Extremadura recurrirá ante el Supremo el decreto de cupos de menores migrantes y pedirá la suspensión cautelar

La Junta de Extremadura llevará ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que fija en 364 la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma. El recurso, ya firmado por la presidenta regional, María Guardiola, se presentará acompañado de una solicitud de suspensión cautelar de la norma hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su legalidad.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha adelantado que el asunto será elevado este martes al Consejo de Gobierno. A su juicio, la cifra asignada a Extremadura fue fijada por el Ejecutivo central de forma “arbitraria” y “discrecional”, sin tener en cuenta la realidad habitacional ni los recursos económicos de la región.

Durante su comparecencia, el también presidente del Grupo Parlamentario de Vox ha advertido de que la región “no tiene una capacidad ilimitada” y ha recordado que, en el momento en que se aprobó la norma estatal, Extremadura contaba únicamente con 14 plazas libres en su sistema de acogimiento.

Según ha matizado, estas plazas no están destinadas de forma exclusiva a menores extranjeros, sino que se comparten con menores españoles que precisan del mismo recurso de tutela. En este sentido, ha advertido de que, de cubrirse con perfiles procedentes de fuera de nuestras fronteras, “no se les puede dar el servicio a los españoles” que lo necesiten.

A la espera de los últimos datos oficiales, el vicepresidente ha cifrado en alrededor de 130 las plazas totales con las que cuenta el sistema extremeño, una ocupación fluctuante que deja a la red autonómica “al borde del colapso”.

Críticas al Gobierno central

El vicepresidente regional ha cargado duramente contra el Gobierno, al que ha acusado de utilizar la inmigración “como un arma arrojadiza”. Asimismo, ha reclamado a Moncloa que agote las vías diplomáticas existentes, como el acuerdo bilateral con Marruecos para la devolución de menores, antes de impulsar mecanismos de reparto territorial.

Ante esta situación, Fernández Calle ha ratificado que la Junta utilizará “todas las armas políticas, administrativas y judiciales” a su alcance para frenar la medida, al tiempo que ha aludido a la necesidad de prevenir escenarios de conflictividad social basándose en situaciones registradas en otros países europeos.