Una de las características de andar peinando canas es que los recuerdos de la infancia fluyen con mayor frecuencia; permiten recordar experiencias pasadas que, retiradas al baúl de temas inservibles durante muchos años, son recogidas ahora con una nostalgia infinita. No es necesario entrar en una fase vital menos ociosa para recurrir a estas evocaciones, pero no hay duda de que la oportunidad que da la edad para poder evadirse en gran medida de los quehaceres cotidianos, aparentemente imprescindibles, ayuda a rememorar situaciones queridas de nuestra infancia. (Por cierto, quien quiera remover sensaciones infantiles, recuerdos cariñosos, tiene una buena oportunidad con la lectura de 'Los vagabundos', de Máximo Gorki, un bonito ejercicio literario de vidas sencillas, pobres, pero sanas). 

Viene esta introducción a cuento de una reflexión ante la reciente proliferación de manifestaciones internacionales llevadas a cabo por jóvenes, incluso adolescentes, en gran parte de los países europeos (El eurocentrismo diario parece llevarnos tan solo a los conflictos en Francia, Italia, Portugal o España, pero no se debería olvidar lo ocurrido en Serbia y Albania, o anteriormente en Hungría, Nepal o Marruecos). Protestas multitudinarias que están copando las agencias de noticias en todo el mundo y que aún no tienen una explicación comúnmente aceptada. Las hay de todos los gustos, colores y afinidades políticas. Desde las que consideran que son respuestas antisistema por el deterioro de las democracias liberales, hasta quienes las demonizan con argumentos de ser los nuevos juguetes de una juventud malcriada, excesivamente protegida y carente de normas y orden. En medio de ambos extremos encontramos a una mayoría aturdida que sigue esperando mayor claridad en las propuestas movilizadoras y desmarque de quienes sólo buscan el caos social. 

En estos momentos de incertidumbre sociopolítica en muchos países del mundo occidental (recordemos cuántas naciones se encuentran inmersas en procesos electorales o que acaban de pasar recientemente por las urnas) las democracias se encuentran realmente tambaleantes. Bien por una cierta elitización de sus gobiernos, más preocupados por coincidir con los mandatos establecidos por las multinacionales triunfantes, bien por el temor real a que partidos políticos ultraconservadores dinamiten los logros obtenidos por las escasas reformas emprendidas con apoyo popular. Cualquiera de ambas razones lleva a un hartazgo generalizado, a la impotencia transformadora y, de ahí, a la protesta social. 

No es casual encontrar a la juventud a la cabeza de movilizaciones por unas subidas salariales decepcionantes, lamentando inflaciones desorbitadas, peleando por viviendas inaccesibles o trabajos desregulados. Una juventud mejor preparada profesionalmente que sus antecesoras, pero menos independiente; más protegida, cuidada socialmente, y, sin embargo, menos implicada en cuestiones de política oficial; gran consumidora de redes sociales, aunque más aislada en sus relaciones personales. Una juventud, en fin, harta de esperar hacerse protagonista, libre y con un futuro por realizar, pero que se encuentra atrapada con los grilletes de una sociedad capitalista, ajena a sus reclamaciones. El último Informe FOESSA ('Sobre Exclusión y Desarrollo Social en España', 2025), ya nos ayudó a entender que es un colectivo afectado-si no el principal- por la precariedad y la desigualdad entre generaciones, lo que le supone una gran dificultad para construir proyectos de vida. 

Esta participación de los/las jóvenes en las movilizaciones no debería desembocar en argumentos descalificatorios para quienes la centran exclusivamente en la violencia que está acompañando recientemente estas protestas por Europa. Como bien señala Sergio García Magariño (1) es mucho más preocupante la manipulación informativa que sufren que la radicalización violenta que puede ejercer una minoría. Para este sociólogo, hay cuatro ámbitos asociados a la juventud “(…) que han sido directamente afectados por la ampliación del tiempo de navegación en redes sociales, especialmente en aplicaciones instaladas en el smartphone, a saber: las formas de socialización, la búsqueda de conocimiento y de información, la vulnerabilidad ante la manipulación y el activismo social”. 

Italia, Portugal, España y, especialmente, Francia acaparan noticias de movilizaciones multitudinarias, encabezadas por jóvenes que reclaman cambiar el curso de sus vidas. Junto a ellas, junto a ellos, miles de trabajadoras y trabajadores se suman, unidos en sus proclamas por la devolución de derechos restringidos y los avances en democracia real. Pero, también a su lado aparecen elementos descontrolados (¿organizados?) que violentan las reclamaciones, opacándolas y transformándolas en actos de pillaje, destrozos y desórdenes sociales. Grupos embozados y atrapados en el oscuro y temible color negro. Personajes que, siempre en compañía, procuran el mayor daño social, frente al mobiliario urbano y comercial. Personas acríticas que han encontrado en estas movilizaciones pacíficas la transformación a la realidad de sus videojuegos bélicos, hasta ahora simplemente ficticios. Este grupo es el que me ha llevado al recuerdo infantil antes aludido. 

En nuestra ingenua infancia, alejados/as de toda reflexión crítica, el cine y la televisión (nuestros “influencers” de entonces) nos ayudaban a posicionarnos en los conflictos culturales de la época; así, nos llevaban a desear protagonizar y capitanear el Séptimo de caballería, antes que a los salvajes y despiadados sioux, o encuadrarnos en las legiones romanas en vez de en las tribus bárbaras del Norte. Una época en la que nuestras calles, transformadas voluntariamente en campos de fútbol interminable, de vez en cuando se convertían en escenarios variados de persecución en los que, como policías o ladrones, buscábamos la forma de vencer a los/as contrarios/as. En la mayoría de las ocasiones no había ningún elemento perturbador en aquellas refriegas; el simple contacto servía para “desarmar” al contrario (aunque podían aparecer circunstancialmente algún tirachinas en manos de los/as más poderosos/as). La victoria en el juego estaba clara: derrotar al enemigo por la pérdida/desaparición de su equipo. Así acababa la inocua disputa hasta la siguiente vez en que los perdedores solicitaran la oportuna revancha. Ni qué decir, que el problema era encontrar al número suficiente de amigos/as-rivales a los que derrotar. 

Rebasado el segundo milenio, aquel inocente e infantil juego de policías y ladrones parece haber transmutado en un nuevo estímulo para personas desaprensivas que prefieren utilizar movilizaciones serias, ridiculizando e ignorando los verdaderos objetivos de las mismas. Que en estas protestas en España las proclamas de estos grupos violentos hayan sido contra el fascismo -y en el caso de Bilbao, en apoyo de ETA- sólo indica que sigue habiendo personas (adolescentes en su mayoría) que desconocen el significado real de tales conceptos históricos, que desprecian el conocimiento del pasado y las terribles consecuencias que para la sociedad vasca y española trajeron. Los distintos programas diseñados para la deslegitimación del terrorismo, como aparece en un estudio de la Universidad de Deusto, tan solo consiguen llegar a un 5% del alumnado, cifra absolutamente insuficiente para considerar una juventud adecuadamente informada. 

La única forma de combatir esta irresponsabilidad está clara: hay que volver los ojos hacia la educación y valorar las políticas adecuadas para que esta situación, lejos de generalizarse, sea reconducida hacia un futuro de entendimiento, en ausencia total de violencia. Para Raúl López Romo y Marta Rodríguez Fouz, “(…) en la médula de apuesta educativa se localiza inequívocamente una convicción ética que reclama una orientación crítica de la mirada hacia el pasado y entiende la necesidad de distinguir entre lo justo y lo injusto”. La enseñanza del pasado debe llevarnos a identificar adecuadamente los errores cometidos para evitar repetirlos. Profesores como María Eugenia Oleaga Muguerza y Alberto Izquierdo Montero (2) en un artículo reciente concluían: “Como cierre, nos gustaría terminar con una reflexión del ya citado en numerosas ocasiones, Paulo Freire (2003): la realidad no es así, la realidad está así. Y está así no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque estando así sirve a determinados intereses del poder. Como educadoras y educadores, una de nuestras responsabilidades es detectar y denunciar una realidad injusta y desigual, las raíces de esta y los intereses a los que sirve, para así construir aquel inédito viable del que hablábamos”. 

Los tiempos cambian bastante más de lo que parece a simple vista, aunque, en ocasiones tengamos la sensación de que vivimos en un bucle negativo del que nos es imposible salir. Las protestas pretenden mejorar la situación de las personas y deberíamos seguir concienciadas/os de que nuestro compromiso con la participación política por cauces no violentos es el único camino para acabar construyendo una sociedad más justa, igualitaria y democrática. 

Notas:

(1) '¿Es la juventud española más o menos vulnerable a la radicalización?' En “Juventud, Democracia y Educación”, IEES, Fundación 1º de Mayo, febrero de 2025.

(2) 'Jóvenes en el punto de mira: reflexiones para no culpar al río de las violencias que lo encauzan'. IEES. Fundación 1º de Mayo, febrero de 2025.

Las recientes victorias electorales de la Lista Estudiantil en Serbia, de Lula da Silva en Brasil y del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato estadounidenses me animan a plantear una reflexión que quiere ir más allá de los resultados de cada país. En un escenario internacional marcado por el ascenso de las derechas radicales, la brutalización política y el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones, creo que estos acontecimientos plantean una pregunta fundamental: ¿en qué condiciones puede transformarse el descontento social en una fuerza democrática capaz de modificar las relaciones de poder?

Es cierto que los tres procesos responden a circunstancias diferentes, por lo que sería equivocado presentarlos como manifestaciones de una misma corriente ideológica; tampoco cabe deducir de ellos que estemos asistiendo a un cambio de ciclo, al retroceso generalizado de las fuerzas autoritarias. Pero, considerados conjuntamente, considero que nos permiten explorar algunas claves sobre la relación entre malestar social, movilización ciudadana y participación electoral.

Serbia: cuando la protesta construye una alternativa

El caso serbio es, seguramente, el más singular de los tres. La victoria de la Lista Estudiantil es la culminación de un proceso de movilización iniciado tras el derrumbe, en noviembre de 2024, de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, que provocó dieciséis muertes. Aquella tragedia se convirtió en símbolo de la corrupción, la opacidad institucional y la ausencia de responsabilidades políticas características de la política serbia y así, lo que comenzó como una exigencia de justicia por unas víctimas concretas, terminó cuestionando el funcionamiento del sistema político.

Las movilizaciones estudiantiles de protesta consiguieron extenderse mucho más allá de las universidades y profesorado, profesionales sanitarios, agricultores, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, así como personas de diferentes generaciones, fueron incorporándose a un movimiento que encontró en la exigencia de responsabilidad democrática un motivo compartido de participación.

La noviolencia desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del movimiento. Las movilizaciones combinaron manifestaciones multitudinarias con formas sostenidas de no cooperación y desobediencia civil, como ocupaciones y bloqueos de facultades universitarias, interrupciones deliberadas del tráfico, cortes prolongados de importantes vías de comunicación y jornadas de paralización de actividades laborales y comerciales. Especial fuerza simbólica adquirieron los dieciséis minutos de silencio a las 11:52, hora del derrumbe de Novi Sad, durante los cuales se detenía la circulación en calles y plazas. Aquellas interrupciones convirtieron el recuerdo de las víctimas en una exigencia cotidiana de responsabilidades. La continuidad de estas acciones, su organización asamblearia y su carácter mayoritariamente noviolento contribuyeron a ampliar la participación social y a mantener la presión sobre las instituciones.

Pero lo más interesante fue su capacidad para construir una organización política desde abajo. Las asambleas universitarias, las redes de apoyo y la incorporación de personas procedentes de distintos ámbitos profesionales permitieron transformar una movilización de protesta en una alternativa electoral, de modo que la Lista Estudiantil consiguió trasladar a las urnas una energía social que había nacido fuera de las instituciones.

Desde la perspectiva de los movimientos sociales, estamos ante una experiencia especialmente sugerente de capacidad instituyente, ejemplificando la posibilidad de que la acción colectiva genere nuevas formas de organización y representación política. Queda por comprobar si esa capacidad podrá mantenerse cuando llegue el momento de gobernar, negociar y afrontar las contradicciones propias del ejercicio del poder.

Brasil: una mayoría estrecha frente a una sociedad dividida

La victoria de Lula presenta características muy diferentes, pues aquí encontramos a un presidente en ejercicio, respaldado por una organización política consolidada y por una potente trayectoria históricamente asociada a la reducción de la pobreza, la protección social y la ampliación de derechos. Su reelección, con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, pone de manifiesto la persistencia de una importante base social vinculada al lulismo, pero también la extraordinaria fortaleza electoral del bolsonarismo. En la segunda vuelta, que permitió recomponer una mayoría ajustada después de que Bolsonaro hubiera superado a Lula en la primera, la movilización adicional y la capacidad de atraer apoyos más allá del electorado propio resultaron decisivas.

Por lo que he podido ver, en este resultado confluyen causas diversas. Si para una parte de la ciudadanía, Lula encarna una experiencia de mejora de las condiciones materiales de vida y una expectativa de protección frente a la inseguridad económica, para otra su candidatura ha constituido la única opción frente a las propuestas políticas del bolsonarismo. Aunque ambas motivaciones han podido coincidir en las urnas, es necesario reconocer que la polarización brasileña tiene raíces sociales, territoriales, culturales y religiosas que desbordan cualquier explicación sencilla y, sobre todo, nos obligan a mantener cautela en cuanto al futuro. Porque el ajustadísimo resultado revela los límites de la victoria electoral: la sociedad brasileña continúa profundamente dividida y la continuidad del Gobierno de Lula no implica que hayan desaparecido las condiciones que alimentan a la derecha radical.

En todo caso, Brasil muestra la capacidad de una fuerza política institucionalizada para reunir una coalición electoral mayoritaria en un contexto de intensa polarización, pero también las dificultades que supone transformar una victoria ajustada en un proyecto de país ampliamente compartido.

Estados Unidos: recuperar los contrapesos al poder

Las elecciones de medio mandato estadounidenses, que suelen funcionar como una evaluación de la presidencia y ofrecen al electorado la posibilidad de modificar los equilibrios de poder en el Congreso sin cambiar a quien ocupa la Casa Blanca, responden a una lógica institucional distinta. El avance del Partido Demócrata debe interpretarse, seguro, teniendo en cuenta el habitual desgaste del partido presidencial, pero también las circunstancias específicas del segundo mandato de Trump. Las preocupaciones por el coste de la vida, las controversias sobre muchas decisiones gubernamentales y el rechazo a una concentración excesiva del poder presidencial forman parte esencial del contexto en el que se ha desarrollado la elección.

Hay otro aspecto de las elecciones estadounidenses que merece especial atención: la emergencia de nuevos liderazgos demócratas que están modificando el perfil social y político del partido. El fenómeno venía manifestándose desde la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York y encuentra nuevas expresiones en candidaturas como la de Abdul El-Sayed en Michigan, médico de ascendencia egipcia y defensor de la sanidad universal, o en las victorias en Nuevo México de Deb Haaland, integrante del pueblo Laguna Pueblo y primera mujer indígena elegida gobernadora de un estado, y de Gina Hinojosa, primera gobernadora latina de Texas. Estas y otras figuras reflejan una ampliación de los perfiles sociales que acceden a posiciones de representación institucional, acompañadas de una agenda económica centrada en las dificultades cotidianas de las clases populares y de una crítica explícita a las estructuras tradicionales del poder político y económico.

Resulta especialmente significativo que algunas de estas candidaturas hayan conseguido movilizar a sectores desencantados con el Partido Demócrata, apoyándose en redes de activismo comunitario, organizaciones sindicales y movimientos sociales. La cuestión va más allá de la renovación de los nombres o de la diversidad de sus orígenes, y apunta (como en Serbia) a la posibilidad de reconstruir vínculos entre la representación política y experiencias sociales que durante demasiado tiempo han encontrado escasos cauces de expresión institucional, disputando los espacios institucionales tradicionalmente ocupados por las élites partidarias.

De la indignación a la militancia alegre

¿Qué pueden tener en común estas tres experiencias? Una primera respuesta apunta a la posibilidad de romper la resignación política. En sociedades donde muchas personas perciben que las decisiones fundamentales escapan a su control, la participación puede recuperar sentido cuando existen oportunidades reales de modificar las relaciones de poder. La conocida distinción de Albert O. Hirschman entre la salida, la voz y la lealtad como respuestas posibles ante el deterioro de las organizaciones y las instituciones, puede ayudarnos a comprender por qué, ante situaciones de descontento, unas personas optan por retirarse, desentenderse de la política o abstenerse, mientras otras deciden intervenir para cambiar las cosas.

Serbia ofrece un ejemplo especialmente claro de transformación de la indignación en acción colectiva sostenida; Brasil muestra la importancia de las organizaciones políticas y sociales capaces de movilizar electorados diversos; y Estados Unidos permite observar cómo el malestar puede canalizarse hacia mecanismos institucionales de control del poder. En los tres casos resulta necesario preguntarnos qué convierte una experiencia individual de agravio en una disposición colectiva a participar. Las desigualdades, la inseguridad vital, la sensación de abandono o la percepción de que las instituciones protegen determinados privilegios pueden generar resentimiento, retraimiento o protesta, y su traducción política depende de los marcos de interpretación disponibles, de las organizaciones que consiguen articular esas experiencias y de las expectativas de cambio que logran suscitar. Por eso el descontento no tiene una orientación ideológica predeterminada, pudiendo alimentar respuestas autoritarias, movimientos de protesta sin continuidad o proyectos de transformación democrática. La cuestión fundamental es cómo se organiza ese descontento y qué horizonte político se le ofrece.

Las tres elecciones permiten también recuperar una dimensión de la democracia que habitualmente queda oscurecida por su reducción a los procedimientos electorales, y es que la democracia necesita instituciones, garantías jurídicas y mecanismos de representación, pero su vitalidad depende sobre todo de la existencia de una ciudadanía capaz de actuar colectivamente. Como escribió R.H.S. Crossman en su clásica 'Biografía del Estado moderno': “El éxito de las instituciones democráticas depende de que exista una minoría suficiente de demócratas activos y responsables que las mueva”. Aunque no es posible presentar estas victorias como expresión de una misma oleada global de izquierda (solo Lula pertenece a una tradición política reconociblemente vinculada a ella), las tres comparten un mismo trasfondo progresista al mostrar la capacidad de la ciudadanía para intervenir democráticamente en situaciones de malestar, disputar el poder y modificar los equilibrios políticos mediante la acción colectiva y la participación electoral.

Pero, a mi juicio, la enseñanza más interesante de estas experiencias es que la esperanza política puede surgir de la propia movilización, que no es necesario tener garantías de que las cosas cambiarán para comenzar a actuar. Estas tres historias en concreto y la historia en general nos muestran que es la experiencia compartida de la acción, el descubrimiento de otras personas con preocupaciones semejantes y la comprobación de que el poder depende de nuestra cooperación lo que permite recuperar la confianza en las posibilidades de transformación de la acción colectiva.

En su ensayo 'Joyful Militancy: Building Thriving Resistance in Toxic Times' (Militancia alegre: construir resistencias que florezcan en tiempos tóxicos), Carla Bergman y Nick Montgomery recuperan la concepción spinoziana de la alegría como aumento de nuestra potencia de actuar para defender una militancia capaz de generar vínculos de confianza, cooperación y responsabilidad compartida. Su reflexión resulta particularmente sugerente en estos tiempos en los que la actividad política parece dominada por el miedo, el resentimiento y la desconfianza, sentimientos que también pueden instalarse en el interior de los movimientos emancipadores, alimentando lo que los autores denominan “radicalismo rígido”: una cultura de sospecha, competencia y pureza ideológica que termina debilitando la capacidad de acción colectiva. Frente a estas dinámicas, la experiencia de participar con otras personas en la construcción de alternativas puede convertirse en una fuente de alegría política, entendida como el descubrimiento de capacidades que individualmente parecían inalcanzables. 

Las victorias de Serbia, Brasil y Estados Unidos no anuncian por sí mismas una nueva etapa democrática. Como he apuntado, sus causas son diversas y sus consecuencias permanecen abiertas, pero nos permiten recordar algo que la resignación política tiende a ocultar, que los equilibrios de poder pueden cambiar cuando la ciudadanía encuentra motivos y espacios para organizarse, participar y disputar democráticamente las decisiones que afectan a su vida.

Las movilizaciones estudiantiles serbias, las redes comunitarias que sostienen nuevas candidaturas progresistas y las experiencias de cooperación entre sectores social y políticamente diversos muestran la importancia de recuperar la experiencia de descubrir, en la acción compartida, capacidades que individualmente parecían inalcanzables. La brutalización y el miedo solo pueden ser combatidos activando la militancia alegre, una alegría que puede y debe convivir con la indignación, el esfuerzo y la incertidumbre, y que nace de los vínculos de confianza, reconocimiento y solidaridad construidos en la propia movilización. Porque la participación social y política debe ser una experiencia anticipada de la sociedad que aspiramos a construir, una forma de vivir en el presente relaciones más libres, igualitarias y solidarias.

Ahí reside la clave de la revitalización democrática que necesitamos en estos tiempos de oscuridad: conseguir que la esperanza encuentre sustento en la experiencia cotidiana de actuar con otras personas, incluso cuando los resultados sean inciertos. La tarea de la transformación del mundo comienza mucho antes de acudir a las urnas y continúa después de conocer sus resultados; exige construir organizaciones, vínculos sociales y proyectos compartidos capaces de transformar el malestar en participación y las victorias electorales en cambios duraderos. Y, sobre todo, recuperar una política en la que participar merezca la pena por lo que podemos conseguir colectivamente y por lo que, al hacerlo, somos capaces de construir entre todas y todos.

Nunca como hoy resulta tan necesario recordar lo que, hace ya siete décadas, planteaba Hannah Arendt en el prefacio de 'Hombres en tiempos de oscuridad': “Que aun en los tiempos más oscuros tenemos el derecho a esperar cierta iluminación, y que dicha iluminación puede provenir menos de las teorías y conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil que algunos hombres y mujeres reflejarán en sus trabajos y sus vidas bajo casi cualquier circunstancia y sobre la época que les tocó vivir en la tierra […] Ojos tan acostumbrados a la oscuridad como los nuestros apenas podrán distinguir si su luz fue la luz de una vela o la de un sol brillante. Pero para mí, una evaluación tan objetiva es más una cuestión de importancia secundaria que puede ser dejada para la posteridad”.

Sigamos prendiendo luces, también nosotras.

El 7 de octubre conmemoramos el día por el trabajo decente. Este año, dos ejemplos nos han servido de “disparadores” emocionales de un cronograma que nos lleva a la huelga general.

El primero da sentido al trabajo digno. Es Alfredo Izquierdo, militante de CCOO de Euskadi y uno de los impulsores de la huelga de Bandas, la huelga laboral más larga durante el franquismo. Su compromiso le costó su trabajo y su vivienda. Falleció este 7 de octubre.

Ese mismo día, cuando la tarde se volvía noche, conocimos el fallecimiento de Mari Carmen Abascal, desahuciada a los 87 años el pasado 23 de septiembre, y convertida, muy a su pesar, en símbolo de la lucha por una vivienda digna.

Aquel desahucio retransmitido se convirtió en la mecha de una explosión de indignación social sedimentada en la denuncia tanto de la falta de acceso a la vivienda de muchas personas como de la codicia de las personas físicas y jurídicas que priorizan el uso especulativo de un derecho, que no se percibe como tal.

Aquella indignación ha tenido dos respuestas, una política y otra sindical, que se han acabado entrelazando en un mismo marco temporal y estratégico.

La política, en una primera fase, acabó con el rechazo de la convalidación de dos decretos que trataban de poner freno, aunque fuera temporalmente, a los usos especulativos de la vivienda. Por cierto, el gran aporte del PNV al primero de los decretos fue bajar el impuesto propuesto a las viviendas turísticas del 21% previsto al 10%. La excusa es un mantra trampa de protección de los pequeños propietarios. La realidad es que más de seis de cada diez propiedades en alquiler son de multiarrendadores, es decir, gente o empresas que hacen negocio de un derecho con dos o más viviendas en alquiler.

Finalmente, el rechazo se articuló mediante una tríada de derechas (PP, Vox y Junts) que se ha activado más veces contra las clases trabajadoras. La penúltima, contra la reducción de la jornada laboral. La caída de estos decretos ha provocado la convocatoria electoral anticipada para el próximo 29 de noviembre.

CCOO, también desde Euskadi, lleva mucho tiempo advirtiendo de una paradoja que escondía un conflicto social latente. Los buenos datos macroeconómicos no terminaban de permear hacia la ciudadanía. Este conflicto social ha emergido en forma de una movilización masiva en torno al derecho a la vivienda que el sindicato ha decidido vehiculizar, acompañar y laboralizar mediante la huelga general convocada precisamente el 7 de octubre, y que, afortunadamente, se reflejará, también en nuestro entorno, en un único día de movilización. Lo contrario, a pesar de la opinión de parte del sindicalismo nacionalista, hubiera significado un aliciente más para las personas trabajadoras en Euskadi para alejarse del hecho sindical.

Si hay una realidad que acredita la paradoja en Euskadi es el disciplinamiento del consumo que sufren las trabajadoras que, ante el crecimiento sostenido del coste de la cesta de la compra básica (un incremento del 46% desde 2019) sumado al deterioro de los servicios públicos, tienen que destinar parte de su economía familiar a cubrir necesidades vinculadas con el cuidado, la educación o la salud.

Por cierto, del deterioro de los servicios públicos ya veníamos hablando hace mucho tiempo, antes y después del último y desgraciado accidente ferroviario. De servicios públicos hablamos cuando reivindicamos una fiscalidad justa y progresiva, cuando concatenamos huelgas en Osakidetza, cuando reclamamos un sistema educativo público y fuerte, integrador y no segregador, o cuando pedimos que los cuidados constituyan otro pilar más de un Estado de bienestar que tenemos que completar sí o sí, con el pilar de la vivienda. 

Con respecto a la vivienda, es difícil imaginar cómo no vincular la emergencia habitacional, que reconocen también las instituciones vascas, con el desacople de su precio respecto de la realidad económica de la ciudadanía vasca. Solo aquellos que, como el señor Garamendi, ganan 403.000 euros al año, pueden no entender que el acceso a la vivienda es un problema también laboral. No entienden que en Euskadi dedicamos diez años de nuestro salario a pagar una vivienda nueva (ocho cuando es usada) y que las personas jóvenes se emancipan cada vez más tarde. No entienden que la posibilidad de que las empresas atraigan talento hacia Euskadi es una quimera cuando el acceso a la vivienda entra en la ecuación. También es un problema para ellas. Sin embargo, las empresas han decidido ejercer el absentismo y esperar a que sean otras formaciones las que gobiernen.

Nos enfrentamos a una patronal que aprovecha las guerras para hacer negocio, y que además hace repercutir el incremento de costes sobre el precio final de los productos que compramos, para mantener y aumentar beneficios multimillonarios. 

En su mundo la vivienda no es un problema laboral, ni la guerra un problema ético, ni la política el gobierno de lo común, sino la forma útil de seguir manteniendo sus privilegios. 

El contexto electoral que alienta esa irresponsabilidad empresarial es el mismo que ha de servirnos para impulsar el cambio en la conversación pública, para que la centralidad del debate sea ocupada por las condiciones materiales de vida y de trabajo de la gente. 

La propia concepción de la huelga, como una herramienta de solidaridad entre personas anónimas por un bien común, hace parecer absurdo querer alejarla de su concepción política. Claro que es una huelga política. 

También lo es por su ubicación temporal. Nuestra organización se hace corresponsable de este contexto y, al contrario que la organización sindical mayoritaria en Euskadi, que pretendía alejar la convocatoria de huelga de la “música electoral”, nosotras queremos estar al lado de los bafles. 

Porque la huelga es también un altavoz en este contexto, por eso quieren silenciarla, por eso la “nueva derecha democrática española” quiere apagar nuestra voz. Tienen miedo de que la ciudadanía vote pensando en sus condiciones materiales de vida y en los derechos conquistados, desde el feminismo, desde el sindicalismo de clase o desde la sociedad civil. Tienen miedo de que votemos pensando en si tendremos, o no, un salario digno, una pensión suficiente, o en si tendremos que ir a trabajar enfermas. 

Sabemos que nos quieren así, pobres y enfermas. Como a Mari Carmen Abascal. Pero como ella, y como Alfredo Izquierdo, ejemplos de dignidad, vamos a pelear hasta el final.

A llenar las calles, a la huelga.

La opinión pública se encuentra conmocionada. Un nuevo accidente en la línea de alta velocidad ha vuelto a encender las alarmas. A diferencia de las tragedias aéreas, los siniestros ferroviarios despiertan una empatía colectiva inmediata e igualitaria: el tren es un medio que todos y todas utilizamos de forma cotidiana. 

Con demasiada rapidez, las explicaciones oficiales apuntan a un fallo humano como causa única del desastre. Sin embargo, presuponer la negligencia individual ignora el contexto estructural en el que se produce. Si hay un error humano, es obligatorio analizar bajo qué condiciones operaba ese trabajador. 

El sistema actual exige maximizar beneficios y recortar costes de manera constante. Sin embargo, la realidad refleja un aumento en la densidad del tráfico sin un incremento proporcional del mantenimiento. A esto se suman la privatización de la infraestructura mediante subcontrataciones a la baja y la complicidad de responsables políticos que avalan la reducción de plantillas, todo ello mientras la responsabilidad exigida a los profesionales se vuelve abrumadora. 

El trágico choque de trenes en Toledo ha reactivado con urgencia el debate sobre el modelo ferroviario. Durante décadas, la política de transportes del Estado ha caminado a dos velocidades radicalmente opuestas. Mientras se consolidaba como el segundo del mundo con más kilómetros de alta velocidad, solo por detrás de China, la red convencional acumulaba déficits severos de inversión que lastran a diario los servicios de Cercanías y Rodalies.

Los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) son categóricos: entre 1990 y 2018 se destinaron 55.888 millones de euros a la alta velocidad, frente a los exiguos 3.700 millones invertidos en las redes de Cercanías de todo el Estado. La proporción es sangrienta: por cada euro invertido en la red convencional, se destinaron más de 15 euros al AVE.

Al calor de los graves accidentes sufridos en un corto espacio de tiempo, emergen los límites económicos y sociales de una infraestructura que exige preguntas incómodas: ¿Necesitamos construir trenes social y económicamente insostenibles? ¿Son prioritarias las velocidades superiores a los 300 km/h? 

Aunque la Comisión Europea declaró 2021 como el Año Europeo del Ferrocarril con la intención de promover transportes sostenibles que conciliaran el crecimiento de viajeros con el respeto medioambiental, la traducción de esta política en el Estado español se ha centrado casi en exclusiva en las inversiones masivas en alta velocidad. Tras más de tres décadas desde la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992, los argumentos económicos, sociales y ambientales que justificaban este despliegue se han desvanecido ante la evidencia científica acumulada.

El AVE arrastra un balance financiero crítico. La deuda acumulada por ADIF asciende a 25.000 millones de euros, tras un gasto ejecutado de 57.000 millones de euros para levantar 3.993 kilómetros de vía. Cada kilómetro construido ha supuesto una media de 16 millones de euros, a los que se suma un coste de mantenimiento anual superior a los 150.000 euros por kilómetro. Los sobrecostes agravan la factura: la “Y vasca” acumula desviaciones por valor de 2.200 millones, situando su previsión total en los 9.000 millones de euros, mientras su finalización se posterga ya hacia el horizonte de 2030 o 2035.

En Navarra, las obras del tren de alta velocidad (TAV) muestran un retraso todavía mayor, limitándose a tramos inconexos en el trayecto Castejón-Pamplona. La Cámara de Comptos estima que los 214 kilómetros del Corredor Navarro costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, excluyendo la estación de la capital y la conexión con el País Vasco. 

Como denuncia la Fundación Sustrai Erakuntza, el TAV no vertebra el territorio navarro, sino que deteriora el transporte ferroviario cotidiano mediante la eliminación de servicios convencionales de pasajeros. Este modelo desvía recursos fundamentales que deberían ir destinados a un Tren Público y Social, verdaderamente vertebrador, sostenible y accesible para el desarrollo local.

La paradoja es de una enorme injusticia distributiva: mientras el AVE absorbe la inmensa mayoría del presupuesto, solo transporta al 5% de los usuarios de ferrocarril. El 90% restante de los viajeros utiliza los servicios de Cercanías. Esta desproporción inversora de 15 a 1 se traduce directamente en las carencias denunciadas de forma sistemática por los sindicatos ferroviarios: falta de personal, retrasos, supresiones crónicas de trenes, desmantelamiento de talleres de mantenimiento, cierre de estaciones rurales y procesos de privatización.

Existe además una urgente reflexión en torno a la velocidad como fin absoluto, un factor que tensiona de manera inevitable los márgenes de seguridad. Mientras en el ámbito internacional se proyectan tecnologías de hasta 500 km/h, como el Maglev japonés, la física y la estadística elementales recuerdan que a mayor velocidad el margen de maniobra se reduce y la severidad de los impactos aumenta. Ningún sistema complejo cuenta con riesgo cero.

Garantizar la seguridad a velocidades extremas exige infraestructuras y sistemas tecnológicos cuyo mantenimiento anual puede escalar desde los 150.000 hasta los 500.000 euros por kilómetro en tramos complejos. El dogma social que equipara velocidad con progreso incuestionable asume los accidentes como daños colaterales tolerables, siempre que resulten explicables técnicamente a posteriori.

El dogma social que equipara velocidad con progreso incuestionable asume los accidentes como daños colaterales tolerables, siempre que resulten explicables técnicamente a posteriori

Actualmente existe capacidad tecnológica de sobra para diseñar un transporte ferroviario altamente seguro, eficiente y sostenible. Sin embargo, dar ese paso requiere aceptar límites racionales a la velocidad, contener los costes de mantenimiento y renunciar a la obsesión por la rapidez absoluta.

La Copa Mundial de Fútbol masculino disputada el pasado julio en Estados Unidos, México y Canadá ha atraído la atención de millones de personas. Pero también ha puesto de manifiesto otra realidad: un elevado gasto público, gentrificación, el racismo, denuncias sobre los derechos de la ciudadanía y un debate sobre los oscuros intereses de la FIFA. La fiesta ha terminado, pero la resaca continúa. En Donostia, ante el riesgo de convertirnos en sede de este espectáculo dentro de cuatro años, deberíamos prestarle especial atención.

En México D.F., movimientos populares salieron a la calle para denunciar el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de los vecinos. Denunciaron que el Mundial agravó problemas ya existentes y relegó las necesidades de la ciudadanía a un segundo plano.

En Canadá, un informe publicado por la auditoría municipal de Toronto identificó deficiencias en materia de transparencia, control del gasto y procedimientos de toma de decisiones. No es admisible que en un macroevento como éste no esté garantizada la responsabilidad institucional ni la transparencia. La ciudadanía debe saber quién asumirá los costes del evento y quién se beneficiará de los ingresos que genere. 

En Estados Unidos, por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que las, practicas autoritarias, duras políticas migratorias y la discriminación aumentaban el riesgo de violación de las normas internacionales de derechos humanos. Además, la cercanía entre la dirección del fútbol internacional y Trump ha generado polémica. En octubre la Federación Noruega de Fútbol denunció ante la FIFA cuestiones de gobernanza, conflictos de intereses y ciertas decisiones.

Auditorías, organizaciones de derechos humanos, movimientos populares y representantes del fútbol han cuestionado el modelo del Mundial. Surge una pregunta común: ¿qué intereses se priorizan?

Desde que se presentó la candidatura de Donostia para 2030, Bizilagunekin ha advertido del riesgo de agravar la turistificación. Las dificultades de acceso a la vivienda, la mercantilización del espacio público, la masificación y los efectos en la vida cotidiana no son hipótesis futuras: ya los sufrimos. El Mundial podría agravarlos.

Además, ha surgido una contradicción. Las instituciones que presentaron la candidatura conjunta de Donostia y Bilbao admiten exigencias inaceptables de la FIFA, según los medios: un elevado coste económico, la obligación de realizar nuevas inversiones, la necesidad de adaptar normativas, la exclusión del euskera, las limitaciones para organizar otros eventos y las exenciones fiscales. Sin embargo, mantienen la candidatura. En las próximas semanas la FIFA visitará Donostia, mientras la candidatura continúa en vigor y sus consecuencias generan preocupación entre los vecinas y vecinos.

¿Por qué? ¿Realmente creen que acoger el Mundial será beneficioso? ¿O les condicionan las presiones de grupos de interés turísticos, hosteleros, deportivos y económicos? Quizá sepan que aceptar las condiciones de la FIFA indignaría a la ciudadanía y la candidatura conjunta les permite mantener el proyecto, dejando a la FIFA la responsabilidad del rechazo final. Es legítimo preguntarlo.

Las instituciones deben decir no a los intereses económicos organizados y anteponer la vida de la ciudadanía a cualquier presión. Donostia necesita aliviar la turistificación, garantizar el derecho a la vivienda y adaptar la ciudad a sus habitantes.

Las instituciones deben decir no a los intereses económicos organizados y anteponer la vida de la ciudadanía a cualquier presión

Entonces, ¿por qué participar en los negocios de la FIFA? Renunciar al Mundial no sería un fracaso, sino anteponer el bienestar ciudadano a los intereses privados. El 5 de diciembre organizaremos el Día contra el Mundial para analizar sus consecuencias y expresar en la calle que debemos rechazar su celebración en Donostia por el grave riesgo de agravar la turistificación. Organicémonos. En el camino hacia el decrecimiento turístico, impidamos que el Mundial de Fútbol masculino 2030 se dispute en Donostia.

Los días cortos. Los días fríos. Los días que, ya viniéndose, nos anuncian que nos vamos acercando poco a poco al día de menos luz solar del año, que es, según el calendario astronómico, el 21 de diciembre. Los días cortos son los que producen lo que los antiguos literatos denominaban el frío de la tarde. Este frío de la tarde ha de ser tomado tanto en un sentido literal como en un sentido sentimental. Mientras que contra el primero, contra el frío del termómetro, se puede combatir con mantas, por ejemplo, con el fuego de una chimenea que no humee, con un cálido encuentro, densos potajes que borbotean en la olla y generosos vinos de la tierra, contra el frío sentimental resulta más difícil el combate dado que este frío no es más que un encogimiento, un decaimiento del ánimo, un vacío existencial que requiere de compañía para llenarlo de palabras, propósitos, mentiras piadosas, luminosas conversaciones y en tiempos de tertulias tabernarias de café, copa y puro y, si se terciaba, de partida de cartas sobre el verde tapete reclinado...

Noviembre. Los días cortos de largas tardes frías. Somos seres climáticos. El calor nos expande y el frío nos encoge. Dependemos del clima para manifestar nuestro humor, nuestra melancolía, nuestro entusiasmo y también nuestra disposición para la actividad productiva o para cultivar la pereza. Noviembre. El mes pobre. El mes de los difuntos recordados. El mes que siempre nos retrocede a las cosas pequeñas, casi insignificantes, pero tan contundentes como una negación. La puerta trasera del invierno. La derrota de la luz ante la oscuridad. El mes de color marrón que nos llena los platos de nueces, dátiles, castañas y lentejas que en nuestra memoria aún se siguen separando de las piedrecillas en las blancas mesas de las cocinas deshabitadas.

Noviembre. Mirar por la ventana para ver cómo el día, corto de luz solar, ya no nos ofrece nada florido, nada que crezca, nada que asombre... Aunque es posible que el noviembre de este año nos asombre a muchos con la histórica capacidad de los ciudadanos de este ruidoso país para castigarnos, una vez más, dotándonos, mediante una convocatoria electoral, de un gobierno plagado de personajes oscuros, peligrosos, malvados... Personajes como de Halloween que bien pudieran haber protagonizado los siniestros cuentos infantiles que en nuestra niñez nos descubrieron el lado oscuro de la vida en las primeras pesadillas...

Las manifestaciones del pasado veintiséis de octubre, protagonizadas por jóvenes y adolescentes para protestar por la llegada inminente a Bilbao de un provocador profesional de extrema derecha, se desarrollaron de forma pacífica. Eso sí, dieron al provocador una audiencia extraordinaria; le convirtieron en el personaje del día.

Por absurdo que resulte, la bronca se armó, precisamente, tras saberse que el personaje, finalmente, no haría acto de presencia. Muy probablemente esa era, de hecho, su intención original. Los protagonistas pusieron en práctica todos los desmanes a su alcance. Sus consecuencias quedaron reflejadas en los periódicos de los días siguientes y en los informativos de medios audiovisuales.

La prensa atribuye la vandalización que sufrió el vecindario afectado a militantes de organizaciones radicales disidentes de la izquierda abertzale 'oficial', a miembros de bandas de aventajados aprendices de delincuentes, y a seguidores radicales de los clubs vascos de la primera división de fútbol. Y todo ello aderezado con buenas dosis de testosterona. Curioso cóctel. Curioso y verosímil, sí. Pero, desde luego, no antifascista.

De algunos incendiarios podría decirse que son seguramente adeptos a una ideología totalitaria, sí. Pero otros se sirvieron del caos para desvalijar comercios. Y de bastantes diría, simplemente, que se divirtieron. Dieron quizás un sentido a sus vidas.

Con esto no quiero decir que lo ocurrido no fuera grave. Fue muy grave. En primer lugar por las consecuencias, materiales, emocionales y morales de las algaradas. Y políticas también, por supuesto: la extrema derecha cosechó un buen puñado de adeptos el día veintiséis.

Pero también por razones de más largo alcance. Si ese tipo de tumultos violentos se reproduce o, peor aún, se cronifica, las consecuencias para nuestra comunidad pueden ser devastadoras. Conviene, por ello, que nos tomemos muy en serio lo ocurrido. Cosas semejantes han pasado en otras ciudades europeas, sí. No se trata de un fenómeno único. Pero creo que en nuestro país existe el riesgo de que estas cosas enraícen y se enquisten.

Es cierto que la mayoría de vándalos no vivieron los años de la kale borroka y, por tanto, no tienen referencias directas de aquellos actos de terrorismo callejero. Pero también es cierto que la mayoría de la (autodenominada) izquierda independentista no ha querido deslegitimar social y políticamente el ejercicio de la violencia. Pues bien, en la medida en que un sector amplio –si bien minoritario— de nuestro país sigue considerando que la violencia puede tener justificación –sea esta la que sea— le asigna un significado y, por ende, le otorga un valor. Y ese significado y valor son veneno para los jóvenes que se mueven en entornos en los que la violencia sigue siendo –porque nunca ha dejado de serlo—un modo válido de hacer política.

Cosas semejantes han pasado en otras ciudades europeas, sí. No se trata de un fenómeno único. Pero creo que en nuestro país existe el riesgo de que estas cosas enraícen y se enquisten

Y los otros, quienes la practican como mecanismo para dar rienda suelta a sus frustraciones adolescentes o como forma de diversión, se valen de los tumultos que provocan los primeros para aportar su parte.

La violencia con intenciones políticas –no solo la que se ejerce, sino la que, llegado el caso, a juicio de algunos estaría justificado ejercer— es tóxica para una sociedad democrática.

Por eso, en tanto no se produzca su completa (o virtualmente completa) deslegitimación, permanece un boquete abierto en el sistema democrático por el que la violencia y sus (variadas) motivaciones pueden llegar a anegar, de nuevo, nuestras calles y plazas. No es un escenario inverosímil. Si a eso añadimos las veleidades proto-terroristas de esa minoría que añora los años negros de plomo y bomba lapa, ese escenario se puede hacer realidad.

¿Es esto una exageración? No lo creo, aunque tampoco lo puedo descartar; al fin y al cabo, el gato escaldado huye del agua fría. Sea como fuere, prefiero ponerme en lo peor para poderlo prevenir, aunque, como es lógico, confíe en que no llegue a ocurrir.

El estrambote

Los sucesos del veintiséis han acabado teniendo un estrambote difícil de calificar. Un nombre bajo el que se han manifestado algunos perfiles de redes sociales de la internet ha conseguido que decenas de establecimientos comerciales y hosteleros de nuestras capitales se cerrasen para protegerlos de unos incidentes que, como el provocador profesional, finalmente tampoco hicieran acto de presencia. Un nombre, ni siquiera una organización de cuya existencia haya constancia real lo ha conseguido.

¿Es esto lo que nos espera? ¿Un estado de ansiedad social semipermanente? El mal puede ser banal de diversas formas, alguna, por lo visto, tan absurda y desvaída como esta.

La experiencia argentina en materia de Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de la última dictadura cívico-militar ha transitado un proceso complejo de debates jurídicos que permitieron, finalmente, el juzgamiento de crímenes aberrantes. En contraste, en España persisten interpretaciones judiciales que operan como un muro ante la apertura de procesos por los crímenes del franquismo y tardofranquismo. El objetivo de este análisis es poner en diálogo ambas transiciones para evidenciar que, aunque los caminos a la justicia parezcan cerrados, es posible abrirlos.

Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional español, en sus Autos 80/2021 y 57/2024, ha sostenido que los hechos cometidos entre 1967 y 1974 no pueden juzgarse como delitos de lesa humanidad. La mayoría del tribunal argumenta que este tipo penal no existía en el ordenamiento interno en aquel momento y que su aplicación supondría una retroactividad “contra reo” prohibida. Para el TC, se trata de delitos comunes ya prescritos.

Esta postura ignora que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas de ius cogens deben preponderar sobre el formalismo interno. Ya en 1968 y 1973, resoluciones de la ONU clarificaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, independientemente de la fecha en que se cometieron. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos como 'Kononov contra Letonia,' ha validado condenas por hechos donde la conducta ya era criminal según el derecho internacional consuetudinario, sin importar su tipificación interna.

Argentina logró derribar sus propios muros de impunidad mediante un cambio de paradigma jurídico. Se abandonó la tesis dualista para adoptar una concepción monista, donde los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y operatividad directa. Bajo este modelo, el Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales.

El histórico fallo “Arancibia Clavel” (2004) fue clave al reformular el principio de legalidad: no se trata de “no hay delito sin ley previa”, sino de “no hay delito sin derecho previo” ('nullum crimen sine iure previo'). Esto significa que el análisis no se limita a la ley formal interna, sino que incluye el derecho de gentes preexistente. Por ello, la CSJN argentina determinó que la imprescriptibilidad de la lesa humanidad es una norma de ius cogens anterior a cualquier convención, cuya función es proteger valores esenciales de la comunidad internacional.

La Ley de Amnistía de 1977 es el principal cerrojo en España. Argentina enfrentó obstáculos similares con la “Ley de Pacificación Nacional” de 1983 y, más tarde, con las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”. Estas últimas limitaron la justicia por casi dos décadas, pero fueron finalmente declaradas inconstitucionales y nulas en el fallo “Simón” (2005).

El argumento argentino, aplicable a España, es que una ley del Congreso no puede contradecir tratados internacionales que prohíben amnistías para crímenes de lesa humanidad. En este sentido, relatores de la ONU han señalado que la ley de 1977 es incompatible con los compromisos internacionales de España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Un avance significativo en España es el art. 2.3 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a interpretar la Ley de Amnistía conforme al Derecho Internacional, según el cual estos crímenes son imprescriptibles. En Argentina, una situación análoga ocurrió con la “ley interpretativa del 2x1” (Ley 27.362). La Corte argentina, en el fallo “Batalla” (2018), validó que el legislador tiene la prerrogativa de dictar leyes aclaratorias para fijar el sentido de normas anteriores y evitar interpretaciones judiciales contradictorias.

Si aplicamos esta lógica, el art. 2.3 de la ley española debería ser obligatorio para los tribunales, quienes deben admitir las querellas por crímenes franquistas al ser estos inamnistiables por mandato legislativo.

El genocidio y los crímenes de Estado no terminan con la aniquilación física; continúan en la etapa de la negación y el olvido. Los operadores del derecho tienen la responsabilidad de activar el carácter reparador de la justicia. El derecho tiene una doble faz: no es solo castigo, sino un constructor de verdad histórica y social. Es imperativo abandonar el formalismo extremo y comprender que las sentencias judiciales son el discurso que edifica el relato de lo que nos sucedió como sociedad, construyendo memorias justas y dignas.

Despego la nariz de la pantalla y traspaso el cristal.

Mentira me parece, que pocos años atrás una pandemia me obligara (como a tod@s) a ser una mujer pegada a una mascarilla y que mi osadía me empujara hasta Camboya, para empezar a conocer país, sentada en el aeropuerto esperando el resultado del PCR preceptivo, antes de poner un pie fuera del recinto.

Mentira me parece también que estuviera a deshoras siguiendo el mortecino hilo de luz que proyectaba la linterna del chofer, para como Pulgarcito, avanzar por un lugar que nunca podré recordar, porque la oscuridad era tan manifiesta que nada más que algún parcial hierbajo y parte de alguna piedra divisaba, todos embebidos en el estruendoso graznar de pajarracos ocultos, en las sombras de una inmensa jungla negra. 

Pero el milagro que presenciamos cada día y en cualquier punto se obró, y empezó a cobrar forma mi derredor. Eran gigantescos los árboles e interminable la pradera por la que me dieron ganas de echar a correr, cuando a lo lejos su inigualable figura vislumbré, pero me retuve y mantuve tras los pasos del guía.

Cuanto más avanzaba más impresionante se volvía, no solo era su tamaño, sus torres, su armonía. Era la belleza llevada a la perfección, nacida, sin duda, de un vasto conocimiento y de un profundo amor de sus proyectistas y hacedores.

El blanco, negro y gris dejaron paso a los colores, todos hicieron en el cielo un telón, que proyectó la imagen soberbia del templo en el lago, que se sitúa a la entrada y justo frente a él. 

No hicieron falta los fuegos artificiales para que enmudeciéramos, la media docena de insomnes que nos encontrábamos allí; ni IA, ni efectos especiales. Nada hay comparable con un nuevo amanecer. Este que presenciaba, vestido con toda la gama del arco iris. Entrada gratuita a un espectáculo que solo nos puede ofrecer el planeta que habitamos, que descuidamos y que algún día perderemos, si no tomamos conciencia de ello.

Lloré. A veces la felicidad es tal, que es misión imposible evitarlo.

A veces solo sabemos que algo pesa. Que dormimos peor, que estamos más irritables o que ya no disfrutamos como antes. Quizá no sepamos explicar qué nos ocurre. Y no pasa nada: para empezar a hablar, no hace falta tener todas las respuestas.

Hoy hablamos de ansiedad, terapia y agotamiento con menos vergüenza que hace unos años. Poder nombrar el malestar es importante, pero no significa que tengamos que encontrar enseguida una explicación clínica. A veces, el primer paso consiste sencillamente en preguntarnos: qué siento, cuándo aparece y qué podría ayudarme ahora.

Una emoción no es un diagnóstico. El miedo, la tristeza, la rabia o la inquietud pueden acompañarnos ante una pérdida, un cambio, un conflicto o una etapa exigente. No nos definen por completo ni indican, por sí solas, que haya algo malo en nosotros. Escucharlas, entender qué nos dicen y decidir cómo cuidarnos forma parte de la inteligencia emocional.

Durante mucho tiempo, el sufrimiento se recibió con frases como «no es para tanto» o «tienes que ser más fuerte». Aunque a veces se dijeran con buena intención, podían hacer que quien lo estaba pasando mal se sintiera aún más solo. Por eso es tan valioso poder hablar con alguien que escuche sin juzgar y sin apresurarse a dar una respuesta.

También conviene recordar que poner nombre a una emoción no es lo mismo que ponerse una etiqueta. Sentir tristeza después de una pérdida, miedo ante un cambio o nervios antes de algo importante no significa, por sí solo, que exista un trastorno. Para comprender lo que nos ocurre importa nuestra historia, el momento que estamos viviendo y cómo ese malestar afecta al día a día. Un diagnóstico requiere una valoración profesional; no tenemos que hacérnoslo por nuestra cuenta.

Y decir que una emoción puede formar parte de la vida no significa que debamos soportarla en silencio. «Es normal» no debería cerrar la conversación. Si el malestar se mantiene, se intensifica o empieza a dificultar el descanso, las relaciones o las tareas cotidianas, pedir ayuda puede ser un buen paso. No hace falta tocar fondo ni saber explicar perfectamente lo que pasa para pedir apoyo.

La pregunta, quizá, no sea solo «¿esto es normal?», sino «¿qué me está pasando y qué necesito?». A veces la respuesta se descubre poco a poco, hablando, descansando o encontrando nuevas formas de afrontar una situación. Otras veces, hace falta acompañamiento profesional. Cada proceso tiene su ritmo.

También nos ayuda mirar alrededor. La soledad, la incertidumbre económica, la presión laboral o las dificultades para conciliar pueden influir en cómo nos sentimos. Cuidar la salud mental incluye atender a cada persona y, al mismo tiempo, preguntarnos qué condiciones de vida están pesando sobre muchas de ellas.

Si alguien nos cuenta que lo está pasando mal, podemos ofrecerle algo sencillo y valioso: tiempo, escucha y una pregunta amable. «¿Qué es lo que más te preocupa?» o «¿Cómo puedo acompañarte?» pueden abrir una conversación sin exigirle que lo tenga todo ordenado. Escuchar no sustituye a la atención profesional cuando hace falta, pero puede ayudar a que nadie tenga que empezar a buscar apoyo sintiéndose solo.

No todo malestar es un trastorno, y no hace falta encontrar enseguida una etiqueta. Lo que sentimos merece ser recibido con respeto y curiosidad. A veces, el primer alivio llega cuando podemos decir «no sé muy bien qué me pasa» y alguien se queda a escucharnos, sin prisa.

Hace algunos días, Ramón Jáuregui publicó un texto de opinión sobre el desarrollo del relato sobre lo ocurrido con la violencia terrorista de ETA. Su título puede darnos idea de cuál es la hipótesis principal: 'Ganar la paz y perder el relato'. Desde el respeto más absoluto, sin intención de polemizar, me gustaría puntualizar ciertas cuestiones que entiendo se plantean de forma equivocada.

En primer lugar, el uso de la historia ficción. Comienzo por ella porque para cualquier historiador, lo de usar la ficción para sostener una hipótesis de análisis histórico real no es algo que nos guste demasiado. A mí, al menos, no. La frase en cuestión es: “dudo mucho que el golpe de Tejero de 1981 se habría producido si ETA no hubiera existido, matando a casi cien personas cada uno de aquellos años terribles”.

Es decir, simplifica de manera excesiva las causas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para poder ajustarlo a su postura. Efectivamente, la violencia de ETA generó un clima de fuerte tensión y malestar en el estamento militar franquista. Nadie puede cuestionar eso. Sin embargo, las causas del 23-F respondían a un entramado complejo de factores. Por un lado, el rechazo instintivo de sectores involucionistas de las Fuerzas Armadas al proceso democratizador. Por otro lado, la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Debemos tener en cuenta también la reforma autonómica. Por último, la crisis política interna de UCD y la dimisión de Adolfo Suárez.

Atribuir el origen del golpe casi en exclusiva a la existencia de ETA minimiza la responsabilidad del propio golpismo de matriz franquista e introduce una especulación no demostrada y no demostrable historiográficamente.

En segundo lugar, la visión reduccionista del pasado. La frase en cuestión es: “La voluntad colectiva de pasar página se observa fácilmente en nuestra sociedad de hoy... Nadie quiere hablar de aquel pasado, como ocurrió en otras sociedades después de sus propias tragedias”.

Cuando hablamos de estos escenarios, inevitablemente nos viene a la cabeza el caso alemán. La idea que expone Jáuregui sobre que las sociedades tienden, de forma general, a pasar página u olvidar tras momentos traumáticos choca con ejemplos como el de la Alemania de la posguerra. 

A pesar de todos los reproches que se puedan hacer, como la presencia de exnazis en la Educación, Justicia, Policía de la República Federal Alemana (RFA), bajo una especie de fase inicial de silencio que abarcó los primeros años de la posguerra, desde finales de 1950 la RFA desarrolló un proceso educativo y judicial de confrontación y memoria activa sobre los crímenes del nazismo. Lo llaman 'Vergangenheitsbewältigung' y se traduce como “hacer frente al pasado”, “hacer las paces con el pasado” o “lucha por llegar a un acuerdo con el pasado”.  

Junto a este podemos observar otros como el de Sudáfrica o Irlanda del Norte. 

En el caso sudafricano, por ejemplo, vemos que tras el fin del apartheid crearon la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fue este el eje central de la política de memoria del país. Su intención era investigar las violaciones a los derechos humanos mediante testimonios públicos de víctimas y victimarios, priorizando la reconciliación nacional sobre los castigos judiciales tradicionales. A pesar de todo, no ha sido perfecta y pueden criticarse muchos de sus aspectos. 

En el caso irlandés, la cosa es más complicada. Las ciudades de Belfast o Derry son espacios urbanos llenos de memoria: los murales callejeros. Sin embargo, cada comunidad mantiene vivos sus propios relatos y que, evidentemente, son contrapuestos. Además, la fragilidad del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 no daba mucha opción a abrir narrativas sobre lo ocurrido al momento de firmarse la paz.

Sin embargo, el silencio social inicial no implica necesariamente un consenso colectivo de olvido. La realidad es que estamos ante dinámicas complejas de asimilación del duelo y normalización política. Asumir de forma simplificada que el deseo social de no hablar del conflicto equivale a una renuncia moral generalizada, como hace Jáuregui, cuando menos es una lectura debatible.

Llama poderosamente la atención que eluda un ejemplo claro de lo que ha sido pasar la página sin leerla: la 'Transición' española. Vendida como un ejemplo, la realidad es que no generó ninguna lectura o revisión del pasado dictatorial anterior. Su propio proceso fue adulterado en positivo para eludir la realidad de lo sucedido. 

La Ley de amnistía de 1977, dentro del marco de esa 'Transición', supuso hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007 un silencio atroz para las miles de familias que hoy en día aún siguen buscando a su familiar desaparecido en cientos de fosas surgidas durante los años posteriores a la Guerra Civil. Si bien a nivel académico universitario existía debate, a nivel más bajo, a nivel escolar obligatorio el silencio sobre la dictadura y la ‘Transición’ fue evidente hasta 2007. No porque no se impartiese en los colegios, sino como Jáuregui plantea: cómo se daba, en qué se incidía.

La propia demostración de que aquella ley, la de 2007, con todas sus imperfecciones supuso un golpe de realidad colectiva fue porque planteaba, por primera vez desde la muerte de Francisco Franco, cuestiones necesarias: reparación moral de las víctimas; una condena oficial del franquismo; declarar a los tribunales franquistas como ilegítimos; la exhumación de las fosas comunes; la obligatoriedad de la retirada de símbolos y monumentos públicos franquistas; la nacionalidad para los hijos y nietos de los exiliados políticos.

Estamos hablando de 2007, un silencio institucional de 32 años. El golpe de realidad es equiparable al que tuvo que afrontar la sociedad alemana en 1957 con la lucha del fiscal general alemán Fritz Bauer para llevar ante la justicia a los criminales de guerra nazis que la propia sociedad y las instituciones de la Alemania de la posguerra intentaban encubrir u olvidar. 

En el caso vasco, al contrario que en el caso español con respecto al franquismo, existen herramientas como el programa de víctimas educadoras llamado 'Adi-Adian' y gestionado por el Gobierno Vasco. Alguien podría decir que es insuficiente, sin duda. Pero tengamos en cuenta que este programa echó a andar en 2014, apenas tres años después de la declaración unilateral de cese armado definitivo de ETA en 2011. Antes le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Sin duda, mucho más avanzado que lo realizado con el franquismo.

A pesar de todo, una de las primeras propuestas que hice a la consejera de Justicia, llegado al cargo de director de DDHH y Atención de Víctimas, en la primera reunión del Departamento al inicio de la legislatura, fue que la mejora y el impulso de 'Adi-Adian' pasaba inevitablemente por la introducción de este en el programa lectivo escolar. Hoy en día, sigo siendo un firme defensor de esta propuesta para que de manera obligatoria todos los estudiantes puedan tener acceso a los testimonios de todas las violencias ocurridas (ETA, GAL, BVE, policial, etc.). Lamentablemente, es competencia del Departamento de Educación.

En tercer lugar, la contradicción sobre la victoria de la democracia vs. la pasividad social del pasado: afirma que el fin de ETA fue una “victoria clara de la democracia”; por otro, sostiene que la sociedad vasca “quería eludir las preguntas incómodas” y que “premió su decisión de poner fin a su violencia” en las urnas.

Me surge una pregunta: si el fin del terrorismo fue una derrota policial, judicial y política del terrorismo mediante las instituciones democráticas, ¿no resulta contradictorio achacar el resultado electoral de la izquierda abertzale a un “premio” de una sociedad pasiva?

Sumemos que, en la evolución del voto en Euskadi, como en cualquier otro lugar, Jáuregui obvia que intervienen múltiples factores sociopolíticos, socioeconómicos y de gestión pública, y no únicamente el juicio ético retrospectivo sobre la violencia terrorista.

En cuarto lugar, la exigencia de relato oficial y la imposición de “peticiones de perdón institucionales” como en la siguiente frase: “ahora que se habla de nuevo estatus para Euskadi y se pretende la incorporación de la izquierda abertzale al nuevo marco jurídico-político, cosa que personalmente considero necesaria, no estaría que les exigiéramos dejar esto muy claro en el preámbulo del nuevo estatuto”. 

A nivel historiográfico y en ciencia política existe un amplio debate sobre si los preámbulos legislativos o la ley deben imponer un relato oficial o una verdad histórica única dictada desde el Estado. De no ser complicado este debate la Constitución de 1978 habría tenido un preámbulo similar al que Jáuregui solicita. 

Pretender crear un relato definitivo mediante normas administrativas o estatutarias entra en conflicto con la libertad de análisis historiográfico y la diversidad de memorias políticas en sociedades plurales, por deseable o ético que resulte el rechazo absoluto de la violencia. Insisto, de no ser así la Constitución española tendría un abultado preámbulo de condena expresa de la dictadura franquista. Sin embargo, no lo tiene.

No hace falta tener un hijo o una hija en edad escolar para sentir el pulso agitado de Bilbao cada inicio de curso. La vuelta al cole activa en nuestras calles una gran demostración de esfuerzo familiar: ajustar horarios, coordinar turnos laborales y encajar la crianza en el día a día. En una sociedad madura como la vasca, donde todas coincidimos en la importancia de reactivar la natalidad y cuidar a quienes nos cuidan, la conciliación no puede ser un juego de malabarismos individuales; debe ser una certeza compartida que nos haga avanzar a todas como comunidad. 

Frente a las exigencias de un mercado laboral en transformación, nuestras escuelas públicas son el corazón vivo de nuestros barrios y la llave maestra para una corresponsabilidad real. Dentro de los recursos municipales, las aulas de madrugadores destacan como una herramienta imprescindible. Permiten a multitud de familias comenzar su jornada laboral con tranquilidad mientras sus hijas e hijos disfrutan de un espacio seguro, educativo y enriquecedor. Sin embargo, hasta la fecha, el enorme esfuerzo organizativo y económico para sostener este servicio recae principalmente sobre la dedicación voluntaria de las AMPAS y los bolsillos de las familias.

Por ello, es el momento de dar un paso valiente y positivo desde las instituciones públicas. En este sentido, el pasado mes de septiembre, propusimos que el Área de Educación del Ayuntamiento garantice una partida presupuestaria en los Presupuestos Municipales de 2027, para respaldar a las AMPAS y ofrecer el servicio de aula de madrugadores de forma totalmente gratuita en toda la red pública bilbaína.

Contamos con el marco legal, la legitimidad institucional y la oportunidad política perfecta. La Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi dota a los municipios de competencias claras en el fomento de la conciliación y la familia. A su vez, la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres impulsa la creación de servicios públicos de cuidado. Asumir este compromiso presupuestario no es solo dar cumplimiento a nuestro Pacto Local por la Conciliación, sino traducir nuestras coincidencias políticas en bienestar directo para las familias. El Gobierno Municipal se comprometió a estudiar la medida, pero hacerla realidad en los presupuestos de 2027 y que se van a debatir en el mes de noviembre sería la mejor prueba de un Ayuntamiento útil y cercano a la gente.

Lejos de ser un mero recurso de custodia, el aula de madrugadores es un espacio de oportunidad socioeducativa. En esas primeras horas de la mañana se siembran hábitos de vida saludable, rutinas de higiene, valores de convivencia y educación ciudadana. Además, al asegurar la gratuidad de estas aulas en la enseñanza pública, democratizamos el acceso a los cuidados, aliviamos la carga económica de las familias trabajadoras y nivelamos el terreno para que nadie se quede atrás por razones de economía familiar.

Lograr que cada colegio público de Bilbao disponga de un aula de madrugadores gratuita es una meta deseable, posible y transformadora. Asumir este reto no supone un gasto, sino que es la mejor inversión estratégica

Más allá de los lemas de campaña, construir una ciudad más amable, cohesionada e igualitaria exige poner las políticas públicas al servicio de las necesidades cotidianas. En este sentido, invertir en las aulas de madrugadores es reconocer el papel insustituible de la escuela pública y situar los cuidados en el centro de la agenda municipal.

En definitiva, lograr que cada colegio público de Bilbao disponga de un aula de madrugadores gratuita es una meta deseable, posible y transformadora. Asumir este reto no supone un gasto, sino que es la mejor inversión estratégica en nuestro presente y en nuestro futuro. Sin duda, apostar con determinación por el bienestar de las familias es la vía más sólida para demostrar que, cuando desde las instituciones públicas garantizamos derechos y facilitamos la vida de la gente, Bilbao gana.

Hoy hace 47 años, Euskadi se citó con la historia. Fue un jueves de tiempo otoñal, fresco y lluvioso. Casi seis de cada diez vascos acudieron a votar en el referéndum del Estatuto de Gernika. El 90,27% lo hizo a favor: 831.839 ‘sí’-es y 47.529 ‘no’-es. Yo tenía cuatro años, pero con el tiempo tomé conciencia de lo determinante que fue aquel día en la historia de Euskadi. Familiares y amigos que vivieron aquel momento en primera persona, me transmitieron los nervios del recuento, la alegría desbordada en La Casilla, la ilusión ante una nueva etapa en la que todo estaba por hacer. También el vértigo, la incertidumbre y el peso de la responsabilidad de todo un Pueblo. Euskadi decía 'BAI!' a un nuevo futuro de prosperidad y libertad en verde, rojo y blanco.

El lehendakari Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco en aquel momento, fue capaz de expresarlo de forma clarividente: “A mí no me preocupa el día 25, a mí me preocupa el día 26”. No era para menos. El Estatuto se aprobó tras 40 años de dictadura, en una democracia tambaleante y amenazada por los militares, tal y como se demostraría solo dos años después, con el golpe del 23F. Euskadi sufría el lastre de la violencia y el terrorismo, con un asesinato cada tres días. Explotada fiscalmente, con infraestructuras de inicios del siglo XX, con una economía en recesión, castigada por la crisis internacional, en declive industrial -siderurgia, astilleros- y con el paro en máximos. Y con la pesada losa de cuatro décadas de persecución de nuestra identidad y cultura.

Era el momento de reconstruir la Casa Vasca. Una casa cuya estructura estaba muy dañada, pero con pilares sólidos y profundos: la legitimidad histórica y democrática, custodiada contra viento y marea por los lehendakaris Agirre y Leizaola en el exilio. El Pueblo Vasco aprobó el pacto político más importante en décadas, y retomó el camino del primer Gobierno Vasco, cuyo nonagésimo aniversario estamos celebrando. El camino de la democracia, la libertad y el autogobierno. Euskadi decidió hacerse cargo de sí misma y de su destino, como siempre ha hecho a lo largo de su historia. Confiando en sus propias capacidades, sin tutelas y sin una red de seguridad en caso de que las cosas fueran mal. Con el Estatuto primero, y el Concierto Económico después, asumimos el riesgo y la responsabilidad de gobernar nuestra propia casa.

El espíritu de pacto político entre diferentes y con el Estado dejó, durante la campaña del referéndum, imágenes para la posteridad: Manuel Irujo y Dolores Ibarruri en un mitin unitario; líderes tan dispares como Arzalluz (PNV), Benegas (PSE), Castells (ESEI), Bandrés (EE), Zufia (EKA) o Lertxundi (PCE) compartiendo escenario; o Garaikoetxea y Rubial fundiéndose en un abrazo. Aquella unidad cristalizó en el respaldo mayoritario a la vía del autogobierno el 25 de octubre.

La excepción vino de la mano de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que pidió el voto en contra; y de Herri Batasuna, que menospreció el Estatuto de Gernika promoviendo activamente la abstención.

El balance de estos 47 años nos lleva a una triple constatación. La primera, que el Estatuto ha sido un instrumento político de primera magnitud. Nos ha permitido asentar el autogobierno, levantar un país en ruinas y vertebrar Euskadi en torno a un proyecto compartido de prosperidad y justicia social. Hemos dado forma al modelo de bienestar vasco, equiparándonos con los países europeos más avanzados y contamos con instituciones propias en los servicios públicos esenciales de salud (Osakidetza), formación (escuela pública, EHU), economía y empleo (Lanbide, SPRI, EVE), seguridad (Ertzaintza), emergencias (SOS Deiak, Euskalmet), protección social (RGI) o vivienda (Etxebide, Visesa, Alokabide). Organismos y políticas que nos han permitido construir un país moderno, competitivo y avanzado, sin dejar a nadie atrás.

La segunda constatación es que el Estatuto constituyó un ejercicio de ‘Realpolitik’; un acuerdo de mínimos, producto de la desigual relación de fuerzas y la presión de los sectores más conservadores del Estado. A pesar de todo, el buen hacer negociador de los equipos vascos y el talante constructivo de Suárez permitió alumbrar un texto de altura, con contenidos de relevancia política: reconocimiento del autogobierno como derecho originario, no como resultado de una concesión; no renuncia a este derecho y a los que pudieran correspondernos en virtud de nuestra historia; y condición de pacto político bilateral. Así queda recogido en el artículo primero y la disposición adicional del Estatuto de Gernika.

La tercera constatación es más amarga: este pacto aprobado por ley y referéndum fue, desde su nacimiento, desnaturalizado y erosionado a través de distintos mecanismos: ‘café para todos’, LOAPA, leyes de bases, judicialización, ... Ha sido sometido, siempre de forma unilateral, a una lógica transaccional por parte de los sucesivos Gobiernos españoles. La realidad es que 47 años después, sigue sin cumplirse íntegramente. Esta legislatura hemos avanzado, consiguiendo 14 nuevas competencias. Entre ellas, las políticas pasivas de empleo, prestaciones no contributivas en la Seguridad Social, salvamento marítimo y litoral, o los permisos de trabajo de personas extranjeras. Ahora bien, quedan pendientes la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, incluyendo las prestaciones contributivas, o los puertos de Bilbao y Pasaia. El pacto estatutario sigue sin cumplirse.

Defender el autogobierno vasco es defender algo vital: la posibilidad de gobernar nuestra propia casa. De contar con las capacidades necesarias para defender nuestros intereses. Que quienes vivimos y trabajamos aquí podamos decidir sobre lo que afecta a nuestra vida y a nuestra comunidad. Que quienes somos parte de este pueblo podamos cuidar y atender nuestro hogar.

Esto nos permite convertir la Casa Vasca en un refugio ante un mundo cada vez más incierto y acometer los nuevos retos de futuro: cambio climático, migración, disrupción tecnológica. También protegernos ante un clima político cada vez más deteriorado en el Estado, y ante fuerzas políticas que cuestionan nuestro autogobierno. Porque no olvidemos que, en pocas semanas, se celebrarán unas elecciones en las que concurre, con importantes opciones de gobernar, un partido que niega nuestra identidad y aboga por la supresión de nuestras libertades.

Muchos de los avances que hoy damos por sentados no hubieran sido posibles sin el Estatuto de Gernika. Y esta herencia lleva aparejado un compromiso. Todas y todos tenemos una responsabilidad, también el millón y medio de personas que no pudimos votar por edad: defender el autogobierno vasco; valorarlo como merece; e utilizar todas las herramientas que nos ofrece para seguir creciendo como país y en bienestar. Es nuestra obligación histórica cuidar lo que nos es propio, y lograr las nuevas capacidades políticas que necesitamos para seguir construyendo el futuro. En positivo, sin ir contra nadie, ni hacer bandera de la confrontación. Aplicando los mismos valores y principios, y la misma firmeza y entusiasmo de quienes nos precedieron porque, en un mundo tan incierto y convulso, el autogobierno sigue siendo la mejor defensa de la Casa Vasca ante todo lo que pueda venir. No olvidemos que, somos porque decidimos, y, decidimos porque somos.

Despego la nariz de la pantalla y traspaso el cristal. Aunque el título nos pudiera llevar a engaño y situarnos en la frontera entre México y Estados Unidos, nada más lejos de mi intención, porque mi pretensión es trasladarnos a un bosque impenetrable denominado Bwindi, situado en Uganda. En él se encuentran algunos de los pocos ejemplares existentes en el mundo, de gorilas de esta espalda tan característica.

Se pueden visitar pagando un elevadísimo precio, con entradas tasadas a escasos grupos y siguiendo unas normas muy estrictas. Pero todo condicionante merece la pena. Las cuatro horas abriéndonos camino a machetazos por una maleza asfixiante. La lluvia, la humedad. El no saber dónde pisar y caerse a cada paso, hasta llegar a obtener el premio gordo: descubrir a una familia de padre, madre e hijo. El padre acostado, mientras la madre recostada le acariciaba en el rostro y ambos observando celosamente a su retoño, que se divertía columpiándose en una rama cercana.

Casi convertida en una estatua de cera para no soliviantarles, lo primero que me viene a la cabeza es su estampa familiar con inmensas similitudes a la de los seres humanos. Y lo segundo, la felicidad que individual y en conjunto desprenden… tan contagiosa.

Las siguientes reflexiones se agolpan como un torbellino a modo de preguntas, tantos porqués sin respuesta. Nuestro egoísmo, nuestra insensibilidad, nuestra inconsciencia, nuestro discurrir por el planeta como una especie que todo lo arrasa y lo devora, haciendo un uso abusivo de algo que no es nuestro, pero que nos lo arrogamos.  

Menos mal que la fuerza de la naturaleza y sobre todo la del amor puro se imponen y dejo de lado mis negros pensamientos, embelesada por tan maravillosas criaturas, en libertad, sin temor, en paz.  

Tanto que aprender…

En su novela 'Un puente sobre el Drina', Ivo Andric nos dice: “El pueblo sólo recuerda y cuenta aquello que puede comprender y transformar en leyenda”. “Lo demás —añade— discurre junto a él sin dejar huellas profundas, en la indiferencia muda de los fenómenos naturales y anónimos, sin tocar su imaginación y sin grabarse en la memoria”.

Lo que Andric escribía el pasado siglo en los años de la II Guerra Mundial no ha perdido su vigencia. El papel del símbolo en la conciencia de los pueblos aún tiene capacidad de resistir y plantar cara con eficacia a los sistemas de dominación absoluta del ser humano ideados por el capitalismo sin entrañas de nuestros días. Lo ocurrido con Maricarmen Abascal ha sido una buena prueba de todo ello.

Llevábamos tiempo hablando de la crisis de la vivienda; de sus precios estratosféricos y en continua expansión; de la imposibilidad de los jóvenes de acceder a una casa; de los desahucios rutinarios de inquilinos por la codicia de caseros que rescinden contratos de alquiler para embarcarse en negocios más lucrativos (preferentemente los turísticos); de la prepotencia escandalosa de esos fondos de inversión (“fondos buitre”), que compran bloques enteros de viviendas para especular con ellas de manera desvergonzada; de cómo, en consecuencia, se echa a la calle a personas muy vulnerables por razones de edad y, paralelamente, se cierra el paso a la emancipación de los jóvenes, que no pueden formar un hogar… Conocíamos los datos, las estadísticas, las informaciones cada vez más alarmantes, pero las oíamos como quien oye llover. Las habíamos asumido resignadamente, como esos “fenómenos naturales y anónimos” que, al decir de Andric, carecen de la capacidad de “grabarse en la memoria”.

Bastó que una sola persona se rebelase en público para que la apatía colectiva ante un problema que afecta a tanta gente se transformara en un grito permanente de indignación social y de movilización de masas; algo que desembocará en una huelga general convocada por UGT y CCOO, a instancias del Sindicato de Inquilinas. Recordemos la secuencia de imágenes: una mujer de 87 años, con una salud ya muy precaria, todavía en su domicilio, insiste: “Yo no pienso salir de mi casa”; tras un asalto brutal de la policía, esta mujer es desalojada y conducida en camilla al Hospital Gregorio Marañón y, con lo que aún le queda de voz, clama ante los jóvenes que la apoyan en la calle: “Defended vuestras casas”. Y, en los días que le quedan para su fallecimiento, volverá a insistir desde lo que será su lecho de muerte: “Seguid luchando”.

Resulta difícil no conmoverse ante el valor, la firmeza, e incluso la belleza, de quien se atreve a desafiar a los poderes dominantes, con su propia verdad y con su propio cuerpo; y, por eso mismo, se convierte en un símbolo de rebeldía que contagia al conjunto del país, poniendo patas arriba el discurrir cansino de la política española. Porque es evidente que cuando el símbolo entra en escena se hace muy difícil, por no decir imposible, combatirlo.

Resulta difícil no conmoverse ante el valor, la firmeza, e incluso la belleza, de quien se atreve a desafiar a los poderes dominantes, con su propia verdad y con su propio cuerpo

Por eso precisamente, Maricarmen resulta más molesta muerta que viva para las clases dominantes. Parece que el hecho mismo de morir, y el eco social de esta muerte, se han llegado considerar un desacato intolerable a los poderes económicos establecidos. Algo que ha incomodado especialmente a sus guardianes ideológicos, el complejo ultraderechista que conforman el PP y Vox; hasta el punto de negarle el minuto de silencio en instituciones que dominan y de echar las mayores porquerías posibles sobre su memoria.

La reacción española está especialmente empeñada en apartar la mirada pública de esta mujer y que pase al olvido, como si su rebeldía y su muerte no tuvieran relación alguno con los problemas del presente; que no son los de de las falsas prioridades nacionales que la ultraderecha mancomunada se inventa como guión para ganar las elecciones y acceder al poder político. Cuando Feijóo pide a la izquierda que no haga de Maricarmen un “icono electoral” está reconociendo implícitamente que ese guión ultraespañol tiene ya muy poca sustancia. Porque lo que va a estar en debate en el proceso electoral no es si peligra la unidad y seguridad de España, sino los problemas que afectan a la España real y a los españoles de a pie: los del futuro de la vivienda, los de la educación y sanidad públicas, los de las ayudas a las personas dependientes, los de unos servicios públicos deteriorados en las autonomías donde la derecha gobierna … 

En definitiva, se hablará sobre el futuro en este país del Estado de bienestar, que la ultraderecha se quiere cargar, en beneficio del mundo de los negocios. De hecho, se ha empezado a cuestionar, y mucho, el futuro de las Pensiones, puesto en duda por quienes (Figaredo, Ester Muñoz…) tratan de privatizarlas y recortarlas.

No hay que olvidar por último —y eso también está en el debate electoral— que hay algo que fundamenta nuestro bienestar: y es el mantenimiento de las libertades frente a quienes pretenden erosionarlas con lenguajes y prácticas neofascistas cada vez más evidentes. Éstas, pues, son las verdaderas prioridades de la sociedad española, que nada tienen que ver con himnos caducados y banderas que se esgrimen para agredir, yendo a la “caza del moro” o del “rojo”.

Y que se hable sin tapujos de lo que de verdad importa a la mayoría social -vivir mejor y con más libertad- ha sido el legado de un acto de rebeldía que ha conmovido a todo un país y, al transformarse en leyenda, ha trastocado por entero la vida política española. Cuando la poesía entra en escena, ocurren estas cosas. Siempre es saludable que, de vez en cuando, surjan voces que pongan en su sitio la racionalidad tecnológica, que se ha convertido ya en la teología del ultracapitalismo de nuestros días. Esa tecnología que nos avasalla a diario, obligándonos a aceptar en silencio que todo lo que nos ocurre es inevitable. Una mujer de 87 años nos ha dicho alto y claro que eso no es verdad.

Recientemente, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado una propuesta para impulsar en el monte Antondegi un desarrollo de unas 3.000 viviendas. 

La iniciativa parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, sin un acuerdo previo con el Ayuntamiento de Donostia, con el que el propio Departamento señala que deberá ser trabajada y pactada posteriormente. Resulta especialmente llamativo que una actuación de esta magnitud se anuncie mientras Donostia se encuentra inmersa en la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La loma de Antondegi es un entorno rural de elevado interés ambiental y paisajístico. Un trabajo ya publicado y avalado por un amplio grupo de especialistas (entre ellos catedráticos de Ecología y Zoología, investigadores y doctores en distintas disciplinas ambientales), documentó su importancia como una de las zonas de campiña mejor conservadas de Donostia, su riqueza faunística y, especialmente, su función como corredor ecológico y como parte de la Infraestructura Verde de Gipuzkoa. En este espacio se han registrado hasta 117 especies de aves, una cifra que sitúa a Antondegi entre los ámbitos con mayor riqueza ornitológica de Gipuzkoa. Asimismo, se ha constatado una notable comunidad de mamíferos, con al menos 18 especies. 

El Avance del nuevo PGOU ya ha analizado el futuro de Antondegi dentro de un proceso técnico y de participación ciudadana iniciado en 2021 y elaborado por un equipo multidisciplinar de 27 profesionales especialistas en urbanismo, medio ambiente, geografía, ingeniería y derecho. El Avance propone expresamente desclasificar el ámbito MA.08 Antondegi como suelo destinado a desarrollo urbanístico y preservar su carácter rural, con el objetivo de proteger su función dentro de la infraestructura verde y garantizar las conexiones ecológicas del territorio. Esta decisión se enmarca, además, en un modelo de crecimiento compacto y equilibrado, con menor ocupación de suelo y concentrando las nuevas viviendas mayoritariamente en suelo urbano. A ello se añade que el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa, aprobado en 2016 y actualmente vigente, ya planteó expresamente la reconsideración de la previsión de crecimiento residencial en Antondegi.

Frente a este trabajo técnico y urbanístico, el consejero plantea ahora unas 3.000 viviendas en Antondegi sin presentar estudios que justifiquen apartarse de las conclusiones del Avance. Además, la propuesta se ha anunciado en sentido contrario al criterio recogido en el Avance del nuevo PGOU. Una actuación de esta trascendencia no debería plantearse al margen del proceso de planificación que Donostia tiene en marcha ni desligarse de una reflexión más amplia sobre el territorio y el modelo de ciudad. La construcción de nuevas viviendas no puede plantearse como única respuesta a la emergencia habitacional, especialmente cuando supone promover grandes desarrollos urbanísticos en espacios de valor natural sin abordar suficientemente sus impactos sociales y ambientales. 

Desde esa visión más integral quienes formamos parte de la iniciativa Antondegi Berdea defendemos que el nuevo planeamiento urbanístico mantenga el carácter rural de Antondegi. La necesidad de vivienda debe abordarse de forma integral, teniendo en cuenta la protección ambiental, la cohesión social, la movilidad, los servicios públicos y el modelo de desarrollo urbano que Donostia quiere para las próximas décadas. Decisiones de esta trascendencia no deberían quedar condicionadas por iniciativas políticas individuales ni por calendarios electorales, sino ser objeto de un debate abierto, informado y transparente en el que participe la ciudadanía afectada. Nuestro colectivo seguirá impulsando distintas iniciativas en torno al futuro de Antondegi, defendiendo sus valores y promoviendo un modelo de urbanismo sostenible y respetuoso con el territorio.

(La iniciativa Antondegi Berdea agrupa a diversas organizaciones ecologistas y naturalistas, así como a colectivos que defienden un urbanismo sostenible, comprometidos con la conservación de los valores ambientales y paisajísticos de Antondegi Eguzki, Parkea Bizirik, Itsas Enara, SEO/BirdLife Donostia, Haritzalde, Surfrider y Bizilagunekin).

En octubre del año pasado, el alcalde de Baños de Ebro (Araba), Francisco Javier García, del PP, recibió varias peticiones para retirar la leyenda franquista “Caídos por Dios y por España” labrada en piedra en el dintel de una ventana de un edificio municipal que acoge el consultorio médico de la localidad. La respuesta del regidor fue la siguiente: “Es una piedra que no molesta a nadie (...) lleva en el pueblo toda la vida” y añadió que no consideraba adecuado “borrar la memoria” de los vecinos ahí nombrados.

La semana pasada, el ayuntamiento ha anunciado que acatará el requerimiento del Gobierno central para retirar el lema franquista. Sin embargo, no procederá a su retirada y el alcalde del PP buscará una salida “intermedia”: en lugar de picar o retirar físicamente la placa de piedra, ha optado por cubrir la inscripción. La justificación es que, según informes técnicos, la extracción completa de la placa podría comprometer la estructura del inmueble y provocar grietas. 

Se ha marcado un plazo de tres meses para ejecutar la colocación de la cubierta sobre el vestigio franquista. Tal vez, el regidor del PP aspira a que Feijóo gane las elecciones del 29N para una vez compuesto un gobierno de derecha y ultraderecha retirar la tabla con la que pretende cubrir la inscripción.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha tachado de “solución burda” y no le falta razón. En realidad, es una salida al incumplimiento legal buscando una estratagema para no terminar de retirar por completo los restos del franquismo. No ha sido la única, varios colectivos de memoria histórica se han sumado a las críticas y han exigido la retirada íntegra del dintel grabado.

Parece que el PP, que es un partido que está todo el día con las palabras Constitución, democracia y cumplir la ley en la boca, cree que hay leyes que son de libre cumplimiento. Lo cierto es que llegaron tarde a la democracia y de los 16 diputados que tenía Alianza Popular en 1978, 5 votaron en contra de la Constitución y 3 se abstuvieron.

La Ley de Memoria Democrática busca garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta especie de búsqueda de apaños que pretende el alcalde del PP transmite el peligroso mensaje de que los símbolos de la dictadura son negociables. Para aquellos que trabajamos en la enseñanza sabemos de lo peligroso de estos mensajes entre los jóvenes.

Deberían tener claro que el espacio público es de todos los ciudadanos y las ciudadanas, por lo que mantener o disimular enseñas y consignas que ensalzan un régimen totalitario responsable de la represión y el asesinato de miles de personas supone una afrenta directa a las víctimas y a la convivencia democrática. Hoy en día aún siguen sin desenterrarse miles de cadáveres de fosas comunes.

Consolidar una sociedad libre y democrática requiere de un esfuerzo colectivo. Para ello se exige pedagogía y contundencia frente al pasado totalitario, al igual que ocurre en el resto de las democracias europeas de nuestro entorno. A diferencia de lo que sostiene el PP, borrar o retirar los vestigios del franquismo no es “borrar la historia”, sino dejar de honrar el franquismo en las instituciones públicas. La memoria de las víctimas se honra con justicia y dignidad, no perpetuando los monumentos y consignas levantados por sus victimarios. 

Buscar atajos cronifica socialmente las reminiscencias del régimen franquista. No se trata de un capricho político, como pretende vender el PP. Se trata de la condición indispensable para apuntalar una sociedad plenamente democrática, consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos. Por eso, la respuesta de las instituciones públicas debe ser firme.

Hay decisiones que superan una legislatura, una institución o incluso una generación. Decisiones que determinan cómo serán nuestras ciudades dentro de cincuenta o cien años. Cómo llegue la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz es una de ellas.

A lo largo de los últimos años, todas las instituciones alavesas hemos compartido y trabajado con el mismo objetivo: la llegada del ferrocarril y su integración en nuestra ciudad debía realizarse de forma soterrada, tal y como se había acordado en los sucesivos convenios firmados. No se trataba de una ocurrencia, ni de una reivindicación política, ni de una demanda desconocida. Se trataba de transformar Vitoria-Gasteiz aprovechando una oportunidad que probablemente no se vuelva a producir en décadas, eliminando una barrera física que divide la ciudad y que posibilitaría el desarrollo de nuevos espacios urbanos, económicos y sociales para nuestra capital.

La semana pasada se reunió, tras la petición que realicé al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz. No voy a ocultar mi intranquilidad porque este consenso político inicialmente compartido de ejecutar el soterramiento en Vitoria-Gasteiz pueda verse cuestionado o relegado. Y creo que los alaveses y las alavesas merecen una reflexión serena sobre lo que esto puede significar.

Porque cuando hablamos del soterramiento no estamos hablando únicamente de infraestructuras ferroviarias. Estamos hablando de ciudad. Estamos hablando de cohesión urbana. Hablamos de construir una ciudad más habitable, más cómoda, de unir barrios, generar espacios para viviendas y personas, de crear oportunidades económicas. En definitiva, de transformar Vitoria-Gasteiz.

La llegada de ferrocarril de alta velocidad a otras ciudades europeas o del Estado ha supuesto un cambio profundo en su trama urbana. No ha resuelto sólo un problema de movilidad. Ha servido para mejorar la ciudad y hacerla más habitable, más conectada y más competitiva.

Ese era precisamente el espíritu con el que se planteó el proyecto para Vitoria-Gasteiz.

Es cierto que el coste es importante. También es cierto que las administraciones públicas debemos gestionar con rigor los recursos disponibles y que habrá dificultades técnicas. Pero no hay que olvidar que hablamos de un proyecto para décadas.

Precisamente por la trascendencia de esta decisión, debemos preguntarnos cuál es el coste de la alternativa. Porque las oportunidades perdidas también tienen un precio.

Renunciar al soterramiento puede hipotecar durante décadas la posibilidad de una transformación urbana que difícilmente volverá a presentarse. Las infraestructuras ferroviarias tienen una vida útil de generaciones. Lo que hagamos o no hagamos ahora condicionará a quienes vivan en Vitoria-Gasteiz dentro de muchos años.

Por eso me preocupa especialmente que el debate se esté planteando únicamente en términos económicos. Es un factor importante, sin duda, pero no puede ser el único. Es necesario ampliar la mirada y ser ambiciosos.

Cuando una sociedad afronta una decisión estratégica debe preguntarse no solo cuánto cuesta una actuación, sino también qué beneficios aporta y qué ciudad desea construir para el futuro.

Álava ha demostrado históricamente ambición cuando se trataba de defender proyectos transformadores. Apuestas como la recuperación del aeropuerto de Foronda, la apuesta por la logística, inversiones en industria o el Parque Tecnológico han creado miles de empleos, y cuando nacieron también parecían difíciles o costosas.

Gracias a estas apuestas compartidas, Álava es hoy un territorio más fuerte, más competitivo, con mayor bienestar y más oportunidades.

El soterramiento constituye, como las anteriores, una inversión estratégica. Y tenemos la obligación de hacerla posible. Se trata de una inversión que no solo beneficiaría a quienes utilizan el tren, sino al conjunto de la ciudad y de la sociedad alavesa.

Lamento profundamente que nos estemos alejando de ese horizonte. Lo lamento porque creo sinceramente que estamos ante una oportunidad histórica. Y no la podemos dejar pasar, porque raramente vuelven.

Estamos aún a tiempo de reflexionar, de no desviarnos del consenso inicial y de analizar fórmulas que hagan realidad esta aspiración. Las grandes transformaciones nunca han sido sencillas. Exigen determinación, diálogo institucional y visión de largo plazo.

Como Diputado General tengo la obligación de defender lo que considero mejor para Álava y para las generaciones futuras. Así ha sido durante estos años y con este objetivo seguiré actuando.

El soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz es una decisión sobre el modelo de territorio que queremos legar a quienes vendrán después. Y sobre estas decisiones nos valorarán.

Por eso sigo convencido de que Vitoria-Gasteiz merece aprovechar plenamente una oportunidad que solo se presenta una vez.

La celebración de Asteklima 2026, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi —impulsada anualmente por el Gobierno Vasco junto al Ente Vasco de la Energía (EVE) e Ihobe— nos brinda una oportunidad excelente para reflexionar sobre los avances en viabilidad ecológica, pero también para abordar de frente un problema creciente: la intoxicación del debate público. Coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra el 24 de octubre, es imperativo analizar cómo la conversación sobre la crisis climática en nuestro territorio se ha trasladado a un embarrado campo de batalla digital.

En los últimos tiempos, las redes sociales en Euskadi se han inundado de narrativas desinformativas, bulos flagrantes y montajes hiperrealistas generados por Inteligencia Artificial. Estas polémicas, a menudo amplificadas de forma artificial por algoritmos, no buscan el debate científico, sino sembrar la duda y la desconfianza allí donde la ciencia ya ha construido certezas incontestables. Combatir esta manipulación es hoy tan urgente como reducir las propias emisiones.

La manipulación informativa no es, ni mucho menos, un invento exclusivo de este siglo XXI saturado de pantallas. Si echamos la vista atrás, el sensacionalismo y el amarillismo mediático de los años ochenta ya retorcían la realidad con un objetivo de negocio evidente: vender más ejemplares en los quioscos y arañar unas décimas de rating en los informativos de televisión mediante el escándalo, la exageración y el morbo. Sin embargo, aquellas viejas mentiras impresas o televisadas operaban bajo límites físicos, lógicos y temporales muy claros.

La desinformación contemporánea, en cambio, se mueve bajo dinámicas infinitamente más peligrosas. Los bulos ecológicos actuales ya no aspiran únicamente a una rentabilidad económica directa a corto plazo, sino a alimentar un ecosistema de negacionismo sistémico y retardismo político. Esta corriente arremete con fuerza contra el consenso científico y contra el propio sentido común. Para colmo, la irrupción masiva de la Inteligencia Artificial ha puesto en manos de cualquier persona anónima herramientas accesibles capaces de clonar voces, manipular fotografías y multiplicar de forma geométrica la mentira ambiental en cuestión de segundos.

Un ejemplo perfecto y sumamente ilustrativo de esta preocupante deriva tecnológica ocurrió a finales de 2024 en el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa. Un vídeo generado íntegramente mediante software de IA, en el que una supuesta ola gigante de proporciones bíblicas arrastraba violentamente a varios concejales y representantes políticos durante un acto público, se difundió de forma masiva a través de grupos de WhatsApp y cuentas de la red social X. El creador del metraje confesó posteriormente que su intención original había sido meramente lúdica, orientada a “echar unas risas” dentro de un chat privado de amigos. Sin embargo, los mecanismos de viralización convirtieron el chiste en una incontrolable bola de nieve digital que muchos usuarios dieron por verídica.

Lo grave del asunto es que el contexto real del evento era diametralmente opuesto a la ficción creada: el Gobierno Vasco y el consistorio local se habían reunido en ese preciso punto para presentar una ambiciosa remodelación de las defensas costeras del municipio. Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa europea LIFE IP Urban Klima 2050, el mayor plan de acción climática de Euskadi, diseñado precisamente para mitigar los impactos reales de la subida del nivel del mar y la erosión en nuestro litoral. Aquella aparente broma tecnológica no solo ridiculizó innecesariamente a unos representantes públicos, sino que consiguió algo mucho más dañino: banalizó el riesgo físico del cambio climático y desvió la atención social de un proyecto técnico y científico crucial para la supervivencia de nuestra infraestructura costera.

Esta encarnizada “guerra de datos” y relatos se traslada con idéntica fuerza desde el salitre de la costa hasta el asfalto y el hormigón de nuestros centros urbanos a través de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta normativa estatal y europea afecta de manera directa a las localidades vascas de más de 50.000 habitantes: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Barakaldo, Getxo e Irún. En las tres provincias, los debates vecinales y políticos se han visto intoxicados de forma sistemática por el mito del “cierre total” de las ciudades y por la propagación de teorías que acusan a las corporaciones locales de guiarse exclusivamente por un afán recaudatorio y fiscal. Es innegable que existen preocupaciones legítimas y debates socioeconómicos de calado.

Por ejemplo, algunas agrupaciones de comerciantes expresan miedos fundados ante la posibilidad de que las restricciones de tráfico ahuyenten a clientes potenciales de otros municipios colindantes que carecen de alternativas eficientes de transporte público y dependen obligatoriamente del vehículo privado para desplazarse a realizar sus compras. Sin embargo, la desinformación prospera precisamente ahí: instrumentaliza ese malestar y esa incertidumbre económica para propagar datos falsos y ocultar los indicadores positivos de salud pública. Las mediciones oficiales de los consistorios que ya han dado pasos firmes en la peatonalización revelan realidades contundentes, como la reducción de hasta un 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en los núcleos urbanos regulados, al mismo tiempo que diversos estudios independientes apuntan a una revitalización paralela del comercio de proximidad.

También es habitual cada verano ver cómo se viralizan tablas climáticas descontextualizadas de las décadas de los 40 y 50 que muestran picos de calor extremos en estaciones meteorológicas históricas como las de Sondika o Foronda. Quienes comparten estos recortes pretenden argumentar falsamente que “en Euskadi siempre ha hecho el mismo calor en verano” y que la crisis climática es una invención exagerada. Con ello, confunden de manera deliberada la meteorología -un evento aislado en el tiempo- con la climatología, que analiza las tendencias globales y sostenidas de calentamiento que los científicos llevan décadas documentando en nuestro entorno.

De hecho, según el informe sobre el Estado del Clima en Euskadi del Gobierno Vasco, desde 1970 la temperatura media en nuestra comunidad ha aumentado a un ritmo constante de 0,3 °C por década. El reciente verano de 2026 se ha convertido en el más cálido registrado en Euskadi desde que se tienen registros fiables, superando con creces los anteriores máximos establecidos en 2022 y 2023. La temperatura media de los meses de junio, julio y agosto se situó 3,2 °C por encima de lo habitual.

Ante esta auténtica epidemia de desinformación, las herramientas tradicionales del periodismo riguroso, la validación de la comunidad científica, el contraste exhaustivo de las fuentes de información y la responsabilidad crítica individual se erigen como las únicas vacunas verdaderamente eficaces de las que disponemos.

La transición ecológica requiere reducir emisiones de gases de efecto invernadero y cada sector productivo tiene sus retos. La transición energética en Europa necesita avanzar en reducción y eficiencia energética, y aumentar energía renovable y soberanía energética nacional, regional y local. La economía circular se construye sobre la jerarquía de residuos, empezando por su reducción y prevención, el retratamiento y reciclaje, etc., desde unas infraestructuras y servicios públicos. El sector ganadero tiene desafíos, especialmente el bovino (carne y lácteo) y porcino. Según datos del Ministerio de Agricultura, el consumo de leche ha descendido de 40 litros por habitante al año a comienzos de siglo XXI a menos de 30 litros en la actualidad, y el de quesos y yogures se ha mantenido.

En Europa el biogás/biometano ha emergido como una solución coyuntural, y España como un país adecuado para su desarrollo. Sin embargo, los proyectos de plantas biogás/biometano han tendido a priorizar la lógica del beneficio empresarial y no la transición energética. En mayo del 2026, el Ministerio de Transición Ecológica publicó un borrador de Real Decreto de promoción del biometano, estableciendo cuotas mínimas de penetración y uso, y sus respectivos controles. Las empresas del sector usan atractivos eslóganes como “biogás, apuesta de futuro” o “sin biogás no hay transición energética”, presentándose como motores de sostenibilidad, circularidad y descarbonización, pero escondiendo sus cortoplacistas estrategias de negocio, y todos los complejos riesgos del biometano que el Estado es incapaz de regular y limitar para una transición real y justa.

Sobre las plantas de biogás/biometano, las ciencias técnico-naturales avisan de dos cuestiones: la escala de las plantas, ya que tienden a aumentar su capacidad para rentabilizar los beneficios; y el digerido o digestato generado para usar como fertilizante o nitrato, que tiene complejos riesgos en su composición y en su aplicación en los suelos. Para las ciencias sociopolíticas, estos proyectos necesitan dos condiciones: un proceso de información, participación y aceptación de la ciudadanía; y que la infraestructura tenga una clara utilidad pública y bienes comunes (energía local, etc.).

El valle de Carranza (oeste de Bizkaia, límite con Cantabria y Burgos) según el último censo de 2025 tiene 14.000 vacas, 5.500 ovejas, etc. Unas 4.200 vacas de leche producen casi la mitad de la leche de la provincia. En las últimas décadas, una parte de la ganadería intensiva láctea ha generado un creciente problema de gestión de purines. En sus 138 Km² (el municipio más grande de Bizkaia), el valle tiene riqueza en bosques, zonas montañosas, fauna diversa (también el problemático lobo), historia (dólmenes funerarios), etc., un legado a preservar.

La historia de la planta de purines empieza a principios del siglo XXI, cuando la ya inexistente cooperativa de ganaderos unidos del valle, el ayuntamiento (mayoría absoluta del PNV) y una entidad bancaria, crearon una empresa (Karrantzako Minda), para construir una planta de gestión de purines para la ganadería láctea del valle. Sin embargo, los fondos públicos (más de 10 millones de euros) fueron objeto de malversación e incluso apropiación personal. En el 2010 el proyecto quedó paralizado por falta de control en las inversiones y el destino de las subvenciones públicas. Aquel proyecto dejó una infraestructura inconclusa. En el 2023, la empresa Karrantza Green Gas presentó un proyecto de tratamiento de purines con la intención de convertirlo a gas. Posteriormente, esta sociedad fue adquirida por Verdalia. En mayo de 2025 el Gobierno vasco publica en el BOPV la Autorización Ambiental Integrada (AAI), autorizando la gestión de 130.000 toneladas/año (¿con el tiempo potencialmente ampliable hasta 200.000?), para un periodo de 20 años. La AAI, ya con dos modificaciones (de momento, no publicadas) es formalmente correcta y se presenta como garantista, pero hay un problema de inicio: no hay un diagnóstico técnico sobre los residuos del valle que motive la necesidad de este tipo de planta.

Las estimaciones de producción de Verdalia han ido cambiando: 2.069 t/año de biogás natural licuado (58% de metano para conectar a la red en Zalla, a 25 km de Carranza); digestato sólido para fertilizante seco (de 28.300 a 73.000 t/año) y de problemático digestato líquido (de 90.600 a 43.000 t/año). ¿Cuántos purines del valle necesitan la planta? De las 4.200 vacas lecheras del valle no todas son de ganadería intensiva; por lo tanto, no todos los ganaderos necesitan esta planta o servicio. Si una vaca lechera en modelo de estabulación intensiva produce unos 20/24.000 litros/kg de purines al año, el total anual estimado queda lejos de las 130.000 toneladas permitidas. Como el valle se queda pequeño, la empresa ha empezado a ampliar su zona de operaciones a territorios limítrofes y sus fuentes de residuos, de momento, paja, gallinaza, y restos lácteos, pero, ¿a futuro?

En el 2025, el Ayuntamiento no informa a la ciudadanía local sobre la AAI, ni del comienzo del expediente de licencia de obras. Considera que: no es su competencia, no está obligado por la ley, la gente ya conoce el proyecto al ser similar al anterior, etc. Esto no es una aplicación de las leyes con ética democrática, ni una buena práctica procedimental de información, como recomiendan el Ministerio de Transición Ecológica y la asociación de empresas de biogás de España.

En el verano de 2026, al de unas semanas de comenzar las obras de la planta, afloran preguntas, dudas y críticas. Su diseño y escala exceden las necesidades locales. El futuro de la planta y de sus riesgos es incierto, y no hay garantías ni compromisos claros, especialmente por parte de la empresa. Las regulaciones regionales, nacionales y europeas no garantizan claramente la sostenibilidad ecológica futura de este tipo de plantas.

En septiembre, el PNV local se posiciona en contra del proyecto de Verdalia: quieren un modelo de planta con menos problemas y riesgos (tráfico de camiones, ruidos, olores, etc.) y más beneficios locales. La plataforma Karrantza Bizirik Stop Biogás ha recogido ya más de 200 firmas de residentes que piden una moratoria cautelar del proyecto; es casi el 10% del censo local (2.650 personas), un porcentaje que en democracias establecidas da derecho a nivel local a una consulta popular y un pleno monográfico con participación ciudadana.

En suma, apoyando el proyecto de Verdalia, quedan Karrantza Zabala (partido local con mayoría absoluta en el Ayuntamiento) y el Gobierno vasco. Los tres deberían aplicar criterios éticos a las normas administrativas y empresariales, pausar las obras, abrir el diálogo para reconducir el proyecto. Sin ética, las leyes no se acercan a la justicia.

Necesitamos una visión común ilusionante en beneficio de todos. Hacemos tres propuestas. Primero, una parada de las obras y un proceso de diálogo, liderado por el Ayuntamiento, entre el sector ganadero y la ciudadanía local, para acordar el papel de la planta en la transición sostenible del valle. Segundo, un plan de transformación de la ganadería láctea que busque la reducción y una mejor gestión de los residuos, con mejoras en la alimentación, combinar prácticas intensivas y extensivas, etc., y la reconstitución de una cooperativa ganadera que también gestione purines, con técnicas aplicadas en establo, barrios o planta, compartir terrenos abonables, etc., todo ello recuperando el espíritu cooperativista de los años 1960-1980. Tercero, una renovada cultura democrática local. Las matemáticas de la democracia convencional y las mayorías absolutas unilaterales no son adecuadas, y menos aún para una comunidad local como Carranza, que debería autogobernarse desde una cultura de diálogo abierto y sincero, como camino al consenso amplio.