La memoria histórica planta cara en Cáceres al blindaje de PP y Vox a la Cruz de los Caídos

Las organizaciones de memoria histórica de Extremadura han decidido dar la batalla administrativa contra el expediente iniciado por la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres, instalada en la Plaza de América. Los colectivos han anunciado la presentación de alegaciones y su personación formal en la tramitación para exigir acceso a los informes técnicos autonómicos y frenar el blindaje del monumento.

En un comunicado conjunto, las entidades califican la declaración BIC como una “maniobra política” fruto de los acuerdos entre PP y Vox para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Sostienen que el objetivo de la Junta es bloquear la resolución firme dictada el pasado 17 de abril de 2026 por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ordenó la eliminación de la cruz y su inclusión en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Los colectivos subrayan que la retirada del monolito acumula un largo recorrido institucional. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad en diciembre de 2004 su traslado al cementerio municipal, una medida refrendada años después por el Informe sobre símbolos franquistas encargado por el propio Consistorio en 2017 y por el Catálogo de vestigios de la Diputación Provincial desde 2018.

Las asociaciones remarcan que la cruz fue concebida en 1937 y erigida en plena Guerra Civil para la “glorificación de la dictadura”. Por ello, consideran que su permanencia en la vía pública constituye un elemento de “humillación” para las familias de las más de 677 personas ejecutadas por la represión franquista en Cáceres entre 1936 y 1943, de las cuales muchas continúan desaparecidas.

Por otro lado, cuestionan que el monumento atesore valores artísticos excepcionales que sustenten la figura BIC, aludiendo a informes técnicos que definen la obra como de trazado “simple y repetitivo” y recordando que la retirada de sus placas en 1984 no alteró su carácter de exaltación totalitaria.

La iniciativa está promovida de forma conjunta por AMECECA, ARMHEx, el Grupo de Memoria Histórica de Garciaz, AMHD Tierra de Barros, AFAMEVVA y la Asociación Matilde Landa. Entre sus exigencias figuran la anulación inmediata del expediente de protección, la máxima transparencia con la publicación de los informes autonómicos y la entrega de las firmas recogidas durante la campaña social ante la Junta y el Ayuntamiento cacereño.