En Euskadi vamos a contar con un impuesto turístico a partir de enero de 2027 y debemos felicitarnos por ello. Primero, porque es una gran noticia por los beneficios que va a suponer. Y segundo, porque su encaje en nuestra compleja arquitectura institucional no ha sido una tarea sencilla y lo hemos conseguido con perseverancia y gracias al acuerdo, y con un porcentaje de consenso de en torno al 90% en las Juntas Generales de los territorios.

El debate sobre la forma que debía tener este impuesto fue exhaustivo. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo exploramos con mayor profundidad la vía del impuesto autonómico, con una ley autonómica como marco general, que precisaba convenios con las diputaciones para su desarrollo. Por otro lado, la vía que plantearon las diputaciones finalmente fue la del impuesto municipal a través de norma foral, aunque esa no fuera su idea inicial. Había dos caminos posibles y ambos necesitaban inexorablemente la participación de las diputaciones.

Tuvimos que decidir si queríamos que el impuesto saliese adelante por la vía del consenso o lo dejábamos morir. Optamos por el consenso porque creemos firmemente que es un impuesto positivo para Euskadi que nos posiciona con más de 20 países europeos y otras comunidades como Baleares o Cataluña y otras que se están sumando (Galicia, Asturias, …). Y gracias a apostar por el acuerdo hemos conseguido la armonización fiscal para el desarrollo de un impuesto homogéneo.

Y aquí llegamos a lo realmente relevante. ¿Por qué creemos que es un impuesto positivo? ¿Por qué y para qué lo queremos? Esa es la pregunta, aunque a veces el debate haya sido opacado por el cómo. O por los argumentos de sus detractores. Vamos a empezar a analizarlos.

En primer lugar, el impuesto turístico no busca desincentivar la entrada de turistas. No es una herramienta para evitar la masificación. La experiencia internacional demuestra que la existencia de un impuesto turístico no es un factor determinante en la elección de un destino, frente a otros factores como la calidad de la oferta turística, la conectividad, la seguridad, el clima u otros.

En segundo lugar, el impuesto turístico no resta competitividad a los destinos. Es más, puede contribuir notablemente a su mejora. En contra de lo que defienden algunos partidos políticos de derechas o alguna de las patronales nacionales del sector turístico, una reducción de impuestos no equivale a mejorar la competitividad del sector turístico. No está demostrado que haya pérdida de competitividad por precio o efecto de sustitución del gasto con tarifas de impuesto moderadas. Y su efecto estructural en la competitividad es positivo si la recaudación se orienta correctamente, reinvirtiendo en calidad y en sostenibilidad, lo que produce un auténtico efecto diferenciador del destino.

Y en tercer lugar, el impuesto turístico no debe ser ni un impuesto puramente recaudatorio, ni exclusivamente pigouviano (destinado primordialmente a cambiar ciertas conductas). No busca castigar a quienes nos visitan. Pero sí tiene como objetivo combatir las externalidades negativas del turismo. Se trata de que quien venga a disfrutar de Euskadi contribuya a su mejora en términos de equidad fiscal y asignación eficiente de los recursos. El impuesto turístico busca corresponsabilidad, no castigo.

Por tanto, lo esencial es diseñar correctamente el modelo de impuesto turístico, como lo hemos hecho en Euskadi. En línea con los más de 20 países y otras comunidades autónomas y regiones, pero con un modelo propio adaptado a nuestra realidad. Con una cuantía proporcionada para que no resulte disuasoria. Con progresividad según la categoría de los establecimientos. Con un equilibrio que no cree desigualdades entre municipios, pero que contemple su diversidad de situaciones. También con impacto en el propio sector, gracias a la dotación específica habilitada con dos millones de euros para proyectos del sector turístico.

Y nos queda ahora un elemento fundamental. La transparencia. Se trata de dar el último paso para garantizar que ese modelo sea óptimo y consiga mejorar nuestro entorno, y lo que es más importante, la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido, y al ser de recaudación 100% municipal, pido a los ayuntamientos transparencia en su gestión. La ciudadanía tiene el derecho a conocer a dónde se destinarán esos fondos y en qué van a contribuir al beneficio de su entorno. Ya tenemos un impuesto turístico que nos ha costado un largo trabajo, y ahora debemos ser capaces de hacer que su recaudación suponga una auténtica mejora para Euskadi como destino y para sus habitantes.

La polémica en torno al inusual número de ceros en el examen de Euskera de la PAU en Euskadi no es una simple incidencia académica. Es, ante todo, un problema de justicia, de igualdad de oportunidades y de confianza en las instituciones. Y por eso exige respuestas inmediatas, transparentes y contundentes.

Lo ocurrido este año no tiene precedentes conocidos. Decenas de alumnos —muchos de ellos con expedientes notables e incluso con acreditaciones lingüísticas como el B2 y en algunos casos el C1— han recibido calificaciones extremadamente bajas, incluidos ceros, concentrados en tribunales y aulas concretas. No hablamos de percepciones subjetivas, sino de datos objetivos que evidencian anomalías: diferencias de más de tres puntos entre la media de Bachillerato y la de Selectividad, resultados radicalmente distintos en función del tribunal calificador o situaciones pedagógicamente inexplicables.

Cuando un sistema que debe garantizar la equidad produce resultados tan dispares, la primera obligación de quienes lo gestionan es esclarecer qué ha ocurrido. Sin excusas. Sin dilaciones. Sin trasladar la responsabilidad de una institución a otra.

Porque aquí no basta con pedir “prudencia”, como ha hecho la consejera de Educación. La prudencia no puede convertirse en inacción cuando hay miles de jóvenes pendientes de su futuro. Estamos hablando de una prueba que condiciona el acceso a la universidad, el proyecto vital de toda una generación. Cada décima cuenta. Cada error pesa. Y cada día que pasa sin soluciones aumenta la incertidumbre y la frustración de estudiantes y familias.

Resulta especialmente preocupante que los propios centros educativos —con décadas de experiencia analizando resultados de la PAU— alerten de que nunca habían visto algo parecido. Y que lo hagan con argumentos técnicos y pedagógicos sólidos. También lo es que sindicatos y docentes cuestionen cambios recientes en el modelo de corrección, que podrían haber contribuido a generar estas distorsiones.

Ante esta situación, desde el Partido Popular de Bizkaia lo decimos con claridad: no estamos ante un problema menor ni ante un caso aislado. Estamos ante una posible quiebra del principio de igualdad en el acceso a la universidad. Por eso es imprescindible que se actúe con transparencia, explicando con detalle qué ha sucedido en esos tribunales —desde los criterios de corrección hasta la aplicación de penalizaciones— y despejando cualquier duda sobre el proceso. Del mismo modo, la situación exige una revisión extraordinaria, independiente y plenamente garantista de todos los exámenes afectados, realizada por un equipo distinto y con la certeza de que ningún alumno verá empeorada su nota por reclamar justicia. Y todo ello, además, debe resolverse a tiempo: los plazos de acceso a la universidad siguen corriendo y no pueden convertirse en una condena añadida para quienes ya se sienten perjudicados.

Las instituciones implicadas —Universidad del País Vasco y Departamento de Educación— no pueden escudarse en competencias compartidas para eludir responsabilidades. La ciudadanía no entiende de organigramas; exige resultados. Y con razón. La educación es uno de los pilares de nuestra sociedad. Su credibilidad depende de que los procesos de evaluación sean justos, rigurosos y fiables. Cuando esa confianza se resquebraja, se pone en cuestión todo el sistema.

Hoy, decenas de jóvenes vizcaínos y vascos sienten que su esfuerzo no ha sido reconocido. Que algo no ha funcionado como debía. Y tienen derecho a una respuesta. No se trata solo de corregir exámenes. Se trata de corregir una situación que nunca debió producirse. Porque el futuro de una generación no puede depender del aula en la que le tocó examinarse. Y porque la igualdad de oportunidades no es negociable.

Ya estamos de lleno en la última semana de huelga de una parte del colectivo médico antes de las vacaciones de verano y seguimos sin saber muy bien por qué están de huelga y por qué aporrean puertas que no corresponden mientras las que sí corresponden se posicionan en su favor sin hacer ningún cambio.

Nos declaramos servicios máximos en esta huelga que no merece ese nombre por su contenido conservador y que nos recuerda a aquellos “cayetanos revolucionarios” que se levantaron en palos de golf en el madrileño barrio de Salamanca en el 2020 mientras clamaban que preferían morir de pie que vivir arrodillados (valiente apropiación cultural).

Nuestro personal médico rebelde vocifera “no es vocación, es explotación”. Perdonen, pero vamos a reservar la vocación para los religiosos y religiosas (más para estas segundas, pero eso es otro tema) y vamos a asumir que trabajamos por dinero, porque es lo que se nos impone para sobrevivir en este sistema a algunas, para otros es un complemento a otros ingresos que dependen de explotar a otras personas (ya sea en alquileres abusivos o como fruto de su trabajo, por ejemplo). Que cada cual sepa dónde se posiciona. Así que, no, no es vocación y, sí, es explotación de su fuerza de trabajo. Una vez descubierta la pólvora, vamos a profundizar un poco.

Vemos cómo vamos perdiendo derechos y servicios de esos que llamamos públicos poco a poco según va creciendo la militarización, la represión y hay un auge del pensamiento reaccionario. Una parte importante de esos servicios que estamos perdiendo implica el derecho a la salud. O, ojo, que aquí no entra solo la sanidad, sino también una vivienda digna, alimento, educación, ocio… Pero, y aquí destapamos la primera mentira de esta huelga, nadie de este colectivo en huelga hace amago de movilizarse por ningún condicionante social de la salud, ni tan siquiera por la Sanidad pública en sí misma.

Una de sus exigencias es que se respete la compatibilidad público-privada, cuando no hace más que sumar horas de trabajo a esas que ya declaran abusivas y cuando supone un expolio a la pública. Pero eso ya han dejado claro que no les importa.

El trabajo en Sanidad es un trabajo en equipo donde cada cual aporta su conocimiento en servicio del grupo y del paciente. Si una parte del equipo quiebra, el resultado es nefasto. No es posible mantener una atención sanitaria adecuada solo con un equipo médico, sin el resto de personal, sería una fuente de conocimiento de su rama sin posibilidad de ejecución de su potencia. Sin enfermería, sin auxiliares, sin celadores y celadoras, sin personal de limpieza, sin administrativos, sin fisioterapeutas, sin servicio de psicología, sin técnicos, etc., seríamos libros con patas con algo más de autonomía, quizá, en los ambulatorios.

Pero, aún así, las personas que están en esta huelga se creen que son más y que merecen una consideración mayor al de las enfermeras, a las que creen su escalón inferior, por los años de formación que llevan a sus espaldas. Poder estudiar durante seis años y poder preparar el MIR un año más es un privilegio que no está al alcance de aquellas personas que tienen que contribuir con un jornal, más precario seguro, a su economía familiar y que no disponen del tiempo y los recursos que muchos otros hemos tenido a nuestro alcance. Ya vale de tirar del esfuerzo personal como garante del éxito, hace tiempo que se ha demostrado que es un discurso falaz.

A las personas licenciadas en medicina se nos presupone un pensamiento científico crítico basado en la evidencia. Esto hace que se nos de cierta credibilidad en nuestros juicios y opiniones. Esta huelga ha demostrado que no merecemos dicha credibilidad y que somos seguidores del populismo como tantas otras personas.

Muchas médicas y médicos huelguistas no saben qué dice el nuevo estatuto marco, no conocen cómo se manejan las horas laborales y qué computa y qué no para la jubilación de todos los mortales, no saben que sí ha habido médicos y médicas en otros sindicatos no sectarios que sí han estado en la mesa de negociación, no saben quién es el organismo responsable de atender a sus exigencias/quejas/lamentos/lloros.

No saben y no quieren saber. Lo único que tienen claro es que no quieren hacer jornadas de guardia de 24 horas, a pesar de que muchos seguirán después otras jornadas de trabajo en la Sanidad privada y a pesar de que las aceptarán si son pagadas a mejor precio. Históricamente, las guardias se establecieron ante la negativa del colectivo médico a trabajar como el resto de sanitarios con unos turnos que favorecerían el aprovechamiento del recurso público en perjuicio de la mimada Sanidad privada. La falta de licenciados y licenciadas en medicina se resolvería con mayor número de plazas y una nota de corte más baja en la universidad pública.

En definitiva, consideramos que esta huelga es un movimiento clasista que, como el peor populismo, manipula el malestar cierto y justo de la mayoría del colectivo médico para conseguir que nada cambie en el fondo y que una elite de facultativos siga dando forma tanto a la profesión como a los sistemas públicos de salud según su conveniencia. Esa misma elite que nos amenaza con parones indefinidos... después de sus vacaciones, claro.

No es corriente que se encuentre lo que se busca, pero, aun así, en el camino de la vida el hombre, la mujer, siempre están buscando algo. La mayor parte del tiempo dinero. Pero, a veces, también el conocimiento, o el amor, o la revolución, o incluso las otras realidades mediante los viajes lisérgicos, o la comunión con Jesucristo mediante la elevación del alma en la noche oscura de San Juan de la Cruz, o el Nirvana deambulando de gurú en gurú mientras caminan en alpargatas por las calles sucias de un poblacho misérrimo de la India Oriental.

Sin embargo en nuestro tiempo no se busca otra cosa que el reconocimiento. El reconocimiento de los demás. Todos estamos metidos en esta competición tratando por todos los medios que nuestros semejantes nos reconozcan, como si no nos bastaran los espejos para certificar nuestra existencia. Temerosos tal vez de pasar por este mundo como espectros fantasmales que no dejamos tras de sí el más mínimo rastro, nada, polvo en el viento, lágrimas en la lluvia, como todas esas oleadas de personas que se han sucedido una tras otra, generación tras generación, siglo tras siglo, para vivir, en la mayoría de los casos, una vida anodina, absurda y oscura, todos buscamos el reconocimiento de nuestros semejantes.

Cuantos más nos distingan con su reconocimiento mejor, dado que el criterio de nuestro tiempo consiste en dar más importancia a la cantidad que a la calidad, así da lo mismo que nos reconozcan por interpretar al piano de una manera majestuosa los 'Tres Romances Sans Paroles' de Gabriel Fauré, que por enseñar las tetas en la fiesta de cumpleaños de la vecina del quinto que una noche estuvo de cañas con el chofer de José Ortega Cano. Todo este apetito por conseguir el reconocimiento de nuestros semejantes contrasta con la sabiduría que demuestra uno de los personajes del magnífico 'Cuarteto de Alejandría', de Lawrence Durrell, cuando afirma que: “Durante años uno tiene que resignarse a la idea de que la gente no se preocupa, lo que en verdad se llama preocuparse, por nuestra persona; un día alarmados nos damos cuenta de que el que no se preocupa es dios, no solo no se preocupa sino que le somos totalmente indiferentes”.

La sabiduría siempre es una consecuencia de la humildad. Para evitarnos disgustos innecesarios, malentendidos y fanatismos amorosos, tendríamos que partir siempre de la sentencia pronunciada por este personaje, pero, claro, una vez inventadas las redes sociales es ahí donde millones de personas buscan, buscamos, un reconocimiento nunca obtenido en la vida cotidiana. Nada es nuevo. Lo mejor de la especie humana siempre ha sido la capacidad de situarse en el lugar del otro. Lo peor no practicar nunca esta capacidad.

Durrel tenía razón. Nadie se preocupa, lo que en verdad se llama preocuparse, por nuestra persona. Nadie lo hace porque en este tiempo de múltiples imágenes en las múltiples pantallas que nos han cercado la vida, casi nadie nos ve. Vemos todo lo que se reproduce en las pantallas, pero en el mundo tangible, corpóreo, contadas personas vemos y contadas personas nos ven. Tal vez solo los padres a los hijos y los hijos a los padres. Tal vez...

Hace un año, alrededor de 4.000 personas procedentes de más de 80 países nos desplazamos hasta Egipto con un objetivo claro: llegar a Rafah, romper el bloqueo que sufre el pueblo palestino y situar en el centro de la agenda internacional la denuncia del genocidio que Israel está perpetrando en Palestina. La respuesta de las autoridades fue la represión. Cientos de personas fueron deportadas, otras detenidas y retenidas arbitrariamente. Sufrimos agresiones, amenazas, intimidaciones y vulneraciones de derechos fundamentales por el simple hecho de intentar ejercer la solidaridad internacionalista.

Sin embargo, no haber conseguido llegar a Rafah supuso frustración, pero no una derrota. La rabia que nos dejó aquella experiencia se transformó en organización, en compromiso y en movimiento. De aquella determinación nació la primera Global Sumud Flotilla, una acción de desobediencia civil internacional frente al genocidio y el bloqueo.

Durante este último año la solidaridad con Palestina ha seguido creciendo en todos los rincones del mundo. Millones de personas han salido a las calles para denunciar la masacre, exigir el fin de la ocupación y reclamar justicia para el pueblo palestino. Pero paralelamente también hemos asistido a un preocupante aumento de la represión contra quienes se organizan y denuncian. Los tentáculos del sionismo y de los intereses que sostienen la ocupación llegan mucho más lejos de las fronteras de Palestina. La criminalización de la solidaridad, las detenciones arbitrarias, la violencia policial, las agresiones físicas, las torturas y las agresiones sexuales contra activistas evidencian que quienes sostienen este sistema pretenden silenciar cualquier voz crítica.

Por eso afirmamos que Palestina es la causa de la humanidad. Lo que ocurre allí no es un conflicto lejano ni una tragedia ajena. Nos interpela directamente. Nos obliga a pensar globalmente y actuar localmente. Nos obliga a señalar a las instituciones cómplices que se lucran, miran hacia otro lado o incluso blanquean el genocidio. Debemos señalar a las empresas que obtienen beneficios de la ocupación y de la industria de la guerra, como CAF, ITP Aero, Sener, SAPA, Aernnova... Denunciar también las colaboraciones y relaciones mantenidas por centros tecnológicos y universidades como por ejemplo la EHU. Y exigir responsabilidades a instituciones públicas como el Gobierno vasco, Osakidetza o la Ertzaintza, reclamando el fin de toda colaboración con el sionismo y que ni un solo euro de dinero público sea destinado a sostener la industria de la guerra ni a quienes se benefician de la ocupación, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino.

Asimismo, es fundamental reforzar una herramienta de lucha cotidiana que está al alcance de todas: el boicot. Tenemos en nuestro bolsillo un arma muy poderosa, el boicot económico, cultural y político. Cada decisión de consumo, cada vínculo que se rompe con empresas, instituciones o productos implicados en la ocupación, es una forma concreta de presión. El boicot no es simbólico: es una estrategia histórica de resistencia civil que busca aislar a los responsables del apartheid y del genocidio y debilitar sus estructuras de poder.

Los hechos que hemos presenciado durante estos meses demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el ente sionista para acallar las denuncias. En Palestina estamos asistiendo a una escalada extrema de violencia contra la población civil, con bombardeos indiscriminados, ataques a infraestructuras sanitarias y civiles, y escenas insoportables de personas quemadas vivas, lo que evidencia la magnitud del castigo colectivo que se está ejerciendo sobre el pueblo palestino. Si son capaces de detener, golpear, torturar y encarcelar a activistas internacionales cuyo único “delito” es denunciar los crímenes que se están cometiendo, debemos imaginar qué sucede cada día con miles de palestinos y palestinas sometidos a un régimen de ocupación y encarcelamiento.

El boicot no es simbólico: es una estrategia histórica de resistencia civil que busca aislar a los responsables del apartheid y del genocidio y debilitar sus estructuras de poder

Por ello exigimos la liberación inmediata de todos los presos y presas palestinas, muchas de ellas encarceladas sin cargos ni juicio bajo el régimen de detención administrativa. Estos días hemos visto imágenes devastadoras del doctor Hussam Abu Safiya, detenido desde 2024 por el simple hecho de haber ejercido su profesión bajo asedio, intentando salvar vidas en medio de los bombardeos. Las imágenes muestran un evidente deterioro físico y graves signos de maltrato, generando una enorme preocupación por su estado de salud y por las condiciones en las que permanece encarcelado.

Asimismo, denunciamos la detención ilegal de compañeras de la Global Sumud Flotilla en Túnez y de compañeras del convoy terrestre en Libia. La persecución contra quienes defienden los derechos del pueblo palestino no cesa, pero tampoco cesará nuestra solidaridad.

Frente al genocidio, la ocupación y el apartheid, nuestra respuesta debe ser más organización, más presión política y más solidaridad internacionalista. Porque mientras Palestina resiste, nuestra responsabilidad es seguir denunciando, seguir movilizándonos y seguir construyendo un movimiento capaz de acabar con la impunidad de quienes sostienen esta barbarie.

La solidaridad no es un delito. El silencio, ante un genocidio, es COMPLICIDAD.

Hace un año, el 10 de junio de 2025, Yanis Varoufakis intervenía en el Parlamento Europeo en un evento organizado por The Left y M5S Europa, junto a Jeffrey Sachs y Giuseppe Conte, para debatir sobre las condiciones económicas para la paz. Lo que dijo entonces no solo no ha perdido vigencia: se ha vuelto más urgente con cada mes que pasa. Vale la pena recuperarlo, porque sus palabras iluminan con precisión incómoda el camino que Europa ha decidido recorrer.

Vivimos en el Antropoceno. Los geólogos así lo han bautizado: la era en la que la acción humana se ha convertido en la principal fuerza transformadora del planeta. El cambio climático no es ya una amenaza futura; es el presente que habitamos. Entre todos los sistemas que sostienen la vida en Europa, uno de los más frágiles y determinantes es el Gulf Stream, esa corriente del Atlántico Norte que transporta calor desde el trópico hacia nuestras costas y garantiza el clima templado del que gozamos. Sin él, inviernos siberianos en Lisboa o en Bilbao. Los científicos advierten de que el calentamiento global está alterando la salinidad del océano y amenaza con debilitar o incluso invertir esta corriente. Un cambio invisible en las profundidades del Atlántico, con consecuencias catastróficas en superficie.

Esta imagen me parece la metáfora más precisa para describir lo que el keynesianismo militar está haciendo hoy con la economía europea. Opera en profundidad, silenciosamente, y sus efectos se percibirán en superficie cuando ya sea tarde para revertirlos.

El concepto no es nuevo. Eisenhower lo advirtió en 1961, cuando al abandonar la presidencia pronunció uno de los discursos más lúcidos y valientes de la historia política americana: cuidado con el complejo militar-industrial, dijo, porque tiene la capacidad de capturar el Estado, desviar los recursos públicos y distorsionar la democracia desde dentro. Lo que Eisenhower veía como un riesgo, Varoufakis lo describe hoy como un sistema consumado y en plena expansión. Un sistema que, como la mafia, no vende seguridad: vende la ausencia de la amenaza que él mismo genera o amplifica. Para perpetuarse necesita conflictos, todos ellos convenientemente lejanos del territorio americano. Necesita que el miedo no desaparezca nunca del todo, porque el miedo es su materia prima y su razón de ser.

Esta es, en realidad, una dimensión nueva del Minotauro Global que Varoufakis describió en su libro homónimo. Más allá de los déficits gemelos —comercial y fiscal— que EEUU utiliza como aspiradora del excedente mundial, el sistema necesita conflictos que lo alimenten. Sin guerras o amenazas de guerra no hay demanda de armamento. Sin demanda de armamento no hay justificación para el gasto público militar. Sin ese gasto, el motor keynesiano del complejo se detiene. El conflicto no es un fallo del sistema; es su condición de funcionamiento.

El caso más extremo y más sangrante de esta lógica es el genocidio que Israel perpetra contra la población palestina, en Gaza y en Cisjordania. Hay una psicología de la impunidad que cualquiera que haya tenido que gestionar una situación de abuso de poder conoce bien: cuando a quien ejerce la tiranía no se le ponen límites, el monstruo crece. Cada acto que queda sin consecuencias redefine hacia arriba el umbral de lo tolerable, tanto para quien lo comete como para quienes lo contemplan. Israel lleva décadas acumulando esa experiencia: cada asentamiento ilegal consentido, cada operación militar desproporcionada que mereció solo una “condena enérgica”, cada flotilla atacada con impunidad, ha sido interpretada como una señal inequívoca de que puede seguir. Lo que Ben Gvir hace hoy —la crueldad exhibicionista, la humillación deliberada— solo es explicable como comportamiento de quien ha interiorizado que no habrá consecuencias. Es la conducta de un Estado que ha aprendido que los límites son decorativos. El resultado es un Estado militarizado hasta los huesos, campo de pruebas de armamento convencional y de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial aplicada al exterminio, que avanza masacrando a la población autóctona con la impunidad de los vaqueros del lejano oeste. La diferencia es que aquello ocurrió hace siglo y medio y lo conocemos por los libros de historia. Esto sucede ahora, en el siglo XXI, y lo estamos viendo en streaming. Quien quiera mirar, puede hacerlo. La pregunta perturbadora es cuántos prefieren no hacerlo.

Y es en este contexto donde Europa cae en la trampa. La Cumbre de La Haya de junio de 2025 fijó el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa para 2035. Un nivel sin precedentes en tiempos formalmente de paz. El problema es que Europa no tiene la arquitectura institucional —ni soberanía monetaria, ni base industrial integrada, ni política de compras común— para que ese gasto genere un multiplicador propio. Una parte sustancial del incremento se irá en importaciones de equipamiento americano. El keynesianismo que se activa no es europeo; es americano. Europa paga, EEUU cobra, y el Gulf Stream de la dependencia no solo no se invierte sino que se refuerza.

El coste de oportunidad es enorme y concreto. Cada euro destinado a defensa es un euro que no va a la descarbonización, a la digitalización, a la transición sociodemográfica de un continente que envejece. Piketty acaba de cuantificarlo con precisión en el Global Justice Report, presentado la semana pasada en París en la Conferencia Mundial sobre Desigualdad: un euro invertido en educación o sanidad genera tres o cuatro veces menos huella material y energética que el mismo euro en industria manufacturera o defensa. La aritmética del keynesianismo militar es, pues, doblemente perversa: destruye más planeta por euro gastado y genera menos tejido productivo transferible a la economía civil.

Cada euro destinado a defensa es un euro que no va a la descarbonización, a la digitalización, a la transición sociodemográfica de un continente que envejece

A todo ello se suma lo que me permito llamar el 'civilwashing' del gasto militar: la operación ideológica por la que se presentan las externalidades civiles de la investigación militar —internet, el GPS, los semiconductores— como argumento para justificarlo. Como si hubiéramos necesitado pasar por la carrera armamentística para llegar al teléfono móvil. Como si no hubiera sido posible invertir directamente en investigación civil con la misma escala de recursos y sin el rodeo por la destrucción. El civilwashing no es solo una distorsión histórica; es la coartada que permite al sistema reproducirse sin ser nombrado.

Pero un buen diagnóstico sin receta es solo un lamento. Y recetas las hay.

Mariana Mazzucato lleva años argumentando que el modelo de innovación de las misiones —ese enfoque que moviliza recursos públicos masivos alrededor de objetivos concretos y transformadores— puede y debe aplicarse a los grandes retos civiles de nuestro tiempo: la descarbonización, la salud, la alimentación sostenible. Es cierto que transponer ese modelo del ámbito militar al civil tiene sus dificultades. Las empresas del complejo militar-industrial están organizadas para satisfacer a un único comprador público con especificaciones cerradas, no para competir en mercados abiertos. Su cultura interna, dominada por la ingeniería de alto rendimiento, es incompatible con la velocidad y la adaptabilidad que exige el mercado civil. Pero conocer el obstáculo es el primer paso para sortearlo. El camino está señalado; lo que falta es la voluntad de recorrerlo.

Varoufakis propone el instrumento macroeconómico para financiarlo: un New Deal Verde europeo respaldado por deuda mutualizada, ese momento hamiltoniano que Europa lleva décadas aplazando. Cuando Alexander Hamilton convenció a los estados americanos de mutualizar sus deudas tras la independencia, no lo hizo por generosidad; lo hizo porque entendió que sin esa palanca financiera común no habría proyecto colectivo posible. Europa necesita su propio Hamilton, alguien que entienda que sin deuda común no hay inversión transformadora, y sin inversión transformadora no hay desacoplamiento de la economía americana.

El Global Justice Report de Piketty añade la dimensión redistributiva que completa el cuadro. El informe, elaborado por 45 autores del World Inequality Lab, propone un sistema de fiscalidad progresiva sobre las grandes fortunas para financiar un Fondo de Justicia Global orientado a la transición ecológica y a la reducción de la desigualdad. La lógica es impecable: los recursos que hoy se acumulan improductivamente en los patrimonios de los ultra-ricos podrían financiar exactamente el tipo de inversión en educación, sanidad y transición verde que el keynesianismo militar desplaza. Es, en definitiva, la misma apuesta por un keynesianismo civil que haga lo que el militar no puede: generar capacidades transferibles, reducir desigualdades y construir resiliencia social.

Y finalmente, la cuestión que subyace a todo lo anterior: mientras Europa siga dentro de la OTAN bajo las condiciones actuales, ninguna de estas recetas tendrá espacio para aplicarse plenamente. La OTAN actúa como esa organización mafiosa de la que hablaba Varoufakis: garantiza seguridad a cambio del peaje del gasto militar y de la compra de maquinaria de guerra americana. Es una dependencia que se autoalimenta y que solo puede romperse construyendo una defensa exclusivamente europea, soberana, dimensionada a las amenazas reales y no a los intereses de la industria americana. Para ello, la Comisión Europea y las instituciones de seguridad del continente necesitan liderazgos que no sean meros gestores de una dependencia heredada, sino arquitectos de una autonomía largamente postergada.

Hay, pues, otro cambio climático pendiente, este también de origen humano, también 'europagénico': el que debe invertir la corriente del keynesianismo militar y sustituirla por una corriente cálida de inversión civil, redistributiva y soberana. El Gulf Stream del Atlántico puede cambiar de sentido por la acción irreflexiva del hombre. El de la dependencia económica europea también puede hacerlo, pero esta vez de forma deliberada y consciente, si Europa decide finalmente ser protagonista de su propio destino en lugar de espectadora de su propia decadencia.

Varoufakis lo dijo hace un año en el Parlamento Europeo. Merece la pena que alguien, por fin, le escuche.

Reducir los tiempos de espera de peatones y ciclistas no es un capricho de la ciudadanía, es una deuda pendiente con la sostenibilidad de nuestros barrios.

Basta con dar un paseo por cualquiera de nuestras calles para chocar de frente con una realidad incómoda: el coche sigue ostentando un protagonismo excesivo, casi colonial, en el espacio que nos pertenece a todas. El automóvil, cuando llegó el siglo pasado, prometía libertad y progreso, pero el balance de las últimas décadas nos deja un paisaje dañado por la contaminación, la crisis climática y ciudades diseñadas para los coches y no como espacios de convivencia. Estamos ya en el año 2026, en pleno siglo XXI. y resulta incomprensible que sigamos gestionando y planificando nuestro entorno urbano priorizando exageradamente el uso del vehículo privado. Las calles deben volver a ser de las personas.   

Esta descompensación no es una percepción abstracta; se mide en segundos y se sufre a pie de calle o mejor dicho, a pie de paso de cebra. Todas hemos vivido la frustración de esperar frente a un semáforo eterno para luego tener que apretar el paso, incluso corriendo, porque el tiempo en verde para cruzar de manera segura es insultantemente breve. Este diseño no es neutral, privilegia la fluidez del motor sobre la dignidad de los peatones, afectando con mayor crueldad a la infancia, a las personas mayores o a quienes tienen movilidad reducida.   

No se trata de ignorar la indudable complejidad técnica que requiere el control semafórico de una ciudad. Se trata de cambiar radicalmente la brújula y los criterios políticos con los que se toman las decisiones. Afortunadamente, no partimos de cero ni inventamos nada nuevo. En Bilbao, por ejemplo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2015-2030 ya recoge de forma explícita el compromiso de reducir los ciclos semafóricos para recortar el tiempo de espera de los peatones. Los planes institucionales no pueden ser papel mojado ni meras herramientas de propaganda; deben transformarse en hechos tangibles en cada paso de cebra y en cada barrio.  

Frente al ruido y los malos humos, la respuesta no puede ser la timidez técnica. Necesitamos una revisión profunda y una optimización real del minutaje semafórico que priorice la fluidez y la seguridad de peatones y ciclistas sobre los vehículos más contaminantes. Incentivar la movilidad ciclista exige algo más que pintar carriles en el suelo; requiere facilitar su tránsito, premiar su nulo impacto acústico y explorar soluciones valientes como el uso del color ámbar en cruces seguros para bicicletas, reduciendo las detenciones innecesarias.  

Además, hoy en día estamos viviendo la revolución de la denominada Inteligencia Artificial. Aprovechemos las nuevas herramientas de esta era digital y tecnológica, no para perpetuar la ventaja del coche, sino para flexibilizar y humanizar el tránsito de los miles de personas que habitan la ciudad caminándola día a día. La movilidad sostenible es, en esencia, una cuestión de justicia social, de salud comunitaria y de defensa de los derechos humanos. 

Incentivar la movilidad ciclista exige algo más que pintar carriles en el suelo; requiere facilitar su tránsito, premiar su nulo impacto acústico y explorar soluciones valientes como el uso del color ámbar en cruces seguros para bicicletas, reduciendo las detenciones innecesarias

Como plantea el autor Daniel Knowles en su famoso libro 'Carmageddon' debemos reflexionar seriamente sobre cómo nos perjudican los coches y que podemos hacer al respecto. Es el momento de pasar de los discursos verdes a las políticas de los hechos. Democratizar los semáforos es un paso para devolver la escala humana al espacio público. Una ciudad amable y verdaderamente sostenible no es aquella donde los coches tienen todo el protagonismo, sino aquella donde todas las personas, sin importar su edad o condición, pueden cruzar la calle sin miedo, sin prisa y con la certeza de que las Instituciones Públicas cuidan de nuestro tiempo y de nuestras vidas.

Mucho se ha dicho que lo más importante del periodismo es saber dejarlo a tiempo. Me parece que el primero que pronunció esta frase fue Chateaubriand, pero se le ha atribuido a muchas personas, algo habitual con las frases. También están los que han afirmado que esta frase no era más que una derivación de lo que un día dijo Bismarck afirmando que los periodistas eran gentes que habían malogrado la carrera.

Las dos afirmaciones me parecen sensatas. El periodismo no es una actividad burocrática, ni administrativa. Tampoco tiene como destino conseguir que unos desarrapados hagan carrera o que unos holgazanes pasen el rato trabajando lo menos posible. El periodismo consiste tan sólo en transmitir información a los ciudadanos para que estos la consuman. No es necesario que esta información sea cierta, aunque resulta conveniente, sobre todo desde un punto de vista ético que lo sea, pero basta con que sea rentable. De hecho esto resulta fundamental para la permanencia del negocio.

El ejercicio del periodismo requiere de curiosidad, además de un cierto interés por las cosas de la historia, de la política y de la vida, para, de este modo, mostrar a los ciudadanos qué es lo que realmente está sucediendo en el tiempo que les ha tocado vivir. Pero como de la vida, de la historia y de la política ni siquiera quienes la progratonizamos sabemos nada de nada, el trabajo del periodista no es más que un anhelo, una manera de ir caminando por el aire tratando de alcanzar lo que en realidad no es más que una aspiración inalcanzable. Eso sí, el periodismo lo que sí te permite es observar uno de los fenómenos más extraordinarios de la vida humana: el fenómeno de la corrupción de casi todo y sobre todo de la corrupción del periodismo; fenómeno eterno, viejísimo, permanente, actual y existente en todos los momentos, en todos los regímenes y en todos los sistemas propuestos por el derecho político.

Algunos periodistas que durante los últimos años han trabajado para defender los postulados progresistas, previendo la llegada de los líderes de la ultraderecha al gobierno, trabajan ahora para desentenderse de los postulados progresistas como si fueran aves migratorias que ya están sintiendo en sus huesos la proximidad de un cambio de estación. La nómina es la nómina. El pan de mis niños es el pan de mis niños. No hay más verdad periodística que el miedo al desempleo. Lo demás es palabrería. Para todo hay excepciones. Claro. Pero el periodista que se inclina hacia un lado u otro de la realidad, dependiendo siempre de donde le procede el salario, se convierte así en un político, o en un aspirante a político, o lo que es aún mucho peor, en un predicador. 

Leo que Bad Bunny canta contra la gentrificación y la turistificación, pero su gira ha subido un 29% el precio de los hoteles en Madrid. Un artista globalizado que denuncia la gentrificación, la expulsión de residentes y la mercantilización de los territorios genera, al mismo tiempo, un acontecimiento que contribuye a encarecer el alojamiento, intensifica los flujos turísticos y moviliza enormes cantidades de capital. ¡Qué paradoja! O no. Lo paradójico es pensar que Bad Bunny canta contra el sistema.

Es verdad que el hecho de que los hoteles suban de precio durante unos conciertos no equivale exactamente a un proceso de gentrificación, que implica transformaciones duraderas del mercado inmobiliario, sustitución de población residente y reconfiguración social de los barrios. Pero sí forma parte de la misma lógica de ciudad convertida en plataforma de consumo y atracción de visitantes. Los grandes conciertos, congresos, eventos deportivos o festivales participan de una economía urbana que trata el territorio como recurso competitivo. En Bilbao empezamos a saber mucho de esto.

Desde siempre el capitalismo ha demostrado una extraordinaria capacidad para absorber las críticas dirigidas contra él y convertirlas en mercancía. La rebeldía, la autenticidad, la denuncia social o la reivindicación de identidades subalternas no quedan necesariamente fuera del mercado; al contrario, con frecuencia se transforman en productos altamente rentables. La crítica se consume, la disidencia se convierte en espectáculo y el propio capitalismo cultural necesita constantemente narrativas de transgresión para renovarse. Como analizaron Luc Boltanski y Ève Chiapello en 'El nuevo espíritu del capitalismo', una parte importante de la crítica social y artística de los años sesenta y setenta fue incorporada por el propio capitalismo para legitimarse y reinventarse.

En ese sentido, el problema no es que Bad Bunny denuncie la gentrificación mientras su gira produce efectos gentrificadores. El problema sería esperar que un artista global, convertido en una de las mayores industrias culturales del planeta, pueda situarse realmente fuera de las dinámicas económicas que hacen posible su éxito. Su figura es inseparable de una compleja maquinaria de plataformas digitales, promotoras, aerolíneas, cadenas hoteleras, patrocinadores y mercados globales del entretenimiento. Por eso la pregunta sociológicamente relevante no es tanto si el artista es coherente o incoherente, sino cómo un sistema económico es capaz de integrar incluso los discursos que lo cuestionan. 

Pero lo cierto es que él sí se presenta personalmente como crítico del sistema. Si nos situamos en el plano de la autopercepción o de la imagen pública que proyecta, Bad Bunny no aparece simplemente como un artista que incorpora ocasionalmente mensajes críticos, sino como alguien que se presenta a sí mismo como portavoz de determinadas resistencias: frente a la colonización cultural, la turistificación de Puerto Rico, la especulación inmobiliaria, el racismo o la homofobia. Desde esa perspectiva, la contradicción resulta más visible. Porque una cosa es reconocer que nadie puede situarse completamente fuera del sistema y otra muy distinta construir una identidad pública basada en la oposición a él mientras se ocupa una posición extraordinariamente privilegiada dentro de las industrias globales del entretenimiento.

Ahora bien, tampoco conviene exagerar la singularidad del caso. Se trata de una tensión clásica en la historia de la cultura popular. Ya ocurrió con el rock, el punk, el hip-hop o incluso con determinadas figuras de la canción protesta. Artistas que nacieron cuestionando el orden establecido acabaron convertidos en marcas globales. El sistema no solo comercializa los productos culturales; comercializa también las identidades contestatarias.

Por eso la cuestión no es tanto si Bad Bunny es sincero. Tal vez lo sea cuando denuncia los efectos del turismo masivo sobre Puerto Rico o la expulsión de la población local de determinados barrios, pero su capacidad para difundir ese mensaje depende precisamente de las infraestructuras económicas y culturales de la globalización que producen fenómenos similares en muchos otros lugares. Se trata de un ejemplo muy contemporáneo de crítica integrada: una voz que denuncia ciertos efectos del capitalismo global desde una posición que es, al mismo tiempo, uno de los grandes éxitos de ese mismo capitalismo global.

Artistas que nacieron cuestionando el orden establecido acabaron convertidos en marcas globales. El sistema no solo comercializa los productos culturales; comercializa también las identidades contestatarias

Esto no significa que toda crítica sea inútil o que toda denuncia esté condenada a convertirse en mero espectáculo. Pero, en una época en la que incluso la rebeldía puede convertirse en mercancía, el problema ya no es distinguir quién está dentro y quién está fuera, sino preguntarnos qué críticas transforman realmente las estructuras y cuáles terminan formando parte del espectáculo que las reproducen. Los discursos públicos pueden contribuir a visibilizar problemas reales, generar conciencia social y abrir espacios de debate, pero el capitalismo contemporáneo ha demostrado una notable tolerancia hacia las formas simbólicas de contestación. Lo que le resulta mucho más difícil gestionar no son las canciones que lo cuestionan, sino las regulaciones que limitan sus beneficios, las políticas urbanísticas que frenan la especulación, las reformas fiscales que redistribuyen riqueza o las normas laborales que reducen la precariedad. Ahí es donde la crítica deja de ser una estética y se convierte en una fuerza material.

“What's Up, Doc?”, decía otro Bunny, en este caso Bugs. “¿Qué hay de nuevo, viejo?”, en su traducción al castellano. No hay nada nuevo en el caso Bad Bunny. Es todo muy viejo: se llama capitalismo. Del machismo hablaremos otro día...

Kerman Villate Beitia murió tendido en el suelo del acceso a la discoteca Mítika el 23 de febrero de 2025 como consecuencia de un brutal puñetazo propinado por el portero del local. 

En ocasiones, la medicina forense nos fuerza a leer el sufrimiento humano a través de evidencias físicas, observables y medibles. Es una disciplina fría, pero comprometida con una verdad inalterable: un cuerpo nunca miente. Por el contrario, el derecho penal a veces parece operar en un plano de abstracción donde las realidades físicas corren el riesgo de ser diluidas por la semántica judicial. El desenlace procesal de este caso es un preocupante ejemplo de este divorcio entre la técnica jurídica y la verdad material. 

La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Álava, respaldada por la inadmisión técnica del Tribunal Supremo, ha apartado definitivamente el caso del tribunal del jurado, dictaminando que el acusado no será juzgado por homicidio doloso (es decir, bajo el supuesto de que el autor sabía que su golpe podía causar la muerte de la víctima), sino por un delito de lesiones en concurso con homicidio imprudente. El argumento central de la Fiscalía y del tribunal revisor descansa sobre una premisa que, en realidad, es estrictamente psicológica: la ausencia de 'animus necandi' o “intención mental” de matar. Sostienen que el agresor solo pretendía “lesionar” y que el fallecimiento fue un desenlace desafortunado e imprevisto. Sin embargo, desde una perspectiva pericial, resulta imperativo plantearse un par de cuestiones decisivas: ¿cómo se constata la “intención mental” de un individuo? ¿Basándonos únicamente en su declaración o en las evidencias forenses?

Para responder a estas cuestiones, es necesario atender al informe de la autopsia. En dicho documento se sostiene que los hallazgos macroscópicos e internos no describen el resultado de un altercado ordinario o un “puñetazo” fortuito. El informe forense detalla una devastación estructural severa. La magnitud de la energía cinética transmitida fue de tal calibre que provocó un infiltrado hemorrágico en la base de la lengua, dejando una esquirla ósea de 1,5 centímetros de ancho arrancada de la cortical interna e impactada directamente en el músculo geniogloso. 

A esta violencia extrema se suma un dato pericial definitivo: la ausencia absoluta de lesiones de defensa o lucha. La víctima recibió un impacto de potencia descomunal sin posibilidad alguna de amortiguación o reacción. Cuando la Fiscalía reduce esta secuencia a un mero “intento de lesionar”, ignora la doctrina del dolo eventual que el juez instructor aplicó con notable lucidez inicial. Dicho en otras palabras: un agresor con una complexión física extraordinaria —un individuo de 145 kilogramos con récords de fuerza— no puede alegar que ignoraba la alta probabilidad letal de un impacto de esa energía dirigido contra una zona vital como el tercio inferior del cráneo. En la mente del ejecutor, la aceptación del resultado mortal debe estar implícita en la desproporción de la fuerza empleada.

Un agresor con una complexión física extraordinaria —un individuo de 145 kilogramos con récords de fuerza— no puede alegar que ignoraba la alta probabilidad letal de un impacto de esa energía dirigido contra una zona vital como el tercio inferior del cráneo

El segundo punto de desconexión radica en la interpretación jurídica de la “concausalidad”. La Fiscalía se ha amparado en la conclusión médica de que el fallecimiento se debió a un mecanismo complejo y sinérgico de factores (asfixia, edema agudo de pulmón y necrosis isquémica cerebral) que, por separado, no habrían causado la muerte. Utilizar la complejidad de la cascada fisiológica que lleva a la anoxia mixta para atenuar la responsabilidad del agresor es una perversión conceptual. Esos factores concausales no surgieron de la nada; fueron desencadenados, de forma directa e irreversible, por el traumatismo facial originado por el golpe.  

La justicia penal no puede convertirse en un ejercicio de anestesia burocrática donde se minimizan los hechos para lograr calificaciones jurídicas más cómodas o procesamientos más rápidos. Al hurtar este debate de una sala de justicia común y, específicamente, del Tribunal del Jurado, se ha impedido que la sociedad evalúe, mediante una discusión forense abierta, los límites de la responsabilidad penal en las agresiones de extrema violencia. 

Cuando el lenguaje del derecho se desconecta de tal modo de la certeza médica, la ciencia forense pierde su sentido y la sociedad ve cerrada la puerta a la justicia material. Sostener que un impacto capaz de arrancar y clavar un fragmento de mandíbula en el interior de la boca es una simple “imprudencia” no es prudencia legal; es, lamentablemente, una inaceptable e insoportable forma de menosprecio a la sociedad.

La península Ibérica —y en ella, Euskadi— sufre desde hace más de una semana temperaturas propias del punto álgido del verano, lo que se conoce como canícula y que comprende entre mediados de julio y mediados de agosto. Se trata de un fenómeno anormal para la época del año, cuando técnicamente todavía es primavera. 

Llevamos unos días hablando de calor en mayúsculas en la península Ibérica, pero no somos los únicos para los que el verano ha entrado de golpe. Así, en el Reino Unido se estableció un récord el 25 de mayo de 2026, con 34,8 ºC provisionales en Kew Gardens. Al día siguiente, 26 de mayo de 2026, la cifra se superó al alcanzar los 35,1 ºC en la misma estación. Romper un récord histórico por un margen tan amplio en plena primavera evidencia un cambio climático acelerado.

Y no solo de día. La marca de 19,4 ºC registrada en Kenley Airfield (sur de Londres) ya rompió el récord de la temperatura mínima diaria más alta en un mes de mayo, superando con creces la antigua marca de 18,9 ºC de 1947. Ese registro fue destrozado inmediatamente la madrugada siguiente, cuando los termómetros no bajaron de 21,3 ºC en la misma estación. Esto supuso la primera noche tropical registrada en la historia de Reino Unido en un mes de mayo (temperatura mínima sin bajar de 20 ºC).

Este calor no es normal en muchos países ni siquiera en verano. Estamos ante un episodio que afecta a muchas zonas de Europa y vuelve a poner sobre la mesa no solo la urgencia de mitigar peores escenarios de cambio climático, sino de adaptarnos a situaciones que son un auténtico peligro para toda la sociedad.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III confirmó que el verano de 2025 dejó 3.832 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Representa un incremento del 87,6% respecto al verano anterior. En este mes de mayo de 2026, ya son 36 las personas que han muerto con temperaturas más típicas del verano. Todos los fallecidos son del norte peninsular. De hecho, han muerto 15 personas en Euskadi, 13 en Asturias, cinco en Galicia y tres en Cantabria.

“Una ciudad que solo se puede habitar en verano si puedes pagar aire acondicionado no es una ciudad preparada para el cambio climático”, escribe en 'Agenda Pública' Isabela León Cesín, arquitecta y urbanista, que arroja luz sobre la brecha climática, donde barrios sin sombra, viviendas mal aisladas y hogares vulnerables no pueden protegerse del calor. La respuesta, sostiene, pasa por renaturalizar, rehabilitar y planificar la refrigeración urbana por una cuestión de salud pública.

Aproximadamente el 75% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) reside en entornos calificados como urbanos, y muchas zonas y barrios en nuestras ciudades y municipios son particularmente vulnerables: el asfalto, el hormigón y la escasa vegetación crean islas de calor urbanas donde las temperaturas pueden ser entre 10 °C y 15 °C más altas que en las zonas rurales.  

“Vivir con temperaturas extremas implica dormir mal, enfermar más, vivir peor y asumir riesgos que no deberían depender del código postal ni del nivel de ingresos”, viene a decir Isabela León Cesín. La pobreza energética también significa no poder protegerse del calor en primavera y verano. En Euskadi, unos 55.000 hogares y más de 100.000 personas sufren pobreza energética severa al tener dificultades para mantener una temperatura adecuada en sus viviendas.

Los municipios y sus ayuntamientos y demás entidades locales tienen una excepcional importancia en la lucha contra el cambio climático, especialmente en la adaptación climática: en su seno se determinan muchas cuestiones relativas al uso del suelo y las medidas y las prácticas con las que se puede reducir la vulnerabilidad. Entre otras cosas, pueden aumentar las zonas verdes —los árboles, a través de la sombra y la evapotranspiración, pueden reducir la temperatura del aire entre 2 °C y 5 °C y la de las superficies entre 10 °C y 12 °C en plena ola de calor—; utilizar pavimentos y materiales naturales para bajar la temperatura de los municipios —hasta más de 4 ºC—; transformar patios escolares asfaltados en espacios verdes —en París redujo las temperaturas del suelo en torno a 7 °C—; habilitar refugios climáticos….

Estos días tal y como se recogía en este diario, muchas familias han denunciado aulas de colegios de Bilbao a 30 grados, también en otros municipios vascos, y han solicitado la instalación de “soluciones de climatización, protección solar en ventanas y aulas y zonas de sombra en el patio”. Pero, además de estas medidas, es importante renaturalizar los centros educativos. Esta estrategia crea refugios climáticos, mejora la biodiversidad urbana y transforma los patios en zonas coeducativas, inclusivas y pedagógicas.

La evidencia científica sobre los efectos de las altas temperaturas en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los menores están cada vez más claros según diversos estudios. De acuerdo con la evidencia científica, se trata de un grupo altamente vulnerable al calor porque tiene un sistema termorregulador todavía inmaduro, produce más calor por kilogramo de peso que los adultos, y tiene una menor tasa de sudoración. La evidencia muestra también que, a más días de calor, más problemas de salud y peores resultados educativos.

Otro tema muy importante son las temperaturas tan altas en los hospitales, hasta con 30 grados, que, si le sumas la fiebre de muchos pacientes, es un cóctel perfecto. 

Algunas de las actuaciones enumeradas ya se vienen haciendo en Euskadi, incorporando las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), que son acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacionados con la gestión territorial y urbana como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, del agua, la seguridad alimentaria o la calidad del aire y el entorno. Pero es vital, en la situación de emergencia climática en la que estamos, acelerarlas por la importancia y prioridad que tienen.

El tablero geopolítico mundial vive en continua tensión. Guerras que no terminan, conflictos que se solapan y efectos que se extienden mucho más allá de las fronteras donde estallan.

Lo primero y más importante, por supuesto, son siempre las vidas humanas. Millones de personas sufren las consecuencias directas de guerras que nunca eligen. Guerras que no sólo se cobran víctimas en los territorios en conflicto. También tienen impactos profundos en la economía global y, en consecuencia, en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Lo estamos viendo de nuevo estos días. El encarecimiento del petróleo y de la energía vuelve a trasladarse a los hogares, a las empresas y al conjunto de la economía. Cada escalada bélica se traduce en más incertidumbre, volatilidad de precios y una sensación creciente de vulnerabilidad. Es lo que ha provocado la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. 

Y lo más importante, cada crisis internacional vuelve a poner de manifiesto una realidad: eue Europa sigue siendo altamente dependiente de mercados energéticos externos. Nuestra autonomía estratégica es limitada. Dependemos de decisiones y acontecimientos que se producen a miles de kilómetros, pero que condicionan directamente nuestro bienestar y nuestra competitividad. Nuestra capacidad de desarrollo.

Y ante esta situación, urge actuar. Así lo ha vuelto a hacer el Gobierno de España. Con un paquete de medidas para amortiguar el impacto inmediato de la guerra sobre la ciudadanía, que incluyen la rebaja del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas. Ayudas que protegen a los consumidores más vulnerables, garantizando el acceso a suministros básicos en un contexto de fuerte presión sobre los precios.

Medidas necesarias y oportunas. Pero la experiencia acumulada en los últimos años nos demuestra que las respuestas coyunturales, siendo imprescindibles, no son suficientes. Cada crisis internacional vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de abordar cambios estructurales en nuestro modelo energético.

Porque la transición energética no es solo una cuestión ambiental. Es también una cuestión económica, social, y estratégica. Avanzar hacia un sistema más autónomo, resiliente y justo es una necesidad inaplazable.

En Gipuzkoa lo entendimos hace tiempo. En un territorio con escasez de materias primas y una dependencia energética cercana al 90%, apostar por un cambio de modelo energético no es una opción, es una obligación.

Así lo entendimos y así lo hicimos. Ese cambio se está materializando en una nueva cultura que sitúa a las personas en el centro del sistema energético. Un modelo de autoconsumo compartido basado en la producción y gestión compartida de energía renovable que se articula a través de comunidades energéticas locales.

Lo que, en 2020, en plena pandemia, no era más que una idea innovadora, hoy es una política pública consolidada, que se traduce en 67 comunidades energéticas activas en el territorio, 6 de ellas de carácter industrial. Entre todas generan más de 13,4 millones de Kwh al año, y gracias a este modelo, más de 10.000 familias y decenas de pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas están viendo reducida su factura eléctrica en un 30%.

No se trata sólo de producir energía limpia. Se trata de democratizar el acceso a la energía, de reducir vulnerabilidades y de construir una economía más resistente frente a los vaivenes del contexto internacional. 

Actualmente, siete de cada diez municipios guipuzcoanos cuentan con al menos una comunidad energética. Nuestro objetivo es alcanzar la totalidad del territorio en 2027. Para lograrlo, el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa financia hasta el 75% de la creación y puesta en marcha de estos proyectos, apoyo que llega al 100% en los municipios más pequeños. 

Ya hemos destinado más de 6 millones de euros a desplegar esta red y hemos puesto en marcha la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa. Una herramienta pública y gratuita que acompaña a ciudadanía, empresas y ayuntamientos durante todo el proceso, ofreciendo asesoramiento técnico, jurídico y financiero.

El cambio de modelo está en marcha en Gipuzkoa. Un cambio de cultura energética que no tiene vuelta atrás. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, apostar por la autonomía energética local es apostar por la estabilidad económica y la justicia social. 

Necesitamos sistemas más próximos, más participativos y sostenibles, y el ejemplo son las comunidades energéticas.

Porque como decía al principio, la transición energética no es sólo una respuesta al cambio climático. Es también una estrategia para construir territorios más resilientes y menos dependientes de crisis que no controlamos. Y en ese camino, Gipuzkoa no espera. Actúa.

Nadie sabe con exactitud quién echó la llave por primera vez. Las prohibiciones casi nunca nacen con un estruendo; se instalan despacio, en silencio, como el polvo sobre los muebles de una casa deshabitada, hasta que el mundo asume que la vida siempre fue así: a oscuras y bajo llave. Las verdaderas revoluciones no avisan. No hay alfombras rojas ni cornetas en el instante exacto en que la historia cambia de rumbo. Lo que hay es una persona de carne y hueso que, empujada por un instinto ciego y vital, decide apoyar las manos sobre una puerta cerrada y, sencillamente, empujar.

Ocurrió una mañana de octubre de 1928, cuando una mujer, nacida en una de esas casas donde los destinos femeninos se heredaban intactos y se bordaban en bastidor, decidió romper el guion. Le dio por volar. Aterrizó convertida en la primera aviadora de su país, ante la mirada suspicaz de un aeroclub que la veía como a una intrusa profanando un santuario. La prensa imprimió su hazaña con esa fascinación condescendiente que se reserva para los fenómenos extraños, porque era mucho más fácil aislarla bajo la etiqueta de la rareza que admitir la verdad: bajo ese cielo de lona y madera latía la certeza de que cualquier otra mujer podía sentir el mismo vértigo. Y el vértigo contagió a quienes se desabrocharon el corsé para poder respirar a diez mil pies de altura, cruzando océanos en una inmensa y soberana soledad, abriendo un boquete irreversible en una bóveda que todos juraban inquebrantable y que aseguraban que el cielo era solo un espacio para hombres. 

La conquista de la normalidad se amasó también a ras de suelo, en la penumbra estricta de lo cotidiano, allí donde el ruido de una cucharilla contra la loza era un privilegio custodiado con recelo. Las cafeterías eran feudos prohibidos; a las mujeres se las confinaba a los salones de sus propias casas o a estancias discretas donde su brillantez no incomodara al orden natural de las cosas. Hasta que una mañana cualquiera, una mujer cruzó el umbral de un café del centro sin ir del brazo de nadie. No pidió disculpas, no agachó la cabeza ante el escrutinio de los camareros ni ante el silencio denso que congeló el local, y leyó el periódico hasta agotar la tinta. Por esa minúscula fisura se colaron después millones de palabras y confidencias que ya nunca jamás regresarían a la clandestinidad. Por esa grieta inicial nos colamos millones, a la estela de la mujer que nos abrió el paso de algo tan ridículamente prohibido. 

Esa terca costumbre de no pedir permiso las empujó también a los escenarios más oscuros, allí donde la condición humana muestra sus vísceras. Hubo quienes no esperaron un salvoconducto militar que sabían denegado de antemano, escondiéndose en buques hospital para desembarcar en el infierno de Normandía, pisando la arena ensangrentada y recogiendo heridos bajo el fuego para escribir las crónicas más brutales del siglo. Otras cambiaron la luz artificial de los estudios de moda por el barro helado, fotografiando la atrocidad de los campos de concentración. Reporteras de pulso firme que no bajaron la mirada ante el abismo y que firmaron la memoria colectiva manchándose las manos.

A otras, la historia les exigió un tributo más íntimo y amargo: el borrado de su propia identidad. Escritoras inmensas se vieron obligadas a publicar bajo seudónimos masculinos, asumiendo con lucidez dolorosa que la sociedad solo tomaría en serio su genio si creía que brotaba de un varón. Cada galardón negado por academias de rancio abolengo, cada tribunal que prohibió a una mujer pisar un estrado bajo el pretexto de proteger sus sentimientos, fue ensanchando la herida. Al igual que aquella médica que curó cuerpos camuflada bajo ropas de hombre hasta que la mesa del forense desveló su secreto, o la maestra empeñada en enseñar el abecedario a niñas descalzas en buhardillas que olían a humedad.

Fueron mujeres que se enfrentaron a un mundo diseñado milimétricamente para prohibirles existir. Lo tenían absolutamente todo en contra: la ley, la costumbre, la calle y el púlpito. Cada una en su estilo, con sus propias herramientas, plantaron cara a una época donde respirar con libertad era casi un delito de desacato. Sus gestos, que a veces cabían en una caja de cerillas, albergaban en su interior el estallido de un mundo nuevo. Se parecen a esas flores de papel japonesas que parecen secas e inertes hasta que, al rozar el agua, despliegan lentamente una hermosura voraz. No actuaron buscando el mármol de los héroes, sino impulsadas por la urgencia salvaje de quien se ahoga y necesita el aire. Y eso es precisamente lo que nos abraza y nos interpela hoy: la imagen paciente, terrenal y obstinada de tantas mujeres solas, empujando con las manos desnudas un muro que parecía infinito. Porque fue allí, exactamente en esa grieta minúscula que ellas abrieron a base de pura terquedad, donde todas nosotras encontramos, nuestro rayo de luz.

Hay cosas que la distancia no te quita. Veintidós años viviendo en Euskadi y el nudo en el estómago cuando se acercan unas elecciones como las de este domingo 31 de mayo sigue siendo el mismo de siempre. Al contrario: a veces la distancia te da algo que dentro del ruido escasea. Te permite ver el bosque cuando quienes están dentro solo ven árboles. Y lo que veo desde aquí es una mezcla rara de esperanza y tristeza.

Esperanza, porque Iván Cepeda va primero en las encuestas. Tristeza, porqubasta mirarar lo que hay al otro lado para entender que el resultado no está ni mucho menos garantizado, y porque lo que representa ese otro lado debería ser imposible en un país que ya sabe lo que cuesta el odio y la violencia.

Lo que me preocupa no es solo Colombia. Es un fenómeno que llevamos años viendo reproducirse en distintos países con distintos nombres y distintas banderas: los discursos de odio funcionan. No porque la ciudadanía sea irracional, sino porque están construidos para activar el miedo antes que la razón, para ofrecer enemigos simples frente a problemas complejos, para hacer sentir que el caos viene de afuera y que la solución es alguien que hable fuerte y golpee duro. Trump, Bolsonaro, Milei. El manual es el mismo. Y ahora Colombia está siendo el siguiente escenario. Lo que más sorprende, lo que de verdad cuesta entender, es que esos discursos no se contrapongan solo a una ideología o a un programa político, sino a algo mucho más básico: a la humanidad mínima que deberíamos compartir todas y todos. Al sentido común. Y que no sean solo palabras, sino propuestas concretas construidas sobre el miedo y el odio al diferente.

Este domingo voto por Iván Cepeda. Y quiero explicar por qué. Cepeda tiene 63 años y una historia que no se fabrica en un despacho de campaña. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue senador de la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Su madre, dirigente comunista, había muerto cuando él era adolescente. Estuvo exiliado en Europa entre 1998 y 2004 porque denunciar los vínculos entre políticos y paramilitares tenía consecuencias reales. Desde ese exilio fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Fue representante, fue senador, fue uno de los arquitectos de la política de Paz Total. Fue él mismo víctima de la violencia que lleva décadas intentando silenciar voces como la suya. “La muerte de mi padre me reorientó y me convirtió en lo que soy hoy”, dijo en una entrevista. Hay políticos y políticas que llegan al poder buscando poder. Iván Cepeda lleva toda la vida buscando justicia.

Frente a él se presentan dos opciones que, con toda la honestidad que permite un artículo de opinión, me resultan difíciles de tomar en serio como propuestas para un país moderno. Paloma Valencia se presenta como la cara moderada del uribismo. Y puede que dentro de su partido lo sea. Pero hace apenas unas semanas propuso públicamente nombrar a Álvaro Uribe como su ministro de Defensa. Esto, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz acaba de confirmar 7.837 casos de falsos positivos: jóvenes asesinados por el propio Ejército durante el gobierno de Uribe, presentados como bajas en combate para cobrar incentivos militares. Las madres de esas víctimas respondieron a la propuesta de Valencia con una frase que no necesita traducción: “Que Uribe sea su ministro es una burla”. Valencia ha reconocido que los falsos positivos ocurrieron pero ha esquivado sistemáticamente la responsabilidad política de quien gobernaba cuando ocurrieron. Eso, en mi opinión, no es moderación. Es una forma muy calculada de administrar una herencia que no debería administrarse, sino juzgarse.

Abelardo de la Espriella es otra cosa. Es el fenómeno nuevo, el outsider, el que ha llegado sin partido propio y sin ninguna experiencia en cargos públicos a instalarse como uno de los favoritos. Se llama a sí mismo “El Tigre”, fundó su propio movimiento, Defensores de la Patria, y replica con bastante fidelidad el estilo que conocemos de otros lados: discurso antisistema, enemigo claro, promesas de mano dura que suenan a milagros, confrontación permanente con los medios y con quien se le ponga delante. Es el modelo Milei aplicado al Caribe colombiano. Millonario, construyó su fortuna defendiendo como abogado a narcotraficantes. Que alguien con esa trayectoria se presente ahora como candidato del orden, la ética y los valores tiene una gravedad que merece nombrarse sin rodeos. Y luego está la ironía para sus seguidores más acérrimos: entre sus clientes también estuvo Alex Saab, señalado como testaferro del régimen de Maduro en Venezuela, ese mismo Maduro que sus votantes consideran el enemigo número uno. Algo que han tenido que digerir en silencio. Y por si fuera poco, ha declarado públicamente que si no gana las elecciones, se vuelve a su viñedo en Italia. Así, sin más.

Colombia le interesa como plataforma, no como responsabilidad. Es un país al que se acerca cuando hay algo que ganar y del que se marcha cuando no.

Y hay un tema que en Colombia se debate poco pero que debería estar en el centro de todo: el medioambiente. Aquí la diferencia entre los candidatos y las candidatas no es de matiz, es de fondo. Cepeda propone prohibir el fracking, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51%, proteger los ecosistemas estratégicos, reconocer constitucionalmente a los animales como sujetos de derechos y construir una economía que ponga la biodiversidad en el centro. Colombia, uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, trataría sus riquezas naturales como lo que son: un patrimonio que pertenece a todas y todos, incluidas las generaciones que aún no han nacido. Valencia y De la Espriella van exactamente en la dirección contraria. Ambos defienden el fracking sin pilotos previos, la reactivación masiva de contratos petroleros y una lógica extractivista que ellos mismos resumen sin pudor: “Colombia tiene una caja fuerte llena de billetes y no la está abriendo”. De la Espriella promete duplicar la producción de petróleo, de 700.000 barriles a 1.300.000 Valencia argumentanta que el país “tiene el derecho a sacar su gas, su carbón, su petróleo, su fracking”. El planeta arde, los páramos se derriten, el Caribe colombiano sufre sequías e inundaciones cada vez más extremas, y la propuesta de la derecha es acelerar exactamente lo que está provocando todo eso. Es una posición que en 2026, con los datos climáticos que tenemos, no es solo discutible. Es irresponsable.

Me sorprende, y a la vez lo entiendo perfectamente, que sectores de Colombia que siempre se han identificado con valores conservadores, con la familia, con la fe, con el esfuerzo honesto, estén hoy apoyando candidatos y candidatas cuya trayectoria ética plantea preguntas muy serias. Es la misma paradoja que vemos en España cuando el Partido Popular convence a gente trabajadora de que la izquierda es su enemiga, o en Estados Unidos cuando Trump gana votos en comunidades que serían las primeras afectadas por sus políticas. El discurso de odio tiene esa eficacia perversa: hace que la gente vote en contra de sus propios intereses porque el miedo al otro es más potente que el análisis de lo propio.

Y luego están los datos. Porque los datos existen, aunque el ruido no los deje oír. El gobierno Petro recibió el país en 2022 con una tasa de pobreza monetaria del 36,6%. En 2024 bajó al 31,8%, el nivel más bajo desde que existe registro. Eso son aproximadamente 1,2 millones de personas que salieron de la pobreza. La pobreza multidimensional, la que mide si la ciudadanía tiene acceso real a salud, educación y servicios básicos, cayó por primera vez por debajo del 10%. El desempleo llegó a niveles históricamente bajos. La inflación de alimentos bajó del 25% al 6%. El turismo creció un 137% respecto al gobierno anterior. ¿Hubo problemas? Claro que sí. El PIB no creció lo esperado, la deuda aumentó, varias reformas quedaron a medias.

Gobernar es complejo. Pero la historia del apocalipsis económico que la derecha lleva cuatro años vendiendo no cuadra con las cifras. Colombia no se convirtió “en Venezuela”. La democracia funcionó. Las instituciones resistieron. Y a eso hay que darle el valor que tiene, porque no era evidente que fuera a ser así.

Lo que más me pesa, pensándolo desde aquí, es que Colombia sepa lo que cuesta el odio y la violencia mejor que casi nadie y aun así esté tentada de volver a ellos empaquetados en formas nuevas. Un país moderno no se mide por el tamaño de sus cárceles sino por el tamaño de sus oportunidades. No se construye identificando enemigos sino reduciendo las distancias brutales que separan a quienes lo tienen todo dequienes noo tienen nada. Eso no es ideología. Son los datos de cualquier sociedad que ha conseguido salir adelante.

Este domingo, desde Bilbao, voto por Iván Cepeda. Por el hijo de un hombre al que mataron por disentir. Por alguien que conoce el precio de la justicia porque lo ha pagado de verdad. Por la Colombia que puede ser, no por la que algunos y algunas se empeñan en conservar. La distancia no me quita el voto. Y tampoco, por ahora, la esperanza.

La publicidad engañosa, es decir, la chispa de la vida que ya sabes que no te la proporciona ninguna bebida energética, los coches que no te conducen al paraíso terrenal sino al atasco nuestro de cada día o los detergentes que no te arrancan de la ropa las manchas de los días tristes, nos ha terminado convirtiendo en ciudadanos recelosos, escépticos, descreídos. Nada en lo que creer. Este es el drama de nuestra sociedad. Nada en lo que creer.

No solo porque ya no hay noticia que nos dure más allá de un telediario, sino porque tenemos la ligera sospecha de que, en mayor o en menor medida, todos mienten. Mienten los influencers y mienten los medios de comunicación. Mienten los narcotraficantes que se postulan para la presidencia del país y mienten los sumarios judiciales que les exculpan. Miente el dependiente del supermercado y miente la vecina que nos recita el parte meteorológico en el ascensor. Mienten los analistas bursátiles, los sacerdotes, la cantante de moda, los jugadores de fútbol, los poetas de provincia, los jueces del Supremo y hasta las personas con las que compartimos pan y cebolla, cama, hijos, aburrimiento, albúm de fotografías y lánguidas tardes de sofá, palomitas, memoria distraída y el habitual encadenamiento de serie televisiva tras serie televisiva.

En este tiempo en el que hemos sustituido de nuestras creencias al silencioso dios medieval por el algoritmo, todo lo que sucede, si es que realmente sucede, apenas dura un instante, un suspiro, un breve fogonazo de luz, de modo que no hacemos más que resbalar por la superficie de las cosas sin enterarnos bien de lo que realmente sucede...

El mundo, además de una porquería que dijera Enrique Santos Discépolo, también es una farsa, donde los muchos farsantes que nos gobiernan nos cuelan sus mentiras, bien contadas, eso sí, bien perfumadas y bien empaquetadas, lo mismo que hacen los publicitarios que tratan de vendernos desodorantes, lavadoras o vacaciones en paisajes plastificados, pero así lo hemos aceptado porque, en nuestro recelo, ya nada nos desconcierta tanto como la verdad.

Nada permanece el tiempo suficiente en nuestras vidas como para adquirir la suprema categoría de verdad. Salvo, tal vez, la certeza de que vivir es perder. La certeza de que todo envejecimiento conlleva una enorme cantidad de pérdidas. La sabiduría consiste en aceptarlo sin que ello te amargue el carácter, te convierta en un cascarrabias o termine manchándote el espíritu con la sombra negra del resentimiento. Lo saludable es aceptar las pérdidas que toda vida conlleva y aun así partirte el pecho de risa tomando un vermú en la terraza de un mediodía primaveral en compañía de alguien a quien estimas más que a tu dinero o a tu cuenta en Instagram...

De forma inesperada, estos pasados días, diversas autoridades locales, todas ellas pertenecientes al Partido Nacionalista Vasco, han planteado la necesidad de una sobrevenida reflexión sobre la acogida del Mundial de Fútbol de 2030. Que fuera el propio lehendakari, Imanol Pradales, el que refiriera una posición conjunta para las dos sedes en principio solicitadas, Bilbao y Donostia, da cuenta de que las reticencias tienen que ver con una cuestión de ventajas e inconvenientes globales, de país, subrayando que existen “nuevas condiciones leoninas” puestas recientemente sobre la mesa por la FIFA. El tema, por tanto, parece dirigido a conocer tales renovadas exigencias. Y claro está, dudar del inicial sí conlleva sopesar las consecuencias que acarrearía, también, un definitivo no.

Dentro del arco político vasco se van alineando posiciones. A la espera de que Bildu diga si quiere soplar o sorber, o sólo aspirar, los socios del PNV, los socialistas vascos, ya han dejado claro que están por mantener la llegada del Mundial, y reclaman de sus 'partenaires', con toda lógica, conocer directamente esas nuevas condiciones que la Federación Española de Fútbol niega como tales, hablando en nombre de la FIFA de la que forma parte.

Es cierto que la información fundamental tiene que estar sobre la mesa, pero en la mesa de todos los ciudadanos, porque en esto (y en casi todo) se basa la famosa transparencia de la que la política hace siempre gala. Y no, no dudamos de que el lehendakari será fiel con ese compromiso. Tiempo hay, pero inquietud también, en un tema de relevancia pública y de afectación general. Económica y social. También de imagen y de país, claro. De Euzkadi, de sus intereses propios, más allá de otros absorbentes que no deberían condicionarnos.

Reconozco que, por mi parte, me debato en un doble sentimiento. Como superviviente del Mundial 82, disfruté de su llegada a Bilbao, del gran ambiente en unos calurosos días, de presenciar un Inglaterra-Kuwait en el viejo San Mamés mezclado entre tambores árabes, y de ver a los “pross” en los Tamarises de Ereaga, capitaneados por Kevin Keegan. Como no soy, tampoco hoy, vecino del Botxo, no sería directo sufridor de las molestias que conlleva para los lugareños otro Mundial multitudinario, sin duda éste aún más que aquél. Soy futbolero y me encantaría otra cita parecida, pero también soy ciudadano y contribuyente, y por encima del Mundial, nada de lo mundano me es ajeno. Tampoco que la prepotente FIFA imponga su tiranía para aterrizar por aquí.

Especulemos sobre el alcance de las exigencias del ente, a la espera de su concreto conocimiento, si va a ser ello posible. Pongamos que, además de las servidumbres logísticas, de la paralización de la vida social y laboral en prolongadas fechas, de la seria afección a la movilidad, de las aglomeraciones y de los efectos sobre bienes públicos y privados, más allá de los réditos indudables para hostelería, hospedaje y transporte, se presenta una importante factura en materia de seguridad, y más al afectar a todo el territorio, con la experiencia de la conflictividad que acompaña a los seguidores del balón redondo (que no son los del ovalado) condimentada con la aportación de los 'nuestros', que no suelen perder ocasión de dejarse notar. De acuerdo, todo ello ya se conocía desde el principio de la postulación de sedes, ¿está justificado sopesarlo ahora?

Supongamos que la FIFA no quiere tributar aquí en ninguna de sus actividades, y que tal privilegio se extienda a todos sus proveedores. ¿Es así? ¿Se sabía ya de tal pretensión? ¿es una nueva exigencia? Me dicen que los amigos del rugby han pagado religiosamente el IVA. Por comentar.

Supongamos que el fútbol impone la cancelación de otros eventos, deportivos y también culturales, lúdicos o musicales, incluso en períodos anteriores y posteriores a las fechas mundialistas. ¿Es nuevo? ¿Es aceptable? ¿Hay que cargarse o trasladar el BBK Live o los Festivales de Cine o de Jazz porque lo dicta la sacrosanta FIFA? ¿Somos soberanos para saber lo que podemos asumir o no y cuándo?

En el caso de anteriores grandes actos deportivos recibidos, desde el Tour a finales futbolísticas, de basket o de rugby, Euzkadi ha dado la talla, ha demostrado su capacidad organizadora y de trato al visitante (más allá de algunos aspectos mejorables). Bilbao, gracias al esfuerzo y trabajo de todos, ya está puesto en el mapa. Nos visitan y mucho. Quizás estamos en un momento de ser más exigentes con la llegada de nuevos eventos. No a cualquier precio. El llamado “retorno” económico no deja de ser muy debatible, porque los costes asociados a unos ingresos muy localizados son difíciles de cuantificar. Confieso que la cosa, en los últimos tiempos, sí que puede dar para repensárselo.

No sé si para el caso del susodicho Mundial, porque me declaro necesitado de mayor información. La reflexión es necesaria, pero una reflexión que sea pública. Y por qué no, que se consulte a los ciudadanos, de una u otra manera, si es menester. Eso sí, tendremos que aceptar, también, el impacto de decir que no. Con sus consecuencias y con deportividad.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

Despego la nariz de la pantalla y traspaso el cristal. Desde aquel punto, un columpio remetido en un gigante corazón, diviso un atardecer mágico. Porque toda Capadocia lo es. Sus formaciones rocosas suponen la potenciación a escala de cualquier imaginación y la mía se desborda, entre luces y sombras proyectándose en riscos, prominencias y oquedades. Faltan pocas horas para que despegue mi vuelo y Abdulab, quien ha sido chófer y guía durante toda la estancia, en esta tierra de hadas y duendes, me ha invitado a que las pase con su familia.

Hemos comido tarta junto a sus hijos y tras un excelente café tradicional, necesito cambiar mi atuendo, dado que comienza a refrescar. Su mujer me acompaña a un pequeño cobertizo al que han bautizado como cafetería y en aquel único y minúsculo espacio, abro mi maleta, encuentro pantalón y camisa y realizo el intercambio, por camiseta y bermudas. Aquella mujer oronda, forrada de refajos, de faz noble y amorosa, sigue con su mirada la operación, hasta que sus ojos se quedan clavados en mi espalda, todavía intensamente bronceada tras un verano a orillas del mar.

Suspira, eleva los ojos al cielo y se muerde el labio inferior. No nos entendemos más que por gestos, así que con ellos quiere constatar la envidia (sana) que le supone ver mi cuerpo tostado, un placer que jamás ha experimentado ni experimentará. Y para que no exista error en mi traducción, me toca la espalda con su dedo índice y se remanga las faldas, dejando al descubierto unas piernas blancas como el mármol, que lo serían absolutamente, si no estuvieran salpicadas por la rojez de tremendas varices.

La empatía se apodera de mí y en un intento fantasioso, reconozco, de hacer que aquella mujer se sintiera por unos minutos bella y femenina, revuelvo mis pertenencias encontrando un pañuelo de los que llevo como souvenir, y que le resulta precioso, a tenor del movimiento de sus pupilas. Se lo regalo y se lo coloca en la cabeza. Para no quedarme escasa, la corono con mis gafas de sol e insisto para que pose.

La sonrisa que me brindó continúa eclipsando atardeceres.

A un mes de finalizar el curso escolar y a cuatro meses de iniciar el nuevo curso, las familias del CEIP Deustuko Eskola HLHI denunciamos que el proceso de integración de nuestra eskola y Deustuko Ikastola está siendo a todas luces una absorción de nuestra comunidad y apropiación de las instalaciones de la eskola por parte de la ikastola.  

En octubre iniciamos un proceso de fusión o integración, así lo ha denominado la institución en diferentes ocasiones jugando al despiste, entre ambos centros educativos con el objeto de solventar problemas que ambos tenían y construir un único centro educativo público nuevo en el barrio. Así se constituyó una comisión de integración con representantes de ambos centros. En el caso de las familias de la eskola escogimos en asamblea a dos representantes, una acudía en nombre del OMR y la otra en nombre de la Guraso Elkarte. Nuestras demandas en esa mesa giraron en torno a tres ejes: mantener todos los puestos de trabajo (tanto de personal docente como no docente), realizar la transición de forma natural priorizando el bienestar del alumnado y trabajar la convivencia entre ambas comunidades como cimiento para la integración durante el próximo curso.  

Hace meses que confirmamos que las decisiones que se tomaban en el marco de dichas reuniones y que constaban en acta acababan modificándose sin contar con las representantes de ambas comunidades en reuniones y conversaciones paralelas de la administración con quien se prestaba a ello. En ese contexto, sin estar nosotras presentes y sin aprobarlo, se han tomado decisiones que afectan a algunos puestos de trabajo del futuro centro educativo, merman el servicio de la única escuela pública del barrio de Deustu e inciden de forma negativa en el día a día de la comunidad educativa. 

Es por ello que desde Jakintsu, Deustuko Eskolako Guraso Elkartea, manifestamos nuestra disconformidad con las formas y el fondo del proceso de unión de ambos centros y denunciamos que ha acabado siendo una imposición y una excusa para perpetrar recortes en la educación pública. 

Fusioa bai, absorziorik ez. Eskola publikoan murrizketarik ez.

Caminar por las calles de San Salvador hoy se siente distinto. Hay una pesadez en el aire que no estaba allí hace una década, o quizás siempre estuvo, pero ahora se ha vuelto institucional, ruidosa y validada. Como mujer, como salvadoreña y como defensora de los derechos humanos, escribir sobre la LGBTI-fobia es un recuento de cicatrices propias y ajenas, de llamadas a medianoche y de la persistente lucha por no permitir que el miedo nos borre del mapa. 

En los últimos años, hemos sido testigos de una paradoja dolorosa. Mientras el mundo parece avanzar hacia una mayor comprensión de la diversidad, en nuestra región y específicamente en mi país El Salvador el reloj parece haber empezado a caminar hacia atrás. 

Recuerdo cuando, hace unos años, sentíamos que estábamos abriendo brechas. Hablábamos de leyes de identidad de género, de protocolos de atención en salud, de sensibilizar a las fuerzas de seguridad. Había una llama de esperanza. Pero recientemente, esa llama ha sido soplada con una fuerza institucional que nos ha dejado a oscuras en muchos sentidos. 

La LGBTI-fobia en El Salvador ha mutado. Ya no es solo el insulto callejero o el prejuicio religioso en la mesa familiar; se ha convertido en una fobia política. Cuando desde las esferas del poder se eliminan palabras como 'género' o 'diversidad' de los currículos escolares y de las políticas públicas, no solo se borran términos, se están borrando vidas. Se está enviando un mensaje claro a la sociedad: “Estas personas no existen, y si existen, no merecen ser nombradas”. 

Esa invisibilidad forzada es una forma de violencia psicológica colectiva. He visto a compañeras trans, esas que han sobrevivido a la guerra y a las pandillas, llorar de impotencia al ver cómo se cierran las pocas puertas que logramos abrir con tanto sudor. 

Defender derechos en este contexto es como intentar sembrar en un suelo que alguien se empeña en llenar de sal. Me quiebra el alma ver a nuestra juventud. Chicos, chicas y chicxs que antes se sentían un poco más libres de ser quienes son, ahora regresan al clóset por miedo a perder su empleo o, peor aún, por miedo a ser blanco de una violencia que se siente cada vez más legitimada por el discurso de “la protección de la familia”. 

¿De qué familia hablan cuando excluyen a las nuestras? Mis ojos han visto la verdadera cara de la exclusión: 

A pesar de este panorama sombrío, mi labor me ha enseñado que donde hay opresión, florece una resistencia hermosa y profundamente humana. En nuestras redes de apoyo, en los refugios improvisados, en las marchas que, pese a todo, siguen llenando de colores nuestras calles grises, ahí encuentro la fuerza. 

No defendemos “ideologías”, como algunos quieren hacer creer. Defendemos el derecho a existir sin miedo. Defendemos la posibilidad de que una persona joven en un barrio de Soyapango o de Santa Ana no sienta que su vida vale menos por a quién ama o cómo se identifica. 

La LGBTI-fobia es un veneno que corroe el tejido social, porque nos enseña a odiar lo que no entendemos en lugar de celebrar la complejidad de la experiencia humana. Pero aquí seguimos. Personalmente, me niego a que el cinismo gane. Cada vez que acompaño a una víctima, cada vez que logramos que una persona se sienta escuchada y validada, estamos ganando una batalla contra ese odio 

El camino que queda es largo y, no voy a mentir, se ve empinado. La región está girando hacia un conservadurismo que utiliza a nuestras poblaciones como “chivos expiatorios” para ganar simpatía popular. Sin embargo, mi compromiso como defensora es inamovible. 

Seguiremos escribiendo, seguiremos denunciando y, sobre todo, seguiremos amando. Porque al final del día, lo que la fobia no entiende es que nuestra existencia es un acto de valentía cotidiana. El Salvador será verdaderamente grande el día en que todos sus hijos, hijas e hijes sin excepción, puedan caminar bajo su sol sin sentir que su propia identidad es una sentencia. 

Mientras tanto, aquí nos encontrarán: en la primera línea, con el corazón abierto y la voz firme, tejiendo red para que nadie más caiga en el vacío del olvido.