La Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido este miércoles para abordar el dispositivo previsto para la celebración del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. La ciudad contará con más de 500 personas dedicadas a velar por la seguridad durante la festividad: 450 agentes de la Policía Local, 63 bomberos y una estimación de diez personas voluntarias de Protección Civil. En total, el despliegue municipal previsto asciende a 523 efectivos.

“Destinamos 122 policías más que en 2023”, ha señalado Catalá. La alcaldesa ha destacado que se trata del mayor dispositivo de seguridad organizado por el Ayuntamiento para esta celebración. Por tercer año consecutivo aumenta la dotación de la Policía Local: los 450 agentes previstos son 122 más que los 328 movilizados en 2023, lo que supone un incremento del 37,2 %. La alcaldesa ha vinculado este refuerzo a la ampliación de la plantilla municipal, con 257 incorporaciones en apenas dos años.

La celebración tendrá este año un significado especial por el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. Del 6 al 8 de octubre, el Saló de Cristall de la Casa Consistorial acogerá la exhibición de la Reial Senyera junto a la espada del monarca. Las dos piezas saldrán en la Processó Cívica del 9 d’Octubre, prevista a las 12:00 horas, y en la jornada se realizará una ofrenda floral a Jaume I. La espada volverá a participar en el desfile cincuenta años después de su última salida, en 1976.

“Cuidamos y protegemos nuestras señas de identidad”, ha afirmado la alcaldesa. En ese marco, el Ayuntamiento ya ha adjudicado por 178.408,45 euros la elaboración de una réplica integral de la Reial Senyera —bandera, asta y tahalí— para preservar la pieza original y emplear la reproducción en la Procesión Cívica de 2027. La bandera privativa de la ciudad cumplirá cien años en 2028.

Agenda de actos

La agenda conmemorativa arrancará el viernes 2 de octubre, a las 11:30 horas, con la inauguración, en el Museu d’Història de València, de la exposición ‘La imatge del rei Jaume I. De monarca a símbol postmodern’, que podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2027. A las 19:00 horas, el mismo museo acogerá una lectura dramatizada del Llibre dels feits o Crònica de Jaume I. Ambas actividades tendrán acceso por la entrada situada en Mislata. La muestra se completará con un ciclo de conferencias.

El sábado 3 de octubre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, el Parc Central será escenario, con entrada libre, de una recreación del campamento militar de Jaume I. El espacio, ambientado en el siglo XIII, contará con pabellón real, tiendas nobiliarias y militares, capilla de campaña, zona de entrenamiento, tiro con arco, cetrería y caballos; talleres, charlas y demostraciones acercarán al público la vida cotidiana de la época. Esa misma tarde tendrá lugar un encuentro de Senyeres en la plaça de l’Ajuntament, también de acceso libre. La recreación continuará el domingo 4 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas.

Tras la apertura de la exhibición de la Reial Senyera y la espada entre el 6 y el 8 de octubre en el Saló de Cristall, la programación llegará al jueves 8 con un concierto gratuito de la Orquestra de València en el Palau de la Música, dedicado a la tradición musical valenciana y con presencia de compositores valencianos. El viernes 9, a las 12:00 horas, la Processó Cívica llevará la Reial Senyera y la espada de Jaume I; el homenaje incluirá la tradicional ofrenda floral al monarca ante su estatua ecuestre ubicada en los jardines del Parterre de la plaza de Alfons el Magnànim.

La agenda se prolongará en otoño con dos publicaciones sobre la vida del monarca: un cómic y una historia novelada encargada al historiador y escritor José Luis Corral. El programa contempla asimismo la restauración del busto de madera de Jaume I realizado por los hermanos Vallmitjana en 1886 y conservado por el Museu Històric Municipal. El jueves 12 de noviembre se inaugurará en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) la exposición ‘Jaume I, regnar el futur’, organizada por el Ayuntamiento y la Diputación de València. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2027.

Russafa Escènica – Festival de Tardor ha otorgado los dos premios de su XVI edición y, en coherencia con su tarea de impulso a la escena emergente, los dos espectáculos premiados reflejando las preocupaciones y las condiciones de vida que afectan a las nuevas generaciones.

El teatro físico de 'Dalt del més amunt', de la formación Misèria i Companyia, ha recibido el Premi Llavor, otorgado por los programadores de artes escénicas que visitan el festival con el objetivo de hacer un encuentro con los jóvenes creadores programados y para ver las icónicas obras breves del festival valenciano, representadas en espacios no convencionales del barrio de Ruzafa. Propuestas que este año giraban alrededor del lema 'Sagrada i profana' desde disciplinas como la danza, títulos, cabaré o teatro de texto.

Entre las diez obras de 30 minutos de duración que desde el 16 al 27 de septiembre ha ofrecido Russafa Escènica, han elegido esta comedia que mezcla movimiento y diálogos para hablar de aporofobia, precariedad, gentrificación y problemas de acceso a la vivienda mientras la pareja de amigos protagonista sufre un brote de sarna.

Nara Pérez y Daniel Tormo son los autores, directores e intérpretes de una creación para la que han contado con la colaboración del dramaturgo David Sánchez Pacheco. El jurado de la segunda edición de este reconocimiento ha destacado “el gran dominio del cuerpo” mostrado por los actores, así como la “mirada crítica ya la vez irónica sobre la necesidad humana de la proximidad y también sobre los obstáculos sociales y económicos que se interponen”, valorando positivamente su trasfondo social y que “es el reflejo de una generación”.

Han firmado el acta del palmarés Zuriñe Cuesta , técnico de cultura del Ayuntamiento de Leioa y directora artística de la feria UMORE AZOKA; Anna Verdaguer , técnica especialista en artes escénicas del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Mataró y responsable de Can Gassol, centro de creación de artes escénicas; Antonio J. Navajas , coordinador del Teatro Cánovas (Málaga) y Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; María Guasch , gestora cultural de Sta. Eulària (Ibiza) y directora artística del Festival Barruguet de teatro familiar; Carlos Soler , gestor cultural del Ayuntamiento de Genovés; Silvia Martínez , del Paraninfo de la UJI - Universitat de Castelló y Festival RECLAM; Josep Policarpo , técnico de cultura del Ayuntamiento de Alcoy y director de la Mostra de Teatre d'Alcoi – Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana; Ana Beatriz Camús, programadora cultural de Ibi; José Fabra , director artístico del Teatre El Musical; Julio Martí , programador teatral del Ayuntamiento de Cullera; y Marylène Albentosa , directora artística de Escalante.

'Dalt del més amunt' también ha recibido una mención especial dentro de la resolución del X Premi de Dramtúrgia SGAE – Russafa Escènica , que ha ganado la comedia musical Santa. Ana Dayo y María Sáez son las autoras, directoras e intérpretes de una propuesta original que nace inspirada por el libro Instrucción de novicias. Muestra la reacción de una joven que se da cuenta de las similitudes entre su cotidianidad y los sacrificios de la vida conventual.

Reclusiones en espacios mínimos o renuncias alimentarias y económicas son solo algunos de los rituales de sufrimiento que el espectáculo aborda con un estilo muy personal. Integrando el lenguaje musical, se da espacio a la salud mental sin perder la proximidad y comicidad en diálogos y canciones con “capacidad para indagar, desde el humor y la mirada crítica, en las similitudes entre los comportamientos de las santas barrocas y determinadas conductas de la sociedad actual”, detalla el acta emitida por el jurado de este segundo galardón otorgado dentro del marco del festival que ha contado con Alberto Martín de Miguel , actor y dramaturgo; Amparo Vayá, actriz, directora y escritora teatral; y Sara Rey, productora escénica y gestora cultural.

Una de las características decisivas ha sido “la idoneidad de la propuesta para profundizar en sus planteamientos y crecer” a la hora de elegirla para recibir un premio que, gracias a la colaboración Russafa Escènica con la Fundación SGAE, comporta una dotación económica de 1.000 euros para el trabajo sobre la dramaturgia, con el objetivo de alargar la duración real de la obra de 30 a un mínimo de 60 minutos . Un proceso para el que contarán con el asesoramiento del autor y director de escena Sergio Serrano. Y del qué mostrarán los primeros frutos en una lectura dramatizada que acogerá la sede valenciana de la SGAE en 2027.

Balance positivo con 5.600 espectacdores

Las 23 propuestas escénicas de Russafa Escènica - Festival de Tardor, entre espectáculos breves y de larga duración, junto con las 11 actividades paralelas organizadas, han atraído a más de 5.600 personas.Se ha registrado cerca de un 80% de ocupación en las representaciones y un 119% en cuanto a los talleres, encuentros y otras propuestas que han completado la programación del festival. Esto supone una ocupación global de casi el 82%.

La organización valora muy positivamente la respuesta del público y del sector a esta cita. Pero lamenta que por primera vez se cierre una edición sin que se haya resuelto (ni tan siquiera provisionalmente) la orden de ayudas a festivales del IVC de la que depende gran parte del presupuesto ya ejecutado en la celebración del festival.

Entre las novedades de este año, el festival ha creado iniciativas para acercar las artes escénicas al público , como por ejemplo una visita guiada por el que fue 'el Broadway valenciano' en el primer tercio del siglo XX, el barrio de Ruzafa. O una 'Clínica de espectadores', donde estudiantes de artes escénicas y colectivos de la tercera edad han disfrutado juntos de una parte de la programación para compartir después de sus impresiones.

Esta voluntad de ofrecer nuevas formas de relacionarse con el hecho escénico y propiciar el encuentro intergeneracional - no solo entre los creadores más jóvenes y los consolidados que forman parte del festival, también entre las diversas franjas de edad que acuden a las representaciones - define el trabajo de públicos que realiza el festival. Una de sus ramas destacadas, junto a promover la formación y profesionalización de los creadores emergentes o fomentar redes de distribución de sus espectáculos.

“La calidad artística de los proyectos que recibimos cada vuelta que abrimos la candidatura para participar nos da una idea del dinamismo de la escena valenciana ”, defiende Jerónimo Cornelles, director del festival, frente a quienes piensan que el panorama cultural valenciano es deficiente. “Lo estamos viendo estos días. Se puede acompañar a la cultura o se puede intentar dejarla morir ”, aseguran desde Russafa Escènica, remarcando que “ solo hace falta que las personas que están en lugares donde se pueden tomar decisiones apuesten por nuestros creadores jóvenes, por quienes será el relevo generacional . Dar un paso adelante es simplemente una cuestión de voluntad”, afirma el director artístico del festival.

La organización quiere agradecer a todos los que, con su asistencia, han apoyado esta XVI edición. Y a las entidedes colaboradoras dentro de la Diputación de València, Ayuntamiento e IVC - GVA Cultura, además de Sala Russafa, La Rambleta, Teatro Círculo, Fundació SGAE, APDCV (Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana), AVEET (Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals) y el programa de residencias creativas Via Escènica. El trabajo conjunto ha hecho posible acoger más de 30 propuestas, entre representaciones, talleres, encuentros y otras actividades para impulsar y favorecer el encuentro del público con la escena valenciana.

El Ayuntamiento de València ignora la petición de una asociación vecinal para realizar un homenaje a las víctimas de la dana, que en la ciudad se cobró 17 vidas. La Plataforma per Russafa, que ya impulsó la plantación de un olivo —un símbolo que se ha ido afianzando en distintos municipios como memorial a las víctimas— en el Parc Central, pidió también poder colocar una placa conmemorativa para explicar su significado, una petición que ha quedado sin respuesta. Los vecinos llevan meses insistiendo al consistorio para colocar una seña que correrá de su propia cuenta y consideran que el silencio sobre el homenaje es otra forma de “revictimización”.

La asociación vecinal ha ido remitiendo escritos al Ayuntamiento y al Parc Central sin haber obtenido respuesta. En concreto, buscaban colocar un distintivo con unos versos de Vicent Torrent: “Hi ha un licor en la resina dels antics oliverars que fa tendra la memòria i aclareix la veritat”, a los que acompaña la inscripción: “En record de les víctimes i tots els afectats. En reconeixement a les persones solidàries. DANA 29 D´OCTUBRE 2024”. Al texto se une la ilustración que Paco Roca realizó como homenaje a los voluntarios, una imagen compartida masivamente. La placa la ha realizado una ceramista del barrio y en el homenaje se han volcado rostros sonados de la cultura valenciana, como los integrantes de Al Tall, o, en otros municipios, Pau Alabajos y Xavi Castillo.

La petición fue tramitada pero no se llegó a materializar por razones de “revisión lingüística”, según explican desde la plataforma vecinal. Desde entonces, explican, no han vuelto a tener información del consistorio y han remitido varios escritos; el último enviado el pasado abril. “El olivo sin la placa no tiene el significado”, explican desde la asociación, donde señalan que la colocación de la placa en su soporte correría a cargo de las asociaciones solicitantes y no conllevaría ningún gasto derivado de ningún tipo. El olivo se plantó en febrero de 2026 y desde entonces vive sin nada que lo identifique. El consistorio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre esta cuestión.

Para los impulsores del homenaje, el silencio está siendo una forma de daño añadido. “Creemos que éste silencio y falta de respuesta que nos está impidiendo realizar este homenaje tan merecido, es una forma más de revictimización y abandono a los familiares de las víctimas y a sus asociaciones, los cuales asisten, valoran y agradecen estos homenajes y no entienden ni aceptan esta actitud que parece más un boicot que un problema burocrático. Exigimos que se nos dé una respuesta, que como ciudadanía merecemos y esperamos que sea afirmativa para dar por finalizado el tan esperado homenaje”, dicen en una carta remitida a la alcaldesa, María José Catalá.

Cientos de personas han llenado este domingo la plaza del Ayuntamiento de València para mostrar su apoyo a la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid y a la acampada de la capital para exigir el Real Decreto de la Vivienda.

El Sindicat de Llogateres València ha llamado a “ocupar la plaça per totes les MariCarmen (ocupar la plaza por todas las MariCarmen)” y ha indicado en su convocatoria para “charlas y cena” en la plaza del Ayuntamiento de València: “Estem fartes! (Estamos hartas!).

Informa que quiere contar “la lucha” que llevan a cabo estos días, así como “dar espacio y escuchar”, además de “dar apoyo a los compañeros acampados en Madrid”.

“Queremos explicaros la importancia de estas 48 horas previas a que el Congreso vote el Real Decreto de vivienda. Y explicaros en que consiste lo que redactamos nosotros. Queremos reflexionar juntos sobre todo lo que está pasando”, afirman en su convocatoria. Por ello, han llamado a “llenar la plaza del Ayuntamiento de València”.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas en València, Andrea Aleixos, ha informado a EFE que se han reunido unas cuatrocientas personas en la plaza del Ayuntamiento de València y les han dicho que “estas 48 horas de aquí al martes son cruciales porque el PSOE, después de estar meses sin hacer nada, después de lo de Maricarmen, va a presentar este martes un real decreto sobre vivienda”.

Ha explicado que el Sindicato de Inquilinas (Sindicat de Llogateres en valenciano) ya presentó al Gobierno el texto para un real decreto que le dijeron que “aprobarían en septiembre pero no han hecho nada”.

“Sabemos que PSOE y Junts se han sentado para negociar su propio decreto y nosotras hemos convocado a la gente par explicarles las medidas que pedíamos en nuestro decreto”, ha añadido.

Ha detallado que sus cuatro principales reivindicaciones son la paralización de todos los desahucios y en el caso que haya “que se de una alternativa habitacional digna”, que los contratos de alquiler se renueven automáticamente y si no se renovara con una causa justificativa, que se indemenice; que se limite el precio del alquiler (IPC del 0%) y que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos “para regular los contratos de temporada y de habitaciones”.

La protesta de València coincide con la acampada de cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas, que se preparan este domingo para dormir una segunda noche en tiendas de campaña hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen'.

El Ayuntamiento de València pagará más de 400.000 euros al Roig Arena por el acto de elección de las Falleras Mayores y la Corte de Honor de este 2027. El coste del acto, celebrado este sábado en el nuevo recinto emblemático de la ciudad, ha generado suspicacias en Compromís, dado que triplica el importe de años anteriores.

Los valencianistas ya denunciaron el viernes el montante de una gala de 3 horas, que consideran totalmente desproporcionado, e insisten en que hay otros recintos en la ciudad de titularidad municipal que pueden albergar esta gala de forma más austera. Y no son los únicos que cuestionan la elección y el coste. Este domingo, Compromís ha señalado que un informe de la Intervención municipal reclama al consistorio más explicaciones sobre el contrato, aunque el órgano de control ha dado su conformidad a la fiscalización. El documento es del 22 de septiembre, cinco días antes de la gala.

Según el documento, consultado por elDiario.es, la Intervención añade observaciones al proceso y reclama la “justificación de la especial idoneidad del Roig Arena para la realización de la actividad”, mediante un informe o estudio de mercado que “permita acreditar y documentar, de forma suficiente, las alternativas razonablemente disponibles, la adecuación de las instalaciones a las necesidades de la actividad, la disponibilidad de fechas y las condiciones económicas aplicables, así como las circunstancias que, en su caso, determinen la elección de dicho recinto frente a otras alternativas”.

Asimismo, la Intervención apunta que en el contrato, que se suscribe como un alquiler del espacio, hay servicios que superan la mitad del valor del contrato, una “circunstancia [que] deberá tenerse en cuenta en futuras contrataciones de naturaleza análoga, a efectos de valorar globalmente las prestaciones vinculadas a la celebración del evento”. Según los valencianistas, esto implicaría que debería gestionarse como un contrato de servicios y salir a concurso público, en lugar de adjudicarse directamente,

La coalición Compromís exigirá al gobierno de María José Catalá que justifique el importe global. Los valencianistas recuerdan que el acto se ha celebrado tradicionalmente en el pabellón municipal de La Fonteta sin coste adicional, una opción que además permite licitar la parte técnica. “Intervención nos dice, con todas las letras, que ni siquiera sabemos si esto se va a quedar en 413.000 euros o si va a haber más gasto oculto, como ya pasó el año pasado”, advierte el concejal Pere Fuset.

Desde Compromís apuntan que exigirán también explicaciones al responsable de Fallas, Santiago Ballester, sobre el resto de contratos de la gala, como el artístico, que aun superando los 82.000€ euros, también se adjudicó a dedo pocos días antes de la gala. El presupuesto total del acto acabó triplicando el coste habitual y supone un 11,04% del presupuesto global aprobado por el Ayuntamiento para la Junta Central Fallera, señalan.

La movilidad en la ciudad de València está cambiando. Y los datos no arrojan un escenario optimista desde la perspectiva de la sostenibilidad. La ciudad, que hace años se había convertido en una capital atractiva para la movilidad en bicicleta, registra este año por primera vez una bajada sostenida de uso del carril bici. Y, al otro lado, casi en paralelo, un aumento de los desplazamientos en vehículo privado dentro de la propia ciudad.

La media de los desplazamientos por estas vías —a las que también recurren los patinetes eléctricos— ha descendido en la ciudad en su conjunto más de un 6% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, y baja en prácticamente todos los tramos analizados, según datos de la coalición Compromís consultados por elDiario.es. Los datos no discriminan entre biciletas, patinetes eléctricos o turistas; miden todo lo que circula por la red. La caída se mantiene en todos los meses del año.

Especialmente significativa es la caída en la zona centro de la ciudad: los carriles del anillo central se han usado un 20% menos en el periodo comparado; la ronda interior, un 13% menos; los puentes un 5% menos y los márgenes del río un 1% menos. Suben, según estos gráficos, un 2% las rondas exteriores (nord y sud), un 3% la zona de Trànsits y un 6% el conjunto del resto de la red ciclista.

Desde el parón que provocó la pandemia de Covid 19 en el año 2020 no se registraba una bajada del uso del carril bici en València. Los tres meses de confinamiento más estricto y las posteriores limitaciones de movilidad provocaron una caída del 20% en toda la red de la capital, que interrumpió años de subidas de en torno al 20%. Tras 2020, el uso de la red ciclista subió un 34%. En el primer semestre de 2025, el medidor de la Calle Xàtiva detectaba 9.350 desplazamientos al día, mientras que en 2026 son 6.500. Este análisis solo contempla los 15 primeros días de obras en la calle Colón, puesto que se han comparado los primeros semestres de cada año.

Los medidores que crecen se encuentran en las zonas de Blasco Ibáñez, Viveros, Avenida del Puerto o Reino de València (que casi dobla su afluencia diaria), pero el crecimiento no compensa la caída de la zona centro, que lastra toda la ciudad. El usuario del carril bici parece haberse alejado de Ciutat Vella y desplazado hacia la zona marítima.

Los datos de la coalición apuntan a una ralentización del uso de estas vías desde que en 2023 ganara la derecha las elecciones y entrara Vox en el gobierno local, con una marcada campaña de reversión de los carriles bici y una apuesta por el tráfico privado. De hecho, el análisis de los desplazamientos en automóvil o moto indican un crecimiento del tráfico interior.

Las entradas en la ciudad de València en el primer semestre de 2025 y de 2026 apenas tienen variación (de 85.200 vehículos al día a 83.900), aunque sí hay cambios significativos dentro de la ciudad. Entra más tráfico por los accesos que llegan desde la Pista de Silla (Bulevar Sur, Malilla, Ausias March, entre un 2,5 y un 8% según el punto) y baja en un porcentaje similar en la Ronda Nord y en Corts Valencianes. Según el mapa, se registran incrementos llamativos en Fernando el Católico (un 10% más), Blasco Ibáñez (casi un 5%, 2.000 vehículos diarios), Alameda (4%), Colón (13%) o Xàtiva (un 18%, que son casi 5.000 vehículos al día entre las calles Ruzafa y Alicante). El Ayuntamiento reabrió la calle Colón al tráfico privado en diciembre de 2023. Las bajadas drásticas se producen en Pérez Galdós y Giorgieta, en obras desde junio de 2025.

En paralelo, la oposición ha venido denunciando la saturación de las líneas de la EMT, tanto por la afluencia de viajeros como por la turistificación de las líenas que van hacia los barrios cercanos a la playa. El autobús público valenciano cerró el 2025 con un récord de pasajeros, pero la flota no ha aumentado. Como consecuencia, señalan los valencianistas, los tiempos de espera han aumentado.

El gobierno local defendió que el tráfico cambia porque hay zonas en obras (como Colón, que desvía tráfico a Gran Vía) y recordó que hay un plan de inversión en la EMT de 172 millones de euros. Cabe recordar que el pasado febrero se inició una fuerte campaña de vigilancia en el carril bici para controlar los patinetes irregulares y los excesos de velocidad, con unidades específicas de la Policía Local para estas vías, ante el aumento de siniestros. Solo en una semana se inmovilizaron 129 vehículos en estos controles.

El drama vivido por Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda de Madrid a la que el fondo Urbagestión tras hacerse con la propiedad del inmueble, le exigió una subida de los 500 euros que pagaba por su contrato de renta antigua a 2.650 euros, ha abierto un debate sobre la situación del mercado de la vivienda y la política que se aplica en las diferentes autonomías.

En el caso de la Comunitat Valenciana, los desahucios por impago de los alquileres se han multiplicado y suponen el grueso de los que se ejecutan. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2025, los lanzamientos en territorio valenciano vinculados al alquiler alcanzaron los 2.158 casos, mientras que los hipotecarios sumaron 637.

Y es que, el incremento desmesurado y exponencial que han registrado los precios de los alquileres es uno de los principales causantes de estas situaciones, unos incrementos que cuanto menos se podían haber frenado de aplicarse la Ley Estatal de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 y que permite a los municipios, con el visto bueno del gobierno autonómico, declararse como zonas tensionadas. Esto implica que las renovaciones de los alquileres ya en vigor tan solo se pueden subir con el IPC, mientras que los nuevos contratos de viviendas con más de dos años sin salir al mercado del alquiler o para las que son propiedad de empresas o de fondos de inversión, deben fijar los precios de referencia marcados por el Gobierno.

Aplicado a la ciudad de València, una de las ciudades de España en la que más han subido los alquileres con un 82% desde el año 2020, se podría haber evitado un incremento de los precios desde mayo de 2023 hasta el pasado mes de agosto de hasta un 43%, según los datos de diferentes portales inmobiliario. En concreto, en ese periodo, la plataforma Idealista marca un incremento de 420 euros (un piso de 100 metros ha pasado de 1.210 a 1.630 euros), Engel & Völkers de 270 euros (de 970 a 1.240 euros) y Fotocasa de 571 euros por metro cuadrado (de 1.323 a 1.894 euros). El primer portal marcó el precio del metro cuadrado el pasado mes de agosto en 16,3 euros, el segundo en 12,4 euros y el tercero en 18,94 euros.

La petición de declaración de València como zona tensionada estaba prevista tanto por el anterior ejecutivo municipal de izquierdas liderado por Joan Ribó como por el del Botánico, presidido por Ximo Puig. No se llegó a aplicar porque la entrada en vigor de la normativa prácticamente coincidió con las elecciones, que tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023.

Preguntada la nueva alcaldesa, María José Catalá, a las pocas semanas de ganar los comicios sobre si pediría a la Generalitat la declaración de València como zona tensionada para poder limitar los alquileres, tal y como tenía previsto el anterior ejecutivo progresista, la respuesta fue negativa. Y apostó por incrementar la oferta incentivando la construcción, una medida que puede tener efecto a medio o largo plazo. Por contra, anunció la oficina antiokupación, ya creada, que apenas tiene actividad.

Tampoco desde la Generalitat Valenciana son partidarios de aplicar este mecanismo, pese a que hasta julio eran 13 los municipios que lo habían pedido, tres de ellos gobernados por el PP. Se trata de Bunyol, Alginet y Almàssera. El resto de los que han solicitado son Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandía, Burjassot, Aldaia, Bonrepós i Mirambell, Petrer y Bunyol. En todos ellos gobiernan partidos de izquierdas.

Descensos en Barcelona, Euskadi y Navarra

Actualmente, 310 municipios de cuatro comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Navarra y Catalunya) han sido declarados como zonas tensionadas. Destaca el caso de Galicia, gobernada por el PP. En esas localidades no se pueden firmar contratos por encima del precio que marque el Índice de Referencia, ni actualizar precios de forma arbitraria.

Catalunya fue la primera en acogerse al mecanismo en 2024 tras experimentar 33 meses seguidos de incrementos de precios del alquiler. Es, por lo tanto, la autonomía que ofrece datos más fiables. Según los datos oficiales de las autoridades catalanas, los precios han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en todas las zonas de mercado tensionado declaradas. Asimismo, en este mismo período, el precio se ha incrementado un 9,5% en las zonas no declaradas mercado tensionado.

En Euskadi se ha conocido recientemente que en los 14 municipios declarados como zonas tensionadas en la provincia de Gipuzkoa la evidencia es inapelable: los nuevos alquileres bajaron un 3,5% en la provincia, mientras el número de contratos activos aumentó un 3,2%.

En Navarra, durante el primer año de aplicación de zonas tensionadas (del segundo trimestre de 2025 al segundo de 2026) el precio del alquiler ha descendido un 5,3%, al tiempo que se mantiene el ritmo de contratos firmados por trimestre, a pesar de un descenso considerable en el crecimiento del saldo por la reducción de la rotación y la comparación con el último trimestre en el que no estaban en vigor las zonas tensionadas.

A diferencia de otras autonomías, Galicia solo publica los datos de las fianzas que se depositan, sin capacidad para realizar un análisis o seguimiento que permita observar la evolución real del precio o del número de contratos en vigor. En A Coruña, en mayo 2026, se depositaron 1.696 fianzas de alquiler, un 14,4 % menos que hace un año. En el conjunto de Galicia se depositaron 2.586 fianzas, un 3,6 % más que hace un año.

El concejal de Compromís per València, Pere Fuset, ha denunciado este viernes que el Gobierno de la alcaldesa María José Catalá gastará al menos 413.888,60 euros de dinero público en el acto de Elecció de Candidates a Fallera Major 2027 que se celebra este sábado 26 de septiembre en el Roig Arena.

El edil valencianista, que prevé que la cifra final será superior, ha señalado que “Catalá gastará más en un acto de tres horas que en todos los actos oficiales de la semana fallera. Más dinero que todas las mascletades de marzo, y el equivalente para las ayudas a bandas de música de cinco años . Una desproporción indecente de una alcaldesa que solo busca hacerse la foto a expensas de las Falles”.

El edil de Compromís ha recordado el coste habitual del acto detallado en los portales de transparencia. Así, en 2019, con Fuset todavía en la presidencia de Junta Central Fallera (JCF), el acto costó 107.091 euros, mientras que la última edición organizada por el Gobierno progresista en 2022, tiene pagos reconocidos por 163.710 euros. “El PP gastará tres o cuatro veces lo que era habitual, usando el dinero público para su interés político. No están invirtiendo en las Falles: están invirtiendo en su autobombo político” ha lamentado.

Desde Compromís han acusado al concejal de Fallas y actual presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, de “mentir descaradamente sobre el coste ante el Consell Rector de JCF”. En sesión extraordinaria, forzada por Compromís en julio, Ballester “se comprometió literalmente a reducir los ya escandalosos 375.000 euros del año pasado. Con lo que llevamos detectado, y que Ballester oculta, ya se pasa de largo”.

Fuset ha lamentado que el gobierno de PP y VOX estén “utilizando la fiesta para sus intereses políticos y dilapidando dinero público por una gestión que solo busca la foto, mientras se abandona el patrimonio cultural de la fiesta. ”Que no vengan con cuentos diciendo que lo hacen por el Patrimonio de la Humanidad“, ha declarado Fuset, quien apunta que ”lo que sí figura en el expediente de la UNESCO son los artistas falleros, que están cerrando talleres y que sufren recortes de Catalá“.

Fuset también señala que si el objetivo real fuera la dignidad de las falleras protagonistas, “no habrían dejado que fueran objeto de mofa en las televisiones durante semanas por unas fotos mal gestionadas, mientras ellos callaban y otros pedíamos respeto”.

La formación valencianista ha insistido en la desproporción del gasto comparándolo con otras partidas festivas. “Gastar en tres horas el equivalente a lo que se paga por 40 mascletades, casi dos veces la falla municipal o lo que suponen cinco años de ayudas a las bandas de música, demuestra una vez más que la única prioridad de Catalá en Fallas es la foto y el autobombo”.

Gastos del acto

Según Fuset, del total de 413.888,60 euros detectados, el grueso lo supone el propio alquiler del recinto, adjudicado de forma directa por 272.016,95 euros. A este importe se suman 82.643 euros para un espectáculo, “RITUS”, adjudicado también “a dedo” por la vía de la exclusividad artística, y 9.200 euros más en un contrato menor para el seguro de responsabilidad civil y la asistencia técnica del acto. A esto hay que añadir 27.038 euros en decoración tramitados de urgencia, y que el año pasado figuraban en el contrato del recinto, y 22.990 euros para la grabación televisiva. “9 de cada 10 euros que pagaremos por el acto son adjudicados a dedo, sin concurso público”, ha denunciado Fuset.

El concejal de Compromís ha acusado directamente al presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, de haber faltado a la verdad: “Consta en acta sus palabras diciendo que este año gastaría menos que el año pasado. Los contratos que él ha firmado demuestran exactamente lo contrario.”

Fuset ha anunciado que Compromís investigará “esos contratos a dedo hasta el último céntimo” para determinar si, además de indecente, la contratación presenta posibles irregularidades tras haber encontrado defectos de tramitación, y ha exigido a la alcaldesa que “si realmente quiere ayudar a las falles, se centre en cuidar el patrimonio de la humanidad y ayudar a las comisiones falleras a mejorar la convivencia”.

Terremoto político en el Ayuntamiento de València a cuenta de la imputación del concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por acceder sin permiso a la sede del Sindicat d'Estudiants, unos hechos que denunció la propia organización el pasado mes de julio.

Tal y como ha avanzado en exclusiva elDiario.es, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) a Badenas y a los dos asesores que accedieron con él al local el próximo 14 de enero a las 10.00 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado a testificar en calidad de perjudicados el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Tras conocerse la información, las reacciones no se han hecho esperar. Para Compromís per València, el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de “decencia” del Gobierno de la alcaldesa María José Catalá.

“Esto se veía venir”, ha considerado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha calificado la entrada de Badenas en el local del sindicato como “toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción”.

Para la formación valencianista, el concejal no puede continuar “ni un minuto más” en ninguna responsabilidad pública. “Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces”, ha añadido Robles, que atribuye esta permisividad a un cálculo puramente aritmético: “Necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder.”

La portavoz de la coalición valencianista ha recordado que este no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal. “En poco más de tres años Badenas ha sido investigado tres veces, dos en el juzgado —una archivada por delitos de odio— y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa. Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias”, denuncia Robles.

“Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a la también concejala de Vox Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio”, señala Robles, que recuerda que la concejala de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión, uno a raíz de una denuncia que presentó Compromís.

Robles ha ampliado el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del Gobierno de Catalá en una posición “insostenible”. “El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao”.

El PSPV señala a Catalá

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, también ha exigido a Catalá el cese inmediato de Badenas y ha señalado que si continúa formando parte del gobierno municipal es porque la alcaldesa mantiene su confianza y avala sus actuaciones.

Sanjuan ha recordado que Badenas ejerce sus responsabilidades como concejal de gobierno por delegación de la alcaldesa y ha advertido de que Catalá no puede desvincularse de las actuaciones de un miembro de su ejecutivo. “Cada acto que hace Juan Manuel Badenas como concejal de gobierno es como si lo hiciera María José Catalá porque lo hace con su aprobación y por delegación de ella. Por tanto, entendemos que si Juan Manuel Badenas no es cesado es porque ella, a través de su delegación y manteniendo su confianza, avala y permite este tipo de actos. Cada vez María José Catalá está tolerando más actividades ultra dentro de su gobierno y dentro de la ciudad de València”, ha señalado.

El PP defiende la presunción de inocencia

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), preguntado por las peticiones de cese de la oposición, ha comentado que se han enterado de la imputación de Badenas “por los medios” y ha afirmado que creen “en la presunción de inocencia y en los tiempos de la Justicia”.

Cuenta atrás para que el Valencia CF cierre la venta de la parcela de Mestalla, una de las más valiosas de València principalmente por su ubicación y por su buena conectividad, en la que se levantarán seis torres de viviendas, una de hasta 29 alturas, y una zona comercial una vez derribado el mítico estadio. En total habrá unas 500 casas, ninguna de ellas protegidas.

Como ya informó elDiario.es, la subasta de los terrenos está en la fase final en la que ya se ha seleccionado a los fondos o entidades que han pasado el último corte, lo que se denomina 'short list', entre los que saldrá el que finalmente se haga con la parcela. Diversas fuentes especializadas en este tipo de procesos aseguran que suelen ser tres las mercantiles finalistas.

A partir de ese momento, se produce un intercambio de información más exhaustivo sobre los detalles y parámetros del suelo y de la operación hasta que las candidatas presentan una oferta final vinculante. El club espera obtener del orden de 150 millones de euros y las ofertas rondan esta cuantía, incluso alguna la supera ligeramente.

Fuentes de toda solvencia consultadas por este diario han asegurado que será en el mes de octubre cuando se cierre la venta. Además, han apuntado que las ofertas más potentes corresponden a la gestora de inversión Pryconsa, que de hacerse con las terrenos contaría con el apoyo de Atitlan para desarrollar la zona comercial, y a Neinor Homes, líder de España en mercado residencial. Ambas figuran en la mencionada 'short list', junto a la gestora de capital integrado Argis, que va de la mano con Bertolín. Desde el club se han limitado a asegurar que aún no hay nada cerrado.

Otras de las empresas que han presentado ofertas, tal y como avanzó recientemente el diario Levante-EMV, son la firma sevillana ABU, además de TM Grupo Inmobiliario y la madrileña Admara Capital.

El propio Peter Lim, magnate de Singapur que cuenta con la mayoría accionarial del Valencia CF, supervisó en su visita a la ciudad del pasado mes de julio la selección de las ofertas finalistas.

La parcela de la avenida de Aragón cuenta con 75.000 metros cuadrados de edificabilidad para viviendas y con 14.000 metros cuadrados de suelo comercial sobre rasante. Los seis edificios residenciales, con entre 15 y 29 plantas de altura, darán a la avenida de Aragón y a la calle Joan Reglá y se levantarán sobre la zona comercial. En concreto, en la esquina de Joan Reglá con avenida de Aragón se levantarán tres torres de entre 16 y 22 plantas sobre una galería comercial de dos plantas; en la parte recayente en la avenida de Aragón habrá dos edificios de entre 19 y 22 plantas y una tercera en la parte más cercana a Blasco Ibáñez con entre 15 y 29 plantas, todo sobre otra galería comercial de dos plantas.

En la esquina de Joan Reglá con avenida de Suecia habrá un equipamiento público con una superficie de 1.307 metros cuadrados, en la avenida de Suecia, más hacia Blasco Ibáñez, habrá un centro de salud con la misma superficie y en el actual aparcamiento entre el fondo norte de Mestalla y Blasco Ibáñez (tras el edificio de la Confederación Hidrográfica del Júcar) un colegio con una superficie de 7.198 metros cuadrados. La parte central de la parcela, será un jardín de 24.728 metros cuadrados.

Proyecto de urbanización

Como avanzó esta redacción, el Ayuntamiento de València ha concedido al Valencia CF una prórroga de un mes y medio para que presente el proyecto de urbanización de todo el entorno.

Así consta en la resolución firmada este 18 de septiembre por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que se establece que el nuevo plazo para que el club presente la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica del Plan de Actuación Integrado (PAI) finalizará el 27 de octubre de 2026.

El consistorio aceptó el pasado mes de junio otorgar al Valencia CF la gestión del PAI, lo que le permitirá convertirse en agente urbanizador y, entre otras cosas, vender si lo desea por separado las parcelas de cada torre de viviendas.

De esta forma, una vez aceptada la admisión a trámite del club como gestor del PAI, el Ayuntamiento le otorgó un plazo de tres meses desde para la presentación de la mencionada alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica, esto es, un proyecto de urbanización con plazos, presupuesto y soluciones técnicas (aceras, alumbrado, zonas verdes) que debe incluir el derribo de Mestalla. Plazo que ahora se ha ampliado hasta el 27 de octubre.

“No es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”. Con este curioso argumento despacharon este miércoles 23 de septiembre el PP y Vox una propuesta de Compromís que pretendía dar herramientas al Ayuntamiento de València para fiscalizar las actividades privadas de los concejales y concejalas autorizadas por el pleno.

Como informó elDiario.es, Compromís llevó una moción a la comisión de Hacienda por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el consistorio cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las compatibilidades que se les otorgan para que puedan desempeñar una segunda actividad privada, siempre que sea marginal y que no afecte a su labor pública.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por este diario, tanto el PP como Vox, con mayoría en las comisiones, rechazaron la propuesta con el argumento de que el actual modelo se aprobó por el anterior ejecutivo de izquierdas dirigido por Joan Ribó y que “no es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la idoneidad de la medida.

La propuesta venía a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentado que “nuevamente el Gobierno de alcaldesa María José Català ha tapado las vergüenzas de Gosàlbez y ha votado contra la moción presentada por Compromís para que el Ayuntamiento siguiera la recomendación hecha por la Sindicatura de Agravios para que la oposición pueda conocer el contrato de asesoramiento jurídico que tiene firmado el regidor de Vox y que compatibiliza con su dedicación exclusiva a cargo del erario público”.

Según Puchades, “esta es una nueva muestra de la nueva etapa de oscuridad y obstaculización al trabajo de control que tiene encargada la oposición y que pone de manifiesto cómo Català y sus socios, prefieren anular cualquier acción de transparencia antes de mostrar a la ciudadanía cuánto cobran y por qué actividades privadas cuando tendrían que hacerlo en exclusiva al servicio público”.

Para el edil de Compromís, “el cinismo de la derecha ha llegado a su extremo cuando aducen como único argumento para negarse a admitir la moción que quedaba muy poco de tiempo para acabar el mandato cuando, desde diciembre de 2023, durante el pleno en que se aprobó la compatibilidad de Gosàlbez, desde Compromís ya exigimos cambiar la normativa para garantizar la transparencia de las retribuciones y dedicación de las actividades privadas”.

El Sindicat d'Estudiants de València manifestó públicamente el pasado 5 de julio con las imágenes de las cámaras de seguridad que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València había accedido sin permiso a su sede, sita en un local arrendado al consistorio. Según advirtió en las cuentas oficiales del sindicato, Juan Manuel Badenas allanó “ilegalmente” el local “rompiendo la cerradura” al tiempo que registró “las salas y mesas”. “Esto es fascismo en estado puro”, aseguró.

La organización denunció los hechos en el juzgado que ya ha procedido a abrir diligencias. En concreto, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar a los responsables sindicales como perjudicados y al propio Badenas como investigado, según ha confirmado a este diario el sindicato denunciante.

Tanto Badenas como los dos asesores que le acompañaban cuando accedieron al local han sido citados a declarar en calidad de investigados (antes imputados) el próximo 14 de enero a las 10 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Un día después de estallar la polémica, en concreto el 6 de julio, la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció la petición de un informe jurídico sobre los hechos para “analizar absolutamente todo lo que ha pasado” y conocer qué motivó el acceso del edil a esas dependencias.

Sin embargo, la asesoría jurídica municipal ha declinado elaborar el escrito al estar el asunto judicializado, tal y como han respondido a la oposición que se había interesado por la situación del mencionado informe.

Según la respuesta dada al grupo municipal Compromís, al tener conocimiento de un requerimiento efectuado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València nº 1 que pudiera incidir sobre la cuestión solicitada desde la alcaldía, no resulta pertinente el pronunciamiento de la Secretaría municipal al resultar coincidente, en gran medida, con la investigación judicial.

Sobre los hechos, Badenas, exportavoz y concejal de Patrimonio, del que Vox reniega, publicó un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que explicaba que entró en la sede del local como parte de su trabajo, que conlleva la inspección de los edificios públicos.

Badenas señaló que el edificio “no está alquilado a nadie”, sino que es “un bien cedido para uso público”. Aseguró que otras entidades, incluso concejalías, “me han pedido locales” para desarrollar sus actividades y es un trabajo en el que lleva semanas. El edil afirmó que, como titular de Patrimonio municipal, entra en los locales “para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo”. “Es una de mis obligaciones como concejal”, defendió.

La dolorosa experiencia de la dana de 2024 convierte en un hecho indiscutible que el riesgo de inundaciones intensas está cada vez más presente en el escenario valenciano. Para abordar los aspectos hidrológicos, climáticos y de planificación del territorio, la Confederación Hidrográfica del Júcar y elDiario.es han organizado en València una jornada en La Rambleta en la que especialistas de diferentes disciplinas y representantes de entidades de la sociedad civil relacionadas con el tema debatirán estas cuestiones bajo el título Inundaciones intensas y cambio climático en un contexto metropolitano. Los casos del Túria, el Poyo y el Carraixet.

La segunda de las conversaciones de la jornada ha estado moderada por la periodista de elDiario.es, Laura Martínez, y ha abordado la siguiente temática: “El binomio Poyo y Túria. ¿Una solución integrada para evitar futuras catástrofes?” Los ponentes encargados de abordarla han sido el adjunto a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Teodoro Estrela, y la comisaria de aguas del mismo organismo, Cristina Sola.

Sobre el fenómeno de la dana, Estrela ha explicado que “fue un fenómeno que produjo una avenida extraordinaria y hay que pensar en las lluvias que se produjeron ese 29 de octubre, con precipitaciones de hasta 600 milímetros en la cuenca del río Magro y del Poyo”. A diferencia de otros casos como las inundaciones de los años 1957, 1982 o 1989, “esta vez se han producido en menos tiempo lo que ha hecho que se hayan supuesto récords”. Esas lluvias tan elevadas “produjeron unos caudales muy elevados para esta zona de hasta 6.000 metros cúbicos por segundo, 4.000 por ejemplo en Torrent”.

Según el adjunto a la presidencia de la CHJ, “esto ocurrió en el Poyo, Magro o Pozalet”. En el caso del Poyo “tiene capacidad para 3.000 metros cúbicos por segundo en Torrent, en Picanya 2000, en Paiporta 1100 y en Catarroja 700”. A medida que la pendiente va cambiando “los cauces tienen menos capacidad para evacuar, las aguas se salen de ambos márgenes”. En el caso de la dana, “venía mucha agua a evacuar que chocó con la V-30, por lo que fue a las pedanías del sur de València o a otras localidades como Sedaví”.

Por su parte, Sola ha hecho énfasis en el aspecto urbanístico como herramienta de prevención: “Tenemos que adecuar los instrumentos de planeamiento para evitar asentamientos en zonas inundables. Lo importante es evitar ocupaciones en zonas que quedan sin urbanizar. Y cuando en una zona ya está todo urbanizado tenemos que actuar para reducir la vulnerabilidad con medidas encaminadas a la autoprotección, en esa línea se ha trabajado mucho”.

Sobre el cambio climático, Estrela ha comentado que en lo que se refiere a las precipitaciones se constata que van a ser más intensas lo que va a dar lugar a caudales más amplios.

Sobre las obras de emergencia en el barranco del Poyo, Sola ha comentado que tenían por objetivo “no solo restituir los daños y recuperar el cauce, sino mejorar el comportamiento frente a futuras avenidas”. En este sentido ha comentado que ha habido actuaciones “desde la cabecera hasta la Albufera para mejorar su capacidad, pasando en Chiva de 150 metros cúbicos por segundo que había antes de la dana a los 600 metros cúbicos por segundo actuales”.

La comisaria de aguas ha explicado que “también se han mejorado los márgenes reforzando los muros en cabecera en Chiva y también redirigiendo el agua para mejorar su comportamiento”. Aguas abajo de Chiva, en Riba-roja, “se ha hecho una mota para mejorar la protección del polígono y de las viviendas”. En Torrent “se han estabilización los márgenes para mejorar y proteger el polígono industrial y se han reconstruido los encauzamientos en Paiporta, Catarroja y Massanassa; se ha mejorado con estas obras de emergencia gracias a una inversión de 220 millones de euros”.

Sobre la desinformación o los bulos que han circulado como consecuencia de la dana, Sola ha destacado que la eliminación de las cañas de los barrancos es uno de los más recurrentes: “Hay que conservar y mantener en buen estado los cauces, conservar todo en adecuadas condiciones porque todo es un ecosistema”.

Para Estrela, “el buscar soluciones únicas, hacer una presa como se dice mucho no es una solución por sí sola” y ha añadido: “En unas cuencas harán falta, la presa de Montesa es un proyecto que se está trabajando y es adecuada, pero en el caso del Poyo es más complicado, depende de cada caso concreto buscar las mejores soluciones que son muchas, un conjunto, no una única”.

Un incendio en el sótano del Mercat Central de València ha obligado a desalojar el recinto este jueves en torno a las 12.30 horas, según han confirmado testigos presenciales a elDiario.es.

Fuentes municipales han confirmado que efectivamente se ha declarado un incendio en el sótano y que han acudido seis dotaciones del cuerpo municipal de bomberos. Al mismo tiempo han asegurado que el plan de autoprotección del Mercat ha funcionado correctamente y “en menos de cinco de minutos se ha desalojado”.

“Estábamos comprando, de repente se ha llenado todo de humo y nos han pedido que desalojemos el edificio por un incendio, aparentemente en el sótano”, ha explicado a este diario uno de los clientes que se encontraba en el recinto.

Según ha podido saber este diario, el origen del fuego que ya está controlado estaría relacionado con un cortocircuito en el cuadro de luces.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que el incendio se ha originado en un cuadro eléctrico del sótano y que el incendio se ha dado por estinguido en torno a las 13.50 horas: “Se va a proceder a los trabajos de ventilación. El Mercat se ha desalojado en cuestión de minutos, a lo largo de la tarde se procederá a la ventilación del edificio. Solo se ha atendido a un vigilante por inhalación de humo de carácter leve. Esperemos que este viernes se pueda abrir con normalidad el recinto, al menos la mayoría de puestos”.

Las comunidades de vecinos del barrio de Benicalap, en València, afectadas por la implantación de alojamientos turísticos en sus bajos con alteración de fachadas en los elementos comunes incluido siguen luchando para tratar de frenar las obras que desde hace meses han quebrado su tranquilidad.

En este caso, los residentes del edificio ubicado en la calle de Carlos Cortina número 5 han remitido diversos escritos al Ayuntamiento de València por medio de los cuales aseguran que la empresa promotora, Business Decission and Advice SL, habrían incumplido diversas cuestiones administrativas que implicarían la paralización inmediata de los trabajos.

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento recientemente detectó que se estaban ejecutando actuaciones en zonas que no estaban incluidas en el permiso habilitante por lo que dio un plazo de 10 días a la mercantil para que alegara lo que estimara antes de paralizar los trabajos en esa zona con fachada recayente a la calle de Carlos Cortina, un espacio con una superficie de 152,27 m² en planta baja y 36,52 m² de entreplanta.

Ahora, la comunidad de propietarios ha pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Juan Giner, para trasladarle de primera mano los nuevos incumplimientos que aseguran haber detectado y que acarrearían la paralización de todas las obras.

Según la documentación remitida al consistorio, la declaración responsable que supuestamente ampara las obras se basó en una certificación ECUV que señala una duración prevista de las obras de nueve meses.

Conforme al artículo 16.2 de la Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia vigente en el momento de presentarse la declaración responsable, las obras podrán iniciarse de forma inmediata, no obstante una vez transcurridos sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones para las que fue presentada la declaración responsable o bien no se hayan finalizado las mismas, se producirá la extinción.

Los vecinos aseguran que en el expediente municipal está acreditado por un informe policial que las obras se iniciaron el día 28 de octubre de 2025, de modo que el plazo de ejecución de las obras finalizó 9 meses después, el pasado 28 de julio de 2026.

Al mismo tiempo, consideran que actualmente las obras están en marcha sin título que las habilite legalmente al haber caducado la declaración responsable y afirman que no se puede otorgar prórroga de ningún tipo. Además, insisten en que conforme al artículo 252 de la LOTUP, cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizan sin licencia, la Alcaldía está obligada a ordenar, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras.

En segundo lugar, denuncian que el número de ventanales abiertos en la fachada recayente en la zona ajardinada del edificio supera a los declarados e incluidos en el título habilitante, que además estaría caducado. Así, acreditan comparando los planos del proyecto con imágenes fotográficas que se aprecia un mayor número de agujeros abiertos (15 en planta baja y 16 en entreplanta). En consecuencia, ponen de relieve que se está ante una situación de ejecución de obras sin seguir las determinaciones del proyecto tal como señala el artículo 252 de la LOTUP y el Informe de Asesoría Jurídica publicado a principios de septiembre.

Como informó este periódico, esta misma empresa es la que ejecuta proyectos muy similares, es decir, alojamientos turísticos en los bajos de los residenciales de las calles de Carlos Cortina 2 y de Encarna Albarracín. En todos los casos las comunidades de vecinos han denunciado las obras acometidas por la mercantil.

En el caso de Carlos Cortina 5 y de Encarna Albarracín principalmente por la alteración de las fachadas recayentes a las zonas comunes para la apertura de ventanales sin permiso de la comunidad, lo que puede chocar con la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso de Carlos Cortina 2 por la eliminación de revestimientos en pilares de carga con taladros hidráulicos.

La promotora Business Decission and Advice SL está representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma promotora tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Desde Soriano i Piqueras han manifiestado a elDiario.es que no es cierto que Business Decision and Advice, S.L. esté representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras: “Ni el despacho ni ninguno de sus abogados es representante legal de esa sociedad, ni forma parte de su órgano de administración, ni participa en su capital, ni tiene interés alguno en ella o en sus proyectos. Business Decision and Advice, S.L. es, sencillamente, un cliente del despacho, que le presta asesoramiento y defensa jurídica como abogados externos, igual que a cualquier otro cliente. Soriano i Piqueras tampoco promueve ni impulsa proyecto alguno de alojamientos turísticos en Benicalap, Torrefiel, La Raiosa ni en ningún otro lugar: esos proyectos son exclusivamente de la mercantil promotora”.

Un estudio liderado por la Universitat de València analiza la viabilidad de implementar un seguro de divorcio. Esta cobertura pretende contribuir a sobrellevar los gastos inmediatos asociados a la ruptura, entre los que destacan los costes jurídicos, de las mudanzas o de los alojamientos temporales.

El estudio, publicado en la revista Humanities and Social Sciences Communications, está desarrollado por Juan Bataller-Grau, catedrático de Derecho Mercantil y director de Patrimonium, y Carlos Vidal-Meliá, catedrático de Economía Financiera y Actuarial de la UV. El trabajo aborda la falta de protección frente a las necesidades económicas inminentes que sufren muchos hogares, especialmente mujeres y colectivos vulnerables, durante una ruptura matrimonial.

Los autores destacan que el seguro de divorcio es objeto de debate desde hace décadas, pero se ha aplicado de manera excepcional. En este sentido, el objetivo de la investigación es examinar las condiciones necesarias para que una cobertura de este tipo resulte técnica, jurídica y socialmente viable. Para ello, Bataller y Vidal toman como ejemplo la representación del seguro de divorcio transmitida a través de las narrativas culturales y la contrastan con casos reales. Concretamente, combinan el análisis de la serie The Divorce Insurance con el estudio de experiencias de Estados Unidos y Europa y de las principales dificultades jurídicas y financieras afrontadas.

El equipo investigador resalta que “una cobertura limitada y bien diseñada puede ayudar a cubrir los gastos derivados de una ruptura matrimonial. No se trata de incentivar el divorcio ni de compensar todas sus consecuencias económicas, sino de estudiar una posible herramienta de protección complementaria al derecho de familia y a las políticas públicas”.

Los hallazgos muestran que las propuestas más factibles consisten en coberturas de corto plazo destinadas a proporcionar liquidez para los gastos inmediatos. El estudio enfatiza en que, además de diseñar un seguro que encaje con el ordenamiento jurídico, también necesita aceptación social. “Debe percibirse como una ayuda ante una transición familiar difícil, no como un ‘premio’ por divorciarse”, apunta el grupo de trabajo.

Asimismo, Bataller y Vidal subrayan que “las fórmulas más plausibles son las que proporcionan una protección económica limitada, mediante un capital previamente pactado o una cobertura de gastos concretos, especialmente jurídicos”. El análisis plantea las condiciones necesarias para desarrollar un producto asegurador responsable. En esta línea, los autores también recalcan la importancia de establecer periodos de carencia, límites de cobertura y mecanismos que reduzcan la contratación ante una ruptura ya inminente y los incentivos al fraude.

El trabajo ha recibido financiación de la Generalitat Valenciana, mediante el proyecto CIPROM/2024/75 “El moderno derecho del seguro”, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mediante el proyecto PID2024-159634NB-I00 “Towards the prevention of ageism: an ius privatist approach”.

El marco para una protección financiera temporal

El estudio parte de dos investigaciones previas. Vidal ya había desarrollado una primera versión del modelo del seguro de divorcio, publicada en la revista Family Transitions, en la que recoge las posibles aplicaciones de este seguro a través del análisis de una población simulada de 10.000 parejas, que proyecta la supervivencia biológica y el mantenimiento de las relaciones de matrimonio de la muestra durante 30 años.

Este enfoque permite traducir características verificables —como la edad al contraer matrimonio, la historia de convivencia, la asimetría de ingresos entre cónyuges y los divorcios previos— en la configuración de pagos diferenciados en función de las características de la pareja. Según los resultados de las simulaciones, este seguro es “actuarialmente concebible como protección financiera temporal”.

Por otro lado, Bataller y Vidal habían analizado también la posibilidad de establecer en España un seguro de divorcio como un capital previamente pactado que, conforme explican, “se abonaría al producirse la separación”. Este trabajo, publicado en la Revista de Derecho del Sistema Financiero, aporta el “andamiaje para la construcción de un contrato atípico, pero de práctica utilidad, y examina cómo articular esta cobertura en el derecho español”, concluyen sus autores.

El Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este miércoles en la comisión de urbanismo el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de València, el documento urbanístico que regula los usos, actividades y edificaciones que se podrán desarrollar en todo el ámbito, principalmente en el entorno del muelle Príncipe Felipe. Se trata de una aprobación provisional tras el periodo de alegaciones que se eleva a la Conselleria de Territorio a los efectos de la aprobación definitiva.

Entre los edificios que quedan en el ámbito del plan está el actual edificio de oficinas del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, así como los terrenos contiguos en los que inició las obras de su nueva torre de oficinas de 13 alturas mediante una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El Ayuntamiento paralizó los trabajos al haberse iniciado sin la preceptiva licencia municipal, y así siguen a la espera de que se resuelva el expediente sancionador.

En este sentido, llama la atención el choque que se produjo durante la tramitación del Plan Especial entre el Ministerio de Transición Ecológica y la APV a colación del mencionado edificio. Así, un informe de la dirección general de la Costa y el Mar dependiente del mencionado ministerio, firmado el pasado mes de marzo, advirtió de un exceso de altura de la torre.

Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “el dominio público portuario estatal se regula por las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPYMM) y supletoriamente por la Ley de Costas, por lo que deberá garantizarse que con las alturas propuestas no se genera una pantalla arquitectónica en los primeros 500 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”.

Por lo expuesto, la dirección general pidió aclarar los siguientes aspectos en relación al edificio de Boluda: “Para la ordenación propuesta en el área de ordenación especial, si bien se indica que se consolida la edificación existente (actualmente de 3-4 plantas de altura), se permite una altura de PB+XIII [planta baja más 13 pisos] (56 metros de altura), lo que resultaría contrario a lo regulado en la zona de influencia por la normativa de Costas”.

A este escrito contestó la APV remarcando que pese a que el informe se había emitido fuera de plazo, se incluía en el expediente y afirmando que al estar el inmueble en suelo portuario, la Ley de Costas no es de aplicación: “si bien los terrenos objeto del plan tienen consideración de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), también tienen la consideración de dominio público portuario. Es por ello que, en virtud de lo indicado en el artículo 67.1 TRLPEMM, su régimen jurídico viene determinado por la normativa portuaria, siendo de aplicación solo de forma supletoria las disposiciones de la legislación de costas”.

En consecuencia, añade la APV, “la aplicación de las servidumbres y demás limitaciones a la propiedad (zona de influencia) que se establecen en la Ley de Costas no serán de aplicación sobre el dominio público portuario (DPP), tal y como se recoge en el informe de la Abogacía del Estado”.

Boluda alega contra la protección de sus actuales oficinas

Como informó elDiario.es, la multa del Ayuntamiento a Boluda podría ser doble: una por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

En este sentido, la mercantil del naviero ha presentado alegaciones para evitar que el Plan Especial recoja su actual edificio de oficinas como catalogado, lo que implicaría una cierta protección patrimonial.

Boluda defiende en su escrito que “el inmueble actual ya no se corresponde sustancialmente con las antiguas oficinas de Unión Naval de Levante, porque ha sufrido transformaciones profundas, especialmente en la reforma de 2006-2007, como son cambio de volumen, sustitución de la segunda planta por otra acristalada, incorporación de nuevos núcleos de comunicación, alteración de fachadas y demolición de la decoración y distribución interior previas” por lo que “carece de valor histórico, arquitectónico y etnológico suficiente para ser integrado en el patrimonio cultural valenciano”.

Sin embargo, el Ayuntamiento desestima la alegación: “Desde una óptica administrativa, tales circunstancias no excluyen necesariamente la existencia de valores protegibles. La protección urbanístico-patrimonial puede fundarse no sólo en la autenticidad material absoluta del edificio originario, sino también en su significación histórica, en su permanencia como hito de un enclave productivo-portuario, en su relación con la memoria industrial del frente marítimo y en los valores compositivos, tipológicos o de contextualización urbana que el planeamiento considere concurrentes. Por lo tanto, no procede estimar la pretensión de eliminación automática de toda referencia patrimonial”.

El Ayuntamiento que preside la alcaldesa de València, María José Catalá, no fiscaliza si los concejales con dedicación exclusiva y con compatibilidad aprobada por el Pleno para ejercer una segunda actividad privada cumplen las condiciones de ese permiso, que establece que, en todo caso, debe tratarse de una dedicación o servicio “marginal”.

Para tratar de corregir esta anomalía, Compromís llevará una moción a la comisión de Hacienda de este miércoles por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el Ayuntamiento cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las mencionadas compatibilidades.

La propuesta viene a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Por este motivo, la coalición valencianista propone “la modificación de las disposiciones municipales que sean necesarias para establecer un régimen específico de seguimiento y control de las declaraciones de compatibilidad” de forma que “este régimen tendrá que garantizar que, cuando una compatibilidad esté condicionada al carácter marginal de una actividad privada, puedan comprobarse de manera efectiva y continuada las condiciones funcionales, horarias y económicas que justificaron la autorización”.

Compromís propone también “modificar los modelos de declaración de actividades y los procedimientos del Registro de Intereses Municipal porque, cuando sea necesario para verificar una compatibilidad, constan de manera suficiente las características esenciales de la actividad privada, incluyendo, como mínimo, su naturaleza, sujeto contratante, duración, dedicación temporal, régimen de remuneración y ámbito material de los servicios prestados, en los términos permitidos por la legislación vigente”.

Además, plantea “establecer que la documentación contractual o acreditativa necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de una declaración de compatibilidad tendrá que estar incorporada al expediente municipal correspondiente y a disposición de los órganos municipales competentes para su fiscalización” y habilitar “un mecanismo obligatorio de comunicación y revisión cuando se produzca cualquier modificación sustancial de la actividad privada compatible con una dedicación exclusiva o parcial, especialmente cuando afecte su duración, dedicación horaria, remuneración, contenido funcional, sujeto contratante o ámbito material”.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha comentado que “el Gobierno municipal no puede esconderse más tras una nueva resolución del Síndic de Greuges que recomienda al Ayuntamiento de València que tome las medidas necesarias para que la oposición y el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a la información de qué contrato ha firmado el concejal Gosálbez, cuánto tiempo le dedica y cuántos ingresos percibe de esta actividad privada, para la que tiene concedida la compatibilidad siempre que tenga un carácter residual y no interfiera en su dedicación exclusiva como regidor”.

Puchades se ha preguntado cómo van a poder evaluar “si esta actividad no obstaculiza, o peor todavía, no vulnera su imparcialidad”, si no cuentan con un mecanismo que garantice “el ejercicio de ese derecho y comprometa la obligación de transparencia del concejal Gosálbez”.

Desde Compromís han exigido a la alcaldesa Català que levante “el velo de oscuridad sobre el contrato que suscribió Gosálbez para dar asesoramiento urbanístico a los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) de València y así poder garantizar, por un lado, que efectivamente tiene una dedicación marginal y, por otro lado, que está cumpliendo con su deber de neutralidad y no está incurso en causa de abstención en aquellas cuestiones que conoce de manera privilegiada como miembro de la Comisión de Urbanismo”.

El Ayuntamiento de València está a un paso de paralizar parte de las obras del apartahotel que la empresa Business Decission and Advice SL realiza en los bajos comerciales del residencial ubicado en la calle de Carlos Cortina 5, en Benicalap, tras acreditar diversas ilegalidades denunciadas por la comunidad de vecinos.

En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía Local acreditó el pasado 9 de septiembre tras una denuncia vecinal que se estaban ejecutando obras en parte de los bajos que no estaban incluidos en el proyecto presentado para la obtención de la declaración responsable que permitió a la mercantil iniciar los trabajos.

Posteriormente, otro informe del área de Actividades tras inspección cursada el 18 de septiembre certifica que “las obras e instalaciones de la actividad no se ajustan a las previsiones del proyecto, y anexos, que sirvió de base para la concesión de la licencia ambiental (Resolución GC-949 de fecha 28 de mayo de 2026) por cuanto las obras de implantación de la actividad superan el ámbito espacial objeto de la licencia concedida. La ampliación del ámbito de actuación de las obras para la implantación de la actividad se realiza en el espacio con fachada a la calle Carlos Cortina”.

El consistorio ha dado un plazo de 10 días a la mercantil para que presente alegaciones antes de ordenar que se paralicen los trabajos en la zona que no estaba contemplada en la licencia.

Compromís per València ha denunciado que esta nueva resolución municipal desmonta el argumento con el que el gobierno de María José Catalá y el concejal Juan Giner han defendido estas tres últimas semanas las obras del aparthotel de Carles Cortina, 5, en Benicalap.

La coalición valencianista ha recordado que la licencia ambiental que el Ayuntamiento concedió el 28 de mayo autorizaba un aparthotel de 38 habitaciones y 93 plazas, y dejaba expresamente fuera de la intervención y sin uso una parte del local —152,27 m² en planta baja y 36,52 m² de entreplanta— situada precisamente en la esquina de Carles Cortina con Salvador Cerveró. Según el informe técnico, es exactamente esa superficie excedida la que la empresa Business Decision and Advice SL ha ocupado y reformado sin autorización, tal como denunciaron los vecinos a finales de agosto.

La inspección, ordenada después de que un vecino de Carles Cortina 5 denunciara el 8 de septiembre que las obras excedían lo autorizado y aportara fotografías, también ha confirmado las irregularidades que la comunidad de vecinos había denunciado desde hace semanas: la apertura de 25 ventanas nuevas entre planta baja y entresuelo que recaen sobre el patio y las zonas comunitarias del edificio, nuevos huecos en la fachada de Carles Cortina y el cierre de un hueco preexistente en la de Salvador Cerveró. Ninguna de estas actuaciones figuraba en el proyecto aprobado.

Como informó elDiario.es, esta misma empresa es la que ejecuta proyectos muy similares, es decir, alojamientos turísticos en los bajos de los residenciales de las calles de Carlos Cortina 2 y de Encarna Albarracín. En todos los casos las comunidades de vecinos han denunciado las obras acometidas por la mercantil.

En el caso de Carlos Cortina 5 y de Encarna Albarracín principalmente por la alteración de las fachadas recayentes a las zonas comunes para la apertura de ventanales sin permiso de la comunidad, lo que puede chocar con la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso de Carlos Cortina 2 por la eliminación de revestimientos en pilares de carga con taladros hidráulicos.

La promotora Business Decission and Advice SL está representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

“Tiene la prueba y no para la obra”

“A pesar de contar con un informe técnico propio que acredita el incumplimiento, y a pesar de que la propia normativa que citan —el artículo 252.3 del TRLOTUP— prevé la paralización inmediata cuando las obras se apartan del proyecto autorizado, el gobierno de Catalá ha optado por abrir un simple trámite de audiencia de diez días para que la empresa alegue lo que considere oportuno. La obra sigue abierta mientras transcurre el plazo, incomprensible”, explica la portavoz de Compromís, Papi Robles.

La concejala valencianista ha recordado que el concejal Giner aseguró hace tres semanas que las obras contaban con licencia. “Pero ahora su propio servicio técnico reconoce que no se ajustan a la licencia. De hecho, a finales de agosto ya lo denunciamos públicamente y solo han actuado cuando no han tenido más remedio. Y aun así, en lugar de pararlas como marca la ley, les dan diez días más de margen. Esto no es proteger al vecindario”, lamenta Robles.

El anuncio de la vergüenza de Catalá

En este sentido, Papi Robles califica de “anuncio de la vergüenza” el que Catalá hizo en el pasado Debate del Estado de la Ciudad, cuando dijo que el Ayuntamiento ayudaría a las comunidades de propietarios a ir a la Justicia para defenderse de los abusos de las promotoras privadas que construyen apartamentos turísticos. “En lugar de poner a trabajar a su gobierno y parar obras ilegales, les dice a los vecinos y vecinas de València que tienen que esperar a que la justicia les dé la razón, cuando probablemente muchos desmanes urbanísticos ya se habrán consumado. No tiene ni pies ni cabeza”, denuncia la portavoz de Compromís.

El primer partido de la oposición ha exigido la paralización inmediata de las obras. “Cada día que pasa con la obra abierta es un día más en que se consolida un hecho consumado en un barrio que ya roza el límite de saturación turística”, ha añadido.

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Ferran Puchades, ha presentado a la Comisión de Patrimonio una iniciativa para controlar y limitar los precios del alquiler de los bajos comerciales, y proteger así al comercio de proximidad de la escalada de precios de los alquileres que en zonas céntricas y barrios en proceso de gentrificación ha llegado a incrementarse hasta un 35%.

“El cierre de negocios históricos y de barrio es una realidad constante ante la imposibilidad de asumir unos costes de alquiler prohibitivos. Los propietarios de los locales están disparando los precios porque saben que hay inversores turísticos dispuestos a pagar lo que sea, y el gobierno municipal tiene la obligación de proteger la economía local porque cada tienda que cierra es un trozo de barrio que desaparece”, ha alertado Puchades.

Para el concejal de Compromís, “Catalá tiene que dejar de anteponer los intereses de las multinacionales y los fondos especulativos, y tiene que rectificar su inútil política comercial, que está provocando la desaparición del comercio local tradicional a los barrios, rompiendo la cohesión económica y social del vecindario de València”.

En este sentido, Puchades ha puesto como ejemplo de desprecio la gestión de la Concejalía de Comercio, que ha tardado cerca de once meses en resolver convocatorias clave de ayudas y ha dejado sin adjudicar más de la mitad del presupuesto previsto para el sector, unos 1,3 millones de euros. De esos fondos, cerca de 700.000 euros se han desviado hacia otras partidas como Fallas y deportes. “Es inadmisible que se dejen dinero sin gastar mientras las tiendas cierren las persianas por no poder pagar el alquiler. Ese dinero era para salvar comercios, no para tapar agujeros en otras concejalías”.

Por este motivo, el concejal valencianista ha exigido al Gobierno municipal poner fin al desvío de créditos presupuestarios de la Concejalía de Comercio, proponiendo que cualquier remanente o fondo no adjudicado de las ayudas al sector se destine, de forma íntegra y exclusiva, a la modernización de los establecimientos, a programas de digitalización y a la ampliación presupuestaria de iniciativas de éxito probado como la campaña de Bo Comerç.

Por último, el concejal de Compromís ha propuesto también la creación de una bolsa de locales comerciales e incentivos fiscales para facilitar el traspaso de negocios históricos a jóvenes emprendedores, con el objetivo de evitar que la actividad económica de los barrios quede reducida al monocultivo turístico. “El comercio de proximidad no es un decorado para la foto, es el que da vida a nuestras calles y el que hace que un barrio sea un barrio y no un parque temático. O se ponen a trabajar de verdad para protegerlo, o serán responsables de su desaparición”.