La Policía chilena ha denunciado al colectivo feminista LasTesis, creadoras del himno mundialmente conocido Un violador en tu camino, por presuntos delitos de “atentado contra la autoridad” y “amenazas” en su contra, relacionados con la publicación de un vídeo difundido el 27 de mayo por redes sociales contra la violencia policial.

La grabación –Manifiesto Against Police Violence– fue realizada junto a integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot y muestra a las activistas chilenas con mascarillas y manifestándose pacíficamente al exterior de una comisaría de Carabineros, desde donde repudian prácticas policiales ejercidas durante el estallido social de octubre y la pandemia.

Según publicó el medio chileno La Tercera, donde se dio a conocer la denuncia, el supuesto fragmento que ha motivado la acción judicial de la Policía dice: “Desfilan armados por nuestras calles (…) Lanzan gases, golpean, torturan, violan, destruyen, nos ciegan (…) El Gobierno no escucha y renueva las armas de la policía. Fuego a los pacos, fuego a la yuta”. La última frase, que menciona a los “pacos” y la “yuta” –argot con el que en el país se conoce a la policía–, es uno de los elementos que motivó a la institución a presentar la demanda. Sin embargo, esa expresión no consta actualmente en ninguna parte del vídeo.

La acusación de Carabineros de Chile, presentada ante la Fiscalía de Valparaíso el 12 de junio, considera a las cuatro artistas –Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres– responsables de promover “una incitación directa y pública a actuar de manera violenta en contra de los integrantes de Carabineros de Chile”.

En el texto de 11 páginas, según explica el medio local, el cuerpo policial acusa a las activistas de “crear una animadversión intencionada” hacia la institución y “una clara intimidación” en su contra. También las responsabiliza, en parte, de algunos de los altercados que se produjeron durante los seis meses de movilización social, que quedó en suspensión por la llegada de la pandemia.

LasTesis: “Es un intento de intimidación”

El colectivo feminista habló el pasado jueves por primera vez tras conocer la acusación en su contra. “Nosotras somos artistas, podemos decir lo que queremos porque la literalidad aquí no tiene sentido; estamos en un terreno de la metáfora, de la poesía”, dijo al medio Interferencia Sibila Sotomayor, quien califica la acción judicial como un “ataque directo y violento” y un “intento de intimidación y amedrentamiento” tanto en contra del grupo como de quienes se manifestaron durante el “levantamiento popular”.

“Lo que están tratando de hacer, es casi decir que por nosotras Chile despertó más o menos, cuando nadie nos conocía en ese entonces”, asegura Sotomayor. Su compañera Daffne Valdés agrega: “Es minimizar las demandas sociales y el descontento generalizado y reducirlo a nuestro actuar”.

LesTesis critican que se enteraron de la demanda por la prensa y que sus abogadas no han tenido acceso a la denuncia, pese a solicitarla en reiteradas ocasiones. Reprochan el respaldo del Gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro de Interior, a los uniformados y agradecen el apoyo recibido desde distintos sectores. “Es una forma de dar cuenta que no estamos solas, y que nuestro trabajo trasciende más allá de un solo rubro, que podría ser el arte, sino que problematiza en el activismo, en el conocimiento”, indica Paula Cometa.

Amplio apoyo al colectivo

En los últimos días, el colectivo ha recibido un amplio respaldo transversal de organizaciones feministas, artistas, personalidades del mundo de la academia, internautas, instituciones, alcaldes y parlamentarios. La ONG internacional por la defensa de los derechos humanos Front Line Defenders también se pronunció ante el “intento de criminalizar” a la agrupación.

Este lunes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido, a través de un comunicado“, de que el proceso iniciado por la Policía chilena ”podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión“.

Según ha informado la Fiscalía de Valparaíso, todavía no existen suficientes antecedentes para decidir si abre una investigación, ya que la tramitación de la demanda aún se encuentra en un estado “incipiente”.

La represión de las protestas en Chile ha sido cuestionada por organismos internacionales como Naciones Unidas o Amnistía Internacional. Con datos de marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno registró 3.838 heridos, 460 de ellos con lesiones en ojos. Durante su paso por comisaría, los investigadores de este organismo nacional constataron 2.146 vulneraciones de derechos humanos. La principal fue el uso excesivo de la fuerza, pero también documentaron 257 casos violencia sexual.

LasTesis irrumpieron en la escena internacional el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, tras varias semanas de una intensa movilización social en Chile. Su performance contra los abusos y la violencia sexual y estructural se hizo rápidamente viral y traspasó fronteras. En los días siguientes miles de mujeres de todo el mundo se juntaron para corear los famosos versos de la canción que denuncia: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú”.

Mónica Berlanas fue asesinada por su marido Jonathan D. L. F. en octubre de 2016. Vivía en Arévalo, tenía 32 años y dos hijas pequeñas de 1 y 3 años en ese momento. Pero la violencia machista de su agresor no terminó con su asesinato. Cuatro años después de que Jonathan matara a Mónica, que se estaba separando de él, la “pesadilla” continúa para la familia de la víctima. El próximo 30 de junio se celebrará un juicio en el que la Fiscalía pide al hombre cinco años de cárcel por proponer el homicidio de su suegro y de un amigo de la mujer. La familia de Mónica solicita siete años de prisión por intento de asesinato. 

Jonathan fue condenado en 2019 a 25 años de prisión por el crimen de Mónica, pero durante la prisión preventiva, en 2016, propuso a otro preso, presuntamente, matar a su suegro y a un amigo de Mónica a cambio de una suma de dinero. Jonathan contactó con el preso asignado para acompañarle durante el programa de prevención de suicidios, con quien, presuntamente, se intercambió cartas en las que proponía los asesinatos.

Este 30 de junio prestará declaración el padre de Mónica. “Ese día nuestra familia acudirá al juicio a prestarle todo nuestro apoyo y cariño, y a decirle al asesino, de manera silenciosa, sólo con nuestra presencia, que estamos más unidos que nunca, y que lucharemos y llegaremos hasta donde sea necesario para hacer justicia y que cumpla las penas íntegras y para que la muerte de Mónica no quede jamás en el olvido”, dice la familia.

La familia también reclama que el acusado no tenga ningún beneficio penitenciario porque considera “evidente” que Jonathan no tiene “ni arrepentimiento por el daño infringido, ni posibilidad alguna de reinserción en la sociedad”. “Tras la gravedad de estos hechos, solicitaremos el aumento de la orden de alejamiento de nuestra familia y las niñas de 500 metros a 10 kilómetros, puesto que la seguridad de todos los miembros de la familia puede ser vulnerada”, informan.

Con 500 metros, el progenitor de las menores podría vivir en el mismo pueblo que las niñas (Nava de Arévalo, de poco más de 700 habitantes), algo que la familia pretende evitar a toda costa. “De la justicia esperamos lo máximo que le pueda caer, y sobre todo que no tenga permisos penitenciarios y que aumenten el alejamiento”, solicita María, la hermana de Mónica.

“No podemos estar tranquilos”

La hermana de Mónica explica a eldiario.es cómo están viviendo los días previos al juicio: “Lo estamos viviendo con mucho miedo, ya no podemos estar tranquilos ni siquiera estando el asesino en la cárcel. No nos ha dejado pasar el duelo con tranquilidad porque sigue queriendo hacer más daño, y así es imposible avanzar”.

La familia de Mónica vive “en constante alerta” porque no se siente “a salvo” ni siquiera cuando el asesino de Mónica está entre rejas. “Queremos que esta pesadilla finalice y que todo el peso de la ley recaiga sobre este asesino, que tras asesinar a la que fuera su mujer delante de las pequeñas, no dudó en continuar con su cruzada particular contra nuestra familia”, lamentan los más allegados a Mónica a través de un comunicado.

María asegura que “por supuesto”, el “dolor” que sufre la familia no ha terminado con el asesinato de su hermana ni con la asistencia psicológica que necesitan sus sobrinas. “Esto es para toda la vida. Nos ha hundido”, lamenta María, que insiste en que son las niñas quienes hacen a la familia “continuar”. “Pero esto no se olvida ni tan solo un día...”, asevera.

25 años de prisión

El caso del asesinato de Mónica Berlanas llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, institución que confirmó sustancialmente la sentencia dictada por la Audiencia de Ávila. En septiembre de 2019, el Alto Tribunal autonómico prohibió al condenado acercarse a sus hijas y a sus abuelos y tíos maternos.

La sentencia en firme del TSJ redujo la orden de alejamiento a las dos hijas a 500 metros. La Audiencia provincial había prohibido al condenado que viviera en el pueblo de las niñas o en cualquier municipio que estuviera en un radio de 10 kilómetros, una demanda que reitera la familia de Mónica.

Durante el juicio de la Audiencia Provincial, celebrado en audiencia pública y con un jurado popular, los forenses descartaron que Jonathan D. L. F. tuviera algún trastorno de la personalidad. El hombre realizó un “relato frío de los hechos” y no tenía una “conducta impulsiva”, ya que “sabía perfectamente que estaba haciendo el mal”. Otro de los forenses aseguró durante el juicio que el ya condenado “no presentaba arrepentimiento” por lo que había hecho.

Los forenses que participaron en el proceso descartaron que Jonathan tuviera un trastorno mental o un arrebato cuando asesinó a Mónica, algo que tenía previsto “en su mente en días previos”. “Se trataba de una persona fría, que no mostraba arrepentimiento, agresivo, desconfiado, no admitía que se le contradijera”, indicaban los forenses y recoge la sentencia. A uno de los forenses, Jonathan le dijo “que no se había podido aguantar, porque se la estaba pegando con otro”.

“La consideraba un objeto”

Jonathan D. L. F. “tenía intención de matar y porque sabía que ella salía con una tercera persona y no estaba conforme con dicha relación, quedando probado el elemento subjetivo de la alevosía”, señaló la sentencia de la Audiencia provincial de Ávila que le condenó a 26 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco y la agravante de género y un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Jonathan D. L. F. mató a Mónica en presencia de su hija mayor. Los magistrados afirmaron que Jonathan consideraba a Mónica “como un objeto del que podía disponer a su antojo y que nada podía hacer sin su consentimiento”. “A pesar de que ya no tenían relación de convivencia le prohibía salir con terceras personas, como si fuera de su propiedad”, relata el juez.

Cuatro años después de ese asesinato y apenas un año después de que se celebrara el juicio por el asesinato de Mónica, pervive la huella de la violencia machista en su familia. Sus hijas ya tienen 7 y 4 años y la mayor todavía tiene secuelas por jaber presenciado el crimen. 

Inspección de Trabajo ha archivado la denuncia impuesta contra Iveco por el sindicato Comisiones Obreras por no proteger a la empleada que se suicidó en mayo de 2019 tras la difusión de un vídeo sexual en su empresa y por no activar el protocolo contra el acoso, según una resolución adelantada por El Periódico.

Con esta resolución la Inspección de Trabajo da por cerrado el caso y apunta que “el problema de la trabajadora no se encontraba tanto en el entorno laboral, sino en el personal”. En su escrito de nueve páginas, asegura que a la mujer “no le afecta la visualización del vídeo por sus compañeros en cuanto al contenido del mismo”, sino que le preocupaba que el vídeo llegara a “su entorno familiar y más concretamente a su marido”.

CCOO había acudido a la autoridad laboral porque aseguró que la dirección no aplicó el protocolo que tiene para la prevención del acoso sexual en el trabajo después de que la trabajadora denunciara la situación que estaba viviendo ante Recursos Humanos.

El pasado mes de enero el Juzgado de lo Penal nº 5 de Alcalá de Henares (Madrid) decidió sobreseer provisionalmente el caso. Según adelantó El Periódico y confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a eldiario.es, el archivo se realizó después de que en mayo de 2019 el juzgado iniciara la investigación por la presunta comisión de dos delitos: uno de descubrimiento y revelación de secretos y otro contra la integridad moral.

Según estas mismas fuentes judiciales, la magistrada decidió el sobreseimiento por “falta de autor conocido” en el primero de los casos, es decir, no se ha podido identificar al responsable de la primera publicación, y por ausencia de denuncia en el segundo, “requisito obligatorio para seguir adelante”.

Aterrizó en el Ministerio de Igualdad y a los dos meses la emergencia sanitaria del coronavirus trastocó los planes de un organismo con mucha tarea por delante. Desde su cargo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (Murcia, 1968) ha intentado dar respuesta a una crisis sin precedentes que, según la OMS, ha aumentado la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género; mujeres para las que el hogar no ha sido un lugar seguro. Una “situación adicional de peligro, una pandemia sobre otra pandemia”, esgrime la jueza ahora en excedencia en conversación con eldiario.es.

Al otro lado de la pantalla, Rosell hace balance de estos tres meses, en los que las peticiones de ayuda al 016, el teléfono de atención a las víctimas, han escalado considerablemente y lamenta el discurso de la derecha, que durante toda la epidemia ha vinculado el 8M con su expansión, una causa que ha archivado la justicia: “Es muy evidente que son ataques al Gobierno y, específicamente, al feminismo y al Ministerio de Igualdad”.

¿Podemos afirmar que la violencia machista ha aumentado durante el confinamiento?

Sí, tenemos indicadores que lo señalan. Sabemos que es una violencia estructural, pero también silenciosa. Salud Pública informa de que se han incrementado los partes de lesiones, aunque no hayan aumentado los homicidios. Ahora la Policía nos habla de más de 8.000 detenciones y de 2.400 llamadas de control de Viogen. Los servicios del 016 han aumentado considerablemente. Los datos que dimos el lunes son un incremento medio del 50%.

Luego hay otros indicadores, dentro de la limitación de que se trata de una violencia que sucede entre cuatro paredes, como el incremento de visitas a páginas web de pornografía cada vez más violenta, que para las personas expertas también puede ser un indicio de violencia sexual dentro del domicilio. Así que creemos que no nos equivocamos en el diagnóstico. En las parejas que no viven juntas, que son las más jóvenes, es evidente que no se ha desarrollado violencia física, sino violencia de control.

¿En qué situación han estado los recursos para acoger a mujeres víctimas de violencia machista? Aunque se trata de competencias descentralizadas, ¿tiene la Delegación datos de su capacidad durante el periodo de alarma?

Los datos los tienen las comunidades autónomas, dependemos de ellas porque es su competencia. Hemos pedido datos a las diecisiete comunidades más dos ciudades autónomas y todavía estamos esperando a que muchas nos respondan. Las casas de acogida eran un servicio esencial y siguieron funcionando. Hubo una medida que en principio fue muy incomprendida, que era la posibilidad de utilizar con este fin alojamientos de tipo turístico, que debían permanecer cerrados según la orden de Sanidad, pero que podían ser una alternativa en caso de saturación de las casas de acogida. Hay que remitirse a las comunidades autónomas para tener datos también sobre esto.

¿Temen un repunte de las denuncias por violencia de género después del estado de alarma? ¿Están preparando al sistema judicial para ello de alguna manera?

Me parece esencial quitar el acento en la idea de la denuncia en la Policía y en los juzgados y poner el acento en las demás puertas que se abren porque los datos nos indican que menos del 28% de las víctimas de violencia identificadas como tal acuden a policía y juzgados. A los juzgados, en concreto el 1,7%. Y, sin embargo, el 37,2% de la violencia se verbaliza ante los servicios sociosanitarios. Creemos que podría haber un repunte de la violencia física y de los quebrantamientos de condena, pero que no se puede detectar solo con medidas desde Justicia. En sanidad se hace una labor esencial, vital literalmente, contra la violencia de género y el Estado tiene que tener capacidad de ser proactivo en la búsqueda de esas violencias que no se verbalizan y que no se denuncian.

¿Qué han propuesto a Justicia y Sanidad concretamente?

La distancia social puede implicar que te citen a un juzgado y te digan que no puedes ir acompañada y eso es quitarte un derecho a cambio de las distancias. Pensamos que se podría hacer una vídeo identificación o una identificación digital que permitiera a las víctimas declarar desde lugares amables y seguros que pueden ser las oficinas de atención a las víctimas o, en el caso de las mujeres que ya estaban en intervención social, desde sus servicios sociales. En algunos foros jurídicos comentan que cómo vamos a permitir esas declaraciones testificales desde otros sitios. Pero si durante el estado de alarma se han permitido este tipo de declaraciones de los detenidos, yo creo que se puede hacer.

A medio plazo pretendo que esta certificación digital pueda permitir a las mujeres que lo quieran tener esa identificación de víctima de violencia ante otras administraciones con el objetivo de evitar la revictimización. Porque las víctimas cuentan muchas veces a lo largo de su vida que son víctimas de violencia: para pedir una beca, adaptación laboral, vivienda... Yo creo que sería bueno que aquellas que así lo decidan puedan certificarse digitalmente. Por ejemplo, si a Urgencias va una mujer con el brazo roto de la mano de su agresor, en su historia ya consta.

Al margen de esto, el llamado título habilitante, es decir que las víctimas sean reconocidas oficialmente por servicios sociales o médicos, y no solo por una sentencia u orden de protección, arrancó en la pasada legislatura, pero no acabó de funcionar en todas las comunidades o no de la misma forma. ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

Ahora mismo cada comunidad tiene establecido su titulo habilitante, aunque es verdad que de distintas maneras, pero eso no podemos homogeneizarlo. Lo que sí hacemos es establecer unos criterios comunes y estamos estudiando la posibilidad de que las Oficinas de Atención a las Víctimas puedan incluirse en este sistema de certificación. En algo más de un año hemos pasado de que solo lo reconozca una sentencia judicial o una orden de protección a abrir todo un abanico que realmente está costando y es complejo, pero que abre todas las puertas del sistema socioasistencial a las víctimas sin pasar por el sistema de justicia. La policía y la justicia no pueden tener esta exclusiva.

Precisamente la semana pasada el CGPJ publicó una radiografía de los 1.000 asesinatos machistas en España y una inmensa mayoría nunca había denunciado. ¿Qué falla en el sistema?el CGPJ publicó una radiografía de los 1.000 asesinatos machistas en España

El sistema de denuncia penal falla porque es pedirles a las mujeres que carguen sobre sus hombros con la iniciativa y el peso de su propia salida de la violencia. El propio Convenio de Estambul pide a los Estados que no se les exija a las mujeres que sean ellas las responsables de iniciar y protagonizar su protección, sino que la protección social sea independiente. Desde 2004, lo que más hemos desarrollado es la parte penal y de protección policial, y es el momento, ya desde el anterior Gobierno, de no hacerlo depender de la denuncia. El sistema de justicia evidentemente tiene sus fallos, por ejemplo, una falta de formación y de enfoque de género que tenemos que paliar, pero además es que no debe ser necesario tener que transitar por ahí para acceder a la ruta asistencial.

Seguimos viendo casos como el de Itziar Prats, la mujer cuyas hijas fueron asesinadas por su exmarido tras múltiples denuncias. ¿Se van a revisar los regímenes de visitas con menores de padres investigados por violencia de género? Estas niñas ni siquiera fueron evaluadas por un psicólogo. ¿Habrá cambios en este sentido?

Nosotras durante el estado de alarma ya sacamos una información conjunta con Derechos Sociales sobre los regímenes de visitas y la ley de infancia, que se mejorará tanto en el ámbito de los ministerios como en el de las aportaciones sociales y en el Congreso, y que cambia el enfoque sobre escuchar a los niños y niñas. A nivel judicial ha habido fallos clamorosos y condenas a España, como el caso de Ángela González Carreño, y fracasos del sistema como el de Itziar Prats que no pueden volver a repetirse. Hay que interiorizar que un maltratador nunca puede ser buen padre y siempre priorizar la protección de los hijos e hijas frente a los supuestos derechos de un presunto agresor. Hay que ahondar en esto. Uno de los aspectos que menos se desarrolló en el ámbito de la violencia de género fue el de la infancia; en algo hemos avanzado, pero para mí es esencial poder suspender o romper el vínculo con el presunto agresor.

Justo se ha cumplido un año de la condena a 'la manada’ en el Tribunal Supremo. ¿Cree que esta sentencia ha influido en algo en la manera de juzgar los delitos sexuales en España?

Fue importante que la sentencia apreciara intimidación ambiental y que se pudiera resumir en las cinco palabras que gritaban las feministas en la calle: 'no es abuso es violación'. Creo que va a marcar un precedente en el tratamiento tanto de la intimidación ambiental como en las medidas que hay que adoptar en lo relativo a las víctimas. ¿Realmente podemos estar diciendo a una mujer 'denuncia un delito sexual' y a la vez exponerla a lo que social y mediáticamente vivió esa víctima? Por otro lado, también será histórica si aprendemos. Las conclusiones que podemos sacar de otros casos en los que no se apreció intimidación ambiental acompañan perfectamente la decisión legal que está en el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual de terminar con el abuso y que todo sea agresión sexual.

Una de las cuestiones que están encima de la mesa estas semanas es la libre autodeterminación de género de las personas trans. Hay un sector del feminismo para el que este derecho afectaría a la violencia de género o podría dejar desprotegidas a las mujeres que la sufren. ¿Qué opina?Hay un sector del feminismo

Ampliar la protección a otras mujeres o a colectivos vulnerables que son víctimas de violencias no borra ni desdibuja la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Me parece un falso debate en el que se intenta enfrentar, en vez de al feminismo contra el neoliberalismo y el patriarcado, a unas víctimas con otras. Y eso es el escenario ideal para el negacionismo, para el neoliberalismo y para el patriarcado. Ninguna víctima de violencia se va a ver desprotegida porque haya una ley que proteja a las mujeres trans. Es evidente que la evolución va hacia los derechos de las personas trans y esto no limita los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. En absoluto. Ningún análisis serio indica ese borrado.

Estas voces llegan a afirmar que habría hombres agresores que podrían declararse mujeres para evitar que se les aplicara la Ley de Violencia de Género, ¿es esa una amenaza real?

Es un discurso que no es neutro y que está convirtiendo a personas que necesitan un apoyo de sus derechos humanos y un reconocimiento expreso en potenciales agresores. Me parece, por un lado, burlarse de lo que es la transexualidad, que es una vivencia, no es un sentir ni un pensamiento pasajero que cambia cada minuto, y también no tener conciencia de lo que es la violencia machista. Y, además, tratar de situarlas inmediatamente en el imaginario colectivo como agresoras de género. Me parece que hay que tener mucho cuidado con las hipótesis de laboratorio que se formulan. Se está criminalizando a las personas trans y presentándolas ante la opinión pública como un peligro para las mujeres. Y lo que es un peligro es el patriarcado para las personas trans, además de para las mujeres. Enfrentar a dos colectivos cuyos derechos humanos aún no están a la altura de los derechos humanos de los hombres heterosexuales es caer en una trampa que nos llevaría a una regresión.

La diputada de Vox, Macarena Olona, ha sorprendido este martes en el Congreso con una intervención a gritos desde la tribuna para defender la posición de su grupo frente a la violencia de género. “Como mujer, española, madre, hermana y política afirmo que la violencia no tiene género y no vamos a asumir que se criminalice al varón porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias”, ha clamado en el pleno, que debatía una proposición no de ley precisamente para reconocer la existencia de una violencia específica hacia las mujeres e instar al Gobierno a combatir “discursos machistas y negacionistas”. 

La diputada de la formación de extrema derecha ha proseguido su alegato poniendo el foco en la Ley Integral contra la Violencia de Género, una norma “que ha roto la igualdad entre los españoles, ha destruido la presunción de inocencia del varón y es ineficaz”. Para Olona, “lo que han impuesto en España desde que el Gobierno de Zapatero aprobara esa ley ideológica en 2004 no es feminismo, es puro hembrismo, odio patológico hacia el varón”. “Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género”, ha reiterado en línea con la postura del partido de extrema derecha desde su entrada en las instituciones.

La intervención se ha producido después de que Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, haya defendido la iniciativa, que será votada el jueves. Berja ha recordado a las 1.053 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, 21 en lo que va de año, y a los 37 niños y niñas contabilizados desde 2013. “Ante esta realidad no caben discursos a medias, titubeos ni margen para la duda, solo es admisible el rechazo”, ha defendido la diputada, que ha explicado que “existen otras formas de violencia entre personas, pero ¿alguien duda de las graves dimensiones de la violencia de género hacia las mujeres y que el origen es el machismo? La desigualdad y la violencia contra las mujeres es estructural.”.

Berja se ha dirigido directamente a Vox, al que ha acusado de “llamar mentirosas a las mujeres” y al Partido Popular, al que ha reclamado que “tienen en su mano distanciarse” del negacionismo de la extrema derecha. La portavoz popular Margarita Prohens Rigo se ha querido alejar de esta posición y ha asegurado que los datos “indican” que la violencia “no tiene ideología, pero sí tiene género”, ha dicho antes de deslizar que su posición será la abstención: “Desde el PP no vamos a entrar en provocaciones ni de unos ni de otros” porque la violencia de género “es una cuestión de Estado”. 

Tanto el PP como Ciudadanos han exigido al Gobierno que ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque la violencia machista, ha proseguido Prohens, “no se soluciona con lemas, tuits y propaganda”, sino que “el ministerio tiene que pasar de las pancartas al BOE”. Por su parte, Sara Giménez, del partido naranja, ha coincidido en que los datos “son evidentes” y “sería un retroceso social negar esta realidad”, sin embargo, también ha reclamado al Ejecutivo hacer “algo más que declaraciones” y desarrollar el acuerdo parlamentario fraguado en el Congreso antes de la entrada de Vox.

Varias diputadas han reprochado a la formación de extrema derecha su discurso y las formas de su intervención porque “quien niega la verdad de la violencia pasada, es cómplice de la violencia futura”, ha defendido la portavoz de Podemos- En Comú Podem- En Marea, Mar García Puig. La diputada, además, ha echado en cara a los populares y Ciudadanos que “no hayan tenido complejos” para “aliarse con los negacionistas de la violencia machista” en referencia a los pactos de ambas formaciones con Vox para lograr gobiernos autonómicos del bloque de derechas.

“Una vulneración de derechos humanos”

El PSOE ha decidido no aceptar ninguna de las enmiendas propuestas por los grupos, entre ellos PP y Ciudadanos, a la iniciativa, que expresa que la violencia contra las mujeres “es la manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres” y supone “una vulneración de los derechos humanos”. Precisamente este lunes, el Ministerio de Igualdad hacía un balance definitivo del 016, el teléfono de atención a las víctimas, durante todo el estado de alarma, un periodo en el que las peticiones de ayuda han escalado un 45%.

La iniciativa reconoce que España “ha sido un país pionero” en este ámbito al establecer un marco jurídico que “necesita medios suficientes”, pero también “un consenso político que mande un mensaje claro a la sociedad”. Sin embargo, ahora el país se encuentra en “un momento crucial” porque “por primera vez existe un discurso en las instituciones que niega la propia existencia de la violencia de género”; una retórica que “tiene un impacto directo en las víctimas ya que incrementa el miedo, la culpa y la vergüenza que las mujeres víctimas sufren”. 

El 20 de abril de 2019 un agente de la Policía Nacional sacó de madrugada su arma reglamentaria y mató de seis disparos a su novia en su casa de Olot (Girona). Ese día, señalado en negro en el calendario, la violencia machista se cobró la víctima número mil en España desde 2003, año en que empezó a contabilizarse. Antes de ella, otras mil vidas de mujeres fueron arrasadas por los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental. Más de un año después, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto bajo la lupa cada uno de los casos y ha publicado un análisis minucioso, el más grande hasta la fecha, que abarca 16 años.

La cifra supone una media de 61,3 víctimas mortales cada año, con diferencias entre los ocho primeros y los segundos: de 2003 a 2010 el promedio es de 68,3, que baja hasta los 54,4 en los siguientes hasta 2018, el último completo. Un asesinato a la semana, en concreto cada 6,7 días, calcula el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Al menos un caso cada uno de los 180 meses, con una excepción: enero de 2009 es el único mes que no registró ninguno. 39 días es el máximo tiempo transcurrido en España sin ningún asesinato machista y el 29 de diciembre de 2015 fue el día que más se produjeron, cuatro. 

Aunque hay una distribución más o menos homogénea, en cuanto a los meses y días de la semana en los que más asesinatos se han producido, los meses de julio y enero, con 98 y 94 respectivamente, son los que tienen cifras más altas, y abril (72), el que menos. El 29,5% de los casos se ha producido en domingo, siete puntos más que el jueves, el día en que menos hay (22,7% del total).

El informe concluye que analizando la tasa de muertes, es decir, en relación a la población, 2003 es el año que alcanza el pico, con 3,92 casos por cada millón de mujeres. Por comunidades, Islas Baleares (4,9), Canarias (4,6) y la Comunitat Valenciana (3,8) están en la parte alta de la tabla, mientras que Castilla y León, Madrid y País Vasco, con 2,7, 2,4 y 2,2 casos respectivamente, anotan las menores tasas. Ceuta y Melilla tienen un promedio de 11 y 4,1. Si solo miramos el número total de casos, Andalucía es la comunidad con más y el peor año fue 2008, con 76 víctimas.

Como curiosidad, en La Rioja y en Ceuta no se registran casos desde 2009, pero en todas las provincias del país ha habido al menos dos asesinatos machistas durante este tiempo. Por capitales de provincia, solo seis (Cádiz, Donostia, Huesca, Palencia, Segovia y Toledo) no han registrado ninguno. Tampoco en 25 ciudades con más de 50.000 habitantes, siendo la de mayor de ellas la capital de Gipuzkoa. Por otro lado, Madrid es la ciudad con mayor número de casos, en concreto 51. Como conclusión, las tasas más altas se han producido en los municipios de 10.000 a 25.000 habitantes y las más bajas en los más pequeños, los de menos de 5.000.

El 73% no había denunciado

Del análisis de los mil casos, concluye el estudio, se desprende que la violencia de género “afecta a todos los ámbitos y mujeres”, aunque en base a las sentencias y expedientes evaluados se extrae información solo de algunos indicadores como la edad o la relación con el asesino. Las mil mujeres tenían de media 42,2 años, pero la víctima más joven tenía 13 años, que fue asesinada el 20 de octubre de 2012, y la más mayor 95, asesinada el 14 de enero de 2019. En cuanto a los agresores, la edad media escala hasta los 46,3 –el más joven tenía 16 años y el más mayor 95–. El 23 de febrero de 2011 se registró el caso con mayor diferencia de edad entre agresor y víctima: 43 años.

El 65,5% de las víctimas y el 66,4% de los agresores eran españoles y en un 60,5% de los casos se mantenía la convivencia entre ambos. En cuatro de cada diez, la relación se había extinguido o estaba en proceso de hacerlo. En cuanto a las denuncias, solo en 261 de los mil casos constaba, es decir, en un 73,9% no. Y solo 124, el 12,4%, tenían medidas de protección en vigor. Del total de casos en los que había denuncia, la mayoría había roto la convivencia, pero no así en un 38,3% de las ocasiones. 

Cabe destacar que el promedio de edad de las mujeres que sí denunciaron fue de 38,9 años, más de dos años inferior al promedio de edad de todas las víctimas y es “muy significativo”, destaca el CGPJ, que en la horquilla de 36 a 45 años casi la tercera parte había denunciado, mientras que se reduce a menos del 10% en las mayores de 65. También las mujeres extranjeras (28,1%) denunciaron más que las españolas (25%).

Una inmensa mayoría, el 75,2%, tenía hijos o hijas, y casi la mitad, un 49%, menores de edad. En total, en estos 16 años 765 niños y niñas se han quedado huérfanos por la violencia machista y 23 han sido asesinados también junto a sus madres. En total, 1.494, independientemente de su edad, perdieron a su madre en un asesinato de estas características. 

El estudio del CGPJ también arroja datos sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos: el 75% de los asesinatos tuvo lugar en un domicilio y en la mitad, el hombre utilizó un arma blanca para cometer el crimen. Además, se analiza cuál fue la respuesta mayoritaria de los asesinos tras matar a sus parejas o exparejas. En un 32% de las ocasiones, se suicidaron o lo intentaron  y dos de cada diez se entregaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El 0,4% huyó. El resto fueron detenidos y de ellos, un 34,7% intentaron negar u ocultar el crimen.

Llegó a casa de madrugada con las medias rotas, desorientada y aturdida. Apenas unos flashes de lo que había ocurrido y fuertes dolores vaginales le alertaron a la mañana siguiente de que, según ha denunciado, le habían drogado en un bar de Madrid para después abusar sexualmente de ella. No fue sino hasta varias semanas después cuando una pegatina con el rótulo 'Ultrataque' le permitió seguir la pista de quienes, esa noche, habrían anulado su capacidad de reacción, según las sospechas, por sumisión química. Los denunciados son dos tenientes de la Guardia Civil. Uno de ellos destinado en Inca (Baleares) y el otro, en Ferrol (A Coruña), ambos en activo, y un tercer joven.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid indaga desde entonces, a instancias de la Fiscalía, el cúmulo de circunstancias que rodean a un caso cuyas pesquisas no han trascendido más allá de dependencias judiciales y policiales y a las que se dio impulso tras la denuncia interpuesta por la víctima, una joven mallorquina que había ido a pasar el fin de semana a Madrid y que regresó a la isla sin saber qué había sucedido realmente aquella noche.

El sumario, al que ha tenido acceso eldiario.es, pone el foco de atención en la noche del 11 al 12 de marzo de 2018. La denunciante, de 27 años, se encontraba en un bar de La Latina junto a su mejor amigo, en cuya vivienda se alojaba durante su estancia en Madrid. Cuando ambos se disponían a abandonar el local, aparecieron en escena los tres jóvenes denunciados y le ofrecieron a la chica tomar algo.

La joven decidió quedarse con ellos mientras su amigo optaba por marcharse a casa. Recuerda que los investigados afirmaban ser de León, hacían bromas sobre las gafas que llevaba uno de ellos y cómo tan sólo uno de ellos se presentó –bajo el falso nombre de Jorge–. Tras ello, se trasladaron a otro bar en el que ella pidió una caña. Son los recuerdos más vívidos que la chica conserva de aquella noche.

Según relata la denunciante, en un instante en el que entabló conversación con otro joven ajeno a ellos perdió de vista la cerveza. Desde ese momento todo se tornó confuso. Imágenes difusas y desordenadas de una discoteca vacía, del interior de un taxi, rodeada en la cama por varios hombres sin camiseta arrancándole las medias.

Tomó conciencia a la mañana siguiente

Tal como puso de manifiesto ante la Policía Nacional y, posteriormente, ante el juez instructor, la víctima cree que le introdujeron en la bebida algún tipo de sustancia química –intuye que burundanga, un tipo de droga que desaparece de la sangre escasas horas después de su ingesta, anula la voluntad y aplaca los recuerdos– para aprovecharse de su ausencia de facultades. De hecho, fue a la mañana siguiente cuando la chica tomó conciencia de la situación al despertar en la vivienda de su amigo con fuertes dolores vaginales.

Asustada, se dirigió a una farmacia para adquirir la píldora del día después ante la posibilidad de haber mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento. Horas más tarde tomó un avión de regreso a Palma de Mallorca.

La versión de su amigo es otra de las claves sobre las que pivota la causa. Interrogado por los hechos, manifestó ante los investigadores que, a lo largo de aquella noche y preocupado por ella, le llamó en varias ocasiones. La joven le respondió con mensajes de texto apenas legibles. Sobre las tres de la madrugada, recuerda, su amiga llegó a su casa mareada, desorientada y con las medias rotas.

La joven decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional, en Palma. Lo hizo cinco días después de aquella noche ya que, afirma, el miedo la mantenía paralizada. De hecho, sobre el estado en que se hallaba, los agentes anotan en su atestado un apunte que consideran “relevante”: la denunciante presentaba “un trauma y/o consecuente bloqueo en el recuerdo de ciertos momentos de aquella noche”, por lo que se hacía necesario investigar los hechos y a los posibles “agresores”.

La víctima logró identificarles varias semanas después ya que, la noche en que les conoció, los investigados le habían entregado una pegatina que la víctima guardó en su cartera. El rótulo que aparecía en ella, 'Ultrataque' –referente a un grupo de Whatsapp de ligue del que los tres amigos formaban parte–, le llevó a indagar en redes sociales, donde finalmente logró reconocerles. De inmediato, la víctima puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Llamativamente, las circunstancias en las que la joven mallorquina se vio envuelta no terminaron ahí. Apenas unos días después de identificar en Internet a los presuntos autores de los hechos y mientras la Policía recababa información, volvió a toparse con ellos. Había pasado mes y medio de aquella noche. El 28 de abril los tres denunciados habían irrumpido en la discoteca palmesana a la que, precisamente, la chica había acudido ese mismo día. Según fuentes del caso, dos de ellos habían decidido pasar unos días en Mallorca, donde vive el guardia civil destinado en Inca.

Tras contactar, alarmada, con la Policía, una patrulla se desplazó de inmediato hasta la discoteca para identificarles y los condujo a comisaría, donde acabaron imputados por un delito de abusos sexuales.

La versión de los denunciados

Frente a la versión de la joven, los dos guardias civiles, Javier V. (de 26 años) y Guillermo. P. (25), y el otro amigo que iba con ellos, Óscar P. (26), niegan de plano haber drogado a la denunciante y afirman que las relaciones que mantuvieron con ella fueron consentidas en todo momento. Aseguran, incluso, que éstas tuvieron lugar después de jugar a 'verdad o atrevimiento', una de cuyas condiciones conllevaba que la chica debía elegir a uno de los tres y acompañarle a la habitación, donde debían permanecer durante un minuto hablando “del tiempo en Mallorca”. Según alegan, acabaron manteniendo sexo oral con el beneplácito de la joven. Los tres coinciden en señalar que sólo uno de ellos, Óscar F. (el único de los amigos que no es guardia civil), la penetró.

Recuerdan, además, que, dado que la joven quería irse a casa, decidieron acompañarla en un taxi. En su declaración ante el juez, los investigados llegaron a manifestar que, para acreditar sus alegatos, disponían de una imagen de la matrícula del vehículo, que fotografiaron nada más apearse del coche.

Se da la circunstancia de que, minutos antes de declarar en Palma tras su imputación por abusos sexuales, los dos guardias civiles transmitieron a uno de los agentes que querían “entrevistarse con él”. Manifestaron, además, que creían “saber el motivo” por el que la Policía acababa de identificarles. Desde que las investigaciones se pusieron en marcha, la Guardia Civil ha remitido diversos oficios al Juzgado para conocer el estado de las pesquisas en el marco de la información reservada que el Instituto Armado procedió a abrir para asegurarse de los indicios que pesan sobre ambos agentes antes de decidir incoar un expediente disciplinario contra ellos.

La Fiscalía de Burgos ha anunciado recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el caso conocido como Arandina, con el fin de que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que absolvió a uno de los tres condenados -la Audiencia de Burgos les había impuesto 38 años a cada uno- y rebajó a cuatro y tres años de cárcel las penas para dos de ellos.

Ante el carácter extraordinario y restrictivo del recurso de casación, la acusación pública, a través de un comunicado, no se considera viable para rebatir la calificación de delito de abuso sexual ni para recurrir la absolución del tercero de los acusados, R.C.H.

Sin embargo, en el informe que se ha elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, se considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no se ajusta a derecho en lo que respecta a las condenas impuestas a los acusados C.C.S ('Lucho') y V.V.R. ('Viti').

Además, se entiende que hubo una aplicación indebida de la atenuante analógica de la cercanía de edad y la proximidad en el grado de desarrollo o madurez con la víctima, mientras que, en tercer lugar, se estima que no procedía apreciar dicha atenuante como muy cualificada, ni la rebaja de la pena en dos grados.

No obstante, se advierte de que los motivos y criterios de interposición del recurso corresponden a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con respecto a los recursos interpuestos por las defensas de los tres ex futbolistas de la Arandina, condenados por la Audiencia Provincial de Burgos por delitos de agresión sexual, acordó en marzo absolver a R.C.H. y rebajó las condenas a C.C.S ('Lucho') y V.V.R. ('Viti'), que quedaron en cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

Abuso sexual contra una menor

La Sala entendió que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual, cometido en la persona de una menor, y apreció como atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima.

Por un lado, la Sala excluyó totalmente de responsabilidad a R.C.H, ya absuelto por la Audiencia Provincial de los hechos sucedidos en su habitación argumentando los mismos motivos, si bien también le absolvió de lo acontecido en el salón de la vivienda.

Por otro, el Tribunal rebajó la culpabilidad de C.C.S. y V.V.R. y les condenó a cuatro años de prisión al primero y a tres años de prisión al segundo, así como a indemnizar conjunta y solidariamente a la menor con la suma de 10.000 euros.

La sentencia señalaba que la declaración de la menor -valorada conjuntamente con el resto de las pruebas, testificales, periciales y documentales (vídeo, conversaciones y mensajes telefónicos)- goza de plena credibilidad en cuanto a la realidad de los hechos ocurridos en el salón del piso, pero carece de ella en cuanto a la forma en que se produjeron.

En concreto, la Sala no consideró probada la existencia de intimidación, al apreciar las contradicciones que se ponen de manifiesto entre su declaración -en la que atribuye lo que hizo con los tres condenados (masturbarles y practicar felaciones a los tres) al bloqueo causado por el miedo-, y la conducta observada tanto en los momentos anteriores -en los que intercambió mensajes de contenido sexual con uno de ellos y aceptó acompañarle a su casa el día siguiente-, como en los inmediatamente posteriores -en los que abandonó el salón, para mantener voluntariamente una relación sexual completa con uno de ellos en una habitación contigua (hecho declarado probado en la sentencia de la Audiencia que no ha sido impugnado) y después de lo ocurrido alardear ante sus amistades-.

Fisuras

Dichas contradicciones, según recogía la resolución, muestran fisuras en la credibilidad de la declaración que tampoco se ve corroborada por los elementos periféricos a la misma, pues ni las declaraciones testificales transmitiendo lo que les relató la propia menor ni los mensajes telefónicos cruzados en un primer momento, permiten afirmar que en el salón de la casa actuara contra su voluntad al estar atenazada por el miedo, versión que transmitió luego a sus padres y a la orientadora que le trataba en Madrid con posterioridad.

Consecuentemente y en uso de sus facultades, el Tribunal modificó los hechos probados, suprimiendo la referencia a la intimidación, y los calificó como un delito de abuso sexual a menor de 16 años, cuyo consentimiento carece de trascendencia jurídica a partir de la reforma del Código Penal de 2015 que elevó la edad del consentimiento de 13 a 16 años.

En cuanto a la responsabilidad penal de los recurrentes, la sentencia consideró que no cabe apreciar que desconocieran la edad de la menor, ni que ignoraran que los actos sexuales con una menor de 16 años se hallan castigados por la Ley.

Lo que sí valoró la Sala es la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la menor, acreditada mediante prueba pericial psicológica, para absolver a R.C.H--que ya había sido absuelto de la relación sexual mantenida en su habitación con la chica inmediatamente después de ocurridos los hechos enjuiciados por entender que ambos tenían edades próximas y un grado de madurez similar--, así como para atenuar la responsabilidad de C.C.S. y V.V.R. al valorar la relativa proximidad de sus edades con la de la víctima y su falta de madurez.

Así pues, el Tribunal condenó a las penas de cuatro años de prisión a C.C.S. y de tres años a V.V.R, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho al sufragio; prohibición de que se comuniquen por cualquier medio o instrumento informático o telemático contacto, escrito, verbal o visual con la menor; prohibición de acercarse a ella, a su domicilio, colegio y a cualquier otro que sea frecuentado por la víctima a una distancia inferior a mil metros y durante un periodo de ocho años; libertad vigilada por un período de cinco años; e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior a tres años al de la duración de la penas de privación de libertad impuestas respectivamente.

Además, la Sala les condenó a abonar de forma conjunta y solidaria la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros, y la parte proporcional de las costas, incluidas las de la acusación particular.

La Audiencia de Navarra ha confirmado la sentencia dictada por una juez en diciembre de 2019 que condenó a un año y medio de prisión a un vecino de Madrid de 39 años que creó en diciembre de 2018 una página web de un denominado 'Tour de la Manada'. Esta página publicitaba el recorrido por las calles de Pamplona seguido por los condenados por la violación grupal perpetrada en los Sanfermines de 2016.

En la sentencia, que es firme (no se puede recurrir), la Audiencia considera acreditado que la creación de la web (entre los días 3 y 5 de diciembre de 2018) agravó el estrés postraumático crónico que padece la víctima de la violación como consecuencia de los hechos sufridos el 7 de julio de 2016.

Según la sentenia, tras el visionado de la web los síntomas de la perjudicada se exacerbaron, por lo que la mujer requirió de nuevo de la ingesta de medicamentos. Hasta el mes de mayo de 2019 no pudo recuperar la “cierta normalidad” que había alcanzado previamente a la apertura de la página.

En el juicio, celebrado el 26 de noviembre de 2019, tanto el fiscal como la defensa solicitaron la absolución. La abogada de la víctima, por su parte, acusó al inculpado de sendos delitos contra la integridad moral y odio, por los que solicitó dos años de prisión, y un año, tres meses y un día de cárcel y una multa de 4.050 euros, respectivamente, así como una indemnización de 20.000 euros por el daño moral.

La magistrada concluyó en su sentencia condenatoria que la página web creada por el acusado “cosificaba la figura de la víctima de un grave delito contra la libertad sexual”. La simple lectura de la página, argumentó la juez, lleva a la clara conclusión de que el delito del que fue víctima “se convirtió por parte del autor ahora acusado en un 'jolgorio', en una ironía, lo que constituyó un sufrimiento adicional importantísimo” para la joven.

Intención de ofender y denigrar

Tras examinar el recurso presentado por la defensa, la Audiencia suscribe ahora todos los razonamientos de la juez de instancia. Así, estima que la intención de ofender y denigrar la dignidad personal “va implícito en los actos desplegados”.

La Audiencia rechaza la alegación del procesado de que creó la página web con el objetivo de criticar el sensacionalismo de determinados medios de comunicación.

El Juzgado de lo Penal nº 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha decidido sobreseer provisionalmente el caso de la mujer que se suicidó en mayo de 2019 tras la difusión de un vídeo sexual suyo en el centro donde trabajaba, de la empresa Iveco. Según ha adelantado El Periódico y han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a eldiario.es, el archivo se produjo en enero, después de que en mayo del pasado año el juzgado iniciara la investigación por la presunta comisión de dos delitos: uno de descubrimiento y revelación de secretos y otro contra la integridad moral.

Según informan las mismas fuentes judiciales, la magistrada ha decidido el sobreseimiento por “falta de autor conocido” en el primero de los casos, es decir, no se ha podido identificar al responsable de la primera publicación, y por ausencia de denuncia en el segundo, “requisito obligatorio para seguir adelante”.

La revelación de secretos está penada en el artículo 197 del Código Penal, en concreto la obtención o difusión de vídeos o imágenes de la víctima sin su consentimiento de forma que menoscabe su intimidad. El 173 castiga el trato degradante hacia otra persona “menoscabando gravemente su integridad moral”.

Tras el suicidio de la mujer, la Fiscalía inició una investigación a través de la sala de Delitos Informáticos, que solicitó a la Policía Nacional que iniciara las pesquisas. Entre otras cosas, se tomó declaración a un exnovio de la víctima que se entregó voluntariamente y finalmente quedó en libertad sin cargos.

Un vídeo “viral” entre la plantilla

Según El Periódico, la investigación no pudo acreditar cuántas personas llegaron a ver el vídeo. Tanto varios compañeros de trabajo como CCOO, sindicato al que estaba afiliada la mujer, denunciaron en los días siguientes a su fallecimiento que las imágenes se habían convertido en virales en el centro de trabajo. La planta en la que trabaja tenía 2.500 empleados.

Trabajadores explicaron en varios medios de comunicación que el vídeo de contenido sexual estuvo circulando durante la semana previa a su muerte entre numerosos compañeros de la fábrica y que la mujer estuvo muy afectada por ello. El último día que asistió al trabajo (viernes), la mujer abandonó su puesto debido a este tema. “Se fue muy mal”, contaron en CCOO a eldiario.es. La trabajadora se suicidó al día siguiente. 

CCOO aseguró que delegados sindicales de la organización acompañaron a la empleada el jueves de esa semana para denunciar ante Recursos Humanos los hechos, presuntamente iniciados por un compañeros en concreto, según explicó el sindicato en ese momento.

“En Recursos Humanos les dijeron que no activaban el protocolo, que no era una cuestión laboral, que era algo personal suyo y que podía denunciar por la vía civil”, afirmó a eldiario.es Raquel Márquez, responsable de salud laboral de Industria de CCOO.

Denuncia pendiente ante la Inspección de Trabajo

Al margen de la investigación penal, continúa pendiente la resolución de la denuncia interpuesta por CCOO ante la Inspección de Trabajo. El sindicato acudió a la autoridad laboral porque aseguró que la dirección no aplicó el protocolo que tiene para la prevención del acoso sexual en el trabajo después de que la trabajadora denunciara la situación que estaba viviendo ante Recursos Humanos. 

El protocolo de Iveco considera acoso expresamente el uso de “imágenes de contenido sexualmente explícito” y establece la obligación de la compañía de actuar ante estos abusos. eldiario.es preguntó en numerosas ocasiones a Iveco si la empresa activó el protocolo y acerca de la petición de ayuda de la trabajadora ese jueves ante Recursos Humanos, pero la compañía mantuvo el silencio. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que ahora mismo no hay abierta ninguna actuación sobre este caso porque la investigación se estaba llevando a cabo en sede judicial. Este argumento fue también el que remitió la Inspección de Trabajo a CCOO, según explican en el sindicato, pero ahora la vía judicial ha quedado cerrada. En Trabajo apuntan que los denunciantes pueden remitirse de nuevo a la autoridad laboral para que estudie el caso. 

Ni rastro de la investigación interna de Iveco

La empresa por su parte anunció el pasado julio que había abierto una investigación interna del suicidio de su trabajadora, de la que a día de hoy no hay rastro. “Continuamos colaborando y cooperando en el desarrollo de las investigaciones que han iniciado las autoridades competentes. Por nuestra parte, también iniciamos una investigación interna para aclarar los hechos y, si fuera necesario, adoptar las medidas apropiadas”, aseguró el presidente Vehículos Industriales y Especiales del grupo CNH Industrial y de la marca Iveco, Gerrit Marx, en una entrevista concedida a Europa Press.

Fuentes de CGT afirman a eldiario.es que por el momento no han tenido noticia de ningún resultado de esta investigación, ni la empresa les ha comunicado medidas al respecto. eldiario.es ha consultado a Iveco sobre estas pesquisas internas, pero desde la empresa insisten en que no hacen “ninguna declaración al respecto”. 

El suicidio de esta trabajadora de Iveco abrió el debate sobre la responsabilidad de las empresas en la protección de sus plantillas en casos similares. Hay que recordar que los empresarios deben proteger por ley a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, que se definen como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”.

En ocasiones, Donald Trump se refiere a su contrincante electoral Joe Biden como un viejo adormilado que debería ingresar en algún lugar en el que recibir cuidados porque “ya ni siquiera sabe si está vivo”. Otras veces, considera que Biden es un “manipulador astuto” que conspira junto a China y esa fuerza informe que algunos llaman el “Estado profundo”, una supuesta coalición entre funcionarios, militares y empresarios que opera contra el Gobierno.

Pero, pese a que Trump acostumbra a salpicar de polémica todo aquello que toca, el presidente de Estados Unidos sorprende por su contención a la hora de disparar su munición política en un asunto: la acusación de abusos sexuales contra Biden. 

Tuvo que pasar más de un mes antes de que Trump dijera algo sobre las alegaciones  lanzadas por Tara Reade, una antigua empleada de Biden en el Senado. Según el testimonio ofrecido por la mujer en un podcast, Biden abusó sexualmente de ella en 1993.  Y cuando Trump habló, sus comentarios fueron sorprendentemente blandos, incluso neutros. “No sé nada de ese tema”, dijo. “No sé exactamente. Pienso que debería responder. Ya saben. Podría ser una denuncia falsa. Yo sé de acusaciones en falso. Me han acusado en falso muchas veces. Eso pasa”. 

Después, en uno de los programas en los que se siente cómodo, Fox & Friends, de Fox News, rechazó de nuevo tirarse a la yugular de Biden. “Mire, tiene que luchar esa batalla”, dijo. “Yo también la he peleado, me han acusado en falso muchas veces, puedo asegurarlo. Muchas. Quizás sea una acusación falsa. Sinceramente, por su bien, espero que lo sea”. 

La primera y más obvia de las explicaciones de esta reticencia a utilizar la acusación contra Biden en beneficio propio es que él mismo ha sido acusado de abusos y tocamientos por una larga lista de mujeres. Algunas, incluso, en épocas mucho más recientes que aquella a la que Reade se refiere. Y niega las acusaciones. Por otra parte, Trump nunca ha permitido que lo que algunos perciben como doble rasero se interponga en su manera de hacer política, que pasa por una estrategia de tierra quemada.

Trump evita el tema y apunta a otros objetivos

Monika McDermott, profesora de Ciencia Política de la Fordham University en Nueva York, cree que “sorprende porque Trump no acostumbra a retractarse de lo que dice por más hipócrita o irónico que parezca. Y se encuentra en una de esas circunstancias. No sé si espera a que suceda algo más o a ver qué recorrido tiene el tema antes de pasar a la acción. Parece estar descubriendo rutas de ataque que podrían ofrecer mejores resultados, las relacionadas con Obama y otros temas, que pelearse con Biden ahora”. 

En 2016, la campaña de Trump se revolvió cuando se hizo pública una grabación de un programa llamado Access Hollywood en la que se oía a Trump fardando de que ser tan famoso que podía permitirse agarrar a las mujeres por sus zonas íntimas. En lugar de retractarse, pasó a la ofensiva contra Hillary Clinton y comenzó a hablar de las acusaciones por abuso sexual contra su marido, el expresidente Bill Clinton, e incluso invitando a quienes le acusaban a una rueda de prensa previa a un debate electoral.    

Pero este mes de noviembre se celebrará el primer debate electoral entre candidatos presidenciales desde el surgimiento del movimiento #MeToo, que apoya a las mujeres que acusan de abusos sexuales a hombres importantes de la arena política, la empresa o el mundo del entretenimiento, entre otros sectores. 

Biden se ha comprometido a elegir a una mujer como compañera de fórmula (es decir, su “vicepresidenta” o número dos) y habla a menudo de su papel a la hora de aprobar la ley respecto a la Violencia Contra la Mujer. Los dos candidatos son conscientes de que el voto de las mujeres de los barrios de clase media pueden ser decisivos en el resultado de las elecciones. 

Mientras Trump se muestra poco locuaz, los republicanos han centrado sus respuestas alrededor de lo sucedido en el caso de Brett Kavanaugh, Juez de la Corte Suprema cuya nominación estuvo a punto de descarrilar por el mismo tipo de acusaciones de conducta sexual inapropiada. La campaña de Trump apuntó a las declaraciones de algunos demócratas durante este episodio para acusarlos de hipocresía. 

“Durante las comparecencias previas al nombramiento del juez Kavanaugh, Biden dejó claro que hay que creer a las mujeres cuando se deciden a acusar a alguien de abuso sexual”, dijo Erin Perrine, uno de los responsables de comunicación de la campaña electoral de Trump. El propio trabajo de Biden durante la administración Obama rebajó los criterios ante acusaciones de ese tipo en los campus universitarios para instituir en la práctica la presunción de culpabilidad. En un giro dramático, ahora Biden dice que 'creer a las mujeres' no significa en realidad 'creer a las mujeres“.  

El propio Trump ha decidido apuntar a otros objetivos y ha optado por implicar a Biden en el Obamagate, una especie de “conspiración” urdida por Obama que muchos ven como estrategia de distracción en medio de la crisis del coronavirus. Es probable que, cuando lleguen las elecciones de noviembre, gran parte del electorado esté más preocupado por el virus que por otros temas. 

Algunos demócratas creen, con preocupación, que las acusaciones de Reade podrían afectar al apoyo de Biden entre el electorado femenino. El exvicepresidente negó los hechos con vehemencia en una entrevista en el canal MSNBC el pasado 1 de mayo y en una serie de comparecencias en los medios.

Sin embargo, la historia de los supuestos abusos cometidos por Biden comienza a perder peso en las noticias. El programa NewsHour de PBS entrevistó a 74 personas que habían trabajado para Biden en el pasado. 62 de ellas son mujeres, y ninguna dijo haber experimentado abuso alguno, ni tan siquiera conductas inapropiadas por parte de Biden. No solo eso: también afirmaron no haber escuchado nada al respecto, ni rumores ni acusaciones. 

De apoyarse en un caso como ese, Trump podría perder más que ganar. Rich Galen, que trabajó en la estrategia de los Republicanos, opina que “el caso contra Biden no hace más que desinflarse. No estoy seguro de que haya mucho. Y respecto a la gente que ha acusado a Trump, eso sería como si cada noche hiciéramos una lista de los muertos en Vietnam”. 

Michael Steele, exdirector del Comité Nacional Republicano, agrega que “si algo sabe hacer Trump es interpretar a su audiencia: 'No, llegados a este momento, no van a comprar nada de lo que venda'. No hay necesidad de abrir la caja de Pandora porque es la caja de Pandora para él, no para Biden. Creo que por eso el Presidente ha decidido no entrar frontalmente al tema”.

“Creo que ahora, pese a lo que otros apuesten por eso, incluso dentro su propio equipo, el Presidente no tiene energía para abrir esa puerta y atravesarla”, concluye.

Traducido por Alberto Arce

31.911 mujeres figuraban como víctimas en 2019, un 2% más que un año antes, según revela el INE en base al Registro Central para la Protección de las Víctimas

Un total de 31.911 mujeres tuvieron en 2019 órdenes de protección o medidas cautelares por violencia de género. Son un 2% más que las registradas en 2018, según ha hecho público hoy el Instituto Nacional de Estadística en base al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género y Doméstica, dependiente del Ministerio de Justicia. La subida es la menor de los últimos cuatro años, pero sí es muy acusada en las mujeres mayores de 75 años, que registran un 25% de ascenso respecto a 2018. Le sigue la horquilla de 70 a 74 años, que ha registrado una subida del 15,6%. No obstante, la edad media de las víctimas fue de 36,6 años.

En cuanto a los denunciados, el INE revela que fueron 31.805 el número de hombres con medidas cautelares el año pasado, un 1,8% más. En este caso ocurre lo mismo que con las víctimas: sube, pero es la menor escalada de los últimos cinco años, que siempre han registrado incrementos por encima del 2%. En el caso de los denunciados, la edad media se sitúa en 39,4 años y los aumentos más acusados se dan también en el grupo de más de 75 años (14,6%) y en el de menores de 18, con un 21,4%.

El total de medidas cautelares dictadas por violencia de género fue de 98.990: un 74% de carácter penal y el resto de carácter civil. De las primeras, las más frecuentes fueron la prohibición de aproximación (36,7%), la prohibición de comunicación (35,7%) y la libertad provisional (14,0%). De las civiles, encabeza la lista la determinación del régimen de prestación de alimentos (26,8% del total), del régimen de custodia (26,3%) y la determinación del régimen de visitas (23,7%).

Violencia doméstica: mujeres y menores de 18

La estadística que hace pública este martes el INE también ofrece datos de los casos registrados de violencia doméstica, es decir, aquellos que se producen en el ámbito familiar a exclusión de la violencia de género. En 2019, el Registro Central del Ministerio de Justicia anotó 7.654 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares. Son un 3,6% más que en 2018. También se incrementó el número de personas denunciadas hasta alcanzar las 5.395, lo que supone un 5,9% más que un año antes.

Si analizamos los casos de violencia doméstica en base al género de denunciantes y denunciados es destacable que la mayoría de las víctimas registradas, en concreto un 62%, fueron mujeres; mientras que la mayoría de personas denunciadas fueron hombres (un 72%). Sobre la edad, el INE revela que, a diferencia de la violencia de género, la doméstica afectó “de manera más uniforme” a todos los rangos de edad, pero destaca la incidencia en los menores de 18 años, que son una de cada cuatro víctimas. Por otro lado, la mitad de los denunciados tenía entre 30 y 49 años.

Ya al comienzo de la pandemia, expertas y organismos advirtieron: la violencia de género podía aumentar o recrudecerse en medio del confinamiento. Sin embargo, los datos disponibles aún no permiten conocer con exactitud cómo está afectando el confinamiento a la violencia machista. Según la información recopilada por eldiario.es, en algunos territorios los recursos de emergencia y de acogida para mujeres que han sufrido violencia de género han registrado un repunte de mujeres atendidas de hasta el 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Es el caso de Catalunya y Canarias. En Galicia, el repunte asciende al 85%. Sin embargo, en otras comunidades, como Andalucía o Castilla y León, el número de mujeres atendidas por estos recursos se mantiene o incluso baja durante el periodo de alarma.

Al menos tres comunidades registran aumentos significativos en el número de mujeres que han tenido que ser acogidas por los servicios de urgencia y las casas de acogida. En Catalunya, tras constatar menos peticiones las dos primeras semanas de estado de alarma, la red de violencia machista de la Generalitat ha aumentado la acogida hasta la primera semana de mayo: en total, 139 mujeres y 169 niños, un 30% más que el año pasado. Además, los servicios de atención de urgencia, en su mayoría en manos de los ayuntamientos, también han registrado un aumento de la demanda del 40%. El desborde de los pisos de urgencia municipales ha hecho que tres mujeres estén alojadas en albergues de la Generalitat durante el estado de alarma mientras la administración encuentra un piso para ellas.

Para hacer frente a la crisis del coronavirus, el Ministerio de Igualdad ha permitido a las comunidades poder gastar este año el dinero del pacto de Estado que se quedó sin usar en 2019 para proporcionar un techo a las mujeres maltratadas. Lo que para otras autonomías ha sido una ayuda, en Catalunya sin embargo no ha tenido efecto alguno porque la comunidad ya usó los fondos de 2019 para inaugurar en febrero 15 nuevos pisos para proteger a las víctimas. El secretario de Igualdad, Oriol Amorós, no ve otra salida que incrementar los fondos del Pacto de Estado, especialmente para viviendas que deben tener vocación de permanencia y no pueden cederse temporalmente, como ocurre con las que dejan las entidades financieras para familias afectadas por desahucios.

En Galicia, la Conselleria de Igualdade confirma el aumento del número de mujeres que han necesitado acudir a la red de acogida. Si del 15 al 17 de mayo de 2019 gestionaron 20 casos, durante el mismo periodo de este año han registrado 37, es decir, un 85% más. La red de acogida está al 92% de su capacidad, aunque la Conselleria ya ha recurrido a establecimientos hoteleros para derivar cinco casos que necesitaban una atención particular.

En Canarias, durante el estado de alarma, 51 mujeres que estaban sufriendo violencia machista han tenido que abandonar sus hogares y ser acogidas por la red de recursos de la comunidad autónoma. En total, han sido 80 personas acogidas, ya que a ellas se les suman 29 menores. Estos datos se traducen en que, solo en abril, ha aumentado en un 31% el número de mujeres acogidas por la red de recursos respecto al año pasado.

Para la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, se trata de unas cifras que demuestran que se ha producido “un aumento de violencia durante el confinamiento”, como “ya demostraron las experiencias de China o Italia y como se ha evidenciado en otras situaciones como inundaciones o períodos en los que no se ha podido salir tanto de casa y se ha tenido que pasar más tiempo con el agresor”. También “en Navidad o vacaciones hay repuntes de violencia”, añade. Y es que, “un período tan largo de confinamiento supone estar 24 horas al día sin respiro, rehén de otra persona. Esto afecta a lo emocional, los agresores están más nerviosos y, por tanto, la violencia se ha incrementado”, señala Fumero.

El Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas (DEMA) ha tenido que intervenir en 143 ocasiones. La mayoría de mujeres ha preferido no ser acogida en los espacios disponibles para víctimas de violencia de género y han acudido a casa de familiares. “Siempre prefieren acudir a casa de una persona cercana si tienen opción”, señala la directora del Instituto Canario de Igualdad. A pesar de ello, sí se han generado problemas de saturación de los recursos que hay habilitados, también porque algunas mujeres han tenido que realizar cuarentenas. No obstante, los problemas de espacio se han ido solventando recurriendo a hoteles u otros espacios adaptados.

El Ministerio de Igualdad aprobó hace semanas un Plan de Contingencia contra la Violencia Machista que incluía la posibilidad de que las administraciones dispusieran de hoteles y otros alojamientos turísticos para acoger a mujeres que sufrieran violencia machista si los recursos habituales eran insuficientes. Según fuentes de Igualdad, al menos también Galicia, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia han utilizado esta fórmula, si bien en esta última comunidad lo han hecho para alojar a mujeres víctimas de trata o en situación de prostitución.

Situación desigual

Muchas comunidades son reticentes a dar los datos completos que permitan saber, no solo el nivel actual de ocupación de estos recursos, sino su evolución durante la pandemia y las diferencias respecto al año anterior. Es el caso de Castilla-La Mancha, que se limita a subrayar que hay plazas disponibles y que, en caso de ser necesario, ya tienen habilitadas plazas extraordinarias para acoger a más mujeres. La comunidad confirma, no obstante, que ha recurrido a “algún alojamiento hostelero” como recurso de acogida de urgencia y hasta el traslado de la mujer a un recurso de acogida estable.

En la Comunidad Valenciana, durante el estado de alarma han aumentado ligeramente las mujeres acogidas: en abril fueron 27, frente a una media a lo largo de 2019 de 21 mujeres, según los datos de la vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Fuentes de la conselleria apuntan que es probable que haya un incremento de casos cuando pase el estado de alarma: “La comunicación con algunas de las mujeres a las que se hace seguimiento ha sido complicada durante el confinamiento. En algunas ocasiones no podían hablar al encontrarse confinadas con sus parejas o tenían que recurrir a salir al balcón o encerrarse en el baño para hacerlo”.

Los datos aportados por otras comunidades muestran, sin embargo, que la situación en los recursos de acogida es similar a la de otros momentos, o que incluso el nivel de ocupación de los centros ha descendido. Es el caso Andalucía y Castilla y León. La primera señala que la ocupación de sus centros está al 70%. Durante el confinamiento, las mujeres que han necesitado acudir a su red de acogida ha descendido: han sido, de momento, 146 frente a las 202 del mismo periodo del año pasado. En Castilla y León, la consejería asegura que no ha habido un aumento de ingresos respecto a la media, ni en las casas de acogida ni en los centros de emergencia.

¿A qué pueden deberse estas diferencias entre comunidades? La presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI), Mariti Pereira, explica que el asunto es complejo y que intervienen factores diversos que hacen difícil saber, a día de hoy, qué está sucediendo exactamente con la violencia machista. Uno de esos factores son los recursos existentes y las campañas de publicidad. “No en todos los sitios se han publicitado los recursos de la misma manera ni se han hecho las mismas campañas durante estas semanas y eso está pudiendo influir en cómo perciben la situación las mujeres que están sufriendo violencia en diferentes lugares”, apunta. Hasta que no salgamos del estado de alarma, asegura, no vamos a tener una radiografía completa de qué es lo que ha sucedido estas semanas.

“Allá donde los recursos son mejores también parece natural que las mujeres acudan más. Donde haya más facilidad, más campañas, un acercamiento más amplio a la violencia de género es más fácil que muchas acudan”, prosigue Pereira. La experta subraya también que las perspectivas socioeconómicas de las mujeres pueden también influir: “El futuro no es precisamente muy claro. La mayoría además tienen niños que van con ellas”. La incertidumbre respecto al empleo, la vivienda o las posibilidades de dejar luego los centros de acogida pueden hacer que muchas mujeres se mantengan en la situación actual, “salvo en casos de violencia muy grave”.

Pereira cuenta, incluso, que reciben llamadas de mujeres que salieron del ciclo de la violencia hace un año y que buscan ayuda, agobiadas por la situación. “Se plantean incluso por qué rompieron, piensan que si siguieran tendrían al menos una forma de sacar adelante a sus hijos o cuentan que ahora si van al trabajo tienen que dejar a sus hijos solos y temen que el padre las denuncie”.

“En esta situación hay una convivencia 24 horas con el agresor, así que la violencia ha podido aumentar”, explica por su parte María del Mar Rosales Viera, trabajadora social del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Maltratadas (DEMA) de Gran Canaria. La experta apunta a que el incremento del acogimiento en algunos lugares puede estar relacionado con que los dispositivos sociales funcionan a medio gas: “Antes igual iban a servicios sociales y les gestionaban alguna ayuda de emergencia, por ejemplo, pero ahora esa primera línea no funciona igual”.

La trabajadora destaca la importancia de que en Canarias en ningún caso se exija denuncia para entrar a un recurso de acogida y de que las instituciones hayan hecho “un esfuerzo” por acercarse a las mujeres. “Aquí tenemos una estructura muy consolidada y a nosotras nos llaman siempre y hacemos atención y acompañamiento incluso aunque las mujeres no lleguen a denunciar”, explica. Algo especialmente clave en un momento en el que la presentación de denuncias se puede estar viendo afectada. Precisamente el hecho de que acudir al sistema judicial no sea un requisito para acceder a ayudas o derechos es lo que iba a tratar el Gobierno con las comunidades en la Conferencia Sectorial de marzo, pero el coronavirus ha trastocado las previsiones. En todo caso, ya es un sistema aprobado a nivel estatal, pero no hay homogeneidad en cómo lo aplican las autonomías.

En su experiencia, durante estos dos meses también se ha notado que “de forma más recurrente” avisan vecinos o vecinas de una situación de violencia de género que escuchan desde casa. En este sentido, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ avisaba a principios de abril de la “importante implicación de los ciudadanos” durante la cuarentena, ya que normalmente el número de denuncias presentadas por terceros es baja (un 5,4% del total en 2019).

Más llamadas y consultas online

“No ha habido un repunte de mujeres que hayan tenido a acudir a casas de acogida”, señala por su parte María José García, directora del instituto de la Mujer de Murcia. “Al principio del estado de alarma de hecho, hubo incluso un estancamiento en los datos”, asegura. Ahora que se está “relajando” un poco más la situación de confinamiento las llamadas al 112 están aumentando en la comunidad murciana. No obstante, la directora del Instituto de la Mujer indica que en las casas de acogida de Murcia “no ha habido un aumento importante durante la crisis del coronavirus, al igual que tampoco en el centro de emergencia, que es el primer espacio al que acuden las mujeres.

En Euskadi, Emakunde asegura que los recursos no han estado en ningún momento a plena ocupación, salvo en Bizkaia, donde sí han hecho uso de un refuerzo del recurso de urgencia para atender los casos que han llegado.

Según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las consultas al 016 no han dejado de incrementarse durante el estado de alarma: en abril hubo 8.632 llamadas, un 60% más que las registradas en 2019. El aumento es significativamente superior al ya anotado en marzo, cuando del 14 al 29 se dio una escalada del 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

La tendencia es similar en el chat online, un servicio que, por su propia naturaleza, ha podido ser percibido por muchas mujeres como la única opción al convivir 24 horas al día con el agresor. Los últimos datos revelan que su uso también ha subido y en abril ha registrado 295 consultas frente a las 43 de 2019.

Estas cifras contrastan con un descenso generalizado de los asuntos nuevos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, al menos durante el primer mes de confinamiento y gracias a las apreciaciones directas de los magistrados. Según informó el Consejo General del Poder Judicial, los jueces llegaron a calcular bajadas de hasta el 60% en Sevilla o de entre el 30 y el 70% en Madrid. No obstante, el CGPJ llama a la “prudencia” a la hora de analizar las cifras, puesto que un elevado porcentaje de los nuevos asuntos, alrededor de tres de cada diez, suelen ser quebrantamientos de condena que en esta etapa pueden haberse reducido.

Al mismo tiempo, el organismo ya alertaba de que el encierro en el domicilio “es un factor que puede incrementar el riesgo de agresión y, al mismo tiempo, dificultar la presentación de denuncias a las mujeres”, una percepción compartida por las expertas y por la propia Organización Mundial de la Salud, que ha llamado la atención sobre cómo la COVID-10 puede “exacerbar” el riesgo al que se enfrentan las víctimas.

Este artículo ha sido elaborado con información de Jennifer Jiménez, Oriol Solé, Maialen Ferrera, Francisca Bravo, Javier Ramajo, Laura Cornejo, Adolf Beltrán, María Pampín y Santiago Cabrera.Jennifer Jiménez, Oriol Solé, Maialen Ferrera, Francisca Bravo, Javier Ramajo, Laura Cornejo, Adolf Beltrán, María Pampín y Santiago Cabrera.

Joe Biden ha cedido este viernes a la presión para que reaccione a las acusación de abuso sexual lanzada contra él por Tara Reade, una antigua empleada de su equipo, quien afirma que abusó de ella en 1993, hace 27 años, cuando era senador por Delaware. “Las acusaciones no son ciertas. Eso nunca pasó”, ha dicho a la cadena MSNBC el exvicepresidente de Estados Unidos durante la Administración Obama y actual único candidato que queda en la carrera del Partido Demócrata a la presidencia del país.

Reade es una de las ocho mujeres que el año pasado hicieron públicas historias de presuntos tocamientos y muestras de afecto no solicitadas por parte de Biden. Nadie habló de abuso sexual y Biden se comprometió a estar “más atento”. Por entonces, Reade contó a un periódico californiano, The Union, que Biden solía tocarle el cuello y los hombros cuando trabajaba para él en el Senado entre 1992 y 1993. Dijo al periódico que le pidieron servir bebidas durante un encuentro porque a Biden le gustaban sus piernas y que, cuando se negó a hacerlo, primero la ningunearon y acabó por perder el empleo.

Un año después, en una entrevista para un podcast de izquierdas presentado por Katie Halper, Reade acusó a Biden de inmovilizarla contra una pared y penetrarla con los dedos en el sótano de una oficina de Capitol Hill en la primavera de 1993. Aseguró que no lo había hecho público antes porque tenía miedo de las consecuencias y aún tenía que lidiar ella misma con lo sucedido.

Reade afirma que informó al Senado y que perdió el trabajo tras quejarse a sus supervisores. Varias personas que trabajaban allí lo niegan, pero otras personas a las que se lo contó en aquel momento y a lo largo de los años posteriores corroboran su versión.

Durante una entrevista concedida recientemente a una web conservadora, The Daily Caller, Reade pidió que Biden haga públicos los documentos de la época en la que fue su empleada. “Quiero que asumas responsabilidades por lo que me sucedió, por el modo en que tu equipo te protegió, te permitió que actuaras y me presionó en repetidas ocasiones para que callara”, dijo.

El exvicepresidente de Obama no había querido hablar hasta ahora sobre las alegaciones contra él, pero las últimas publicaciones sobre lo que pudo haber sucedido habían convertido su silencio en una posición cada vez más difícil de mantener. La mano derecha Biden en su campaña electoral, Kate Bedingfield, había hecho público este mes un comunicado en el que afirma que “eso no sucedió, de ninguna manera”, y no volvió a haber más comentarios al respecto, hasta la entrevista concedida este viernes a MSNBC.

La acusación de Reade se hizo pública mientras las sucesivas victorias de Biden en las primarias lo señaban como el candidato que se enfrentará en las próximas elecciones presidenciales a Donald Trump, quien a su vez ha sido acusado de abusos y conducta sexual impropia por más de una docena de mujeres.

Muchas de las organizaciones de mujeres vinculadas al Partido Demócrata y reconocidas feministas del mismo entorno no han hecho comentarios respecto a las alegaciones de Reade. Ahora, los mismos demócratas que se posicionaron firmes en el “yo te creo” resultante de movimiento #MeToo se ponen de perfil antes de responder.

El miércoles, The New York Times informó de que grupos de activistas feministas estaban presionando entre bastidores al entorno de Biden para que este rompiera su silencio y emitiera un comunicado o hiciera algún tipo de declaración antes de que terminase el mes de abril, que en EEUU es el Mes de la Concienciación sobre el Abuso Sexual. Según este periódico, algunas activistas habían redactado un borrador que aún no se ha hecho público. En él se elogiaba el trabajo previo de Biden como “abierto defensor de las víctimas de la violencia sexual” al tiempo que le pedía que “ejemplifique cómo se toma en serio una acusación”.

Un editorial del Washington Post había pedido a Biden que se refiriera a las acusaciones contra él e hiciera pública la información sobre la relación laboral de Reade con su oficina y si en el período en el que trabajó allí presentó alguna queja. “Tara Reade merece que la escuchen y los votantes merecen escucharla” escribió el consejo editorial del periódico. “También merecen escuchar a Joe Biden”.

Aumenta la presión sobre Biden

Ahora, la aparición de información con la que no se contaba había incrementado la presión para que Biden aludiera públicamente al tema.

El lunes, Business Insider publicó una noticia a partir de entrevistas con dos mujeres que corroboraron algunos aspectos importantes de la versión de Reade. Lynda LaCasse, quien fuera vecina de Reade, dice que ella le contó sobre su encontronazo con Biden cuando vivían en el mismo edificio en California a mediados de los 90. Lorraine Sanchez recuerda que Reade le había contado que cuando trabajaba en Washington su jefe la había acosado.

La semana pasada, The Intercept publicó la transcripción de una llamada al programa de Larry King en el que una mujer de California preguntaba qué podría hacer su hija para resolver “problemas” que había tenido cuando trabajaba para un “importante senador”. La mujer -que Reade identifica como su madre, ya fallecida- dijo que su hija no quería hacer pública la acusación por respeto al senador.

BuzzFeed News publicó este martes que desde la campaña de Biden habían enviado un argumentario a sus asociados en los que se les explica cómo describir al candidato como “gran partidario de las mujeres” que nunca ha enfrentado “una denuncia, acusación, indicio o rumor de conducta inapropiada” en sus más de 50 años de carrera política. El argumentario también sugiere, de forma equivocada, que una información publicada en The New York Times este mes llegaba a la conclusión de que el incidente “nunca sucedió”.

En el artículo citado, The New York Times habló con tres personas que trabajaron en el Senado y aseguraron que el comportamiento descrito por Reade no coincidía con el comportamiento de Biden y que no tenían recuerdo alguno de ninguna agresión. El Times también habló con dos becarios que recordaron que Reade dejó de supervisarlos de un día para otro, y apoyan la versión de Reade de que se le retiró la responsabilidad de hacerlo. Ninguno de ellos recuerda ninguna conversación sobre Biden comportándose de manera inapropiada.

El martes, en una aparición de campaña conjunta con Hillary Clinton bajo el título “encuentro con las mujeres”, le preguntaron a Biden sobre mujeres atrapadas con parejas abusivas en el contexto de la pandemia del coronavirus. Respondió que “la violencia contra las mujeres es un problema inmenso, sobre todo ahora” y añadió que terminar con la violencia contra la mujer es una de las “causas que han motivado” su vida.

Aunque Biden no se había pronunciado en público hasta hoy, varias de las mujeres que considera como posibles compañeras de lista, sí habían sido cuestionadas sobre este tema y la conducta del candidato. Algunas feministas no están contentas con lo que ven. En un texto publicado en la New York Magazine, la columnista Rebeca Traister dijo que formar parte la candidatura de Biden equivale a beber de un “cáliz envenenado”. Para ella, la promesa del candidato de que su vicepresidenta sea una mujer “garantiza que, sea quien sea, tendrá que responder una y otra vez a preguntan sobre el comportamiento de Biden con otras mujeres”.

Tarana Burke, la activista que fundó el movimiento #MeToo, ha dicho que también se debate en torno a las acusaciones lanzadas por Reade, pero que Biden puede “ser elegible al mismo tiempo que rinde cuentas”.

El miércoles, la actriz y activista del movimiento #MeToo, Rose McGowan, calificó a los demócratas de “secta” por, desde su punto de vista, minusvalorar la historia de Reade. “Estoy muy triste y estoy cansada”, escribió en Twitter. “Suelo compartir pensamientos, pero esta noche solo tengo emociones”.

Traducido por Alberto Arce

Un hombre de 45 años ha sido detenido tras la muerte de su mujer de 56, que se ha precipitado al vacío en un piso en Valladolid. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado este caso como un asesinato de violencia machista en la Cadena Ser, aunque la Policía Nacional asegura aún a estas horas que no puede descartar el suicidio hasta que tome declaración a todos los testigos. Desde la Delegación del Gobierno de Castilla y León se ha adelantado que la autopsia de la fallecida “no muestra nada relevante en cuanto a lesiones más allá de las propias de la caída” que provocó su muerte. El detenido será interrogado por la Polícia a lo largo de la tarde de este lunes y pasará a disposición judicial el martes.

Los hechos han ocurrido esta madrugada, al parecer en torno a las 05.00 horas de este lunes, cuando una mujer se ha precipitado al vacío desde una vivienda ubicada en el barrio de Pajarillos de la capital vallisoletana. El detenido es su marido, según la Policía Nacional. Fuentes del Cuerpo han precisado a eldiario.es que la alerta la dieron vecinos del barrio que oyeron voces en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Según algunos testigos, la mujer cayó desde una ventana de un tercer piso, cuando el marido la estaba agarrando o sujetando por los pies.

La víctima tenía dos hijos de una relación anterior. El hijo llegó a poner una denuncia por violencia doméstica contra la pareja de su madre si bien se sobreseyó. La Policía Nacional asegura, sin embargo, que no había denuncias contra él por violencia de género y el ministro ha confirmado que la mujer no estaba registrada en el sistema VioGén de seguimiento de casos.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, se ha mostrado cauto a la hora de analizar el caso y ha preferido referirse a la detención de su esposo en clave de posible homicidio, en lugar de por indicios de violencia de género, informa Europa Press.

“Ha sido detenido por indicios de violencia de género porque era la única persona que había en ese momento en el piso, aunque no sabremos más hasta que concluya la autopsia practicada a la víctima”, ha apuntado.

En cualquier caso, el subdelegado insiste en que en estos momentos “no hay ningún dato que permita afirmar que ha sido un caso de violencia de género”, al tiempo que reitera que, según su opinión, lo más acertado a esta hora es referirse al caso como un presunto homicidio.

Las víctimas de violencia machista atraviesan una situación de especial vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El confinamiento puede incrementar “los riesgos” a los que se exponen las mujeres y sus hijos e hijas, según ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, los datos disponibles hasta ahora arrojan un aumento de las llamadas a los servicios de atención, entre ellos el 016, y un descenso generalizado de los asuntos nuevos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de acuerdo con la apreciación directa de los magistrados. No obstante, expertas y autoridades llaman a analizar las cifras con cautela.

Así lo ha destacado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aunque no cuenta todavía con estadísticas oficiales, señala “una importante disminución de la entrada” de casos. Los juzgados de Sevilla calculan este descenso en un 60% y los de Madrid lo sitúan entre un 30 y un 70%. Por otro lado, fuentes judiciales indican que en Barcelona, durante los diez primeros días de estado de alarma, se registró una leve bajada, mientras que en Valencia, en la primera semana, pasaron a disposición judicial por violencia de género 12 hombres frente a los 35 de media del resto del año.

Los datos son compatibles con los aportados por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) durante la primera semana de confinamiento. En ese periodo, los abogados y abogadas de Barcelona atendieron a 60 mujeres, frente a los 123 casos del año pasado y a los 117 de 2018. Un descenso del 50%, expone la responsable del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Carmen Valenzuela.

Junto a ello, los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refieren con frecuencia a este tema en las ruedas de prensa diarias del Comité de Seguimiento del coronavirus y a finales de marzo llegaron a ofrecer algunos datos. Aunque han ido matizando su discurso, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró que se había producido un descenso de las agresiones del 40%, sin aportar más contexto, y señaló que en redes sociales se difundía “información falsa” sobre “supuestos incrementos de delitos” de violencia de género.

No obstante, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del Poder Judicial, llama a analizar las cifras con “precaución”, en concreto las referidas a los juzgados, puesto que aproximadamente el 30% de los asuntos que habitualmente entran en ellos se corresponden con quebrantamientos de condenas u órdenes de protección, que “pueden haberse visto reducidos” como consecuencia del confinamiento.

Las llamadas crecen

Frente a los datos aportados por el CGPJ y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aún no tienen números consolidados, se están registrando incrementos de llamadas y consultas en los diferentes servicios de atención reforzados por las instituciones. Entre el 16 y el 24 de marzo el Institut Català de les Dones (ICD) registró una media de 40 llamadas diarias frente a las 26 del año pasado, un incremento del 34%. Por su parte, el 016, el teléfono estatal, ha registrado del 14 al 29 de marzo un incremento del 12% en las llamadas, y las consultas online han crecido de 23 a 85 en comparación con el mismo periodo de 2019.

Estos datos “contrastan de manera significativa” con las apreciaciones de los jueces, señala el CGPJ, que hace hincapié en que el encierro obligatorio en el domicilio “es un factor que puede incrementar el riesgo de agresión y, al mismo tiempo, dificultar la presentación de denuncias a las mujeres”. Por eso, la expertas recomiendan prudencia y avisan de que el descenso de las denuncias no significa que haya menos violencia de género en los hogares. Lo contrario, un posible “repunte global” de la violencia, es lo que ha destacado esta misma semana la ONU. “El confinamiento aumenta el peligro para las víctimas: no solo puede pasar que no se atrevan a salir de casa para denunciar, sino que además el tener que permanecer encerradas con su agresor agudiza el riesgo de maltrato físico o psicológico”, destaca Valenzuela.

La OMS se muestra tajante y afirma que “la probabilidad” de que las mujeres y sus hijos en “relaciones abusivas” estén expuestas a la violencia “tiende a aumentar durante las emergencias, incluidas las epidemias”. Por eso, la crisis de coronavirus “puede exacerbar los riesgos”. Como posibles factores desencadenantes, cita el mayor tiempo que los miembros de la familia pasan cerca, el “estrés adicional”, las “posibles pérdidas económicas o laborales” o el hecho de que las mujeres puedan tener “menos contacto” con familiares y amigos “que pueden brindar apoyo y protección”.

Ante esta “especial vulnerabilidad” de las mujeres y sus hijos e hijas derivada del aislamiento domiciliario, el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y un Plan de Contingencia para reforzar su protección. Además de declarar esenciales los servicios de atención y acogida, el Gobierno ha puesto en marcha un servicio de apoyo emocional vía Whatsapp, ha puesto a disposición de las víctimas una guía de recursos a los que pueden acudir y ha aprobado habilitar hoteles en caso de que estos recursos estén sobrepasados.

“Sabemos que se está sufriendo más violencia machista. Ocurre en periodos de vacaciones donde hay más convivencia y también ahora durante el confinamiento. La víctima está más aislada”, expresa la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Laura Martínez. Tanto la Generalitat como el Ministerio y los Ayuntamientos han potenciado las líneas telefónicas del 900900120 o el 016 así como las líneas de apoyo psicológico y jurídico para asesorar y apoyar a las mujeres registrados como víctimas o a los nuevos casos.

En Catalunya además, el ICD ha distribuido carteles entre los comerciantes para que las mujeres puedan denunciar en supermercados, farmacias y comercios abiertos. “Es importante que la víctima sepa que no está sola ni aislada”, asevera Martínez, que destaca además que la campaña está pensada para que la víctima llame desde la tienda si su maltratador le ha obligado a salir de casa a comprar sin el teléfono móvil. Martínez también constata un aumento de consultas telefónicas sobre qué hacer con la custodia de los hijos en caso de progenitores separados.

Denuncias a posteriori

“En esta situación puede aumentar el estado de angustia y ansiedad. Y por eso puede estar dándose el incremento de llamadas o bien para hacer consultas o bien para canalizar estos sentimientos. Es muy pronto para establecer conclusiones, pero lo que sí creemos es que no muchas saldrán de casa para interponer una denuncia y menos si tienen hijos o hijas que deben dejar en el hogar con el agresor. Por eso es probable que se produzca un aumento de denuncias después de la cuarentena”, explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

Coincide con la experta la magistrada de la Audiencia de Barcelona y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Montserrat Comas d'Argemir, que insta a “mantener la alerta” pese al confinamiento para detectar casos. La jueza advierte de la posibilidad de que una vez pase el estado de alarma aumenten las denuncias por violencia machista porque las mujeres se atrevan a denunciar más o porque, por ejemplo, acudan de nuevo a su centro de salud a día de hoy saturado por el coronavirus.

Pereira incide en que las mujeres podrían estar posponiendo la decisión, a pesar de que, como han destacado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto los juzgados como las comisarías o cuarteles siguen funcionando. Es más, se han reforzado los mecanismos de denuncia y la aplicación AlertCops ha incluido un botón de SOS para las víctimas de todo tipo de violencia en el hogar, entre las que se incluyen las de maltrato en el ámbito de la pareja o expareja.

La portavoz de FAMUVI hace hincapié, además, en la situación que pueden estar afrontando los hijos e hijas de las mujeres, habitualmente considerados “víctimas de segunda”, a pesar de que la legislación les considera víctimas directas de la violencia que sufren sus madres. A este respecto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad han emitido este miércoles una nota de prensa conjunta en la que recomiendan suspender temporalmente las visitas de estos menores con sus padres en caso de que las madres tengan una orden de protección o de que las recogidas se produzcan en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF). A su juicio, el interés superior del menor “justificaría” esta decisión en pleno estado de alarma.

La situación de confinamiento decretada por el estado de alarma resulta muy peligrosa para las mujeres que sufren violencia de género. Ahora conviven más horas con el maltratador, que puede adoptar actitudes aún más violentas, a ello se suma que la víctima apenas tiene contacto con su entorno. Esta realidad no se le iba de la cabeza a Mónica Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), que el fin de semana en el que se anunció el estado de alarma diseñó una campaña para facilitar que las mujeres que sufren esta violencia denuncien. Desde el día 17 de marzo pueden dar la alarma en las farmacias de todo el Archipiélago con una clave: Mascarilla19 y sin necesidad de decir nada más. 

La iniciativa que ya cumple más de tres semanas en el Archipiélago está siendo implantada en otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Navarra… y multitud de provincias y municipios, tantos que desde el Gobierno de Canarias se ha perdido la cuenta, algo que valoran de forma positiva. Y es que desde su implantación en las Islas, al menos 11 mujeres han denunciado a sus agresores en las farmacias con esta clave, lo que se traduce en que se haya podido activar el protocolo y salvar vidas. Los resultados han hecho que otros países también se hayan interesado, afirma la directora del Instituto Canario de Igualdad y entre ellos cita a  Francia, Noruega o Alemania, pero también otros como Argentina e Italia, destaca también el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en su página web. 

La directora del ICI subraya que Mascarilla19 es la combinación entre esa parte indispensable de los equipos de protección que se utilizan durante esta crisis sanitaria y el número 19 viene por COVID19. El hecho de que se haya transportado tan rápido a tantos puntos del mundo destaca que se debe a que en casi todos los lugares hay farmacias y a que “la violencia de género es universal”. 

Tras dar la voz de alarma “no estás sola”

Fumero explica que una vez que la mujer víctima de violencia de género pronuncie estas palabras no se le hará pasar por el mal trago de contar su situación a la persona que la atienda en la farmacia, que tan solo le pedirá sus datos personales y llamará al 112 para que se active el protocolo. Una vez que la policía así como las profesionales del DEMA (Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas financiado por el Gobierno de Canarias y los cabildos) se personen en el lugar, “con delicadeza, conocimiento y protocolo, acompañarán a la mujer para que cuente y narre con sus tiempos”, asegura. 

Para la directora del ICI es importante destacar que existen recursos de apoyo para estas mujeres y que “no están solas”. Tendrán apoyo jurídico si lo desean y serán acompañadas a denunciar si así lo deciden. Una persona del dispositivo la podrá acompañar además al centro de salud si necesita asistencia sanitaria. También recuerda que existe apoyo para que estas mujeres no tengan que volver a sus casas si corren peligro. Una vez que dé la voz de alarma puede quedarse en un centro de atención inmediata durante 15 días donde se hará un diagnóstico exhaustivo de su caso. Posteriormente, puede quedarse en uno de los centros de acogida durante un año, donde no tendrá que pagar manutención y se podrá quedar con sus hijos. Allí se le ofrecerán talleres y programas de inserción laboral. Cuando pase este período podrá además entrar en un piso tutelado. “Es importante que sepan que no se van a quedar en la calle”, insiste Fumero. 

La iniciativa está sirviendo de herramienta para denunciar casos de violencia machista y por ello ya el Gobierno de Canarias se plantea que continúe después del estado de alarma en colaboración con los colegios de farmacias, que han mostrado buena disposición. Además, desde el ICI se han puesto en marcha otras medidas como la publicación en su página web de un plan de seguridad para mujeres víctimas de violencia de género durante el estado de alarma. Se trata de una guía en la que se aportan consejos para protegerse, así como recursos a los que pedir ayuda. La guía es accesible, ya que un dato relevante es que que el 27% de las 55 mujeres asesinadas el pasado año por sus parejas o exparejas en España contaba con una discapacidad, una realidad que apenas se suele mencionar. 

Canarias, no obstante, se encuentra de luto esta semana. Durante el estado de alarma una mujer de 78 años y que tenía una discapacidad ha sido asesinada por su marido en el barrio capitalino de La Isleta. Él mismo confesó los hechos el pasado fin de semana y se encuentra ya en prisión. La Delegación del Gobierno para la violencia de género ha recordado que las mujeres mayores tardan hasta 15 años en denunciar esta situación. Desde el Ministerio de Igualdad también se han reforzado las medidas estas semanas y para ello se aprobó un Real Decreto Ley para garantizar la atención a las víctimas, como parte del Plan de Contingencia por la crisis del COVID-19. Así mismo, recuerda que en situaciones de peligro o emergencia por violencia machista no existirá sanción por salir a la calle para pedir ayuda o dirigirse a cualquiera de los recursos policiales, judiciales o de otro tipo.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista durante la vigencia del estado de alarma. Entre las medidas, impulsadas por el Ministerio de Igualdad, se incluye garantizar una alternativa habitacional segura para las mujeres y sus hijos e hijas que tienen que huir de sus domicilios y para las víctimas de trata con fines de explotación sexual, según confirman fuentes del Gobierno a eldiario.es. Para ello, siempre que sea necesario y cuando los centros de acogida estén llenos, se podrán disponer de hoteles.

De acuerdo con las mismas fuentes, el decreto asegura “el normal funcionamiento” como “servicios esenciales” de los centros de emergencia, de acogida, pisos tutelados y alojamientos para víctimas de violencia en el seno de la pareja o expareja y de trata con fines de explotación sexual. En caso de que no haya disponibilidad de plazas, las Administraciones Públicas podrán usar establecimientos de uso turístico, cuyo cierre fue decretado por el Ejecutivo el pasado 19 de marzo. Los centros de acogida, además, deberán estar equipados con Equipos de Protección Individual (EPIs) para evitar el contagio de coronavirus.

Por otro lado, la norma ha habilitado un mecanismo extraordinario para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan utilizar el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (20 millones de euros para los entes locales y 100 para las autonomías) para poner en marcha las medidas destinadas a reforzar la atención de las víctimas de violencia machista durante la emergencia sanitaria.

Fuentes del Gobierno explican que estas víctimas (y sus hijos e hijas) son “un colectivo especialmente vulnerable” en un contexto como el actual, de aislamiento domiciliario, porque en muchos casos se ven obligadas a compartir más espacio y tiempo con su agresor. Ello se une además a la reorganización de los recursos de asistencia y apoyo derivada de la cuarentena, que se alargará al menos 15 días más. Muchos de ellos están cerrados, priorizan la atención telefónica o funcionan a medio gas.

Por eso, el Ministerio de Igualdad ya puso en marcha un Plan de Contingencia para hacer frente a mayores situaciones de riesgo. Entre otras cosas, modificó los pliegos que rigen los contratos de los servicios 016 y Cometa, que se encarga del seguimiento y control de las pulseras que llevan hombres investigados por violencia de género, para que sus empleadas pudieran teletrabajar. Entonces, el ministerio anunció que estaba ultimando otras medidas urgentes para garantizar la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Así, el decreto aprobado este martes el Consejo de Ministros reservará también medidas para garantizar el funcionamiento al 100% de Cometa, que vigila el cumplimiento de órdenes de protección por medio de dispositivos telemáticos. Para ello, las Administraciones Públicas podrán dictar “las instrucciones necesarias” a las empresas que prestan el servicio, explican fuentes del Ejecutivo. La compañía que gestiona actualmente este servicio estatal es Telefónica, que subcontrata a Securitas Direct para la ejecución del mismo.

El decreto se suma también a la guía que hizo pública el Ministerio de Igualdad en la que se detallan los recursos de los que pueden disponer las víctimas. Al teléfono de atención 016, los teléfonos de emergencia habituales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otro tipo de canales puestos en marcha por las comunidades autónomas, se ha sumado un servicio de apoyo emocional vía Whatsapp, que está atendido por psicólogas especializadas en violencia de género.

El Ministerio de Igualdad ha elaborado y publicado en su página web una guía para que las víctimas de violencia de género sepan a qué recursos pueden recurrir durante el confinamiento decretado por el estado de alarma.El Gobierno ha puesto en marcha un plan para reforzar la atención de estas mujeres, cuya vulnerabilidad aumenta al estar en casa con quien puede ser su agresor. Con servicios y centros cerrados o a medio gas, Igualdad concentra en esta guía “las acciones de prevención y respuesta que siguen en marcha”.

No obstante, el texto avisa de que por encima de estas orientaciones generales, se encuentran las leyes, también las que pueden dictarse a partir de ahora, y los requerimientos y resoluciones judiciales. También advierte de que las recomendaciones no sustituyen a las de los abogados o abogadas de las víctimas. Estas son las principales directrices:

¿No sabes qué hacer y necesitas información general (asesoría jurídica, apoyo psicológico o conocer dónde puedes acudir)?

El teléfono 016 funciona con normalidad. Es 24 horas, todos los días del año y atiende en 52 idiomas. Además las consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@mscbs.es. El servicio está adaptado a personas con discapacidad a través del Servicio Telesor y del Servicio de videointerpretación SVIsual. El asesoramiento jurídico del 016 está disponible de 08.00 a 22.00 todos los días de la semana.

También puedes dirigirte a estos servicios aunque no convivas con el agresor. Por otro lado, las órdenes de protección siguen activas y el servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género) funciona con normalidad.

¿Necesitas apoyo emocional o psicólogico en estos momentos?

Además de buscar el apoyo de familiares o amistades de confianza, el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un sistema rápido de atención vía Whatsapp, que está atendido por psicólogas especializadas en violencia de género. Se puede contactar a través de los siguientes números: 682916136 y 682508507.

Además, los servicios municipales especializados, que hacen seguimiento y acompañamiento psicológico de los casos, cuentan con servicios de guardia. El Ministerio de Igualdad recomienda consultar las páginas web para ver las condiciones, llamar a los teléfonos habituales o que cada una tenía de referencia.

¿Necesitas ayuda inmediata ante una situación de emergencia?

Los teléfonos de emergencias siguen activos y son gratuitos. Puedes llamar al 112, Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).

¿Y si no puedes llamar por teléfono?

En caso de que el confinamiento domiciliario impida que puedas llamar por teléfono ante una situación de peligro, puedes descargarte la aplicación AlertCops, la aplicación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La aplicación contiene un chat y envía la localización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el 016 dispone de un canal de asesoramiento online que está disponible 24 horas todos los días del año: 016-online@mscbs.es.

Si sientes que tú o personas de tu entorno (por ejemplo, tus hijos) estáis en peligro...

El Ministerio de Igualdad recomienda abandonar el domicilio, si tienes posibilidad, y llamar a los servicios de emergencia. Si no puedes salir, busca un lugar seguro en el que resguardarte e intenta pedir ayuda a las personas que se puedan encontrar en tu entorno para que contacten con estos teléfonos.

En caso de carecer de otro lugar al que ir si sales del domicilio, es importante saber que los servicios y centros de acogida y de emergencia han sido declarados servicios esenciales, es decir, están garantizados. Puedes acudir a ellos en todas las comunidades autónomas.

¿Me pueden multar si salgo a la calle en caso de emergencia?

El decreto de estado de alarma establece límites de movimientos para todos los ciudadanos, pero hay excepciones: entre ellas, cuando la circulación es por causa mayor o situación de necesidad. Es decir, en situaciones de peligro o emergencia no existirá sanción.

Si tengo la custodia, ¿qué pasa con las visitas del padre?

Las visitas pueden suspenderse en el estado de alarma por riesgo para la salud. Tu abogado puede solicitarlo en el juzgado y pedir que esos días se compensen después. En cualquier caso, el Poder Judicial aclaraba este viernes que, en caso de desacuerdo entre progenitores, será el juez el que valore y decida en cada caso. Si no hay acuerdo, los menores deben permanecer en el domicilio de la persona que tenga su custodia. En el estado de alarma está permitido el desplazamiento de los menores si es para volver al hogar donde residen.

¿Y si el menor está con el otro progenitor, yo tengo la custodia y no lo devuelve?

Tu abogado debe dirigirse al abogado del otro progenitor para solicitar la vuelta al domicilio habitual. De no suceder, debe solicitarse al juzgado. Es aconsejable que todas las comunicaciones se dejen por escrito.

¿Y si la custodia es compartida?

El menor tiene dos domicilios. Igualdad recomienda que se queden en un domicilio, aunque previo acuerdo y comunicación al otro progenitor. Sin embargo, el Poder Judicial señala que el estado de alarma no suspende sin más las sentencias ni los acuerdos que regulan estas situaciones, por lo que habrá que valorar cada caso. Si hay riesgos evidentes, dicen las expertas, se recomienda que no haya traslados, pero si estos son mínimos, puede continuarse con la custodia compartida.

Las visitas son en un Punto de Encuentro, ¿qué hago?

No es aconsejable su uso en el estado de alarma y muchos están cerrados. Se recomienda, por tanto, suspender las visitas: si no hay acuerdo, mediante solicitud al juzgado.

¿Me pueden denunciar por incumplir las visitas durante el estado de alarma?

Sí, pero no se puede adelantar cuál será la resolución judicial porque dependerá de cada caso. Las resoluciones valorarán la buena fe y el interés del menor.

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista durante el confinamiento impuesto para frenar el contagio de coronavirus. Entre ellas, un nuevo recurso para casos de emergencia y otro de asistencia psicológica. El primero servirá para que las mujeres puedan dar la voz de alarma desde sus domicilios mediante un mensaje de Whatsapp que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es sortear las dificultades que pueden encontrarse muchas víctimas para llamar al teléfono 016 mientras comparten espacio con sus agresores.

Según ha informado el ministerio de Igualdad, en los próximos días también estará disponible un sistema de mensajería instantánea “de contención y asistencia psicológica” para estas víctimas, que gestionará la Administración Central. El impulso de este plan responde a un contexto marcado por el aislamiento domiciliario, que puede conducir a muchas mujeres a “ver dificultado o imposibilitado el acceso a los medios habituales de comunicación y denuncia en situaciones de violencia de género”, explica el ministerio en una nota de prensa.

Las medidas incluyen también declarar los servicios de asistencia integral a las víctimas como servicios esenciales, lo que implicará que el Estado debe garantizar el funcionamiento de los mismos. En concreto, de los dispositivos de información 24 horas, los recursos de emergencia y acogida, los pisos tutelados y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y también los servicios de asistencia psicológica, jurídica y social de manera no presencial (telefónica o por otros canales).

El Ministerio de Igualdad también ha anunciado que pondrá en marcha una campaña específica para presentar el plan y centrada en la situación de emergencia que vive el país. Entre sus ejes estarán “la concienciación contra la violencia de género” y “por el buen trato” durante el periodo de reclusión y la alerta de las situaciones que pueden darse dentro de los hogares en contextos de este tipo.

Como ya anunciara el propio ministerio este lunes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha requerido a las comunidades autónomas para que hagan una actualización de qué servicios y recursos de atención y acompañamiento permanecen operativos tras las medidas restrictivas impuestas por los gobiernos. Este estudio será remitido al teléfono 016 para que no derive a ninguna mujer a centros que pueden estar cerrados. Además, el Gobierno ha modificado los contratos de los servicios estatales para que las empleadas del 016 y del centro que hace el seguimiento de las pulseras impuestas a hombres investigados puedan teletrabajar.