Los trabajos para exhumar la fosa común del cementerio municipal de Cáceres han comenzado este miércoles con unas estimaciones que apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos. Por la dimensión del enclave, la actuación podría convertirse en la mayor exhumación de una fosa común realizada hasta la fecha en la región.

El inicio de las labores sobre el terreno se produce tras completar la tramitación administrativa y obtener los permisos correspondientes. La intervención se enmarca en el convenio suscrito entre la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Diputación de Cáceres para investigar, localizar, exhumar e identificar a víctimas de la represión franquista, y cuenta con financiación de la propia corporación provincial y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Debido a la envergadura del espacio, los trabajos se prolongarán durante varios meses y se ejecutarán de forma gradual por fases. Según señalan desde la Diputación de Cáceres, las fuentes documentales y los estudios históricos previos ubican los restos de varios centenares de represaliados justamente en el ámbito que hoy ocupa el Memorial dedicado a las víctimas en el propio camposanto cacereño.

El equipo técnico de Aranzadi ha arrancado las tareas con la delimitación arqueológica y la apertura de las primeras catas y áreas de excavación. A esta fase inicial le seguirá la recuperación minuciosa de los restos, su documentación científica y el posterior análisis antropológico forense. Durante todo el proceso se aplicarán los protocolos científicos para el contraste de muestras biológicas y la realización de pruebas genéticas, con el fin de avanzar en la identificación de los represaliados y posibilitar su devolución a los allegados.

Desde AMECECA han subrayado que el arranque de los trabajos supone “un paso esperado durante años” por los familiares y descendientes de las víctimas. La entidad ha participado activamente en la recogida de testimonios, el análisis de documentación histórica y la búsqueda de allegados para facilitar los cotejos de ADN. Desde la organización de las obras han precisado además que se extremarán las precauciones para no interferir en la actividad habitual del cementerio durante el desarrollo de la investigación.

Los restos de tres personas represaliadas por la dictadura franquista, exhumadas en 2024 e identificadas a lo largo de este año, serán entregados a sus familias el próximo 17 de octubre en el cementerio municipal de Villanueva de la Serena, en el marco de un acto de homenaje a las víctimas.

La convocatoria, organizada por la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), dará comienzo a las 11:00 horas. El acto coincidirá con el desarrollo de los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en la fosa clandestina ubicada en el propio recinto cementerial. El programa incluirá intervenciones de autoridades, testimonios de allegados, actuaciones musicales y una ofrenda floral, que culminarán con el entierro de los tres cuerpos identificados.

Divulgación para estudiantes de la comarca

La iniciativa tendrá continuidad entre el 19 y el 22 de octubre con la celebración de la cuarta edición de las 'Escuelas de Memoria', dirigidas a estudiantes de varios institutos de Educación Secundaria de la zona.

Durante esas cuatro jornadas, los alumnos acudirán durante las mañanas al cementerio para conocer sobre el terreno las labores de exhumación en la fosa y escuchar los relatos de los familiares. La asociación señala que el propósito de estas visitas es acercar al alumnado el conocimiento sobre la represión franquista.

La jornada de homenaje y las actividades divulgativas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Diputación de Badajoz, Amnistía Internacional Extremadura y diversas organizaciones memorialistas.

La Diputación de Cáceres ha aprobado una partida de 105.000 euros destinada al convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a cabo trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Las actuaciones se centrarán en el enclave de Mina La Paloma y en el cementerio de Piedras Albas.

Esta cuantía se integra en un paquete de 213.647 euros consignado a entidades privadas y sin ánimo de lucro con fines culturales. Dentro de este bloque económico se incluyen también 28.595 euros para realizar estudios de sondeos y localización de fosas de la Guerra Civil en la ermita de San Bartolomé de Almoharín, así como 15.972 euros orientados a la catalogación del patrimonio de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia.

Asimismo, se han aprobado 30.000 euros para la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, destinados a la organización del II Encuentro Memoria, Educación y Democracia, y 15.000 euros para la Academia de Cine de Extremadura con el fin de desarrollar un ciclo de proyecciones de cine regional en el medio rural.

Inversión en el SEPEI y plan de repoblación con REDEX

Entre los acuerdos aprobados por el pleno provincial destaca la asignación de 1,5 millones de euros para incrementar la adquisición de diversos vehículos destinados al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI).

En materia de desarrollo rural, se han aprobado 302.897 euros para la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX). Estos fondos se destinarán al personal del equipo territorial y a programas de repoblación, lo que permitirá incorporar a cinco técnicos para prestar servicio a los 47 municipios interesados en iniciativas de atracción de nuevos pobladores. El trabajo de estos profesionales abarcará la localización de viviendas disponibles, el impulso al relevo generacional y empresarial, y la articulación de medidas de acogida e integración.

El pleno ha respaldado igualmente un convenio de 72.000 euros con RENFE para la puesta en marcha del tren turístico y ha asignado 7.500 euros para la ejecución del cerramiento del claustro en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Infraestructuras eléctricas, deportivas y gestión territorial

En el apartado de inversiones locales, la corporación ha dado luz verde a 567.956 euros asignados a ocho municipios a través del Plan de Mejora de la Infraestructura Eléctrica (PLAN MIE-2025). Las actuaciones se desarrollarán en Torrejoncillo, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Montehermoso, Moraleja, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Coria.

Junto a ello, se han aprobado 154.000 euros para obras e inversiones en entidades locales, 240.000 euros para la construcción del nuevo campo de tiro con arco en el complejo de El Cuartillo, en la capital cacereña, y 30.000 euros para trabajos de corrección de riesgos y adecuación de instalaciones en la finca Haza de la Concepción, situada en Malpartida de Plasencia.

Por último, el pleno ha ratificado la aprobación definitiva de la Agenda Provincial de Cáceres, la incorporación de seis municipios a la Red Provincial de Comunidades Energéticas y la adhesión de la institución a la Red Española de Oficinas de Datos (REOD), además de su integración en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

El municipio pacense de Valencia de Alcántara conmemorará este sábado, 26 de septiembre, el 90 aniversario de los asesinatos cometidos en la Mina Terría durante el inicio de la Guerra Civil. El acto cívico, de carácter institucional y abierto a la ciudadanía, rendirá tributo a las 49 personas represaliadas en 1936 cuyos cuerpos fueron arrojados a una antigua pozo de extracción de wolframio situada en la finca Cuadrillas de Arriba.

La convocatoria tendrá lugar durante la mañana en el cementerio municipal de la localidad y está organizada de manera conjunta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, con la colaboración de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Extremadura (UEx).

Los asesinatos en el paraje de la Mina Terría se ejecutaron de forma sistemática a partir de finales de agosto de 1936. Las víctimas, arrojadas al pozo a unos 25 metros de profundidad, fueron represaliadas por su “lealtad a la II República y sin formación de causa ni proceso judicial alguno”, según destacan desde la ARMHEX.

De la fosa al mausoleo municipal

Entre las personas ejecutadas se encontraba el entonces alcalde republicano de Valencia de Alcántara, Amado Viera Amores, asesinado el 25 de septiembre de 1936. Aunque la mayor parte de los represaliados eran vecinos de Valencia de Alcántara, el listado abarca también a residentes de municipios colindantes de la comarca del Tajo-Salor, como Cedillo, Membrío y Herrera de Alcántara.

Los restos mortales de las 49 víctimas permanecieron en la cavidad de la mina durante más de ocho décadas hasta que fueron localizados y exhumados en 2018, en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Cáceres y el consistorio de Valencia de Alcántara con el asesoramiento técnico de arqueólogos e historiadores.

Tras los complejos trabajos de exhumación e identificación, los restos recibieron sepultura definitiva en julio de 2022 en el cementerio municipal. Durante aquel homenaje público se inauguró un mausoleo erigido en su memoria, sufragado por el Ayuntamiento y promovido por las familias de los fallecidos y la propia ARMHEX. Este sábado, cuatro años después de la inauguración del memorial y al cumplirse nueve décadas de los crímenes, familias y vecinos volverán a reunirse en el recinto para mantener el compromiso con la memoria democrática en la zona.

Alrededor de 1.500 personas han participado este domingo en la III Marcha Columna de los 8.000 en la localidad pacense de Fuente del Arco. La cita ha superado las expectativas de asistencia y se consolida como la principal movilización en defensa de la memoria histórica y democrática en la región.

Los asistentes han completado un trazado de más de diez kilómetros por diversos enclaves del término municipal. Por este recorrido discurrió la población civil que huía del avance de las tropas franquistas durante la Guerra Civil y que sufrió los ataques del ejército sublevado.

Desde la organización destacan que la marcha busca rescatar la memoria de aquellas miles de personas, al tiempo que actúa como una reivindicación frente al machismo, el racismo y los discursos de odio. El objetivo, señalan, es seguir construyendo una cultura regional crítica, tolerante y comprometida con la verdad, la justicia y la reparación.

Mario Piñero, uno de los portavoces de la iniciativa, ha calificado de rotundo éxito el desarrollo de la jornada. Ha destacado la coordinación y el ambiente de compañerismo registrado a lo largo de todo el trayecto, que transcurrió sin ningún tipo de incidente.

La movilización ha reunido a colectivos locales y a decenas de participantes llegados desde diferentes puntos de España e incluso del ámbito internacional. Durante el acto, los convocantes han vuelto a instar a la Junta de Extremadura a recuperar la Ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica derogada por la coalición de PP y Vox.

Tras el cierre de esta tercera edición, los organizadores han confirmado que ya trabajan en la preparación de la convocatoria de 2027, con la meta de seguir ampliando la participación ciudadana y combatir el revisionismo histórico.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá el próximo 22 de septiembre las jornadas 'Nos sembraron miedos, nos crecieron alas', un encuentro que servirá como marco para la presentación de un documental enfocado en visibilizar la represión sufrida por las mujeres durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz con el respaldo de la Diputación Provincial, busca romper décadas de silencio y rescatar del olvido la memoria de miles de represaliadas.

Durante la presentación del evento, la diputada provincial Lourdes Linares ha destacado que el título del proyecto alude directamente a “las dificultades que sufrieron las mujeres durante la represión franquista”, unos obstáculos que, según ha remarcado, “no pueden ser olvidados”. Linares ha enfatizado la necesidad institucional de reparar este vacío histórico: “Ya es momento de que estos testimonios salgan a la luz y se pongan en valor”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha explicado que el audiovisual rinde tributo a “dos generaciones” de madres, abuelas e hijas que vivieron marcadas por “el miedo, el silencio, las puertas cerradas y la incertidumbre de no saber dónde estaban sus seres queridos”. A pesar de ese contexto adverso, Franco ha subrayado que estas mujeres “lograron abrir camino al sacar a sus familias adelante” y desempeñaron un papel clave en la reconstrucción social.

En su intervención, la representante del colectivo asociativo ha vinculado además la recuperación de la memoria con el contexto sociopolítico presente: “En estos momentos tan convulsos que hoy se viven es importante preservar la democracia que estas mujeres contribuyeron a crear, todo ello frente a la actual corriente ultraderechista que contamina con sus discursos de odio a parte de la sociedad, en especial a los jóvenes”.

El documental recoge una amplia variedad de vivencias, desde los relatos de mujeres que fueron ingresadas en el Patronato de Protección de la Mujer hasta los testimonios de aquellas cuyos familiares fueron fusilados. La sesión del 22 de septiembre incluirá la proyección de la cinta, una mesa redonda con la participación de la investigadora Candela Chaves y de María Castilla (hija y nieta de represaliados), y un turno de debate abierto con el público.

Por último, la expresidenta de la asociación, Inés Rodríguez, ha incidido en la dimensión “didáctica” del proyecto, especialmente dirigida al ámbito juvenil. Con ese objetivo, las entidades promotoras pondrán el documental a disposición de todos los ayuntamientos, centros educativos y colectivos de la provincia que soliciten su proyección.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha registrado ante la Junta de Extremadura 13 informes elaborados por especialistas internacionales en historia, arte, patrimonio, memoria democrática y psicología social para fundamentar su petición de archivo del expediente que busca declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres. La organización reclama al Ejecutivo autonómico que valore la documentación aportada antes de adoptar una resolución definitiva.

Los informes están rubricados por expertos vinculados a la Universidad de Extremadura (UEx), la Universidad Complutense de Madrid, la UNED, la Universidad de Santiago de Compostela, ICOM-España, Durham University (Reino Unido) y el Instituto de Historia del Arte de Zagreb (Croacia). Según ARMHEX, los análisis cuestionan que el monumento reúna los criterios de singularidad, excepcionalidad y relevancia patrimonial exigidos para la figura de BIC, situando su único interés en el contexto histórico y la memoria social vinculada a su construcción.

En sus alegaciones, la asociación señala que, aunque el propio expediente reconoce la relación del monumento con la arquitectura y simbología de exaltación del franquismo, pretende justificar un cambio de significado por las modificaciones realizadas en 1984. Frente a esto, la entidad sostiene que la tramitación debe evaluarse bajo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, recordando que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria democrática.

Los especialistas advierten asimismo sobre la “carga memorial” y el “conflicto social” que rodea a la estructura, advirtiendo de que su protección oficial resultaría problemática para las víctimas de la dictadura y sus familiares.

Como alternativas a la declaración como BIC en la ubicación actual, los informes proponen la documentación, el estudio histórico y la contextualización crítica del elemento.

ARMHEX recuerda además que el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ya aprobó en 2004 el traslado de la cruz al cementerio municipal, acuerdo que no se ejecutó, y que la revisión de 2010 del Plan General Municipal contempla expresamente que sus condiciones de protección permiten la reubicación.

El Instituto vasco para la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ha identificado genéticamente los restos de cinco personas que fueron detenidas una vez terminada la Guerra Civil y murieron en 1941 en la prisión franquista de Orduña (Bizkaia). Cuatro de ellas eran originarias de la provincia de Badajoz y la quinta, de Albacete.

Los restos identificados corresponden a Francisco Barquero Tejado, de Quintana de la Serena; Juan Carreras Calzado y Francisco Navarro Márquez, de Hornachos; Antonio Corbacho Merino, de Alange, y Francisco Ávila Martínez, de Ontur (Albacete).

Con estas cinco identificaciones son ya 36 las personas identificadas de las 93 cuyos restos fueron recuperados en el cementerio de Orduña. Todas ellas fueron víctimas de la Prisión Central de la localidad vizcaína entre 1939 y 1941.

La familia de Francisco Barquero Tejado recibirá sus restos este próximo fin de semana de manos de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y del director de Gogora, Alberto Alonso.

Las labores de exhumación en el cementerio concluyeron en 2024. Desde entonces, el Instituto vasco de la Memoria trabaja en la identificación genética de los restos y en su entrega a las familias.

Para realizar estas identificaciones es necesario disponer de muestras de ADN de familiares que permitan cotejarlas con los restos recuperados.

Un centenar de extremeños entre los fallecidos

La documentación conservada y las identificaciones realizadas hasta ahora muestran un patrón común entre las víctimas de la Prisión Central de Orduña. En la mayoría de los casos fueron detenidas después de terminar la guerra, trasladadas lejos de sus lugares de origen y acabaron muriendo en el penal debido a las condiciones de las cárceles franquistas.

En la prisión de Orduña consta que murieron al menos 225 personas, todas ellas varones y trasladadas desde otras comunidades autónomas. Más de la mitad, 127, eran extremeños.

A ellos se suman 41 presos procedentes de Castilla-La Mancha —34 de Ciudad Real, cuatro de Toledo y tres de Albacete—, 22 trasladados desde la prisión de Málaga, siete de Tarragona y otros 28 procedentes de distintas provincias españolas.

Gogora mantiene en su página web información dirigida a las familias que crean que algún familiar pudo morir en la Prisión Central de Orduña y explica el procedimiento para aportar muestras de ADN y participar en el proceso de identificación.

Aquel aliento sofocante de agosto de 1938 no solo traía a Don Benito la calima propia del verano extremeño, sino también el hedor denso del miedo. Apenas dos semanas antes, la ciudad había dejado de respirar bajo el amparo republicano para desplomarse en la garra de las tropas sublevadas. En mitad de esa zozobra, una joven de apenas 17 años caminaba a paso apresurado con una fardela de tela entre las manos. Llevaba comida caliente para su madre, encarcelada tras las primeras batidas de la represión.

Al cruzar el umbral del presidio improvisado —ubicado en un antiguo caserón de la entonces calle La Cilla, hoy rebautizada como calle Madre Matilde y ligada históricamente a los edificios del Colegio Sagrado Corazón y las Azules—, la respuesta oficial no adoptó la forma de una notificación firmada ni de un trámite judicial. Fue un portazo verbal, seco y definitivo: “Dese la vuelta. A su madre la han fusilado esta misma mañana”. Sin despedidas. Sin cuerpo al que velar. Sin una sola explicación.

Isabel Rodríguez Sánchez-Collado había sido ejecutada al amanecer de aquel 8 de agosto de 1938. Su hija, Francisca Aparicio Rodríguez, tuvo que desandar el camino a casa con la comida intacta, el pecho destrozado y una inmensa responsabilidad sobre los hombros: con solo 17 años, tuvo que hacerse cargo inmediatamente de todos sus hermanos menores. Aquella frase atroz y aquel golpe brutal resonarían en el seno familiar durante casi noventa años.

En el Don Benito republicano, donde las estructuras sociales asignaban a las mujeres un papel abnegado y doméstico, Isabel rompió moldes con la contundencia de un relámpago. Mientras los registros burocráticos apenas conservaron de ella trazos esquemáticos que la encasillaban simplemente como 'ama de casa' o vecina del municipio, la memoria viva de la comarca de La Serena guarda un retrato inconfundible. La llamaban ‘La Roja’, pero sobre todo era conocida por ‘La Truena’. El apodo no era fruto del azar: hacía referencia a su carácter indomable y a una voz potente, capaz de proyectarse en arengas con apasionada firmeza por encima de las muchedumbres.

Isabel no se limitaba a simpatizar con la causa de los trabajadores; subía a los estrados, tomaba las tribunas públicas y pronunciaba mítines en una época en la que el simple hecho de que una mujer hablara de política en la plaza representaba un acto de audacia revolucionaria. Aunque la documentación no ha conservado aún las siglas concretas de su militancia, el recuerdo de sus intervenciones públicas permaneció grabado a fuego. Un objeto encontrado en su casa, que podría pertenecer a uno de sus hermanos, y ahora de su nieto, Francisco Lozano Rodríguez, deja todo mucho más claro. Se trata de un sello de las Juventudes Socialistas Unificadas del entorno del partido comunista. Lo que es más que evidente es que en aquel verano sangriento de 1938, tomar la palabra en público equivalía a firmar tu propia condena.

Para comprender el contexto de su detención hay que mirar al colapso militar de la comarca. Don Benito pertenecía a la denominada Bolsa de La Serena, uno de los últimos reductos leales a la República en suelo extremeño. Entre el 20 y el 24 de julio de 1938, una encarnizada ofensiva franquista logró cerrar el cerco sobre la zona, iniciando de inmediato una cruenta labor de depuración social y política en Don Benito y Villanueva de la Serena. Quienes ostentaron cargos, militaron en sindicatos o destacaron por su beligerancia verbal quedaron expuestos a las detenciones sumarísimas y a los paseos en la madrugada que acababan con la respiración y, por lo tanto, con la misma vida.

Isabel fue recluida en la cárcel habilitada en la calle La Cilla. Gracias a la investigación histórica del profesor Julio Carmona Cerrato sobre la figura de Juan Aparicio Quintana, publicada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, hoy se sabe que Isabel compartió celda durante varios días con Inocencia, la madre de Juan Aparicio. Ambas mujeres permanecieron juntas en aquel caserón hasta que a finales de julio Inocencia fue puesta en libertad. Su marido, Joaquín Aparicio, había intercedido durante el periodo republicano por una influyente familia comerciante de la ciudad, salvando a varios de sus miembros, lo que sirvió para librar a su esposa de la muerte. Isabel, en cambio, no contó con esa salvaguarda ni con intercesores del otro bando. Fue fusilada pocos días después.

El destino de Isabel quedó sepultado también bajo una maraña de opacidad administrativa. Mientras las investigaciones de la historiadora Jacinta Gallardo Moreno sobre la represión en Badajoz situaron su fallecimiento el 8 de agosto de 1938, el certificado oficial de defunción no se estampó en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1948. Diez largos años separaron su ejecución de su reconocimiento legal, un patrón habitual del régimen franquista para sumir a las familias de los represaliados en un limbo burocrático y amortiguar las cifras de la represión.

Silencio y exilio

Tras la muerte de Isabel sobrevino el miedo y un prolongado silencio. Aquella joven de 17 años que regresó con la fardela de comida se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica matriarca. Durante décadas, Francisca guardó en el dolor y en la privacidad los detalles de lo sucedido para proteger a los suyos, transmitiendo la historia en susurros contados por los abuelos y los padres: los mítines, el apodo de ‘La Truena’, el encierro en La Cilla, la comida devuelta y el paredón.

La losa de la dictadura llevó a la familia a tomar una decisión tajante en la década de 1960: la hija de Isabel cogió a toda la familia y emigró a Francia. Allí rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, hijas y nietos, y no regresaron a España hasta 1978, cuando la democracia parecía al fin asentada. La matriarca trajo de vuelta a toda la estirpe para reencontrarse con sus raíces sin el peso del pánico que la había acompañado desde la adolescencia.

Hoy, la investigación familiar —tanto la de Francisco como la de otro de sus bisnietos, Alain Rodríguez Quirós,— y el rastreo documental han permitido despejar una duda que durante años se interpretó como un misterio genealógico. Había una segunda mujer registrada como fusilada el 8 de agosto de 1938, María Teresa Rodríguez Sánchez‑Collado, no era una hermana ni una posible gemela de Isabel. Era la misma persona. Primero fue inscrita como Teresa y, tras ser adoptada por otra familia en su infancia, recibió el nombre de Isabel. El cruce de padrones, actas de nacimiento y testimonios orales ha permitido reconstruir ese tránsito identitario y confirmar que bajo ambas denominaciones se escondía una sola biografía: la de la mujer que acabaría siendo conocida en la comarca como La Truena.

Durante mucho tiempo quedaron preguntas cruciales sobre la mesa: saber con precisión en qué fosa común descansaban sus restos, rescatar la documentación judicial o penitenciaria que detalle las acusaciones formales y reconstruir cada paso de aquella mujer que desafió a su tiempo. Casi noventa años después, al encajar los papeles oficiales con los recuerdos que sobrevivieron al exilio francés, la historia de Isabel Rodríguez Sánchez-Collado emerge definitiva. Su nombre vuelve a pronunciarse en voz alta en Extremadura devolviendo la dignidad a la mujer a la que pretendieron callar y cuyo eco vuelve a resonar en la memoria democrática de su pueblo. Que jamás se olvide su nombre.

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.

La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.

Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.

Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.

La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.

Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.

Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo de manera torticera”.

Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.

La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.

Quitar para poner

Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.

También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.

Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.

Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.

Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.

Acuerdo de gobierno PP-Vox

Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.

Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.

La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento profundamente agraviado”.

La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.

La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz) ha permitido recuperar hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista. La actuación, iniciada a lo largo del mes de agosto, cuenta con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento de la localidad, además de la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.

Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona junto a un equipo multidisciplinar de antropología forense e investigación histórica, retoman la intervención iniciada en el verano de 2025. En aquella primera fase se logró exhumar una fosa con tres individuos masculinos que presentaban signos de muerte violenta, mientras que dos depósitos más quedaron parcialmente delimitados a la espera de ampliar el área de excavación.

En las últimas semanas, los especialistas han completado la exhumación de esas dos fosas pendientes, de las que se han extraído los restos de nueve personas. El equipo técnico ha documentado un alto grado de alteración en ambos depósitos debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados que desplazaron parte de las estructuras óseas, lo que ha exigido una labor minuciosa para reconstruir la posición original de las víctimas.

De forma paralela, la apertura de un nuevo sondeo ha permitido hallar un enterramiento individual que albergaba el cuerpo de una décima persona con evidencias directas de ejecución. Los restos carecían de ataúd y conservaban un proyectil alojado en el interior de la cavidad craneal.

Las labores de campo continuarán desarrollándose hasta la primera semana de septiembre mientras avanzan los estudios antropológicos y documentales. Por este motivo, el equipo ha hecho un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o represaliadas en Bodonal de la Sierra para que aporten testimonios, documentación e información genética que ayude a la identificación de las víctimas, pudiendo acudir directamente al cementerio o ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Las organizaciones de memoria histórica de Extremadura han decidido dar la batalla administrativa contra el expediente iniciado por la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, instalada en la Plaza de América. Los colectivos han anunciado la presentación de alegaciones y su personación formal en la tramitación para exigir acceso a los informes técnicos autonómicos y frenar el blindaje del monumento.

En un comunicado conjunto, las entidades califican la declaración BIC como una “maniobra política” fruto de los acuerdos entre PP y Vox para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Sostienen que el objetivo de la Junta es bloquear la resolución firme dictada el pasado 17 de abril de 2026 por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ordenó la eliminación de la cruz y su inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Los colectivos subrayan que la retirada del monolito acumula un largo recorrido institucional. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad en diciembre de 2004 su traslado al cementerio municipal, una medida refrendada años después por el Informe sobre símbolos franquistas encargado por el propio Consistorio en 2017 y por el Catálogo de vestigios de la Diputación Provincial desde 2018.

Las asociaciones remarcan que la cruz fue concebida en 1937 y erigida en plena Guerra Civil para la “glorificación de la dictadura”. Por ello, consideran que su permanencia en la vía pública constituye un elemento de “humillación” para las familias de las más de 677 personas ejecutadas por la represión franquista en Cáceres entre 1936 y 1943, de las cuales muchas continúan desaparecidas.

Por otro lado, cuestionan que el monumento atesore valores artísticos excepcionales que sustenten la figura BIC, aludiendo a informes técnicos que definen la obra como de trazado “simple y repetitivo” y recordando que la retirada de sus placas en 1984 no alteró su carácter de exaltación totalitaria.

La iniciativa está promovida de forma conjunta por AMECECA, ARMHEx, el Grupo de Memoria Histórica de Garciaz, AMHD Tierra de Barros, AFAMEVVA y la Asociación Matilde Landa. Entre sus exigencias figuran la anulación inmediata del expediente de protección, la máxima transparencia con la publicación de los informes autonómicos y la entrega de las firmas recogidas durante la campaña social ante la Junta y el Ayuntamiento cacereño.

La Junta de Extremadura ha iniciado formalmente el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la Cruz situada en el centro de la plaza de América de Cáceres. La resolución, firmada el 12 de agosto por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, se publica este martes en el Diario Oficial de Extremadura y abre un periodo de información pública de un mes.

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como BIC, sino el comienzo del procedimiento administrativo para dotar al monumento de esa protección. La decisión llega, además, en plena disputa institucional sobre su futuro: el Gobierno central ha ordenado su retirada del espacio público al considerarlo un símbolo contrario a la memoria democrática, mientras el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura defienden su permanencia.

El expediente autonómico pone sobre la mesa una doble lectura del monumento. Por un lado, documenta de forma expresa su nacimiento ligado al bando sublevado durante la Guerra Civil y su utilización como espacio de exaltación durante la dictadura. Por otro, sostiene que las modificaciones realizadas en democracia, especialmente la retirada de las referencias franquistas en 1984, han cambiado la manera en la que la cruz es percibida actualmente y permiten valorar sus características arquitectónicas y urbanísticas.

Una cruz levantada durante la Guerra Civil

La documentación histórica incorporada al expediente sitúa el origen de la cruz en 1937. Ese año, el Ayuntamiento acordó sustituir la fuente conocida como La Palmatoria, situada en la actual plaza de América, por una cruz “en homenaje a los caídos de Cáceres”.

El proyecto contemplaba inicialmente inscripciones explícitamente vinculadas al bando franquista, con referencias a quienes “dieron su vida por España, Una, Grande y Libre” y al '18 de julio de 1936, Franco y Arriba España'. La construcción fue sufragada por el Ayuntamiento y tuvo un coste de 28.041,35 pesetas. La obra fue diseñada por el arquitecto municipal Ángel Pérez y construida en 1938.

Los informes técnicos destacan además que la cruz de Cáceres se encuentra entre las primeras de este tipo construidas en España durante la Guerra Civil. Su arquitectura se caracteriza, según el expediente, por la austeridad, la monumentalidad, el clasicismo y una marcada verticalidad.

La Junta considera que estos valores formales, unidos a su ubicación y a su relación con el espacio urbano, justifican su consideración como patrimonio cultural.

El propio expediente reconoce la función política del espacio

Uno de los aspectos más significativos de la documentación es que la Junta no oculta la función política que tuvo el monumento en sus primeros años.

El informe señala que la cruz estaba integrada en un espacio urbano concebido específicamente para reforzar su carácter monumental y acoger las ceremonias de la dictadura. Según el documento, las plazas del entorno respondían a “un plan arquitectónico y urbanístico preconcebido para ensalzar al régimen”.

La documentación recoge también que desde los primeros años del franquismo se estableció un calendario de celebraciones en torno a la cruz para honrar a los llamados Caídos y que las dimensiones de las plazas del entorno permitían acoger esos actos.

El propio informe establece una relación directa entre el monumento y su contexto urbano al señalar que la cruz “no se entendería” de la misma manera fuera de ese entorno o perdería parte de sus rasgos definitorios.

La Junta apela a la resignificación de 1984

El argumento central para explicar el significado actual de la cruz se sitúa en 1984. Ese año, durante el mandato del alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, el Ayuntamiento acordó sustituir la placa que conservaba la inscripción original. En su lugar se colocó otra con el texto: 'La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria'.

Para los autores del informe, aquella actuación supuso un proceso de “resignificación” que permitió “desvincular su lectura pública de los elementos explícitos de exaltación franquista”. La Junta considera que este cambio debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el monumento en la actualidad.

La resolución, por tanto, no sostiene que la cruz carezca de origen franquista. De hecho, el expediente dedica una parte importante de su contenido a documentarlo. La tesis autonómica es otra: que la eliminación de las referencias explícitas al régimen modificó su significado público y que, con el paso del tiempo, el monumento se ha incorporado al paisaje urbano de Cáceres como un elemento patrimonial.

Un 'hito urbano' que la Junta quiere proteger

La declaración propuesta no se limita a la cruz. El expediente delimita también un entorno de protección alrededor del monumento.

La Junta lo justifica por su “acusada presencia visual” y por su condición de “hito urbano” de Cáceres, atendiendo a su emplazamiento, escala, visibilidad y relación con la plaza de América.

La protección pretende conservar precisamente esa relación entre la cruz y el espacio que la rodea. Por ello, las actuaciones que puedan afectar al monumento o a su entorno deberán someterse a la normativa de patrimonio y requerirán autorización previa de la administración cultural competente.

Enfrentada a la decisión del Gobierno central

La incoación del expediente autonómico se produce cuatro meses después de que el Gobierno central ordenara la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y dispuso su retirada del espacio público. El Ayuntamiento de Cáceres recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia también por la vía judicial.

El Gobierno municipal, del PP, sostiene que la cruz forma parte de la ciudad y que las referencias franquistas fueron eliminadas en 1984. El alcalde, Rafael Mateos, ha defendido públicamente que el monumento no supone actualmente una exaltación de ningún régimen y ha anunciado que el Ayuntamiento agotará las vías legales para evitar su retirada.

La protección como BIC forma además parte del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura. La Junta ya había anunciado en julio que estaba recabando informes técnicos de historiadores para fundamentar la declaración patrimonial.

Ahora, el procedimiento entra en su fase formal. Durante un mes, cualquier persona o entidad interesada podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que considere oportunas.

La cruz queda así en el centro de dos concepciones enfrentadas sobre su permanencia en el espacio público: la del Estado, que atiende a su origen y utilización como símbolo de exaltación franquista, y la de la Junta, que reconoce ese pasado pero considera que la resignificación posterior y sus valores arquitectónicos y urbanos permiten otorgarle protección patrimonial.

Los documentos militares lo sitúan en el mismo grupo que los principales responsables institucionales del Frente Popular en Cáceres. Sin embargo, su destino fue distinto: no murió fusilado, pero pasó años en prisión tras una condena de treinta años que más tarde sería revisada. Su caso permite entender cómo funcionó la maquinaria represiva franquista más allá del paredón: largas condenas, procesos sumarísimos, acusaciones genéricas y una justicia militar diseñada para castigar la militancia política y borrar cualquier rastro de la legitimidad republicana.

El Consejo de Guerra que lo juzgó construyó su relato sobre la criminalización de la actividad política. Según la sentencia, Zorita y el resto de procesados eran “elementos destacados del Frente Popular”, una etiqueta que en 1937 equivalía prácticamente a una condena automática. El tribunal consideró probado que, tras conocerse el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, varios dirigentes republicanos acudieron al Gobierno Civil para informarse de la situación y debatir posibles respuestas. Entre ellos estaban el alcalde Canales, el presidente de la Diputación, varios dirigentes socialistas y republicanos… y Virgilio Zorita.

La radio

Zorita acudió al edificio del Gobierno Civil con una radio para escuchar las emisiones de las emisoras republicanas. Ese gesto —informarse de lo que estaba ocurriendo— fue interpretado por el tribunal como una prueba de “identificación con los que combatían al Generalísimo Franco”. No se acreditó participación armada, ni organización de resistencia, ni acciones violentas. Bastó con su presencia en el Gobierno Civil y su militancia política para que se le imputara un delito de adhesión a la rebelión, una figura jurídica que el régimen utilizó para invertir la realidad: los defensores de la legalidad republicana fueron acusados de rebelarse contra quienes se habían levantado en armas.

La sentencia fue especialmente dura con las dos figuras más visibles del Frente Popular cacereño. Antonio Blas Canales y Ramón González Cid fueron condenados a muerte por su “notoria perversidad” y su relevancia política. El resto —entre ellos Zorita— recibió penas de treinta años de reclusión mayor. Pero incluso esa diferencia fue cuestionada dentro del propio tribunal. El capitán de la Guardia Civil, Luis Salas Ríos, emitió un voto particular en el que pedía la pena de muerte para todos los procesados, alegando que su condición de dirigentes y su “cultura” los hacía más peligrosos. El voto no prosperó, pero revela el clima de revancha política que impregnaba estos juicios.

Las penas de muerte fueron aprobadas por la Auditoría de Guerra y ejecutadas tras recibir la autorización del general jefe de la región. La documentación militar recoge la orden con una frialdad burocrática que hiela: “Dispóngase la ejecución”. Mientras los dos principales acusados eran fusilados, Zorita comenzó a cumplir su condena en diciembre de 1936. Pasó años en prisión, sometido al régimen penitenciario franquista, que combinaba trabajos forzados, disciplina militar y reeducación ideológica.

Revisión del caso

En 1940, la Junta Central de Examen de Penas revisó su caso. La comisión provincial de Cáceres propuso una reducción, y la autoridad judicial la respaldó. Finalmente, la pena quedó fijada en diez años de prisión mayor, aplicando los criterios de la Orden Circular de 25 de enero de 1940, que permitía conmutaciones en función de antecedentes, conducta y “peligrosidad social”. En 1946, diez años después del inicio de su condena, se emitió el testimonio final para comunicarle oficialmente la conmutación. Su vida, como la de tantos represaliados, quedó marcada para siempre por la cárcel, la inhabilitación civil y la estigmatización política.

La Causa 64/36 no es solo un expediente judicial: es un ejemplo de cómo funcionó la represión franquista en Cáceres y en toda España. En ella se observa la criminalización de la militancia republicana, la aplicación retroactiva del delito de rebelión, la rapidez y arbitrariedad de los consejos de guerra, la combinación de ejecuciones y largas condenas y la existencia de votos particulares aún más duros que muestran la voluntad de exterminio político. La figura de Virgilio Zorita, eclipsada por las ejecuciones de Canales y González Cid, permite completar el cuadro: no todos los represaliados murieron, pero todos fueron castigados por igual por su compromiso con la República.

Hoy, casi nueve décadas después, la historia de Zorita sigue siendo poco conocida fuera de los círculos familiares y de investigación histórica. Su caso ilustra la necesidad de seguir documentando y difundiendo la represión franquista en Extremadura, donde miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o depuradas. La Causa 64/36 es un recordatorio de que la represión no se limitó a los fusilamientos: también destruyó carreras, familias y vidas enteras. Y de que, para comprender plenamente lo ocurrido en Cáceres en 1936 y 1937, es necesario recuperar la memoria de quienes, como Virgilio Zorita, sobrevivieron a la cárcel pero quedaron marcados para siempre. Así lo cuenta uno de sus nietos, José Ramón Zorita, quién además asegura que hay que mirar para atrás de vez en cuando para comprobar que por suerte “ahora estamos mucho mejor”.

El 1 de julio de 1977, en una España que daba sus primeros pasos fuera de la dictadura, una mujer de 74 años llamada Agripina Moreno Fernández tomó pluma y papel para saldar una deuda de honor adquirida en el infierno. La carta no iba dirigida a ninguna institución oficial, sino a Dolores Ibárruri, Pasionaria, quien acababa de retornar del exilio.

Con pulso firme, la anciana extremeña liberaba un secreto celosamente guardado en su pecho desde las sombras de la posguerra: el testimonio directo de las últimas horas de Las Trece Rosas y la promesa empeñada a unas jóvenes que caminaban hacia el paredón.

Una extremeña de Almaraz en el penal de Ventas

Gracias a la investigadora, Desiré Rodríguez Martínez, sabemos que nació en la localidad cacereña de Almaraz, y que Agripina Moreno terminó hacinada en la Prisión de Mujeres de Ventas (Madrid) durante la primavera de 1939. Aquel edificio, concebido durante la Segunda República por Victoria Kent bajo principios de rehabilitación y dignidad, había sido transformado por la represión franquista en un recinto saturado donde miles de prisioneras políticas malvivían en condiciones extremas de insalubridad y terror.

Allí, en las galerías saturadas del penal, Agripina entabló un vínculo directo con las jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y del PCE detenidas tras la caída de Madrid. Entre ellas se encontraba Pilar Bueno Ibáñez, una de las dirigentes del grupo, quien relató en el patio de la cárcel a la prisionera extremeña las brutales torturas e interrogatorios sufridos a manos de la policía política antes de ser ingresadas en presidio.

La trágica madrugada del 5 de agosto

La noche del 4 al 5 de agosto de 1939, la tensión en la cárcel de Ventas se volvió insostenible tras conocerse la sentencia a muerte dictada en un consejo de guerra sumarísimo contra las jóvenes. En la capilla del penal, el capellán pretendía administrar los auxilios espirituales a unas condenadas que reivindicaban su inocencia y su convicción ideológica. “El cura decía que no era momento de pensar en el mundo sino en Dios, y a nosotras, que éramos tan jóvenes, nos parecía increíble”, rememoraría Agripina sobre la atmósfera angustiosa de aquella noche.

En la madrugada del 5 de agosto, la dirección de la cárcel concedió un permiso excepcional a Agripina Moreno y a su compañera de cautiverio Aurora Rodríguez para despedirse formalmente del grupo antes de su traslado. En ese instante de abrazos y lágrimas contenidas se selló el pacto de memoria. Las represaliadas, que se vestían con sus mejores prendas para marchar hacia las tapias del Cementerio del Este, encomendaron a Agripina la misión de hacer llegar a sus familias y a la dirección política sus cartas de despedida y la consigna de que su dignidad no fuera olvidada.

Posteriormente, una religiosa teresiana del presidio le relataría a Agripina cómo las jóvenes se negaron a que les vendaran los ojos ante el pelotón, afrontando la muerte a cara descubierta y profiriendo gritos de libertad.

La Rosa 'número catorce' y el silencio cómplice

El testimonio custodiado por Agripina Moreno fue clave para respaldar un detalle histórico omitido durante décadas: la existencia de la Rosa número catorce.

Antonia Torre Yela (Anita), una joven obrera de 19 años que trabajaba en una fábrica de sobres y residía en el barrio madrileño de Tetuán, había sido detenida junto a Luisa Rodríguez de la Fuente y procesada en la misma causa que el resto de las víctimas. Sin embargo, aquella madrugada no fue conducida al paredón debido a una equivocación burocrática: en la orden de ejecución firmada por las autoridades militares su nombre figuraba erróneamente transcrito como 'Antonio Torre Yela'.

Las reclusas de Ventas, incluida Agripina, supieron del fallo. En un acto de solidaridad colectiva, ninguna de las prisioneras delató la equivocación a los funcionarios. Anita logró prolongar su vida seis meses en el penal hasta que la burocracia rectificó el expediente. El 19 de febrero de 1940 fue fusilada en el mismo Cementerio del Este. Por este motivo, Agripina siempre rechazó la cifra oficial y sostuvo de manera firme que el encargo recibido procedía de 'catorce muchachas'.

Misión cumplida

Durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, hablar abiertamente de los fusilamientos del Cementerio del Este conllevaba penas de prisión o represalias severas. Agripina Moreno conservó en la memoria clandestina los nombres de las víctimas, los detalles de sus últimas horas y las primeras poesías compuestas en las celdas en su honor.

El 1 de julio de 1977, cumplidos los 74 años, Agripina envió la carta que cerraba su promesa. En sus párrafos se leía: “Hace muchos años llevo guardando en el corazón un mensaje para ti. Un mensaje muy triste. Creí muchas veces que no llegaría a cumplir esta misión que me encomendaron catorce muchachas. Se trata de las ”trece rosas“ y de otra camarada. Querida camarada Dolores, después de realizar este trabajo me siento muy tranquila. Puedo decir a nuestro Partido Comunista y Juventudes: Misión cumplida”.

En la misiva se adjuntaba la nómina completa de las represaliadas —Joaquina López, Virtudes González, Carmen Barrero, Dionisia Manzanares, Pilar Bueno, Julia Conesa, Blanca Brisac, Victoria Muñoz, Adela Duque, Martina Barroso, Luisa Rodríguez, Ana López, Elena Gil y Antonia Torre Yela— garantizando que ningún nombre quedara relegado.

Dolores Ibárruri incluyó íntegramente la carta de Agripina en sus Memorias (1939-1977) publicadas en 1984, transformando la memoria oral de la anciana extremeña en una prueba documental básica para la historiografía sobre la represión en Madrid.

Hoy, el legado de Agripina Moreno Fernández permanece como un referente de la memoria democrática en Extremadura. Su firmeza demostró que ni el miedo ni el paso del tiempo pudieron impedir que el último mensaje de aquellas jóvenes llegara a su destino.

Aunque se buscaba a 22 personas, al menos 5 ya han sido localizadas en una fosa que se encuentra junto al río Búrdalo, en el antiguo trazado de la actual carretera EX-206 y en las inmediaciones de la ermita de San Bartolomé, conocida popularmente como ‘El Santo’, según ha informado este miércoles la Diputación de Cáceres.

La intervención combina la investigación documental, los testimonios de familiares y vecinos y la excavación arqueológica para localizar a doce vecinos de Miajadas que fueron sacados de la localidad el 27 de agosto de 1936 y a diez vecinos de Almoharín fusilados el 27 de noviembre de ese mismo año.

La codirectora del proyecto, Ana María Rabazo, ha explicado que inicialmente fueron detenidas catorce personas de Miajadas, aunque dos lograron escapar tras saltar del camión en el que eran trasladadas.

Asimismo, ha señalado que los testimonios recopilados durante la investigación han permitido revisar la hipótesis inicial, que situaba los cuerpos en el cementerio de Almoharín, y ubicar el lugar de los hechos en las inmediaciones de la ermita de San Bartolomé, donde finalmente se ha localizado la fosa.

Los trabajos están siendo desarrollados por la empresa Fotex y un equipo especializado dirigido por las codirectoras Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, que se encargará de documentar los hallazgos y avanzar en la identificación de las víctimas.

La excavación continuará hasta el próximo 21 de agosto y, durante este periodo, se celebrará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía los primeros resultados de la intervención.

Este proyecto está coordinado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres y forma parte de una subvención de 100.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para investigar y localizar fosas en los municipios de Villamesías y Almoharín.

Durante una visita a la excavación, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asegurado que la institución mantendrá su apoyo económico a estas actuaciones e incrementará la partida presupuestaria destinada a los trabajos de memoria democrática hasta el final de la legislatura.

“Queremos encontrar los restos de todas las personas e identificar a los asesinados por el franquismo”, ha afirmado Morales, quien ha defendido el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido y a recuperar los restos de sus allegados.

El próximo domingo 20 de septiembre, la comarca de la Campiña Sur acogerá la III Marcha ‘Columna de los 8000’, una jornada de senderismo reivindicativo y memoria democrática organizada para conmemorar el 90º aniversario de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil en la región. La caminata, con un recorrido circular de diez kilómetros con salida y llegada en el pabellón municipal de Fuente del Arco, busca rescatar del “manto de silencio” la huida desesperada de miles de civiles que en septiembre de 1936 intentaron escapar del avance de las tropas franquistas.

La iniciativa está impulsada por una amplia red de entidades como la Asociación 25 de Marzo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ‘José González Barrero’, la Asociación de Memoria Histórica Campiña Sur de Badajoz, la Asociación Cultural Morrimer, la Asociación José Lorenzana, 'La Corujá', ASTOLL, Antifascistas Zafra y el colectivo sevillano Somos La Huía, además de ciudadanos a título individual. Las organizaciones aspiran a superar la convocatoria de las dos ediciones previas, que congregaron a cerca de un millar de participantes cada una.

Un gran éxodo silenciado en el suroeste extremeño

Los hechos que rememora la marcha se remontan al 17 y 18 de septiembre de 1936. Tras la caída de los municipios del suroeste de Badajoz ante las columnas de ocupación franquistas, unos 8.000 extremeños —en su mayoría familias desarmadas, mujeres, niños y ancianos cargados con enseres básicos— iniciaron una huida a pie de más de cien kilómetros desde Valencia del Ventoso hacia Azuaga, uno de los últimos reductos bajo control republicano en la provincia.

Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de Reina y Fuente del Arco, la columna fue emboscada y atacada. Más de un centenar de personas fueron asesinadas sobre el terreno, mientras que cerca de 1.200 cayeron prisioneras para ser posteriormente fusiladas o represaliadas en sus municipios de origen tras ser obligadas a regresar.

Desde los colectivos convocantes subrayan que este suceso, pese a constituir junto a la matanza de Badajoz uno de los mayores episodios represivos del conflicto en Extremadura, ha permanecido relegado al olvido institucional. “Ha sido silenciado por los distintos poderes para imponer la impunidad sobre la historia popular extremeña”, señalan las organizaciones, recordando que la provincia pacense concentra más de 12.000 víctimas mortales por la represión franquista y que más de 13.700 extremeños continúan en fosas comunes y cunetas sin identificar.

Frente al “revisionismo” y la derogación de la ley regional

La convocatoria de este año adquiere un marcado cariz político y social tras la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada por el Gobierno autonómico del PP y Vox. Los colectivos denuncian el avance de discursos “negacionistas y reaccionarios” que buscan invisibilizar la violencia ejercida durante la dictadura.

“Caminaremos para rescatar la memoria de esas 8.000 personas y para servir de vacuna contra el machismo, el clasismo, el racismo y la LGTBIfobia”, sostienen las entidades organizadoras, reafirmando que la movilización del próximo 20 de septiembre busca exigir “Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición” frente a las políticas de la Junta.

Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa “muy cerca” la localización de la fosa buscada durante décadas, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios “muy relevantes” de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron “por la libertad y la democracia”.

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Fotex, constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase.

La plaza de América de Cáceres no es solo un punto de tránsito urbano; es un archivo de piedra donde la historia de España continúa reescribiéndose entre decretos, recursos judiciales y debates sobre la memoria democrática. La Cruz de los Caídos, el gran monolito que preside este espacio desde la Guerra Civil, ha vuelto a situarse en el centro de un intenso conflicto político, patrimonial y judicial que ha trascendido el ámbito municipal para llegar a la Audiencia Nacional.

La construcción de la Cruz de los Caídos de Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia impulsada por el franquismo para apropiarse simbólicamente del espacio público desde los primeros compases de la Guerra Civil. Mucho antes de que el régimen levantara grandes complejos monumentales como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 mediante el trabajo forzado de miles de presos políticos, las ciudades comenzaron a llenarse de cruces, placas y monumentos destinados a legitimar la victoria militar y consolidar el nuevo poder.

En ese contexto, la cruz cacereña posee una relevancia histórica singular. Diversos estudios la sitúan como el primer monumento de estas características levantado en España con la iconografía propia del nuevo régimen franquista.

El Ayuntamiento de Cáceres autorizó oficialmente su construcción el 9 de septiembre de 1937, apenas un año después del golpe de Estado. La rapidez con la que se tramitó el proyecto respondía a las directrices de la denominada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, organismo encargado de unificar la estética monumental del nuevo Estado mediante una arquitectura concebida como instrumento de propaganda política.

El borrado de la memoria republicana

Aquellas cruces no pretendían únicamente recordar a los fallecidos del bando sublevado. Su finalidad era mucho más amplia: convertir plazas, avenidas y edificios públicos en escenarios permanentes de legitimación del golpe militar y de la posterior dictadura, sacralizando la victoria franquista a través de símbolos visibles y duraderos.

La ubicación elegida tampoco fue casual. La cruz no se levantó en un espacio vacío, sino exactamente sobre el lugar que ocupaba la Fuente del Lápiz, conocida popularmente por los cacereños como La Palmatoria. Aquella fuente había sido construida en 1934, durante la Segunda República. Apenas tres años después fue demolida deliberadamente para levantar en su lugar el nuevo monumento franquista.

Desde el punto de vista urbanístico, la operación constituyó un ejemplo de sustitución simbólica del espacio público: un elemento civil, de uso cotidiano y asociado al periodo republicano desaparecía para dejar paso a un monumento de carácter político, religioso y triunfalista. La transformación del paisaje urbano pretendía hacer visible el cambio de régimen y borrar físicamente los símbolos del anterior orden democrático.

Exaltación del golpe de Estado

La cruz fue construida con mármol procedente de la Sierra de Alconera (Badajoz), con un coste de 28.041 pesetas, y respondía plenamente al lenguaje monumental del nacionalcatolicismo.

Su aspecto original estaba muy alejado del que presenta actualmente. Incorporaba águilas de San Juan, relieves del yugo y las flechas e inscripciones inequívocas de exaltación franquista. En uno de sus frentes podía leerse: '18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco' y, en el otro, 'A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre'.

La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de mayo de 1938 y constituyó uno de los mayores actos propagandísticos celebrados en Cáceres durante la guerra. La ciudad recibió la visita de Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Sección Femenina de Falange, que permaneció varios días en la capital.

Las crónicas de la época describen un enorme despliegue propagandístico: más de 15.000 falangistas desfilaron ante el monumento portando alrededor de 300 banderas oficiales y, durante la ceremonia, se soltaron más de un millar de palomas blancas para representar la supuesta paz alcanzada bajo el nuevo orden.

Sin embargo, aquella escenografía ocultaba una realidad muy distinta. Mientras el régimen convertía la cruz en símbolo de victoria, la provincia vivía una intensa represión política contra quienes habían defendido la legalidad republicana. Entre las víctimas figuró Amado Viera Amores, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, fusilado en 1936 junto a otras 48 personas y arrojado a un pozo minero. Para muchas familias represaliadas, la presencia cotidiana de la cruz en el centro de Cáceres simbolizaba precisamente el triunfo de quienes habían protagonizado el golpe militar y la posterior represión.

La Transición y la primera resignificación

Con la llegada de la democracia, el monumento volvió a convertirse en motivo de controversia. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el socialista Juan Iglesias Marcelo, planteó retirar la simbología más claramente vinculada al franquismo. La propuesta encontró la oposición de Alianza Popular y finalmente se alcanzó una solución intermedia. Se eliminaron las referencias explícitas al general Franco, al 18 de julio y al yugo y las flechas; la inscripción original fue sustituida por otra más neutra —'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria'— y se incorporó un escudo constitucional de España de bronce con el objetivo de adaptar el monumento al nuevo marco democrático.

Pese a esas modificaciones, las águilas talladas en la piedra permanecieron, un elemento que los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideran suficiente para mantener su consideración de símbolo franquista.

La polémica actual tampoco surgió de forma repentina. En 2004, durante el mandato del alcalde popular José María Saponi, el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida para remodelar íntegramente la plaza de América.

El acuerdo contemplaba expresamente la retirada de la cruz y su sustitución por un monumento dedicado a la paz. Sin embargo, aquella decisión nunca llegó a ejecutarse. Ni los posteriores gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista impulsaron el proyecto, que quedó archivado durante más de dos décadas pese a las reiteradas reclamaciones de colectivos memorialistas.

2026: Memoria democrática frente a patrimonio

La controversia resurgió con fuerza en abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática e instó formalmente al Ayuntamiento a retirarla.

Los informes técnicos sostienen que, aunque durante la Transición desaparecieron algunos de los elementos más explícitos de exaltación franquista, el monumento mantiene suficientes vestigios de aquella simbología como para seguir constituyendo un elemento de homenaje a la dictadura.

Frente a esa interpretación, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo junto a Vox. Su principal argumento es que el monumento ha sido resignificado con el paso del tiempo y que la mayoría de los cacereños ya no lo identifican como un símbolo franquista, sino como un elemento patrimonial, religioso o simplemente como un punto de referencia urbano. De hecho, se defienden expresiones como “quedamos en la Cruz” porque “siguen formando parte del lenguaje cotidiano de muchos vecinos para fijar un lugar de encuentro”, aunque en realidad no se sabe bien si es en la avenida de España, Antonio Hurtado, Gil Cordero o la avenida de Alemania.

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha iniciado la recopilación de informes para estudiar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que elevaría al máximo nivel su protección patrimonial y abriría un conflicto competencial con el Gobierno central.

La Audiencia Nacional toma las riendas

A finales de junio de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso presentado contra la orden estatal de retirada. La decisión paraliza, al menos de forma cautelar, cualquier actuación hasta que exista una sentencia firme.

Mientras el Gobierno central defiende que la retirada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática —que contempla sanciones económicas para las administraciones que incumplan sus obligaciones—, quienes defienden la permanencia del monumento consideran que la admisión del recurso supone una victoria frente a lo que califican de “cruzfobia”.

Casi noventa años después de que sustituyera a una fuente republicana en el corazón de Cáceres, la Cruz de los Caídos continúa dividiendo a instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Lo que fue un monumento levantado para glorificar un golpe de Estado y una dictadura, para algunos ha pasado a formar parte del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad. Será ahora la Justicia quien determine si esas cuatro grandes piedras siguen siendo memoria, patrimonio o ambas cosas al mismo tiempo.

Los trabajos para localizar y exhumar los restos de 15 víctimas de la represión franquista han comenzado en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra (Cáceres), en una intervención promovida por la Diputación Provincial que responde, principalmente, a la petición de la familia del poeta Manuel Gómez Sánchez, fusilado en agosto de 1936 junto a otras 14 personas.

La actuación, encomendada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, forma parte del convenio suscrito el pasado mes de mayo entre la Diputación de Cáceres, Aranzadi y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), que también contempla una intervención en el cementerio de la capital cacereña prevista para el próximo mes de septiembre.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, los testimonios orales recopilados en colaboración con la asociación cultural local Las Tejoneras sitúan la fosa en las proximidades del muro del cementerio municipal, donde esta semana han comenzado las labores de localización mediante una intervención arqueológica y antropológica.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera consistirá en la búsqueda de la fosa y la posible recuperación de los restos óseos, mientras que la segunda, prevista a partir de septiembre, incluirá el estudio antropológico forense y los análisis genéticos que permitan avanzar en la identificación de las víctimas.

La institución provincial ha destacado que se trata de la primera intervención de estas características que se lleva a cabo en Conquista de la Sierra, donde el equipo de Aranzadi confía en localizar la fosa y recuperar los restos de las 15 personas que, según la documentación y los testimonios recopilados, fueron fusiladas el 24 de agosto de 1936.

El proyecto se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, con el objetivo de favorecer su identificación y atender las demandas de sus familiares