Aquel aliento sofocante de agosto de 1938 no solo traía a Don Benito la calima propia del verano extremeño, sino también el hedor denso del miedo. Apenas dos semanas antes, la ciudad había dejado de respirar bajo el amparo republicano para desplomarse en la garra de las tropas sublevadas. En mitad de esa zozobra, una joven de apenas 17 años caminaba a paso apresurado con una fardela de tela entre las manos. Llevaba comida caliente para su madre, encarcelada tras las primeras batidas de la represión.

Al cruzar el umbral del presidio improvisado —ubicado en un antiguo caserón de la entonces calle La Cilla, hoy rebautizada como calle Madre Matilde y ligada históricamente a los edificios del Colegio Sagrado Corazón y las Azules—, la respuesta oficial no adoptó la forma de una notificación firmada ni de un trámite judicial. Fue un portazo verbal, seco y definitivo: “Dese la vuelta. A su madre la han fusilado esta misma mañana”. Sin despedidas. Sin cuerpo al que velar. Sin una sola explicación.

Isabel Rodríguez Sánchez-Collado había sido ejecutada al amanecer de aquel 8 de agosto de 1938. Su hija, Francisca Aparicio Rodríguez, tuvo que desandar el camino a casa con la comida intacta, el pecho destrozado y una inmensa responsabilidad sobre los hombros: con solo 17 años, tuvo que hacerse cargo inmediatamente de todos sus hermanos menores. Aquella frase atroz y aquel golpe brutal resonarían en el seno familiar durante casi noventa años.

En el Don Benito republicano, donde las estructuras sociales asignaban a las mujeres un papel abnegado y doméstico, Isabel rompió moldes con la contundencia de un relámpago. Mientras los registros burocráticos apenas conservaron de ella trazos esquemáticos que la encasillaban simplemente como 'ama de casa' o vecina del municipio, la memoria viva de la comarca de La Serena guarda un retrato inconfundible. La llamaban ‘La Roja’, pero sobre todo era conocida por ‘La Truena’. El apodo no era fruto del azar: hacía referencia a su carácter indomable y a una voz potente, capaz de proyectarse en arengas con apasionada firmeza por encima de las muchedumbres.

Isabel no se limitaba a simpatizar con la causa de los trabajadores; subía a los estrados, tomaba las tribunas públicas y pronunciaba mítines en una época en la que el simple hecho de que una mujer hablara de política en la plaza representaba un acto de audacia revolucionaria. Aunque la documentación no ha conservado aún las siglas concretas de su militancia, el recuerdo de sus intervenciones públicas permaneció grabado a fuego. Un objeto encontrado en su casa, que podría pertenecer a uno de sus hermanos, y ahora de su nieto, Francisco Lozano Rodríguez, deja todo mucho más claro. Se trata de un sello de las Juventudes Socialistas Unificadas del entorno del partido comunista. Lo que es más que evidente es que en aquel verano sangriento de 1938, tomar la palabra en público equivalía a firmar tu propia condena.

Para comprender el contexto de su detención hay que mirar al colapso militar de la comarca. Don Benito pertenecía a la denominada Bolsa de La Serena, uno de los últimos reductos leales a la República en suelo extremeño. Entre el 20 y el 24 de julio de 1938, una encarnizada ofensiva franquista logró cerrar el cerco sobre la zona, iniciando de inmediato una cruenta labor de depuración social y política en Don Benito y Villanueva de la Serena. Quienes ostentaron cargos, militaron en sindicatos o destacaron por su beligerancia verbal quedaron expuestos a las detenciones sumarísimas y a los paseos en la madrugada que acababan con la respiración y, por lo tanto, con la misma vida.

Isabel fue recluida en la cárcel habilitada en la calle La Cilla. Gracias a la investigación histórica del profesor Julio Carmona Cerrato sobre la figura de Juan Aparicio Quintana, publicada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, hoy se sabe que Isabel compartió celda durante varios días con Inocencia, la madre de Juan Aparicio. Ambas mujeres permanecieron juntas en aquel caserón hasta que a finales de julio Inocencia fue puesta en libertad. Su marido, Joaquín Aparicio, había intercedido durante el periodo republicano por una influyente familia comerciante de la ciudad, salvando a varios de sus miembros, lo que sirvió para librar a su esposa de la muerte. Isabel, en cambio, no contó con esa salvaguarda ni con intercesores del otro bando. Fue fusilada pocos días después.

El destino de Isabel quedó sepultado también bajo una maraña de opacidad administrativa. Mientras las investigaciones del historiador J. Gallardo Moreno sobre la represión en Badajoz situaron su fallecimiento el 8 de agosto de 1938, el certificado oficial de defunción no se estampó en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1948. Diez largos años separaron su ejecución de su reconocimiento legal, un patrón habitual del régimen franquista para sumir a las familias de los represaliados en un limbo burocrático y amortiguar las cifras de la represión.

Silencio y exilio

Tras la muerte de Isabel sobrevino el miedo y un prolongado silencio. Aquella joven de 17 años que regresó con la fardela de comida se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica matriarca. Durante décadas, Francisca guardó en el dolor y en la privacidad los detalles de lo sucedido para proteger a los suyos, transmitiendo la historia en susurros contados por los abuelos y los padres: los mítines, el apodo de ‘La Truena’, el encierro en La Cilla, la comida devuelta y el paredón.

La losa de la dictadura llevó a la familia a tomar una decisión tajante en la década de 1960: la hija de Isabel cogió a toda la familia y emigró a Francia. Allí rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, hijas y nietos, y no regresaron a España hasta 1978, cuando la democracia parecía al fin asentada. La matriarca trajo de vuelta a toda la estirpe para reencontrarse con sus raíces sin el peso del pánico que la había acompañado desde la adolescencia.

Hoy, la investigación familiar —tanto la de Francisco como la de otro de sus bisnietos, Alain Rodríguez Quirós,— y el rastreo documental han permitido despejar una duda que durante años se interpretó como un misterio genealógico. Había una segunda mujer registrada como fusilada el 8 de agosto de 1938, María Teresa Rodríguez Sánchez‑Collado, no era una hermana ni una posible gemela de Isabel. Era la misma persona. Primero fue inscrita como Teresa y, tras ser adoptada por otra familia en su infancia, recibió el nombre de Isabel. El cruce de padrones, actas de nacimiento y testimonios orales ha permitido reconstruir ese tránsito identitario y confirmar que bajo ambas denominaciones se escondía una sola biografía: la de la mujer que acabaría siendo conocida en la comarca como La Truena.

Durante mucho tiempo quedaron preguntas cruciales sobre la mesa: saber con precisión en qué fosa común descansaban sus restos, rescatar la documentación judicial o penitenciaria que detalle las acusaciones formales y reconstruir cada paso de aquella mujer que desafió a su tiempo. Casi noventa años después, al encajar los papeles oficiales con los recuerdos que sobrevivieron al exilio francés, la historia de Isabel Rodríguez Sánchez-Collado emerge definitiva. Su nombre vuelve a pronunciarse en voz alta en Extremadura devolviendo la dignidad a la mujer a la que pretendieron callar y cuyo eco vuelve a resonar en la memoria democrática de su pueblo. Que jamás se olvide su nombre.

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.

La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.

Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.

Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.

La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.

Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.

Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo de manera torticera”.

Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.

La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.

Quitar para poner

Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.

También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.

Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.

Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.

Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.

Acuerdo de gobierno PP-Vox

Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.

Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.

La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento profundamente agraviado”.

La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.

La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz) ha permitido recuperar hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista. La actuación, iniciada a lo largo del mes de agosto, cuenta con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento de la localidad, además de la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.

Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona junto a un equipo multidisciplinar de antropología forense e investigación histórica, retoman la intervención iniciada en el verano de 2025. En aquella primera fase se logró exhumar una fosa con tres individuos masculinos que presentaban signos de muerte violenta, mientras que dos depósitos más quedaron parcialmente delimitados a la espera de ampliar el área de excavación.

En las últimas semanas, los especialistas han completado la exhumación de esas dos fosas pendientes, de las que se han extraído los restos de nueve personas. El equipo técnico ha documentado un alto grado de alteración en ambos depósitos debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados que desplazaron parte de las estructuras óseas, lo que ha exigido una labor minuciosa para reconstruir la posición original de las víctimas.

De forma paralela, la apertura de un nuevo sondeo ha permitido hallar un enterramiento individual que albergaba el cuerpo de una décima persona con evidencias directas de ejecución. Los restos carecían de ataúd y conservaban un proyectil alojado en el interior de la cavidad craneal.

Las labores de campo continuarán desarrollándose hasta la primera semana de septiembre mientras avanzan los estudios antropológicos y documentales. Por este motivo, el equipo ha hecho un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o represaliadas en Bodonal de la Sierra para que aporten testimonios, documentación e información genética que ayude a la identificación de las víctimas, pudiendo acudir directamente al cementerio o ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Las organizaciones de memoria histórica de Extremadura han decidido dar la batalla administrativa contra el expediente iniciado por la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, instalada en la Plaza de América. Los colectivos han anunciado la presentación de alegaciones y su personación formal en la tramitación para exigir acceso a los informes técnicos autonómicos y frenar el blindaje del monumento.

En un comunicado conjunto, las entidades califican la declaración BIC como una “maniobra política” fruto de los acuerdos entre PP y Vox para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Sostienen que el objetivo de la Junta es bloquear la resolución firme dictada el pasado 17 de abril de 2026 por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ordenó la eliminación de la cruz y su inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Los colectivos subrayan que la retirada del monolito acumula un largo recorrido institucional. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad en diciembre de 2004 su traslado al cementerio municipal, una medida refrendada años después por el Informe sobre símbolos franquistas encargado por el propio Consistorio en 2017 y por el Catálogo de vestigios de la Diputación Provincial desde 2018.

Las asociaciones remarcan que la cruz fue concebida en 1937 y erigida en plena Guerra Civil para la “glorificación de la dictadura”. Por ello, consideran que su permanencia en la vía pública constituye un elemento de “humillación” para las familias de las más de 677 personas ejecutadas por la represión franquista en Cáceres entre 1936 y 1943, de las cuales muchas continúan desaparecidas.

Por otro lado, cuestionan que el monumento atesore valores artísticos excepcionales que sustenten la figura BIC, aludiendo a informes técnicos que definen la obra como de trazado “simple y repetitivo” y recordando que la retirada de sus placas en 1984 no alteró su carácter de exaltación totalitaria.

La iniciativa está promovida de forma conjunta por AMECECA, ARMHEx, el Grupo de Memoria Histórica de Garciaz, AMHD Tierra de Barros, AFAMEVVA y la Asociación Matilde Landa. Entre sus exigencias figuran la anulación inmediata del expediente de protección, la máxima transparencia con la publicación de los informes autonómicos y la entrega de las firmas recogidas durante la campaña social ante la Junta y el Ayuntamiento cacereño.

La Junta de Extremadura ha iniciado formalmente el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la Cruz situada en el centro de la plaza de América de Cáceres. La resolución, firmada el 12 de agosto por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, se publica este martes en el Diario Oficial de Extremadura y abre un periodo de información pública de un mes.

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como BIC, sino el comienzo del procedimiento administrativo para dotar al monumento de esa protección. La decisión llega, además, en plena disputa institucional sobre su futuro: el Gobierno central ha ordenado su retirada del espacio público al considerarlo un símbolo contrario a la memoria democrática, mientras el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura defienden su permanencia.

El expediente autonómico pone sobre la mesa una doble lectura del monumento. Por un lado, documenta de forma expresa su nacimiento ligado al bando sublevado durante la Guerra Civil y su utilización como espacio de exaltación durante la dictadura. Por otro, sostiene que las modificaciones realizadas en democracia, especialmente la retirada de las referencias franquistas en 1984, han cambiado la manera en la que la cruz es percibida actualmente y permiten valorar sus características arquitectónicas y urbanísticas.

Una cruz levantada durante la Guerra Civil

La documentación histórica incorporada al expediente sitúa el origen de la cruz en 1937. Ese año, el Ayuntamiento acordó sustituir la fuente conocida como La Palmatoria, situada en la actual plaza de América, por una cruz “en homenaje a los caídos de Cáceres”.

El proyecto contemplaba inicialmente inscripciones explícitamente vinculadas al bando franquista, con referencias a quienes “dieron su vida por España, Una, Grande y Libre” y al '18 de julio de 1936, Franco y Arriba España'. La construcción fue sufragada por el Ayuntamiento y tuvo un coste de 28.041,35 pesetas. La obra fue diseñada por el arquitecto municipal Ángel Pérez y construida en 1938.

Los informes técnicos destacan además que la cruz de Cáceres se encuentra entre las primeras de este tipo construidas en España durante la Guerra Civil. Su arquitectura se caracteriza, según el expediente, por la austeridad, la monumentalidad, el clasicismo y una marcada verticalidad.

La Junta considera que estos valores formales, unidos a su ubicación y a su relación con el espacio urbano, justifican su consideración como patrimonio cultural.

El propio expediente reconoce la función política del espacio

Uno de los aspectos más significativos de la documentación es que la Junta no oculta la función política que tuvo el monumento en sus primeros años.

El informe señala que la cruz estaba integrada en un espacio urbano concebido específicamente para reforzar su carácter monumental y acoger las ceremonias de la dictadura. Según el documento, las plazas del entorno respondían a “un plan arquitectónico y urbanístico preconcebido para ensalzar al régimen”.

La documentación recoge también que desde los primeros años del franquismo se estableció un calendario de celebraciones en torno a la cruz para honrar a los llamados Caídos y que las dimensiones de las plazas del entorno permitían acoger esos actos.

El propio informe establece una relación directa entre el monumento y su contexto urbano al señalar que la cruz “no se entendería” de la misma manera fuera de ese entorno o perdería parte de sus rasgos definitorios.

La Junta apela a la resignificación de 1984

El argumento central para explicar el significado actual de la cruz se sitúa en 1984. Ese año, durante el mandato del alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, el Ayuntamiento acordó sustituir la placa que conservaba la inscripción original. En su lugar se colocó otra con el texto: 'La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria'.

Para los autores del informe, aquella actuación supuso un proceso de “resignificación” que permitió “desvincular su lectura pública de los elementos explícitos de exaltación franquista”. La Junta considera que este cambio debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el monumento en la actualidad.

La resolución, por tanto, no sostiene que la cruz carezca de origen franquista. De hecho, el expediente dedica una parte importante de su contenido a documentarlo. La tesis autonómica es otra: que la eliminación de las referencias explícitas al régimen modificó su significado público y que, con el paso del tiempo, el monumento se ha incorporado al paisaje urbano de Cáceres como un elemento patrimonial.

Un 'hito urbano' que la Junta quiere proteger

La declaración propuesta no se limita a la cruz. El expediente delimita también un entorno de protección alrededor del monumento.

La Junta lo justifica por su “acusada presencia visual” y por su condición de “hito urbano” de Cáceres, atendiendo a su emplazamiento, escala, visibilidad y relación con la plaza de América.

La protección pretende conservar precisamente esa relación entre la cruz y el espacio que la rodea. Por ello, las actuaciones que puedan afectar al monumento o a su entorno deberán someterse a la normativa de patrimonio y requerirán autorización previa de la administración cultural competente.

Enfrentada a la decisión del Gobierno central

La incoación del expediente autonómico se produce cuatro meses después de que el Gobierno central ordenara la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y dispuso su retirada del espacio público. El Ayuntamiento de Cáceres recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia también por la vía judicial.

El Gobierno municipal, del PP, sostiene que la cruz forma parte de la ciudad y que las referencias franquistas fueron eliminadas en 1984. El alcalde, Rafael Mateos, ha defendido públicamente que el monumento no supone actualmente una exaltación de ningún régimen y ha anunciado que el Ayuntamiento agotará las vías legales para evitar su retirada.

La protección como BIC forma además parte del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura. La Junta ya había anunciado en julio que estaba recabando informes técnicos de historiadores para fundamentar la declaración patrimonial.

Ahora, el procedimiento entra en su fase formal. Durante un mes, cualquier persona o entidad interesada podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que considere oportunas.

La cruz queda así en el centro de dos concepciones enfrentadas sobre su permanencia en el espacio público: la del Estado, que atiende a su origen y utilización como símbolo de exaltación franquista, y la de la Junta, que reconoce ese pasado pero considera que la resignificación posterior y sus valores arquitectónicos y urbanos permiten otorgarle protección patrimonial.

Los documentos militares lo sitúan en el mismo grupo que los principales responsables institucionales del Frente Popular en Cáceres. Sin embargo, su destino fue distinto: no murió fusilado, pero pasó años en prisión tras una condena de treinta años que más tarde sería revisada. Su caso permite entender cómo funcionó la maquinaria represiva franquista más allá del paredón: largas condenas, procesos sumarísimos, acusaciones genéricas y una justicia militar diseñada para castigar la militancia política y borrar cualquier rastro de la legitimidad republicana.

El Consejo de Guerra que lo juzgó construyó su relato sobre la criminalización de la actividad política. Según la sentencia, Zorita y el resto de procesados eran “elementos destacados del Frente Popular”, una etiqueta que en 1937 equivalía prácticamente a una condena automática. El tribunal consideró probado que, tras conocerse el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, varios dirigentes republicanos acudieron al Gobierno Civil para informarse de la situación y debatir posibles respuestas. Entre ellos estaban el alcalde Canales, el presidente de la Diputación, varios dirigentes socialistas y republicanos… y Virgilio Zorita.

La radio

Zorita acudió al edificio del Gobierno Civil con una radio para escuchar las emisiones de las emisoras republicanas. Ese gesto —informarse de lo que estaba ocurriendo— fue interpretado por el tribunal como una prueba de “identificación con los que combatían al Generalísimo Franco”. No se acreditó participación armada, ni organización de resistencia, ni acciones violentas. Bastó con su presencia en el Gobierno Civil y su militancia política para que se le imputara un delito de adhesión a la rebelión, una figura jurídica que el régimen utilizó para invertir la realidad: los defensores de la legalidad republicana fueron acusados de rebelarse contra quienes se habían levantado en armas.

La sentencia fue especialmente dura con las dos figuras más visibles del Frente Popular cacereño. Antonio Blas Canales y Ramón González Cid fueron condenados a muerte por su “notoria perversidad” y su relevancia política. El resto —entre ellos Zorita— recibió penas de treinta años de reclusión mayor. Pero incluso esa diferencia fue cuestionada dentro del propio tribunal. El capitán de la Guardia Civil, Luis Salas Ríos, emitió un voto particular en el que pedía la pena de muerte para todos los procesados, alegando que su condición de dirigentes y su “cultura” los hacía más peligrosos. El voto no prosperó, pero revela el clima de revancha política que impregnaba estos juicios.

Las penas de muerte fueron aprobadas por la Auditoría de Guerra y ejecutadas tras recibir la autorización del general jefe de la región. La documentación militar recoge la orden con una frialdad burocrática que hiela: “Dispóngase la ejecución”. Mientras los dos principales acusados eran fusilados, Zorita comenzó a cumplir su condena en diciembre de 1936. Pasó años en prisión, sometido al régimen penitenciario franquista, que combinaba trabajos forzados, disciplina militar y reeducación ideológica.

Revisión del caso

En 1940, la Junta Central de Examen de Penas revisó su caso. La comisión provincial de Cáceres propuso una reducción, y la autoridad judicial la respaldó. Finalmente, la pena quedó fijada en diez años de prisión mayor, aplicando los criterios de la Orden Circular de 25 de enero de 1940, que permitía conmutaciones en función de antecedentes, conducta y “peligrosidad social”. En 1946, diez años después del inicio de su condena, se emitió el testimonio final para comunicarle oficialmente la conmutación. Su vida, como la de tantos represaliados, quedó marcada para siempre por la cárcel, la inhabilitación civil y la estigmatización política.

La Causa 64/36 no es solo un expediente judicial: es un ejemplo de cómo funcionó la represión franquista en Cáceres y en toda España. En ella se observa la criminalización de la militancia republicana, la aplicación retroactiva del delito de rebelión, la rapidez y arbitrariedad de los consejos de guerra, la combinación de ejecuciones y largas condenas y la existencia de votos particulares aún más duros que muestran la voluntad de exterminio político. La figura de Virgilio Zorita, eclipsada por las ejecuciones de Canales y González Cid, permite completar el cuadro: no todos los represaliados murieron, pero todos fueron castigados por igual por su compromiso con la República.

Hoy, casi nueve décadas después, la historia de Zorita sigue siendo poco conocida fuera de los círculos familiares y de investigación histórica. Su caso ilustra la necesidad de seguir documentando y difundiendo la represión franquista en Extremadura, donde miles de personas fueron ejecutadas, encarceladas o depuradas. La Causa 64/36 es un recordatorio de que la represión no se limitó a los fusilamientos: también destruyó carreras, familias y vidas enteras. Y de que, para comprender plenamente lo ocurrido en Cáceres en 1936 y 1937, es necesario recuperar la memoria de quienes, como Virgilio Zorita, sobrevivieron a la cárcel pero quedaron marcados para siempre. Así lo cuenta uno de sus nietos, José Ramón Zorita, quién además asegura que hay que mirar para atrás de vez en cuando para comprobar que por suerte “ahora estamos mucho mejor”.

El 1 de julio de 1977, en una España que daba sus primeros pasos fuera de la dictadura, una mujer de 74 años llamada Agripina Moreno Fernández tomó pluma y papel para saldar una deuda de honor adquirida en el infierno. La carta no iba dirigida a ninguna institución oficial, sino a Dolores Ibárruri, Pasionaria, quien acababa de retornar del exilio.

Con pulso firme, la anciana extremeña liberaba un secreto celosamente guardado en su pecho desde las sombras de la posguerra: el testimonio directo de las últimas horas de Las Trece Rosas y la promesa empeñada a unas jóvenes que caminaban hacia el paredón.

Una extremeña de Almaraz en el penal de Ventas

Gracias a la investigadora, Desiré Rodríguez Martínez, sabemos que nació en la localidad cacereña de Almaraz, y que Agripina Moreno terminó hacinada en la Prisión de Mujeres de Ventas (Madrid) durante la primavera de 1939. Aquel edificio, concebido durante la Segunda República por Victoria Kent bajo principios de rehabilitación y dignidad, había sido transformado por la represión franquista en un recinto saturado donde miles de prisioneras políticas malvivían en condiciones extremas de insalubridad y terror.

Allí, en las galerías saturadas del penal, Agripina entabló un vínculo directo con las jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y del PCE detenidas tras la caída de Madrid. Entre ellas se encontraba Pilar Bueno Ibáñez, una de las dirigentes del grupo, quien relató en el patio de la cárcel a la prisionera extremeña las brutales torturas e interrogatorios sufridos a manos de la policía política antes de ser ingresadas en presidio.

La trágica madrugada del 5 de agosto

La noche del 4 al 5 de agosto de 1939, la tensión en la cárcel de Ventas se volvió insostenible tras conocerse la sentencia a muerte dictada en un consejo de guerra sumarísimo contra las jóvenes. En la capilla del penal, el capellán pretendía administrar los auxilios espirituales a unas condenadas que reivindicaban su inocencia y su convicción ideológica. “El cura decía que no era momento de pensar en el mundo sino en Dios, y a nosotras, que éramos tan jóvenes, nos parecía increíble”, rememoraría Agripina sobre la atmósfera angustiosa de aquella noche.

En la madrugada del 5 de agosto, la dirección de la cárcel concedió un permiso excepcional a Agripina Moreno y a su compañera de cautiverio Aurora Rodríguez para despedirse formalmente del grupo antes de su traslado. En ese instante de abrazos y lágrimas contenidas se selló el pacto de memoria. Las represaliadas, que se vestían con sus mejores prendas para marchar hacia las tapias del Cementerio del Este, encomendaron a Agripina la misión de hacer llegar a sus familias y a la dirección política sus cartas de despedida y la consigna de que su dignidad no fuera olvidada.

Posteriormente, una religiosa teresiana del presidio le relataría a Agripina cómo las jóvenes se negaron a que les vendaran los ojos ante el pelotón, afrontando la muerte a cara descubierta y profiriendo gritos de libertad.

La Rosa 'número catorce' y el silencio cómplice

El testimonio custodiado por Agripina Moreno fue clave para respaldar un detalle histórico omitido durante décadas: la existencia de la Rosa número catorce.

Antonia Torre Yela (Anita), una joven obrera de 19 años que trabajaba en una fábrica de sobres y residía en el barrio madrileño de Tetuán, había sido detenida junto a Luisa Rodríguez de la Fuente y procesada en la misma causa que el resto de las víctimas. Sin embargo, aquella madrugada no fue conducida al paredón debido a una equivocación burocrática: en la orden de ejecución firmada por las autoridades militares su nombre figuraba erróneamente transcrito como 'Antonio Torre Yela'.

Las reclusas de Ventas, incluida Agripina, supieron del fallo. En un acto de solidaridad colectiva, ninguna de las prisioneras delató la equivocación a los funcionarios. Anita logró prolongar su vida seis meses en el penal hasta que la burocracia rectificó el expediente. El 19 de febrero de 1940 fue fusilada en el mismo Cementerio del Este. Por este motivo, Agripina siempre rechazó la cifra oficial y sostuvo de manera firme que el encargo recibido procedía de 'catorce muchachas'.

Misión cumplida

Durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, hablar abiertamente de los fusilamientos del Cementerio del Este conllevaba penas de prisión o represalias severas. Agripina Moreno conservó en la memoria clandestina los nombres de las víctimas, los detalles de sus últimas horas y las primeras poesías compuestas en las celdas en su honor.

El 1 de julio de 1977, cumplidos los 74 años, Agripina envió la carta que cerraba su promesa. En sus párrafos se leía: “Hace muchos años llevo guardando en el corazón un mensaje para ti. Un mensaje muy triste. Creí muchas veces que no llegaría a cumplir esta misión que me encomendaron catorce muchachas. Se trata de las ”trece rosas“ y de otra camarada. Querida camarada Dolores, después de realizar este trabajo me siento muy tranquila. Puedo decir a nuestro Partido Comunista y Juventudes: Misión cumplida”.

En la misiva se adjuntaba la nómina completa de las represaliadas —Joaquina López, Virtudes González, Carmen Barrero, Dionisia Manzanares, Pilar Bueno, Julia Conesa, Blanca Brisac, Victoria Muñoz, Adela Duque, Martina Barroso, Luisa Rodríguez, Ana López, Elena Gil y Antonia Torre Yela— garantizando que ningún nombre quedara relegado.

Dolores Ibárruri incluyó íntegramente la carta de Agripina en sus Memorias (1939-1977) publicadas en 1984, transformando la memoria oral de la anciana extremeña en una prueba documental básica para la historiografía sobre la represión en Madrid.

Hoy, el legado de Agripina Moreno Fernández permanece como un referente de la memoria democrática en Extremadura. Su firmeza demostró que ni el miedo ni el paso del tiempo pudieron impedir que el último mensaje de aquellas jóvenes llegara a su destino.

Aunque se buscaba a 22 personas, al menos 5 ya han sido localizadas en una fosa que se encuentra junto al río Búrdalo, en el antiguo trazado de la actual carretera EX-206 y en las inmediaciones de la ermita de San Bartolomé, conocida popularmente como ‘El Santo’, según ha informado este miércoles la Diputación de Cáceres.

La intervención combina la investigación documental, los testimonios de familiares y vecinos y la excavación arqueológica para localizar a doce vecinos de Miajadas que fueron sacados de la localidad el 27 de agosto de 1936 y a diez vecinos de Almoharín fusilados el 27 de noviembre de ese mismo año.

La codirectora del proyecto, Ana María Rabazo, ha explicado que inicialmente fueron detenidas catorce personas de Miajadas, aunque dos lograron escapar tras saltar del camión en el que eran trasladadas.

Asimismo, ha señalado que los testimonios recopilados durante la investigación han permitido revisar la hipótesis inicial, que situaba los cuerpos en el cementerio de Almoharín, y ubicar el lugar de los hechos en las inmediaciones de la ermita de San Bartolomé, donde finalmente se ha localizado la fosa.

Los trabajos están siendo desarrollados por la empresa Fotex y un equipo especializado dirigido por las codirectoras Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, que se encargará de documentar los hallazgos y avanzar en la identificación de las víctimas.

La excavación continuará hasta el próximo 21 de agosto y, durante este periodo, se celebrará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía los primeros resultados de la intervención.

Este proyecto está coordinado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres y forma parte de una subvención de 100.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para investigar y localizar fosas en los municipios de Villamesías y Almoharín.

Durante una visita a la excavación, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asegurado que la institución mantendrá su apoyo económico a estas actuaciones e incrementará la partida presupuestaria destinada a los trabajos de memoria democrática hasta el final de la legislatura.

“Queremos encontrar los restos de todas las personas e identificar a los asesinados por el franquismo”, ha afirmado Morales, quien ha defendido el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido y a recuperar los restos de sus allegados.

El próximo domingo 20 de septiembre, la comarca de la Campiña Sur acogerá la III Marcha ‘Columna de los 8000’, una jornada de senderismo reivindicativo y memoria democrática organizada para conmemorar el 90º aniversario de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil en la región. La caminata, con un recorrido circular de diez kilómetros con salida y llegada en el pabellón municipal de Fuente del Arco, busca rescatar del “manto de silencio” la huida desesperada de miles de civiles que en septiembre de 1936 intentaron escapar del avance de las tropas franquistas.

La iniciativa está impulsada por una amplia red de entidades como la Asociación 25 de Marzo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ‘José González Barrero’, la Asociación de Memoria Histórica Campiña Sur de Badajoz, la Asociación Cultural Morrimer, la Asociación José Lorenzana, 'La Corujá', ASTOLL, Antifascistas Zafra y el colectivo sevillano Somos La Huía, además de ciudadanos a título individual. Las organizaciones aspiran a superar la convocatoria de las dos ediciones previas, que congregaron a cerca de un millar de participantes cada una.

Un gran éxodo silenciado en el suroeste extremeño

Los hechos que rememora la marcha se remontan al 17 y 18 de septiembre de 1936. Tras la caída de los municipios del suroeste de Badajoz ante las columnas de ocupación franquistas, unos 8.000 extremeños —en su mayoría familias desarmadas, mujeres, niños y ancianos cargados con enseres básicos— iniciaron una huida a pie de más de cien kilómetros desde Valencia del Ventoso hacia Azuaga, uno de los últimos reductos bajo control republicano en la provincia.

Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de Reina y Fuente del Arco, la columna fue emboscada y atacada. Más de un centenar de personas fueron asesinadas sobre el terreno, mientras que cerca de 1.200 cayeron prisioneras para ser posteriormente fusiladas o represaliadas en sus municipios de origen tras ser obligadas a regresar.

Desde los colectivos convocantes subrayan que este suceso, pese a constituir junto a la matanza de Badajoz uno de los mayores episodios represivos del conflicto en Extremadura, ha permanecido relegado al olvido institucional. “Ha sido silenciado por los distintos poderes para imponer la impunidad sobre la historia popular extremeña”, señalan las organizaciones, recordando que la provincia pacense concentra más de 12.000 víctimas mortales por la represión franquista y que más de 13.700 extremeños continúan en fosas comunes y cunetas sin identificar.

Frente al “revisionismo” y la derogación de la ley regional

La convocatoria de este año adquiere un marcado cariz político y social tras la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada por el Gobierno autonómico del PP y Vox. Los colectivos denuncian el avance de discursos “negacionistas y reaccionarios” que buscan invisibilizar la violencia ejercida durante la dictadura.

“Caminaremos para rescatar la memoria de esas 8.000 personas y para servir de vacuna contra el machismo, el clasismo, el racismo y la LGTBIfobia”, sostienen las entidades organizadoras, reafirmando que la movilización del próximo 20 de septiembre busca exigir “Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición” frente a las políticas de la Junta.

Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa “muy cerca” la localización de la fosa buscada durante décadas, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios “muy relevantes” de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron “por la libertad y la democracia”.

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Fotex, constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase.

La plaza de América de Cáceres no es solo un punto de tránsito urbano; es un archivo de piedra donde la historia de España continúa reescribiéndose entre decretos, recursos judiciales y debates sobre la memoria democrática. La Cruz de los Caídos, el gran monolito que preside este espacio desde la Guerra Civil, ha vuelto a situarse en el centro de un intenso conflicto político, patrimonial y judicial que ha trascendido el ámbito municipal para llegar a la Audiencia Nacional.

La construcción de la Cruz de los Caídos de Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia impulsada por el franquismo para apropiarse simbólicamente del espacio público desde los primeros compases de la Guerra Civil. Mucho antes de que el régimen levantara grandes complejos monumentales como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 mediante el trabajo forzado de miles de presos políticos, las ciudades comenzaron a llenarse de cruces, placas y monumentos destinados a legitimar la victoria militar y consolidar el nuevo poder.

En ese contexto, la cruz cacereña posee una relevancia histórica singular. Diversos estudios la sitúan como el primer monumento de estas características levantado en España con la iconografía propia del nuevo régimen franquista.

El Ayuntamiento de Cáceres autorizó oficialmente su construcción el 9 de septiembre de 1937, apenas un año después del golpe de Estado. La rapidez con la que se tramitó el proyecto respondía a las directrices de la denominada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, organismo encargado de unificar la estética monumental del nuevo Estado mediante una arquitectura concebida como instrumento de propaganda política.

El borrado de la memoria republicana

Aquellas cruces no pretendían únicamente recordar a los fallecidos del bando sublevado. Su finalidad era mucho más amplia: convertir plazas, avenidas y edificios públicos en escenarios permanentes de legitimación del golpe militar y de la posterior dictadura, sacralizando la victoria franquista a través de símbolos visibles y duraderos.

La ubicación elegida tampoco fue casual. La cruz no se levantó en un espacio vacío, sino exactamente sobre el lugar que ocupaba la Fuente del Lápiz, conocida popularmente por los cacereños como La Palmatoria. Aquella fuente había sido construida en 1934, durante la Segunda República. Apenas tres años después fue demolida deliberadamente para levantar en su lugar el nuevo monumento franquista.

Desde el punto de vista urbanístico, la operación constituyó un ejemplo de sustitución simbólica del espacio público: un elemento civil, de uso cotidiano y asociado al periodo republicano desaparecía para dejar paso a un monumento de carácter político, religioso y triunfalista. La transformación del paisaje urbano pretendía hacer visible el cambio de régimen y borrar físicamente los símbolos del anterior orden democrático.

Exaltación del golpe de Estado

La cruz fue construida con mármol procedente de la Sierra de Alconera (Badajoz), con un coste de 28.041 pesetas, y respondía plenamente al lenguaje monumental del nacionalcatolicismo.

Su aspecto original estaba muy alejado del que presenta actualmente. Incorporaba águilas de San Juan, relieves del yugo y las flechas e inscripciones inequívocas de exaltación franquista. En uno de sus frentes podía leerse: '18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco' y, en el otro, 'A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre'.

La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de mayo de 1938 y constituyó uno de los mayores actos propagandísticos celebrados en Cáceres durante la guerra. La ciudad recibió la visita de Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Sección Femenina de Falange, que permaneció varios días en la capital.

Las crónicas de la época describen un enorme despliegue propagandístico: más de 15.000 falangistas desfilaron ante el monumento portando alrededor de 300 banderas oficiales y, durante la ceremonia, se soltaron más de un millar de palomas blancas para representar la supuesta paz alcanzada bajo el nuevo orden.

Sin embargo, aquella escenografía ocultaba una realidad muy distinta. Mientras el régimen convertía la cruz en símbolo de victoria, la provincia vivía una intensa represión política contra quienes habían defendido la legalidad republicana. Entre las víctimas figuró Amado Viera Amores, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, fusilado en 1936 junto a otras 48 personas y arrojado a un pozo minero. Para muchas familias represaliadas, la presencia cotidiana de la cruz en el centro de Cáceres simbolizaba precisamente el triunfo de quienes habían protagonizado el golpe militar y la posterior represión.

La Transición y la primera resignificación

Con la llegada de la democracia, el monumento volvió a convertirse en motivo de controversia. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el socialista Juan Iglesias Marcelo, planteó retirar la simbología más claramente vinculada al franquismo. La propuesta encontró la oposición de Alianza Popular y finalmente se alcanzó una solución intermedia. Se eliminaron las referencias explícitas al general Franco, al 18 de julio y al yugo y las flechas; la inscripción original fue sustituida por otra más neutra —'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria'— y se incorporó un escudo constitucional de España de bronce con el objetivo de adaptar el monumento al nuevo marco democrático.

Pese a esas modificaciones, las águilas talladas en la piedra permanecieron, un elemento que los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideran suficiente para mantener su consideración de símbolo franquista.

La polémica actual tampoco surgió de forma repentina. En 2004, durante el mandato del alcalde popular José María Saponi, el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida para remodelar íntegramente la plaza de América.

El acuerdo contemplaba expresamente la retirada de la cruz y su sustitución por un monumento dedicado a la paz. Sin embargo, aquella decisión nunca llegó a ejecutarse. Ni los posteriores gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista impulsaron el proyecto, que quedó archivado durante más de dos décadas pese a las reiteradas reclamaciones de colectivos memorialistas.

2026: Memoria democrática frente a patrimonio

La controversia resurgió con fuerza en abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática e instó formalmente al Ayuntamiento a retirarla.

Los informes técnicos sostienen que, aunque durante la Transición desaparecieron algunos de los elementos más explícitos de exaltación franquista, el monumento mantiene suficientes vestigios de aquella simbología como para seguir constituyendo un elemento de homenaje a la dictadura.

Frente a esa interpretación, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo junto a Vox. Su principal argumento es que el monumento ha sido resignificado con el paso del tiempo y que la mayoría de los cacereños ya no lo identifican como un símbolo franquista, sino como un elemento patrimonial, religioso o simplemente como un punto de referencia urbano. De hecho, se defienden expresiones como “quedamos en la Cruz” porque “siguen formando parte del lenguaje cotidiano de muchos vecinos para fijar un lugar de encuentro”, aunque en realidad no se sabe bien si es en la avenida de España, Antonio Hurtado, Gil Cordero o la avenida de Alemania.

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha iniciado la recopilación de informes para estudiar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que elevaría al máximo nivel su protección patrimonial y abriría un conflicto competencial con el Gobierno central.

La Audiencia Nacional toma las riendas

A finales de junio de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso presentado contra la orden estatal de retirada. La decisión paraliza, al menos de forma cautelar, cualquier actuación hasta que exista una sentencia firme.

Mientras el Gobierno central defiende que la retirada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática —que contempla sanciones económicas para las administraciones que incumplan sus obligaciones—, quienes defienden la permanencia del monumento consideran que la admisión del recurso supone una victoria frente a lo que califican de “cruzfobia”.

Casi noventa años después de que sustituyera a una fuente republicana en el corazón de Cáceres, la Cruz de los Caídos continúa dividiendo a instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Lo que fue un monumento levantado para glorificar un golpe de Estado y una dictadura, para algunos ha pasado a formar parte del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad. Será ahora la Justicia quien determine si esas cuatro grandes piedras siguen siendo memoria, patrimonio o ambas cosas al mismo tiempo.

Los trabajos para localizar y exhumar los restos de 15 víctimas de la represión franquista han comenzado en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra (Cáceres), en una intervención promovida por la Diputación Provincial que responde, principalmente, a la petición de la familia del poeta Manuel Gómez Sánchez, fusilado en agosto de 1936 junto a otras 14 personas.

La actuación, encomendada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, forma parte del convenio suscrito el pasado mes de mayo entre la Diputación de Cáceres, Aranzadi y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), que también contempla una intervención en el cementerio de la capital cacereña prevista para el próximo mes de septiembre.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, los testimonios orales recopilados en colaboración con la asociación cultural local Las Tejoneras sitúan la fosa en las proximidades del muro del cementerio municipal, donde esta semana han comenzado las labores de localización mediante una intervención arqueológica y antropológica.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera consistirá en la búsqueda de la fosa y la posible recuperación de los restos óseos, mientras que la segunda, prevista a partir de septiembre, incluirá el estudio antropológico forense y los análisis genéticos que permitan avanzar en la identificación de las víctimas.

La institución provincial ha destacado que se trata de la primera intervención de estas características que se lleva a cabo en Conquista de la Sierra, donde el equipo de Aranzadi confía en localizar la fosa y recuperar los restos de las 15 personas que, según la documentación y los testimonios recopilados, fueron fusiladas el 24 de agosto de 1936.

El proyecto se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, con el objetivo de favorecer su identificación y atender las demandas de sus familiares

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución del Gobierno central que acordó incluir la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha informado este miércoles de que el recurso fue presentado el pasado 17 de junio y admitido a trámite dos días después por la Audiencia Nacional, una vez agotada la vía administrativa tras la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución estatal, que daba tres meses para retirar el monumento.

Gutiérrez ha recalcado que su partido mantiene una estrategia de actuación “constante” en defensa de la permanencia del monumento desde 2020, con iniciativas parlamentarias, recursos administrativos y acciones judiciales encaminadas a evitar su retirada.

Según ha recordado, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

El dirigente de Vox ha explicado que el recurso sostiene, entre otros argumentos, que la resolución vulnera la protección del patrimonio histórico, afecta a la autonomía municipal y no tiene en cuenta el valor cultural, urbano e histórico que, a juicio de la formación, posee la Cruz de los Caídos para la ciudad.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento emitió el pasado febrero un informe desfavorable a la inclusión del monumento en el citado catálogo, posición que Vox considera un “respaldo” a la permanencia del elemento en su ubicación actual.

Además de la vía judicial, Gutiérrez ha indicado que Vox ha impulsado distintas iniciativas institucionales, entre ellas una proposición no de ley registrada en el Congreso en 2020 y otra presentada este año, así como una propuesta de pronunciamiento registrada en la Asamblea de Extremadura para reclamar la paralización de la retirada.

El portavoz municipal ha reiterado que la cruz cacereña constituye un “elemento integrado” en el patrimonio histórico, cultural, urbano y religioso de Cáceres, por lo que rechaza que pueda ser considerada un símbolo de exaltación política o de enfrentamiento. 

Recurso de alzada de la Junta de Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de reposición contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres por entender que no incumple ninguna ley y, si lo desestiman acudirá al contencioso administrativo, según ha avanzado el consejero de Cultura, Laureano León.

El consejero ha rechazado el acto administrativo del Gobierno de España, cuya Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

Por otro lado, la Junta sigue los trámites para el expediente de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento, un proceso que “no es fácil ni rápido”, ha apuntado León.

Para el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la petición de retirada es una “cortina de humo del Partido Socialista” para “tapar sus vergüenzas y desviar la atención y atacar al PP”. “Si se resuelve de forma desfavorable o si se desestima por silencio administrativo, acudiremos también a la vía judicial”, ha dicho Mateos sobre el otro recurso presentado por el consistorio.

A su juicio, la sociedad cacereña no ve ningún tipo de vestigio franquista en la Cruz de los Caídos, un símbolo que se “resignificó” en su día. 

El proyecto de investigación “Baltasar Robledo: La Resistencia”, impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, continúa avanzando con una visita institucional a Besançon (Francia), ciudad estrechamente vinculada a la historia de Robledo, último alcalde republicano de Cedillo.

Esta iniciativa investigadora, que arrancó el pasado año, tiene como objetivo recuperar, documentar y difundir las historias de los cacereños que participaron en la Resistencia contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

La visita institucional organizada por el Área de Relaciones internacionales y Ciudades Hermanadas del Ayuntamiento de Besançon se enmarca, precisamente, en la línea de trabajo que la Diputación de Cáceres viene manteniendo con el municipio y que ha permitido recuperar documentos clave para el proyecto relacionados con la actividad vital y política de Baltasar Robledo en Francia, donde fue juzgado por un tribunal militar alemán y ejecutado junto a otros resistentes en los fusilamientos del 26 de septiembre de 1943.

Acompañados por la concejala responsable del Área de Relaciones Internacionales, Emmannuelle Meunier, el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Fernando Ayala, y el alcalde de Cedillo, Antonio González, iniciaron la jornada de trabajo con un acto de homenaje en la tumba de Baltasar Robledo, en el cementerio de Saint Claude. En este cementerio se encuentra un lugar de memoria y recuerdo con las tumbas de personas que combatieron en las dos guerras mundiales, entre las que se ubica la de Robledo. Junto a ellos también estuvo presente Jean Jacques Compagnon, sobrino de Jean Auguste Compagnon, francés fusilado junto al alcalde cedillero y al español Saturnino Trabado, todos ellos amigos y miembros del grupo de resistencia “Marius Vallet”

El programa incluyó igualmente una visita a la Ciudadela de Besançon, donde se encuentra instalada una réplica de los postes de fusilamiento en el lugar exacto en el que se produjeron las ejecuciones de septiembre de 1943. En este recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad también visitaron el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon, que atesora archivos que han sido fundamentales para el proyecto y entre los que se incluyen la sentencia de muerte de Baltasar Robledo, su partida de nacimiento e innumerables testimonios, orales y escritos, que acreditan su influencia en los resistentes de la zona, su compromiso con la liberación de Francia y la lucha contra el nazismo. Tal y como recoge su sentencia de muerte, dirigió y se encargó de la formación del grupo resistente “Marius Vallet” y participó en actos de sabotaje; finaliza el relato de acusación de la sentencia, “quería, por su actividad para el Frente Nacional, combatir contra Alemania”.

Un proyecto para dignificar la memoria

El proyecto de investigación «Baltasar Robledo: La Resistencia», impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, toma como punto de partida la figura de Baltasar Robledo, último alcalde republicano de Cedillo, quien combatió en la Guerra Civil Española, se exilió a Portugal y posteriormente participó en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi.

El objetivo último es rescatar del olvido estas trayectorias personales y colectivas, reconocer su contribución a la lucha por la libertad y la democracia, y poner en valor un episodio desconocido en la historia de la provincia de Cáceres y de España.

Parte del trabajo implica la identificación y localización de los protagonistas y la reconstrucción de sus trayectorias vitales a través de procesos de investigación y documentación histórica, estableciendo contactos con instituciones, archivos, museos y asociaciones de España, Francia y Portugal para acceder a nuevas fuentes documentales.

Una vez concluida esta fase, en la que aún se encuentra el proyecto, los siguientes pasos estarán centrados en la difusión y sensibilización social dando a conocer los resultados mediante publicaciones, conferencias, exposiciones y actividades divulgativas. Aquí se encuadra la reedición del libro del cedillero Manuel Sánchez González, “Baltasar Robledo Gordo. Un alcalde desconocido”, en el que está trabajando el Servicio de Memoria Histórica y que será presentado próximamente.

Todo ello irá acompañado del reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo y del nazismo, mediante la participación y promoción de actos conmemorativos, homenajes y colaboraciones internacionales que permitan preservar y difundir su legado histórico, así como su contribución a la defensa de la democracia y la libertad.

La asociación ultra Salvemos la Cruz de los Caídos ha convocado un rezo colectivo este viernes en la plaza de América de Cáceres para mostrar su rechazo a la orden del Gobierno central que obliga a retirar el monumento en un plazo de tres meses, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El acto, promovido por el grupo Rezamos en la Cruz, se celebrará a las 20.30 horas junto a la parada de taxis del monumento. Los organizadores piden a los asistentes que acudan con rosarios para rezar por la conservación de la cruz, por sus intenciones personales y «por España».

La convocatoria llega en plena polémica tras la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de incluir la cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. El ministerio sostiene que el monumento mantiene su significado original como homenaje a los caídos del bando sublevado y que durante décadas fue escenario de actos de exaltación franquista.

Una de las organizadoras es María Isabel González, presidenta de la asociación, quien ha señalado: «Le pedimos a Dios que se mantenga la Cruz, que evite que se retire por el bien de los cacereños». En este rezo colectivo también se pedirá por las necesidades individuales de cada asistente «y también por el bien de España en general».

La asociación, explica González, se concibe “como una obra de Dios”, un concepto que —según detalla— alude a que “es Él quien lo quiere y quien lo hace”. Defiende que la Cruz representa el instrumento en el que murió Jesucristo y que, por ello, constituye “un símbolo de redención para el ser humano”. Añade que, según la doctrina cristiana, Dios se dejó crucificar para permitir el perdón de los pecados y abrir la posibilidad de entrar en el cielo, algo que —sostiene— no sería posible sin ese sacrificio.

González afirma que cualquier cruz, independientemente de su ubicación o de quién la porte, posee “una profunda carga espiritual”. Tanto es así que recuerda que los exorcistas la utilizan en sus rituales, y la considera “una forma de protección para la ciudad”.

El colectivo, surgido tras el anuncio de retirada, agrupa a vecinos y activistas vinculados a la defensa del patrimonio religioso. Desde su creación ha impulsado recogidas de firmas y concentraciones para evitar la retirada, argumentando que el monumento es un símbolo exclusivamente religioso y patrimonial, una interpretación que contradicen los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La tensión ha aumentado después de que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, anunciara un recurso contra la resolución estatal y solicitara su suspensión cautelar. La Junta de Extremadura también respalda la permanencia del monumento y estudia su posible declaración como Bien de Interés Cultural, en el marco del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

El Gobierno central mantiene que la Ley de Memoria Democrática obliga a retirar elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura, y considera que la cruz de la plaza de América encaja en esa definición pese a las modificaciones realizadas en democracia.

La trayectoria de Josefa Pessoa nace en la tierra fronteriza de la Raya extremeña, lejos de cualquier relato oficial. Nacida en Badajoz (su madre en Valverde de Leganés), su biografía está marcada por la cicatriz de la emigración forzada, ese exilio interior que empujó a miles de familias de Extremadura hacia la periferia de las grandes ciudades para servir de mano de obra barata. Josefa no llegó a Madrid a un piso de protección oficial; llegó a las cuevas y a los barrios de infravivienda del sur, donde la pobreza no solo era una falta de recursos, sino un sistema de disciplinamiento.

Hoy, a sus años, Josefa respira desde la estabilidad de una casa que habita desde hace trece inviernos. “Creo que ya era hora de estar tranquila bajo un techo”, confiesa con la voz de quien ha pasado décadas midiendo el miedo a la intemperie. Pero su descanso no es olvido. Su memoria permanece intacta y afilada, dispuesta a denunciar un sistema que, desde su infancia, intentó anularla como sujeto y como mujer.

La precariedad de su hogar en Madrid fue el primer escenario de una violencia estructural. Hija de un albañil y de una madre volcada en sostener lo insostenible, Josefa creció en un entorno donde el afecto era un lujo no permitido. “Mi madre nunca me abrazó”, recuerda, señalando ese desierto emocional que a menudo acompaña a la miseria. Como hija mayor, sobre ella recayeron responsabilidades adultas y castigos que buscaban moldear a la “mujer servicial”. Su único refugio fue la escuela, un espacio de dibujo y aprendizaje que le fue arrebatado de un plumazo a los 14 años. La orden de su padre fue tajante: se acabó el colegio, había que ganar el plato de comida.

Su entrada en la industria textil fue el bautismo en la explotación de clase. En naves dominadas por el estruendo de los telares, Josefa y cientos de mujeres sostenían la producción mientras los hombres ocupaban los puestos de mando. El ruido se le quedó incrustado en el cuerpo, igual que la subordinación patriarcal que sufría en casa: su salario se entregaba íntegro al padre y su libertad estaba sujeta a cadenas literales. En una ocasión, fue encadenada a la pata de la cama: explotada en la fábrica y tutelada violentamente en el hogar.

En aquellos años, miles de jóvenes como ella vivían atrapadas entre la pobreza, la moral nacionalcatólica y un Estado que convertía la obediencia femenina en mandato legal. La dictadura había tejido una red de instituciones —escuelas del hogar, patronatos, reformatorios encubiertos— destinadas a vigilar la conducta de las muchachas de clase trabajadora. No hacía falta cometer un delito, bastaba simplemente con no encajar en el molde de docilidad que el régimen exigía.

Ese clima de control absoluto sobre su cuerpo y su destino no era un episodio aislado, sino la antesala de algo aún más brutal.

Así, el golpe más duro de la alianza entre el Estado y el Patriarcado llegó a los 16 años. Sin haber cometido delito alguno, bajo la figura de la “protección” moral, su padre decidió su ingreso en el Patronato de Protección a la Mujer. “Me dijeron que hiciera una maleta. Mi madre no hizo nada por impedirlo”, relata con una amargura que el tiempo no ha mitigado. Aquel centro en la sierra madrileña era, en realidad, un reformatorio encubierto donde la Iglesia y el Estado nacionalcatólico castigaban cualquier asomo de rebeldía o autonomía femenina.

Allí, Josefa vivió el hambre, el frío y el trabajo esclavo. Las internas cosían los bordes de pañuelos para El Corte Inglés, los metían en sus cajas para su venta y todo sin recibir remuneración alguna, mientras el sistema las “reeducaba” mediante el rezo y el silencio. “El culpable fue el Estado y la Iglesia fue su cómplice”, sentencia hoy con claridad política. Aquellos centros fueron el epicentro de abusos e historias de terror que hoy las supervivientes, como ella, exigen que salgan a la luz. Cuando por fin cruzó la puerta de salida del Patronato, Josefa no recuperó la libertad, solo cambió de escenario. El mundo exterior seguía marcado por la precariedad, la soledad y la necesidad de sobrevivir como se pudiera.

Tras su marcha, la vida no le dio tregua, pero Josefa encontró en la resistencia su razón de ser. Se enfrentó al acoso callejero, a los trabajos precarios y a la mirada clasista de una sociedad que la quería sumisa. “Nunca me he callado lo que no me gustaba”, afirma con orgullo. Su feminismo no nació de la teoría, sino de la piel, de la sororidad con sus amigas, de la conciencia de que ser mujer en este sistema ha sido, en sus palabras, una travesía “no para lo bueno”.

Una vida de película: entre corralas y ausencias

Y la vida siguió como siguen las cosas que no tiene mucho sentido, como cantaba aquel. Josefa recuerda los tiempos en los que frecuentaba el bar La Ochava, en la calle madrileña del Ferrocarril, con sus amigas que cuidaban a los niños de Mensajeros de la Paz. Allí conoció a Paco, un camarero de 1,90 m al que sacaba parecido con Clint Eastwood. Se mudaron juntos a una corrala “preciosa” en Mesón de Paredes, en Lavapiés, pero la convivencia no fue un idilio. “Tardamos tres meses en tener relaciones sexuales, yo tenía un miedo horroroso”, confiesa Josefa, relatando una sexualidad marcada por el pánico y la falta de deseo: “Le dejaba hacer para que me dejara tranquila. Yo todavía ni era consciente de que me gustaban las mujeres”.

La tragedia la visitó en un retrete común del patio de la corrala sufriendo un aborto espontáneo a los cinco meses. Sola, bajo un sudor frío, recogió al bebé con sus manos mientras la portera acudía a sus gritos. Tras una semana hospitalizada y tres litros de sangre recibidos, cuando llegó a su casa Paco la había convertido en una “pocilga”. Poco después volvió a quedarse embarazada. El niño nació de forma prematura y murió doce días más tarde. Aquel ingreso hospitalario coincidió con el 23F, de modo que la historia de un país y la de una mujer extremeña volvieron a cruzarse en el mismo punto trágico.

Aquel hombre, padre de su criatura, al que Josefa cuidó tras un grave accidente de moto —e incluso acompañó a su propia amante a visitarlo a la UCI por pura sororidad irónica—, terminó siendo parte de una convivencia caótica en Villaverde junto a su hermano y su cuñada. Allí, la obsesión familiar por el control volvió a aparecer: “Tenían las bombonas de gas y el armario atados con cadenas a los pies de la cama. Qué obsesión en mi familia con las cadenas, joder”, exclama.

Más tarde, la extremeña entró en la prostitución empujada por la pobreza y la ausencia de salidas laborales. Apenas tenía dinero para comer y necesitaba reunir una cantidad urgente para ayudar a un hombre cercano a ella, encarcelado entonces por tráfico de drogas. Después de encadenar empleos precarios, como la limpieza de escaleras, conoció a una mujer que le habló de los pisos donde se ejercía la prostitución en Madrid. Así comenzó un recorrido por distintos inmuebles, especialmente en la zona de Princesa y otros grandes edificios de la capital, donde permaneció durante un tiempo que, reconoce, se alargó mucho más de lo que imaginó.

Con los años, Pessoa ha reinterpretado aquella etapa y también las palabras con las que la nombraba. Entonces lo llamaba “trabajo”, explica, porque era la única forma de obtener ingresos, aunque hoy rechaza esa definición. Recuerda un periodo atravesado por el miedo, las agresiones y la necesidad de beber para soportar el trato de algunos clientes y la dureza cotidiana de los pisos. “Hubo momentos de terror”, resume. Finalmente logró salir de ese circuito e iniciar otra etapa vital compartiendo vivienda con una mujer con la que mantuvo una relación.

Hoy, aunque el cuerpo le pesa y los dolores le impiden gritar en las manifestaciones como antaño pero su discurso sigue siendo una barricada. Josefa Pessoa no es una víctima pasiva; es una memoria política que sigue caminando y haciendo camino. Su historia es la de la mujer extremeña que no se dejó romper, la de la trabajadora que reclama su sitio y la de la feminista que, a pesar del cansancio, mantiene el puño en alto.

Propuesta para la reparación

El testimonio de Josefa Pessoa nos obliga a mirar de frente las deudas pendientes de nuestra democracia. No basta con escuchar su historia; ahora por fin, se cree necesario convertir su vivencia en una demanda política urgente que incluya tres ejes fundamentales: primero, el reconocimiento público y el perdón institucional. El Estado español debe pedir perdón formalmente a las mujeres que, como Josefa, fueron víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, reconociendo el daño irreparable causado a su juventud y dignidad. Segundo, la reparación y memoria ya que es imperativo documentar y musealizar la historia de estos centros, integrando la perspectiva de género en la Ley de Memoria Democrática para que estas “olvidadas” ocupen el lugar que les corresponde en la historia nacional. Y tercero, la justicia económica, ya que deben establecerse mecanismos de indemnización para aquellas mujeres cuya fuerza de trabajo fue explotada de forma esclava bajo tutela estatal y religiosa.

La paz que hoy, por fin, disfruta Josefa bajo su techo no es un regalo: es una tregua conquistada a pulso. Ahora toca asegurar que su lucha se transforme en justicia colectiva. Su vida demuestra que la memoria no pertenece al pasado, sino que es un territorio en disputa permanente. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad y la Iglesia no rinda cuentas por su papel en aquel engranaje de violencia, la historia de Josefa seguirá siendo una herida abierta en nuestra democracia. Ella —como tantas otras— ya habló; ahora le corresponde escuchar al país.

Josefa Pessoa no es una víctima pasiva ya que sigue siendo una memoria política que sigue reinvidicando. Es la mujer extremeña que no se dejó quebrar, la trabajadora que exige su sitio y la superviviente que, tras una vida de cadenas reales y simbólicas, ha logrado por fin soltarse los grilletes. Hoy, aunque el cuerpo pese, su puño sigue alzado contra el olvido. Y nos recuerda que la calma que por fin habita bajo su techo no es un obsequio, sino la última y más luminosa trinchera de una mujer que ya no le debe silencio a nadie.

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera ha permitido localizar restos óseos de 11 posibles víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares expuestos esta semana en una jornada de puertas abiertas. Los trabajos, iniciados el pasado 11 de mayo, tienen como objetivo la localización y exhumación de fosas clandestinas en este camposanto pacense.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante las dos primeras semanas de intervención, el equipo dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd y otros 11 con un patrón irregular. Según han explicado los técnicos, estos últimos presentan inhumaciones sin ataúd, posturas forzadas y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambres, lápices y otros elementos asociados a la vestimenta.

Entre los hallazgos destaca el denominado enterramiento número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil, este último de menos de diez años según las estimaciones preliminares. El individuo adulto, colocado en decúbito supino, presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones, mientras que sobre la parte derecha del esqueleto se ha constatado la presencia del menor, en posición lateral.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos restos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de nueve años, asesinados “a consecuencia de disparos de arma de fuego” en agosto de 1941.

Los trabajos continúan abiertos y las fases posteriores permitirán obtener nuevos datos para avanzar en el proceso de identificación de los restos localizados. 

Casi noventa años después de que el miedo y el silencio se instalaran en Zarza la Mayor, en la provincia de Cáceres, los pozos de la antigua explotación de fosforita vuelven a convertirse en un lugar de búsqueda y memoria. En este enclave, tras el golpe de Estado de julio de 1936, las fuerzas franquistas ejecutaron y arrojaron a una veintena de vecinos de la zona y de municipios cercanos. En la actualidad, un grupo multidisciplinar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad de Extremadura, con el respaldo de la Diputación cacereña, afronta una labor técnica de enorme dificultad para recuperar los cuerpos y restituir la dignidad de sus familias.

Tras décadas marcadas por mutismos, relatos orales y movilizaciones, las intervenciones arqueológicas iniciadas hace tres años en este paraje lograron un avance relevante el pasado octubre, cuando se localizaron restos humanos en la fosa situada bajo 300 toneladas de roca, a 36 metros de profundidad. Junto a los huesos aparecieron monedas, una cartera, un mechero y la suela de un zapato, además de otros efectos personales. No obstante, durante los últimos días no han surgido nuevas pistas, aunque los especialistas continuarán trabajando hasta el domingo con la esperanza de hallar más evidencias y culminar la recuperación de quienes fueron asesinados, un anhelo que sus descendientes mantienen con firmeza.

Del éxito de la cota 36 al vacío del pozo 3

En este nuevo intento, la búsqueda de las víctimas de La Paloma se ha vuelto a estructurar en torno a las investigaciones del historiador Julián Chaves. El plan original contemplaba la prospección de tres conductos de ventilación y pozos verticales que conectan con galerías subterráneas orientadas de norte a sur.

Los primeros trabajos en el Pozo 1 arrojaron un resultado esperanzador: tras remover toneladas de sedimentos y descender hasta una cota de 36 metros de profundidad, los técnicos de Aranzadi localizaron objetos personales y recuperaron los cuerpos de varias personas aún sin identificar. Aquel hallazgo confirmó de manera científica que la “leyenda” de la mina de La Paloma era una terrible realidad histórica.

Sin embargo, el número de cuerpos recuperados en el primer pozo fue inferior al esperado, lo que obligó a ampliar el radio de acción. El equipo se trasladó en esta nueva operación al Pozo 3, la estructura con un acceso más cómodo por su cercanía a la carretera, donde se sospechaba que también podían haberse arrojado cuerpos. “Empezamos a excavar a -19 metros. Hemos llegado a -26 metros de profundidad y no hay nada; hemos alcanzado el fin de la mina”, explica Asier Izaguirre Pasabán, técnico y especialista en progresión vertical de Aranzadi. “Una pena que no estén allí, pero al menos se confirma y se descarta definitivamente ese lugar”.

La batalla contra el agua en el Pozo 2: una repisa a cinco metros

Con el Pozo 3 descartado, todas las expectativas se centran ahora en el Pozo 2, una chimenea minera vertical que el equipo ha encontrado completamente inundada en todas sus visitas anteriores. Para poder acceder a ella, los técnicos han tenido que meter bombas de extracción y evacuar unos 500 metros cúbicos de agua —el equivalente a 500 cubos de un metro de lado—, aunque todavía queda una lámina de agua por retirar antes de poder excavar el lodo del fondo.

La gran esperanza del equipo radica en un hallazgo estructural inesperado en este pozo. Aunque la vertical del conducto debería caer directamente a 25 metros de profundidad, las tareas de vaciado han revelado una repisa de roca a tan solo 5 metros del brocal. “La esperanza que tenemos es que, si echaron los cuerpos por este pozo, rebotaran en esa repisa a 5 metros antes de caer al agua profunda”, detalla Izaguirre. Aunque los procesos de descomposición y las corrientes de agua suelen desplazar los restos hacia zonas más profundas y estrechas, el equipo confía en encontrar algún indicio óseo o pertenencia personal atrapada en este saliente rocoso antes de que expire la campaña actual el próximo domingo.

El compromiso de un voluntario de altura

La presencia de Asier Izaguirre en las exhumaciones más complejas del país no es casual. Formado en la cultura de la montaña vasca, Izaguirre compaginó durante años el himalayismo profesional junto a Edurne Pasabán y el soporte técnico en altura de expediciones de élite, con su labor de campo en Aranzadi. No obstante, su implicación en Zarza la Mayor responde a una vocación puramente humanitaria.

“Yo no me dedico a esto profesionalmente; pero colaboro como socio activo”, aclara Izaguirre, quien ha trabajado durante años en la poda de árboles de gran altura y actualmente instala líneas de vida en edificios, sistemas de anclaje anticaídas que protegen a los trabajadores que realizan tareas en altura en fachadas, cubiertas y tejados, evitando caídas mortales. “Cojo las vacaciones de mi trabajo para venir aquí a colaborar de manera voluntaria”. Su relación con Zarza comenzó en 2021, cuando visitó el terreno junto a los directores del proyecto, Paco Echeverria y Lourdes Herrasti, confirmando la viabilidad de una operación que hoy encara su fase más decisiva. “Cada vez que venimos a Zarza es una pasada; la gente del pueblo nos trata de manera espectacular y no nos han dejado cenar solos ni un solo día”.

Tensión política y seguridad bajo tierra

Los trabajos en la mina de La Paloma avanzan rodeados de una notable tensión política a la que nadie es ajeno. Recientemente, el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y Vox, la denominada 'Ley de Concordia', que deroga la anterior 'Ley de Memoria Histórica y Democrática' de la región de 2019. Esta situación ha generado una profunda preocupación en las asociaciones de víctimas y familiares, ya que la nueva normativa paraliza las intervenciones que no estuvieran previamente iniciadas.

A esta incertidumbre política se añade la presión técnica de trabajar en espacios confinados y de alta inestabilidad. Un accidente en un pozo de 26 metros de profundidad no solo pondría en peligro la vida de los trabajadores, sino que sería utilizado políticamente por los sectores opuestos a los procesos de memoria. “Para nosotros, y para todo el mundo, lo más importante es la seguridad”.

La campaña actual tiene como límite el próximo domingo. Si el agua del Pozo 2 no se vacía a tiempo o las excavaciones preliminares no arrojan restos antes de esa fecha, el equipo de Aranzadi se verá obligado a suspender las labores y esperar al próximo año por motivos de logística. Sin embargo, la persistencia de las familias y el compromiso de profesionales como Izaguirre garantizan que, tarde o temprano, la fosa de La Paloma terminará de revelar todos sus tristes y crueles secretos. Por más que, inexplicablemente, le moleste a algunos.

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha nuevas actuaciones de exhumación de víctimas de la represión franquista en los cementerios de Cáceres capital y Conquista de la Sierra, un proceso que se enmarca en el convenio firmado este martes con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación memorialista AMECECA.

El acuerdo cuenta con una financiación inicial de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y permitirá desarrollar trabajos de investigación, localización, excavación y recuperación de restos humanos en ambas localizaciones.

El proyecto estará dirigido por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en exhumaciones y análisis forense, que coordinará las distintas fases técnicas del proceso, desde la prospección arqueológica hasta los estudios antropológicos.

Las actuaciones incluyen además la realización de análisis genéticos para la identificación de los restos, con la participación de familiares de las víctimas en la toma de muestras, lo que permitirá avanzar en la posible restitución de identidades.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos, mientras que en el municipio cacereño de Conquista de la Sierra se calcula que podrían hallarse alrededor de 15 víctimas en las fosas previstas.

Desde Aranzadi se prevé iniciar los trabajos en Conquista de la Sierra en los próximos meses, con una primera fase de localización de fosas; mientras que en el cementerio de Cáceres el comienzo de las intervenciones está previsto posteriormente, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas.

La asociación AMECECA colaborará en el proceso mediante el acompañamiento a familiares, así como en labores de divulgación y sensibilización sobre la memoria democrática y la represión sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha subrayado el compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica y ha defendido la necesidad de continuar con estos trabajos “hasta poder dar sepultura digna a las víctimas”, en un proceso que, según ha señalado, busca también ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando.