“Retrasada”, “feminazi”, “zarrapastrosilla comunista”, “charo” o “ni para fregar sirves”. Estas no son palabras al azar lanzadas en el vacío de las redes sociales; son piedras reales que golpean cada día la puerta de nuestras casas y de nuestros despachos. Recientemente, tras compartir un vídeo defendiendo nuestra labor política, me encontré de frente con este espejo de odio, una cascada de injurias que van desde lo físico hasta la amenaza de muerte. Y no, no son “cosas que pasan”; es violencia política machista con todas sus letras. 

Como mujeres con perfil público —ya seamos mujeres electas, periodistas, activistas o defensoras de derechos humanos— nos enfrentamos a una ofensiva fascista y patriarcal que tiene un objetivo cristalino: disciplinarnos. Se nos agrede para que callemos, para que dudemos antes de alzar la voz y, en última instancia, para que nos retiremos a la esfera privada, que es donde el patriarcado siempre ha querido tenernos.

Los datos y la realidad cotidiana nos dicen que esta violencia no es uniforme, porque las mujeres no somos un bloque monolítico. La interseccionalidad nos atraviesa el alma, por eso mismo la virulencia del ataque cambia si eres una mujer joven o mayor, si eres migrante, si eres de izquierdas o si tu cuerpo no encaja en las normas heteropatriarcales. Sin embargo, el sustrato sí es el mismo para todas, un odio machista que se alimenta de la impunidad digital y que pretende convertir nuestra participación ciudadana en un ejercicio de resistencia física y mental agotador.

La democracia está bajo acoso, el insulto tiene el objetivo de expulsarnos

No podemos permitir que el “aguante individual” sea el único protocolo de protección. Hasta ahora, hemos sido nosotras quienes hemos cargado con el peso de gestionar el acoso, valorando cada mañana si “nos renta” seguir. Pero la democracia no puede permitirse el lujo de perder el talento y la mirada crítica de la mitad de la población por miedo a una jauría digital o física. La seguridad democrática implica que nuestra integridad no sea la moneda de cambio para participar en la vida pública.

Por todo ello, la solución no pasa por el silencio, sino por la institucionalización de la defensa. Necesitamos mecanismos claros de prevención y protección que dejen de tratar estos ataques como incidentes aislados. Debemos blindar nuestra participación política con protocolos contundentes y, sobre todo, con un compromiso social que deje de normalizar la vejación. La libertad de expresión en ningún modo es el derecho a la agresión sistemática.

Cierro este artículo con un abrazo firme a todas mis compañeras, a las que están en el foco mediático y a las que sostienen la lucha desde los márgenes. No estamos solas y no vamos a dar un paso atrás. Insto a toda la sociedad a reflexionar sobre las bases de este odio; porque una sociedad que permite que se nos llame “taradas” o “basura” por defender nuestras ideas, es una sociedad enferma que se está pudriendo por dentro. Es hora de actuar, de denunciar y de construir una política pública donde la palabra sea una herramienta de respeto. Nuestra voz es nuestro derecho, no permitamos que nadie la apague.

Lo explicó Manuel Chaves Nogales en su impecable crónica analizando el derrumbamiento de Francia durante los últimos días de la primavera de 1940: “La masa, el pueblo, las clases medias, la pequeña burguesía, los menestrales, las personas de profesiones liberales, los tenderos, toda la plebe que ha sido durante décadas el asiento sólido de la democracia, animada de una moral ciudadana y guiada por los estrictos deberes de la ciudadanía, están dejando de ser demócratas, renegando de sí mismos, para apoyar posturas totalitarias”.

No hemos aprendido nada. Nos hemos dado una cultura narcisista de pantallas, selfies, noticias constantes, estúpidas canciones y mucha mala leche latente en las redes sociales, pero no hemos aprendido nada. Las masas modernas lo soportan todo. Todo menos la incomodidad material, física. Los derechos humanos, la crisis climática, los valores democráticos, la protección a la mujeres que están siendo asesinadas como si no hubiera un mañana, todo eso para las masas son tan solo entelequias, abstracciones, frente al hecho, concreto, irritante, de que la conexión a internet se interrumpa durante una hora o que una manifestación reivindicando la sanidad pública dificulte el acceso al bar donde se sacuden el gin tonic nuestro de cada día.

Lo importante es que nada ni nadie te moleste. Lo de defender la democracia de las fuerzas antidemocráticas que, criminalmente, están resueltas a hundir el país para así derribar el régimen, no es una cuestión que te concierna. Lo importante es que el servicio de autobuses que te conduce al trabajo funcione correctamente, que el tráfico rodado no te saque de tus casillas debido a los atascos, que nada ni nadie te impida tomar el aperitivo de cada mediodía y que te dejen tranquilo en tu pequeña rutina de ciudadano comprometido tan solo contigo mismo.

Los otros, cuando no son el infierno del que hablara Jean Paul Sartre, son, por lo general, una molestia. Más si son migrantes. Personas que hablan otro idioma o que cocinan con otros aceites o que se arrodillan, devotos, para rezar a otros dioses o que necesitan de un socorro para hacerse una vida más o menos digna; todo ello, por supuesto, sostenido con los impuestos que el gobierno te obliga a abonar. La prioridad nacional. Los españoles, primero. La proclama heredada del nazismo que nuestros nazis han puesto de moda trasladándola a la conversación pública.

Todas las tiranías comienzan así, diferenciando a los ciudadanos según su raza, su religión, su nacionalidad, su cuenta corriente o su orientación sexual. La historia ya ha demostrado numerosas veces que la decadencia de un país comienza cuando la inteligencia claudica ante la estupidez autoritaria. Me temo que en esas estamos.

La autodefensa de las derechas por la reacción que ha suscitado esa “prioridad nacional” que ideó Vox, y secundó el PP en sus pactos autonómicos de Gobierno, recuerda mucho a esas películas de infidelidades en las que quien es cogido con las manos en la masa (ajena) se ve obligado a decir a quien ha defraudado: “Cariño, esto no es lo que parece”. En el caso de esa insensatez perpetrada por PP y Vox, sus autores aseguran ahora que la cosa no es para tanto, que no se quiere discriminar a nadie en España y que lo que han pactado se ajustará al marco constitucional. 

El problema reside en que la dichosa prioridad nacional es justamente lo que parece: un atentado en toda regla contra la Constitución, contra el principio de igualdad y contra los derechos, políticos y sociales, de una parte de la población española. Y es la consecuencia lógica de todo lo que las derechas españolas han venido sembrando en los últimos tiempos.

Tanto Feijóo como Santiago Abascal llevan meses asegurando, con aspereza digna de mejor causa, que los inmigrantes han venido a España a delinquir, a vivir de los subsidios, a ocupar nuestras viviendas, y a saturar los servicios públicos, dejando en la cola a los españoles de toda la vida, que son los verdaderamente discriminados. No es extraño, por tanto, que sus pactos de gobierno (en Extremadura, Aragón y lo que pueda venir) se hayan fundamentado en la reclamación de que “en España ”los españoles primero“. Lo que sí extraña son esos equilibrios dialécticos con que los dirigentes de PP y Vox tratan de negar lo que está tan claro. Y tanto, que hasta lo entiende una buena parte de la derecha (en el PP al menos) al expresar su disconformidad con lo pactado.

Lo extraño es que quienes han hecho de la inmigración el primer problema de España nos quieran convencer ahora de que sus acuerdos autonómicos no van dirigidos contra los inmigrantes; ni, por ceñirnos a lo más actual, guardan relación alguna con su feroz oposición a la regularización de medio millón de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez. Una regularización que la extrema derecha se propone “desregular”, con vicepresidencias ad hoc para este mismo propósito, como la que María Guardiola ha concedido al dirigente de Vox, Óscar Fernández.

Un señor que, dicho sea de paso, afirmó, pocos días antes del acuerdo extremeño, que María Guardiola sería presidenta sólo si a Vox “le daba la gana”, porque se decidía a pasar por su aro. Y, como pasó, María Guardiola se ha convertido en una presidenta de Extremadura puramente nominal; por no decir que es una rehén de Vox, obligada a llevar a cabo las políticas agresivas y antisociales de la extrema derecha. Tan rehén como lo es Jorge Azcón en la Comunidad aragonesa; o como puede serlo Fernández Mañueco en Castilla y León, si se pliega igualmente a las exigencias de Vox. Repetir gobiernos con semejante compañero de viaje le obliga al primer partido de la oposición a la sumisión permanente a los postulados de la extrema derecha o a la bronca permanente con ella. Lo que, al final, obliga a nuevas elecciones anticipadas, dejando al margen los problemas reales de la ciudadanía.

Porque hay algo que ha quedado muy claro con este viaje electoral a ninguna parte que emprendió el PP de Feijóo para imponerse a Vox y preparar la futura derrota de Sánchez. Que, además de no conseguir sus objetivos, las derechas, juntas o separadas, no son capaces de proporcionar una mínima estabilidad política al país; y que, hoy por hoy, la única fuente de estabilidad que España tiene es la que le proporciona el Gobierno de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez. 

Se entiende muy bien, por eso, el pavor que le entra al presidente andaluz ante la posibilidad de no revalidar en la próxima consulta electoral su mayoría absoluta y verse así condenado a pactar con los de Santiago y cierra España. Curiosamente, es el presidente más emblemático y respetado que tiene el PP el mayor enemigo de lo que sus correligionarios han acordado con Vox en sus propias autonomías. Casi ya ni se acuerda de que, en unas elecciones que no ganó, llegó a ser presidente porque Vox lo quiso. ¡A ver si al final, puestos a rectificar, Juanma Moreno hasta se convierte en militante del PSOE y pide el voto de los andaluces para María Jesús Montero!

Pasa den martxoaren 24an, Ordiziako Euskal Eskola Publikoko komunitateak kezka eta harridura handiz jaso zuen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2026-2027 ikasturterako matrikulazio-prozesuan egindako esku-hartzea. Azken urteotan behin eta berriz salatu den eskola-segregazio egoeraren aurrean, neurri eraginkorrak hartzea espero genuen. Baina gertatutakoak, eta atera berri diren behin betiko zerrendetan berriro agerian geratu denak, erakusten du berriz ere norabide okerrean goazela.

Hezkuntza Sailak aurten lau familien eskolatzean esku hartu du egoera larriaren konponbide moduan: horietako bi eskola publikotik itunpeko ikastetxera bideratu ditu, eta beste bi, berriz, eskola publikora. Erabaki horrek ezinbestean galdera bat sortzen du: zein logikari erantzuten dio esku‑hartze honek?

2026-2027ko matrikulazio datuei begiratuz gero, Eskola Publikoan matrikulatzeko eskaera egin duten familien %58ak jatorria atzerrian du eta familien %63ak ez du euskara ezagutzarik. Egoera sozioekonomiko zailean dauden familietako ikasle gehienek Eskola Publikoan eman dute izena. Baina, azken datuak horiek izanda ere, Eusko Jaurlaritzak dio Ikastetxe Publikoaren zaurgarritasun indizea soilik %25ekoa dela; eremukoa, berriz, %21,43koa. Datu horiek ikusita, zaila da ulertzea Eusko Jaurlaritzaren esku-hartzea, baldin eta helburua benetan desoreka murriztea bada. Are gehiago, azken urteotan agerian geratu denez, Ordizian jatorriaren, euskara ezagutza eta egoera sozioekonomiko araberako desoreka handiak daudela funts publikoekin finantzatutako ikastetxeen artean.

Egoera hori ez da berria. Arartekoak berak, azken 7 urteetako Legebiltzarrerako txostenetan eta bi ebazpen irmotan (597/2019/QC eta 2025R-11-24), Ordiziako eskola‑segregazioaren inguruan ohartarazi du, eta neurri zuzentzaileak eskatu dizkio Hezkuntza Sailari. Bere azken txostenean, gainera, argi adierazi du: desoreka justifikatzen duten azalpen formalek ezin dute ordezkatu benetako neurri eraginkorrak. Legeak berak —LOMLOE legeak eta Euskal Hezkuntza Lege berriak— administrazioari eskatzen dio ikasleen banaketa orekatuagoa bermatzeko jardutea.

Horregatik, ez da erraza ulertzen zergatik jarraitzen den erabaki isolatu eta zailak justifikatzen dituzten esku‑hartzeekin, arazoaren muinari heldu beharrean. Are gehiago, Ordiziaren errealitate demografikoa kontuan hartuta: Euskal Herrian migrazio‑tasarik altuena duen herrietako bat da (%21,5), eta azken urteetan tasa hori etengabe handitzen ari da. Izan ere, 2‑3 urteko adin‑tartean, bi ordiziarretatik ia batek familiaren jatorria atzerrian du. Testuinguru horretan, aniztasun hori gure hezkuntza‑sisteman modu orekatuan kudeatzea ezinbestekoa da.

Ordiziako eskola publikoak urte luzez egin du lan komunitate ireki, inklusibo eta euskaldun baten alde. Familiekin, irakasleekin eta herriko eragileekin batera egindako ahaleginari esker, aniztasuna aberastasun gisa bizitzeko espazio bat eraiki dugu. Baina inklusioaren aldeko konpromiso horrek ezin du esan nahi ardura hori eskola publikoaren gain bakarrik uztea.

Hezkuntza sistema publiko baten helburua aukera‑berdintasuna eta gizarte‑kohesioa bermatzea da. Horretarako, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe guztiek partekatu behar dute erantzukizuna, modu orekatuan eta bidezkoan. Bestela, desoreka ez da murrizten: betikotu egiten da.

Erabat eztabaidagarria den desoreka neurtzeko jaurlaritzaren indizeak dioena dioela, eskuragarri dauden eta kontrastatu daitezkeen datu objektiboek erakusten dute Ordizian desoreka oso handiak daudela. Eusko Jaurlaritzak modu orokorrean hartu dituen neurriak eta orain arte harturiko erabakiak ez dira nahikoak izan Ordiziako desoreka bideratzeko. Gure herriko eta antzeko egoeran dauden herri eta auzoetan premiazkoak dira desoreka hauek modu esanguratsuan gutxitzeko esku-hartze bereziak, ikasleak familien jatorriaren, euskara ezagutzaren edo egoera sozioekonomikoaren baitan modu orekatuan banatuz. Posible den heinean, familien ikastetxea aukeratzeko askatasuna kontuan hartzea komeni da, baina herriko orekaren gainetik jarri gabe. Neurri hauek ezinbestekoak ditugu herriko aniztasuna modu aberasgarrian bizitzeko eta elkarbizitza, berdintasuna, justizia soziala, inklusioa eta euskalduntzea bultzatzeko.

Horregatik, Ordiziako Euskal Eskola Publikoko komunitatetik dei argia egiten diogu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari: gardentasunez jokatu dezala, datuak modu sinesgarrian azal ditzala eta, batez ere, benetako neurriak har ditzala Ordiziako eskola‑segregazioari aurre egiteko. Ez dugu adabaki puntualik behar; plan sendo eta ausarta behar dugu.

Herriko ikastetxeen egonkortasuna eta ikasleen banaketa orekatuagoa bermatuko duen plana behar dugu. 

Bada garaia horretarako.

En este artículo propongo una mirada global al capitalismo desde las dos perspectivas imprescindibles para hablar de él: la estructural y la interseccional. La perspectiva estructural es fundamental, porque el capitalismo es una estructura social, concretamente una estructura de dominación; la perspectiva interseccional es fundamental, porque el capitalismo es el contenedor de los otros dos grandes sistemas de dominación: el patriarcado y el colonialismo. Sin ellos el capitalismo no sería posible. 

Toda aproximación a los problemas sociales y sociológicos debe ir acompañada de una mirada hacia las posibilidades de acabar con ellos. Y con el capitalismo no es menos. Aunque nos cueste, porque el “sentido común” construido por él mismo nos haya capado la imaginación y el atrevimiento, siempre debemos aspirar a acabar con él. Por eso, el objetivo final de este texto es pensarnos cada una de nosotras como agentes de cambio, como personas con la responsabilidad individual de 'no colaborar' con las dinámicas sociales que naturalizan la violencia y la exclusión, con la responsabilidad de 'interrumpir', como dice Imanol Zubero. Estar un poco más cerquita de comprender que el cambio solo puede ocurrir si ocurre en nosotras, en nosotras con otras, claro. 

Las estructuras sociales de dominación

Las principales estructuras sociales en las que desarrollamos nuestras vidas son la patriarcal, la colonial y la capitalista. La patriarcal se basa en el privilegio masculino, la colonial en el privilegio blanco y la capitalista en el privilegio de clase. Y aquí, al hablar de privilegios, entramos en la cuestión central: las estructuras sociales en las que nos desarrollamos son estructuras sociales de dominación. Y esto debemos decirlo y escribirlo siempre: la palabra “dominación” es esencial en toda descripción de las estructuras sociales que nos constituyen. Debemos nombrarla si queremos ser rigurosas en nuestros análisis. 

¿Por qué vinculamos privilegio a dominación? Porque el privilegio es algo cuyo ejercicio siempre es sobre otras personas o seres. Ejercer los privilegios que nos otorgan las estructuras sociales es ejercer violencia más o menos sutil. Hoy, aquí, comprar una prenda de ropa nueva es, casi con total seguridad, estar ejerciendo el privilegio blanco o colonial, porque, normalmente, esa prenda está fabricada en territorios donde los derechos humanos son vulnerados. Podríamos hablar también aquí de antropocentrismo, de privilegio antropocéntrico, porque la fabricación de esa prenda requiere una enorme cantidad de recursos naturales no humanos.

El capitalismo, como todas las estructuras de dominación, ha naturalizado la dominación. Su forma de hacerlo es que nosotras, cada una de nosotras, mediante nuestra agencia cotidiana, la reproduzcamos incluso aunque nuestra intención sea la contraria. Hemos naturalizado los privilegios de clase, género y origen, y esto es muy importante saberlo y asumirlo, porque solo así podremos estar lo suficientemente atentas a los que se nos otorgan y a los que ejercemos. Y solo así podremos plantearnos dejar de ejercerlos. 

Reni Eddo-Lodge, escritora inglesa de madre nigeriana, en su libro 'Por qué no hablo con blancos sobre racismo', define el privilegio blanco como la ausencia de consecuencias negativas del racismo. Lo mismo ocurre con el privilegio masculino, es la ausencia de consecuencias negativas del machismo, y con el privilegio de clase, que es la ausencia de consecuencias negativas del clasismo. Son ausencias. ¿Y cómo combatimos ausencias? Ahí está la clave: solo con intención y mucha atención al impacto que nuestros actos cotidianos tienen en nuestro entorno y en el resto del mundo. Debemos recordar siempre, y me repito: un privilegio solo puede ser ejercido a costa de una peor posición de otra persona o colectivo.

¿Qué es el capitalismo?

El capitalismo es una estructura social de dominación. Es un sistema siempre feroz, caníbal, como dice Nancy Fraser; es homicida, suicida, carnívoro, como dice Francesca Grazoli; es excluyente. 

El capitalismo es un sistema de ideas, es una ideología. La economía capitalista es una forma, en base a una ideología, de administrar los bienes de una sociedad. Pero para que un sistema económico se instale y funcione es necesario un ecosistema propio. Para que exista el capitalismo debemos vivir en sociedades capitalistas. Por lo tanto, una de las tareas principales de esta estructura de dominación, como del resto, es su propia supervivencia, su propia reproducción. Y eso se realiza mediante la producción de sentido y de deseo. El capitalismo necesita producir y reproducir un “sentido común” que legitime su existencia. Necesita que el conjunto de la sociedad, que es explotada y expropiada, asuma como aceptable su existencia y sus dinámicas. 

En su libro 'Capitalismo caníbal', Nancy Fraser propone el término 'caníbal', porque, entre otras cosas, el capitalismo devora su propia base social, una base social, por cierto, que él no produce: no produce personas, pero se las come, no produce territorio, pero se lo come, no produce vida animal ni vegetal de ningún tipo, pero se la come. Utiliza recursos extraeconómicos y no devuelve nada, roba vida y provoca muerte. No debemos caer en el error de creer que el capitalismo es una realidad solo económica. 

Antes he dicho que el capitalismo es una forma de administrar los bienes de una sociedad en base a una ideología. Voy a matizar aquí que los bienes de una sociedad son materiales e inmateriales. El capitalismo, el patriarcado y el colonialismo deciden, además, cómo se administran los bienes inmateriales de la sociedad: el respeto, la dignidad, el poder, la educación, la credibilidad. Esta última es fundamental para crear un sentido común excluyente. Por ello, nuestras vidas transcurren principalmente bajo el mandato de tres tipos de economía de la credibilidad: la economía machista de la credibilidad, la economía racista de la credibilidad y la economía clasista de la credibilidad. Esto hace que, a grandes rasgos y utilizando un imaginario binario, el reparto de la credibilidad quede así: creemos menos a una mujer que a un hombre; creemos menos a una persona racializada que a una persona blanca; y creemos menos a una persona empobrecida que a una persona enriquecida. Esta idea es de Miranda Fricker y la podéis encontrar desarrollada en su libro 'Injusticia epistémica'. 

Una de las características principales de las sociedades capitalistas es el papel distintivo de los mercados. Los mercados siempre han existido a lo largo de la vida humana incluso en las sociedades no capitalistas; sin embargo, en el capitalismo, el mercado se distingue porque asume la función clave de plantear y responder las preguntas fundamentales respecto del modo en que las personas deseamos vivir: dónde invertimos nuestras energías colectivas, cómo nos proponemos equilibrar el “trabajo productivo” con la vida familiar, qué ocio construimos, cómo nos relacionamos con la naturaleza no humana, cómo queremos que las generaciones futuras se relacionen con ella, qué gestión de la vivienda consideramos aceptable, etc. En definitiva, quedan en manos de las “fuerzas del mercado” las decisiones más importantes de la vida. Esta es, como asegura Nancy Fraser, la característica más relevante y perversa del capitalismo: “el hecho de ceder las cuestiones más decisivas a un mecanismo orientado a la expansión cuantitativa del valor monetizado, que es congénitamente indiferente a los indicadores cualitativos de riqueza social y bienestar humano”. 

Los mercados están en el centro del funcionamiento del capitalismo, pero no debemos confundir esto con la idea de que todo está mercantilizado. El mercado parece ocuparlo todo, pero también necesita que haya espacios no mercantilizados. El ejemplo más claro es el trabajo asalariado, que no podría sostenerse sin el trabajo doméstico, la crianza, la educación, el cuidado emocional y muchas otras actividades que permiten formar nuevas generaciones de trabajadores y mantener a las actuales, además de sostener los lazos sociales y los marcos compartidos de sentido. De este modo, al igual que la llamada “acumulación originaria”, la reproducción social constituye una condición esencial para que la producción de mercancías sea posible.

Para el capitalismo y su herramienta principal, el mercado, siempre debe haber expropiación de recursos, es decir, robo (matiz: no siempre la expropiación es robo, en el caso del capitalismo, sí, porque su objetivo es empobrecer a muchas para enriquecer a unos pocos). Esos recursos que extrae son el trabajo de cuidados, tierras, cuerpos, ideas, creatividad, principios éticos y morales, etc. Necesita robar todo eso para hacerlo suyo y, entonces sí, adaptarlo a la forma del mercado y transformarlo en producto. Y, por supuesto, quitar todo viso revolucionario. Uno de los slogans publicitarios que más me impactó hace unos años fue el que vi en el escaparate del Corte Inglés de cara al 8M: “joyas para la igualdad”. Es obsceno. La industria de la joyería es una de las que mayor explotación, desigualdad y muerte genera. Esto es un uso del feminismo para quitarle valor y para ganar dinero. Y aunque ganar dinero es un objetivo importante para el capitalismo, también lo es vaciar de contenido el feminismo, un movimiento emancipador que lucha contra lógicas como las del mercado. El feminismo es anticapitalista.  

Los afectos, por ejemplo, jamás serán mercantilizados. Y no es solo porque eso es imposible, sino porque al mercado le interesa que cuidemos a otras por amor (esto está relacionado con lo que hemos dicho sobre el trabajo asalariado), pero, además necesita que veamos este acto de amor como un sacrificio, que veamos como sacrificio el acto de amor de cuidar, que es reproducir la vida. Y lo consigue haciendo: 1) que el trabajo sea la base de la supervivencia (sin trabajo no tienes salario y no comes); 2) que el empleo ocupe tu vida y tu salud trabajando un número de horas inaceptable en condiciones inaceptables; y 3) que el trabajo asalariado sea una de las fuentes de tu superación personal y tu emancipación (esto en el caso de quienes tienen trabajos cualificados). Y en relación a todo esto, no podemos elegir: o trabajas o cuidas. Las políticas de conciliación no funcionan completamente ni para todas porque son construidas bajo las bases ideológicas de las estructuras de dominación; por lo tanto, todas sus soluciones pasan por salvar las estructuras, no por deshacer sus bases. Recordemos que las estructuras sociales se reproducen a sí mismas continuamente mediante instituciones y personas. 

Contra el deseo impuesto

Ahí están también las grietas del sistema. En lo no mercantilizado. Debemos hacernos fuertes e impedir que nadie se aproveche de algo tan potente y bello como amar a otros seres y al entorno. No podemos dejar que nuestro amor por la naturaleza se convierta en un viaje a EEUU a ver secuoyas. Aquí, en este viaje, en la comida que al parecer no podemos dejar de comer (carne, alcohol, aguacates, soja, pescado, etc.), en el ocio cotidiano, en las cuestiones estéticas, en la ropa que compramos o no compramos, etc. En todo esto y más se cuela la construcción capitalista del deseo. Siempre, recordemos, en colaboración con el patriarcado y el colonialismo. ¿Cómo son nuestras vacaciones? ¿Nuestros fines de semana? ¿Dónde deseamos vivir? ¿Nos vamos a hipotecar? ¿Vamos a vivir en comunidad? ¿Qué comemos? ¿Qué ropa compramos? ¿Seguimos comprando ropa? 

Existe una cadena global de sufrimiento que empieza en nuestras decisiones en esta parte de mundo y termina en el asesinato por inanición en otros territorios. Esto lo hemos visto muy claro con el genocidio del pueblo palestino: hemos hablado y practicado boicot mediante el consumo. Y lo hemos hecho porque somos conscientes de que esa cadena de sufrimiento existe. ¿Por qué nos detenemos ahí? ¿Qué hay del resto de sufrimientos? Hemos dicho que necesitamos asumir que tenemos y ejercemos privilegios y que debemos estar muy atentas para no seguir haciéndolo en nuestra cotidianidad. Para eso, debemos respondernos a estas y otras muchas preguntas. La no colaboración con el sistema en nuestra cotidianidad es fundamental y debe ir siempre acompañada de una colectivización de la misma. 

El capitalismo necesita que pensemos más en su propio beneficio que en el nuestro, necesita que pongamos lo productivo por delante de lo reproductivo, que entendamos que la producción de muerte tiene más sentido que la producción de vida. Para eso, una de las cosas que hace es generar deseos haciéndolos pasar por necesidades. Ojo con lo que deseamos, porque cuando hablamos de deseos construidos por el capitalismo hablamos de qué vidas importan más que otras. Cuando mi 'necesidad' es a costa de la explotación de otras, estamos aceptando implícitamente que las vidas de esas personas importan menos que las nuestras. Judit Butler lo expresa muy bien en su libro 'Marcos de guerra', cuando habla de vidas que merecen ser lloradas y vidas que no lo merecen.

En su precioso libro 'Refugio', Terry Tempest Williams escribe una frase que describe a la perfección qué es el capitalismo y, en general cualquier estructura de dominación. Refiriéndose a las consecuencias de los ensayos nucleares en el desierto de Nevada, cerca de donde ella y muchísimas especies animales viven, dice lo siguiente: “Cuando la Comisión de la Energía Atómica describió el territorio al norte de los campos de pruebas de Nevada como 'desierto virtualmente deshabitado', mi familia y las aves del Gran Lago Salado éramos algunos de esos 'deshabitantes virtuales'”. Y es que para el capitalismo somos eso: deshabitantes virtuales, despersonas virtuales, desanimales virtuales, desnaturaleza virtual. 

La responsabilidad individual colectivizada

La no colaboración es necesaria y, creo, debería ser la base ética y política de todas las entidades y personas que trabajamos por la justicia social. ¿Cuáles son las líneas rojas de las entidades a las que pertenecemos? ¿Dónde nos plantamos y decimos por aquí no vamos a seguir? ¿Cuáles son nuestras líneas rojas personales dentro de esas entidades? ¿Señalamos aquello que está colaborando con los sistemas de opresión? ¿Nos sentimos cómodas con lo que hacemos?

Existe una herramienta epistemológica que, además, es un posicionamiento político en sí mismo, que nos sirve para pensarnos: la ética feminista. La ética feminista no es una rama de la ética, es una forma diferente de pensar nuestras acciones cotidianas y su impacto en el entorno. Es otra forma de hacer ética que trata de liberarse de los sesgos machistas, racistas y clasistas que ha caracterizado generalmente la ética hegemónica. Porque nuestros criterios éticos no son neutros, como no lo es nada en una sociedad patriarcal, colonial y capitalista. ¿Nos hemos preguntado alguna vez seriamente cuáles son nuestros principios éticos? ¿Nos hemos propuesto pensar en el impacto de nuestras acciones cotidianas y decidir qué vamos a interrumpir, con qué no vamos a colaborar más? O actuamos conscientemente o reproducimos la violencia estructural.

La escritora Ursula K. Le Guin tiene un cuento que se llama 'Quienes se marchan de Omelas'. Es un relato que creo que da para conversar toda una vida. Ursula K. Le Guin nos coloca ante la realidad de una vida feliz que solo es posible sobre el sufrimiento de otras. Omelas es ese mundo feliz. ¿Te marcharías al conocer el sufrimiento sobre el que se erige tu privilegio? ¿Te marcharás? Porque conocerlo, ya lo conoces.

Marcharse de Omelas es muy difícil, porque Omelas es el mundo en el que vivimos, pero debemos aspirar siempre a marcharnos. Debemos caminar ya en dirección a la salida. Actuar como si ya hubiésemos hecho la revolución. ¿Cómo viviríamos si la revolución ya hubiese tenido lugar, si nos hubiésemos marchado ya de Omelas? Pensemos en serio cómo sería el mundo, cómo seríamos nosotras, cómo serían nuestros actos cotidianos, y desarrollemos aquellos que ya, desde ahora mismo, podemos poner en práctica. No se trata aquí de tener que hacerlo todo para salvar el mundo, se trata de hacer algo, algo más. Por cierto, la misma autora tiene otro cuento llamado 'El día antes de la revolución'. 

Existen muchísimas personas y colectivas que están ya imaginando mundos diferentes, que están actuando como si la revolución ya existiera: pueblos ocupados, iniciativas de cesión de tierras a personas migradas o migrantes, espacios voluntarios de acogida a víctimas de violencia machista y violencia racista, centros sociales construidos con las manos de quienes quieren tener espacios físicos en los que hacer comunidad, iniciativas colectivas para parar a las grandes empresas energéticas que quieren continuar robando territorio, etc. El mundo está lleno de luces a las que mirar. Y podemos elegir mirar hacia allí cuando nos pensemos en el mundo.

Parece como que la sociedad humana tiende a mantener sus rutinas y comportamientos habituales, viviendo “como si nada”, a pesar de enfrentar crisis graves y estructurales (ambientales, económicas o geopolíticas) muy fuertes.

Sin embargo, tenemos cada vez más información científica de cómo estamos. El informe de la Revisión de la Salud Planetaria 2025 (PHC, por sus siglas en inglés) del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático alerta de que el planeta ha superado siete de los nueve límites planetarios seguros. Esta evaluación indica que la Tierra está en una situación crítica (“cuidados intensivos”), con una presión creciente en la mayoría de sus sistemas vitales, incluyendo cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Estos tres factores interactúan entre sí, acelerando el deterioro ambiental.

Los siete límites que han rebasado su “zona segura” muestran tendencias de aumento de presión, que incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, el ciclo del agua, el flujo de nutrientes (nitrógeno/fósforo), la contaminación química y la acidificación oceánica. Solo la carga de aerosoles y el agotamiento de la capa de ozono se mantienen dentro de los niveles operativos seguros.

El Informe sobre los puntos de inflexión globales 2025 (Global Tipping Reports 2025), elaborado por 160 científicos procedentes de 23 países, advierte que los arrecifes de coral ya han cruzado su punto de no retorno y que el Amazonas, los casquetes polares y la circulación atlántica están peligrosamente cerca de sus propios puntos críticos. Superar estos puntos de inflexión reduce la capacidad de la Tierra para hacer frente a la intervención humana.

Cuando en 2015 casi 200 países firmaron el Acuerdo de París, el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 °C (con un techo de 2 °C) se presentó como una línea roja para evitar impactos climáticos irreversibles. Pero desde entonces, las emisiones globales no solo no han disminuido, sino que han seguido aumentando, impulsadas por la quema de combustibles fósiles y un modelo económico adicto al crecimiento infinito. Hoy, científicos como Robert Watson, expresidente del IPCC, no dudan en declarar: “La política climática ha fracasado. El Acuerdo de París está muerto”.

El problema no es solo la falta de acción, sino la hipocresía estructural. Mientras los líderes mundiales se reúnen año tras año en cumbres climáticas (COP) para repetir discursos vacíos, los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron $7 billones de dólares en 2022 (FMI), y proyectos como la expansión de petróleo en la Amazonía o el carbón en Asia demuestran que el negocio de la destrucción climática sigue siendo más rentable que la transición ecológica.

La mayoría de la gente parece que no quiere cambiar nada. ¿A qué se debe?

Según el evolucionista John Tooby, que fue un antropólogo estadounidense que, junto a su esposa, la psicóloga Leda Cosmides, ayudó a impulsar el campo de la psicología evolucionista, la velocidad de los cambios culturales y tecnológicos modernos supera la capacidad de adaptación biológica. Por tanto, utilizamos mecanismos cognitivos antiguos en entornos nuevos. Nuestra mente no está diseñada para gestionar riesgos civilizatorios o tendencias climáticas a largo plazo (50 años), sino para amenazas directas y visibles (ataques, hambre inmediata…).

La Teoría de la Gestión del Terror (TMT) (Terror Management Theory), propuesta por Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Pyszczynski en los años 80, tras años de investigación, postula que la conciencia de nuestra propia mortalidad genera un terror existencial que el ser humano gestiona mediante defensas psicológicas. Cuando la amenaza de muerte es consciente, la primera reacción es negarla, racionalizarla o suprimir el pensamiento para reducir la ansiedad.

Según la citada teoría, el miedo a la muerte es tan intenso que los individuos adoptan visiones del mundo que les permiten creer que son parte de algo duradero, reforzando sus valores y autoestima para protegerse.

En cuanto a los jóvenes, un estudio con 10.000 jóvenes de 16 a 25 años publicado en The Lancet reveló que el 84% está al menos moderadamente preocupado por el cambio climático y que el 75% considera que el futuro es aterrador. Pero esa angustia no produce siempre movimiento y activismo. Estudios recientes indican que la ansiedad climática afecta desproporcionadamente a los jóvenes, asociándose en algunos varones con visiones más autoritarias ante la sensación de falta de futuro. En el Estado español, el 40% de los hombres de 18 a 34 años vota a un partido climáticamente negacionista. Se basa en la creencia de que el futuro está fuera de control, o es catastrófico, por lo que se renuncia a cambiarlo.

En los últimos tiempos cada vez más se habla de la solastalgia, que comenzó cuando el filósofo australiano Glenn Albrecht observó cómo la región de Hunter Valley, al norte de Sidney (Australia) pasó de ser un enclave de pasto verde, animales y cielo despejado a una zona “de sacrificio”, industrial, ruidosa, contaminada, debido a la minería de carbón. “Las personas que vivían allí seguían en casa, mirando por las ventanas, pero lo que habían disfrutado de su entorno familiar se había deteriorado. Ya no les brindaba consuelo”, rememora en su libro “Las emociones de la Tierra” (MRA Ediciones, 2020).

Lo de la solastalgia es sentir añoranza del lugar en el que vivías desde el mismo lugar en el que vives. Mirar por la ventana y ver un paisaje quemado que es totalmente distinto del que veías unos días anteriores, por ejemplo. Lo que Caroline Hickman, destacada profesora de Psicología Climática en la Universidad de Bath (Reino Unido) y psicoterapeuta, autora principal de estudios sobre ansiedad climática, defendiéndola como una respuesta saludable y natural -no una enfermedad- ante la emergencia ambiental, viene a decir que no duele tanto la situación, que obviamente duele, sino que lo que duele y genera una enorme ansiedad es que no se esté haciendo nada ante ella.

En este contexto, cabe señalar la importancia de la campaña No Normal, impulsada por científicos, académicos, divulgadores y personas comprometidas, que buscan algo muy concreto, explicar lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde, generar conciencia real y ayudar a las personas a entender y adaptarse ante la nueva realidad, con conferencias, charlas y mesas redondas en lo localidades de Euskal Herria y de distintas comunidades del Estado, donde se explica cómo hemos llegado hasta aquí, a asomarnos al abismo climático, medioambiental, energético y ecosocial, pero que también es un llamamiento a la acción de todas las personas a que se hagan conscientes y actúen frente a esta emergencia y policrisis local y global.

En Murueta no ha cambiado ni el valor del territorio, ni la legislación que lo protege, ni la realidad ambiental que lo define. Lo que ha cambiado, de forma llamativa, es el discurso político. Y, más recientemente, algo aún más preocupante: el intento de reescribirlo. Porque ahora, con el nuevo movimiento del PGOU (Deia, 21-04-26), el Ayuntamiento de Murueta sostiene que el plan “no responde a proyectos externos”. Una afirmación que, vista de forma aislada, podría parecer razonable. El problema es que llega después de varios años en los que el planteamiento urbanístico estuvo claramente condicionado por uno muy concreto: el Guggenheim Urdaibai. Y ahí es donde la memoria importa.

Murueta no es un suelo cualquiera. Está dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sujeta a normativas que establecen con claridad que la protección ambiental debe prevalecer sobre cualquier desarrollo urbanístico. No es una cuestión de opinión, es una obligación legal. Y, sin embargo, en los últimos años, la planificación del municipio ha ido adaptándose con una flexibilidad difícil de justificar desde el interés general. Cuando en 2021 se inicia la revisión del PGOU, el argumento oficial es la adaptación a la normativa vigente. Nada que objetar. Pero basta con leer el propio documento de avance para entender que hay algo más: la modificación del planeamiento territorial está directamente vinculada a la ampliación del Museo Guggenheim en Gernika y Murueta. Es decir, el urbanismo no se plantea desde una reflexión autónoma sobre el futuro del municipio, sino condicionado por un proyecto concreto. En ese contexto aparece una decisión clave: cambiar la calificación del suelo ocupado por Astilleros de Murueta SA, de industrial a dotacional (equipamental). No era un ajuste técnico menor. Era la condición necesaria para que el museo pudiera existir. Sin ese cambio, el proyecto no era viable. Y, por tanto, el planeamiento dejaba de ser una herramienta de ordenación para convertirse en un instrumento al servicio de una operación específica. Y junto a esa decisión, un relato: el astillero pasaba a ser un elemento a desplazar, una actividad incómoda dentro del nuevo modelo que se pretendía implantar. El museo, en cambio, se presentaba como una oportunidad estratégica incuestionable y garante de restauración y descontaminación.

Todo parecía alineado para justificar una transformación profunda del uso del suelo. La respuesta ciudadana fue contundente. Miles de alegaciones presentadas en diciembre del 2023 (aun por responder) a este avance del PGOU pusieron en duda no sólo la oportunidad del proyecto, sino su encaje legal en un entorno de máxima protección. No era una oposición emocional. Era una advertencia jurídica, ambiental y social. Después llegó el 16 de diciembre del 2025 y el proyecto Guggenheim se retiró. Y junto con ello perdían interés las modificaciones en curso del Plan Territorial Parcial Gernika-Markina y el Plan Especial de Compatibilización firmado por los Alcaldes de Murueta, Gernika y Forua con Diputación. Desaparece así, el elemento que había condicionado el planeamiento. Es en ese momento cuando el relato da un giro que cuesta no calificarlo de oportunista. El mismo espacio que se estaba reconfigurando para hacer viable el museo vuelve a ser reconsiderado. El astillero, que antes parecía incompatible con el futuro del municipio, pasa ahora a ser defendido como una actividad a preservar. Se evita hablar de traslado. Se reorienta el discurso.

No es que cambiar de opinión sea un problema. Lo preocupante es la facilidad con la que se cambia y, sobre todo, lo que eso revela. Porque la conclusión es difícil de esquivar: el criterio no ha sido ni el territorio, ni la normativa, ni el interés de los vecinos. El criterio ha sido la existencia o no de un proyecto concreto. Porque si el planeamiento se modificó para hacer viable un proyecto concreto, resulta difícil sostener que ahora ese mismo plan sea ajeno a cualquier influencia externa. Más bien parece que el documento urbanístico ha ido adaptándose en función de las prioridades políticas del momento: primero para encajar un museo, ahora para justificar su ausencia.

No es que cambiar de criterio sea ilegítimo. Lo preocupante es la falta de coherencia en el criterio mismo. Porque todo apunta a una lógica sencilla y poco edificante: cuando había museo, el astillero sobraba; cuando el museo desaparece, el astillero vuelve a ser imprescindible. Eso no es planificación. Es oportunismo.

El PGOU debería ser el documento que fija el modelo de municipio a medio y largo plazo, un marco estable que dé coherencia a las decisiones. Pero en este caso ha funcionado más bien como un instrumento flexible, capaz de ajustarse a prioridades cambiantes sin que medie una explicación convincente. Y eso tiene consecuencias, porque erosiona la confianza en las instituciones y en la propia idea de planificación. Al final, lo que queda no es solo el debate sobre un museo o un astillero.

Lo que queda es una pregunta incómoda: ¿para quién se está diseñando el futuro de Murueta? Porque cuando las decisiones urbanísticas parecen responder más a intereses externos o coyunturales que a un proyecto sólido de municipio, la sensación es que el territorio se convierte en una pieza más de un tablero que se mueve desde fuera. Quizá lo más llamativo de todo no sea el cambio de postura, sino la aparente confianza en que nadie lo recordará. Pero la memoria, en este caso, no está en juego. Los documentos existen, las declaraciones están publicadas y las decisiones han sido demasiado claras como para pasar desapercibidas. Murueta no necesita un urbanismo que se adapte al proyecto de turno. Necesita coherencia, rigor y respeto por un entorno que no es sustituible. Todo lo demás, por mucho que se intente vestir de planificación, suena más a improvisación y a estrategia.

“El mercado no es un destino; es una construcción social” (Pierre Bourdieu). En vivienda, los diagnósticos empiezan a resultarnos dolorosamente familiares. Sabemos que los alquileres han corrido más que los salarios. Sabemos que la emancipación juvenil se retrasa hasta edades incompatibles con cualquier idea razonable de autonomía personal. Sabemos que muchas familias trabajadoras viven pendientes de una renovación de contrato, de una subida inasumible o de una oferta que desaparece en cuestión de horas. Sabemos también que la vivienda ha dejado de ser una preocupación localizada en los márgenes de la vulnerabilidad para convertirse en una inquietud transversal, que atraviesa a jóvenes, clases medias, familias con empleo, personas mayores y barrios enteros.

Lo que ya no podemos permitirnos es seguir describiendo el problema sin modificar de manera profunda las condiciones que lo producen. La vivienda se ha situado en el centro de la agenda pública porque ha entrado de lleno en el centro de la vida de la mayoría social. Y cuando un bien de primera necesidad se convierte en una fuente de angustia cotidiana, la política no puede refugiarse en la neutralidad. Gobernar es elegir. Y ante una emergencia habitacional, elegir significa poner la capacidad pública del lado de quienes necesitan una vivienda para vivir, no de quienes la conciben únicamente como una expectativa de rentabilidad.

Esa es la razón de ser del Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno Vasco. No es una norma más. Es una pieza esencial del escudo social vasco en materia de vivienda. Un escudo pensado para proteger a la demanda, ampliar derechos, movilizar vivienda, regular donde sea necesario y acelerar respuestas allí donde los procedimientos habituales ya no alcanzan el ritmo de la vida real.

Durante demasiado tiempo se nos ha querido encerrar en una discusión simplista: oferta contra demanda, mercado contra intervención, regulación contra libertad. Ese marco es pobre y, sobre todo, inútil para quien necesita una casa. Euskadi no puede permitirse soluciones de trinchera ni prejuicios ideológicos. Necesitamos toda la potencia pública y privada disponible. Construir más vivienda protegida, sí. Movilizar vivienda vacía, también. Regular los precios en zonas tensionadas, por supuesto.

No hay una medida milagrosa. Hay una política pública que debe operar en todos los frentes. El escudo social parte de una convicción sencilla: la vivienda no puede ser tratada como un bien cualquiera. Es la condición material que permite casi todo lo demás. Sin vivienda no hay emancipación, no hay igualdad de oportunidades, no hay arraigo comunitario, no hay proyecto familiar ni estabilidad emocional suficiente para construir una vida. Tampoco desarrollo económico ni competitividad.

Por eso este decreto adapta algunos de los instrumentos centrales del sistema vasco de vivienda a la realidad actual del mercado. Bizigune se refuerza para captar más vivienda vacía y ponerla al servicio del alquiler asequible. Gaztelagun se actualiza porque las condiciones de emancipación de las personas jóvenes no son hoy las mismas que hace una década. Las rentas máximas subvencionables se elevan y se incorporan nuevas realidades residenciales como el alquiler de habitaciones y el subarriendo, que durante demasiado tiempo han estado en la vida real antes que en las normas. También ampliamos la reserva de vivienda protegida en alquiler para menores de 36 años, porque una sociedad que aplaza indefinidamente la emancipación de su juventud se está empobreciendo por dentro.

Otro paso especialmente relevante ha sido la incorporación de los índices de referencia de precios del alquiler para los tres territorios. Con ellos, las zonas tensionadas quedan reguladas al completo en Euskadi. Esto no es una declaración simbólica. Es una herramienta efectiva para intervenir allí donde el mercado ha dejado de ofrecer respuestas razonables y equilibradas, convirtiéndose en una peligrosa amenaza de inequidad. Regular no es un capricho. Regular es reconocer que hay ámbitos de la vida colectiva que no pueden quedar abandonados a la ley del más fuerte. Lo hacemos, además, desde un modelo vasco que busca combinar protección e incentivo. No se trata solo de limitar precios. Se trata también de asociar las zonas tensionadas a una estrategia más amplia: captar vivienda, activar suelo, facilitar nuevos desarrollos, aplicar atractivos incentivos fiscales, mejorar la colaboración con los ayuntamientos y ordenar un mercado que hoy expulsa a demasiada gente de los lugares donde quiere vivir.

La vivienda se ha convertido en la gran causa social y económica de nuestro tiempo. Y toda causa justa requiere algo más que gestión: requieren dirección política, compromiso moral y una cierta disposición al combate democrático. Combatir la idea de que la vivienda es ante todo un activo financiero. Combatir la resignación de quienes dicen que no hay nada que hacer.

Un ejemplo de innovación social en política de vivienda es el nuevo modelo intergeneracional de apartamentos dotacionales que Alokabide está implementando. Las futuras promociones combinarán alojamientos para jóvenes y apartamentos dirigidos preferentemente a personas mayores de 70 años, autónomas, que voluntariamente quieran trasladarse a una vivienda más adecuada a su momento vital y pongan su vivienda en propiedad a disposición de Bizigune. La idea es poderosa porque rompe varios bloqueos a la vez. Ofrece a personas mayores una alternativa accesible, segura, comunitaria y mejor adaptada a sus necesidades. Facilita la emancipación juvenil en un régimen rotativo. Y permite incorporar viviendas hoy infrautilizadas al alquiler asequible. No enfrenta generaciones: las conecta. No mira a las personas mayores como un problema: las reconoce como parte activa de la solución. No se limita a construir metros cuadrados: construye comunidad.

Sirva este caso para visualizar la política de vivienda que necesitamos: una política capaz de sumar protección social, inteligencia urbana e innovación pública. Una política que no se conforme con contar viviendas, sino que se pregunte qué vidas hace posibles.

El plan integral de acceso a la vivienda empieza por una decisión política clara: proteger. Proteger a quienes alquilan, con mayor seguridad y certidumbre también para los propietarios que desean alquilar. Proteger a quienes quieren emanciparse. Proteger el derecho a quedarse en nuestros barrios o ciudades sin riesgo a vernos expulsados por una concepción financiera de la vivienda con la que nos estamos haciendo mucho daño como sociedad. 

Hay debates que definen una época. La vivienda es uno de ellos, y la buena noticia es que Euskadi tiene un plan.

“Si la rendición no es inmediata, arrasaré Vizcaya desde sus cimientos”. “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”. 89 años y 6.000 kilómetros separan una frase de la otra. La primera la pronunció el General Mola antes de comenzar a bombardear Gernika y otros municipios vascos. La segunda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace apenas quince días. Dos personas y dos épocas completamente diferentes, unidas por un mismo mensaje de amenaza: mostrar al mundo su capacidad de destruir miles de vidas en un instante. Basta una orden para llevar el terror y el caos a todo un pueblo.

Recuerdo muy bien la historia de un matrimonio de Elgoibar. Se la escuché a su nieto hace pocos años. Eran días de gran incertidumbre. La Guerra Civil se abría paso por toda la península y los ataques se sucedían de manera continua. Cada día con mayor crudeza. La reacción de la sociedad fue inmediata: protegerse a toda costa. Al igual que muchos de sus vecinas y vecinos, cerraron las persianas, se llevaron ‘lo puesto’ y se echaron a la carretera, a caminar. En su caso, en dirección a Forua. Horas y horas de travesía, a la que se les iban sumando decenas de personas por el camino. Todas trataban de llegar a casa de algún familiar o amigo que les pudiera dar cobijo. Un refugio temporal en el que poder sentirse menos vulnerables. Al menos, durante unas semanas.

Tras más de 16 horas caminando, exhaustos, ambos se pararon en el camino, en busca de un pequeño descanso. Se quedaron dormidos. Sobresaltada, ella se despertó de golpe en medio de la noche. Se levantó y vio una imagen que le quedó grabada para siempre: las llamas de Gernika teñían el cielo de color naranja. La histórica Villa ardía bajo las bombas de la Luftwaffe alemana y la Aviación Legionaria italiana. Hoy se cumplen 89 años de aquel trágico bombardeo indiscriminado contra la población civil indefensa.

La historia nos demuestra, tozuda, que todo puede volver a producirse. Que hoy habrá muchos matrimonios como el de Elgoibar caminando en busca de refugio en Ucrania, Irán, Líbano, Palestina, Sudán, Yemen o el Congo. Guerras y conflictos armados que producen crisis humanitarias en forma de desplazamientos masivos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, separaciones familiares, muerte y pérdidas humanas irreparables. Hijas e hijos que entierran a madres y padres. Padres y madres que entierran a hijas a hijos.

Esta semana, en un lugar de especial simbolismo para nuestro País como el hotel Carlton de Bilbao, hemos aprobado una declaración institucional con motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco liderado por el Lehendakari Agirre. Un gobierno que, como dice el texto, “se empeñó en garantizar la seguridad de la población ante la amenaza bélica, el mantenimiento del orden público y la salvaguarda del respeto a los Derechos Humanos. Que trató de humanizar la guerra y construir país”.

Un legado que, en este día tan señalado para todas y todos los vascos, cobra especial significación. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la paz, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas. Y volvemos a reclamar el papel central que Europa debe jugar en la defensa de estos principios. Porque en estos días de gran incertidumbre y volatilidad, no caben medias tintas: las y los europeos debemos luchar con más fuerza que nunca por los valores y principios fundacionales del proyecto común europeo. Por aquello que nos hizo sentir parte de un proyecto justo, abierto e integrador. Por aquello que hace que Europa sea un referente global de democracia, prosperidad, paz y libertades.

Nuestra trayectoria y convicciones más profundas nos impiden contribuir a una Europa que abandone dichos valores fundacionales. No lo haremos. No daremos la espalda a aquello por lo que miles y miles de vascas y vascos dieron la vida. No renunciaremos jamás a la Paz, la Libertad, los Derechos Humanos, la Democracia, la Justicia Social, o la Igualdad, que son la salvaguarda de una convivencia justa que respeta la dignidad de todas las personas. Y tampoco daremos la espalda al derecho internacional y el multilateralismo que aseguran una relación entre países y pueblos basada en el respeto mutuo y las normas, un orden global que evite el retorno a las épocas más oscuras de la humanidad.

Hace poco tiempo, en el 80 aniversario de la Corte Internacional de Justicia, el Secretario General de la ONU alertaba de que “la fuerza del derecho debe prevalecer siempre sobre el imperio de la fuerza”. No todo vale. Si como europeos no tenemos este punto de vista muy claro y abrimos la puerta a un mundo neoimperial, basado en bloques y esferas de influencia, estaremos perdidos. Si no apostamos por una Europa democrática y próspera que ejerce su influencia como un verdadero actor político global, estaremos perdidos. No tendremos nada que hacer. Porque siempre habrá alguien más poderoso que nosotras y nosotros. Alguien que sea capaz de “arrasarnos hasta los cimientos” o hacernos desaparecer “como civilización” por sus intereses propios.

Hoy, en este día tan señalado para todas y todos los vascos, debemos volver a defender y reivindicar la firmeza ética, la defensa de nuestros valores y una brújula moral para seguir construyendo más y mejor Europa. Una Europa del bienestar y en Paz.

La política, antes de ensuciarse de codicia y cinismo, nació a la intemperie. Brotó alrededor de una hoguera primitiva, bajo un cielo insondable, cuando los primeros humanos comprendieron que el frío de la noche y los colmillos ajenos eran demasiado vastos para enfrentarlos a solas. En su raíz más noble y antigua, no era un oficio, ni un estrado, ni mucho menos un privilegio: era el arte elemental de organizarnos para sobrevivir. Era el pacto sagrado de cuidar al débil, de repartir el grano escaso, de turnarse en la guardia y de trazar, juntos, el rumbo de la tribu. Sin embargo, si hoy contemplamos el paisaje en ruinas que nos rodea, la herida es tan profunda que ahoga. ¿En qué instante exacto dejamos que nos robaran el fuego? ¿Cómo permitimos que un invento nacido para salvarnos se transformara en la cuchilla que hoy destroza el mundo?

Resulta desolador, a la par que indignante, comprobar cómo el destino de millones ha quedado secuestrado por un puñado de personas aquejadas de ceguera voluntaria; una arrogancia que los aísla por completo del asfalto. Ejercen un imperialismo moderno que arrasa con los derechos, los bosques y la sanidad, imponiendo un vasallaje económico implacable. Pero lo más trágico, lo que de verdad nos humilla, es que esta voracidad convive con un ridículo espantoso.

Hemos alcanzado ese punto crítico en el que la célebre frase de Groucho Marx dejó de ser una genialidad del humor para erigirse en la Constitución no escrita de nuestra era: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. La ideología se ha vaciado de ética hasta convertirse en un escaparate, en pura mercadotecnia de temporada.

En medio de este circo de vanidades, conviene detener el paso y rescatar la pregunta esencial, esa reflexión que la siempre añorada Almudena Grandes lanzaba como un dardo contra la apatía: ¿para qué sirve la política? Jamás debió ser un pedestal para engordar egos gigantes, un narcisismo ciego y sordo a la calle financiado con nuestro propio tiempo. Eso no es gestionar lo público. La política, la de verdad, consistía simple y llanamente en creer en algo. En tener ideología. Durante la última década, los mercaderes del pragmatismo han intentado convencernos de que eso era un defecto, un corsé apolillado que debíamos quitarnos, cuando en realidad es la única brújula que evita que nos vendamos al mejor postor. Creer en algo significa comprender que lo público es sagrado, que el dolor del vecino te incumbe y que el poder solo tiene sentido si se ejerce para abrigar al vulnerable. Esa era, quizá, toda su esencia.

Ante semejante secuestro, es hondamente humano buscar una salida de emergencia. A lo largo de la historia, muchos han intentado saltar del tren en marcha para levantar un refugio. Un caso poético y revelador es el de la Ciudad Libre de Christiania, en el corazón de Copenhague. En el otoño de 1971, un grupo de soñadores derribó las vallas de unos cuarteles militares abandonados. Imaginaron una sociedad sin políticos profesionales, sin coches, sin jerarquías ni escrituras de propiedad; un oasis verde donde el arte, la ecología y el apoyo mutuo dictaran la única ley. Fue un experimento fascinante, un grito de rebeldía que demostró cuán indestructible es, en el corazón humano, el anhelo de vivir de otra manera.

Pero la utopía tenía fecha de caducidad. Christiania resistió en un maravilloso y frágil limbo legal durante exactamente 32 años. Fue en 2003 cuando el Gobierno danés aprobó la ley que fulminaba su estatus colectivo, forzando a la comuna a entrar, de golpe, en el redil del libre mercado. La realidad exterior terminó devorándolos, porque el problema de aislarse del mundo es que el mundo siempre acaba echando la puerta abajo. Aquel hermoso sueño asambleario se tiñó de gris con la llegada del crimen organizado, que vio en su tolerancia un paraíso para el narcotráfico. Todo culminó hace poco, cuando los propios vecinos, exhaustos y tristes, tuvieron que arrancar físicamente los adoquines de la mítica Pusher Street para expulsar a las mafias. Christiania nos deja una lección incuestionable: no podemos huir del sistema atrincherándonos en una isla, porque el capital, el cinismo y la avaricia forman un océano oscuro que, tarde o temprano, siempre sube la marea.

Si la fuga no es la salida, ¿qué nos queda en las manos? ¿Cuál es la alternativa frente a una maquinaria que nos exprime y nos enfrenta? Jamás será rendirnos a la apatía ni aceptar que nada puede cambiar. La verdadera rebelión es reclamar la palabra política y arrancársela del cuello a quienes la han prostituido. Política es el sindicato de inquilinos que frena un desahucio al amanecer, con las manos heladas por el frío. Es la red de apoyo vecinal que le hace la compra a la anciana del cuarto piso en medio de una pandemia; es la pura organización del “manos a la obra”. Es la cooperativa que esquiva la tiranía del gran supermercado. Es, mirar al que está a nuestro lado y comprender que es un compañero indispensable, y no un competidor. Nos queda el rotundo coraje de reconstruir, a nuestro modo, un lugar donde la vida vuelva a importar, más que el poder.

Mi cuñado nació en Extremadura. Se estima que alrededor de 60.000 a 75.000 personas nacidas en Extremadura emigraron a Euskadi durante las olas migratorias, principalmente en las décadas de los 60 y los 70. Esta comunidad extremeña, junto con sus descendientes, ha llegado a formar una comunidad de cerca de 200.000 personas en territorio vasco, integrándose fundamentalmente en el sector industrial de Bizkaia y Gipuzkoa. Se trató de aquel éxodo rural hacia zonas industrializadas de España, motivado por la falta de empleo en Extremadura y el auge de la industria vasca. De hecho, en 2022 se estimó que cerca del 36% de los extremeños viven fuera de su comunidad, siendo Madrid, Cataluña y Euskadi los principales destinos.

De volver a Extremadura cualquiera de estas personas, incluido mi cuñado, no tendrían derecho a ayudas en el acceso a una vivienda o a un alquiler social. ¿Por qué? Porque se regirá por el “principio nacional” y el requisito para ello será el de demostrar “un arraigo real, duradero y verificable”. ¿Cómo? Estableciendo “un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. ¿De cuánto será ese periodo? Lo descubriremos en breve.

Esto del “principio nacional” no es nuevo en Europa. Ya lo propuso Jean-Marie Le Pen en las elecciones legislativas de 1978. Algo que el Frente Nacional francés propuso y que los grupos neonazis españoles importaron. Es una más de las múltiples ocasiones en las que se puede ver a Vox proponiendo principios de grupos fascistas. 

Feijóo y su partido se han querido marcar un criterio racista para al final estar haciendo contorsionismo léxico para no parecer lo que sus propuestas son. Por eso abre un debate estéril indicando que cuando hablan de “principio nacional” lo hacen sobre priorizar el arraigo, mientras que Vox habla literalmente de “los españoles primero”. Sin embargo, con esto que han acordado dejarían fuera también a los españoles. En este caso, aquellos que residen en otras comunidades autónomas. 

La aplicación de la prioridad nacional supone un giro significativo en la gestión de los servicios públicos y conlleva diversas implicaciones que ya se han visto en otros momentos de la historia humana.

Por un lado, genera tensión con el principio de Igualdad. Es decir, entra en conflicto con el Artículo 14 de la Constitución Española que establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Por otro lado, el uso de términos como “arraigo real y verificable” introduce un grado de ambigüedad en la administración. Esto puede derivar en una mayor burocracia para todos los ciudadanos y en una interpretación discrecional de quién merece o no una ayuda, lo que podría generar inseguridad jurídica. Como he indicado más arriba, incluso los extremeños residentes en Euskadi o sus descendientes se verían afectados de querer irse a Extremadura a vivir. 

Es curioso porque una de las principales críticas que hace Vox y sectores del PP a la Comunidad Autónoma Vasca es que se establezca como mérito o requisito saber euskera para acceder a los puestos de trabajo en el sector público. Entienden que vulnera el principio de igualdad entre los españoles ya que cualquier ciudadano de otra comunidad autónoma debería poder acceder sin necesidad de saber euskera. Menos mal que en el Artículo 3 de la Constitución, ese texto que tanto dicen defender, dice claramente: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Finalmente, se corre el riesgo de generar situaciones de exclusión y de fractura social. Al vincular las ayudas sociales estrictamente a la nacionalidad o a un largo periodo de residencia, quedarían en situación de desamparo colectivos vulnerables que ya forman parte de la sociedad extremeña y contribuyen a su economía. De tal forma, se podrían crear sociedades paralelas y aumentar la marginalidad, lo que a largo plazo suele suponer un mayor coste social y económico para la región.

Este enfoque racista del acuerdo del PP y Vox en Extremadura ignora, de manera deliberada, que los residentes extranjeros también contribuyen al sistema público mediante impuestos (directos e indirectos) y su trabajo. Establecer una “prioridad” niega el principio de reciprocidad que sustenta el Estado de Bienestar, donde el acceso a servicios se basa en la necesidad y la residencia, no en el lugar de nacimiento.

Muchos son los ejemplos del “principio nacional” en la historia humana y todos ellos son ejemplo de desastre. Véase el régimen nazi que excluyó sistemáticamente a judíos, gitanos, personas con discapacidad, polacos, eslavos y otras minorías, privándoles de derechos y llevándolos al exterminio bajo una ideología de pureza nacional; o el caso del apartheid sudafricano aplicado de manera sistemática y extrema no solo a través de la segregación social, sino mediante la eliminación de la ciudadanía nacional a la mayoría negra para excluirla del cuerpo político. En este último caso, el gobierno nacionalista afrikáner utilizó la legislación para definir quién era “sudafricano” (blanco) y quién era un «extranjero» en su propia tierra (negro, mestizo o indio).

Se ve que echaban de menos aquella época en la que en los reinos de la península ibérica se distinguía al “cristiano viejo” (cristianos puros) del “cristiano nuevo” (a los que se les suponía origen musulmán o judío) para el ingreso en instituciones y profesiones con estatuto de limpieza de sangre.

Es curioso que quienes sacan a pasear a Sabino Arana constantemente para arremeter contra el nacionalismo vasco, resulte que sean sus mejores alumnos. Es decir, resulta una ironía dolorosa que quienes más critican los particularismos identitarios terminen abrazando el concepto de “prioridad nacional” como una herramienta de segregación burocrática. Al intentar blindar unos supuestos privilegios por arraigo, no solo se traiciona la historia de una Extremadura que sabe bien lo que es buscarse la vida fuera de casa, sino que se dinamita el principio de solidaridad universal. Al final parecen haber olvidado que la dignidad y los derechos no deberían depender de un certificado de empadronamiento, sino de la simple condición de ser humano.

Se me antoja complicado plasmar en palabras lo que llevo dentro estos días. Lo intentaré en estas líneas dedicadas con cariño a los lectores del elDiario.es, pero vaya por delante que la emoción que me embarga resulta, literalmente, indescriptible. 

Empezaré por el principio. Por apelar a ese sentimiento txuri-urdin que, más allá de lo que genera a nivel interno en cada seguidor, consigue un efecto de unidad nada despreciable entre tantas y tantas personas. Un sentimiento muy donostiarra, por cierto, que forma parte de la identidad de esta ciudad. Algo que llevamos dentro y que hemos heredado de nuestros antepasados, de ahí su poder y arraigo.

Las y los donostiarras vivimos esta ocasión que nos brinda el deporte con una alta dosis de orgullo. Porque la Real es algo más que fútbol. Es el orgullo de una ciudad. El orgullo de pertenecer a una comunidad. No acumulamos los éxitos de un Barcelona o un Real Madrid, pero tenemos una gran historia, la nuestra propia, protagonizada por nuestra gente, con nuestros valores: cantera, humildad, seriedad, exigencia, trabajo en equipo y ambición... 

Afrontamos la final muy a la donostiarra, con humildad, pero con total confianza en nuestros valores. Ahí tenemos el espejo de nuestro capitán, Mikel Oyarzabal, quien sin decir una palabra más alta que la otra se está labrando un palmarés formidable, tanto en la Real como en la selección. Eso es nuestra Real: talento, trabajo diario, orgullo y humildad. Tenemos delante una plantilla con más presupuesto y con una mayor dimensión en cuanto a club y ciudad. Pero con nuestros recursos y nuestro tamaño, somos grandes. ¡Y vamos a por la Copa! Sin alardes, ni bravuconerías, ni fanfarronadas. A la donostiarra.

Pero volvamos a la unidad. Me emociona ver a tantos donostiarras unidos por una causa, como lo vimos en la fiesta de San Sebastián. Compartir y celebrar son verbos que las y los donostiarras sabemos conjugar con elegancia. Tener un deseo compartido resulta gratificante. Familias enteras y cuadrillas han viajado a Sevilla y se reúnen allí para compartir una ilusión. Otros muchos se darán cita en el punto de encuentro de Alderdieder. Esa convivencia me parece un tesoro. Igual que la fidelidad incondicional. Ya lo dice el himno realista: “beti beti, maite; maite, maitea; Donostia, donostiarra”. La Real siempre será querida aquí y siempre será donostiarra. Esta es una ocasión inmejorable para demostrarlo.

Hagámoslo como sabemos, desde la ejemplaridad que define a la afición txuri-urdin. Las y los donostiarras hemos demostrado que sabemos estar a la altura de esas grandes ocasiones en las que celebramos lo que somos. Sirva como ejemplo la tamborrada. Nos divertimos y festejamos lo que nos representa, sin meternos con nadie. Siempre desde el respeto y las buenas formas. La final de Copa es un gran escaparate para difundir esa imagen de afición sana y ejemplar que somos. Es la hora de honrar la dignidad que representaba Aitor Zabaleta. Es un día para dedicar a su familia y allegados una actuación conjunta impecable de equipo y afición. 

También es momento de reivindicar que la celebración no está reñida con la sensatez. La Real ha llegado lejos en esta competición, nos ha regalado este momento estelar de poder vivir una final, y las y los donostiarras vamos a estar animando al equipo, a las buenas y a las malas. En Sevilla y en Donostia. Pero somos conscientes de que una final de Copa no soluciona las necesidades y los problemas del día a día. Los servidores públicos no debemos despistarnos de nuestras tareas y no podemos permitírnoslo. Afrontamos este hito histórico con serenidad y sin despegarnos de la realidad del día a día. El donostiarra puede estar seguro de que estamos ocupándonos de los asuntos cotidianos y de los grandes desafíos de futuro. 

Pero también invito a toda la ciudadanía a permitirse una alegría y a brindar por los colores que nos unen. Como lo hicieron nuestros padres y abuelos, como lo harán nuestros hijos y nietos. El sentimiento txuri-urdin se transmite de generación en generación y el fútbol le debe una a la nuestra. A la que pertenezco. A los que no fuimos testigos de la gesta de los Arconada, Lopez Ufarte, Satrustegi, Zamora y demás en 1987. A esa generación a la que la pandemia impidió ir a Sevilla en 2021 y que se tuvo que conformar con celebrar en la intimidad de su casa la consecución de la tercera Copa de la historia de la Real en medio de un toque de queda que instauró el silencio sepulcral en nuestras calles, sólo roto por un gran estallido de alegría aquel 3 de abril, cuando Mikel Oyarzabal marcó en el minuto 63 el penalti que volvería a hacer campeona a la Real.

Afrontamos este hito histórico con serenidad y sin despegarnos de la realidad del día a día. El donostiarra puede estar seguro de que estamos ocupándonos de los asuntos cotidianos y de los grandes desafíos de futuro

No me quiero olvidar de que para entonces ya habíamos experimentado lo que era vivir la consecución de un título, gracias al equipo femenino, que logró su primera Copa en 2019 en Granada, y que pudimos celebrar de forma multitudinaria en Alderdieder, con las jugadoras saliendo a los balcones principales del Ayuntamiento. 

Sin embargo, creo que el fútbol sigue debiendo una a una generación que tocó una liga con las manos en 2003, que ha disfrutado con la Champions y la Europa League, pero que también ha conocido el infierno que supone vivir un descenso a Segunda División y lo complicado que es regresar a Primera. 

El fútbol nos debía una y, por fin, ha llegado. Eskerrik asko Real por la ilusión que habéis generado en miles de personas. Eskerrik asko afición por ser un ejemplo de unión, deportividad y saber estar, en las buenas y en las malas. Eskerrik asko fútbol, por haber premiado el tesón de equipo y afición. Es momento de escribir otro gran capítulo de nuestra historia. Goazen Reala! Goazen Txapeldun!

En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

Hoy, en Zabalarra Eskola, el aire huele distinto. Tras dos décadas de un silencio culinario impuesto por el Gobierno Vasco, el vapor y el aroma de la cocina se cuela por los pasillos de esta escuela pública de Durango. Durante veinte años, nuestras hijas e hijos han crecido bajo el régimen del catering: bandejas de comida transportada, cocinada con muchas horas de antelación y a muchos kilómetros de distancia, que llegaba a las mesas sin alma ni frescura. Hoy, celebramos que, finalmente, en el corazón del colegio, se ha instalado la cocina: un lugar donde se nutre no solo el cuerpo, sino también la comunidad. 

Esta victoria ha sido como un guiso de los de antes, cocinado a fuego lento. Al igual que los platos que mejor saben, este logro ha requerido mucha paciencia, persistencia y un cariño infinito por parte de madres y padres de la escuela. Tras 10 años de lucha incansable, hemos aprendido que lo que se cocina despacio, con ingredientes de resistencia y dignidad, sabe mucho mejor. Sin embargo, nos queda el regusto amargo de saber que ese fuego tardó demasiado en encenderse por la desidia de quienes tenían las cerillas en sus manos. 

No podemos olvidar la lentitud exasperante del Gobierno municipal y autonómico. Su burocracia ha sido el ingrediente de una receta injusta que ha privado a generaciones y generaciones de una alimentación saludable. Veinte años de comida precocinada son su responsabilidad directa; mientras ellos dilataban plazos, miles de niños y niñas perdieron el derecho a disfrutar de productos de temporada y de platos recién cocinados. 

Aunque quienes escribimos lo sentimos como propio, este éxito no es solo nuestro; es especialmente del movimiento “Berton Bertokoa”, compuesto por las AMPAS de las escuelas públicas de Durangaldea, con madres y padres implicados y tenaces, cuyo papel ha sido imprescindible y a las que no podemos menos que estar agradecidas. También lo ha sido por el apoyo recibido desde la plataforma “Gure platera, gure aukera”, así como de las compañeras de la dirección y profesorado de Zabalarra Eskola por haber creído siempre en esta batalla. 

Pero que nadie se confunda: este plato aún no está terminado. Seguiremos luchando para que nuestras cocinas se llenen exclusivamente de productos de cercanía y de temporada, garantizando que el dinero público sostenga a nuestras productoras locales, a quienes apoyamos y necesitamos para mantener vivo el sabor de nuestra cultura. No daremos un paso atrás hasta que las monitoras del comedor, piezas clave en el cuidado de nuestras hijas, disfruten de unas condiciones laborales dignas. Una cocina justa debe serlo desde la tierra hasta quien sirve el plato. 

Hoy, en las mesas del comedor de Zabalarra Eskola se empieza a saborear justicia alimentaria. Es el momento de disfrutar este triunfo y de asegurar que el fuego de nuestra cocina no se extinga. Hemos demostrado que cuando las familias nos unimos, somos capaces de transformar la realidad, plato a plato, hasta conseguir que la salud de nuestras hijas e hijos deje de ser una promesa electoral para convertirse en una realidad cotidiana, de kilómetro cero, y profundamente sabrosa. 

¡Buen provecho!

(Isa González y Gaizka Agirre son impulsoras del movimiento Berton Bertokoa y antiguas representantes del AMPA en Zabalarra Eskola, en Durango)

Estoy convencido de que lo sucedido en la ciudad de Eibar en la madrugada del 14 de abril de 1931 no fue fruto de la casualidad. Los valores y principios socialistas y republicanos se encontraban profunda y sólidamente enraizados entre los eibarreses y las eibarresas de la época. Aquella madrugada, la actual plaza de Unzaga, frente al Ayuntamiento, se llenó de hombres y de mujeres convencidos y convencidas de que el cambio estaba en sus manos, de que otro país era posible y de que vivir bajo el paraguas de los ideales republicanos estaba, por fin, al alcance de sus manos.

Uno de mis 'aitxitxas' (el otro falleció siendo yo aún muy joven como para interesarme por este tema), socialista y republicano, me contó que aquella madrugada la noticia corrió por Eibar como la pólvora. De casa en casa, de taller en taller. Aquí no hacía falta un periódico para enterarse de lo que estaba pasando. Mi 'aitxitxa' recordaba con entusiasmo la agitación de la casa en plena madrugada, sus padres hablándose en susurros, ruido en las calles, la gente saliendo a la calle, el bullicio de la proclamación, la alegría del objetivo conseguido… 

Esa madrugada Eibar proclamó la Segunda República, antes que Madrid, antes que Barcelona, antes que nadie. En nuestra plaza. Con nuestra gente. Una proclamación impulsada por los vecinos y por las vecinas de la ciudad animados por los resultados de las elecciones celebradas pocos días antes. Desconozco si fue algo planificado o surgió sobre la marcha. Lo que sí tengo claro es que los hechos de ese día de abril de 1931 fueron el reflejo de la idiosincrasia de esta ciudad, de su carácter audaz y valiente, de su ideal progresista, de sus ansias de cambio y del anhelo por vivir bajo los valores universales de la República.

La ciudad de Eibar hizo historia esa madrugada de 1931. Por desgracia, esa II República duró un lustro escaso y si bien Eibar se mantuvo fiel al orden republicano hasta sus últimas consecuencias, tuvo que claudicar ante la nueva realidad que el ejército sublevado fue imponiendo en todo el estado.

De 1936 en adelante, la guerra civil, la dictadura, el miedo, la represión, se cebaron con la ciudad y sus gentes. Hubo quien tuvo que esconderse. Quien fue a la cárcel. Quien tuvo que abandonar su hogar e irse. Hubo quien no regresó. Y la memoria se fue guardando en cajones, en fotos escondidas detrás de la cama, en conversaciones a susurros para que nadie las escuchara. Se fue guardando y callando, pero nunca olvidando.

Y mi 'aitxitxa', que con entusiasmo me narraba lo sucedido en Eibar el 14 de abril de 1931, siempre eludió hablar de lo que vino después, de lo que vivió durante la guerra civil y la dictadura. Su incomodidad era evidente, como si tuviera miedo a verbalizarlo, por lo que tampoco insistí. Nunca quise ahondar en una herida que, a todas luces, no había cicatrizado y creo que nunca lo haría.

Sin embargo, para bien, la memoria de la ciudad de Eibar es tozuda. Porque aquí nos conocemos todos y todas (o casi) y, precisamente por eso, es más difícil olvidar. Se sabe que el vecino del tercero perdió a su abuelo. Que la señora de la tienda guardó durante años un pañuelo republicano en el fondo del armario, recuerdo, posiblemente, de alguien que jamás volvió. Sabes que en aquel taller nunca se quiso colgar la bandera que tocaba. Y eso no se olvida.     

Hoy, 14 de abril de 2026, 95 años después de la épica proclamación, la ciudad de Eibar es declarada Lugar de Memoria Democrática.  Un reconocimiento justo y necesario que elogia la valentía de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Eibar que proclamaron la segunda república antes que nadie aquel 14 de abril de 1931 y que permanecieron fieles a la misma hasta sus últimas consecuencias. Unos vecinos y unas vecinas que de 1936 en adelante, como otros muchos españoles y españolas, pagarían caro, muy caro, sus ansias de libertad, de igualdad, de justicia social, de un estado laico o de una educación pública para todos y todas. Porque eso era, entre otras muchas cosas, la República que ellos y ellas ayudaron a instaurar.

La declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática representa, en definitiva, un ejercicio de dignidad y de orgullo. Y es que, en verdad, no podría estar más orgulloso de aquellos hombres y de aquellas mujeres que hoy, hace exactamente 95 años, hicieron historia en nuestra ciudad.

Este 14 de abril de 2026, 13 en el caso de Eibar, se celebra el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Todo el periodo histórico que representó esta segunda andadura republicana sigue siendo objeto de una intensa batalla de relatos. 

A menudo, la historia se ve oscurecida por bulos que buscan presentar este periodo únicamente como un prólogo inevitable de la Guerra Civil. Sin embargo, los datos y el contexto europeo nos devuelven una imagen muy distinta: la de un esfuerzo democrático por la modernización en un continente que se desmoronaba.

En primer lugar, el mito del caos excepcional.

Existe la idea de que, desde su nacimiento, la República fue un incendio constante de iglesias y asesinatos. Si bien hubo episodios de violencia, la República disfrutó de periodos de notable estabilidad legislativa. Durante el Bienio Reformista (1931-1933), se aprobaron leyes de vanguardia como el voto femenino, el divorcio y la educación laica, demostrando una voluntad de modernización institucional y no de caos.

Mientras España intentaba consolidar su democracia en Alemania y Austria, en los años 20 y 30, los choques entre milicias de partidos dejaron cientos de muertos en las calles de Berlín y Viena. Muy cerca, en Francia, hubo un intento de golpe de estado de extrema derecha en febrero de 1934 que derivó en un intento de asalto de la Asamblea Nacional y una polarización extrema en la vida política francesa. 

Es fundamental entender que la conflictividad social española no era un rasgo “genético” español, sino un fenómeno europeo con muchos factores y en los que influyeron en gran medida el miedo de la burguesía y grandes propietarios a la revolución (1917) además de la Crisis del 29 que agudizó los nacionalismos y los movimientos de extrema derecha. 

En segundo lugar, una supuesta “planificación” del exterminio religioso.

Uno de los bulos más dañinos afirma que el Gobierno diseñó un plan sistemático para eliminar a la Iglesia. La realidad jurídica es que la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos. La violencia anticlerical más extrema estalló después del golpe de Estado de julio de 1936, fruto del colapso del orden estatal y no de un decreto oficial.

Aunque hubo sectores de los partidos del Frente Popular que jalearon la violencia, figuras del gobierno como Manuel Azaña o incluso ministros socialistas intentaron (con poco éxito inicial) detener las sacas y salvar a religiosos. La persecución fue fruto del desgobierno y del odio acumulado, no de un decreto oficial.

El Estado republicano, como institución, nunca legisló contra la vida de los religiosos. De hecho, la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos, aunque limitaba el poder económico y educativo de las órdenes. El Gobierno de Juan Negrín, por ejemplo, trabajó activamente por restaurar el culto público. De hecho, en 1938 se creó el Comisariado de Cultos con el objetivo de normalizar la vida religiosa en la zona republicana y reabrir iglesias. 

El Partido Nacionalista Vasco, un partido profundamente católico, fue parte del poder republicano llegando a tener un ministro entre septiembre de 1936 y marzo de 1939. Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República, sino el colapso del orden estatal en otras zonas.

Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República

En tercer lugar, el inicio de la guerra fue en octubre del 34.

A menudo se señala la Revolución de octubre de 1934 como el evento que dio inicio al conflicto armado dos años después. En cierta medida, este bulo es utilizado principalmente para exculpar a los militares y no militares que organizaron el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936. De hecho, es una de las columnas argumentales más importantes del bando golpista durante la Guerra Civil y los 39 años de dictadura. 

Sin embargo, antes de la Revolución de octubre de 1934, no solo hubo un intento, sino una sucesión de movimientos para derribar o cambiar el régimen por la fuerza. Algunos de los más significativos:

A) La conspiración de los “Tres Días” (abril 1931) 

Nada más proclamarse la República hubo militares y monárquicos conspirando. El general Kindelán y otros oficiales intentaron organizar una resistencia armada inmediata al ver que Alfonso XIII se marchaba. No llegó a ejecutarse porque no encontraron apoyo suficiente en los cuarteles, pero la intención estuvo ahí desde el “minuto uno”.

B) La “Sanjurjada” (10 de agosto de 1932)

Este fue el primer gran golpe de Estado contra la República que dieron ciertos militares. Su líder fue el general José Sanjurjo que se levantó en armas en Sevilla junto a un intento simultáneo en Madrid. El golpe fue un fracaso absoluto por la falta de coordinación y la rápida respuesta del gobierno, que ya estaba sobre aviso.

Este golpe de Estado es la prueba irrefutable de que el sector reaccionario del ejército intentó derribar la democracia mucho antes de cualquier supuesta “amenaza bolchevique”.

C) La Conspiración de la “Unión Militar Española” (UME)

Fundada a finales de 1933, la UME era una organización clandestina de militares derechistas cuyo único fin era conspirar para dar un golpe de Estado si la situación política no les favorecía. No fue un evento puntual, sino una trama continua que estuvo activa durante años y que fue la base del golpe definitivo de 1936.

D) El complot monárquico y el apoyo de Mussolini (marzo 1934)

Meses antes de octubre, representantes de los partidos monárquicos (Renovación Española y carlistas) viajaron a Roma para reunirse con Benito Mussolini. Buscaban asegurar el apoyo de la Italia fascista a través de dinero y armas para derrocar a la República. El viaje de los monárquicos a Roma demuestra que la desestabilización de la República era un proyecto internacional previo a la revolución de Asturias.

En cuarto lugar, la República era un satélite de la URSS.

Es común escuchar que España, en 1936, estaba a punto de convertirse en una dictadura soviética. Pío Moa es el máximo exponente. En libros como 'Los mitos de la Guerra Civil', sostiene que la República dejó de ser democrática en 1934 y que en 1936 ya era un estado fallido entregado a los intereses de Stalin. Dede Vox se utiliza este discurso de forma abierta. En sus intervenciones sobre la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, es común escuchar a sus líderes afirmar que la República era una “dictadura roja” o que el gobierno de 1936 no era legítimo por su supuesta deriva soviética.

Sin embargo, en ese año el PCE era una fuerza minoritaria en el Parlamento. En las elecciones de febrero, el PCE obtuvo apenas 17 diputados de 473. Era una fuerza testimonial comparada con el PSOE o la Izquierda Republicana.

La influencia de la URSS creció después del inicio de la Guerra Civil, principalmente porque fue el único país (junto a México) que vendió armas a la República. Es decir, la dependencia de la URSS fue una consecuencia de la guerra, no una causa. Al negarse Francia y Gran Bretaña a vender armas al gobierno legítimo (Pacto de No Intervención), el gobierno de la República no tuvo más opción que acudir al mercado soviético para defenderse.

En quinto lugar, los fraudes electorales.

El debate sobre la legitimidad de las elecciones durante la Segunda República no es nuevo, pero ha cobrado un vigor inusual en los últimos años debido a ciertos sectores políticos que buscan cuestionar la legalidad republicana. No es casualidad que esta acusación provenga siempre de sectores de la derecha y solo hablen de los comicios de febrero de 1936 o incluso de los celebrados el 28 de junio de 1931, en ambos ganó la izquierda. Sin embargo, no lo digan sobre las elecciones generales de noviembre de 1933.

Sobre el presunto fraude en las elecciones de 1931 la acusación suele centrarse en que fueron unas elecciones constituyentes organizadas por un Gobierno Provisional que ya había empezado a legislar.

La realidad es que se celebraron en un clima de enorme entusiasmo tras la caída de la monarquía y en el que la derecha estaba desorganizada, en estado de “shock” político, lo que explica la hegemonía de la conjunción republicano-socialista. Acusar de fraude a estos comicios suele ser un intento de deslegitimar el origen mismo de la República.

La tesis del fraude masivo en 1936 fue popularizada recientemente por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García a través de su libro '1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular'. Estos autores sostienen que hubo irregularidades en el recuento de actas en provincias específicas que pudieron alterar el número de escaños.

La realidad es que, aunque hubo desórdenes, presión callejera y la gestión de las actas en las comisiones de actas fue, en ocasiones, partidista, la mayoría de los historiadores coinciden en que el triunfo del Frente Popular fue legítimo en términos globales. Incluso sin las actas en disputa, la derecha no habría tenido los votos suficientes para formar un gobierno estable.

La construcción de estos relatos distorsionados no es un ejercicio casual de memoria, sino una estrategia política deliberada para presentar la democracia republicana como un experimento fallido o una amenaza totalitaria. Sin embargo, los datos demuestran que la conflictividad del periodo era un reflejo de la crisis europea y que el colapso del orden no fue una voluntad política, sino la consecuencia directa de un golpe de Estado gestado durante meses por sectores que nunca aceptaron la legalidad de las urnas. Recuperar el rigor histórico sobre la Segunda República es, por tanto, un paso indispensable para comprender que la guerra no fue un destino inevitable, sino el resultado del boicot violento a un esfuerzo de modernización que intentó situar a España a la vanguardia de las democracias occidentales.

Los sistemas económicos de esta época masificada, además de los sistemas políticos y de los muchísimos medios de comunicación donde los poderosos nos largan diariamente sus constantes proclamas, son enemigos de la libertad de pensamiento y hacen todo lo posible, mediante la civilización tecnificada, para mantener a las masas humanas en un estado anímico infantil: niños, todos, en busca siempre de unos padres que nos cuenten cuentos, que nos acunen, que nos tranquilicen el ánimo...

No es de extrañar, por tanto, que estas masas humanas decidamos que nuestros dirigentes tengan la misma mentalidad que nosotros: la mentalidad de unos niños que se han hecho grandes sin haber aprendido a comportarse como personas compasivas, solidarias, más generosas que caprichosas y con una cierta capacidad, tan escasa en nuestra sociedad, de situarse, de cuando en cuando, en el pellejo de los demás. No es solo Trump. Ni Milei.

En nuestras poblaciones las masas humanas inmersas en un estado anímico infantil también colocamos a niños grandes en puestos dirigentes de la administración pública ya sea como alcaldes, consejeros, diputados o presidentas de comunidades autónomas. El infantilismo de estos políticos mesiánicos, más reaccionarios que los locutores de radio con la voz engolada, ha introducido en la conciencia colectiva los temores de siempre: el miedo a la diferencia, a los migrantes, a la libertad sexual, a la pérdida del trabajo, de los valores, de las tradiciones, de la identidad nacional, etcétera...

La extrema derecha avanza así. No como una ideología en sí misma sino como la respuesta radical de las masas ignorantes, desatentas e infantiles, mencionadas por Juan de Mairena, que buscamos soluciones milagreras para remediar nuestros temores. Soluciones propuestas por unos líderes políticos que, aprovechando que ya nadie cree en la felicidad del futuro, han convertido el pasado en un mito de familias dichosas, trabajadores satisfechos, párrocos bonachones, nada pedófilos, autoridades magnánimas y maná cayendo del cielo sobre las cabezas inocentes de unos niños que en la fotografías se muestran bien peinados, bien vestidos, bien meados y tan angelicales como el Caudillo bajo palio.

Los niños creen en los Reyes Magos. Las masas humanas inmersas en un estado anímico infantil, en nuestros santos patrones: los multimillonarios líderes cavernícolas que, desde los muchísimos medios de comunicación que controlan, nos están perpetuando esta infancia tan distraída, tan móvil, tan tecnológica...

En la tradición griega, 'chronos' y 'kairos' representan dos formas de entender el tiempo. 'Chronos' es el tiempo que avanza de manera lineal, medible, el que marcan los calendarios y los relojes. Es el tiempo que suma años, que ordena los días y que nos recuerda que todo cambia. 'Kairos', en cambio, es el tiempo cualitativo: el instante oportuno, el momento que tiene sentido por sí mismo, el que no se mide, sino que se vive.

Si 'chronos' explica que han pasado veinte años, 'kairos' explica por qué esos años han merecido la pena. 'Chronos' acumula ediciones; 'kairos' guarda las noches que recordamos. Y quizá la verdadera grandeza de un proyecto cultural —y de la vida misma— reside en saber transformar el paso del tiempo en momentos que lo trascienden.

En 2006, cuando el Bilbao Live —todavía sin las siglas BBK— celebró su primera edición en Kobetamendi, pocos podíamos imaginar que aquel experimento musical acabaría convirtiéndose en uno de los grandes festivales europeos. La ciudad vivía aún el impulso de la transformación urbana iniciada en los noventa, pero el músculo cultural necesitaba nuevos símbolos, nuevas citas capaces de proyectar una identidad renovada. 

Veinte años después, el Bilbao BBK Live no solo ha sobrevivido a crisis económicas y políticas, cambios de hábitos, pandemias y una competencia feroz: se ha consolidado como un ritual colectivo que ha redefinido la relación de Bilbao con la música, con su entorno natural y con su propia imagen en el mundo.

El festival nació con una mezcla de ambición y vértigo. Aquel primer cartel, que reunió a Guns N’ Roses, Ben Harper, Deftones, The Cult o Andrés Calamaro y Ariel Rot, fue una declaración de intenciones: Bilbao quería jugar en las grandes ligas. Pero lo que entonces parecía un gesto audaz es hoy una evidencia. El Bilbao BBK Live ha demostrado que un festival puede ser, a la vez, un motor económico, un laboratorio cultural y un espacio emocional compartido por generaciones enteras. 

El éxito del Bilbao BBK Live no puede entenderse sin el contexto de la propia evolución de Bilbao. La ciudad que en los ochenta se asociaba a la industria pesada, la contaminación y la crisis, se reinventó como un polo cultural y turístico. Kobetamendi, con sus vistas privilegiadas sobre la ría y el Abra, se convirtió en un escenario natural que ningún otro festival podía replicar. 

Last Tour: una promotora que entendió el territorio

Detrás de esta historia hay un actor fundamental: Last Tour, la promotora vasca que no solo impulsó el nacimiento del festival, sino que hemos sabido acompañarlo en su crecimiento con una visión cultural y empresarial muy particular. Todo esto fue posible gracias a personas como Alfonso Santiago, actual presidente de Last Tour.

Somos la única promotora independiente del Estado, con nuestro centro de decisión en Bilbao, en el barrio de Olabeaga. Y eso imprime carácter. Con mercado en España, Portugal y LATAM, oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Lisboa y Bogotá y más de 120 personas en plantilla, nuestra trayectoria demuestra una apuesta constante por modelos culturales sostenibles, por la profesionalización del sector y por la creación de ecosistemas musicales y culturales que trascienden la mera programación de conciertos. Hemos situado a Euskadi en el mapa internacional de la música en directo.

En 2026, Last Tour se ha recertificado como empresa B Corp, un reconocimiento internacional que acredita a las empresas que cumplen los más altos estándares de impacto social y ambiental. No es un sello simbólico: implica una auditoría profunda sobre gobernanza, sostenibilidad, condiciones laborales, impacto comunitario y responsabilidad empresarial.

Brújula generacional

A lo largo de dos décadas, el festival ha sido testigo de la evolución de la música contemporánea. Por sus escenarios han pasado leyendas como R.E.M., The Police, Radiohead, Depeche Mode, The Cure, Pearl Jam o Pixies; pero también fenómenos de nueva generación como Rosalía, The XX, Phoenix, Florence + The Machine, The Strokes o Arctic Monkeys. El Bilbao BBK Live ha sabido leer el pulso del momento sin perder su identidad: un equilibrio entre el rock alternativo, la electrónica de vanguardia y las nuevas corrientes globales.

Bandas vascas como El Columpio Asesino, Berri Txarrak, Belako, Zea Mays, Niña Coyote eta Chico Tornado o más recientemente Merina Gris han encontrado en Kobetamendi un espacio donde dialogar con artistas internacionales. Esa convivencia ha contribuido a reforzar una identidad musical propia, diversa y contemporánea.

Además, el festival ha sido pionero en integrar propuestas paralelas como Lasai o Basoa, un bosque convertido en templo electrónico que ha atraído a algunos de los DJs más influyentes del mundo. Esta apuesta por la experiencia —no solo por el cartel— ha marcado tendencia en el panorama europeo.

Quizá el mayor logro del Bilbao BBK Live no sea haber traído a grandes artistas, ni haber atraído a miles de visitantes, ni haber generado millones de euros de impacto en la ciudad. Su verdadero éxito es haber creado un espacio donde Bilbao se reconoce a sí misma: abierta, creativa, orgullosa de su paisaje y de su cultura, capaz de mirar al mundo sin complejos. Para quienes han subido a Kobetamendi año tras año, el festival es también una fábrica de recuerdos compartidos. En un mundo donde todo parece acelerarse, donde las modas duran lo que dura un algoritmo, el Bilbao BBK Live representa algo valioso: la continuidad. La certeza de que, cada julio, Bilbao volverá a mirar hacia Kobetamendi para celebrar la música, la cultura y la vida compartida.

Volviendo al principio, la verdadera grandeza de un proyecto cultural —y de la vida misma— reside en saber transformar el paso del tiempo en momentos que lo trascienden.

Con motivo de las últimas elecciones a las federaciones deportivas vascas el pasado mes de junio decíamos que estaba en juego la propia concepción de la Federación Vasca de Fútbol, el prolongar su limitada capacidad de influencia y liderazgo en el fútbol vasco, o el acometer, por fin, el definitivo avance para el cumplimiento de sus fines de la mano de la consecución de recursos suficientes para ello. El contexto era el renovado modelo federativo establecido en la Ley de la Actividad Física y del Deporte del País Vasco, aprobada en abril de 2023 con un destacable consenso político y social (no en vano la acordaron PNV, PSE-EE y EH Bildu). 

Decíamos que la Federación Vasca de Fútbol tenía que aspirar a ser algo más que un protocolario “lacito verde” y asumir su papel de real catalizador del fútbol vasco, que defienda los intereses de todos sus estamentos con una visión de conjunto, de país. La FVF tiene que ser (sosteníamos) la federación deportiva más importante de Euskadi, y ha de implementar más políticas de actuación y estar en disposición de proporcionar medios económicos, formativos y de servicios a los clubes y a los demás agentes, con una atención singular a esa querida Euskal Selekzioa que una mayoría social vasca quiere ver competir internacionalmente.

Observábamos que la candidatura encabezada por Iker Goñi parecía ser la más empeñada en alcanzar esos objetivos de fondo, y los resultados electorales no hicieron sino confirmar su apuesta valiente y ambiciosa. Un 52% de los clubes electores le otorgaron una legitimación reforzada a través de un proceso electoral que atiende por fin a un pronunciamiento directo de los clubes sobre quién ha de ocupar los órganos comunes llamados a conseguir esos objetivos generales del fútbol vasco.

La clara victoria de Goñi en las urnas no ha evitado, al parecer, el pronto desencuentro con los dirigentes de las tres federaciones territoriales, conflicto aireado por éstos de una forma irresponsable y afectada, aparentemente desconocedores de cuál es el modelo federativo que hoy les vincula. 

No debería ser necesario recordar, y menos a dirigentes que llevan décadas en el cargo, que esa actualizada ley, a la que nada objetaron en su tramitación (tampoco lo hicieron representantes forales que ahora parecen querer abarcar todo), establece con nitidez que son las federaciones vascas las únicas representantes de cada modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional. Tampoco que las federaciones territoriales agotan su ámbito de actuación en su exclusivo territorio, con la sola prevista legalmente representación directa en la directiva de la Federación Vasca.

Tendría que ser ocioso, asimismo, señalar que es en el seno de esa directiva colegiada donde han de formular sus propuestas, entre ellas las correspondientes a la asignación interna de los recursos económicos que puedan llegar al fútbol vasco desde el exterior. No habría de recordarse que la financiación de las territoriales también se produce desde las Administraciones Forales, cuyas competencias se circunscriben igualmente a su ámbito geográfico, pues no existe norma alguna que excepcione la aplicación del piramidal régimen establecido por la citada Ley del Deporte de Euskadi.

Resulta difícil no considerar aberrante un reparto de la subvención proveniente de la RFEF que sólo ha venido reservando un 5% a la Federación Vasca y nada menos que un 95% a las tres Territoriales, y ello cuando la ley residencia en la FVF amplias competencias, entre ellas funciones públicas delegadas, que han de contar con los correspondientes recursos económicos, comenzando por el sostenimiento de las Selecciones Vascas en sus distintas categorías. Porque si queremos una Euskal Selekzioa fuerte, se necesita una Federación Vasca fuerte. Y hora es ya de aprobar esa asignatura pendiente.

Palmario es que si alguna federación ha sido históricamente infrafinanciada ésa lo ha sido la Federación Vasca de Fútbol, de lo que han resultado pacientes e inermes sufridores sus sucesivos presidentes, que en pleno han firmado recientemente un escrito de apoyo a la actual directiva de la FVF. Un pronunciamiento relevante ante la injusta postura de unos dirigentes territoriales que, por cierto, perciben emolumentos, a diferencia del presidente de la Vasca, lo que habría de explicarse con transparencia a través de una concreta propuesta que no parece haberse aún presentado.

Se trata de caminar en la misma dirección, con el cumplimiento de una legalidad que a todos vincula. Sin mantener pretensiones injustificadas, sin primar intereses particulares por encima del bien común del fútbol vasco, siempre con el apoyo directo a los clubes y a sus demás estamentos. Pero cada uno a lo suyo.

La propuesta para modificar las leyes electorales se presenta como una modificación técnica, pero en realidad introduce un cambio que refuerza el poder de los partidos ya dominantes y consolida las desigualdades en la competencia democrática.

Se nos dice que esta reforma pretende aportar seguridad jurídica, pero lo que hace en la práctica es establecer un criterio político para ordenar las candidaturas: primero quienes más votos tuvieron en el pasado y después quienes menos. Es decir, se institucionaliza la lógica de que quienes ya tienen más poder político ocupen también las posiciones de mayor visibilidad en el proceso electoral.

Desde una perspectiva democrática, esto es profundamente cuestionable. En unas elecciones, todas las candidaturas deberían concurrir en condiciones de igualdad, sin que las propias normas del sistema electoral establezcan jerarquías entre unas y otras. Las instituciones no están para reproducir las correlaciones de fuerza existentes, sino para garantizar que la ciudadanía pueda elegir libremente entre opciones políticas en igualdad de condiciones.

Esta reforma va exactamente en la dirección contraria: refuerza a quienes ya tienen representación y reduce simbólicamente el espacio de visibilidad para nuevas fuerzas políticas, plataformas ciudadanas o candidaturas emergentes. Es un pequeño cambio normativo, sí, pero con una lógica muy clara: blindar el sistema político existente y hacerlo menos permeable al pluralismo.

Además, resulta especialmente preocupante que una modificación de la legislación electoral se pretenda aprobar por el procedimiento de urgencia y lectura única, reduciendo al mínimo el debate parlamentario. Cuando hablamos de las reglas del juego democrático, lo mínimo exigible es debate, deliberación y posibilidad de mejorar la norma, no una tramitación acelerada para aprobar un cambio que favorece a quienes ya ocupan las posiciones de poder.

Hay alternativas mucho más democráticas y neutrales, como el sorteo o el orden alfabético, que garantizan igualdad entre candidaturas y que se utilizan en muchos sistemas electorales precisamente para evitar cualquier sesgo.

Por eso creemos que esta modificación no responde a una necesidad real de reforzar la seguridad jurídica ni a dotar de un criterio objetivo y homogéneo a una cuestión procedimental del proceso electoral, sino a una lógica política de consolidación de las fuerzas mayoritarias. Y desde una izquierda que defiende el pluralismo político, la igualdad democrática y la apertura de las instituciones a nuevas representaciones sociales, no podemos avalar una reforma que va en sentido contrario.