Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El cara a cara de Sánchez y Feijóo, en nueve vídeos
Opinión - 'Feijóo y Sánchez: dos horas de partido y ningún gol', por Anna López
Análisis- 'El regalo de Puigdemont a PP y Vox', por Neus Tomàs

Una jueza utiliza la respuesta de Almeida al desahucio de Maricarmen para frenar otros desalojos de la empresa autonómica

Manifestantes durante la acampada de la Puerta del Sol, este viernes.

Elena Herrera

4 de octubre de 2026 22:11 h

73

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la casa que habitó durante 70 años en Madrid, no solo se ha convertido en un símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. También empieza a tener eco en algunas decisiones judiciales. Es el caso de resoluciones por las que un juzgado de Madrid ha paralizado hasta ocho desalojos de familias vulnerables de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el antiguo IVIMA.

En las providencias, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Raquel Catalá argumenta que es un “hecho notorio” la “rápida puesta en marcha y activación” de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “ante una situación de desahucio de estos días” —en alusión a lo ocurrido con Maricarmen— y exige a la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid que garantice alternativas a otras familias vulnerables a las que pretende desahuciar. 

La magistrada, que es titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, reclama a la empresa autonómica que informe sobre las “medidas precautorias adecuadas y suficientes” que va a proporcionar a los ocupantes de esas viviendas —que se encuentran en “situación de especial vulnerabilidad”, incluso con menores— para que el desalojo, de producirse, les cause “el menor impacto posible”. 

La jueza argumenta que no se puede limitar a autorizar “mecánicamente” los desalojos de vivienda pública. Y también rechaza que las soluciones que se propongan sean la mera asistencia ambulatoria en la calle a través del Samur Social, un servicio municipal que se encarga de prestar ayuda en situaciones de emergencia o urgencia social. Esta suele ser la vía que utilizan las empresas públicas para acreditar que ha prestado una alternativa ante los desalojos de vulnerables que pretende realizar, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

“Hay que superar tal solución”, subraya la jueza. Y añade: “Se trata precisamente de que la juez/el juez, al autorizar el desalojo, conozca, valore y considere proporcionadas y suficientes las medidas que la Administración ha adoptado o va a adoptar”. Además, en las providencias la magistrada recuerda que en la propia página web del Ayuntamiento de Madrid figura que esa administración, a través de la EMVS, “cuenta con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible”, así como el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) que se utilizó en el caso de Maricarmen.

En sus resoluciones, la jueza alude también a que el derecho de la Unión Europea y la doctrinas y normas consignadas en los tratados y desarrolladas e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogen compromisos para garantizar el acceso a una vivienda social o una ayuda a la vivienda de calidad, así como el derecho de las personas vulnerables a recibir protección frente a los desahucios forzosos. 

En este caso, las viviendas son propiedad de la AVS de la Comunidad de Madrid, quien pide autorización judicial para los desalojos; si bien al tratarse de viviendas ubicadas en la capital, el Ayuntamiento de Madrid es quien dispensa los servicios sociales, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Almeida saca pecho

La semana pasada, el alcalde de Madrid sacó pecho por la intermediación del Ayuntamiento en la resolución del caso de Maricarmen a través de la EMVS. “Hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda”, dijo José Luis Martínez-Almeida en contraposición a las políticas del Gobierno central, cuyos reales decretos para que este tipo de desahucios no puedan volver a ocurrir fueron este viernes tumbados en el Congreso por las derechas, incluido el Partido Popular. El Gobierno, a través de la entidad pública 'Casa 47', planteó a la empresa distintas opciones para no desahuciar a Maricarmen, pero decidieron ignorarlas.

En el caso de la anciana, podrá volver a su hogar tras su inclusión en el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA). Se trata de un programa que pertenece al Ayuntamiento de Madrid que oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos. Según informó Somos Madrid, actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una en el distrito de San Blas por 857 euros y la más cara, una en Arganzuela por la que se piden 1.460 euros. 

Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, la EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler. En el caso de Maricarmen, el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de la vecina y tendrá una duración aproximada de ocho años. 

FE DE ERRORES. En una primera versión de esta información se afirmaba que los desahucios afectados por las resoluciones de la magistrada son de la EMVS cuando se trata de lanzamientos propuestos por la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Etiquetas
stats