Los apoyos políticos, sociales y legales al macrovertedero de Zarra van cayendo según pasan las semanas y hacen cada vez más inviable su construcción. Además, la contestación ciudadana es cada vez mayor, como quedó patente en la última concentración de la plataforma opositora al proyecto, que reunió a cientos de personas en el municipio del Valle de Ayora.

El exalcalde Juan José Rubio —del partido local AEPZ— impulsó la obra junto a la empresa privada Treco Gestión de Residuos en 2017, pero la actual corporación, liderada por el socialista Raúl Martínez, rechaza su construcción y deja el proyecto herido de muerte. Juan José Rubio argumentó en su día, según el acta del Ayuntamiento a la que ha tenido acceso elDiario.es, que los terrenos sobre los que se construiría la planta de residuos estaban “echados a perder” y que podría “reportar beneficios importantes al municipio”. “Se prevé la creación de unos treinta puestos de trabajo. Salvo el personal técnico, se va a procurar que se contrate a personal de Zarra. Se prevé la revisión del Convenio cada cinco años”, refleja el acta del pleno que aprobó el convenio.

El actual alcalde explica que, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de julio de 2026, el equipo de gobierno fijó claramente su posición respecto al proyecto: “Zarra rechaza la implantación del vertedero en los términos planteados, un posicionamiento que ya ha sido trasladado por los cauces institucionales correspondientes”, en referencia a la Conselleria de Medio Ambiente, que es la que está elaborando el informe de impacto ambiental. Fuentes de la conselleria explicaron a este periódico que, con la oposición del consistorio, era muy difícil que prosperara el proyecto. De hecho, el PP de la Comunitat Valenciana, que sostiene al Gobierno de Pérez Llorca, se pronunció esta misma semana contra el macrovertedero.

Raúl Martínez recuerda que el actual concejal Juan Carlos Escudero formaba parte de aquel ejecutivo local en 2017, como representante de AEPZ (Agrupación de Electores por Zarra), formación que actualmente corresponde a JPZ (Juntos por Zarra), de la que hoy es portavoz en la oposición. “Cabe destacar que en 2017 ninguno de los miembros del equipo de gobierno que hoy gestiona el municipio formaba parte de aquella corporación municipal que rubricó la aprobación de dicho convenio. Por tanto, mientras el gobierno municipal se ha encontrado con un procedimiento iniciado años atrás, quien hoy ejerce la oposición sí estuvo presente en la decisión que dio origen al expediente”, denuncia el alcalde.

Para el socialista Raúl Martínez, resulta “llamativo” que quien en 2017 participó en la aprobación de un convenio favorable a la instalación de este vertedero “pretenda ahora trasladar la responsabilidad al gobierno municipal, cuando los hechos demuestran que esta corporación ha tenido que afrontar un procedimiento iniciado con anterioridad y ha actuado defendiendo los intereses de Zarra, rechazando el proyecto en los términos planteados”. “El equipo de gobierno ha asumido la responsabilidad de gestionar esta situación heredada, actuando desde el primer momento con transparencia y trasladando su oposición al proyecto al considerar que no responde al modelo de municipio que se quiere construir para Zarra”, añade.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes conocedoras del procedimiento, si el Ayuntamiento de Zarra no concede una nueva licencia de obras, porque la actual no estaría en vigor, la empresa no podría impulsar el macrovertedero. Esa licencia estaría desactualizada, según las mismas fuentes, y necesitaría ser refrendada una vez más por el pleno del Ayuntamiento de Zarra, que ahora está en contra del proyecto. Esto dejaría a la promotora sin una de las autorizaciones necesarias incluso en el improbable caso de que la Conselleria de Medio Ambiente aprobara la declaración de impacto ambiental.

El Ayuntamiento de València tiene un gran atasco en el padrón, una falta de recursos que está afectando a la población más vulnerable. El sistema de empadronamientos especial registra un retraso notable en la tramitación de los expedientes, con casi 6.000 solicitudes en cola, incluso una de ellas desde el año 2024. Solo entre los meses de enero y mayo de 2026, el consistorio ha recibido 4.816 peticiones, frente a las 5.800 de todo 2025. En paralelo, el consistorio ha dado de baja a más de 7.000 personas extranjeras por irregularidades en el censo o no cumplir los trámites, tal como informó elDiario.es.

Según los datos trasladados por Compromís, que proceden de una respuesta del Ayuntamiento, el municipio ha recibido más de 15.000 solicitudes de empadronamiento especial en tres años. Este sistema engloba el censo de vivienda precaria, personas que residen en vivienda sin autorización, sin poder justificar la residencia con contrato de alquiler, personas sin hogar o personas sin domicilio fijo.

La coalición denuncia un bloqueo en este sistema, que resulta clave para acceder a prestaciones básicas: “Detrás de cada expediente encallado hay una persona que no puede pedir hora al médico, matricular a su hija en un colegio o solicitar una ayuda”, señala la concejala Lucía Beamud. De las 15.774 solicitudes de empadronamiento especiales realizados desde el año 2024, solo 2.296 han acabado en una inscripción efectiva al padrón, mientras el resto ha sido archivadas (3.145), desestimadas (4.516) o sin respuesta (5.817).

La edil de Compromís denuncia que el padrón se ha convertido en “un muro” desde que gobiernan PP y Vox en la ciudad: “Esto no es un retraso, es una puerta cerrada en la nariz”. La concejala de la oposición aprecia intencionalidad política y “racismo institucional”: “Cuando un trámite que tendría que ser automático se convierte en una carrera de obstáculos para las personas migrantes y sin hogar, ya no hablamos de mala gestión. Hablamos de racismo institucional. Catalá ha decidido quién cuenta y quien no cuenta en esta ciudad”, apunta.

El consistorio explica en un comunicado que “entre esos expedientes hay procedimientos pendientes de subsanación por parte de la persona interesada, informes municipales de comprobación de residencia, trámites de audiencia y otras actuaciones necesarias para poder resolver. Así lo recoge expresamente la respuesta municipal”.

Asegura que no es cierto que los expedientes desestimados sean empadronamientos “bloqueados”: “Las desestimaciones se fundamentan en la falta de residencia habitual informada por los correspondientes servicios municipales, mientras que entre los expedientes archivados se encuentran procedimientos finalizados por falta de subsanación o desistimiento”.

El concejal socialista Javier Mateo ha valorado la apertura de una investigación por parte de la Agencia Valenciana Antifraude sobre un caso que, según explica el propio edil, el PSPV-PSOE ya denunció en octubre de 2024. “Nos parece pertinente que Antifraude investigue unos hechos sobre los que nosotros ya advertimos hace casi dos años y sobre los que detectamos cuestiones que no cuadraban en el expediente. Ahora exigimos al gobierno municipal la máxima transparencia y todas las explicaciones necesarias para no seguir poniendo en entredicho la gestión de Las Naves”, ha explicado en un comunicado tras revelar elDiario.es que está siendo investigado el convenio entre la fundación pública y la antigua empresa de su actual director.

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación contra un convenio firmado entre la entidad pública y la firma Encom Games SL cuando Arturo Castelló, actual gerente de Las Naves, era su propietario. Antifraude considera que existen indicios de la comisión de “infracciones administrativas graves, responsabilidad penal o contable” que le obligan abrir diligencias. Arturo Castelló era presidente de la compañía Encon Games cuando la fundación decidió firmar el convenio con su compañía.

Mateo ha recordado que los socialistas cuestionaron que determinadas actuaciones incluidas en el convenio se tramitaran mediante una adjudicación directa cuando, a su juicio y a la vista de la documentación a la que tuvieron acceso, deberían haberse sometido a un procedimiento de licitación. “Lo que queremos es que Antifraude pueda investigar hasta el final y determinar si la gestión fue correcta. El dinero público debe administrarse con absoluta transparencia, garantizando la concurrencia y la igualdad de oportunidades para todos los actores del sector”, ha señalado.

“Esperaremos a conocer las conclusiones de la investigación y, si el informe final confirma las irregularidades denunciadas, adoptaremos todas las medidas que correspondan. Y si de esas conclusiones se desprenden hechos que deban ponerse en conocimiento de la Fiscalía, acudiremos a la Fiscalía. El dinero de todos los valencianos y valencianas está para cuidarlo y gestionarlo con rigor, no para repartirlo personas cercanas al Partido Popular”, ha concluido Mateo.

Las flores no son para el verano. No las del puente de las Flores de València, que el PP de María José Catalá rebautizó como “Puente Alcaldesa Rita Barberà”, unas plantas en una zona emblemática que llevan meses marchitas y provocando críticas de vecinos y oposición.

Los adornos florales se renovaron en 2022 y cuatro años después “han agotado sus condiciones óptimas de cultivo”. Es por ello que el Ayuntamiento de València, que gobiernan PP y Vox, ha tenido que licitar un contrato para cambiar toda la plantación, los tiestos, sustratos y el sistema de regadío, que costará más de 70.000 euros a las arcas públicas.

Según figura en la plataforma de contratación del sector público, el contrato se divide en cuatro lotes y la ejecución debe llevarse a cabo durante el mes de septiembre de 2026. La adjudicataria tiene un mes para darle un lavado de cara a todo el puente, por el que a diario pasan miles de personas a pie, en transporte público, privado y en bicicleta.

Según los pliegos técnicos, la adjudicataria debe suministrar varias variedades de geranios, de cultivo joven, “compactas y homogéneas, no espigadas, con hojas de buen tamaño y coloración, sin defectos por carencias nutricionales” y con una altura de 15-20 cm y una anchura de 20 cm.

Los agraciados en el concurso son Jesús Gutiérrez Santos, una empresa de viveros en El Pontón (Valladolid), la firma Natural System Agrotech, una pyme de Córdoba y MP Irrigation, de Jávea. El contrato lo tramita el Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares, a cargo de la concejala de Vox Mónica Gil.

La edil explicó que “siguiendo los criterios técnicos, hemos decidido posponer la plantación hasta después del verano, en un ejercicio de responsabilidad y de buena gestión de los recursos públicos, ya que las elevadas temperaturas propias de la época estival comprometen la supervivencia de las flores recién plantadas”. Los socialistas consideran que es “símbolo del abandono al que [Catalá] está sometiendo a los barrios de la ciudad”, según denunció la vicesecretaria en la capital, Rosa Domínguez.

El organismo acumula críticas de los trabajadores por el abandono de grandes parques como el antiguo cauce del Túria y prepara un contrato para la privatización de parte del servicio, que tiene a la plantilla enfurecida.

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, denuncia que el gobierno de PP y Vox “ha estado escondiendo los datos reales de los Conciertos de Viveros” y que solo se han conocido ahora “porque el Síndic de Greuges ha exigido facilitarlos de acuerdo con las leyes”.

Según los datos oficiales, remitidos por la concejalía de Fiestas y Tradiciones (VOX) y hasta ahora ocultos a la ciudadanía, los Conciertos de Vivers 2026 han registrado únicamente 33.626 entradas vendidas, una cifra que confirma un desplome de cerca del 40% respecto a 2023, último ciclo programado por Compromís, cuando el ciclo superó los 55.000 asistentes.

“Cómo sospechábamos, el gobierno de Catalá ha escondido estos datos para ocultar el fracaso de su política cultural, cargada de censura y sectarismo” explica Fuset quien considera que los datos “son un apunte más de la decadencia a la que han llevado una Feria que ya no es Grande ni de València a pesar de gastarse más de 2.000.000 de euros en ella, la mitad en contratos a dedo”.

El concejal valencianista ha advertido, además, que los datos facilitados presentan dudas, por lo que “no podemos dejar de sospechar que, después de hacer una nota oficial de balance sin cifras y esperarse en agosto para darlos cuánto mucha gente está de vacaciones, los datos puedan estar maquilladas para intentar disimular un mayor desastre”, ha señalado.

De la lectura de los datos para cada uno de los conciertos se comprueba que sólo en dos ocasiones de los 18 conciertos programados, se vendieron entradas suficientes para llenar el recinto, y en los otros dos conciertos más concurridos se vendieron prácticamente la mitad de las 5.000 entradas a la venta, El resto de los conciertos vendieron muy por debajo del aforo, de hecho, la media de los conciertos está solo en el 35%, y en al menos cuatro casos no se llegó a las 1.000 entradas vendidas, con conciertos donde apenas superaron la cifra de 500, un 10% del aforo.

A esta situación se suma el aumento del peso de las invitaciones: más de 4.000 accesos a los Conciertos de Vivers corresponden a personas invitadas, un hecho que para Compromís corresponde a “una estrategia para intentar maquillar la escasa asistencia a unos conciertos que PP y VOX han llevado a la decadencia más absoluta”.

Fuset ha vinculado directamente el desplome de las cifras con el cambio de modelo cultural impulsado por el gobierno de Catalá. “Han sustituido un modelo de éxito, plural y arraigado en la ciudad, por un modelo ideológico, excluyente y sectario, absolutamente impropio de una supuesta Music City. Cuando censuras y recortas la cultura, el público también desaparece”.

En este sentido, el concejal de Compromís ha denunciado de nuevo la censura total del PP y VOX a la música en valenciano de los escenarios de Vivers. “No solo han vuelto a vetar el valenciano, también han excluido casi completamente a los artistas valencianos que cantan en otras lenguas y que conectaban con el público local.”

Fuset ha recordado que, en ediciones anteriores programadas por Compromís, muchos grupos valencianos conseguían hacer “sold out” con plenos absolutos, en contraste con “cancelaciones como la de Bertín Osborne que se ha repetido este año con Septeto Carey, donde un correo de los promotores confesaba que sólo se habían vendido 100 entradas”.

Fuset lamenta que a la censura y el recorte de diversidad también se sume “una política de precios públicos muy elevados que no es propia de conciertos cofinanciados por el Ayuntamiento. Si a esta realidad le sumas la total desaparición de los conciertos gratuitos que antes se programaban a la Gran Feria de València, la realidad es que con Catalá, en València la música se paga cara y se apaga”.

Fuset ha remarcado que esta deriva no es casual sino estructural puesto que, en su opinión, “están convirtiendo València en un desierto cultural con menos diversidad, menos música propia y menos público. Más propaganda y más censura, pero menos cultura y la voluntad clara de esconder la realidad mientras hablan de un gran éxito en notas de prensa oficiales tan manipuladas que dan vergüenza”.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València contrata a dedo por medio millón de euros a un despacho de abogados para reclamar a Indra una app que no se desarrolló a tiempo. El Ayuntamiento que dirigen PP y Vox llevará a Indra a los tribunales por no desarrollar en plazo la aplicación 'ciudades conectadas', un proyecto con otras capitales españoles financiado con fondos europeos, y le reclama 9 millones de euros. El valor del contrato es de 500.000 euros, un 5,6% de la cuantía estimada total del procedimiento judicial, que podrían ascender a los 800.000 si el caso llega a segunda instancia. El contrato se limita a la asistencia prejudicial y a la primera instancia.

El consejo de Administración de la empresa pública adoptó la decisión el pasado 24 de julio, en una sesión extraordinaria tras retrasarse por las dudas de una concejala del PSPV. La socialista Elisa Valía, miembro del órgano de la empresa pública, pidió un informe jurídico que motivara el procedimiento excepcional, que supone saltarse la ley de contratos del sector público para realizar el encargo a la firma Andersen Tax Legal Iberia. El contrato, según la propia firma pública, podría alcanzar los 800.000 euros.

El consistorio apunta que escoge a esta firma porque “asesora a la agrupación de municipios en el contrato de asesoría jurídica dependiente de la ciudad de Fuenlabrada, con lo que la propia firma no es ajena al proyecto ”Ciudades Conectadas“”. Tiene experiencia y ya ha prestado servicios a la EMT de València, dice el informe, en los cuales su “ejecución ha sido plenamente satisfactoria y se han desarrollado con una dedicación y una profesionalidad notables por parte de la firma”.

En el informe, analizado en el consejo que dio el visto bueno al contrato, la empresa pública que dirige el concejal Jesús Carbonell alega falta de medios propios para llevar a cabo la asistencia letrada y asegura que el proceso de contratación en estos casos queda excluido de la ley de contratos del sector público. Para ello, escoge el trabajo de un catedrático del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, un informe de Aragón y una sentencia del TJUE. La EMT argumenta que sus servicios jurídicos se centran en la gestión ordinaria de la empresa y el pleito que ahora se pretende iniciar “requiere una dedicación muy importante en horas de trabajo, lo cual resulta incompatible con que dicha dirección técnica se ejecute con los medios internos de EMT”.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que es mejor realizar una “completa y adecuada motivación de las razones que determinan la selección del prestador de los servicios”, que “la solicitud de una pluralidad de ofertas que resultarán, como se apunta más adelante, de muy difícil valoración”. La empresa pública argumenta que “el hecho de pedir varias ofertas a varias firmas y que dichas ofertas sean elaboradas con las debidas garantías, hubiera supuesto un número elevado de reuniones, de gestiones para exponer el asunto a diferentes equipos”, y que se hubiera retrasado demasiado la gestión.

Asimismo, “se entiende que en las contrataciones de esta naturaleza en las que la norma de contratación pública no debe aplicarse, tampoco deben valorarse las reglas de competencia, por lo que, si existe una motivación suficiente para ello, se puede tramitar el expediente con la solicitud de una única oferta”.

El asunto es “sumamente complejo” y el expediente tiene más de 180 documentos, prosigue el informe, que detalla que se debe analizar el contrato de Indra con la EMT, la penalización impuesta al Ayuntamiento por el retraso, pero también el encargo de gestión del ayuntamiento de València a EMT para que licitara este proyecto en el marco de la subvención Next Generation de la que es beneficiario el Ayuntamiento y la alianza con otras ciudades.

La empresa pública también alega una cuestión de confidencialidad: “El hecho de solicitar varias ofertas, obligaría a compartir esta información confidencial con otros profesionales” y la app que se encargó es un proceso “totalmente innovador, y las cuestiones que para él se desarrollan no tienen precedentes por lo que la tecnología a la que se tiene que dar acceso resulta confidencial”. Tampoco quiere la EMT comprometer información que se pueda usar en posteriores reclamaciones o pleitos contra la firma cotizada.

La concejala de la oposición remitió un escrito al consejo de Administración en el que manifiesta sus dudas sobre el procedimiento, y cree que no está lo bastante justificado.“Se deduce que tiempo ha tenido la EMT para solicitar varias ofertas, si en febrero de 2026, hace cinco meses, ya inició acciones relacionadas directamente con la reclamación, pero que, sin justificación suficiente, eligió ya hace unos meses a Andersen Tax & Legal Iberia SLP”, señala.

En los sesenta lo llamaban el “barrio chino” de manera despectiva, para designar unas calles con problemas de prostitución, marginalidad y drogas. Pegado a la antigua muralla y en pleno centro histórico, las calles serpenteantes y estrechas lo convirtieron en el lugar para actividades ilícitas. En las dos últimas décadas, Velluters, la antigua zona textil de València, había logrado recuperar su nombre original en el imaginario de la ciudad, hasta que desde hace unos meses ha vivido un rebrote de delincuencia, que se atribuye a la salida de prisión de una conocida 'madame' al barrio.

Los vecinos denuncian un repunte de problemas de drogas y de prostitución, que atrae broncas y peleas. Señalan que puede haber medio centenar de prostitutas en las calles, muchas de ellas con problemas de drogodependencia, y un buen grupo habitual de personas que compran y consumen drogas en la calle en los mismos locales. “Bajas de casa y te topas con personas que se drogan en el portal”, comenta un vecino, que señala que están hartos de las peleas nocturnas que se han vuelto habituales. También se han dado varios robos en la zona, relacionados con la compra de drogas, en una espiral de marginalidad que se va incrementando. El vecindario lleva meses realizando denuncias públicas por varias vías: a la Policía, al Ayuntamiento, a los medios y en sus propias redes. “El barrio ahora da miedo”, señalan este vecino en conversación con elDiario.es.

El Ayuntamiento comunicó que el pasado martes la Policía Nacional realizó varios registros y detuvo a nueve personas, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, sin mayor detalles sobre la investigación judicial. En el operativo participó la Policía Local, que según el consistorio encontró viviendas troceadas en habitaciones individuales, todas ellas con lavabo y algunas sin ventanas ni zonas comunes. Las viviendas “presentaban un notable estado de falta de higiene y salubridad, con acumulación de enseres y objetos, presencia de pipas para el consumo de sustancias estupefacientes, botellas de bebidas alcohólicas y una plaga de cucarachas”. Se encontraron a 14 personas en dos pisos, sin contrato de arrendamiento, que pagaban alquiler en mano por días o meses.

Los problemas se concentran en las calles Viana y Balmes, donde se ven colas en los pisos antes de que caiga el sol. Ya en febrero, la asociación vecinal Amics de Velluters denunció “colas de puteros” a diario. “El aumento progresivo de la prostitución en la vía pública ha venido acompañado de peleas, gritos, altercados y comportamientos incívicos constantes, como los orines reiterados en portales de viviendas habitadas”, señalaron los vecinos. La Policía Local tiene una patrulla fija mañana, tarde y noche, pero los vecinos lo consideran insuficiente. Vistas las circunstancias, la acción en el barrio requiere de un plan integral.

El Ayuntamiento de València instala dos toldos en dos plazas de la ciudad ante los episodios de calor extremo de este verano. La respuesta ante las olas de calor continuas que asolan la ciudad de València y se han cobrado la vida de 25 personas mayores este verano, es, por el momento, la instalación de dos sombrajes en Plaza España y en Plaza América. Catalá prometió en el debate sobre el estado de la ciudad, el pasado septiembre, un plan con más zonas de sombra y refugios climáticos, que hasta la fecha son una red escasa de centros municipales.

Para la oposición, que recibió fuertes críticas cuando en el mandato anterior se instalaron los toldos en la Plaza de la Reina, la medida es un parche. Los populares fueron especialmente duros con el coste de la instalación y su retirada, de unos 100.000 euros anuales, y prometieron un plan nuevo a su llegada al consistorio.

Para Rosa Domínguez, vicesecretaria general de los socialistas de la ciudad de València, la considera insuficiente: “Los valencianos y valencianas no necesitan parches, sino una estrategia real para adaptar la ciudad al cambio climático”.

Los socialistas han denunciado que el ejecutivo del PP pretende combatir las olas de calor con actuaciones puntuales mientras continúa impulsando un modelo urbano que incrementa las temperaturas y hace de València una ciudad cada vez menos habitable: “Los toldos pueden aliviar puntualmente el calor, pero no resuelven el problema. La solución pasa por plantar árboles, recuperar espacio verde y dejar de convertir València en una isla de calor”, apunta Domínguez.

En la misma línea, Compromís acusa a Catalá de “esperar a que llegue el invierno” como único plan contra el calor y advierten: “El calor mata, y lo hace más cada año”. El concejal de Compromís Pere Fuset ha cargado especialmente contra los refugios climáticos actuales, que ha definido como “propaganda” cuando apunta que se trata de bibliotecas cerradas en verano o con horarios reducidos.

Desde Compromís proponen un paquete de medidas para refrescar la ciudad, entre ellas un plan real de plantación de arbolado con criterios climáticos y toldos provisionales mientras estos crecen, la implantación de piscinas portátiles y zonas de baño temporales o la ampliación de los horarios de piscinas municipales para que se adapten a las horas de más calor.

“Necesitamos horarios de piscina, no horarios de oficina”, ha reclamado Fuset que cierra la intervención advirtiendo que la inacción municipal también es una decisión. “El calor no es un debate político sino una realidad ante la cual solo caben dos opciones: proteger a la gente o abandonarla”, ha manifestado.

El concejal recuerda que estas propuestas ya se presentaron hace un año y que el anterior gobierno de Joan Ribó había empezado a aplicar medidas similares, como la red de refugios climáticos o la transformación de asfalto en zonas verdes, un camino que asegura que el actual equipo de gobierno ha paralizado.

El Ayuntamiento de València tiene un serio problema con la transparencia. El consistorio que dirige María José Catalá acumula quejas del Síndic de Gregues, el defensor del pueblo valenciano, por no publicar información sobre sus concejales en los canales previstos. Ni informa sobre las empresas con las que trabaja el concejal de contratación ni el portavoz de Vox, ni sobre los desplazamientos en coche oficial de la alcaldesa, ni sobre los viajes que hace la concejala de Turismo a cargo de una fundación pública.

Esta última cuestión, que atañe a la edil Paula Llobet (PP) y a la Fundación Las Naves, ha provocado el enésimo reproche del Síndic, que reclama que publique un listado con todos los viajes de los años 2024, 2025 y 2026 en el portal de transparencia. Llobet preside la fundación dedicada a la innovación, y como responsable de turismo realiza numerosos viajes al año. Los que corren a cargo directamente del consistorio se publican en su página web, pero no hay información de las acciones que realiza con la fundación pública. El portal de transparencia de Las Naves tiene información sobre contratación, presupuestos y patrimonio, pero no un detalle sobre dietas, desplazamientos u otros gastos. En las cuentas anuales de 2025 aparecen 10 referencias a viajes (“número de actuaciones de posicionamiento internacional para la captación de fondos. Formatos que implican viajes a encuentros nacionales o internacionales”), pero no se especifica quién los ha realizado ni su coste.

El concejal de Compromís Pere Fuset, quien denunció ante el Síndic la opacidad, señala que se han realizado viajes institucionales a Singapur, Dubái, Silicon Valley o Medellín, sobre los que el gobierno no ha facilitado información detallada pese a las solicitudes de Compromís.

Para Fuset, la reclamación del Síndic confirma que existe “un grave problema de fondo en la falta de transparencia del equipo de gobierno de Catalá sobre el uso del dinero público”. En este sentido, el concejal de Compromís ha subrayado que el derecho de acceso a la información es “una herramienta básica de control democrático” y ha advertido de que “cuando un gobierno oculta datos sobre el uso de dinero público, está debilitando las instituciones y sembrando las sospechas”.

El concejal de Compromís pidió al Ayuntamiento los gastos de la fundación agrupados por fecha y destino, además del objeto del viaje y sus gastos relacionados. El Ayuntamiento se negó a facilitárselos porque la pregunta “no se ajusta a la vía reglamentaria” al señalar que “la iniciativa no se contrae a un viaje, una actuación o una decisión singularizada, sino que proyecta, con vocación de exhaustividad, un requerimiento global e indeterminado sobre el conjunto de los gastos de viaje de tres ejercicios presupuestarios”. En su lugar, el consistorio le ofreció a Fuset que concertara una cita en la Fundación Las Naves y mirara él mismo los expedientes de los últimos tres años.

Con todo, el Ayuntamiento defendió que “todos los gastos a los cuales se refiere la iniciativa han sido realizados en el marco de las actividades propias de la Fundación, en cumplimiento de sus fines fundacionales y de acuerdo con los principios de eficiencia, economía y control en la gestión de los recursos públicos”.

Tras la negativa, Compromís pidió amparo a alcaldía, que volvió a negar la información, y terminó acudiendo al Síndic de Greuges, que da la razón al edil. La institución considera que “si las preguntas que plantean los regidores no se responden de manera rápida, clara y congruente, este procedimiento de transparencia y control no sirve para nada, puesto que resulta imposible fiscalizar y participar en la gestión de los asuntos públicos, porque se impide injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a ejercer el cargo para el cual han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía”. Reclama al consistorio que facilite este listado al concejal de la oposición.

El código de buen gobierno del Ayuntamiento obliga a publicar de forma periódica la relación de los viajes institucionales realizados, indicando su objeto, destino, coste y justificación.

El consistorio responde al edil, en un comunicado, que no oculta nada y puede ir a buscar los documentos cuando quiera.

El Ayuntamiento de València tiene unos requisitos que pueden resultar discriminarios en las ayudas de acceso a la natalidad: cuatro años de empadronamiento mínimo para optar a un cheque de 400 euros por hijo. Y sin necesidad de aplicar el concepto de “prioridad nacional” que PP y Vox acaban de hacer ley en las Corts Valencianes.

Más de 1.500 personas han solicitado en el primer semestre de 2026 la ayuda de 400 euros por natalidad o conciliación del Ayuntamiento de València, que suponen un 18% más que en el mismo periodo que el año anterior. En lo que va de año, el consistorio ha denegado un centenar de solicitudes.

En 2025, primer año de funcionamiento del programa, el Servicio de Padrón tramitó 3.387 solicitudes, de las que 2.258 fueron aprobadas y 1.101 denegadas. Una de cada tres peticiones se desestimó. Según informa el Ayuntamiento de València, la mayoría de solicitudes se rechazan por presentar la solicitud fuera de plazo, no estar empadronado en València, no aportar la documentación requerida o mantener deudas con las administraciones públicas.

Pero, según una respuesta a la concejala de Compromís Eva Coscollá, de las solicitudes denegadas en 2025, la gran mayoría fue por no cumplir los requisitos: 789 personas quedaron fuera. Los requisitos son: 4 años mínimo de empadronamiento de uno de los progenitores, el empadronamiento del hijo o hija en València capital, no tener deudas con las administraciones públicas, no estar privado de la custodia y que el titular de la cuenta bancaria coincida con el solicitante. En 2026 se han denegado 74 solicitudes por no cumplir los requisitos y 7 por no aportar la documentación requerida.

A juzgar por los datos demográficos, que recogen que uno de cada tres nacidos en España en el último lustro tiene madre de otra nacionalidad, el empadronamiento de 4 años puede ser una barrera para estas ayudas. Compromís ha reclamado una modificación de las bases para eliminar los requisitos más restrictivos. Asímismo, desde la coalición recuerdan que a pesar de disponer de un presupuesto de 1,5 millones de euros, a fecha 30 de junio solo se han adjudicado 280.700 euros, menos del 19% del total. “Los datos del mismo gobierno desmontan su relato: hay más familias interesadas que nunca, pero el dinero continúan sin llegar a quién lo necesita”, señalan los valencianistas.

En la última resolución de concesión de estas ayudas, firmada por el edil Juan Carlos Caballero, aparecen como beneficiarios personas cercanas al PP o al Ayuntamiento de València. Entre otros, el hijo del concejal José Marí Olano o el hijo del diputado del PP y exsenador Fernando de Rosa. También han percibido la citada ayuda la propia edil de Igualdad del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, o la directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, Blanca Camarena.

València rechaza equiparar las ayudas a familias monoparentales con las de familias numerosas

Otro punto conflictivo en lo que a ayudas a familias se refiere es la equiparación de familias monoparentales con las numerosas, una cuestión que viene recogida en la normativa autonómica. El Ayuntamiento que dirige María José Catalá ha rechazado un recurso de la Asociación Madres Solteras por Elección en el que impugnaba las bases de unas ayudas a la compra de material escolar por considerarlas discriminatorias. Apuntan que los criterios de valoración no equiparan a las familias monoparentales con las familias numerosas, algo que el consistorio niega.

El ayuntamiento respondió que “el criterio de exclusión por renta se aplica de forma objetiva en función del número total de miembros computables de la unidad familiar”. Asimismo, señala la resolución que rechaza el recurso, el Ayuntamiento “no está obligado a establecer los mismos beneficios y ventajas que tengan las familias numerosas” para las monoparentales. El consistorio defiende en el escrito que las subvenciones, que son por concurrencia competitiva, “se establece una discriminación positiva tanto para las familias numerosas como para las familias monoparentales, además de otros colectivos, por ser una subvención cuyo objeto es asegurar la protección social y económica de la familia”.

Al respecto, el PSPV acusa al gobierno local de “no ayudar” a las madres solteras “porque no encajan en su concepto de familia excluyente”. “Solo así se entiende que se haya negado a equiparar las subvenciones para material escolar de las madres solteras a las de familias numerosas como le pidió la Asociación de Madres Solteras por Elección”, apunta Rosa Domínguez, vicesecretaria general del PSPV en València ciudad, que reclama una rectificación en las bases.

Las asociaciones de víctimas de la dana reclaman en el Pleno del Ayuntamiento de València la reapertura de la comisión de investigación municipal. Invitadas en representación del sindicato Intersindical Valenciana, Mariló Gradolí, Rosa Álvarez y Aniuska Dolz reclaman que “es imprescindible” para “recuperar la confianza” ciudadana en las instituciones, que se desarrolle una investigación política a fondo sobre la gestión de la dana en la ciudad, el tercer municipio en víctimas mortales. “Muchas preguntas siguen sin respuesta. Hemos sentido dolor y también desamparo”, señalan.

Las representantes de las asociaciones mayoritarias reclaman saber detalles sobre la movilización de la Policía Local de València en las pedanías y en los municipios colindantes, o sobre la ausencia de los bomberos municipales en el Cecopi -dado que participaban en el gabinete de crisis municipal-. Mariló Gradolí ha apuntado que, de la instrucción judicial y la información en los medios, “sabemos que había información suficiente sobre la gravedad de lo que sucedía” pero “continuamos sin saber por qué la Policía Local de València no fue movilizada para auxiliar a las pedanías del Sur ni a los pueblos vecinos, ni sabemos el papel de los bomberos”.

Han reclamado a los cuatro partidos con representación municipal que apoyen la moción presentada por el PSPV para reabrir la comisión de estudio e incorporar nuevas incógnitas: “Hay que investigar hasta el final y depurar las responsabilidades políticas. Reabrir es defender la dignidad de este ayuntamiento”, ha señalado Álvarez.

Las representantes de las víctimas han afeado a la alcaldesa, María José Catalá, que “ha preferido su imagen que estar al lado del vecindario”. Consideran que la dirigente popular no ha prestado atención a las pedanías afectadas (La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo), donde fallecieron 17 personas. “Se ha cerrado una comisión de investigación cuando quedaban hechos esenciales por resolver. La forma en la que se clausuró esa comisión es un error”, ha planteado Rosa Álvarez, que ha recordado que las víctimas no participaron en esta comisión.

Las portavoces también han hecho mención a los mensajes del grupo de Whatsapp municipal que la alcaldesa aportó voluntariamente a la investigación. Han valorado que el edil de Seguridad, Jesús Carbonell, planteara elevar el nivel de emergencia (aunque no era de su competencia) y han afeado el comentario del concejal Marí Olano, que bromeó con haber llamado al 112 por el susto del Es Alert. Las víctimas hablan de “falta de empatía institucional”: “Los comentarios nos provocan indignación”, ha señalado Dolz. “Tenemos derecho a saber exactamente qué se hizo, qué no se hizo y por qué. Queremos saber la verdad”, ha concluído.

La coalición Compromís reclama más viviendas públicas y una mayor cuota blindada para alquiler asequible en el PAI del Grao, el mayor desarrollo urbanístico de València en décadas. Los valencianistas han registrado esta semana una batería de alegaciones al proyecto, que rebaja la deuda que han de asumir los promotores privados por la Fórmula 1, y supondrá miles de viviendas nuevas en el antiguo circuito urbano, donde ahora hay un asentamiento chabolista.

Las alegaciones de los valencianistas buscan “corregir un planeamiento que arrastra quince años sin actualizarse” y que, recalcan, poco tiene que ver con las necesidades actuales en la ciudad. La primera alegación se centra en la reserva de vivienda protegida, que la documentación prevista por el consistorio de PP y Vox mantiene en el 15% del techo residencial previsto en la ficha de gestión del sector. La formación valencianista considera “incomprensible” que la última gran bolsa de suelo urbanizable del frente marítimo se desarrolle con los parámetros de vivienda anteriores a la actual crisis residencial y a la aprobación de la Ley estatal por el derecho a la vivienda.

Compromís reclama que el convenio urbanístico incorpore un incremento de esas reservas, una cuota específica de alquiler asequible y permanente y la distribución de las promociones protegidas por todo el ámbito para evitar bolsas de segregación. Pide también que las parcelas municipales, autonómicas y estatales resultantes de la reparcelación se destinen a alquiler público a través de AUMSA u otro instrumento público, sin enajenación a operadores privados.

Asimismo, denuncian que el gobierno de María José Catalá haya rebajado de 32 a 21,3 millones las cargas dictaminadas para los promotores, tal como informó elDiario.es. La portavoz de la coalición, Papi Robles, advierte que el documento “no concreta en qué condiciones se desarrollarán esos suelos” y reclama que queden blindados por escrito la licitación pública, los plazos de ejecución y un régimen de protección permanente y no temporal. La coalición sospecha que los solares cedidos a la EVHA puedan acabar en manos de los mismos operadores privados a los que ahora se exonera de pagar.

Los valencianistas también reclaman más zonas verdes en el desarrollo urbanístico, incluído un corredor verde, en pleno debate sobre el modelo del Boulevard García Lorca. Así, piden aumentar los espacios libres de nueva creación, reducir la superficie viaria en favor de parques y arbolado, y concebir el futuro Delta Verd como una infraestructura continua que enlace el Jardí del Túria, el Parc de Desembocadura, la Marina y los barrios marítimos.

En materia de movilidad, la formación considera “inconcebible” se proyecten carriles bici de 2,5 metros o inferiores, alcorques de menos de cuatro metros cuadrados y aparcamientos en batería sin protección arbórea. Reclaman rediseñar la prolongación del passeig de l'Albereda como “un gran bulevar verde peatonal y ciclista, excluyendo el tráfico rodado”, y transformar la avenida de França y el carrer d'Eivissa en ejes cívicos de conexión entre el Grau, Natzaret, la Marina y el futuro Parc de Desembocadura,“ ahora que la desaparición de la barrera ferroviaria del Canal d'Accés modifica por completo su función urbana”. A ello suma criterios de diseño bioclimático, pavimentos permeables, drenaje sostenible y sombra suficiente para convertir esos espacios en refugios climáticos reales, además de una reducción del número de plazas de aparcamiento previstas.

Que en València se ha desmadrado el turismo es algo que sabe y sufre prácticamente cualquier vecino de la ciudad. La capital ha vivido en la última década un crecimiento exponencial en visitas y en apertura de hoteles y apartamentos turísticos, un aumento que se ha acelerado desde la pandemia de covid-19. La presión turística ya ha desbordado Ciutat Vella, Russafa y El Cabanyal, y se ha ido trasladando a barrios antaño de corte más obrero.

El resultado es una ciudad en la que cada semana fluyen miles de visitantes y en la que la convivencia se ha vuelto una rara avis. Los vecinos denuncian constantemente actos de vandalismo, botellón, o comportamientos incívicos en las calles. Las redes sociales se han llenado de cuentas de denuncia que cada día recopilan casos y apuntan a una excesiva permisividad con los turistas.

Da igual si es de día o de noche: personas que sacan el mobiliario a la calle, se bañan en fuentes públicas, trepan a monumentos o destrozan el pavimento, por citar algunas de las prácticas denunciadas en las últimas semanas.

En medio del descontento ciudadano, el Ayuntamiento de València ha decidido impulsar un decálogo de buenas prácticas para el turista consensuado con la patronal hostelera, la Cámara de Comercio, organizaciones turísticas y la Federación de Asociaciones Vecinales. A través de la Fundación Visit València se ha elaborado un documento destinado a “promover un comportamiento cívico, respetuoso y comprometido por parte de quienes visitan la ciudad”.

El decálogo no es más que un grupo de recomendaciones que las entidades y comercios asociados se comprometen a difundir en sus establecimientos para hacer una llamada a la convivencia. No recoge prohibiciones concretas ni especificaciones —ni las recogidas en la ordenanza municipal ni qué monumentos constituyen parte del patrimonio—.

El documento, disponible en la web de la fundación, llama al visitante a “integrarse en nuestra forma de vivir y a disfrutar y cuidar lo que nos une: un entorno amable, sostenible y lleno de historia”. Para ello señala que se debe hacer en alojamientos reglados y mediante guías acreditados, además de respetar los espacios compartidos. Plantea además la compra en comercio y hostelería local, invita a usar el transporte público —completamente saturado y sin tasa turística que lo compense— y hace un llamamiento a mantener la limpieza y no hacer ruido en las calles. Asimismo, el consistorio pide que se mantenga una buena imagen de la ciudad en redes sociales: “No publiques comportamientos inadecuados que dañen la imagen de la ciudad y de quienes la visitan responsablemente”, recalca, para concluir con una petición de respeto a la diversidad.

La movilidad en torno al nuevo estadio del Valencia CF es sin duda uno de los grandes retos de cara a su puesta de largo en el verano de 2027. Y es que, en el entorno del centenario Mestalla, con una capacidad de 45.000 espectadores y en una ubicación mucho más céntrica y con mejor conectividad de transporte público, ya se dan situaciones de colapso, con invasión de coches en zonas verdes y peatonales en los aledaños.

La situación podría ser mucho más complicada en el coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas cuyas obras avanzan a velocidad de crucero, casi a la misma que crece la preocupación entre el vecindario de Benicalap por el efecto que puede tener los días de partido en la accesibilidad al barrio, teniendo en cuenta que se trata de un recinto de 70.000 espectadores, 20.000 más que Mestalla, con menor dotación de líneas de EMT y de Metrovalencia y en una zona donde ya de por sí cuesta encontrar sitio para aparcar.

Este fue uno de los aspectos que centraron la reunión que mantuvieron este jueves 16 de julio varios miembros de la asociación vecinal del barrio con el Valencia CF, con visita a las obras del nuevo estadio incluido, tal y como informó el club en un comunicado. Fuentes vecinales han comentado a elDiario.es que las estaciones de Metrovalencia (Beniferri, Campanar, Empalme y Florista) no están preparadas para el alud de aficionados que se avecina y que los buses de la EMT ya van colapsados a diario, sin el efecto llamada de un partido.

Las mismas fuentes comentaron que el club comparte la preocupación y que está dispuesto a arrimar el hombro dentro de sus posibilidades. Además, los representantes vecinales mostraron su extrañeza ante la aparente pasividad tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat: “Les va a pillar el toro, un año se pasa volando y habrá que hacer muchas campañas de concienciación para tratar de evitar los desplazamientos en coche en la medida de lo posible”.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Infraestructuras han asegurado a preguntas de elDiario.es que coordina junto al Ayuntamiento y Metrovalencia el dispositivo en el que EMT y Metrovalencia serán los protagonistas, al tiempo que han asegurado que está habiendo reuniones con el Valencia CF y que “poco a poco se va definiendo el sistema definitivo”. Como avanzó este diario, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tiene prevista la llegada de 16 nuevos tranvías a lo largo de 2027.

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también trabaja en el servicio que dará y en este sentido han comentado que 15 líneas llegarán hasta la misma puerta del Nou Mestalla o tendrán paradas a cinco minutos o menos de distancia andando al estadio. Son dos líneas más de las que prestan servicio cerca del campo en la actualidad. Además, han recordado que a lo largo de este 2026 y en el próximo 2027 se prevé la llegada de 94 autobuses eléctricos más.

Plan de movilidad de 2015 y obligaciones del Valencia CF

Lo cierto es que existe un plan de movilidad elaborado por el Valencia CF en el año 2015 y validado por el Ayuntamiento de València. Es el plan en el que se basan todas las medidas recogidas en los diferentes proyectos del estadio y de urbanización del entorno presentados por el club e incluso en las fichas urbanísticas aprobadas en julio de 2024 por el Ayuntamiento.

Y eso a pesar de que el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, contiene datos obsoletos por el paso del tiempo. Por ejemplo, cifra en 75.000 espectadores el aforo previsto en el estadio, habla de la línea de bus Metrorbital que ya no existe, puesto que ahora es una línea más de la EMT, y habla de una previsión de aparcamiento de 1.775 plazas “dentro del recinto”. Sin embargo, el estadio finalmente tan solo tendrá 200 y será de uso interno del club.

Las mencionadas fichas recogen los compromisos adquiridos por el Valencia CF en ese plan de movilidad (ver imagen). De hecho, advierte de que “la obtención del título habilitante de la puesta en funcionamiento que legitime el inicio de la actividad del Nuevo Estadio requerirá el previo cumplimiento de los compromisos y obligaciones” adquiridos en el plan, en concreto, “la ejecución de las medidas correctoras indicadas en el plan de movilidad para la zona B ”Corts Valencianes“ que eran responsabilidad del promotor de la caducada ATE”.

Algunos de los compromisos más destacados son, como ya avanzó este periódico, la disposición de buses lanzadera desde los principales accesos de la ciudad al nuevo estadio, un servicio condicionado a que “las zonas de aparcamiento disuasorio previstas hayan sido habilitadas por las administraciones públicas competentes”.

También, tal y como establece el plan de movilidad, “se procurará trasladar a colectivos mediante autobuses de servicio discrecional, tal y como habitualmente ya se realiza”. En este sentido, “se preverá en el entorno del estadio un espacio reservado como parada puntual para la bajada o subida de viajeros, tanto de los autobuses discrecionales como de los autobuses lanzadera, que se determinará en el proyecto de urbanización del nuevo estadio; así como la gestión inteligente de dicho espacio (reservas de franjas horarias, etc.)”.

En las obras de reurbanización del ámbito del nuevo estadio “deberá construirse el carril bici a cota de calzada, eliminando la actual acera-bici”. En esta línea, “se habilitarán espacios para guardabicis vigilados y reserva de aparcamientos en superficie para bicicletas y motocicletas”.

En las obras de reurbanización del ámbito del nuevo estadio deberán ejecutarse los itinerarios peatonales previstos: el primero por la avenida de las Cortes Valencianas, recorrería la Avda. Pío XII, cruzando por el puente y penetrando en Fernando el Católico; el segundo por Calle Nicasio Benlloch hacia Avenida de Burjassot y cruzando el cauce por el Puente de las Artes y penetrando en Guillem de Castro. Así mismo deberán contar con accesibilidad viaria todos los itinerarios peatonales que en ella se produzca y se deberán señalizar.

Convenios con aparcamientos cercanos

Si procede, se deberán establecer “convenios de colaboración con los aparcamientos de uso público cercanos al estadio, proponiendo, en su caso, medidas de gestión conjunta”. En este sentido, el plan de movilidad estima que podría lograrse “la ocupación de un 50% de las plazas de aparcamientos públicos cercanos al estadio para espectadores” con lo que se conseguiría “una capacidad de aparcamiento extra de 3.172 vehículos”.

La disponibilidad de transporte y acceso al recinto en los diferentes modos de transporte, durante los 90 minutos antes del comienzo del partido y en la salida del recinto durante los 75 minutos posteriores a la finalización del partido, se resume en el siguiente cuadro:

De este modo, el plan concluye que “la posibilidad de transporte supera el aforo máximo del estadio, establecido en 75.000 espectadores, bastando, para que se cumplan estos cálculos, que solamente una de cada cinco personas acuda andando al nuevo estadio”.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha vuelto a licitar el servicio de gestión de su canal de denuncias internas aunque con notables diferencias con respecto al anterior contrato, recientemente finalizado, que le ha acarreado un expediente sancionador que podría finalizar con una multa de hasta 1 millón de euros.

El servicio que ahora se saca a concurso contempla menos atribuciones a la empresa que lo adjudique y por lo tanto cuenta también con una menor dotación económica. Según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado se trata de un contrato con un valor estimado de 35.000 euros y un precio base de licitación sin impuestos de 15.800 euros y dos años de duración. Contempla únicamente “el suministro de la herramienta que permita la gestión externa del Canal Interno de Información de la APV (actualmente Canal Ético APV), su gestión técnica y mantenimiento”.

Como informó elDiario.es, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, abrió un expediente sancionador que podría finalizar con una multa administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.

La investigación se inició como consecuencia de una denuncia que alertó de que se habría vulnerado la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que se habría delegado a la mencionada empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.

En concreto, el objeto del contrato investigado incluía, entre otras cosas, “los servicios de apoyo jurídico, consultoría y emisión de informes en relación con la tramitación interna de las denuncias y los procesos de investigación (formal o informal) llevados a cabo por los comités o comisiones correspondientes”.

En cambio, el nuevo contrato establece claramente los límites que establece Ley 2/2023 de Protección del Informante, que permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.

Por este motivo, el pliego de condiciones del nuevo contrato establece que “en ningún caso la herramienta contratada podrá suponer sustitución, asunción o interferencia en las funciones legalmente atribuidas al Responsable del Sistema Interno de Información”. Además, añade que “la herramienta suministrada constituirá un canal seguro, confidencial, trazable e independiente para la recepción de comunicaciones, gestionado de forma externa para evitar los posibles conflictos de interés por lo que se configurará como un SaaS, garantizando las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Interno de Información (SII), sin que ello suponga, en ningún caso, la asunción por el adjudicatario de funciones decisorias reservadas en exclusiva a la APV y a su Responsable del Sistema Interno de información”.

UGT exige independencia

La Sección Sindical de UGT en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha solicitado formalmente a la dirección del organismo toda la documentación que regula su canal interno de denuncias con el fin de comprobar que cumple las garantías de independencia y autonomía establecidas por la Ley 2/2023.

La petición, registrada el pasado 7 de julio, se produce tras el análisis por parte del sindicato de distintos documentos públicos de la Autoridad Portuaria, entre ellos la resolución de delegación de competencias publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2024 y los pliegos de contratación del canal ético correspondientes a 2023 y 2026.

Según explica UGT, el estudio de esta documentación plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema interno de información y, en particular, sobre la independencia del órgano encargado de gestionar las denuncias. El sindicato recuerda que la Ley 2/2023 establece que la persona responsable del sistema debe actuar con plena autonomía respecto del resto de órganos de la entidad y sin recibir instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

El análisis realizado por UGT pone de manifiesto que el modelo implantado por la APV atribuye al Responsable del Sistema Interno de Información —cargo que ostenta el secretario general de la entidad— funciones relacionadas con la gestión del canal de denuncias, al tiempo que preside la Comisión Antifraude encargada de la instrucción de los expedientes. Asimismo, la resolución de delegación de competencias de 2024 atribuye a la Presidencia la aprobación de las funciones y la revisión de la composición de dicha comisión, según denuncia el sindicato.

“Una tienda iglú se convierte en una chabola en dos semanas”. Así de contundente se muestra Ana, una voluntaria de la ONG València és Refugi, de las pocas entidades sociales que se acercan al circuito urbano de Fórmula 1 en València. La entidad lleva meses trabajando con las personas sin hogar que se han asentado sobre el trazado urbano, que no deja de crecer desde hace meses. Cada semana hay una nueva construcción precaria, señalan.

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación al Ayuntamiento de València por este asentamiento. La institución quiere saber si el consistorio tiene algún plan para los cientos de personas que se han instalado en el trazado, donde se prevé la construcción de varios miles de viviendas en el llamado PAI del Grao. La figura equivalente al defensor del pueblo valenciano pregunta al consistorio si tiene un censo, y se interesa especialmente por las acciones acometidas en las últimas semanas, en las que se suceden episodios de calor extremo. En concreto, ha pedido un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.

La presión de las altas temperaturas preocupa a las entidades sociales. La capital tiene unas condiciones de humedad que hacen que la sensación térmica sea mayor, y ha estado en aviso rojo esta semana por altas temperaturas. En este tipo de alerta no se recomienda ni la exposición solar ni las actividades al aire libre, recomendación inasumible para las personas sin hogar. Los meteorólogos apuntan que el cambio climático también ha reducido el efecto de las brisas marinas: es prácticamente imposible huir del calor. Y las chabolas, construidas con lonas, plástico, palés o metal sobre asfalto no se asemejan en nada a un refugio climático.

“La sensación es una política de desgaste para ver si así se van solos”, explican desde la ONG, donde inciden en la preocupación ante un previsible desalojo. Si ha de entrar maquinaria para edificar, tendrán que echar a las cientos de personas que lo ocupan. La asociación denuncia el abandono institucional y la escasa intervención sobre el terreno; apenas acuden ellos, Mensajeros dela Paz y Amigos de la Calle. La asociación Alanna, focalizada en la lucha contra la violencia de género, es quien se encarga de realizar el censo para el Ayuntamiento de València.

Quién vive en el circuito urbano

Un vistazo a los datos disponibles da cuenta de la brecha entre la información oficial y lo que relatan las asociaciones. Las personas que viven como pueden en el circuito urbano apuntan que son cerca de 1.300. La ONG València Es refugi está elaborando su propio censo, en el que ha documentado por el momento 165 personas. Su mapa cartográfico ha detectado 250 chabolas, así que la estimación asciende a unas 600 personas. En algunas construcciones viven hasta seis personas, señalan en conversación con elDiario.es, donde comentan que en verano es complicado elaborar el censo porque muchos se mueven hacia la playa. Ana destaca que han encontrado también a muchas personas españolas en caravanas por la zona.

Los datos del Ayuntamiento de València divergen de esta contabilidad. El censo de vivienda precaria de Alanna, que recoge los datos del año 2025, apunta que hay 82 personas en el barrio de Natzaret y 363 en El Cabanyal, de las que más de la mitad son de nacionalidad española. La entidad sigue la división territorial asignada a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y señala que en toda la ciudad existen 1342 personas viviendo en chabolas. El circuito pasó al ámbito de competencia del Cabanyal en 2023, según una respuesta municipal.

En 2024, según el informe de Alanna, en el censo había 26 chabolas y 85 personas. Conviven diversas nacionalidades, predominando las personas procedentes del Sáhara Occidental y Argelia. Entonces se reflejaba que eran unidades unipersonales formadas por hombres, aunque ya hay varias familias. Hay al menos diez personas que perciben la renta valenciana de inclusión, según un documento municipal al que ha tenido acceso elDiario.es, que recalca que algunas personas abandonan el asentamiento para trabajar unos meses y regresan al finalizar el contrato. En el año 2025 se detectó un grupo de personas que ocupan espacios en la periferia del asentamiento, viviendo en tiendas de campaña.

El asentamiento se incluyó en el censo de vivienda precaria en 2010, con apenas cinco personas. El incremento de población se dio a partir de 2021, según indica el informe del consistorio. Fue a partir de la crisis sanitaria del COVID-19 cuando aumentan las infraviviendas y “se evidenció la necesidad de una intervención comunitaria en el asentamiento”. Aunque el informe no hace alusión, es a partir de la crisis sanitaria cuando empiezan a dispararse los precios de la vivienda en València. Ya en 2021 era complicado encontrar un piso por menos de 700 euros en la capital.

El informe apunta que existe colaboración con los servicios sociales. “Actualmente las personas que residen en el asentamiento del circuito son conocedoras de los recursos existentes. No todas ellas tienen una intencionalidad de cambio ni de asentarse definitivamente”, señala el informe del consistorio del 2024, en el que se afirma que en el año 2021 “se tomó la decisión de dejar de realizar intervención comunitaria ya que desde el equipo de intervención se comprobó que el vínculo con los servicios sociales era estrecho y conocedores de los recursos”. A priori, según detalla este informe técnico, el personal de Servicios Sociales del Cabanyal va cada tres meses al asentamiento.

Compromís exige actualizar los datos

La concejala de Compromís Lucía Beamud acudió al asentamiento la pasada semana, acompañada por la asociación. “Allí hay personas que han llegado huyendo del acoso que sufrían en el Cauce del Turia, otros trabajan y tienen nómina, pero han acabado viviendo en un asentamiento porque no pueden asumir el incremento desorbitado del precio de la vivienda. Esto evidencia que estamos ante una emergencia social y residencial que el gobierno de María José Catalá está ignorando”, denuncia la edil.

Ante la diferencia de datos, Compromís solicitó los últimos informes de seguimiento del asentamiento, que datan de marzo de 2025. “Esto es enormemente preocupante porque confirma lo que las entidades vienen denunciando: hay un aumento constante de personas viviendo al asentamiento, no existe un seguimiento adecuado de los casos de salud y tampoco se están desplegando actuaciones suficientes para proteger la población ante las altas temperaturas.” Los datos del mismo Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) consultados por la concejala de la oposición señalan que durante 2024 solo se realizaron cinco actuaciones ante las diecisiete alertas por calor extremo decretadas por AEMET. Y en 2025, hasta ahora, solo consta una actuación ante doce alertas. “Es evidente que la respuesta municipal es claramente insuficiente”, concluye.

El derribo del mítico estadio de Mestalla ya consta de un presupuesto actualizado y se deberá ejecutar o garantizar de forma obligada antes de que las parcelas se pongan a nombre del futuro comprador de los terrenos. El Valencia CF ha iniciado el proceso de venta de los terrenos mediante una subasta por la que espera obtener del orden de 150 millones de euros, un proceso que se espera que finalice a final de año o principios de 2027 a más tardar.

Por un lado, el presupuesto de la demolición así como de las obras complementarias de urbanización del entorno figuran en el borrador del programa de actuación integrada (PAI) que el club remitió al Ayuntamiento en noviembre de 2025 por medio del que solicitó convertirse en gestor del desarrollo y en futuro agente urbanizador como propietario de más de un 60% del suelo. Como avanzó este periódico, el Ayuntamiento admitió a trámite esta petición y otorgó al Valencia CF un plazo de tres meses para presentar un proyecto de urbanización definitivo.

Según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, las obras de derribo incluidas en el epígrafe “presupuesto de obras ejecución por contrata” tendrán un coste de 11,2 millones a los que habrá que sumar otros 3,6 millones de gastos asociados a la urbanización del entorno. En total, 14,8 millones de euros, una cifra actualizada a finales del pasado año (ver cuadro). El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 12 meses.

El borrador del PAI establece que “las obras de demolición del actual estadio de Mestalla correrán a cargo del titular de la parcela y su coste no podrá ser repercutido como carga de la actuación sobre los restantes propietarios de la actuación integrada”.

También correrán a cargo del agente urbanizador cuando sea legalmente designado y su coste no podrá ser repercutido como carga de la actuación sobre los restantes propietarios de la actuación integrada diferentes actuaciones de mejora del entorno. En concreto, se deberá reservar “una superficie de 1.200 metros cuadrados en la actual mediana central de aparcamiento viario de la avenida de Aragón con el fin de diseñar, proyectar y ejecutar un nuevo espacio para el uso y tránsito peatonal en el barrio de Mestalla, con el ajardinamiento, acabados, pavimentos y mobiliario urbano adaptados al entorno”.

En esta misma línea, según el mismo documento, “dado el carácter monumental del árbol situado en la mediana central de la avenida de Aragón, próximo al cruce con la av. Blasco Ibáñez, con el objeto de potenciar su presencia, a la vez que se mejora su protección y sus condiciones de mantenimiento, se proyectará y ejecutará un acondicionamiento de la zona donde se ubica el mismo, que se integrará en la futura urbanización zona A 'Antiguo Mestalla'”.

Además, el club deberá realizar un “diseño, proyecto y ejecución de la conexión, incluso ampliación, del carril bici para eliminar la discontinuidad del recorrido en el ámbito de actuación, en concreto entre la calle Micer Mascó y la avenida de Aragón”. Con el objeto de integrar la plaza del Valencia Club de Fútbol en la futura urbanización, “se proyectará y ejecutará una reurbanización de este enclave, dotándolo de acabados, pavimentos y mobiliario urbano adaptados al entorno”. Por otra parte, “con el fin de garantizar la sostenibilidad de la actuación urbanizadora, por parte del Ayuntamiento de València se realizará a tal efecto un seguimiento del proyecto de ejecución que finalmente se redacte”.

El ámbito de las obras de urbanización del programa comprenderá los siguientes terrenos dotacionales públicos circundantes con una superficie total de 69.765 metros cuadrados: “La avenida de Suecia en su totalidad, entre la calle Amadeo de Saboya y la avenida de Blasco Ibáñez; la plaza Valencia Club de Fútbol y el inicio de la calle Micer Mascó; el jardín situado entre la prolongación de la calle Artes Gráficas y la prolongación de la calle Alfonso de Córdoba; la calzada oeste de la avenida de Aragón, entre la prolongación de la calle Artes Gráficas y la calle Dr. Joan Reglà”.

Primero el derribo y después la venta efectiva de los terrenos

Por otra parte, tal y como reflejan las fichas urbanísticas aprobadas por el pleno del Ayuntamiento en julio de 2024, el club no podrá hacer efectiva a efectos de cambio de nombre la transacción de los terrenos si no ha finalizado antes las obras del nuevo estadio, la urbanización de su entorno, así como el derribo de Mestalla o, en su caso, deposita una garantía equivalente al coste de la demolición.

De esta manera el Ayuntamiento se aseguró de que el club no pudiera vender los terrenos sin terminar el nuevo estadio y sin ejecutar el derribo de Mestalla.

En concreto, las fichas establecen que una vez aprobado el programa de actuación integrada y presentado por el urbanizador el proyecto de reparcelación (situación que está ahora en trámite), serán requisitos necesarios para la aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación de los terrenos de Mestalla “que las obras de construcción del Nuevo Estadio hayan finalizado y éste se encuentre en condiciones de ser puesto en funcionamiento, así como que se hayan ejecutado las obras de urbanización del entorno del Nuevo Estadio”.

Además, se exige que “la demolición del actual estadio de Mestalla esté efectivamente ejecutada o, en su defecto, que se haya obtenido licencia de demolición para ello y constituida garantía económica por la totalidad del importe de las obras de demolición, de acuerdo con el presupuesto incluido en el proyecto de demolición para el que se haya obtenido la licencia”.

Seis edificios residenciales y la duda del hotel icónico

Según el plano de detalle, al que ha tenido acceso elDiario.es (ver imagen), los seis edificios residenciales, con entre 15 y 29 plantas de altura, darán a la avenida de Aragón y a la calle Joan Reglá y se levantarán sobre la zona comercial. En concreto, en la esquina de Joan Reglá con avenida de Aragón se levantarán tres torres de entre 16 y 22 plantas sobre una galería comercial de dos plantas; en la parte recayente en la avenida de Aragón habrá dos edificios de entre 19 y 22 plantas y una tercera en la parte más cercana a Blasco Ibáñez con entre 15 y 29 plantas, todo sobre otra galería comercial de dos plantas.

En la esquina de Joan Reglá con avenida de Suecia habrá un equipamiento público con una superficie de 1.307 metros cuadrados, en la avenida de Suecia, más hacia Blasco Ibáñez, habrá un centro de salud con la misma superficie y en el actual aparcamiento entre el fondo norte de Mestalla y Blasco Ibáñez (tras el edificio de la Confederación Hidrográfica del Júcar) un colegio con una superficie de 7.198 metros cuadrados. La parte central de la parcela, será un jardín de 24.728 metros cuadrados.

El ámbito de actuación incluye también la parcela del antiguo edificio municipal recayente a la avenida de Aragón en la que se suponía que se debía levantar un hotel icónico, según el plano, de hasta 20 alturas, con una edificabilidad de 16.445 metros cuadrados. Sin embargo, como informó este diario, la empresa HCG Levante, nueva propietaria de los terrenos, se desvinculó de la obligación de llevarlo adelante, según trasladó en un escrito de alegaciones aportado al juzgado, en respuesta a una demanda interpuesta por Libertad VCF contra la aprobación de las fichas urbanísticas.

La empresa añade que tras la caducidad de la ATE “con la extinción de la condición de promotor del Valencia C.F. decaen también los compromisos asumidos” por la actual propietaria de la parcela. Es por esta razón que, “en la actualidad, sobre la mercantil HCG Levante recae simplemente la obligación de edificación en la parcela, no la obligación de edificar un hotel icónico”. Con este planteamiento, añade la mercantil, “en dicha parcela puede construirse previa solicitud de licencia en el plazo indicado en la ficha de gestión, cualquier edificación expresamente permitida o compatible por el planeamiento urbanístico de aplicación (PGOU)”.

El Ayuntamiento de València pone en marcha la agencia municipal de alquiler, una herramienta dependiente de la empresa pública de vivienda para mediar entre propietarios e inquilinos con idea de dar “seguridad jurídica” en los procesos. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que la intención es “movilizar los pisos vacíos que hay en la ciudad, y ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios”.

Este jueves, el consistorio ha suscrito un convenio de colaboración entre la empresa municipal AUMSA (que gestionará la nueva agencia), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València, COAPIV, y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de València, APIVA. “La función principal de la agencia será conectar a propietarios e inquilinos –ha explicado la alcaldesa- alejándolos de procesos farragosos y procurando una gestión rápida y transparente”.

Según explica el Ayuntamiento, las personas propietarias interesadas en poner en alquiler su vivienda a través de esta nueva herramienta municipal firmarán un contrato de cesión por un periodo de 7 años. Desde el momento en que se alquile la vivienda, AUMSA, a través de la agencia, asegura que los propietarios cobrarán las rentas la primera semana de cada mes. Además, desde ese momento, la agencia se encargará también del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores; es decir, que la propiedad no tendrá que ocuparse de este tipo de incidencias mientras dure el contrato. Por su parte, las personas interesadas en alquilar podrán acceder a viviendas con un precio un 20% más bajo que el precio de mercado. Se trata de que el erario público haga de garante de las operaciones, mientras la ciudad sigue negándose a pedir una limitación de precios como permite la ley estatal.

Cada propietario hará cesión a AUMSA de la gestión de su vivienda, y será AUMSA quien le pagará la renta, y quien firmará el alquiler con la persona inquilina. La alcaldesa ha subrayado que desde la empresa municipal se hará un proceso de selección de los inquilinos, sin aclarar cómo se realizará: “No son viviendas de nuestra propiedad, y tenemos que cuidar de ellas”, ha explicado. “Por tanto, esto va dirigido a un público determinado, como personas jóvenes que quieren emanciparse, pero que se encuentran con un alquiler es desproporcionado; personas que son totalmente solventes, pero a las que les está costando encontrar una vivienda a un precio razonable y que no se coma un porcentaje elevado de su salario mensual”, ha subrayado Catalá. “Es un target de arrendatario totalmente identificado –ha continuado- lo mismo que el tipo de vivienda, porque para otras cuestiones o necesidades de tipo social, por ejemplo, tenemos otras medidas”, ha matizado la alcaldesa.

Catalá insiste en que “actualmente hay en València un parque de viviendas vacías bastante importante, que no salen al mercado de alquiler por ciertas reticencias de sus propietarios, o por los miedos que generan cuestiones como, por ejemplo, la inquiokupación”, aunque los datos desmienten esta afirmación. De hecho, desde la Concejalía de Vivienda se ha detectado esta circunstancia “analizando el consumo del agua en las viviendas, donde hemos detectado la cantidad de viviendas vacías que hay en la ciudad, que se refleja en el número de viviendas que no consumen agua, o apenas lo hacen, cada mes. Lo que permite deducir que hay un parque de viviendas vacío mucho más amplio de lo que parece”, ha explicado la alcaldesa.

En pleno episodio de calor extremo, la ciudad de València se va quedando sin alternativas de ocio con poco riesgo. La misma semana que se ha tenido que cerrar la piscina de Nazaret por la presencia masiva de aves, Compromís desvela un informe de los servicios municipales de Sanidad sobre el agua de la piscina municipal de Benicalap, que apunta a graves deficiencias.

El informe de Sanidad constata que se emplea agua de pozo sin tratar para el llenado de, al menos, la piscina grande descubierta de la instalación. Es agua que procede de un pozo del que es titular la Fundación Deportiva Municipal, un organismo autónomo que gestiona estas instalaciones públicas. También constata que se emplea el agua de agua de pozo sin tratar en el baldeo de la playa de las piscinas. A fecha de la inspección, realizada el 18 de junio, “no existe sistema de desinfección del agua del pozo en la caseta donde está ubicado el pozo. Tampoco existe sistema de desinfección del agua del pozo en las instalaciones de la piscina, por lo que se constata que el agua de pozo no se desinfecta antes de entrar en los vasos”.

El documento recoge que se dio traslado al responsable de la empresa que gestiona la piscina y al jefe de servicio de infraestructuras de la fundación, que se comprometió a la instalación de un equipo automático de desinfección que realizaría el tratamiento del agua de pozo. También indica que el responsable de la empresa trató de aportar justificantes de años anteriores para “ganar tiempo” con las inspecciones. Los inspectores recalcan además una actitud “agresiva” y amenazas durante los trabajos: “Se dirigió a la autoridad sanitaria de forma ostensiblemente alterada, se aproximó de manera intimidatoria, mientras elevaba reiteradamente el tono de voz con prohibición expresa a la inspección de mantener cualquier comunicación con el personal de la instalación de baño”, señala el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El informe, según denuncia Compromís, señala que la instalación tiene condición de refugio climático, “con el agravante de que los usuarios son niños y adolescentes”, que “quedan indefensos ante las actuaciones negligentes por parte del gestor de la instalación”.

Para la concejala de Compromís Eva Coscollà, “el gobierno de Catalá ha mantenido abierta una piscina municipal llena de niños con agua de pozo sin desinfectar y contaminación fecal, y aún más: lo ha permitido quien tiene la doble responsabilidad de concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal”. La concejala valencianista insiste en que Rocío Gil “se hizo la foto con la alcaldesa para presumir de piscinas renovadas y, mientras tanto, un inspector municipal acababa teniendo que llamar a la policía y pedir que se cerrara Benicalap por un riesgo grave para la salud pública, y esa es la realidad que ocultan”.

El Síndic de Greuges, la figura que encarna al defensor del pueblo valenciano, abre una investigación sobre el poblado chabolista del circuito urbano de Fórmula 1 de València. La institución que encabeza Ángel Luna abre una queja de oficio al Ayuntamiento de València por el abandono del asentamiento en la fachada marítima, que se ha incrementado en los últimos años.

El Síndic recopila información publicada por los medios de comunicación sobre las condiciones de vida de cientos de personas que habitan el antiguo circuito. Además, señala, ha recibido varias quejas formales sobre que estas personas “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y exclusión social, viéndose expuestas a condiciones de habitabilidad incompatibles con unas condiciones de vida dignas”, y enfatiza el riesgo en casos de episodios de calor extremos como los de este verano.

En este sentido, la institución abre un expediente al Ayuntamiento de PP y Vox y pregunta si se han adoptado medidas o hay algún plan para estas personas sin hogar. El asentamiento del antiguo circuito urbano es de los más numerosos en la ciudad, y ha ido creciendo desde los últimos desalojos en el antiguo Cauce del Túria. La población es variable y cambia por temporadas, pero las entidades sociales ya hablan de más de un millar de personas. Sobre estos terrenos se edificarán cientos de viviendas de lujo en el llamado PAI del Grao.

El Síndic pregunta al Ayuntamiento de María José Catalá si tiene un censo sobre las personas sinhogar, y en concreto sobre las que viven en el asentamiento. Pide además un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.