels drets de vaga, reunió i manifestació encara no reconeguts legalment pel govern post-franquista d’Arias Navarro, que acabaria dimitint a primers de juliol d'aquell mateix any, arrossegat per la protesta popular després de la violenta repressió de les mobilitzacions obreres d'Elda i Vitòria.

Des d’aleshores s’acceleraren tant els ritmes de canvi com l’agreujament de la crisi económica (l'any acabaria amb una inflació del 19%) que, junt amb la congelació salarial i un fort creixement de l'atur, convertiren la negociació col·lectiva del primer trimestre de 1977 en l'escenari clau del conflicte social, en la fase central de la transició política.

Amb la derrota de la República s’inicià una llarga i fosca etapa de repressió política i sindical, endarreriment econòmic i social, por, fam, pobresa i corrupció generalitzades. Mentre se suprimien totes les conquestes socials aconseguides durant el període democràtic, s'imposava un règim de terror cuartelero sota parafernàlia feixista i fracassava la política autàrquica (el PIB espanyol no recuperaria fins a 1960 els nivells registrats abans de la guerra), amb el consegüent cost social per a la classe obrera (els salaris es van reduir en un 25% durant les dues primeres dècades de la dictadura).

Repressió i autarquia en el primer franquisme

D’acord amb les dades registrades a l’Arxiu de la Memòria de la Universitat d’Alacant, després de la guerra foren executades en Alcoi 55 persones, entre elles l’alcalde republicà Evaristo Botella i el líder anarquista Enrique Barberà (Carrasca); condemnades a diferents penes de presó altres 270, aproximadament; inhabilitades i sancionades econòmicament unes 250 i acomiadats 200 funcionaris públics i un gran nombre, difícil de precisar, de treballadors industrials.

En l’àmbit laboral el moviment obrer va ser escapçat i destruït, prohibides les seues organitzacions i imposada per la força l’adscripció obligatòria al Sindicat Vertical (CNS), que en Alcoi s’instal.là en l’antic xalet de Vicens a l’Albereda, sota la línea de mando dels capitosts falangistes, entre el rebuig i la indiferència de la majoria dels treballadors.

La política de revenja i destrucció, d’espoli material i anihilament cultural posada en marxa contra el moviment obrer pel franquisme va tindre efectes duradors. Tot i les precàries condicions de vida, l’activisme i la protesta suposaven un risc massa alt i, malgrat alguns intents inicials de resistència i reconstrucció, el silenci de les organitzacions sindicals tradicionals va crear, durant els anys quaranta i cinquanta, un buit ocupat tant sols per relacions de solidaritat primària, especialment entre les dones treballadores. En el cas d’Alcoi serien les bambuneres les que, al voltant de 1945, feren la primera vaga de braços caiguts.

L'esforç i la valentia de posar en marxa un nou moviment obrer, d'acumular nous recursos, estratègies i lideratges, trigaria encara anys a concretar-se, en un context de canvis sociodemogràfics i productius.

Cap a finals dels anys cinquanta, el fracàs del model autàrquic va obligar la dictadura a donar un gir en la seua política econòmica (Pla d'Estabilització) i de gestió laboral (Llei de convenis col·lectius) que, sense renunciar a l'autoritarisme original, contribuïren a impulsar un desenvolupament productiu que implicava, entre altres canvis, la introducció d'una certa bilateralitat en les relacions laborals que seria hàbilment aprofitada pels nuclis fundacionals del nou moviment obrer, en la mesura en què la negociació col·lectiva obria una escletxa, fins aleshores inexistent, que possibilitava el conflicte, mentre que les eleccions a enllaços i jurats d’empresa permetien acumular recursos organitzatius i d'intervenció.

La nova fase de desenvolupament coincideix amb una sèrie de profunds canvis sociodemogràfics en el món del treball, al qual s'incorpora la primera generació que no havia participat en la guerra, després d'importants fluxos migratoris del camp a les ciutats, amb noves demandes salarials, d'accés a habitatge i béns de consum, etc., i que serà la que protagonitze el següent llarg cicle conflictivitat obrera.

En el cas d’Alcoi, el Cens de població registrarà un increment acumulat del 20%, fins a situar-se en 61.391 habitants en 1970, degut fonamentalment al saldo migratori positiu, alhora que s’iniciava una traumàtica reconversió industrial del sector tèxtil (entre 1963 i 1968 tancaren 57 empreses deixant al carrer a vora 1.500 treballadors), que arrossegava una llarga crisi (obsolescència tecnològica, manca d’inversions, caiguda de la demanda…) i s’orientarà progressivament des de les fibres de recuperació cap als productes tèxtils per a la llar.

I és que el que inicialment havia contribuït al desenvolupament de la indústria tèxtil alcoiana, la seua concentració en els segments baixos del mercat en materials, qualitat i preu, esdevincrà després el seu principal desavantatge quan la creixent demanda de qualitat en la draperia faça que la indústria catalana aconsegueixca augmentar quota de mercat a les seues expenses. Fins a ben entrats els anys setanta, en què s'iniciarà un complicat procés de modernització, l'estructura empresarial i la dotació tecnològica del tèxtil alcoià es demostraran incapaços de fer front als canvis necessaris per a la seua modernització.

L'emergència d'un nou sindicalisme

És en aquest context on, malgrat les restriccions estructurals i la repressió tant policial com patronal, cal situar la progressiva configuració d'un sindicalisme de nou tipus, de voluntat assembleària, estructures flexibles als centres de treball, estratègia instrumental, orientació unitària i projecció socio-política... que acabarà coneixent-se com el moviment de les comissions obreres, caracteritzant-se -des de meitat dels anys seixanta- per un significatiu canvi d'estratègia respecte del sindicalisme tradicional: de l'anarquisme apolític i de confrontació radical al sindicalisme possibilista (penetració en el Vertical, negociació de convenis) i plural (comunistes, catòlics, socialistes i, fins i tot, antics cenetistes), desenvolupant un nou repertori d’acció col.lectiva que, tot i els entrebancs de la dictadura, combinaria des d’aleshores la pressió i, fins i tot, la vaga als centres de treball amb manifestacions puntuals, tancament a esglésies i actes de solidaritat que tractaven d’implicar a professionals, estudiants i altres col.lectius, entre la protesta i la proposta.

Des de llavors, la tàctica entrista. rebutjada pels sindicats tradicionals (CNT, UGT), permetrà a les Comissions Obreres el desenvolupament d'àmplies xarxes de coordinació i participació en la negociació dels convenis col·lectius d'empresa i sector, generant una espiral de mobilitzacions que seguirà a un ritme creixent fins a la fase final de la dictadura.

En Alcoi, els primers indicis de l’emergència d’aquest nou moviment obrer es registraren a final de la dècada dels cinquanta arran de l’elecció en diverses empreses d’uns quants enllaços i jurats no verticalistes, que acordaren nomenar com a president de la Secció Social del Sindicat Tèxtil a Josep Linares, un teixidor comunista de la fàbrica Mataix que aviat esdevindrà en líder reconegut pels treballadors locals i un interlocutor respectat per la mateixa patronal del sector.

El nucli alcoià de Comissions Obreres jugarà un paper clau en l’articulació del moviment arreu del País, aportant els seus contactes i experiència per a fer possible la reunió fundacional de l’11 de desembre de 1966 als locals de la societat cultural Lo Rat Penat situats al centre de València en la que hi participaren, entre una cinquantena de sindicalistes, Josep Linares i Francisco Castañer.

Poc després, en el saló d’actes del Sindicat Vertical de l’Albereda es celebrà una gran assemblea de suport als treballadors bascos de l’empresa Laminaciones de Bandas en Frío, que duien mig any de vaga i per als qui es va realitzar una col·lecta de solidaritat, el resultat de la qual (20.000 pessetes) va ser portat per Linares a Bilbao, i del que va conservar sempre el rebut datat el 27 d'abril de 1967 i signat pels representants d'aquells treballadors agraïts.

Durant els últims anys seixanta i primers setanta es registrà arreu una lenta però sostinguda expansió de les xarxes de protesta dels moviments obrer, estudiantil, veïnal, professional i cultural que, amb les seves reivindicacions de llibertat, desafiaven els límits imposats per una dictadura anacrònica, que només sabia respondre amb la repressió aconseguint a vegades obrir precàries però importants zones de llibertat, com va ser a Alcoi el Club d'Amics de la UNESCO fundat en 1966 i que actuaria després com a lloc d’encontre i coordinació de l'oposició democràtica.

Pel que es refereix concretament al moviment sindical serà llavors quan emergeixen vells i nous compromisos i lideratges, des d'alguns veterans militants de la CNT (José Aparisi, Gonzalo Bernabeu) a joves de la JOC (José Vidal, Jesús Cascant), passant pels primers representants d'una renovada UGT (Sergio Ferri, Armando García Miralles) i, sobretot, del grup àmpliament hegemònic de CC.OO. (Pep Linares, Ricardo Llopis, Emilio Olcina, Paco Valor…).

El fracàs insurreccional de 1873 tingué també, a més de la repressió policial i judicial, greus conseqüències socials: la venjança patronal retallà en un 20% els salaris, augmentaren els acomiadaments i les llistes negres, mentre empitjoraven encara més les condicions de vida (alimentació, salubritat, malalties…) dels treballadors (fins al punt de que durant els 20 anys següents es reduí la talla mitjana dels quintos alcoians!) i les seues organitzacions romandran ilegalitzades durant molt de temps, arran del col.lapse de la Iª República i la reinstauració canovista, mentre s’eixamplava la divisió entre els dos grans corrents del moviment obrer internacional (anarquistes i marxistes).

Hegemonia anarquista

Les associacions obreres romandran prohibides fins a 1887 i a l’any següent es crearà la UGT impulsada pels socialistes, la presència dels quals serà per molt temps minoritària entre els treballadors alcoians, atesa l’hegemonia que mantindrà l’anarcosindicalisme durant les dècades següents, especialment a partir de 1910 en què es constituí la CNT, al Congrés fundacional de la qual hi participaren dos delegats locals (Rogelio Cantó i Rafael Bernabeu).

D’aleshores ençà, el sindicalisme actuarà -malgrat les diferències internes- com l’expressió més fefaent de la centralitat del treball i la urgència de la qüestió social que, des de 1890, farà del 1er de Maig una convocatòria de solidaritat internacional i reivindicació obrera. En Alcoi aquella primera manifestació s’ajornà fins al dia 5 i en participaren vora 2.000 treballadors, confirmant l’inici d’un nou cicle de lluita obrera que assolirà, des d’aleshores, alts nivells de conflictivitat laboral.

Les dues primeres dècades del segle XX seran les del creixement de la indústria alcoiana, per la utilització de l’energia elèctrica, el desenvolupament de nous productes i l’obertura d’altres mercats, la construcció de grans factories (Mataix, Matarredona, Carbonell, Terol, Bambú…), especialment a partir de 1914 a recer de la conjuntura favorable derivada de la Iª Guerra Mundial, els contendents de la qual demandaren durant uns pocs anys un important volum de productes tèxtils i mecànics.

La fi del conflicte bèl.lic impactarà negativament en la indústria alcoiana, amb el tancament de nombroses empreses, l’augment de l’atur, la pèrdua de salaris i, fins i tot, problemes de subsistència entre la població que provocaren un motí protagonitzat per les dones al mercat de queviures, factors que junt amb els efectes de la pandèmia de grip de 1918 configuraven l’escenari d’una pregona crisi social.

Durant la dictadura primoriverista (1923-1930) tornarà la repressió de les organitzacions obreres i el més descarat domini de classe de les elits locals, que es van demostrar incapaces de fer front a la greu crisi econòmica que esclataria a finals de la dècada.

El triomf de la IIª República (1931-1936) va ser rebut com una oportunitat d'avançar en la conquesta de les llibertats civils (sufragi universal, drets polítics, autonomies, divorci…) ireivindicacions socials llargament ajornades (regularització de contractes laborals, segur obligatori, jurats mixtes, negociació col.lectiva, jornada de 8 hores, …) encara que la gravetat de la crisi econòmica i el bloqueig de les forces reaccionàries dificultaren la seua consolidació.

El moviment anarquista articulat al voltant de la CNT va desplegar des del primer moment una constant activitat, tant en l'àmbit laboral (vagues, manifestacions...) com social (ateneus, publicacions, projectes culturals...) que consolidaren llur implantació entre el proletariat alcoià, tot i que el seu abstencionisme electoral i impaciència revolucionària contribuïren, de fet, a afeblir el projecte republicà.

Guerra i col.lectivitzacions

En febrer de 1936 la victòria del Front Popular, que a Alcoi aconseguí el 64,5% dels vots, accelerà la conspiració reaccionària que esclataria, finalment, el 18 de juliol i es perllongaria dramàticament durant els tres anys següents.

Com en altres indrets del país, aquí fou també la ràpida mobilització de les organitzacions obreres la que, després de posar cércol a la caserna del regiment d'infanteria, va impedir que la seua guarnició s’adherira a la rebel·lió militar, restant des d’aleshores la ciutat sota el control d’un Comitè Revolucionari, presidit pel representant de la CNT Cándido Morales, integrat pels partits d’esquerra i els sindicats que, tot i organitzar el funcionament de la producció i els serveis públics, no sempre aconseguiria garantir l’aplicació de la legalitat republicana ni evitar esclats de violència radical contra representants de la burgesia i el clergat locals, objectius freqüents de l'odi popular acumulat durant dècades d'explotació.

Les necessitats d'una economia de guerra i l'oportunitat d'implantar el programa revolucionari expliquen la decisió dels sindicats, especialment de la CNT, de socialitzar i col·lectivitzar els mitjans de producció, que havien estat prèviament confiscats. Entre agost i octubre de 1936 la pràctica totalitat de les empreses alcoianes (tèxtils, metal.lùrgiques, paperers, de la construcció i, fins i tot, del comerç i serveis…) quedaren sota control obrer i dedicades, en gran part, a la producció de material bèl.lic i articles per al front.

Les primeres empreses gestionades pels sindicats van ser les 30 del sector metal·lúrgic amb vora 1.500 operaris, mitjançant acord signat amb els seus propietaris, constituint-se com a Indústries Metal·lúrgiques Alcoianes Socialitzades (ISMA), poc després ho foren les del sector tèxtil (128 empreses i 6.000 treballadors) sota control de CNT i, finalment, les Papereres Col.lectives CNT-UGT (12 fàbriques i 2.000 operaris), així com les d'altres subsectors de menor entitat, completant així un procés que resultaria paradigmàtic entre les col.lectivitzacions industrials durant el conflicte arreu del país.

Cal fer constar que la gestió de les empreses socialitzades fou, en termes generals, econòmicament eficient, socialment equitativa i tècnicament eficaç, malgrat el sabotatge dels quintacolumnistes i els bombardejos de l’aviació italiana que causaren ací 64 morts i afectaren a 22 empreses. Amb tot i això, en acabar la guerra les fàbriques alcoianes col.lectivitzades foren entregades als antics propietaris en perfectes condicions operatives per a continuar treballant.

L’endarrerit i feble procés d’industrialització del País Valencià va configurar una estructura empresarial majoritàriament minifundista, la qual cosa va representar, durant molt de temps, una dificultat afegida a les ja dures restriccions imposades -primer per la guerra i després per la dictadura- a l'emergència del nou moviment obrer i sindical, la intervenció del qual hauria de resultar clau en la posterior conquesta de la democràcia.

Fins a finals dels anys seixanta del segle passat el segment majoritari de la població ocupada corresponia encara al sector primari, mentre que la industria-construcció i els serveis a penes representaven, respectivament, el 30% de l'ocupació total.

Serà, doncs, des de nuclis dispersos territorialment (Vall d'Uixó, Port de Sagunt, Bunyol, València, Alcoi, Elx-Elda…), caracteritzats unes vegades per la presència de grans empreses (Segarra, AHM, Cementera, Macosa, drassanes d’AESA i UNL…) i, altres, per aglomeracions de caràcter sectorial (ceràmica, fusta-moble, tèxtil, calçat, construcció…), des d'on començarà, de manera temptativa i fragmentària, el procés de reconstrucció de les xarxes de solidaritat i organització dels treballadors, en una dinàmica inicialment multi-focal que, poc a poc, anirà articulant-se arreu de tot el País Valencià, com estem documentant des de la FEIS en la col·lecció d'estudis sobre les rutes de la memòria obrera.

La trajectòria d'Alcoi, considerat l'autèntic bressol del moviment obrer valencià, resulta especialment significativa, puix que representa alhora tant l'excepció històrica fundacional com llur posterior configuració com a paradigma sociològic del procés de desenvolupament socio-laboral i d’intervenció sindical.

En el primer cas, la intensa industrialització iniciada a principi del segle XIX el convertiria prompte en “el ”nostre Manchester“, com va dir més tard Joan Fuster. Sorgirà llavors un potent moviment sindical d'orientació anarquista (va ser la primera seu de l’AIT a Espanya) i estratègia ocasionalment insurreccional, com ja explicàrem ací en un article anterior, amb motiu del 150è aniversari dels fets del petrólio de juliol de 1873, històricament considerats com un esclat de fúria reivindicativa d’un proletariat pobre i explotat que treballava i malvivia en condicions precàries i al qui tant sols arribaven les molles sobrants de la taula parada a la burgesía local pel creximent econòmic acumulat durant dècades, mentre secretament conreava el somni utòpic de la revolució social.

Malgrat el balanç violent de la sublevació (16morts, entre ells l’Alcalde Albors, Pelletes) i de la posterior repressió (717 processats, dels quals 287 passarien anys de presó sense judici), aquell episodi deixarà una petjada indeleble en l'imaginari col·lectiu de la ciutat, condicionant així mateix el posterior desenvolupament del seu model sociològic de relacions laborals reforçant, per una banda, la dinàmica col.lectiva entre els treballadors i conreant, per l’altra, estratègies de control social i paternalisme empresarial (construcció d’Escoles Industrials, cases i ponts, suport a festes i activitats esportives…) per a evitar noves revoltes radicals del potent moviment obrer, mitjançant la promoció d’una identitat local comunitària que, molt temps després, actuarà sovint com amortiguador extern del conflicte de classe que s’esdevenia a l’intern de les fàbriques.

En posteriors lliuraments de la sèrie que ara iniciem (1), analitzarem les principals etapes de l'evolució política, econòmica i social d'Alcoi, com a escenari dels successius processos de crisis i renovació del seu moviment obrer, des de l'originària hegemonia anarquista (2), que es prolongarà fins a la guerra civil; la posterior emergència d'un nou sindicalisme (3) en la segona meitat de la dictadura, que protagonitzaria les grans vagues dels anys setanta (4) que van establir les bases de l'actual model democràtic de relacions laborals (i 5), a la configuració del qual el moviment obrer alcoià faria importants contribucions en matèria d'estratègia, lideratge i experiències.

Con la aprobación de la Constitución, ampliamente refrendada en diciembre de 1978, se cerraba el ciclo de consenso inaugurado por los Pactos de la Moncloa y se iniciaba una nueva fase caracterizada por los reajustes estratégicos de los principales actores políticos (elecciones generales de marzo de 1979) y sociales (nuevo modelo de concertación).

Los sindicatos mayoritarios habían dado su apoyo a un texto constitucional que los reconocía como soporte esencial del Estado social (art. 7) y consagraba los derechos de asociación y huelga (art. 28), negociación colectiva y conflicto laboral (art. 37), así como los de participación en la empresa, las instituciones (art. 129) y en la planificación económica (art. 131.2), lo que constituía una clara ruptura con los principios del liberalismo clásico y del autoritarismo de la dictadura.

La construcción de un nuevo sistema de relaciones laborales

En aplicación de lo establecido en el artículo 35.2 de la Constitución, en junio de 1979 se inició la tramitación parlamentaria del Estatuto de los Trabajadores (ET), lo que junto al Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) suscrito el 10 de julio de ese mismo año por UGT y CEOE, constituye el origen, legal y social, del nuevo sistema de relaciones laborales basado en la concertación corporatista que iba a desarrollarse durante la década siguiente en un proceso no exento de problemas y contradicciones que provocó, inicialmente, la ruptura del frente sindical.

Y es que sobre las culturas sindicales diferentes de CC.OO. y UGT operaba, asimismo, la estrategia de sus, entonces, referentes políticos (PCE y PSOE) de manera que mientras CC.OO. propugnaba negociaciones tripartitas que confirieran protagonismo al partido, UGT optaba por un modelo bilateral (sindicato/patronal) que no interfiriese en la estrategia socialista como alternativa de gobierno.

El ABI estableció, por primera vez, el reconocimiento mutuo entre organizaciones sindicales y empresariales y su capacidad para el establecimiento de acuerdos de eficacia general, criterios ambos que se incorporarían al ET en proceso de discusión parlamentaria, en lo que constituyó la primera muestra de legislación negociada, siquiera sea por partidos afines interpuestos, cambiando asimismo el ámbito de definición de las relaciones laborales desde el marco político (Pactos de la Moncloa) al laboral (diálogo social y negociación colectiva), protagonizado por los legítimos agentes sociales.

Meses después (el 5 de enero de 1980), la patronal y el “sindicato socialista” firmaban el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), como correlato práctico de la declaración de principios que había sido el ABI, convirtiéndose desde entonces en el paradigma procedimental de la concertación social. En cuanto a su contenido sustantivo, el AMI estableció los criterios reguladores de la representatividad sindical para intervenir en la negociación colectiva (acreditar un mínimo del 10% de los delegados electos en el ámbito correspondiente), lo que sería posteriormente consagrado por la legislación (art. 87 ET), incluyendo, asimismo, orientaciones en materia salarial, de jornada, productividad, absentismo, etc.

La negativa de CC.OO. a suscribir el AMI ha sido considerada por muchos analistas como un error estratégico pues no sólo no consiguió impedir su aplicación en la negociación colectiva posterior, sino que provocó su aislamiento temporal y la progresiva pérdida de su anterior hegemonía electoral en beneficio de UGT que empataría en las elecciones de 1980 y ganaría las realizadas entre 1982 y 1994, invirtiéndose desde entonces los resultados de ambas organizaciones.

El Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) fue el primero de carácter tripartitosuscrito en junio de 1981 por Gobierno, patronal y sindicatos (incluyendo en este caso a CC.OO.), como expresión de cohesión democrática tras la intentona golpista del 23-F, y en él se regulaba la participación institucional de los agentes sociales junto a medidas de fomento del empleo, reforma de la Seguridad Social, etc., que se renovarán regularmente en los pactos corporatistas de los siguientes años de recesión ya con gobierno socialista, hasta el agotamiento del modelo a partir de 1987 cuando una recuperación sostenida justifique el cambio de estrategia de los sindicatos desde posiciones defensivas a otras de tipo propositivo, exigiendo un giro social que garantizase un mejor reparto del crecimiento.

Dicha secuencia parece confirmar para el caso español la hipótesis de que durante épocas de crisis económica los trabajadores prefieren una estrategia sindical de negociación más que de confrontación, que les permita mantener el trabajo actual aún a costa de aplazar a futuro otras reivindicaciones, lo que se traducirá en una significativa evolución de la actividad huelguística que desciende en los primeros años de concertación (1980-1983) para repuntar cuando esta fracasa en la fase más dura de la reconversión industrial (1984), disminuyendo de nuevo con la aplicación del Acuerdo Económico y Social (1985-1986) y recuperando luego una tendencia al alza que llegará a su más alto nivel en 1988 con la huelga general del 14-D.

Con carácter complementario a los procesos de regulación normativa (Estatuto de los Trabajadores de 1980, Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985) y desarrollo institucional (concertación social, negociación colectiva), durante estos años clave en la construcción del nuevo modelo de relaciones laborales se consolidó, asimismo, la autonomía sindical, recuperándose finalmente la unidad de acción entre sus organizaciones más representativas.

Fue primero CC.OO. quien, dos años después de que su secretario general dimitiese como diputado comunista, estableció un régimen estricto de incompatibilidades de sus dirigentes respecto de cargos de representación partidaria (artículo 22 de los Estatutos aprobados en su III Congreso, de 1983), lo que contribuyó decisivamente a legitimar la estrategia de su organización y le salvó de la dinámica autodestructiva del PCE que se deslizaría fatalmente desde entonces hacia posiciones tan radicales como marginales.

En el caso de UGT la ruptura de su dependencia orgánica y estratégica de la “familia socialista” tardaría más en formalizarse, tras la primera crisis que representó su oposición a la reforma de la Seguridad Social planteada en 1985 por el gobierno del PSOE y la posterior dimisión de Nicolás Redondo como diputado (octubre de 1987), alcanzando su mayor punto de tensión en vísperas del 14-D. hasta ser finalmente aceptada por el propio partido que en su 32º congreso eliminó la doble afiliación.

Fue precisamente la oposición sindical autónoma a las medidas flexibilizadoras del mercado de trabajo impulsadas por el gobierno de Felipe González la que facilitó de nuevo la confluencia unitaria entre CC.OO. y UGT que, tras contribuir decisivamente al éxito del 14-D, se confirmaría de forma permanente hasta la actualidad.

Aquella gran huelga general fue seguida por nueve millones de trabajadores y la participación en la misma excedió con mucho el ámbito laboral, paralizando la actividad económica y social del país en un impresionante ejercicio de protesta cívica, al tiempo que proyectaba una poderosa imagen, tan simbólica como real, de la capacidad de respuesta colectiva frente a las imposiciones del poder público que ignoraban las propuestas sindicales de “giro social”, tan necesario como posible, en un contexto en el que se consolidaba la recuperación económica y se asistía a una exhibición obscena de la riqueza de unos pocos frente a las demandas de la mayoría.

El 14-D representó, asimismo, la normalización del conflicto social y la legitimidad de los sindicatos, como representantes institucionales del trabajo, para ejercerlo, así como su capacidad de articular movimientos y reivindicaciones laborales y de ciudadanía como las que promovió posteriormente la “Propuesta Sindical Prioritaria” en las negociaciones de 1989-1990 con el gobierno de las que resultaron, entre otros importantes acuerdos de contenido claramente socialdemócrata, la Ley de Pensiones no contributivas, la universalización de la sanidad, las garantías de acceso a la formación profesional y la mejora de la cobertura de las prestaciones por desempleo

Concluía así el ciclo de transición sindical iniciado primero en la lucha contra la dictadura y desarrollado luego en el proceso de consolidación democrática y regulación normativa e institucional de las relaciones laborales en convergencia con los standares existentes en la Unión Europea.

Desde entonces, el sindicalismo español ha consolidado su representatividad y capacidad de interlocución, en un proceso no exento de dificultades, como actor social (agregación, representación y defensa de intereses de los trabajadores) y factor de igualdad, actuando tanto sobre la primera distribución de la renta (salarios, condiciones de trabajo, regulación del mercado laboral) a través de la negociación colectiva, como sobre los mecanismos propios de la segunda re-distribución (política fiscal, prestaciones sociales, Estado de Bienestar) mediante la presión social y participación institucional.

El multitudinario entierro de los abogados de Atocha, el 26 de enero de 1977, constituyó la mayor y mejor demostración del compromiso del movimiento obrero y sindical en la lucha por la libertad, legitimó su intervención y contribuyó, decisivamente, a acelerar los procesos de cambio.

De hecho, en los tres meses siguientes, fueron legalizados partidos y sindicatos, liberados los presos políticos, retornaron numerosos exiliados y se convocaron las primeras elecciones democráticas en cuarenta y un años, abriendo paso a un auténtico proceso constituyente, lo que real y simbólicamente constituía una clara ruptura con el pasado.

La transición sindical

En el ámbito sindical los cambios se concentraron a lo largo del mes de abril, primero con la publicación en el BOE de la Ley 19/1977 de Asociación Sindical (LAS), que liquidaba cuatro décadas de verticalismo y reconocía el derecho de trabajadores y empresarios a desarrollar sus respectivas organizaciones, pasando luego por la ratificación de los principales convenios de la OIT y terminando, el día 28, con el registro y legalización oficial de Comisiones Obreras, UGT y otras organizaciones menores.

Se trataba, con todo, de una situación precaria, tanto en términos coyunturales (tres días después de la legalización de los sindicatos, la manifestación del 1º de Mayo por ellos convocada era duramente reprimida) como, sobre todo, estructurales (incertidumbre política, agravamiento de la crisis económica, marco de relaciones laborales anacrónico), configurando la “anomalía fundacional” del sindicalismo español que iniciaba así su trayectoria en las más difíciles circunstancias, lo que retrasaría su convergencia con las pautas de intervención de sus homólogos europeos, que se habían consolidado durante las tres décadas anteriores en un marco más propicio, caracterizado por sistemas de producción fordista, economía keynesiana y desarrollo del Estado de Bienestar.

Pese a las grandes expectativas generadas, el desarrollo de los nuevos sindicatos pronto se vería limitado por diversos factores de carácter tanto endógeno (fragilidad de sus estructuras organizativas y de encuadramiento) como exógeno (agravamiento de la crisis económica), lo que afectaría a su capacidad organizativa y de intervención.

En el primer caso, el boom afiliativo inicial llegó a situar las tasas correspondientes en niveles medio-altos, al menos en algunos sectores y regiones industriales, registrando en los dos años siguientes una tendencia a la baja hasta estabilizarse, al comenzar la década de los ochenta, en torno al millón de afiliados, equivalente al 13% de los asalariados.

Por su parte, el espectacular incremento de los cierres de empresa, expedientes de crisis y despidos provocaba, en ausencia de una regulación legal y cobertura social adecuadas, tanta conflictividad en las protestas como impotencia en las propuestas, colocando a los sindicatos en posiciones socialmente defensivas y políticamente subsidiarias, sobre todo tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, que inauguraban un nuevo ciclo de consenso parlamentario y desarrollo institucional.

El primer gran acuerdo de aquellas Cortes Constituyentes fue la Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre, que ampliaba con carácter general, incluida su dimensión laboral, el decreto parcial de julio del año anterior, siendo aprobada por todos los grupos de la Cámara, salvo Alianza Popular, y saludada emocionadamente, entre otros, por el líder de Comisiones Obreras para quien representaba “la forma más democrática y consecuente de cerrar un pasado trágico de guerras civiles y abrir la vía de la paz y la libertad”.

Similar consenso partidario se alcanzó en los llamados Pactos de la Moncloa (27-10-77) que, en su vertiente política, sentaron las bases de la futura Constitución y en la socio-económica trataron de hacer frente a una crisis que presentaba ya indicadores alarmantes (44% de tasa de inflación, 11.000 millones de dólares de déficit exterior, espectacular crecimiento del paro) mediante medidas de saneamiento, austeridad, fiscalidad, reformas estructurales (de la Seguridad Social, pensiones y cobertura del desempleo) y política de rentas (cambios en la indexación salarial)

Se trataba de un pacto político (en la línea del “compromiso histórico” propuesto unos años antes en Italia por el secretario general del PCI, Enrico Berlinguer), en el que no participaron los sindicatos por razones imputables tanto a una “cierta subordinación partidaria” como a su indeterminación representativa (las primeras elecciones sindicales no se celebraron hasta unos meses después), pese a lo que aportaron un posterior apoyo críticono exento de dificultades y contradicciones.

Además de su indudable contribución a la estabilización económica y consolidación democrática, los Pactos de la Moncloa indujeron a un cambio en la estrategia sindical que, superando inercias defensivas y viejos acordes de “lucha final” arrastrados desde la época de la clandestinidad, se orientó desde entonces hacia el reforzamiento de su poder contractual y representación social.

El cambio de estrategia que representaba la posición del movimiento sindical respecto de los Pactos de la Moncloa y, posteriormente, de la Constitución, fue reiteradamente impugnado por las corrientes más radicales del mismo que insistían en calificarla de claudicante y desmovilizadora ignorando, cuando no despreciando, tanto la grandeza del intento como las dificultades del momento en que se desarrollaron.

Las elecciones sindicales y los convenios colectivos del año siguiente se encargarían de desbaratar tales descalificaciones, en la medida en que el primero de dichos procesos aclaró la representatividad de unos y de otros, mientras que el segundo demostró la capacidad de diálogo y movilización de los sindicatos ya acreditados como mayoritarios.

Reguladas provisionalmente por el Real Decreto-Ley 3.149 (que excluía a las microempresas y al sector público), las primeras elecciones sindicales libres se celebraron entre el 16 de enero y el 26 de febrero de 1978, con la participación de casi cuatro millones de trabajadores que eligieron a 191.041 delegados, cuya distribución confirmaba a CC.OO. y UGT como las organizaciones más representativas (con el 42,2 y el 26,5 por cien, respectivamente, de los representantes electos), registrando asimismo el debilitamiento de USO tras la escisión sufrida unos meses antes y situando en posiciones muy minoritarias a las opciones más radicales, tanto las históricas (CNT) como las de trayectoria más reciente y efímera (CSUT-SU).

Por su parte, la negociación colectiva de 1978 y 1979 se desarrolló en un contexto extraordinariamente complicado, caracterizado por el agravamiento de la recesión económica (segunda crisis del petróleo) que se tradujo en un aumento sostenido del paro que se prolongaría hasta finales de 1985, la ausencia de una legislación adecuada, que no llegaría hasta 1980 con el Estatuto de los Trabajadores, y la fijación gubernamental de “topes salariales” en función de los objetivos antiinflacionistas establecidos en los Pactos de la Moncloa.

Con todo, la intervención de los sindicatos, que recién inauguraban el ejercicio pleno de sus funciones de representación e intermediación de los intereses de los trabajadores, consiguió articular un amplio movimiento de presión y negociación que logró importantes incrementos salariales y mejoras sociales (reducción de jornada, control de las horas extraordinarias, vacaciones, etc.), tras protagonizar los más altos niveles de conflictividad huelguística hasta entonces registrados, desmintiendo en la práctica las acusaciones de traición y liquidacionismo que entonces se hicieron, y aún ahora se repiten de forma tan acrítica como recurrente.

Sin embargo, el recurso permanente al conflicto y la protesta era difícilmente sostenible por unos sindicatos aun débiles, lo que requería su transformación en poder contractual dentro y fuera de los centros de trabajo, dotando a sus representantes (Comités de Empresa, Secciones Sindicales, Federaciones sectoriales y Confederaciones generales) de competencias reales en materia de representación e interlocución (derechos de información, consulta, participación y negociación).

Tras la muerte del dictador a finales de 1975 se inició una auténtica “galerna de huelgas” (Sartorius) que se prolongaría, con algunas oscilaciones, durante los años centrales de la Transición (véase tabla adjunta), durante los que el volumen de conflictividad laboral se multiplicaría prácticamente por diez y resultaría decisivo para bloquear los intentos continuistas.

El franquismo murió en la calle

El ciclo de protesta se desarrolló aquí con cierto retraso respecto de los principales países de nuestro entorno (mayo de 1968 en Francia, autunno caldo de 1969 en Italia) y presentaba, asimismo, una significativa diferencia: mientras que la institucionalización de las relaciones laborales en los países europeos democráticos había aislado el conflicto político del social, en el nuestro operaba la tendencia contraria, de forma que las condiciones de la dictadura conferían contenido político a la movilización obrera que alcanzaba así un fuerte componente expresivo y acreditaba su consolidación como actor social relevante en un contexto de crisis, tanto política como económica.

Fue, precisamente, la presión social “desde abajo”, ejercida por los movimientos vecinal, estudiantil, profesional y, especialmente, obrero, la que resultó determinante para desbaratar primero las maniobras continuistas, acelerar más tarde las reformas y forzar finalmente la ruptura con el franquismo.

En el primer caso, el proyecto del Gobierno Arias pretendía alumbrar una supuesta “democracia a la española” mediante la reforma de las Leyes Fundamentales del franquismo, lo que en el plano político se intentó con la Ley de Asociación promovida por Fraga y en el sindical por una reforma de la OSE “desde arriba”, planteada por Martín Villa, con el objetivo declarado de hacer compatible el reconocimiento de un cierto pluralismo de las “organizaciones profesionales de empresarios y trabajadores” con el mantenimiento y control de las estructuras verticalistas.

Ambos intentos continuistas habrían de fracasar, tanto por las contradicciones internas del aparato postfranquista como por la oposición externa de las fuerzas democráticas y, especialmente, del sindicalismo obrero que en los primeros meses de 1976 mantenía un proceso de “movilización casi permanente”, siendo en muchos casos violentamente reprimidas sus acciones colectivas, como sucedió en las huelgas del calzado en Elda-Elche y del metal en Vitoria, en las que la intervención policial causó varios muertos, lo que incrementó el rechazo popular al gobierno de Arias Navarro, que acabaría dimitiendo el 1 de julio de aquel mismo año. 

Dialéctica reforma/ruptura

Se iniciaba entonces un proceso de inflexión en los ritmos de transición política y sindical, pues mientras que en el primer caso el nuevo gobierno Suárez recuperaría la iniciativa reformista, en el ámbito laboral se aceleraba de hecho la ruptura y los sindicatos de clase –que seguían siendo formalmente ilegales- lograban imponer su presencia e intervención, tanto en términos organizativos como de interlocución social y política, bloqueando con ello los intentos verticalistas de promover una especie de UCD-sindical y consiguiendo, en octubre de 1976, la definitiva disolución de la vieja OSE.

Así pues, en esta primera fase de la Transición el movimiento sindical demostró una importante capacidad de movilización social, anticipando en su ámbito la ruptura con el pasado y contribuyendo a acelerar los cambios también en el escenario político, en un proceso no exento de contradicciones.

Por su parte, el agravamiento de la crisis económica (el año concluiría con una inflación del 19%, junto a un fuerte incremento del paro) y las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno (congelación salarial y abaratamiento del despido) convirtieron la negociación colectiva en el escenario clave del conflicto social, ante la ausencia o debilidad de otras formas de redistribución propias del estado de bienestar, con el consiguiente repunte de la conflictividad laboral, siendo la huelga de las tres semanas del textil alcoyano (abril de 1976) un ejemplo paradigmático.

Durante dicho período se ensayaron, asimismo, estructuras unitarias como la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), constituida formalmente el 22 de julio de 1976 e integrada por CC.OO., UGT y USO, con el objetivo de articular la protesta obrera y representar al movimiento sindical en los órganos de la oposición democrática, si bien tendría una vida efímera debido a las diferencias estratégicas entre sus miembros, que pugnaban ya por desarrollar sus respectivos proyectos autónomos.

La huelga general convocada por la COS para el 12 de noviembre contribuyó, por una parte, a fortalecer las posiciones sindicales en las relaciones laborales (ruptura de los topes salariales), pero se demostró incapaz de bloquear el proyecto político del gobierno Suárez (su Ley para la Reforma Política fue ampliamente aprobada en el referéndum del 15 de diciembre siguiente), poniendo de manifiesto los límites de la tradicional estrategia resistencialista y planteando la necesidad de un nuevo modelo de alternativas proactivas que combinasen presión y negociación.

La cuestión fue objeto, desde entonces, de importantes debates y tensiones orgánicas, que en muchos casos se prolongarían durante años, entre unidad y pluralidad sindical, tradeunionismo laboral y sindicalismo sociopolítico, autonomía de los movimientos sociales o subordinación a las estrategias partidarias, movimiento asambleario o sindicato organizado…, cuyo progresivo decantamiento contribuiría a configurar la estructura y estrategia de nuestro sindicalismo.

Entre tanto, en el ámbito político se constataba la existencia de una “correlación de debilidades” (Vázquez Montalbán) entre las fuerzas del régimen y las de la oposición (ninguna de las partes se hallaba en condiciones de imponer al adversario la totalidad de sus planteamientos) lo que abrió paso a una progresiva “metamorfosis de la ruptura” (Juliá) que, superando algunos maximalismos, planteó el inicio de negociaciones formales con el gobierno Suárez en torno a los objetivos centrales de la Transición democrática (libertad política y sindical, amnistía general y convocatoria de elecciones), en un contexto especialmente difícil, caracterizado por las maniobras desestabilizadoras en las que parecían coincidir el bunker franquista y un terrorismo desnortado.

Especialmente dramáticos fueron aquellos “siete días de enero” de 1977 en los que, mientras el GRAPO mataba a tres policías y mantenía secuestrados a un general y al presidente del Consejo de Estado, la represión policial causaba la muerte de dos manifestantes y un comando de extrema derecha, vinculado a la burocracia verticalista, asesinaba en Madrid a cinco abogados laboralistas de Comisiones Obreras en su despacho de Atocha-55.

Hace ahora 50 años que la agonía (biológica y política) de la dictadura coincidió con el agravamiento de la crisis económica, al tiempo que la convergencia de la oposición democrática y el reforzamiento del movimiento sindical se tradujo en una extraordinaria eclosión de la conflictividad social (obrera, vecinal estudiantil…) que precipitaría el final del franquismo y la transición hacia la democracia.

La larga noche de la dictadura

Cualquier estudio sobre la evolución histórica de la clase obrera y del movimiento sindical en nuestro país requiere, para su adecuada contextualización, de una referencia previa al impacto de la derrota de la IIª República y la implantación de una dictadura que habría de prolongarse durante cuarenta largos años en los que el franquismo desplegó un potente aparato de represión y control de los trabajadores, en las esferas económica, laboral y política, que desarticuló su resistencia y retrasó su reconstrucción orgánica, pese a puntuales y heroicos episodios de protesta, como la del 1 de mayo de 1947 en Vizcaya, el boicot a los tranvías de Barcelona en 1951 o la huelga de Euskalduna en 1953.

Tras dos décadas de dictadura, durante las que se sumió al país en una larga noche de represión política, explotación social y retraso productivo, el franquismo se vio forzado a dar un giro “liberalizador” en su estrategia económica (Plan de Estabilización de 1959) y de gestión laboral (Ley de Convenios Colectivos de 1958), normas ambas que, sin renunciar al autoritarismo original, permitieron superar el fracaso del modelo autárquico e impulsar una nueva fase de desarrollo productivo que implicaba, entre otros cambios, la introducción de algunos elementos propios de la política empresarial neoclásica que colisionaban con la teorización unitarista del verticalismo falangista, abriendo paso a una tímida bilateralidad en el plano de las relaciones laborales, que pronto habría de ser hábilmente utilizada por los núcleos fundacionales del nuevo movimiento obrero, en la medida en que la negociación colectiva abrió una brecha, con anterioridad inexistente, que posibilitaba el conflicto, mientras que las “elecciones sindicales” permitían acumular recursos organizativos.

El inicio del ciclo desarrollista coincidirá con una serie de profundos cambios sociodemográficos en el mundo del trabajo, al que se incorporaba la primera generación que no había participado en la guerra, tras importantes flujos migratorios del campo a la ciudad, con nuevas demandas salariales, de accesos a vivienda y bienes de consumo, etc, y que será la que protagonice el despertar de una nueva conflictividad obrera durante la década de los sesenta, cuyo inicio simbólico podemos situar en las huelgas de 1962 en Asturias y el movimiento de solidaridad que convocaron.

Hacia un sindicalismo de nuevo tipo

Es en este contexto en el que cabe situar la emergencia de un nuevo sindicalismo de carácter asambleario, estructuras flexibles en los centros de trabajo, estrategia instrumental, orientación unitaria y proyección socio-política, conocido genéricamente como el movimiento de las comisiones obreras que pronto alcanzará una amplia difusión mediante la utilización, a partir de 1966, de las instancias representativas de base del corporativismo oficial (enlaces y jurados de empresa) y su articulación con la propia organización clandestina, especialmente tras la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de 1967 las declaraba ilegales.

Dicha estrategia entrista, rechazada por los sindicatos tradicionales (UGT, CNT), permitirá a CC.OO. y, en menor medida, a USO, el desarrollo de amplias redes de coordinación y participación en la negociación colectiva y la movilización social, combinando las reivindicaciones laborales con demandas políticas más o menos explícitas, generando un ciclo de protestas que seguirá un ritmo creciente hasta el final de la dictadura, impulsado por sindicalistas adscritos a diferentes corrientes de la izquierda y con la significativa participación de grupos cristianos y curas obreros.

Entre 1963 y 1973 se registraron, según datos oficiales, una media de 786 huelgas “ilegales”, con la participación de 232.800 trabajadores y un total de 681.500 jornadas no trabajadas por año. Pese a las restricciones impuestas por la dictadura, dicha oleada de huelgas se caracterizó por la aparición de nuevos actores (representantes electos, comisiones de trabajadores), sectores (junto a los tradicionales de la industria y la construcción se incorporaron profesionales bancarios, docentes, de la sanidad pública…) y formas de acción (asambleas, coordinadoras) vinculadas a la negociación de los convenios colectivos.

Especialmente significativa resultaba la creciente participación de mujeres trabajadoras en dichos procesos, lo que contribuyó progresivamente a superar su anterior invisibilidad y/o subsidiariedad en las luchas obreras, mediante un protagonismo activo en las huelgas de sectores feminizados (textil, sanidad, cerámica, limpieza…) y la renovación de la cultura sindical tradicional a la que trataban de incorporar, no sin dificultades y resistencias, valores y demandas feministas.

La evaluación del impacto de dichas huelgas fue objeto de un interesante debate sociológico según se apuntara a estrategias previas de creciente politización o consecuencias ex post de las mismas, pues si bien la mayor parte de tales conflictos se centraba, fundamentalmente, en demandas laborales, su práctica y expansión constituían, de hecho, un desafío al régimen y cuestionaban su legitimidad, poniendo de manifiesto su carácter antiobrero y represivo, como se demostró dramáticamente en las huelgas de la construcción de Granada (julio de 1970) y de la construcción naval en Ferrol (marzo de 1972), en las que fueron asesinados varios trabajadores.

La represión contra el movimiento sindical y la oposición democrática se había institucionalizado a partir de 1963 con la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) que, en sus trece años de actividad, incoó un total de 22.600 procedimientos que afectaron a 53.500 personas. De forma paralela y complementaria a la represión policial y judicial se ejercía otra de carácter empresarial sobre los representantes elegidos por los trabajadores, de los que un diez por cien, aproximadamente eran destituidos/despedidos cada año

Las detenciones en febrero de 1972 del Secretariado de USO y en junio de la Coordinadora General de CC.OO. constituyeron el punto más álgido de un ciclo represivo que se había iniciado dos años antes con el estado de excepción declarado con motivo del Juicio de Burgos, dejando prácticamente descabezadas a las dos principales organizaciones sindicales de la época, lo que junto al impacto de la crisis económica que estallaría al año siguiente, provocó un relativo estancamiento de la protesta obrera, iniciándose a partir de entonces una trabajosa recomposición desde la base en la que desempeñaron un papel fundamental los despachos laboralistas, en funciones tanto de asesoría legal como de espacios de encuentro y coordinación del nuevo movimiento sindical.

Los relatos (parciales) de la transición

Las fracturas provocadas por las diferentes crisis (económica, social, política, territorial e, incluso, cultural) registradas en las dos últimas décadas, han generado relatos revisionistas y construcciones discursivas que no sólo impugnan el anterior consenso narrativo sobre la Transición sino que intentan deslegitimar retrospectivamente aquel proceso histórico, proyectando sobre el pasado los problemas y frustraciones del presente.

Previamente, importantes investigaciones sociológicas e históricas (desde el trabajo pionero de Maravall a los estudios posteriores de Preston, Tuñón y Julià) habían desmontado ya las versiones más elitistas de aquel proceso que enfatizaban de forma acrítica su dimensión institucional (Tusell) y la presentaban, en unos casos, como la continuación natural de un supuesto proyecto “modernizador” del franquismo (Payne) y, en otros, como resultado de un presunto diseño palaciego dirigido por el rey y gestionado por una minoría reformista  (Powell).

Tan insostenibles como aquellas versiones complacientes resultan, en mi opinión, las lecturas hipercríticas, de matriz populista, que califican despectivamente al sistema constitucional resultante de la Transición como régimen del 78, creador de una democracia de mala calidad (Iglesias), incurriendo de hecho en la paradoja de reforzar el discurso de quienes pretendieron en su momento imponer sin éxito un modelo continuista, mientras que se ignOra -cuando no se desprecia- la memoria y la historia de quienes, desde abajo, contribuyeron con su lucha al cambio democrático.

La tesis que sostenemos aquí define y reivindica la Transición como una obra coral (Tomás y Valiente), que ni fue diseñada por ningún oscuro leguleyo ni resultó obra exclusiva de unos pocos, sino el trabajo y la ilusión de quienes -desde el movimiento obrero, vecinal, estudiantil, de mujeres, etc.- lucharon contra el continuismo postfranquista, forzaron los límites de la reforma y pugnaron por la ruptura con el -aquél sí- régimen totalitario, contribuyendo con ello a la configuración de un nuevo sistema democrático, perfectamente homologable a los del entorno europeo que con, sus aciertos y errores, ha hecho posible la mayor y mejor etapa de libertad y progreso de nuestro país.

Desde esta perspectiva, nuestro objetivo es reivindicar la intervención del movimiento obrero y sindical en la transición democrática, atendiendo tanto a su dimensión movilizadora (las grandes huelgas de 1976-79) como propositiva (la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales durante los años 1980-86), frecuentemente ignoradas por los relatos dominantes, e incluso los alternativos, de dicho período histórico.

A tal efecto, realizaremos una reconstrucción de las principales fases del proceso, analizando las características contextuales más relevantes, así como los debates estratégicos del movimiento sindical, su evolución organizativa y el impacto social e institucional de su intervención, en una serie de cuatro nuevas entregas conforme al siguiente índice:

         2.- La larga noche de la dictadura.

                   Hacia un sindicalismo de nuevo tipo

         3.- El franquismo murió en la calle

                   Dialéctica reforma/ruptura

         4.- La transición sindical

         5.- La construcción de un nuevo sistema de relaciones laborales

En el blog que arranco en elDiario.es de la Comunitat Valenciana pretendo reivindicar la memoria obrera, sus luchas, organizaciones y protagonistas, desde el convencimiento de que el movimiento sindical fue clave en la reconstrucción de la razón democrática, articulando la defensa de sus demandas sociales y económicas con la exigencia de libertades civiles

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, establece como un deber ineludible conocer y divulgar la trayectoria de los movimientos colectivos y personas individuales que participaron en la conquista de la libertad. Es en ese marco en el que pretende situarse el blog que abrimos hoy, 1º de Mayo, acogiéndonos a la hospitalidad de elDiario.es y atendiendo al imperativo ético de aquel hermoso verso de Cernuda: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros!. 

El objetivo de este espacio será, desde ahora, la reivindicación de la memoria obrera, sus luchas, organizaciones y protagonistas, desde el convencimiento de que el movimiento sindical fue clave en la reconstrucción de la razón democrática, articulando la defensa de sus demandas sociales y económicas con la exigencia de libertades civiles. 

Se trata, pues, de seguir el hilo rojo que une las reivindicaciones de ayer con los derechos de hoy y las esperanzas de mañana en defensa de la dignidad del trabajo y de las personas trabajadoras, aportando información, testimonios y análisis procedentes tanto del ámbito académico como del sindical, con especial referencia al País Valenciano. 

A tal efecto, constatamos que la producción historiográfica sobre el mundo del trabajo ha seguido en los últimos cincuenta años una línea discontinua y hasta hace poco decreciente, que tenía su reflejo también en la producción cultural (ensayo, literatura, cine, periodismo, etc.), ámbitos en los que durante décadas no parecía haber sitio para el trabajo y el conflicto social. 

Los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia registraron un volumen significativo de estudios y publicaciones sobre los orígenes y reconstrucción del movimiento obrero. En el ámbito de nuestra Comunidad cabe destacar, entre otros, los excelentes trabajos de Ramiro Reig (Obrers i ciutadans. Blasquisme i moviment obrer), Xavier Paniagua y José Antonio Piqueras (Trabajadores sin revolución: la clase obrera valenciana), Josep Picó (El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme) y Jesús Sanz (El movimiento obrero en el País Valenciano). 

Tras esta primera fase caracterizada por la necesidad de documentar el pasado reciente y reivindicar la resistencia democrática a la dictadura, en la que el movimiento sindical tuvo un protagonismo decisivo, una oleada de fatuo desencanto y sedicente postmodernidad se ocupó -durante las tres décadas siguientes- de teñir displicentemente la investigación e información sobre asuntos socio-laborales con tonos arcaizantes y vintage, al tiempo que los cambios en las estructuras de producción y reproducción socio-económica parecían desplazar el conflicto desde el eje materialista (capital/trabajo) hacia entornos y dinámicas post-materialistas (género, medio ambiente, centro/periferia…), lo que se reflejará, asimismo, en la producción intelectual de la época, tanto ensayística como narrativa. 

La crisis económica de 2008-2015 y sus devastadores efectos sociales, agravados por los recortes y reformas desreguladoras del mercado de trabajo, rompieron el espejismo autocomplaciente de una pretendida sociedad de clases medias aspiracionales, al tiempo que el incremento de la precariedad laboral y vital ponía dramáticamente de manifiesto el retorno de la cuestión social (paro, desigualdad, injusticias…) 

Desde entonces, y tras décadas de marginalidad, el mundo del trabajo (sus escenarios, actores y dramas) ha ido recuperando visibilidad mediática, generando una creciente producción sociológica, literaria y documental sobre sus luchas y esperanzas…, de la que éxitos recientes como la película El 47 o series de televisión como La conquista de la democracia constituyen la prueba fehaciente de que el relato de la memoria obrera y la resistencia democrática no sólo resultan justos y necesarios sino que comienzan a satisfacer demandas largamente aplazadas. 

Esta inversión de la tendencia se registra también en el ámbito de los estudios históricos y proyectos memorialistas, si bien de forma aún insuficiente y un tanto dispersa. En los últimos años se han publicado importantes investigaciones y monografías sobre el movimiento obrero y sindical valenciano atendiendo a diferentes ámbitos (territorial, sectorial, de empresa, etc.) y perspectivas (género, migraciones, salud laboral, etc.), al tiempo que se consolidaban instituciones y redes de documentación y difusión de la memoria obrera y democrática, adscritas tanto a las Universidades como a asociaciones (Instituto Obrero, Red XEIM, CAMDE) y sindicatos (FEIS-CC.OO. y Fundación Pascual Tomás de UGT). 

El blog que ahora inauguramos pretende contribuir a ese proceso de recuperación y dignificación de la memoria obrera, huyendo de la nostalgia paralizante que denunciaba Enzo Traverso en uno de sus mejores libros (Melancolía de izquierda) y asumiendo el compromiso activo de documentar y difundir el relato coral de las luchas, proyectos y alternativas de quienes en los tiempos oscuros rompieron el silencio impuesto y se levantaron aquí contra la injusticia y por la dignidad del trabajo, conquistando los derechos que hoy nos corresponde defender y ampliar.