La plaza de América de Cáceres no es solo un punto de tránsito urbano; es un archivo de piedra donde la historia de España continúa reescribiéndose entre decretos, recursos judiciales y debates sobre la memoria democrática. La Cruz de los Caídos, el gran monolito que preside este espacio desde la Guerra Civil, ha vuelto a situarse en el centro de un intenso conflicto político, patrimonial y judicial que ha trascendido el ámbito municipal para llegar a la Audiencia Nacional.

La construcción de la Cruz de los Caídos de Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia impulsada por el franquismo para apropiarse simbólicamente del espacio público desde los primeros compases de la Guerra Civil. Mucho antes de que el régimen levantara grandes complejos monumentales como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 mediante el trabajo forzado de miles de presos políticos, las ciudades comenzaron a llenarse de cruces, placas y monumentos destinados a legitimar la victoria militar y consolidar el nuevo poder.

En ese contexto, la cruz cacereña posee una relevancia histórica singular. Diversos estudios la sitúan como el primer monumento de estas características levantado en España con la iconografía propia del nuevo régimen franquista.

El Ayuntamiento de Cáceres autorizó oficialmente su construcción el 9 de septiembre de 1937, apenas un año después del golpe de Estado. La rapidez con la que se tramitó el proyecto respondía a las directrices de la denominada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, organismo encargado de unificar la estética monumental del nuevo Estado mediante una arquitectura concebida como instrumento de propaganda política.

El borrado de la memoria republicana

Aquellas cruces no pretendían únicamente recordar a los fallecidos del bando sublevado. Su finalidad era mucho más amplia: convertir plazas, avenidas y edificios públicos en escenarios permanentes de legitimación del golpe militar y de la posterior dictadura, sacralizando la victoria franquista a través de símbolos visibles y duraderos.

La ubicación elegida tampoco fue casual. La cruz no se levantó en un espacio vacío, sino exactamente sobre el lugar que ocupaba la Fuente del Lápiz, conocida popularmente por los cacereños como La Palmatoria. Aquella fuente había sido construida en 1934, durante la Segunda República. Apenas tres años después fue demolida deliberadamente para levantar en su lugar el nuevo monumento franquista.

Desde el punto de vista urbanístico, la operación constituyó un ejemplo de sustitución simbólica del espacio público: un elemento civil, de uso cotidiano y asociado al periodo republicano desaparecía para dejar paso a un monumento de carácter político, religioso y triunfalista. La transformación del paisaje urbano pretendía hacer visible el cambio de régimen y borrar físicamente los símbolos del anterior orden democrático.

Exaltación del golpe de Estado

La cruz fue construida con mármol procedente de la Sierra de Alconera (Badajoz), con un coste de 28.041 pesetas, y respondía plenamente al lenguaje monumental del nacionalcatolicismo.

Su aspecto original estaba muy alejado del que presenta actualmente. Incorporaba águilas de San Juan, relieves del yugo y las flechas e inscripciones inequívocas de exaltación franquista. En uno de sus frentes podía leerse: '18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco' y, en el otro, 'A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre'.

La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de mayo de 1938 y constituyó uno de los mayores actos propagandísticos celebrados en Cáceres durante la guerra. La ciudad recibió la visita de Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Sección Femenina de Falange, que permaneció varios días en la capital.

Las crónicas de la época describen un enorme despliegue propagandístico: más de 15.000 falangistas desfilaron ante el monumento portando alrededor de 300 banderas oficiales y, durante la ceremonia, se soltaron más de un millar de palomas blancas para representar la supuesta paz alcanzada bajo el nuevo orden.

Sin embargo, aquella escenografía ocultaba una realidad muy distinta. Mientras el régimen convertía la cruz en símbolo de victoria, la provincia vivía una intensa represión política contra quienes habían defendido la legalidad republicana. Entre las víctimas figuró Amado Viera Amores, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, fusilado en 1936 junto a otras 48 personas y arrojado a un pozo minero. Para muchas familias represaliadas, la presencia cotidiana de la cruz en el centro de Cáceres simbolizaba precisamente el triunfo de quienes habían protagonizado el golpe militar y la posterior represión.

La Transición y la primera resignificación

Con la llegada de la democracia, el monumento volvió a convertirse en motivo de controversia. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el socialista Juan Iglesias Marcelo, planteó retirar la simbología más claramente vinculada al franquismo. La propuesta encontró la oposición de Alianza Popular y finalmente se alcanzó una solución intermedia. Se eliminaron las referencias explícitas al general Franco, al 18 de julio y al yugo y las flechas; la inscripción original fue sustituida por otra más neutra —'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria'— y se incorporó un escudo constitucional de España de bronce con el objetivo de adaptar el monumento al nuevo marco democrático.

Pese a esas modificaciones, las águilas talladas en la piedra permanecieron, un elemento que los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideran suficiente para mantener su consideración de símbolo franquista.

La polémica actual tampoco surgió de forma repentina. En 2004, durante el mandato del alcalde popular José María Saponi, el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida para remodelar íntegramente la plaza de América.

El acuerdo contemplaba expresamente la retirada de la cruz y su sustitución por un monumento dedicado a la paz. Sin embargo, aquella decisión nunca llegó a ejecutarse. Ni los posteriores gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista impulsaron el proyecto, que quedó archivado durante más de dos décadas pese a las reiteradas reclamaciones de colectivos memorialistas.

2026: Memoria democrática frente a patrimonio

La controversia resurgió con fuerza en abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática e instó formalmente al Ayuntamiento a retirarla.

Los informes técnicos sostienen que, aunque durante la Transición desaparecieron algunos de los elementos más explícitos de exaltación franquista, el monumento mantiene suficientes vestigios de aquella simbología como para seguir constituyendo un elemento de homenaje a la dictadura.

Frente a esa interpretación, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo junto a Vox. Su principal argumento es que el monumento ha sido resignificado con el paso del tiempo y que la mayoría de los cacereños ya no lo identifican como un símbolo franquista, sino como un elemento patrimonial, religioso o simplemente como un punto de referencia urbano. De hecho, se defienden expresiones como “quedamos en la Cruz” porque “siguen formando parte del lenguaje cotidiano de muchos vecinos para fijar un lugar de encuentro”, aunque en realidad no se sabe bien si es en la avenida de España, Antonio Hurtado, Gil Cordero o la avenida de Alemania.

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha iniciado la recopilación de informes para estudiar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que elevaría al máximo nivel su protección patrimonial y abriría un conflicto competencial con el Gobierno central.

La Audiencia Nacional toma las riendas

A finales de junio de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso presentado contra la orden estatal de retirada. La decisión paraliza, al menos de forma cautelar, cualquier actuación hasta que exista una sentencia firme.

Mientras el Gobierno central defiende que la retirada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática —que contempla sanciones económicas para las administraciones que incumplan sus obligaciones—, quienes defienden la permanencia del monumento consideran que la admisión del recurso supone una victoria frente a lo que califican de “cruzfobia”.

Casi noventa años después de que sustituyera a una fuente republicana en el corazón de Cáceres, la Cruz de los Caídos continúa dividiendo a instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Lo que fue un monumento levantado para glorificar un golpe de Estado y una dictadura, para algunos ha pasado a formar parte del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad. Será ahora la Justicia quien determine si esas cuatro grandes piedras siguen siendo memoria, patrimonio o ambas cosas al mismo tiempo.

Los trabajos para localizar y exhumar los restos de 15 víctimas de la represión franquista han comenzado en el cementerio municipal de Conquista de la Sierra (Cáceres), en una intervención promovida por la Diputación Provincial que responde, principalmente, a la petición de la familia del poeta Manuel Gómez Sánchez, fusilado en agosto de 1936 junto a otras 14 personas.

La actuación, encomendada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, forma parte del convenio suscrito el pasado mes de mayo entre la Diputación de Cáceres, Aranzadi y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), que también contempla una intervención en el cementerio de la capital cacereña prevista para el próximo mes de septiembre.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, los testimonios orales recopilados en colaboración con la asociación cultural local Las Tejoneras sitúan la fosa en las proximidades del muro del cementerio municipal, donde esta semana han comenzado las labores de localización mediante una intervención arqueológica y antropológica.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases. La primera consistirá en la búsqueda de la fosa y la posible recuperación de los restos óseos, mientras que la segunda, prevista a partir de septiembre, incluirá el estudio antropológico forense y los análisis genéticos que permitan avanzar en la identificación de las víctimas.

La institución provincial ha destacado que se trata de la primera intervención de estas características que se lleva a cabo en Conquista de la Sierra, donde el equipo de Aranzadi confía en localizar la fosa y recuperar los restos de las 15 personas que, según la documentación y los testimonios recopilados, fueron fusiladas el 24 de agosto de 1936.

El proyecto se enmarca en las actuaciones impulsadas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres para la localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, con el objetivo de favorecer su identificación y atender las demandas de sus familiares

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución del Gobierno central que acordó incluir la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha informado este miércoles de que el recurso fue presentado el pasado 17 de junio y admitido a trámite dos días después por la Audiencia Nacional, una vez agotada la vía administrativa tras la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución estatal, que daba tres meses para retirar el monumento.

Gutiérrez ha recalcado que su partido mantiene una estrategia de actuación “constante” en defensa de la permanencia del monumento desde 2020, con iniciativas parlamentarias, recursos administrativos y acciones judiciales encaminadas a evitar su retirada.

Según ha recordado, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

El dirigente de Vox ha explicado que el recurso sostiene, entre otros argumentos, que la resolución vulnera la protección del patrimonio histórico, afecta a la autonomía municipal y no tiene en cuenta el valor cultural, urbano e histórico que, a juicio de la formación, posee la Cruz de los Caídos para la ciudad.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento emitió el pasado febrero un informe desfavorable a la inclusión del monumento en el citado catálogo, posición que Vox considera un “respaldo” a la permanencia del elemento en su ubicación actual.

Además de la vía judicial, Gutiérrez ha indicado que Vox ha impulsado distintas iniciativas institucionales, entre ellas una proposición no de ley registrada en el Congreso en 2020 y otra presentada este año, así como una propuesta de pronunciamiento registrada en la Asamblea de Extremadura para reclamar la paralización de la retirada.

El portavoz municipal ha reiterado que la cruz cacereña constituye un “elemento integrado” en el patrimonio histórico, cultural, urbano y religioso de Cáceres, por lo que rechaza que pueda ser considerada un símbolo de exaltación política o de enfrentamiento. 

Recurso de alzada de la Junta de Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de reposición contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres por entender que no incumple ninguna ley y, si lo desestiman acudirá al contencioso administrativo, según ha avanzado el consejero de Cultura, Laureano León.

El consejero ha rechazado el acto administrativo del Gobierno de España, cuya Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

Por otro lado, la Junta sigue los trámites para el expediente de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento, un proceso que “no es fácil ni rápido”, ha apuntado León.

Para el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la petición de retirada es una “cortina de humo del Partido Socialista” para “tapar sus vergüenzas y desviar la atención y atacar al PP”. “Si se resuelve de forma desfavorable o si se desestima por silencio administrativo, acudiremos también a la vía judicial”, ha dicho Mateos sobre el otro recurso presentado por el consistorio.

A su juicio, la sociedad cacereña no ve ningún tipo de vestigio franquista en la Cruz de los Caídos, un símbolo que se “resignificó” en su día. 

El proyecto de investigación “Baltasar Robledo: La Resistencia”, impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, continúa avanzando con una visita institucional a Besançon (Francia), ciudad estrechamente vinculada a la historia de Robledo, último alcalde republicano de Cedillo.

Esta iniciativa investigadora, que arrancó el pasado año, tiene como objetivo recuperar, documentar y difundir las historias de los cacereños que participaron en la Resistencia contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

La visita institucional organizada por el Área de Relaciones internacionales y Ciudades Hermanadas del Ayuntamiento de Besançon se enmarca, precisamente, en la línea de trabajo que la Diputación de Cáceres viene manteniendo con el municipio y que ha permitido recuperar documentos clave para el proyecto relacionados con la actividad vital y política de Baltasar Robledo en Francia, donde fue juzgado por un tribunal militar alemán y ejecutado junto a otros resistentes en los fusilamientos del 26 de septiembre de 1943.

Acompañados por la concejala responsable del Área de Relaciones Internacionales, Emmannuelle Meunier, el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Fernando Ayala, y el alcalde de Cedillo, Antonio González, iniciaron la jornada de trabajo con un acto de homenaje en la tumba de Baltasar Robledo, en el cementerio de Saint Claude. En este cementerio se encuentra un lugar de memoria y recuerdo con las tumbas de personas que combatieron en las dos guerras mundiales, entre las que se ubica la de Robledo. Junto a ellos también estuvo presente Jean Jacques Compagnon, sobrino de Jean Auguste Compagnon, francés fusilado junto al alcalde cedillero y al español Saturnino Trabado, todos ellos amigos y miembros del grupo de resistencia “Marius Vallet”

El programa incluyó igualmente una visita a la Ciudadela de Besançon, donde se encuentra instalada una réplica de los postes de fusilamiento en el lugar exacto en el que se produjeron las ejecuciones de septiembre de 1943. En este recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad también visitaron el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon, que atesora archivos que han sido fundamentales para el proyecto y entre los que se incluyen la sentencia de muerte de Baltasar Robledo, su partida de nacimiento e innumerables testimonios, orales y escritos, que acreditan su influencia en los resistentes de la zona, su compromiso con la liberación de Francia y la lucha contra el nazismo. Tal y como recoge su sentencia de muerte, dirigió y se encargó de la formación del grupo resistente “Marius Vallet” y participó en actos de sabotaje; finaliza el relato de acusación de la sentencia, “quería, por su actividad para el Frente Nacional, combatir contra Alemania”.

Un proyecto para dignificar la memoria

El proyecto de investigación «Baltasar Robledo: La Resistencia», impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, toma como punto de partida la figura de Baltasar Robledo, último alcalde republicano de Cedillo, quien combatió en la Guerra Civil Española, se exilió a Portugal y posteriormente participó en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi.

El objetivo último es rescatar del olvido estas trayectorias personales y colectivas, reconocer su contribución a la lucha por la libertad y la democracia, y poner en valor un episodio desconocido en la historia de la provincia de Cáceres y de España.

Parte del trabajo implica la identificación y localización de los protagonistas y la reconstrucción de sus trayectorias vitales a través de procesos de investigación y documentación histórica, estableciendo contactos con instituciones, archivos, museos y asociaciones de España, Francia y Portugal para acceder a nuevas fuentes documentales.

Una vez concluida esta fase, en la que aún se encuentra el proyecto, los siguientes pasos estarán centrados en la difusión y sensibilización social dando a conocer los resultados mediante publicaciones, conferencias, exposiciones y actividades divulgativas. Aquí se encuadra la reedición del libro del cedillero Manuel Sánchez González, “Baltasar Robledo Gordo. Un alcalde desconocido”, en el que está trabajando el Servicio de Memoria Histórica y que será presentado próximamente.

Todo ello irá acompañado del reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo y del nazismo, mediante la participación y promoción de actos conmemorativos, homenajes y colaboraciones internacionales que permitan preservar y difundir su legado histórico, así como su contribución a la defensa de la democracia y la libertad.

La asociación ultra Salvemos la Cruz de los Caídos ha convocado un rezo colectivo este viernes en la plaza de América de Cáceres para mostrar su rechazo a la orden del Gobierno central que obliga a retirar el monumento en un plazo de tres meses, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El acto, promovido por el grupo Rezamos en la Cruz, se celebrará a las 20.30 horas junto a la parada de taxis del monumento. Los organizadores piden a los asistentes que acudan con rosarios para rezar por la conservación de la cruz, por sus intenciones personales y «por España».

La convocatoria llega en plena polémica tras la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de incluir la cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. El ministerio sostiene que el monumento mantiene su significado original como homenaje a los caídos del bando sublevado y que durante décadas fue escenario de actos de exaltación franquista.

Una de las organizadoras es María Isabel González, presidenta de la asociación, quien ha señalado: «Le pedimos a Dios que se mantenga la Cruz, que evite que se retire por el bien de los cacereños». En este rezo colectivo también se pedirá por las necesidades individuales de cada asistente «y también por el bien de España en general».

La asociación, explica González, se concibe “como una obra de Dios”, un concepto que —según detalla— alude a que “es Él quien lo quiere y quien lo hace”. Defiende que la Cruz representa el instrumento en el que murió Jesucristo y que, por ello, constituye “un símbolo de redención para el ser humano”. Añade que, según la doctrina cristiana, Dios se dejó crucificar para permitir el perdón de los pecados y abrir la posibilidad de entrar en el cielo, algo que —sostiene— no sería posible sin ese sacrificio.

González afirma que cualquier cruz, independientemente de su ubicación o de quién la porte, posee “una profunda carga espiritual”. Tanto es así que recuerda que los exorcistas la utilizan en sus rituales, y la considera “una forma de protección para la ciudad”.

El colectivo, surgido tras el anuncio de retirada, agrupa a vecinos y activistas vinculados a la defensa del patrimonio religioso. Desde su creación ha impulsado recogidas de firmas y concentraciones para evitar la retirada, argumentando que el monumento es un símbolo exclusivamente religioso y patrimonial, una interpretación que contradicen los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La tensión ha aumentado después de que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, anunciara un recurso contra la resolución estatal y solicitara su suspensión cautelar. La Junta de Extremadura también respalda la permanencia del monumento y estudia su posible declaración como Bien de Interés Cultural, en el marco del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

El Gobierno central mantiene que la Ley de Memoria Democrática obliga a retirar elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura, y considera que la cruz de la plaza de América encaja en esa definición pese a las modificaciones realizadas en democracia.

La trayectoria de Josefa Pessoa nace en la tierra fronteriza de la Raya extremeña, lejos de cualquier relato oficial. Nacida en Badajoz (su madre en Valverde de Leganés), su biografía está marcada por la cicatriz de la emigración forzada, ese exilio interior que empujó a miles de familias de Extremadura hacia la periferia de las grandes ciudades para servir de mano de obra barata. Josefa no llegó a Madrid a un piso de protección oficial; llegó a las cuevas y a los barrios de infravivienda del sur, donde la pobreza no solo era una falta de recursos, sino un sistema de disciplinamiento.

Hoy, a sus años, Josefa respira desde la estabilidad de una casa que habita desde hace trece inviernos. “Creo que ya era hora de estar tranquila bajo un techo”, confiesa con la voz de quien ha pasado décadas midiendo el miedo a la intemperie. Pero su descanso no es olvido. Su memoria permanece intacta y afilada, dispuesta a denunciar un sistema que, desde su infancia, intentó anularla como sujeto y como mujer.

La precariedad de su hogar en Madrid fue el primer escenario de una violencia estructural. Hija de un albañil y de una madre volcada en sostener lo insostenible, Josefa creció en un entorno donde el afecto era un lujo no permitido. “Mi madre nunca me abrazó”, recuerda, señalando ese desierto emocional que a menudo acompaña a la miseria. Como hija mayor, sobre ella recayeron responsabilidades adultas y castigos que buscaban moldear a la “mujer servicial”. Su único refugio fue la escuela, un espacio de dibujo y aprendizaje que le fue arrebatado de un plumazo a los 14 años. La orden de su padre fue tajante: se acabó el colegio, había que ganar el plato de comida.

Su entrada en la industria textil fue el bautismo en la explotación de clase. En naves dominadas por el estruendo de los telares, Josefa y cientos de mujeres sostenían la producción mientras los hombres ocupaban los puestos de mando. El ruido se le quedó incrustado en el cuerpo, igual que la subordinación patriarcal que sufría en casa: su salario se entregaba íntegro al padre y su libertad estaba sujeta a cadenas literales. En una ocasión, fue encadenada a la pata de la cama: explotada en la fábrica y tutelada violentamente en el hogar.

En aquellos años, miles de jóvenes como ella vivían atrapadas entre la pobreza, la moral nacionalcatólica y un Estado que convertía la obediencia femenina en mandato legal. La dictadura había tejido una red de instituciones —escuelas del hogar, patronatos, reformatorios encubiertos— destinadas a vigilar la conducta de las muchachas de clase trabajadora. No hacía falta cometer un delito, bastaba simplemente con no encajar en el molde de docilidad que el régimen exigía.

Ese clima de control absoluto sobre su cuerpo y su destino no era un episodio aislado, sino la antesala de algo aún más brutal.

Así, el golpe más duro de la alianza entre el Estado y el Patriarcado llegó a los 16 años. Sin haber cometido delito alguno, bajo la figura de la “protección” moral, su padre decidió su ingreso en el Patronato de Protección a la Mujer. “Me dijeron que hiciera una maleta. Mi madre no hizo nada por impedirlo”, relata con una amargura que el tiempo no ha mitigado. Aquel centro en la sierra madrileña era, en realidad, un reformatorio encubierto donde la Iglesia y el Estado nacionalcatólico castigaban cualquier asomo de rebeldía o autonomía femenina.

Allí, Josefa vivió el hambre, el frío y el trabajo esclavo. Las internas cosían los bordes de pañuelos para El Corte Inglés, los metían en sus cajas para su venta y todo sin recibir remuneración alguna, mientras el sistema las “reeducaba” mediante el rezo y el silencio. “El culpable fue el Estado y la Iglesia fue su cómplice”, sentencia hoy con claridad política. Aquellos centros fueron el epicentro de abusos e historias de terror que hoy las supervivientes, como ella, exigen que salgan a la luz. Cuando por fin cruzó la puerta de salida del Patronato, Josefa no recuperó la libertad, solo cambió de escenario. El mundo exterior seguía marcado por la precariedad, la soledad y la necesidad de sobrevivir como se pudiera.

Tras su marcha, la vida no le dio tregua, pero Josefa encontró en la resistencia su razón de ser. Se enfrentó al acoso callejero, a los trabajos precarios y a la mirada clasista de una sociedad que la quería sumisa. “Nunca me he callado lo que no me gustaba”, afirma con orgullo. Su feminismo no nació de la teoría, sino de la piel, de la sororidad con sus amigas, de la conciencia de que ser mujer en este sistema ha sido, en sus palabras, una travesía “no para lo bueno”.

Una vida de película: entre corralas y ausencias

Y la vida siguió como siguen las cosas que no tiene mucho sentido, como cantaba aquel. Josefa recuerda los tiempos en los que frecuentaba el bar La Ochava, en la calle madrileña del Ferrocarril, con sus amigas que cuidaban a los niños de Mensajeros de la Paz. Allí conoció a Paco, un camarero de 1,90 m al que sacaba parecido con Clint Eastwood. Se mudaron juntos a una corrala “preciosa” en Mesón de Paredes, en Lavapiés, pero la convivencia no fue un idilio. “Tardamos tres meses en tener relaciones sexuales, yo tenía un miedo horroroso”, confiesa Josefa, relatando una sexualidad marcada por el pánico y la falta de deseo: “Le dejaba hacer para que me dejara tranquila. Yo todavía ni era consciente de que me gustaban las mujeres”.

La tragedia la visitó en un retrete común del patio de la corrala sufriendo un aborto espontáneo a los cinco meses. Sola, bajo un sudor frío, recogió al bebé con sus manos mientras la portera acudía a sus gritos. Tras una semana hospitalizada y tres litros de sangre recibidos, cuando llegó a su casa Paco la había convertido en una “pocilga”. Poco después volvió a quedarse embarazada. El niño nació de forma prematura y murió doce días más tarde. Aquel ingreso hospitalario coincidió con el 23F, de modo que la historia de un país y la de una mujer extremeña volvieron a cruzarse en el mismo punto trágico.

Aquel hombre, padre de su criatura, al que Josefa cuidó tras un grave accidente de moto —e incluso acompañó a su propia amante a visitarlo a la UCI por pura sororidad irónica—, terminó siendo parte de una convivencia caótica en Villaverde junto a su hermano y su cuñada. Allí, la obsesión familiar por el control volvió a aparecer: “Tenían las bombonas de gas y el armario atados con cadenas a los pies de la cama. Qué obsesión en mi familia con las cadenas, joder”, exclama.

Más tarde, la extremeña entró en la prostitución empujada por la pobreza y la ausencia de salidas laborales. Apenas tenía dinero para comer y necesitaba reunir una cantidad urgente para ayudar a un hombre cercano a ella, encarcelado entonces por tráfico de drogas. Después de encadenar empleos precarios, como la limpieza de escaleras, conoció a una mujer que le habló de los pisos donde se ejercía la prostitución en Madrid. Así comenzó un recorrido por distintos inmuebles, especialmente en la zona de Princesa y otros grandes edificios de la capital, donde permaneció durante un tiempo que, reconoce, se alargó mucho más de lo que imaginó.

Con los años, Pessoa ha reinterpretado aquella etapa y también las palabras con las que la nombraba. Entonces lo llamaba “trabajo”, explica, porque era la única forma de obtener ingresos, aunque hoy rechaza esa definición. Recuerda un periodo atravesado por el miedo, las agresiones y la necesidad de beber para soportar el trato de algunos clientes y la dureza cotidiana de los pisos. “Hubo momentos de terror”, resume. Finalmente logró salir de ese circuito e iniciar otra etapa vital compartiendo vivienda con una mujer con la que mantuvo una relación.

Hoy, aunque el cuerpo le pesa y los dolores le impiden gritar en las manifestaciones como antaño pero su discurso sigue siendo una barricada. Josefa Pessoa no es una víctima pasiva; es una memoria política que sigue caminando y haciendo camino. Su historia es la de la mujer extremeña que no se dejó romper, la de la trabajadora que reclama su sitio y la de la feminista que, a pesar del cansancio, mantiene el puño en alto.

Propuesta para la reparación

El testimonio de Josefa Pessoa nos obliga a mirar de frente las deudas pendientes de nuestra democracia. No basta con escuchar su historia; ahora por fin, se cree necesario convertir su vivencia en una demanda política urgente que incluya tres ejes fundamentales: primero, el reconocimiento público y el perdón institucional. El Estado español debe pedir perdón formalmente a las mujeres que, como Josefa, fueron víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, reconociendo el daño irreparable causado a su juventud y dignidad. Segundo, la reparación y memoria ya que es imperativo documentar y musealizar la historia de estos centros, integrando la perspectiva de género en la Ley de Memoria Democrática para que estas “olvidadas” ocupen el lugar que les corresponde en la historia nacional. Y tercero, la justicia económica, ya que deben establecerse mecanismos de indemnización para aquellas mujeres cuya fuerza de trabajo fue explotada de forma esclava bajo tutela estatal y religiosa.

La paz que hoy, por fin, disfruta Josefa bajo su techo no es un regalo: es una tregua conquistada a pulso. Ahora toca asegurar que su lucha se transforme en justicia colectiva. Su vida demuestra que la memoria no pertenece al pasado, sino que es un territorio en disputa permanente. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad y la Iglesia no rinda cuentas por su papel en aquel engranaje de violencia, la historia de Josefa seguirá siendo una herida abierta en nuestra democracia. Ella —como tantas otras— ya habló; ahora le corresponde escuchar al país.

Josefa Pessoa no es una víctima pasiva ya que sigue siendo una memoria política que sigue reinvidicando. Es la mujer extremeña que no se dejó quebrar, la trabajadora que exige su sitio y la superviviente que, tras una vida de cadenas reales y simbólicas, ha logrado por fin soltarse los grilletes. Hoy, aunque el cuerpo pese, su puño sigue alzado contra el olvido. Y nos recuerda que la calma que por fin habita bajo su techo no es un obsequio, sino la última y más luminosa trinchera de una mujer que ya no le debe silencio a nadie.

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera ha permitido localizar restos óseos de 11 posibles víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares expuestos esta semana en una jornada de puertas abiertas. Los trabajos, iniciados el pasado 11 de mayo, tienen como objetivo la localización y exhumación de fosas clandestinas en este camposanto pacense.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante las dos primeras semanas de intervención, el equipo dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd y otros 11 con un patrón irregular. Según han explicado los técnicos, estos últimos presentan inhumaciones sin ataúd, posturas forzadas y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambres, lápices y otros elementos asociados a la vestimenta.

Entre los hallazgos destaca el denominado enterramiento número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil, este último de menos de diez años según las estimaciones preliminares. El individuo adulto, colocado en decúbito supino, presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones, mientras que sobre la parte derecha del esqueleto se ha constatado la presencia del menor, en posición lateral.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos restos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de nueve años, asesinados “a consecuencia de disparos de arma de fuego” en agosto de 1941.

Los trabajos continúan abiertos y las fases posteriores permitirán obtener nuevos datos para avanzar en el proceso de identificación de los restos localizados. 

Casi noventa años después de que el miedo y el silencio se instalaran en Zarza la Mayor, en la provincia de Cáceres, los pozos de la antigua explotación de fosforita vuelven a convertirse en un lugar de búsqueda y memoria. En este enclave, tras el golpe de Estado de julio de 1936, las fuerzas franquistas ejecutaron y arrojaron a una veintena de vecinos de la zona y de municipios cercanos. En la actualidad, un grupo multidisciplinar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad de Extremadura, con el respaldo de la Diputación cacereña, afronta una labor técnica de enorme dificultad para recuperar los cuerpos y restituir la dignidad de sus familias.

Tras décadas marcadas por mutismos, relatos orales y movilizaciones, las intervenciones arqueológicas iniciadas hace tres años en este paraje lograron un avance relevante el pasado octubre, cuando se localizaron restos humanos en la fosa situada bajo 300 toneladas de roca, a 36 metros de profundidad. Junto a los huesos aparecieron monedas, una cartera, un mechero y la suela de un zapato, además de otros efectos personales. No obstante, durante los últimos días no han surgido nuevas pistas, aunque los especialistas continuarán trabajando hasta el domingo con la esperanza de hallar más evidencias y culminar la recuperación de quienes fueron asesinados, un anhelo que sus descendientes mantienen con firmeza.

Del éxito de la cota 36 al vacío del pozo 3

En este nuevo intento, la búsqueda de las víctimas de La Paloma se ha vuelto a estructurar en torno a las investigaciones del historiador Julián Chaves. El plan original contemplaba la prospección de tres conductos de ventilación y pozos verticales que conectan con galerías subterráneas orientadas de norte a sur.

Los primeros trabajos en el Pozo 1 arrojaron un resultado esperanzador: tras remover toneladas de sedimentos y descender hasta una cota de 36 metros de profundidad, los técnicos de Aranzadi localizaron objetos personales y recuperaron los cuerpos de varias personas aún sin identificar. Aquel hallazgo confirmó de manera científica que la “leyenda” de la mina de La Paloma era una terrible realidad histórica.

Sin embargo, el número de cuerpos recuperados en el primer pozo fue inferior al esperado, lo que obligó a ampliar el radio de acción. El equipo se trasladó en esta nueva operación al Pozo 3, la estructura con un acceso más cómodo por su cercanía a la carretera, donde se sospechaba que también podían haberse arrojado cuerpos. “Empezamos a excavar a -19 metros. Hemos llegado a -26 metros de profundidad y no hay nada; hemos alcanzado el fin de la mina”, explica Asier Izaguirre Pasabán, técnico y especialista en progresión vertical de Aranzadi. “Una pena que no estén allí, pero al menos se confirma y se descarta definitivamente ese lugar”.

La batalla contra el agua en el Pozo 2: una repisa a cinco metros

Con el Pozo 3 descartado, todas las expectativas se centran ahora en el Pozo 2, una chimenea minera vertical que el equipo ha encontrado completamente inundada en todas sus visitas anteriores. Para poder acceder a ella, los técnicos han tenido que meter bombas de extracción y evacuar unos 500 metros cúbicos de agua —el equivalente a 500 cubos de un metro de lado—, aunque todavía queda una lámina de agua por retirar antes de poder excavar el lodo del fondo.

La gran esperanza del equipo radica en un hallazgo estructural inesperado en este pozo. Aunque la vertical del conducto debería caer directamente a 25 metros de profundidad, las tareas de vaciado han revelado una repisa de roca a tan solo 5 metros del brocal. “La esperanza que tenemos es que, si echaron los cuerpos por este pozo, rebotaran en esa repisa a 5 metros antes de caer al agua profunda”, detalla Izaguirre. Aunque los procesos de descomposición y las corrientes de agua suelen desplazar los restos hacia zonas más profundas y estrechas, el equipo confía en encontrar algún indicio óseo o pertenencia personal atrapada en este saliente rocoso antes de que expire la campaña actual el próximo domingo.

El compromiso de un voluntario de altura

La presencia de Asier Izaguirre en las exhumaciones más complejas del país no es casual. Formado en la cultura de la montaña vasca, Izaguirre compaginó durante años el himalayismo profesional junto a Edurne Pasabán y el soporte técnico en altura de expediciones de élite, con su labor de campo en Aranzadi. No obstante, su implicación en Zarza la Mayor responde a una vocación puramente humanitaria.

“Yo no me dedico a esto profesionalmente; pero colaboro como socio activo”, aclara Izaguirre, quien ha trabajado durante años en la poda de árboles de gran altura y actualmente instala líneas de vida en edificios, sistemas de anclaje anticaídas que protegen a los trabajadores que realizan tareas en altura en fachadas, cubiertas y tejados, evitando caídas mortales. “Cojo las vacaciones de mi trabajo para venir aquí a colaborar de manera voluntaria”. Su relación con Zarza comenzó en 2021, cuando visitó el terreno junto a los directores del proyecto, Paco Echeverria y Lourdes Herrasti, confirmando la viabilidad de una operación que hoy encara su fase más decisiva. “Cada vez que venimos a Zarza es una pasada; la gente del pueblo nos trata de manera espectacular y no nos han dejado cenar solos ni un solo día”.

Tensión política y seguridad bajo tierra

Los trabajos en la mina de La Paloma avanzan rodeados de una notable tensión política a la que nadie es ajeno. Recientemente, el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y Vox, la denominada 'Ley de Concordia', que deroga la anterior 'Ley de Memoria Histórica y Democrática' de la región de 2019. Esta situación ha generado una profunda preocupación en las asociaciones de víctimas y familiares, ya que la nueva normativa paraliza las intervenciones que no estuvieran previamente iniciadas.

A esta incertidumbre política se añade la presión técnica de trabajar en espacios confinados y de alta inestabilidad. Un accidente en un pozo de 26 metros de profundidad no solo pondría en peligro la vida de los trabajadores, sino que sería utilizado políticamente por los sectores opuestos a los procesos de memoria. “Para nosotros, y para todo el mundo, lo más importante es la seguridad”.

La campaña actual tiene como límite el próximo domingo. Si el agua del Pozo 2 no se vacía a tiempo o las excavaciones preliminares no arrojan restos antes de esa fecha, el equipo de Aranzadi se verá obligado a suspender las labores y esperar al próximo año por motivos de logística. Sin embargo, la persistencia de las familias y el compromiso de profesionales como Izaguirre garantizan que, tarde o temprano, la fosa de La Paloma terminará de revelar todos sus tristes y crueles secretos. Por más que, inexplicablemente, le moleste a algunos.

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha nuevas actuaciones de exhumación de víctimas de la represión franquista en los cementerios de Cáceres capital y Conquista de la Sierra, un proceso que se enmarca en el convenio firmado este martes con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación memorialista AMECECA.

El acuerdo cuenta con una financiación inicial de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y permitirá desarrollar trabajos de investigación, localización, excavación y recuperación de restos humanos en ambas localizaciones.

El proyecto estará dirigido por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en exhumaciones y análisis forense, que coordinará las distintas fases técnicas del proceso, desde la prospección arqueológica hasta los estudios antropológicos.

Las actuaciones incluyen además la realización de análisis genéticos para la identificación de los restos, con la participación de familiares de las víctimas en la toma de muestras, lo que permitirá avanzar en la posible restitución de identidades.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos, mientras que en el municipio cacereño de Conquista de la Sierra se calcula que podrían hallarse alrededor de 15 víctimas en las fosas previstas.

Desde Aranzadi se prevé iniciar los trabajos en Conquista de la Sierra en los próximos meses, con una primera fase de localización de fosas; mientras que en el cementerio de Cáceres el comienzo de las intervenciones está previsto posteriormente, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas.

La asociación AMECECA colaborará en el proceso mediante el acompañamiento a familiares, así como en labores de divulgación y sensibilización sobre la memoria democrática y la represión sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha subrayado el compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica y ha defendido la necesidad de continuar con estos trabajos “hasta poder dar sepultura digna a las víctimas”, en un proceso que, según ha señalado, busca también ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando.

El Ayuntamiento de Cáceres ha formalizado ya un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América y acudirá a la vía judicial si el Gobierno desestima sus alegaciones para mantener el monumento en el espacio público.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Orgaz, ha reiterado este viernes la posición defendida previamente por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en favor de la permanencia de la cruz: “Nuestra posición era defender que se queda en la ciudad de Cáceres y que no se toca”.

Orgaz ha explicado que el recurso en vía administrativa ya ha sido registrado ante la Secretaría de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática, en cumplimiento del compromiso anunciado semanas atrás por el regidor cacereño. Además, ha advertido que si ese recurso “no es estimado por parte del Ministerio, acudiremos a la vía judicial”. Incluso ha insistido en que el Ejecutivo municipal mantendrá su defensa del monumento “si es necesario también en la calle”.

La resolución del Ministerio implica la retirada de la cruz al considerarla un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, a juicio del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el elemento cuenta con la máxima protección urbanística dentro del planeamiento municipal al estar integrado en el patrimonio urbano de la ciudad.

En paralelo, el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha planteado esta semana la posibilidad de que la cruz pueda reunir los requisitos necesarios para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), como se incluye en el pacto de PP y Vox para investir presidenta a María Guardiola.

Una opción que ha sido valorada positivamente por el portavoz municipal: “Compartimos el planteamiento que realiza el consejero de Cultura y creemos, como él, que a la espera de esos informes técnicos pueda ser factible una declaración como BIC”, ha concluido Orgaz.

Cáceres estrenará este sábado la obra teatral ‘Que en España empieza a amanecer’, con participación de alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (UEx) y dentro del programa ‘Tiempo Negro’ que promueve la Diputación provincial en torno al exilio intelectual y político español vinculado a la Guerra Civil y la dictadura.

El montaje, dirigido por Juan Saúl Salomón Plata, se representará a mediodía en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco y está basado en el texto de Ceferino R. Avecilla.

La propuesta escénica se integra en un programa más amplio que incluye conferencias, exposiciones y debates académicos, con el objetivo de abordar la memoria histórica desde distintos lenguajes culturales.

En el marco de ‘Tiempo Negro’ continúa abierta la exposición bibliográfica ‘Escritores, científicos y políticos extremeños en el exilio’, comisariada por Mario Martín Gijón, que reúne a once figuras vinculadas a Extremadura o relacionadas con la región.

Entre ellas figuran escritores, políticos, científicos y profesionales de distintos ámbitos que desarrollaron su trayectoria en el exilio tras la Guerra Civil y la dictadura, conformando un recorrido por distintas biografías de referencia.

Además, el 22 de mayo se celebrará (en el Edificio Pintores 10) una presentación y debate sobre la obra, mientras que el programa se completa con otras actividades culturales dentro de este proyecto que pretende ser un espacio de reflexión y difusión sobre el exilio español.

Dentro del programa ‘Tiempo Negro’ también se enmarca la entrega del III Premio Conchita Viera, cuya gala se celebrará en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco este jueves. 

La Diputación de Cáceres entregará este jueves la tercera edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática 'Conchita Viera', que rinde homenaje a esta vecina del municipio cacereño de Valencia de Alcántara que dedicó su vida a la búsqueda y dignificación de su padre, Amado Viera, asesinado durante el franquismo en 1936.

Con este premio se reconocen de forma pública las trayectorias profesionales, investigaciones y proyectos que contribuyen de manera activa al fortalecimiento de la memoria democrática.

El fallo del jurado se dará a conocer a partir de las 19.30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña.

El evento contará con una destacada presencia cultural y periodística, ya que será conducido por la escritora Nieves Concostrina y musicalizado por el cantante Juan Valderrama.

Asimismo, en la ceremonia participarán alumnos del Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' y la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

El certamen consolida el legado de Conchita Viera como un referente de la memoria democrática en la provincia y sitúa la historia de reparación de Valencia de Alcántara en el centro de este reconocimiento institucional.

El premio busca mantener el compromiso con la dignificación de todas las personas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales.

Durante décadas, el silencio y la maleta fueron los únicos compañeros de miles de extremeños y extremeñas que, en los años 60 y 70, abandonaron el corazón de las Villuercas para buscar en Alemania, Francia o Suiza el pan que su tierra les negaba. Este sábado, 9 de mayo, ese silencio se rompió en Berzocana. Entre abrazos apretados y alguna lágrima que se escapaba al ritmo de la bandurria, la comarca celebró el I Encuentro de la Emigración de Las Villuercas, un acto de justicia poética y reconocimiento institucional para aquellos que se fueron con nada y volvieron con todo el orgullo del mundo y es que muchas heridas solo cierran cuando se nombran.

El evento, organizado por la Asociación Cultural El Castillo de Cabañas con el apoyo de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Berzocana, no fue solo una reunión de vecinos; fue el cierre de un círculo vital. Bajo el proyecto 'Memoria Oral de la Emigración de Las Villuercas', la asociación ha rescatado del olvido los testimonios de 32 personas que han puesto voz a una herida colectiva.

Un desierto demográfico con rostro humano

Las cifras son muchas veces muy frías, pero en Las Villuercas además congelan. Entre 1961 y 1975, la comarca perdió el 46,61% de su población. Mientras la media extremeña se situaba en un ya dramático 36%, este rincón de Cáceres se vaciaba casi a la mitad. Pueblos enteros vieron cómo su juventud se desvanecía en trenes con destino a la incertidumbre.

Marleen Rueda, de la Asociación Cultural El Castillo de Cabañas y alma máter del proyecto, explica con emoción la necesidad de este archivo vivo: “El proyecto nació de la constatación del profundo impacto que la emigración tuvo en esta comarca. Queríamos que esas historias de vida, que han conformado nuestros pueblos y nuestro territorio, no se pierdan cuando estas personas ya no estén entre nosotros”.

Para Rueda, la importancia de este trabajo reside en la dignidad del relato: “A veces se habla muy poco de lo que significó irse. Se habla de las remesas, pero no de la soledad ni del sacrificio. Teniendo en cuenta la importancia que tuvo la emigración para Extremadura, me parece que se habla muy poco de las personas que la vivieron y, en muchos casos, la sufrieron”.

La música del regreso y el “sentirse extranjero”

La jornada arrancó en la Plaza de España con los bailes del grupo folklórico El Rehoyo. El ambiente se electrizó cuando sonaron los primeros acordes de la Jota del Emigrante. Muchos de los presentes, hoy ya de pelo cano, cerraron los ojos recordando aquellos veranos en los que esa misma melodía era el himno de su retorno temporal.

Tras el baile, la emoción se trasladó a la Casa de la Cultura. Allí, la alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz Benito, dio la bienvenida a su vecindario con un discurso que salió de las entrañas. Como hija de emigrante, recordó la ausencia de su padre, un vacío compartido por casi todas las familias de la zona. Fue la primera vez que muchos de estos “héroes invisibles” recibían un reconocimiento oficial por su historia de vida.

El broche de oro musical lo puso el cantautor berzocaniego Luis Pastor. Su voz, cargada de la nostalgia de quien también emigró a Madrid siendo niño, resonó con temas como 'Soy' y 'Te Doy Las Villuercas'. Pastor cantó a la infancia, al barro de las calles y al arraigo, ese hilo invisible que, según Marleen Rueda, se transmite de padres a hijos: “Es muy emocionante ver cómo, en muchos casos, el amor al territorio se hereda. Tenemos ejemplos de hijos de emigrantes que nunca vivieron aquí, pero que han regresado al pueblo de sus padres con sus propios hijos e hijas porque este sigue siendo su hogar”.

Un archivo contra el olvido

Los resultados del proyecto de 'Memoria Oral' presentados durante el acto dibujaron un mapa de la España del siglo XX: la pobreza extrema de los años 40, el analfabetismo forzado, el miedo, pero también la capacidad de adaptación en tierras extrañas y el doloroso sentimiento de “ser extranjero” tanto al irse como al volver.

“El proyecto ha pretendido recoger las vivencias contadas en primera persona, desde los exámenes médicos y el viaje, hasta la vida en el país de destino y la decisión de regresar”, apunta Rueda. “Queríamos sentar las bases para reconocer públicamente su gran contribución a nuestra sociedad actual”.

El acto culminó con la entrega de una pieza de alfarería local a cada emigrante. Uno de los momentos más conmovedores fue ver a tres mujeres de la “segunda generación” (hijas de emigrantes que también vivieron fuera) subir al escenario cogidas de la mano para recoger su recuerdo. Fue el símbolo perfecto de un legado que no se rompe.

Al finalizar, entre aperitivos y conversaciones que mezclaban el acento extremeño con algún giro de Francia o Alemania, quedó claro que Berzocana no solo celebró un encuentro, sino un acto de reconciliación con su propia historia. Porque, como recordaron los organizadores, la emigración de ayer es el espejo de la que hoy acogemos en nuestros pueblos, un ciclo de búsqueda de dignidad que nunca debería caer en el olvido.

La Diputación de Cáceres firmará el 26 de mayo un convenio con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para intervenir en la fosa del cementerio de la capital cacereña, donde se prevé exhumar hasta 300 cuerpos, dentro de las actuaciones para la recuperación e identificación de víctimas de la represión franquista, ha anunciado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales.

No obstante, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ya dispone de una subvención inicial de la Diputación de Cáceres de 100.000 euros para la intervención (aprobada en el último pleno), que busca identificar a las víctimas mediante pruebas de ADN en coordinación con familiares y AMECECA.

Morales ha informado también de que este sábado se retomará la cuarta fase de los trabajos de exhumación en la mina La Paloma, en la localidad de Zarza la Mayor, una de las intervenciones más destacadas que se desarrollan actualmente en la provincia en materia de recuperación de restos de personas asesinadas durante el franquismo.

Asimismo, continúan las actuaciones para localizar y recuperar cuerpos en las inmediaciones de la caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino, dentro del término municipal de Almoharín. También siguen las intervenciones en el cementerio municipal de Villamesías.

El presidente provincial ha señalado que estas actuaciones forman parte del “compromiso” de la Diputación de Cáceres con la “dignificación de las víctimas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales y con el derecho de las familias a conocer el paradero de sus allegados desaparecidos”.

III Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera

Morales ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la III edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera, impulsado por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres para reconocer trayectorias, investigaciones y proyectos vinculados a la defensa de la memoria democrática.

El fallo del premio se dará a conocer el 21 de mayo, en una gala que se celebrará en el Complejo Cultural San Francisco y que estará conducida por la periodista y escritora Nieves Concostrina.

El acto contará, además, con la actuación del cantante Juan Valderrama y la participación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense” y de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

El galardón lleva el nombre de Conchita Viera, vecina de Valencia de Alcántara convertida en símbolo de la lucha por la recuperación de la memoria democrática tras dedicar gran parte de su vida a buscar los restos de su padre, Amado Viera, asesinado en 1936 por el franquismo.

El jurado de esta tercera edición está integrado por especialistas en ámbitos como la historia contemporánea, la antropología forense, el derecho constitucional y los derechos humanos.

La presidencia recae en Laura Muñoz Encinar, arqueóloga y antropóloga forense especializada en procesos represivos de regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX e investigadora del INCIPIT-CSIC.

El proyecto para la identificación de restos exhumados de las fosas clandestinas del cementerio de Castuera (Badajoz) ha permitido poner nombre a dos víctimas de la represión franquista, Antonio Holguín León, natural de este municipio pacense, y Julián Gil Mera, de Villanueva de la Serena.

Los trabajos, desarrollados durante la segunda mitad de 2025, han sido promovidos por el Ayuntamiento de Castuera y la Asociación Memorial del Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de la convocatoria de ayudas para actuaciones de recuperación de memoria democrática 2024-2025.

El proyecto ha estado dirigido por el Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, mientras que los análisis genéticos han sido realizados por el grupo de investigación BIOMICs de la Universidad del País Vasco, según ha informado el Consistorio castuerano en una nota.

La primera fase consistió en la recogida de muestras biológicas dubitadas de los restos exhumados entre 2011 y 2022, así como en la toma de muestras indubitadas a familiares de referencia incluidos en los listados elaborados por AMECADEC.

El análisis y ordenación de los datos ante mortem y post mortem ha permitido sistematizar toda la información generada y avanzar en un proceso de identificación especialmente complejo por el amplio contexto represivo que sufrió la localidad.

En Castuera existió una prisión del Partido Judicial y uno de los campos de concentración más importantes de la España franquista, por el que pasaron miles de prisioneros, ha recordado el Ayuntamiento. En el entorno de la localidad fueron asesinadas más de 300 personas durante la guerra y la posguerra.

El Ayuntamiento ha indicado que actualmente se mantiene el contacto con las familias para entregarles los restos y repararlos definitivamente.

Además, esta semana ha comenzado una nueva intervención en el cementerio municipal de Castuera para localizar otras fosas y exhumar más víctimas de la represión franquista. 

La intervención desarrollada en el cementerio municipal de Berlanga (Badajoz) ha evidenciado, por primera vez, la existencia de una fosa común de la Guerra Civil con, al menos, dos individuos represaliados inhumados en la misma. El hallazgo se ha producido en el marco de una intervención arqueológica promovida por el ayuntamiento, financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la colaboración de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica Campiña Sur, entidad que canalizó la solicitud de la familia de Rafael Sanabria Barragán, asesinado el 28 de septiembre de 1936 en la localidad pacense. 

Esta primera fase del proyecto ha permitido desarrollar labores de investigación histórica y localización de fosas dentro del camposanto. El equipo técnico multidisciplinar se encuentra integrado por Félix Bizarro, arqueólogo y director del proyecto, Adriana Martín, arqueóloga y antropóloga forense y Juan Manuel Lima, historiador.

La intervención arqueológica, desarrollada durante este mes de abril, ha consistido en la ejecución de diferentes sondeos en aquellos espacios donde los testimonios familiares y la memoria oral situaban la ubicación de posibles fosas comunes, tanto en el interior como en el exterior del recinto cementerial, obteniendo finalmente resultados positivos en un patio dentro del recinto.

En la fosa documentada, en forma de zanja, se han identificado, por el momento, los restos óseos de, al menos, dos individuos compatibles con víctimas de la represión. Además, en el relleno de la propia fosa se han recuperado materiales represivos asociados a hechos violentos, entre ellos dos vainas de 7 mm de fusil Mauser y un fragmento de proyectil. 

Este hallazgo supone especial relevancia histórica puesto que el cementerio de Berlanga no figuraba en el Mapa de Fosas de Extremadura, abriendo con ello nuevas líneas de investigación sobre la represión en la comarca. Además, las investigaciones iniciales estimaban en 32 personas el número de víctimas de la represión asesinadas en Berlanga, sin embargo, los nuevos datos obtenidos durante la fase de investigación histórica y arqueológica apuntan a que esta cifra podría verse ampliamente superada, llegando incluso a duplicarse.

Desde la organización del proyecto se subraya que este hallazgo supone “un primer paso fundamental para recuperar la memoria histórica de Berlanga, arrojar luz sobre los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra, y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus desaparecidos”.

La Fundación Cultura y Estudios de CCOO Extremadura presenta el ensayo general de ‘La Carta’, una propuesta escénica que busca rescatar del olvido la historia de las mujeres guerrilleras que resistieron tras el golpe de Estado de 1936.

La obra teatral, que es la práctica de 3º de la especialidad de Dirección y Dramaturgia de la ESAD de Extremadura que dirige la alumna Pilar Alonso, plantea un viaje al corazón de la Sierra del Torno para reconstruir la memoria de estas mujeres, muchas veces invisibilizadas en los relatos oficiales sobre la posguerra. A través del teatro, ‘La Carta’ se convierte en un ejercicio de recuperación histórica que pone el foco en su papel en la lucha por la libertad.

Desde la organización destacan que la pieza es “un canto a la verdad, la justicia y la reparación”, y subrayan la necesidad de seguir generando espacios culturales que contribuyan a difundir una memoria democrática con perspectiva inclusiva.

El ensayo general tendrá lugar el próximo 27 de abril, en Cáceres a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, con entrada libre hasta completar aforo.

La iniciativa se enmarca en las actividades de sensibilización y divulgación que impulsa la fundación para acercar a la ciudadanía historias silenciadas y reforzar el compromiso colectivo con la memoria histórica.

El historiador Antonio Orihuela rescata del olvido la voz de las mujeres que definieron la literatura revolucionaria de principios del siglo XX en su nueva obra, Las sin amo: Escritoras olvidadas y silenciadas de los años 30, que será presentada este miércoles en el Centro Social 25 de Marzo.

“Durante ese tiempo, muchas escritoras entendieron la novela como campo de batalla donde construir la utopía, y en este marco este libro bucea en la apasionante efervescencia cultural de esos años para recuperar una memoria silenciada”, ha indicado la Editorial Extremeña Jarramplas en una nota.

Según ha explicado, la cultura obrera edificó, desde principios del siglo XX hasta la Guerra Civil, un relato emancipador sostenido por un movimiento social de una amplitud que hoy parece casi inverosímil. En ese contexto, “no pocas fueron las mujeres, muchas noveles, autodidactas y con oficios agrícolas o industriales, que participaron en la producción de una literatura revolucionaria que alcanzó inusitados éxitos de ventas de manos de editoriales pequeñas y casi marginales”.

En este libro, publicado bajo el sello de La Oveja Roja, Antonio Orihuela se centra en las autoras que publicaron en la colección La Novela Ideal, impulsada por la editorial La Revista Blanca, con novelas cortas “a precios asequibles para los bolsillos trabajadores” y tiradas que superaban los 10.000 ejemplares.

Entre 1925 y 1938 vieron la luz más de medio millar de títulos que dan fe “de una vitalidad y fuerza que contrasta con el silencio que después deparó el tenaz borrado franquista”, señala la editorial.

La obra rinde homenaje a las autoras que defendieron la posibilidad de otras vidas, la potencia de la escritura para hacerlas posibles y la intervención directa de las mujeres en lo político a través de la cultura.

Antonio Orihuela, historiador, profesor, escritor, poeta y arqueólogo andaluz, reside en Mérida desde hace tres décadas y ejerce como docente en un instituto extremeño. Su escritura, destacan, “sostiene en todo momento la tensión de hablar al pueblo en un mundo donde las palabras han sido bombardeadas por el consumo y el individualismo”.

Además, coordina desde 1999 los encuentros anuales Voces del extremo, considerados un elemento “clave de la poesía de la conciencia”, y su trayectoria literaria se extiende también al ensayo y la novela.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha denunciado el ataque vandálico al memorial a las víctimas del franquismo ubicado en el cementerio de Cabeza la Vaca (Badajoz) como un acto de odio y humillación a las víctimas y a sus familias.

“Resulta profundamente doloroso comprobar cómo, tras haber sido recuperados los restos de las víctimas y restituida su memoria, ni siquiera se les permite descansar en paz”, ha lamentado la asociación, que, además, ha afirmado que se trata de un ataque que vulnera la estatal Ley de Memoria Democrática, que se produce en un contexto de paralización de la políticas públicas de Memoria Democrática de la Junta de Extremadura y de desprotección institucional tras la reciente aprobación de la llamada Ley de Concordia, promovida por PP y Vox en Extremadura.

Según explica ARMHEX, “en fechas recientes” han sido destruidas y arrancadas varias lápidas con los nombres de las víctimas asesinadas por el franquismo, por lo que considera que estos hechos “no son simples y aislados actos vandálicos, sino un ataque directo a la dignidad de las víctimas asesinadas y una humillación intolerable para sus familiares”.

El colectivo asegura que el memorial vandalizado es el resultado de años de trabajos de investigación y excavaciones arqueológicas en el propio cementerio de Cabeza la Vaca, desarrollados desde 2011, año en el que se localizó una primera fosa común con cuatro personas represaliadas de las más de 36 víctimas de las que se ha encontrado información. En años posteriores se llevaron a cabo nuevas campañas promovidas por el Ayuntamiento y alguna de ellas, ejecutadas por ARMHEX, con financiación del Plan de Recuperación de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y fondos del Estado.

Como resultado de estas intervenciones, se han localizado y exhumado al menos 19 víctimas de la represión franquista, incluidas varias mujeres asesinadas tras la ocupación del municipio en agosto de 1936, tanto de Cabeza la Vaca, como de Calera de León y otras localidades cercanas.

El memorial fue construido posteriormente como acto público de homenaje y reparación, incorporando los nombres de las víctimas y convirtiéndose en un lugar de memoria democrática y de dignificación.

ARMHEX ha puesto estos hechos en conocimiento del Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Además, ha expresado su confianza en que las autoridades competentes identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables “de estos intolerables hechos en una sociedad democrática, como es de esperar un Estado de Derecho”.

Asimismo, la asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a defender los valores democráticos frente al odio y el negacionismo, tomando como base el ordenamiento jurídico vigente, tanto la Ley de Memoria Democrática como otras normas aplicables para delitos de odio.