“Adaptar la licencia para la prestación del servicio portuario de remolque portuario en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, titularidad de Remolcadores Boluda, S.A., a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Particulares (...). La licencia tendrá una duración de diez (10) años contados desde el 25 de noviembre de 2025”.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 4 de marzo publicó este anuncio tras la resolución que se aprobó en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que preside Mar Chao el pasado 12 de noviembre. Aunque figuraba como uno de los puntos del orden del día de la reunión, no se informó públicamente de la aprobación de este acuerdo en la nota de prensa posterior. En realidad, no deja de ser una prórroga puesto que la compañía ya venía realizando el servicio de remolque en los últimos años.

Como informó elDiario.es, Boluda cerró el pasado año la venta de un 49% de su empresa de remolcadores a la naviera MSC. La empresa del napolitano Gianluigi Aponte se hizo también, a través de su filial TIL, con la concesión para construir y explotar la nueva terminal norte del Puerto de Valencia.

Se da la circunstancia de que ambas compañías cuentan con representación en el consejo de administración de la APV. De un lado, Vicente Boluda cuenta con una plaza cedida por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), mientras que por parte de MSC figura como consejero Ignacio Ballester como vicepresidente de la Asociación Naviera Valenciana.

A preguntas de elDiario.es, fuentes de la APV han confirmado que tanto Boluda como Ballester declararon conflicto de interés, por lo que se ausentaron de la reunión del consejo en este punto: “Obviamente, tampoco reciben la documentación de aquellos puntos en los que se ha declarado conflicto”, han explicado. Desde Boluda Corporación Marítima y desde MSC no han contestado a las preguntas de esta redacción.

Para hacerse una idea de la importancia del acuerdo aprobado en términos económicos, según las cuentas publicadas por Remolcadores Boluda S.A, solo en el año 2024 la compañía declaró un importe neto de cifra de negocios de 38,4 millones de euros y un resulta final del ejercicio (beneficios) de 5,2 millones de euros.

La presencia de actores empresariales con intereses en al ámbito portuario en los consejos de administración de los puertos de interés general, como es el caso del de Valencia, ha generado controversia precisamente por la posibilidad de generarse situaciones de conflicto de interés.

Sin embargo, está amparado por el artículo 30 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En su punto cuatro, establece que no podrán formar parte del Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias “los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto, cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria, salvo que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local”. Esta salvedad final es la que permite que personas con claros intereses como en el caso del Puerto de Valencia, Boluda y Ballester, que además son socios, tengan presencia en el consejo de administración y por lo tanto capacidad de decisión y sobre todo información de primera mano de los temas que se tratan.

En la misma línea, el siguiente punto establece que tampoco podrán formar parte de consejos de administración “todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan presentadas ofertas para la realización en el puerto de obras y suministros o de cualquier actividad que genere a la Autoridad Portuaria gastos relevantes”, pero también introduce a continuación la misma excepción: “Salvo que se trate de Entidades o Corporaciones de Derecho Público o que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local”.

El Ayuntamiento de València libra a los promotores del PAI del Grao de pagar 10 millones de euros por la urbanización del antiguo circuito urbano de Formula 1. El proyecto del Plan de Actuación Integrada (PAI) que transformará la zona marítima de la ciudad, recoge la cifra que asumirá Valere Reoco, la sociedad formada por grupo Atitlan y el fondo Hayfin, que se constituyen como agente urbanizador: 21,3 millones de euros.

La cifra implica la mitad de la deuda que el Ayuntamiento de València tiene con la Generalitat Valenciana y una rebaja de 10 millones de euros respecto a lo acordado en el anterior mandato por el desgaste de las infraestructuras. Valere Reoco abonará este importe al Ayuntamiento de València, que se lo traspasará a la Generalitat para ir saldando la deuda. El consistorio tiene reconocido un deber de 45 millones de euros con el Ejecutivo autonómico, que viene de la época de Francisco Camps, y que deberá abonar con fondos públicos. Tras esta rebaja, el Ayuntamiento asumirá más de 23 millones de euros de deuda.

Según fuentes de Urbanismo, el consistorio y la Generalitat trabajan en una revisión del convenio para recalcular esta deuda. El gobierno de María José Catalá pretende renegociar el importe pendiente de pago y abonar una buena parte en suelo para construir vivienda protegida.

El gobierno local indica que el cálculo procede de un informe técnico, en el que los expertos han estimado lo “técnica y legalmente repercutible” a los promotores, dado el deterioro de la zona en los últimos años. El convenio data de 2007 y la zona, tras la extinción de la Fórmula 1, ha quedado semi-abandonada, reconvertida en un poblado chabolista.

El documento tiene en cuenta informes previos redactados por el Ayuntamiento y por AICEQUIP S.L a solicitud de VALERE REOCO. El informe técnico apunta que: “Por un lado, se construyeron ciertos elementos que sólo tenían como finalidad la celebración del Gran Premio de Europa de F-1. Y, por otro lado, la redacción posterior a aquellas obras del Plan Parcial del Sector, que tuvo que resolver en detalle sus necesidades urbanísticas, así como modificaciones y adaptaciones a la nueva realidad ciudadana dieciocho años después, ha hecho que algunas infraestructuras construidas atraviesen zonas que ahora se han definido como parcelas privadas edificables, o se encuentren situadas en zonas no convenientes, o simplemente ya no sean necesarias”.

El proyecto, que requerirá una inversión de 150 millones de euros, transformará la antigua zona industrial junto al puerto. Son 380.000 metros cuadrados de suelo en un espacio de centralidad urbana vanguardista, que conectará el mar con la ciudad a través del paseo de la Alameda y dotará a Valencia de una nueva configuración urbanística. La alcaldesa presentó el proyecto el pasado junio, y ha mantenido varios encuentros con los promotores.

De dónde viene la deuda del PAI del Grao

La Generalitat Valenciana gastó 38,6 millones de euros (42 millones con intereses) en el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con el Puerto de València (Alameda y avenida de Francia), contemplados en un convenio con el Ayuntamiento de València, que éste debía devolver cuando se urbanizaran los terrenos.

Un informe reciente de la Sindicatura de Comptes recalca: “la deuda del Ayuntamiento de Valencia recoge el importe pendiente de cobro por la ejecución de las obras de infraestructura de acceso y conexión viaria de la ciudad, Alameda y Avda. de Francia con el Puerto de Valencia según el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y el anteriormente denominado GTP en fecha 28 de septiembre de 2007, donde el Ayuntamiento se compromete a soportar el coste de la actuación mediante la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del futuro sector Grao”.

El PSPV denuncia: “18 años después seguimos pagando la deuda”

La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado que “18 años después, los valencianos y valencianas seguimos pagando el pufo de la Fórmula 1 del PP”. La edil señala que e los 45 millones que costó la obra del circuito, Catalá solo va a repercutir a los promotores del PAI del Grao 21 millones: “Los otros 24 los vamos a pagar todos los ciudadanos de nuestro bolsillo. Una obra que se vendió como obra anticipada del PAI, resulta que no lo era, y el Ayuntamiento va a tener que pagarlo. Es decir, que con este PAI, la ciudad se queda sin el delta verde del grao y sin 24 millones de euros. Y con la huella del circuito de Fórmula 1 para que no olvidemos la etapa más corrupta del PP en la ciudad”.

La concejala socialista pregunta “de dónde va a recortar la señora Catalá esos 24 millones del presupuesto municipal. De las obras en barrios no puede, porque no está haciendo ninguna. De vivienda tampoco, porque en lugar de construir está regalando el suelo público a promotores”. Recalca los 22 millones “a los que Catalá renunció de fondos next generation para regeneración urbana, los 150 millones que nos puede costar no tener la zona de bajas emisiones en marcha, la pérdida patrimonial de suelo público para vivienda... Cada vez que el PP gobierna, la factura para la ciudad es enorme, y la pagamos entre todos”, censura la concejala.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron el pasado mes de diciembre el inicio de los trámites para levantar un rascacielos de 30 plantas y 100 metros de altura entre los tinglados y el Edificio del Reloj destinado a uso hotelero. El denominado edificio 'Baluarte' se encontró con una oposición frontal de todos los colectivos vecinales del Marítimo y de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV).

Las causas de ese rechazo son, en primer lugar, la ya de por sí saturación turística del entorno que favorece la proliferación de alojamientos para alquiler de corta estancia y en consecuencia la gentrificación, y en segundo, el impacto paisajístico al romper con la arquitectura tradicional tanto del puerto antiguo como de los barrios del marítimo.

En esta línea, un segundo proyecto contribuirá a romper con esa silueta urbana tan característica de las casas de las zonas más cercanas al mar de los barrios de Natzaret y El Cabanyal-Canyamelar, con sus típicas casas de pescadores de planta baja y una altura.

Se trata de la torre de Boluda Corporación Marítima del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, Vicente Boluda; un edificio de oficinas de 13 alturas que se levantará junto a su actual sede ubicada en el Paseo Caro, frente a la terminal de pasajeros del Puerto de Valencia.

El proyecto, al que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó al Ayuntamiento a finales de 2024 y presenta un aspecto moderno, plenamente acristalado con el logotipo de la compañía en un luminoso rojo. La compañía solicitó licencia de obras el 28 de octubre de 2024 e inició los trabajos semanas después sobre unos terrenos que obtuvo por medio de una concesión de 35 años otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo del que es consejero, tras una polémica permuta que estuvo investigada en los tribunales, cuya legalidad finalmente avalaron.

Sin embargo, como avanzó en exclusiva elDiario.es, las obras empezaron sin tener concedida la licencia de obras y actividades por lo que el Ayuntamiento, tras realizar una inspección sobre el terreno, emitió una orden de paralización a finales de abril del pasado año. Las obras siguen a día de hoy atascadas según diversas fuentes consultadas por este diario. Desde Boluda Corporación Marítima han declinado hacer comentarios.

Como informó esta redacción, según los expedientes municipales a los que ha tenido acceso este periódico la compañía se enfrenta a una doble sanción. En concreto, a una multa por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

Características del edificio

Según la documentación recabada por elDiario.es, el proyecto tiene como objetivo la dotación para la empresa de un edificio representativo y eficiente y reformar la sede actual de modo que las necesidades de la empresa queden cubiertas a medio largo plazo. Además, incluye la conexión del nuevo edificio con el edificio existente en la parcela sobre el que se interviene a través de un cuerpo acristalado que los comunica en planta baja, primera y segunda. Este cuerpo cuenta con una escalera y un ascensor que sustituyen a los actualmente existentes.

La altura máxima de la construcción sobre rasante es de 55,74 metros (altura de cornisa, respecto a la cota de referencia de proyecto), inferior a los 56 metros determinados en la ficha urbanística del Plan Especial. El número de plantas del edificio nuevo es de 14 plantas incluida la baja, con lo que se ajusta a las 14 plantas permitidas por la ficha del Plan Especial. La superficie construida total, incluyendo el edificio existente, es de 13.061 metros cuadrados, por lo que no se agota la edificabilidad de la parcela.

El edificio consta de dos partes claramente diferenciadas tanto en planta como en alzado, que diferencia por un lado el basamento de la torre, de mayores dimensiones, donde se establece la conexión con el edificio existente, y el resto de la torre, con unas proporciones propias de una construcción en altura. Por otro lado, dentro de la torre, se diferencia el núcleo de comunicación vertical con las zonas húmedas del mismo, situadas en la parte oeste del edificio, y la parte en la que se desarrollarán las actividades para las que se ha proyectado el edificio, claramente más amplia que la anterior.

El uso principal es administrativo al tratarse de un edificio de oficinas y espacios de trabajo. Es decir, todas las estancias son de uso privado, a excepción de aquellas zonas y elementos de circulación que pueden ser frecuentados por el público en general (personas no familiarizadas con el edificio), como son la planta baja y la planta tercera. La planta baja, además, es de pública concurrencia, al contar con un salón de actos y estar destinada a un uso más cultural.

En la planta tercera se ubica una gran terraza que ocupa la cubierta del basamento del edificio. En la planta 12 se ubica el despacho presidencial así como salas de reunión y demás espacios complementarios. Por último, la planta 13 albergará una sala de reuniones junto con una gran cubierta ajardinada desde la que poder contemplar las vistas del puerto, la ciudad de València, y el mar. Esta planta junto con la presidencial y la de alta dirección son las que disponen de un acceso independiente a través de un ascensor propio.

Varios centenares de taxistas se han concentrado este jueves con sus vehículos y a pie en el centro de València para protestar contra el servicio que prestan los VTC, por el aumento de “coches negros haciendo de taxis” y ante el “vacío normativo” por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

La marcha con los taxis ha partido desde la calle Blanqueries con las Torres de Serranos sobre las 10:30 horas y media hora después se ha iniciado la marcha lenta que ha recorrido las calles de Tetuán, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Ángel Guimerá y la avenida del Cid y finalizará con una pitada frente a la Conselleria competente en Transportes, ubicada en el complejo administrativo 9 d'Octubre.

El conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha manifestado que el nuevo decreto que regulará la actividad de los taxis y de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) estará listo en mayo, aunque ha manifestado que “está tardando en salir porque algunas de las reivindicaciones se tienen que estudiar muy bien, porque no tienen fácil solución”.

“Estamos exprimiendo todas las posibilidades para que el resultado final contente a los dos sectores y haga posible la convivencia, pero sobre todo para que los ciudadanos tengan el mejor servicio de transporte”, ha asegurado Martínez Mus ante los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts.

El conseller ha señalado que están intentando “buscar un equilibrio”, algo que provoca que “ninguno de los dos sectores esté satisfecho ni se sienta escuchado”, y ha destacado que “hacen peticiones totalmente contradictorias”, como el conflicto en cuanto a los servicios urbanos.

“Hay una sentencia que entiende que los VTC sí pueden hacer servicios urbanos y los taxistas están pidiendo que digamos que no los pueden hacer”, ha apuntado Martínez Mus, quien se ha mostrado preocupado por el cumplimiento de la normativa.

“El decreto que estamos redactando tiene que conseguir mejorar la efectividad de lo que se pretende regular, con un régimen sancionador que condicione esas conductas que son las que generan el malestar en los dos sectores”, ha añadido.

Asimismo, el conseller ha subrayado que el objetivo es “hacer compatible y pacificar” la convivencia entre los VTC y los taxis para cubrir las necesidades de transporte existentes: “Nosotros nos debemos a los usuarios”, ha aseverado.

Por su parte, las asociaciones convocantes -Federación Sindical del Taxi, AGTV, ATCV, USOCV, UCATA, APV Caracol VLC y PKT Asian Association- han denunciado que la Conselleria “retrasa” cerrar “el vacío normativo” desde hace un año: “Ya han pasado el verano de 2025, la investidura del nuevo president, Navidad, Fallas y Semana Santa”, han declarado.

Las siete organizaciones del sector han lamentado que en el último año se han concedido más de 800 licencias de VTC en la Comunitat Valenciana, y hay solicitadas más de 5.000, y han advertido de que, si no hay soluciones, seguirán con las protestas semanales de forma indefinida. 

La Agencia Valenciana Antifraude eleva la investigación sobre los procesos de contratación del Ayuntamiento de València que cuentan con financiación europea a los organismos de prevención del fraude de la Unión Europea y del Estado. El ente, que aprecia irregularidades en varios contratos del consistorio, ha acordado trasladar las conclusiones de su informe sobre el concejal de contratación de València al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), un órgano dependiente Intervención General del Estado que se encarga de vigilar los procesos financiados con fondos europeos y colabora con las oficinas europeas contra el fraude.

El organismo valenciano acuerda trasladar la resolución, la denuncia y toda la documentación anexa al SNCA “para su conocimiento y valoración en el ejercicio de sus competencias”, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. La investigación parte de una denuncia anónima sobre las abstenciones del concejal José Marí Olano, que presidió la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025. En ese periodo se apartó de numerosos procedimientos por haber trabajado con empresas que concurren a los contratos públicos, sin identificar a las firmas, alegando el secreto profesional de la abogacía. El Síndic de Greuges ya le pidió que trasladara esta información, a lo que tanto el edil como el ayuntamiento que dirige María José Catalá se han negado. El Ayuntamiento no le ha pedido que informe de esta actividad privada, para la que tiene compatibilidad, puesto que no tiene dedicación exclusiva como concejal.

Antifraude examinó desde el pasado noviembre cerca de una decena de procesos en los que el edil se abstuvo para evitar conflicto de intereses por haber trabajado con empresas que concurrían a las licitaciones públicas -en contratos que superan los 255 millones de euros-, pero ocultó de qué firmas se trata, algo que Antifraude le afea. Se han pedido las actas de las Mesas en las que el presidente se apartó y los contratos de las mesas extraordinarias. Uno de estos contratos es el de las obras de Pérez Galdós y otro el del saneamiento del agua, en los que Olano apenas participó, puesto que se acababa de incorporar a esta responsabilidad tras la remodelación del Gobierno.

Antifraude apunta que el edil se abstiene en la última sesión del caso de Pérez Galdós, e informa a los miembros de la mesa de su causa de abstención. La Agencia pidió “copia del acto administrativo dictado por el órgano competente aceptando, en su caso, la abstención presentada por el concejal José Mari Olano”, que no se dio, otro de los puntos que reprocha el órgano. El órgano apunta que “si el presidente titular se abstiene y no asiste el suplente, la Mesa no está válidamente constituida”, un fallo que puede comprometer la validez del contrato de estas obras, de 20 millones de euros, parte de ellos fondos europeos.

Antifraude ve errores en dos procesos de contratación que cuentan con financiación europea: el concejal suscribió una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) que no era tal, y rectificó después, porque sí había tenido vínculos con empresas que se presentaron. Para Antifraude, esto implica además un fallo en los mecanismos de control del Ayuntamiento.

“La razón no puedo explicarla, no me percaté”

El propio concejal admite en las alegaciones presentadas -que Antifraude ha rechazado- que en tres procedimientos no se apartó cuando correspondía porque no se percató. Son los contratos de las obras de los huertos urbanos de Orriols, las obras de mejora de eficiencia energética en el Mercado de Russafa y las obras del Polideportivo de Natzaret. Dos de esos contratos están sujetos a financiación europea, una cuestión que requiere obligatoriamente suscribir una declaración de ausencia conflicto de intereses. Cada euro que viene de Bruselas es vigilado con lupa. “La existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio de las sesiones”, subraya el organismo.

En las alegaciones presentadas a la investigación de Antifraude, el edil reconoce que suscribió “una declaración de ausencia de conflicto de intereses que fue incorrecta, porque sí que concurría el conflicto de interés”. Y añade: “La razón o porqué de esta situación no puedo explicarla, más allá de que no me percaté en los trámites del procedimiento (...) Quizás fuera debido a una falta de lectura atenta de la relación de licitadores, o a una distracción, pero el caso es que no me percaté. Si me hubiera percatado, habría comunicado mi abstención y no habría emitido la correspondiente declaración de ausencia de conflictos de interés”, dice el edil, que es abogado del Estado, en sus alegaciones. Al contrato de los huertos urbanos de Orriols solo concurrieron dos empresas: Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV). Al contrato del Mercado de Russafa fueron una decena.

El Ayuntamiento defiende que los fondos UE no están en riesgo

En un comunicado, el Ayuntamiento de València insiste en que la financiación europea no está comprometida con esta resolución. “El informe definitivo de la Agencia Antifraude sobre las abstenciones del concejal Olano en la mesa de contratación ha aceptado parte de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento entre ellas que se exime al gobierno municipal de cualquier responsabilidad y que las ayudas europeas no se perderán”, dice el texto remitido por el equipo de María José Catalá.

Sin embargo, la decisión de Antifraude deja numerosas incógnitas. El SNCA, que depende de la Intervención General del Estado, es el órgano “encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude” y trabaja en coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Está asesorado por un consejo que preside el Interventor General de la Administración del Estado, una de las máximas figuras que vigilan la legalidad de los contratos públicos. Entre sus funciones, están “identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos de la Unión Europea” y “establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF”.

“Una contaminación objetiva del acuerdo”

El Ayuntamiento de València alegó que, “respecto a los actos en los que el Presidente no se ha abstenido, pese a que debió hacerlo, deberían considerarse una mera irregularidad no invalidante, dado que se trata de un acto de un órgano de asistencia técnica, no decisorio, que, además, no habría cambiado el sentido del acuerdo”. Ciertamente, como explica el mismo Ayuntamiento en el texto, el poder de decisión es “del Concejal en el que se ha delegado o de la Junta de Gobierno Local, órganos de contratación”.

Al respecto, Antifraude señala, las decisiones de contratación se basan “necesariamente en la propuesta de la Mesa”. “Al ser la mesa de contratación el órgano que garantiza los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, la presencia física del presidente incurso en abstención no solo vulnera el régimen de garantías procedimentales, sino que produce una contaminación objetiva del acuerdo”. Cabe destacar que el delegado de contratación es el propio Olano. El edil sigue teniendo esta responsabilidad, aunque el consistorio decidió que ya no formen parte de la Mesa los cargos electos.

“Evaluar responsabilidades legales”

Antifraude exime al Ayuntamiento de responsabilidad directa en los fallos de las declaraciones porque “no tenía conocimiento” de las actividades profesionales privadas del concejal Marí Olano, pero subraya que le corresponde al consistorio “evaluar las posibles responsabilidades legales que se deriven de dicha falta de veracidad, considerando que el concejal se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto”. Entre las recomendaciones, señala: “Sería conveniente que toda manifestación de abstención incorpore la identificación de la mercantil o licitador que motiva el conflicto”, además de pedir que se incluya en las actas, y que se implemente la DACI en todas las licitaciones.

La Agencia Valenciana Antifraude concluye que existen irregularidades en varios procesos de contratación respecto al edil José Marí Olano, que presidió la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025. El organismo tumba las alegaciones del Ayuntamiento de València y del edil y apunta que su modo de proceder fue erróneo, comprometiendo cientos de miles de euros en fondos europeos.

El edil no se abstuvo correctamente en los procesos: no identificó a las empresas con las que trabaja o ha trabajado, lo que a ojos de Antifraude no permite evaluar que no se dé el conflicto de intereses. Es una advertencia similar a la que lanzó el Síndic de Greuges a finales de diciembre, tras meses reclamando al Ayuntamiento información sobre la actividad privada del concejal. El edil sigue ocultando con qué empresas trabaja en calidad de abogado -actividad para la que tiene la compatibilidad-, aduciendo el secreto profesional de la abogacía. Esta cuestión ha sido rechaza por Antifraude, que insiste en que el secreto profesional protege el contenido de la relación abogado-cliente, “pero no la existencia del vínculo profesional con el licitador”, según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Agencia, cuyo director se ha apartado del proceso para evitar conflicto de intereses, ratifica en su informe definitivo que se dieron irregularidades en el proceder de Marí Olano. Concluye que no realizó correctamente las abstenciones al no identificar a las empresas y que en los contratos concurren “vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”, como fallos en la constitución de las Mesas de Contratación. Estos vicios podrían comprometer la financiación europea de contratos que en total suman más de 255 millones de euros.

La coalición Compromís reclama a la alcaldesa, María José Catalá, que aparte a Marí Olano de los procedimientos. Subraya que llevan meses denunciando la opacidad del edil, que trabaja como abogado en el sector privado.

Entre las recomendaciones, Antifraude insta al Ayuntamiento a que evalúe las responsabilidades legales que derivan “de la falta de veracidad” de las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Marí Olano las suscribió en dos procesos y luego las rectificó, alegando “no me percaté” de los vínculos laborales presentes o pasados, incluidos como causa de incompatibilidad. El órgano apuntó que esto evidencia fallos en los sistemas de control del fraude a los que están obligadas las Administraciones que optan a fondos europeos.

Reclama también el órgano que se formalicen y motiven las abstenciones, incluyendo “incorporar la identificación de la mercantil o licitador que motiva el conflicto”, que esto “se refleje en el acta” de las mesas de contratación y que se convoquen nuevas mesas con suplentes, para “garantizar la integridad en la composición del órgano colegiado”.

Antifraude sí acepta algunas de las alegaciones del consistorio. Por ejemplo, da por buena aquella en la que indica que se comunicó el posible conflicto de intereses y el edil se “inhibió” en el proceso. En un comunicado, el equipo de gobierno de María José Catalá defiende que se exime a la corporación de responsabilidad. En concreto, apunta que como no tenía conocimiento de las actividades privadas del concejal, no se le puede responsabilizar a la institución de falta de veracidad en las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.

Una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento recoge que “la intervención del presidente o su abstención, no ha cambiado el sentido de los acuerdos, ya que éstos no se apartaron de lo propuesto por los informes técnicos previos de los servicios gestores, ni por el servicio de contratación, y todos se adoptaron por unanimidad”. Antifraude recoge en su informe definitivo esta alegación municipal, que no acepta pero sí refleja en el dictamen. El consistorio subraya que Antifraude no pide la revisión de oficio de las contrataciones y traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales “van a estudiar”.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, se aparta del proceso que investiga al concejal de contratación del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, para evitar incompatibilidades. El responsable del organismo que examina si se cumplieron los protocolos contra el conflicto de intereses en el caso del concejal que presidía la Mesa de Contratación y que oculta con qué empresas trabaja, manifestó su abstención en la evaluación de la denuncia, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este diario.

El expediente de investigación de Antifraude, al que ha tenido acceso elDiairo.es recoge que Beut manifestó su abstención en el proceso con carácter previo a la deliberación. En concreto, el consejo de dirección de la Agencia, en las sesiones ordinarias del 16 de octubre de 2025 y del 3 de noviembre del mismo año, “manifestó la conformidad a la abstención del director”, después de que este lo trasladara en un comunicado.

Un día después, el 4 de noviembre, se dicta la resolución que acuerda iniciar las investigaciones. El informe no recoge la causa de abstención de Beut ni aporta más detalles sobre el tema. Sencillamente, manifiesta que se ha abstenido y que hay un acto administrativo que acepta esa abstención, algo que precisamente le afean a Marí Olano que no haya realizado en los procesos de la Mesa de Contratación. El edil oculta con qué empresas trabaja, una cuestión que le han afeado tanto el Síndic de Greuges como el propio organismo Antifraude.

Beut, antes de ser responsable del órgano Antifraude, ha sido inspector de Hacienda. Marí Olano trabaja como abogado en el sector privado, es abogado del Estado, abogado de la Generalitat y trabajó para la consultora KPMG. Entre los motivos recogidos en la ley para las incompatibilidades se establece tener intereses en el procedimiento, litigios pendientes, relación de parentesco, amistad o enemistad y tener vínculos profesionales.

La Agencia Valenciana Antifraude considera que los mecanismos de control del Ayuntamiento de València no funcionan correctamente. Al menos, no los que deben garantizar procesos limpios en la contratación pública.

En el informe que el organismo ha elaborado a raíz de una denuncia sobre el concejal de contratación, que se abstuvo en al menos seis contratos por haber trabajado con empresas que concurren a las licitaciones, la Agencia ve “debilidades” en el sistema de autoprotección del consistorio. En concreto, advierte que las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses “no operaron con la eficacia preventiva requerida”. José Marí Olano, presidente de la Mesa de Contratación entre abril y diciembre de 2025, no identificó a las empresas que podrían provocar ese conflicto, algo que la Agencia afea en un informe provisional, que falta completar con las alegaciones del concejal responsable de contratación. En concreto, censura que no se identifique a la empresa ni exista un acuerdo sobre la decisión de abstención: “Debe poder conocerse en el expediente la causa concreta”, añade el informe.

Las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI) son un documento obligatorio en la gestión de fondos europeos que “supone una manifestación explicita de su compromiso de imparcialidad y objetividad en su desempeño profesional”. Son obligatorias para todas las personas que intervienen en los procesos de contratación, que además deben comunicar a su superior jerárquico cualquier potencial conflicto de intereses para que adopte una decisión. Quienes participan en el órgano de contratación deben suscribir la DACI una vez conocidos los licitadores y con carácter previo a la valoración de las ofertas.

Antifraude señala que se da “una contradicción con la declaración inicial de la DACI” en uno de los contratos, algo que “podría ser interpretado como una deficiencia en los protocolos preventivos”. Según uno de los expedientes analizado, relativo a los huertos urbanos de Orriols (con financiación europea), en la sesión del 15 de mayo, de la apertura de la oferta económica, se suscribe una declaración de ausencia de conflicto de interés al inicio de la reunión. Ese día la mesa, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado, acuerda proponer la adjudicación del contrato de 316.000 euros a Agricultores de la Vega. El 5 de junio, antes de calificar la documentación, se da una incidencia: “El presidente no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”, por haber prestado servicios profesionales a una de las empresas en los dos últimos años. El edil se da cuenta tarde y remite un escrito a los servicios jurídicos, como ya informó elDiario.es.

“El sistema de integridad de los fondos europeos exige que la DACI sea un compromiso real. La falta de manifestación de la causa de abstención desde el primer momento, habiendo suscrito el documento, debilita la trazabilidad del control preventivo”, señala el texto en el análisis. Recuerda en este caso la resolución del Síndic de Greuges, que ya planteó al Ayuntamiento esta misma cuestión, instando al concejal a dar esta información.

Pese a ello, y a los múltiples intentos de la oposición por conocer estos datos, el concejal no identifica a las empresas. “Esta incoherencia es una debilidad en el sistema de autoprotección de la entidad local, al evidenciarse que los mecanismos de la DACI no operaron con la eficacia preventiva requerida”, subraya el informe de Antifraude. Además, el organismo subraya que el Plan de Medidas Antifraude del consistorio prevé que los posibles conflictos de interese deben comunicarse de inmediato al órgano de contratación y al comité ético. Por ello ve una “vulneración” de este protocolo y denuncia una “falta de diligencia” al “no comunicar el conflicto de interés al comité ético o unidad de integridad”. Para qué están las medidas si no se ejecutan, parece preguntarse el documento.

En la investigación se reseña la formación del concejal Marí Olano, que es abogado del Estado, donde “reside” la “gravedad de este caso”: “Se presupone un estándar de diligencia superior en la identificación de posibles conflictos de intereses”, apunta. El edil de contratación ha realizado alegaciones al informe, que el Ayuntamiento no ha hecho públicas. Fue apartado de la presidencia de la Mesa de Contratación en diciembre, más de un mes después del inicio de las investigaciones de Antifraude.

El protocolo municipal recomienda paralizar procesos

El plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de València recomienda paralizar los procesos en cuestión. En el sistema de riesgos, identifica el conflicto de intereses como una “bandera roja”. Si se detecta una, el responsable de la operación debe informar al Servicio de contratación, “para que proceda a la paralización del proceso de contratación”. Este sistema “no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención adicional para descartar o confirmar un fraude potencial”, dice el plan municipal. En el caso de Marí Olano, el propio concejal se abstuvo para evitar el conflicto de intereses, aunque el análisis radica en si lo hizo como debía.

Una auditoría interna realizada por la consultora Grant Thornton sobre las cuentas del fondo creado para financiar las obras del nuevo estadio del Valencia CF advierte del riesgo de sobrecostes como consecuencia de la guerra de Irán.

Se trata de un informe elaborado sobre las cuentas anuales de Nou Mestalla, Fondo de Titulización, la sociedad creada a través de Goldman Sachs para financiar los trabajos del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas. La entidad está obligada por ley a realizar auditorías anuales sobre sus cuentas y a hacerlas públicas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El documento analiza el periodo que va del 31 de mayo de 2025, cuando se constituye el fondo, al pasado 31 de diciembre.

Según el informe adelantado por Tribuna Deportiva y consultado por elDiario.es, el apartado 'Hechos posteriores al cierre' pone de manifiesto que “como consecuencia de la escalada de la tensión geopolítica en la región de Oriente Medio que ha afectado de forma significativa a determinadas infraestructuras relacionadas con el suministro de crudo y gas en países del Golfo Pérsico y a su logística en general, principalmente al transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, a partir del día 28 de febrero de 2026 se ha producido un incremento significativo de los precios internacionales del crudo, sus productos derivados y gas natural, alcanzando en determinados momentos niveles superiores a 100 USD/barril para el crudo Brent, y variaciones aún más significativas de algunos de sus productos por su más acusada escasez”.

La auditoría añade que “la Sociedad se encuentra monitorizando de forma continua la evolución de estos acontecimientos y evaluando el posible impacto sobre sus actividades y necesidades de liquidez durante el ejercicio 2026” y afirma que “a la fecha estos acontecimientos no implican ajustes relevantes en las presentes cuentas anuales”.

Como informó esta redacción a principios de abril, el presidente de la Federación de Empresas Valencianas de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, ya alertó del fuerte impacto que el actual conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre el sector. “Estamos registrando incrementos de costes que oscilan entre el 30% y el 40%, dependiendo del tipo de obra, debido principalmente al encarecimiento de materias primas, la energía y las dificultades en la cadena de suministro”, dijo.

La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) cifró el aumento de los costes asociados a la construcción de infraestructuras en un 44%.

Aunque desde el club guardan silencio al respecto, lo cierto es que el hecho de que las obras llevaran más de un año en marcha cuando arrancó el conflicto bélico juega a favor de la entidad deportiva, puesto que gran parte de los materiales y equipamientos ya estaban adquiridos. Aún así, como en toda obra, habrá imprevistos que generarán unos costes con los precios actuales, afectados por la inflación. Los plazos de la resolución del conflicto también serán importantes a la hora de medir el impacto, puesto que cuanto más se prolongue la guerra más afección habrá en los precios de los materiales.

Entrada de una aseguradora americana en la operación

El fondo de titulización articulado con Goldman Sachs es una suerte de órgano gestor de los fondos obtenidos para la ejecución del nuevo estadio. Por un lado, 237 millones obtenidos mediante la emisión de bonos a terceros y por otro lado una línea de crédito de 85 millones de euros ampliables a 95 millones en caso de necesidad, un crédito que vence en 2028 y que se debe amortizar con la venta de las parcelas de Mestalla. Según la auditoría, de este segundo crédito, el club ya ha dispuesto 21 millones.

Además, Goldman Sachs ha traspasado 40 millones de euros de este crédito a Principal Life Insurance Company, una de las mayores aseguradoras de vida de Estados Unidos. Es decir, la aseguradora se ha quedado con casi la mitad de la deuda de esos 85 millones.

La auditoría evidencia que el Valencia CF ha cedido todos los recursos que generará el nuevo estadio como garantía para obtener esta financiación: “Dichos ingresos corresponden a categorías ya existentes en relación con la explotación actual del estadio del cedente que se anotan en cuentas separadas y específicas en la contabilidad general del mismo y recogen conceptos tales como ingresos por entradas, socios y abonados, ingresos por alimentación y bebidas, ingresos del museo, ingresos por reuniones y eventos, Ingresos por Derechos de Nombre y Otros Ingresos de Esponsorización del Estadio, ingresos de VIP/hospitality e ingresos por patrocinios”.

En cuanto a los 237 millones de euros restantes que suponen el grueso de la financiación, los títulos se estructuran en nueve tramos con un tipo de interés fijo del 5,82% y vencimiento en 2052.

Según los datos oficiales ofrecidos en abril del pasado año por FCC, constructora que ejecuta los trabajos, el coste de finalizar el nuevo estadio es de 194,6 millones de euros, que se elevarían a 280 millones sumando el IVA, los gastos generales y el beneficio industrial. Si se aplicara un aumento del 40% sobre el presupuesto base (sin impuestos) como consecuencia del aumento de los precios provocados por la guerra de Irán, tal y como señalan las patronales, saldría un incremento de unos 77 millones de euros.

La Fiscalía investiga las amenazas que ha recibido un vecino de Xeraco tras un rifirrafe en redes con el alcalde, Avelino Mascarell (del PP) quien también es diputado provincial de Bomberos en la Diputación de Valencia. El vecino acudió a la justicia después de haber recibido durante meses llamadas y mensajes intimidatorios en su teléfono móvil y los relaciona directamente con el “señalamiento” del alcalde, quien le dijo “flipat” por criticarle públicamente a través de una cuenta anónima. Mascarell aseguró que el denunciante era “el taxista”, en referencia al empleo que desarrollaba en el pasado y, desde ese momento, no ha parado de recibir comunicaciones desde números ocultos y con mensajes como “te voy a joder la vida”.

La Fiscalía lleva desde el 11 de marzo investigando las posibles amenazas, pero a ninguna persona concreta, de momento. Según ha podido saber elDiario.es, el denunciante pretende que sea el Ministerio Público el que consiga la identidad de los números ocultos desde donde se le han dirigido las amenazas, la última el pasado día 3 de mayo. Además, el vecino de Xeraco también asegura que tras el señalamiento por parte del alcalde, está teniendo problemas en el municipio con otros vecinos.

El demandante manifiesta que el clima en Xeraco, un municipio pequeño “donde todos nos conocemos”, se ha vuelto hostil a raíz de estos episodios y manifiesta temor por su integridad, la de su pareja y la seguridad de su domicilio y vehículos.

También alerta que “no es la primera vez que se toman represalias contra personas contrarias a Mascarell” y que “mucha gente tiene miedo de hablar con nombre y apellidos en redes sociales”. Así, el vecino afirma que siempre ha ejercido la crítica política “al alcalde como cargo público, no a la persona”, y denuncia que se está intentando deslegitimarlo por la vía del acoso: “No estoy suplantando a nadie ni cometo delito por usar un perfil que me represente”.

El vecino también ha denunciado la situación en un juzgado y ha presentado una demanda civil contra el PP local.

Los problemas de memoria, los negocios privados y la opacidad del concejal de contratación de València pueden acarrear un coste millonario al Ayuntamiento. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude advierte de irregularidades en procesos de contratación por una justificación incorrecta de las abstenciones del concejal José Marí Olano, que se apartó en al menos seis procesos por haber trabajado con empresas que concurren. En concreto, en las conclusiones provisionales, apunta a una “gestión deficiente del conflicto de interés”, la “incorrecta constitución de la Mesa de Contratación”, que suponen “vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.

Marí Olano es el único concejal del PP que no tiene dedicación exclusiva y compatibiliza su actividad municipal con el ejercicio de la abogacía. Su prolífica carrera y sus relaciones profesionales han provocado numerosas abstenciones para evitar conflictos de intereses. El edil, abogado del Estado y abogado de la Generalitat, ya tuvo que dejar la consultora KPMG por incompatibilidades. Recientemente ha sido denunciado en Anticorrupción por Compromís, tras unas grabaciones en las que ofrece unas plazas de empleo público investigadas por esta Fiscalía.

La Agencia Valenciana Antifraude ha investigado todos los procedimientos de contratación en los que se abstuvo José Marí Olano, que fue nombrado el 4 de abril del pasado año presidente de la Mesa de Contratación, en calidad de concejal delegado del ramo. En sus conclusiones provisionales, el organismo advierte de posibles irregularidades en el proceso, no por la acción en sí, sino por las abstenciones del edil, que no fue debidamente ejecutada y comprometió el proceso posterior. ¿Las razones? Que el concejal nunca ha identificado a qué empresas hacía referencia para evitar el conflicto de interés -es decir, con cuál había trabajado- y, por tanto “no reúne los requisitos mínimos de validez”. Tampoco, según Antifraude, comunicó formalmente la abstención ni se dio una resolución administrativa que la aceptara. “La inexistencia de este acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”, dice el extracto del informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

Seis procesos millonarios

Los seis procedimientos en los que el edil de contratación se ha abstenido son de los más cuantiosos de la ciudad. Uno de ellos forma parte del proceso de adjudicación del macrocontrato del alcantarillado de la ciudad, cifrado en 232 millones de euros más IVA, que ha sido recurrido por dos de las empresas que concurrieron. En este proceso, según el informe de Antifraude, el edil no participó de la Mesa: en la documentación aportada consta que, tras la resolución que lo nombra presidente de la mesa de contratación, el 14/04/2025 informa a los miembros de la mesa de su causa de abstención. Las anteriores sesiones son previas a su nombramiento.

Otro gran contrato es el de las obras de la Avenida Pérez Galdós, al que concurrieron casi una veintena de empresas a través de distintas UTE (la fórmula de la unión temporal). En este expediente, cuenta la abstención en la sesión de 10/04/2025, y tampoco participó en las sesiones previas, pues no era su competencia.

Entre las abstenciones y los contratos investigados también hay procesos como el del servicio de salvamento marítimo, a cargo de Cruz Roja o los huertos urbanos de Orriols, las licitadoras son Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), que ha concurrido a otros dos procedimientos en los que Marí Olano se ha abstenido. El PSPV le preguntó específicamente por esta mercantil, pero el concejal negó la respuesta.

Se incluyen además los expedientes de las obras de las calles Rodríguez de Cepeda – Dr. Manuel Candela, las obras de remodelación del jardín de la plaza Portadores de la Virgen de Pinedo para la ejecución de una zona de juegos y el Acuerdo Marco para la ejecución de las obras en general y construcción de unidades de enterramiento en los cementerios municipales de la ciudad de València. Estos puntos fueron tratados en sesiones extraordinarias de la Mesa de Contratación, sin el concejal.

En total, a estas licitaciones, mayores o menores, han concurrido más de 50 empresas diferentes, ya sea en solitario o en UTE. Se trata de seis procesos entre abril y junio, los primeros tres meses en los que Marí Olano ha estado a cargo de los procesos de contratación, antes en manos de Júlia Climent, también del PP. El edil de contratación ha negado sistemáticamente a la oposición información sobre sus vínculos profesionales directos o indirectos con las firmas por las que se le ha preguntado.

Para la coalición Compromís, que ha denunciado el informe, estas cuestiones implican un riesgo para las arcas públicas, al comprometer financiación europea. Las empresas que participaron en los procesos y no resultaron beneficiarias podrían recurrir.

El concejal 'olvidó' abstenerse en un proceso

El análisis de Antifraude se detiene en un proceso concreto, en el que ve mayores conflictos: los huertos urbanos de Orrios. Evalúa las sesiones de la Mesa de contratación de los días 10 de abril, 8 de mayo, 15 de mayo y 5 de junio de 2025; sesiones en las que se abre la oferta de criterios de valor -donde los miembros de la mesa deben declarar los conflictos de intereses-, después se realiza la valoración técnica, la apertura económica -“declaración de ausencia de conflicto de intereses al inicio de la reunión”, señala el informe- y, por último, una cita en la que el presidente “no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”.

¿Qué cambió entonces? Que el edil se percató de un error. Como ya informó elDiario.es, en junio del pasado año el concejal remitió un correo electrónico a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en el que reconocía haber participado en tres sesiones de la mesa -que coinciden con las fechas señaladas en el informe- hasta haber sido consciente de que había trabajado con una de las empresas. 'Olvidó' abstenerse.

El concejal explica que en la sesión del 5 de junio de 2025 se comprueba la documentación del licitador que había presentado la mejor oferta: “En ese momento me percaté de que uno de los licitadores en el referido procedimiento es una persona jurídica a la que he prestado servicios profesionales en los dos últimos años, y por ello formulé la oportuna abstención”, dice. La abstención, explica Marí Olano, quedó reflejada en el acta.

El entonces presidente de la Mesa de Contratación reconoció que había participado sin formular abstención en las sesiones del 10 de abril, 8 de mayo, 15 de mayo y solicitó que se incorporara la cuestión al expediente administrativo. “En estas tres sesiones debí haberme abstenido, pero no me percaté de que uno de los licitadores es una persona jurídica a la que he prestado servicios profesionales en los dos últimos años”.

El procedimiento de contratación cuestionado es el contrato para los huertos urbanos de Orriols, un proceso dotado con 316.765,68 euros de fondos europeos (más 66.520,79 de IVA), como consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Solo dos empresas concurrieron a esta licitación, como ya informó este diario: Construcciones y canalizaciones Cyca S.L. y Agricultores de la Vega de Valencia, quien finalmente obtuvo el contrato.

El edil apuntó que “no necesariamente” debería implicar una suspensión del acto administrativo. También argumentó que la adjudicación se dio por unanimidad de los miembros de la Mesa que preside. El correo, finalizó el concejal, tiene como destino “constatar la concurrencia de abstención por escrito”.

“Vicios que afectan a la legalidad”

El informe de Antifraude aprecia en sus conclusiones provisionales cinco fallos que pueden constituir irregularidades. Además de no identificar a la empresa que motiva la abstención -no se justifica y no se cumple el proceso formal-, detecta errores en el proceso. El organismo aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”.

Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada] estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constitución de los órganos colegiados”.

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”. El edil presentó alegaciones a este informe, pero el Ayuntamiento no las ha hecho públicas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia en la que avala la vigencia del convenio suscrito en 2007 para el trasvase Xúquer-Vinalopó, pero anula la transferencia de agua entre ambos ríos, concretamente entre el azud de la Marquesa, en Cullera, y la cuenca altra del Vinalopó en Villena, autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en febrero de 2024.

El fallo judicial, dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal valenciano, estima así parcialmente el recurso interpuesto por la asociación Xúquer Viu contra diferentes decisiones administrativas. La plataforma ciudadana y ecologista ha asegurado que estudiará la sentencia para decidir si la recurre en casación ante el Tribunal Supremo.

La primera de las resoluciones de la Administración impugnadas por los recurrentes, que constituye el objeto principal del recurso y que ha sido desestimado por el TSJCV, se refiere a la adenda número 1 del convenio entre la CHJ y la Sociedad Aguas del Júcar SA para la financiación y explotación de las obras de la Nueva Conducción Xúquer-Vinalopó, suscrita el 27 de octubre de 2023 y publicada en el BOE el 13 de noviembre siguiente.

Tras examinar el expediente administrativo y el informe presentado por la Abogacía General del Estado en contestación a la demanda, los magistrados rechazan que el convenio de marzo de 2007 esté extinguido y hubiera de suscribirse uno nuevo.

Ello es así porque la Ley de Aguas establece que las Administraciones Públicas deberán establecer los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua a los usuarios finales.

“Dado el elevado coste económico de la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, más de 250 millones de euros en total, ejecutada con fondos propios de la Sociedad Estatal, y con financiación europea, es ilusorio entenderlo viable con una duración de cuatro años (y aun de ocho) y cumplir el mandato legal de recuperación de costes”, argumenta la Sala.

Igualmente, el Tribunal señala en la sentencia que no comparte con los demandantes que la adenda impugnada encubra un nuevo convenio ni tampoco que su necesidad no haya sido justificada.

Conclusión distinta alcanzan los magistrados respecto de la adecuación a derecho de las otras dos resoluciones administrativas recurridas: las emitidas el 12 de febrero y el 16 de febrero de 2024 por la Comisaría de Aguas de la CHJ que autorizaban la derivación de aguas superficiales del río Júcar, en el azud de la Marquesa, en Cullera, a través de la conducción Júcar Vinalopó y su posterior distribución en el sistema Vinalopó-Alacantí.

En este caso, la sentencia recoge que esas decisiones transgredieron lo establecido en el artículo 53.3 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Xúquer, que obligaban a establecer previamente un plan anual de explotación, plan que entonces “brilló por su ausencia” y que no fue aprobado hasta febrero de 2025 por el presidente de la CHJ.

“La derivación de aguas superficiales del río Júcar en el azud de la Marquesa (…) son decisiones administrativas de la Comisaría de Aguas del Júcar (p.d. del presidente) que por imperativo normativo requerían sin género de dudas de la aprobación previamente del plan anual de explotación, algo sustantivo y sustancial”, razona el Tribunal.

La sentencia dictada ahora por la Sección Cuarta de la Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El PP y Vox han pedido que la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de 2024 se cierre este mes, algo que ha criticado la oposición porque aún faltan por comparecer la exconsellera Salomé Pradas o el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, de manera que pedirán una prórroga.

Así lo han propuesto en la reunión de la mesa de la comisión de este lunes, en la que han planteado que el 11 de mayo comparezcan el excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel y el comisionado de la Generalitat, Raúl Mérida, el 12 de mayo se abra plazo para presentar las conclusiones y el 27 de mayo acabe la comisión.

El PP ha justificado su petición en que el plan aprobado fijaba un año para los trabajos, que se cumple a finales de mayo, y ya ha comparecido “un montón de gente” y tienen material “más que suficiente” para proponer conclusiones, mientras que la exconsellera Pradas ya ha estado “en otras comisiones” y no quieren hacer de esta “un circo”.

El PSPV ha criticado la “maniobra” del PP cuando aún falta por ejecutar “la mitad del plan de trabajo” de la comisión, lo que ha atribuido a que no tienen “ningún propósito de que se conozca la verdad”, y Compromís ha lamentado que la derecha quiera “dar carpetazo” a esta comisión, como hizo con la del accidente de metro de 2006.

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha vuelto a declarar este lunes como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Según han informado a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical, Suárez ha afirmado que tuvieron conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo cuando estaba preparado el borrador del Es-Alert “sobre las 19:06 horas”. Un texto, que según ha comentado, “no es el que se envía a las 20.11 horas”.

Preguntado sobre los motivos por los que se modifica, ha explicado que en ese mensaje se instaba a la ciudadanía a que permaneciera en sus domicilios, un mensaje que se subió a la plataforma sobre las 19.08 horas. La variación más importante, según ha comentado, es que se sustituye el “permanezcan [en sus casas]” porque Pradas consideraba que no tenía cobertura legal. En el siguiente mensaje se dice “suspendan”.

Así, se cambia “permanezcan en sus domicilios” por “suspendan desplazamientos”, es decir, se “suavizó el imperativo”. Según el jefe de Emergencias, Pradas decía que no tenía capacidad legal, pero él le aseguró que sí por la Ley de Emergencias. Si citó que por la pandemia había controversias por lo que Pradas salió de la sala para hacer esas consultas jurídicas.

Suárez ha dicho que desconocer si esas dudas eran porque el mensaje iba a llamar a toda la provincia y no solo a los municipios afectados por Forata y que a partir de las 19:00 horas empezaron a tener percepción de que la emergencia no afectaba solo a la presa Forata.

Es en ese momento, según ha relatado, cuando tienen conocimiento de incidentes más allá del ámbito de Forata y se plantea un Es-Alert para toda la provincia. El texto del Es-Alert no le parecía correcto a Pradas por el imperativo de “permanezcan en sus domicilios”. Preguntado sobre si Pradas consideraba que era una medida de confinamiento, ha afirmado que en el ámbito de emergencias sí usan la palabra confinamiento.

Además ha añadido que al señor José Manuel Cuenca, asesor del expresdiente Carlos Mazón, no le parecía bien confinar toda la provincia y ha explicado que el mensaje de las 20.11 horas sugiere evitar desplazamientos matizando el texto propuesto inicialmente. Ya en el segundo Es-Alert de las 20:57 horas se habla de que “permanezcan en sus domicilios”. Las dudas iban asociadas a la restricción de la movilidad, ha afirmado Suárez ante la jueza.

La Agencia Valenciana Antifraude pone contra las cuerdas al concejal de contratación de València, José Marí Olano, que compatibiliza su actividad como responsable de contratación con el ejercicio de la abogacía. El organismo señala en un informe provisional que la mano derecha de María José Catalá no motivó correctamente sus abstenciones como presidente de la Mesa de Contratación, órgano que presidió entre abril y diciembre del pasado año, porque no identificó a las empresas con las que trabajó. El órgano aprecia irregularidades en contratos que superan los 255 millones de euros y abre la puerta a la impugnación de los procesos por las empresas que concurrieron.

El edil, que tiene dedicación parcial y ejerce la abogacía de forma privada, fue apartado en diciembre de la presidencia de la Mesa de Contratación, el órgano colegiado que delibera sobre los contratos públicos, después de abstenerse en al menos seis procesos por trabajar o haber trabajado con empresas que concurrían a los concursos públicos. El propio edil comunicó las abstenciones a la mesa para evitar conflictos de intereses, pero no identificó a las mercantiles, alegando el secreto profesional de la abogacía. Ni siquiera a petición del Síndic de Greuges, que abrió una investigación e instó al edil a trasladar esos datos tras denuncias de la oposición.

No identifica a las empresas en las abstenciones

La coalición Compromís ha difundido algunos puntos del informe provisional de Antifraude, un texto “demoledor” que debe resolverse esta semana, atendiendo a las alegaciones que haya podido efectuar el edil de contratación. El organismo alerta del riesgo de conflicto de intereses en estos contratos, sujetos a financiación europea, por “la falta de resolución formal que resuelva la abstención en tiempo y forma real”.

“Para que una abstención sea plenamente eficaz (...) no basta una mención genérica. El concejal tiene la obligación de: identificar plenamente (nombre o razón social) a la persona física o jurídica afectada que motiva el conflicto”, dice el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, que añade que se debe “justificar de qué manera concreta” la abstención encaja con la ley “permitiendo verificar que la relación profesional o de interés es real y encaja en el tipo legal”.

“Actos viciados de irregularidad”

El organismo también aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”. Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada[ estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constituión de los órganos colegiados”.

El conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurado

Antifraude también recalca que el edil no realizó correctamente el procedimiento de abstención. “La mera manifestación de la abstención no es suficiente; es imperativa una comunicación formal al órgano que lo designó y la correspondiente resolución administrativa aceptando la abstención”, dice el informe, que recalca: “La inexistencia de ese acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”.

“Riesgo en materia de integridad”

Asimismo, apunta, “la existencia de una causa de abstención preexistente (servicios profesionales prestados en los dos últimos años) contradice las declaraciones suscritas por el concejal al inicio d elas sesiones. Este hecho puede constituir un indicador de riesgo en materia de integridad, dado que las declaraciones iniciales no reflejaban la situación real de imparcialidad”.

“Vulneración del plan de medidas antifraude”

El informe, que afea a Marí Olano que con su formación haya obrado de este modo, observa “una falta de diligencia al no comunicar el conflicto de interés al Comité ético o Unidad de Integridad”, previsto en la ley de contratos del sector público. Tratándose de contratos sujetos a financiación europea, el defecto de constitución del órgano unido a “una gestión deficiente del conflicto de interés podría comprometer los fondos asignados”.

“Vicios que afectan a la legalidad”

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.

Como ha venido informando elDiario.es, Marí Olano se ha abstenido en al menos seis procedimientos: la regeneración urbana de Pérez Galdós y Giorgeta, el servicio de mantenimiento del sistema de saneamiento, los huertos urbanos de Orriols o mejoras en equipamientos municipales como los mercados de Russafa y el Polideportivo de Natzaret.

“Un informe provisional”

El Ayuntamiento de València ha rechazado valorar el contenido del informe y acusa a Compromís de acometer “una operación política” con el objetivo de “embarrar”. El portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero, ha recalcado que “es un informe provisional” y “tiene carácter reservado”. El edil “ya dio las explicaciones correspondientes, se abstuvo cuando se tuvo que abstener”.

José Marí Olano también ha sido denunciado por Compromís y el PSPV en Anticorrupción tras desvelar elDiario.es unos audios en los que aparece ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, plazas investigadas por esta Fiscalía.

Russafa será zona acústicamente saturada (ZAS). Las siglas, que pueden sonar a onomatopeya, implican limitaciones a la actividad hostelera y de ocio para tratar de menguar las molestias a un vecindario que sí está completamente saturado por el ruido. El popular barrio valenciano, que compite con El Carme como epicentro del tardeo, de las despedidas de soltero y del ocio turístico, verá algunos cambios en el momento en el que se publique la normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, que se prevé en breve. Así, las limitaciones aprobadas este jueves en el Pleno municipal verán la luz durante el mes de mayo, seis años después de que el Tribunal Superior de Justicia lo decretase.

Las limitaciones serán, grosso modo, las siguientes: las terrazas deberán cerrar media hora antes entre semana (a las 00:30 de domingo a jueves, entre marzo y octubre), no podrán ampliar su superfície y los pubs y discotecas no podrán abrir más allá de las 3:30 horas de domingo a jueves, mientras que viernes, sábados y previas de festivos podrán estirar a las 4:30 horas. En la práctica, apenas afecta a dos discotecas, que con la norma anterior podían abrir hasta las 7 horas. Para los pubs, el recorte es de apenas media hora. Tampoco se podrán abrir más terrazas en el barrio.

Las restricciones no calarán en todo el barrio. El proyecto aprobado por el equipo de gobierno de PP y Vox afectará a 18 calles: Barón de Cortés, Cádiz, Carlos Cervera, Centelles, Consulado del Mar, Cura Femenía, Doctor Landete, Doctor Serrano, Doctor Sumsi, Literato Azorín, Matías Perelló, Perera, Puerto Rico, Reina Doña María, Romeu de Corbera, Sueca, Tomasos, Vivons. Dentro de ellas, se prevé la creación de una “zona de respeto”, con alguna restricción más.

El plan contempla la constitución de una mesa permanente de trabajo integrada por representantes de la administración municipal, de las asociaciones vecinales, de asociaciones de consumidores y de entidades del sector hostelero y turístico de València. Con todo, el modelo no contenta ni a vecinos ni a las asociaciones hosteleras. Los primeros creen que es una regulación “falsa” y ven escasas las restricciones: “solo reduce 2 discotecas en un barrio de más de 360 locales hosteleros y en torno a las 300 terraza”, señalan desde la plataforma Russafa Descansa.

Los hosteleros y empresarios del ocio, por contra, están en pie de guerra. La Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) y la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa, se concentraron el lunes a las puertas del edificio municipal de Tabacalera, sede de la Concejalía de Mejora Climática, para exigir la dimisión de su titular, Carlos Mundina, por lo que consideran “una campaña de criminalización injustificada” contra los locales, y han acusado al edil de convertir al barrio de Russafa “en el pararrayos y chivo expiatorio” por sus “políticas fallidas” y su “incompetencia” en la lucha contra el ruido en la ciudad de València.

En el pleno, Mundina defendió que las medidas de esta ZAS “tienen como objetivo buscar la conciliación entre el derecho al descanso de los vecinos de Russafa y la actividad cultural y gastronómica del barrio”. Y ha explicado que la aplicación de la ZAS “supone cumplir con un mandato judicial”. De hecho, Mundina ha señalado que “el Ayuntamiento aprueba de forma definitiva la ZAS de Russafa, después de la mediciones realizadas y de las resoluciones judiciales, y tras someter también a exposición pública las medidas y abrir un plazo de alegaciones”.

Las alquerías abandonadas podrán ser hoteles rurales o apartamentos turísticos. Las zonas de huerta más degradadas, aparcamientos disuasorios vinculados al transporte público. Las zonas con mayor protección, “huertos de ocio” o sociales. Incluso cabe, en las zonas en desuso, construir una hípica. Son algunos de los detalles del plan que el PP proyecta para la huerta de València, que arranca su exposición pública.

El Ayuntamiento de València aprobó este jueves someter al proceso participativo la memoria para adaptar el plan municipal al plan aprobado por la Generalitat Valenciana, que modificó la ley de la huerta con los votos de PP y Vox. El equipo de gobierno de María José Catalá —con cuyo voto también se aprobó en las Corts dicha modificación— asegura que el proceso busca el encaje jurídico de las normas que regulan los usos de la huerta y de las infraestructuras agrícolas. En la práctica, la norma hará compatible el uso turístico y deportivo de espacios en huerta protegida. “Abre la posibilidad de la recuperación de huerta abandonada y de las alquerías y viviendas agrícolas”, apuntó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en la presentación del proceso.

El plan prevé distintos niveles de protección de la huerta, con medidas más o menos restrictivas. Este puzzle normativo es ya una seña de identidad del gobierno de Catalá, que habla de niveles de “candados” para los apartamentos turísticos y divide las ZAS de Russafa por calles. Una fórmula que crea confusión en los procesos de análisis y participación ciudadana.

Aún así, en la zona más protegida se permitirán usos terciarios (restauración, alojamiento turístico rural y venta directa de los agricultores locales) en construcciones tradicionales con la condición de que la superficie libre de parcela se destine al cultivo y se mantenga en buen estado.

La propuesta ha encendido las alarmas de los colectivos que luchan por la conservación del territorio. Per l'Horta destaca la posibilidad de facilitar la implantación de alojamientos turísticos, hostelería y otras actividades terciarias en plena huerta, “en un momento en que la ciudad ya sufre una fuerte presión turistificadora”. Según denuncian, “la experiencia acumulada en los últimos años demuestra que estas actividades comportan problemas de movilidad, incremento del tráfico privado, aparcamientos improvisados, saturación de caminos”.

En el pleno, el PSPV ha defendido que el plan municipal podría ser “más restrictivo”. Es “una amalgama de usos que no tiene que ver con la huerta productiva”, ha replicado Elisa Valía.

En compromís, Sergi Campillo ha denunciado que “es una adaptación regresiva”, “un desficaci”. “Vamos a turistificar también la huerta”, ha criticado el concejal, que ha insistido en la inconveniencia “de abrir la puerta a nuevos usos y a la transformación de un espacio clave para la soberanía alimentaria y el equilibrio ambiental de València”.

En el pleno han participado agrupaciones vecinales y entidades sociales, muy críticas con el modelo planteado, que han pedido retirar la propuesta y presentarán alegaciones.

“Revitalizar no es especular”

El edil de Urbanismo, Juan Giner, ha insistido en que “revitalizar no es especular”. Defiende que la huerta degradada sea compatible con otros usos para recuperarla. El edil aseguró que las medidas se aplican únicamente a la huerta más degradada de la periferia metropolitana, indicada en el PAT como zona H3, y ya estaban vigentes desde 2018. “Esta adaptación no rebaja ni un ápice la protección de la huerta de València. Lo que sí hace es abrir la posibilidad de recuperar alquerías y viviendas tradicionales para darles un uso vinculado con el cultivo de las tierras y con su conservación”, apuntó el edil de Urbanismo.

La Unió Municipalista, la confederación de partidos independientes, ha formalizado este jueves frente a Les Corts Valencianes la entrega de las firmas para impulsar la reforma de la Ley electoral valenciana a través de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La entrega se ha efectuado de manera oficial coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria en la cámara autonómica. En total, se han presentado más 11.000 firmas, más de los apoyos exigidos por la normativa (10.000) para llevar la propuesta a debate parlamentario. La propuesta plantea reducir el listón electoral del 5% al 3% y que el cómputo de votos se realice a nivel provincial y no autonómico para avanzar hacia un sistema más justo, representativo y que refleje mejor la pluralidad política y territorial.

La entrega formal de las firmas ha contado con la presencia del alcalde de Ontinyent y coordinador general Unión Municipalista Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputación de València y coordinadora provincial Unión Municipalista, Natalia Enguix; David García, alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista y Toño Carratalá, alcalde de Alberic y director general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. En las puertas de Les Corts, han estado acompañados por representantes de diferentes formaciones políticas municipales que integran esta plataforma venidos de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

Antes de la entrega de las firmas, y ante los medios de comunicación, el alcalde de Ontinyent y coordinador general de la Unión Municipalista, Jorge Rodríguez, ha señalado que “lo que pretendemos es acabar con una anomalía democrática y tratar de que el voto de la ciudadanía tenga su reflejo en Les Corts. Una anomalía democrática que existe solo en la Comunidad Valenciana y en pocos territorios más y que hace que exista una infrarrepresentación del voto ciudadano: Tenemos una necesidad luchar contra la desafección ciudadana, que muchas veces ve como su voto no obtiene nunca representación. Para nosotros esta iniciativa ya ha sido un éxito porque nos ha permitido conocer mejor realidades que para nosotros son importantes. Y el hecho de que Les Corts debatan un asunto como la barrera electoral, para nosotros ya es positivo con independencia del resultado, que lógicamente deseamos que sea el que pretendemos y por el que estamos trabajando”.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Unión Municipalista, David García, al exponer que “la reforma de la ley electoral es una deuda pendiente con la ciudadanía, que va en la línea de asegurar que haya una representatividad más acorde a la diversidad de nuestra sociedad, para garantizar el principio consagrado en la Constitución Española del pluralismo político”. García ha incidido en que con esta modificación se quiere garantizar una mejor representación tanto de las provincias como de los diferentes grupos políticos en el Parlamento valenciano.

Esta petición sitúa a la Comunitat Valenciana en la línea de otras ocho comunidades autónomas —País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León— que ya cuentan con un umbral del 3%, lo que evidencia que la propuesta es un acto de normalidad democrática.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, ha recordado que esta reivindicación ya fue motivo de debate institucional, puesto que el Pleno de la Diputación de Valencia ya instó formalmente a la Generalitat a rebajar el umbral electoral al 3%. Tanto el PSPV como Compromís votaron a favor, Vox en contra y el PP se abstuvo. Enguix ha comentado sobre las conversaciones que mantuvo en su día con los populares que le trasladaron que había que estudiar “la situación, hasta qué punto eso podía beneficiar al resto de partidos y no perjudicar al resto”.

Además, ha remarcado que “con la entrega de las firmas, estamos más cerca de lograr una democracia real. Ahora mismo hay ciudadanía que tiene menos valor en función del territorio donde vive. Ha llegado el momento de abrir las instituciones a la pluralidad y poner fin a las reglas que solo benefician a los de siempre”.

El gobierno de María José Catalá esconde a su concejal de Grandes Proyectos, grabado ofreciendo plazas de empleo público a trabajadores del Consorcio Valencia 2007, un proceso que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El edil José Marí Olano, que ha sido denunciado por Compromís y el PSPV tras la publicación de las conversaciones por parte de elDiario.es, no ha respondido a las preguntas de la oposición en el pleno municipal, donde le acusan directamente de “amañar” las plazas y “liar” a otras concejalas para colocar a empleados.

Los audios publicados por elDiario.es apuntan que el edil avisó a los trabajadores del Consorcio de convocatorias de empleo público y les invitó a presentarse. Solo cuatro lo hicieron: dos en la Autoridad Porturaria de Valencia, que obtuvieron el puesto y se presentaron también en la Fundación Deportiva Municipal, y un tercero en Visit Valencia. Anticorrupción ha abierto diligencias por la denuncia contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, las concejalas de Deportes y Turismo y la alcaldesa.

El grupo popular ha decidido que en lugar del concejal señalado respondiera a la oposición el portavoz del PP en València, Juan Carlos Caballero. El edil, el favorito de María José Catalá para salir al ataque ne en las cuestiones complejas, ni siquiera ha mencionado a Marí Olano o el contenido de las grabaciones en las que informa a los trabajadores de las plazas que van a salir, y les ofrece “hablar en privado” sobre los requisitos. En su lugar, ha cargado contra el 'caso Ábalos' y escándalos del PSOE en el Gobierno central y ha acusado a la oposición de causar el problema de La Marina de València, el germen de la investigación.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, quien llevó las plazas a la Fiscalía Anticorrupción, ha recordado que trabajadores del Consorcio fueron a una notaría y adivinaron quién ganaría las plazas del Puerto. Apunta que “el señor Olano, que no ha firmado ni un solo papel, lía a las concejalas” Rocío Gil y Paula Llobet para que los organismos convoquen unas plazas vacantes. Robles ha insistido en una cuestión que también se muestra en los audios: las plazas en la empresa de vivienda municipal, Aumsa, que finalmente no salieron. En las grabaciones, el concejal Marí Olano apunta que está “insistiendo” a la gerente de la empresa pública para que salgan esas convocatorias. A Juan Giner, responsable del ramo “no lo liaron” para convocar esas plazas, señala Robles.

La edil valencianista ha recordado que hay un informe de la Intervención General que cuestiona el proceso de contratación en el Puerto. Y ha hecho referencia a las últimas informaciones publicadas por este diario: Correos internos apuntan que la presidenta del Puerto de València elaboró las bases de las plazas investigadas por Anticorrupción. “La presidenta del Port envía correos diciendo cómo tienen que ser las plazas”, ha relatado Robles, que considera que es “tráfico de influencias”. “Hay que investigar hasta el alcantarillado”, ha sostenido. Los valencianistas piden una comisión de investigación y el cese del concejal.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, que ha censurado que en el pleno haya un concejal “grabado amañando procedimientos de empleo público”. “Todo parte de la misma premisa: confundir el interés general con el interés privado”, ha considerado el edil socialista, que subraya que el germen del conflicto tiene que ver “con el interés de privatizar La Marina”, no tanto con los trabajadores del Consorcio. Sanjuan ha cargado contra la opacidad del edil, que es desde el pasado año responsable de contratación y no publica su agenda pública. Le acusa, en el caso del Consorcio, de “mantener reuniones secretas utilizando información privilegiada que tiene como concejal”.

El PP defiende al concejal de Grandes Proyectos, sin nombrarlo. Juan Carlos Caballero asegura que “el problema lo crearon ustedes”, en referencia a Compromís y PSPV, y les acusa de querer “colocar a dedo” a los trabajadores con una moción que presentaron en la oposición. Caballero omite en sus excusas que Compromís y PSPV abogaron por la fórmula de la subrogación a través de un ente público y mantener la gestión pública de La Marina. “Era una subrogación de todos y todas los trabajadores”, le ha recordado después Papi Robles.

En Compromís acostumbran a decir que primero el qué y luego el quién. Es la fórmula que adoptó Mónica Oltra en la negociación de los pactos con el PSPV y Podemos-Esquerra Unida para los acuerdos de gobierno. Ahora, una década después, preparando la candidatura a la alcaldía de València, en la coalición ya saben el quién, pero el cómo y el con qué condiciones son asuntos que se están enredando en un espacio político acostumbrado a profundos debates.

El quién lo sospechaban desde hace meses y lo confirmaron el pasado 28 de marzo, cuando en el congreso de Iniciativa, una de las ramas de la coalición, la exvicepresidenta aceptó el reto de encabezar la candidatura a las elecciones municipales de València. El reto implica, además de retornar a la primera línea política, sacudir las dinámicas de una coalición y sus nueve concejales que llevan tres años trabajando en hacer oposición al PP de María José Catalá, que cuenta con todo el apoyo de Génova. Y realizar un aterrizaje programado para compatibilizar el trabajo de la aclamada candidata, que no forma parte de ningún órgano de la coalición ni de ninguna institución, con el del equipo ya conformado.

En ese cómo radica la cuestión. Y en ese interrogante es en el que se están enredando las distintas patas de Compromís, incluso dentro de sí mismas. Este miércoles la coalición tenía convocada una Ejecutiva extraordinaria con un único punto: “Candidatura Valencia”. En la pasada reunión, hace tres semanas, se acordó convocar este encuentro para abordar una Asamblea que ungiera a Oltra como candidata, e invitarla a participar en la reunión, ya que no forma parte del órgano ejecutivo. Esa idea se filltró este miércoles, provocando gran expectación. La convocatoria de Asamblea es un paso necesario, ya que la Ejecutiva no puede tomar la decisión de los candidatos. De hecho, incluso cabría modificar el reglamento, como cuando se eligió a Joan Ribó como alcalde, para articular el mecanismo que aupara a Oltra.

Pero en las últimas horas la cosa ha ido cambiando, según apuntan fuentes de Iniciativa, el partido en el que Oltra milita. Según estas fuentes, este mismo miércoles la portavoz en València, Papi Robles, trasladó al equipo de Oltra que el órgano no iba a formalizar la petición de encabezar la candidatura, sino “tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura”. La exvicepresidenta, que no forma parte de este órgano, decidió finalmente no asistir, al considerar que las cuestiones internas no le competen.

La decisión ha pillado por sorpresa a los integrantes de la Ejecutiva, que esperaban a la exvicepresidenta. . Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan que el objeto de la convocatoria era algo indefinido, aunque desde Més negaron rotundamente que la reunión se hubiera convocado para decidir sobre la exvicepresidenta. Este miércoles, antes de la reunión, un dirigente de Iniciativa enmarcaba el encuentro en la normalidad del trabajo de la coalición, y recalcaba que la estrategia es remar conjuntamente, encajar el trabajo dentro y fuera del hemiciclo.

“Un espacio cómodo”

Tras la reunión, la portavoz en València, Papi Robles, ha trasladado que la coalición busca la fórmula orgánica para aterrizar la candidatura, que nadie discute. “Queríamos crear un espacio cómodo para que [Oltra] viniera y recibirla en la propia Ejecutiva pero finalmente no ha podido ser así”, ha apuntado.

“Hay días en que los diálogos no llegan a buen puerto pero al día siguiente volvemos a empezar. Reiteramos el afecto y le trasladamos a Mónica que reconocemos su valentía y su entrega y que la queremos con nosotros. Nuestro liderazgo está claro”, ha subrayado.

Una sacudida en la coalición

El desembarco de Oltra sacude los equilibrios en una coalición que se compone de tres patas (Més, Iniciativa y Els Verds) y un grupo de militantes de la propia marca, Gent de Compromís. En el último ciclo electoral, la rama ecofeminista que lideraba la exvicepresidenta había perdido visibilidad en detrimento de Més, la rama valencianista y mayoritaria.

En Més están Joan Baldoví, portavoz en las Corts, y Papi Robles, cabeza en el Ayuntamiento de València, además de Àgueda Micó, diputada en el Congreso, que rompió con Sumar y ha pasado al Grupo Mixto. El otro diputado de la coalición, Alberto Ibáñez, exportavoz de Iniciativa, es uno de los dirigentes más cercanos a Oltra, y decidió quedarse en el grupo Sumar. La crisis escenifica que en la coalición confluyen, al menos, dos modelos, y sirve como anticipo de uno de los debates clave en las próximas elecciones: las confluencias y la apertura de Compromís a los movimientos sociales.

En Iniciativa hay voces que piensan que Més se encontraba muy cómodo con la ausencia de Oltra, que siempre ha sido su gran contrapeso, y que ha ido engullendo la coalición. Con este panorama, se requiere de un reequilibrio. Compromís es un partido en el que todo el mundo tiene agravios. La gran incógnita será si se van a cobrar esas deudas que se consideran pendientes.