Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía: “Hay pobres porque hay ricos”

La Asociación de Empresas de Servicios y Actividades Extraescolares de Castilla y León (ASAECYL) ha informado de que el lunes se reunirá con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para tratar la situación del sector de actividades extraescolares en los centros educativos de Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo anunció antes de que comenzara el curso: al menos el primer trimestre no habría actividades extraescolares.

Desde que se prohibieran las actividades extraescolares en los centros educativos, ASAECYL se ha reunido con los diferentes grupos políticos con representación en las Cortes y las distintas asociaciones de padres y madres, y en todos los casos se han mostrado “partidarios de la necesidad de eliminar esta prohibición”, señala la asociación a través de un comunicado.

En la reunión, ASAECYL expondrá al Departamento de Educación que las actividades extraescolares impartidas en los centros educativos deben iniciarse desde el primer trimestre, ya que pueden ser ejecutadas “de manera segura”, con el cumplimiento de todos los requisitos higiénico-sanitarios, asegurando en todo momento la trazabilidad de los posibles casos de coronavirus “y minimizando al máximo la posible transmisión del virus porque los menores están en un centro con medidas y protocolos específicos”, defiende la organización.

“Si se prohíben [estas extraescolares], los padres pueden escoger otras alternativas para la educación y el entretenimiento después del colegio mucho más difíciles de controlar”, sentencia.

ASAECYL pretende que el encuentro “sirva para concretar el protocolo sanitario específico” de las actividades extraescolares que permita evitar su prohibición y “dar solución a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, así como una mejora en el desarrollo formativo, educativo y lúdico de los menores”. “Dicho protocolo se ha presentado durante estas semanas tanto a las federaciones de padres y madres de la enseñanza pública y concertada de Castilla y León como a los representantes de los partidos políticos”, concluye.

Durante meses se ha desarrollado en el mundo un debate, ciertamente estúpido, sobre la conveniencia o no de utilizar mascarilla para prevenir el contagio del coronavirus. Puede darse por finalizado después de que Donald Trump se dejara fotografiar el sábado pasado con un tapabocas azul con el sello dorado de la Presidencia de Estados Unidos. Coincidiendo con ese final de la polémica de la mascarilla ha arreciado en Catalunya otro debate, tan estúpido como el anterior, sobre si hacen falta o no más rastreadores para combatir el virus, en el que el poco lucido papel de negacionista lo representa la consejera de Salud, Alba Vergés. Para el mundo, esta polémica local quizá sea un tema muy poco relevante, pero para los catalanes (y quizá para los españoles en general) es importante.

Jim Yong Kim, el hombre que presidió seis años de manera peculiar el Banco Mundial a instancias de Barack Obama, publicó el 20 de abril pasado en The New Yorker un artículo en el que volcaba su experiencia de gestor de proyectos sanitarios y especialista en control de epidemias. El texto tuvo un fuerte impacto aunque el Gobierno de EEUU no le hiciera ningún caso. De manera muy esquemática, el doctor Kim venía a decir que al virus se le puede vencer porque hay “armas” para ello, pero hay que atacarlo con todas las fuerzas disponibles a la vez, sin tregua, con decisión y con todo el dinero que haga falta, porque no hacerlo ahora resultará más caro en el futuro. 

Las cinco armas que citaba Kim se han visto confirmadas con el paso de los meses y ahora las conoce ya todo el mundo. Son: 1. Distancia entre personas. 2. Pruebas PCR a todos los posibles enfermos. 3. Localización del máximo de contactos de los contagiados (y pruebas a los que se considere oportuno). 4. Cuarentenas y aislamientos preventivos. 5. Tratamiento de los enfermos. Todas son importantes y todas se han de aplicar a la vez con decisión e intensidad para acabar con la enfermedad o, al menos, mantenerla a raya.

Dejando a un lado la acción obvia de curar a los enfermos, las otras cuatro líneas de actuación se agrupan de dos en dos. La 1 y la 4 tienen como objetivo mantener alejados a los humanos unos de otros y evitar así los contagios. La administración sanitaria es la que marca las pautas pero son los ciudadanos los que las tienen que ejecutar y padecer las incomodidades. La 2 y la 3 son armas necesarias para saber exactamente dónde está el virus. Aquí la gran responsabilidad es de la administración, que es la que ha de poner los medios para hacer las pruebas a quienes tienen síntomas de la enfermedad y de tratar de encontrar más infectados antes de que contagien. Esto último es lo que hacen los rastreadores.

El papel de los rastreadores ha sido vital en países como Corea del Sur, en los que desde el primer momento se ha intentado alterar lo menos posible la actividad social y económica. Para lograrlo es necesario no perder la pista del virus en ningún momento. Quizá se ha valorado menos el papel de los rastreadores en Wuhan, donde el descontrol inicial impulsó a las autoridades chinas a imponer el férreo aislamiento y paralización de la ciudad. Los titulares de los informativos fueron para el confinamiento masivo, pero los equipos de rastreo contribuyeron de manera importante a eliminar totalmente los contagios en menos de cuatro meses, con ayuda, eso sí, de poderosos instrumentos de vigilancia digital. Las autoridades sanitarias de Wuhan llegaron a movilizar a 9.000 rastreadores para una población de 11 millones de personas, 82 por cada 100.000 habitantes.

En España, el confinamiento fue de los más estrictos de Europa y el descenso de contagios, espectacular, pero en ningún momento se planteó rematar el virus (o al menos intentarlo) a base de test y rastreos. Una lástima, porque siempre es bueno rematar la faena. De haberse aplicado el baremo chino se tendría que haber reclutado a 38.000 rastreadores, una cifra estratosférica si se tiene en cuenta que al inicio de la pandemia solo trabajaba medio millar de personas en salud pública. Pero entre 38.000 contratos y no hablar del tema hasta el final del estado de alarma se debería haber intentado encontrar un término medio.

Cuando hace más de dos meses empezó a plantearse en España la vuelta a una cierta normalidad, las autoridades sanitarias hicieron hincapié en la importancia de la atención primaria para controlar los contagios y se pasó de puntillas sobre el refuerzo de los sistemas de salud pública, los rastreadores. Esa posición inicial no ha variado. La regla es que, cuando un paciente presenta síntomas de covid-19, los médicos de atención primaria deciden que se les haga la prueba PCR y desde el mismo centro se contacta con sus familiares para ver si hacen falta más pruebas. Se supone que esos datos pasan a salud pública que debería centrarse en los focos más peligrosos.

Con este dispositivo adoptado en España se consigue que por cada persona cuya infección haya sido verificada mediante una prueba PCR se haga el seguimiento de una media de cuatro contactos. “Es poquísimo, algo se está haciendo mal”, manifestó el lunes en El País la investigadora barcelonesa Helena Legido-Quigley, profesora de Salud Pública de la Universidad Nacional de Singapur y buena conocedora del sistema público español. “En otros países la media suele ser 14”, agregó. “En Catalunya se ha visto que falta personal, faltan epidemiólogos y expertos en salud pública”. Es un problema compartido: “No veo ningún sistema autonómico con suficiente capacidad”

Lo que está sucediendo en España y se ha puesto de manifiesto en Catalunya es que la detección del virus no es suficientemente activa. La agresividad en la lucha contra la epidemia que planteaba el doctor Kim brilla por su ausencia. Se espera a que el virus se manifieste mediante síntomas y su portador se presente ante el médico en lugar de desplegar un ejército de rastreadores en busca de infectados, tengan síntomas o no. Es una estrategia que se queda corta porque aproximadamente la mitad de las infecciones las causan contagiados sin síntomas. Este es el gran peligro de este virus, que lo distingue de sus primos hermanos SARS y MERS.

En Europa no se plantea un despliegue de rastreadores como el de Wuhan pero sí hay un cierto consenso en torno al baremo que recomienda el Gobierno alemán a los estados federados: cinco rastreadores por cada 20.000 habitantes. Según ese estándar debería haber en Catalunya 1.890, mientras que el total español debería situarse en 11.750. Antes de la epidemia, había en España medio millar de personas en los servicios de salud pública, 80 de ellos en Catalunya.

Ante la grave situación en Lleida y las malas perspectivas en Barcelona y su área metropolitana, Magda Campins, jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del hospital Vall d'Hebron propuso la semana pasada que hospitales y CAP pasaran a ayudar en los rastreos. Lo planteaba como una medida in extremis, porque en realidad, lo que debería haber hecho la Conselleria de Salut es “contratar y formar rastreadores” en cuanto “pasó lo peor de la pandemia”, según declaró el domingo en RAC1. Y recordó que son necesarios unos 2.000. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ofreció ayer 40 o 50 rastreadores para mejorar el seguimiento de contactos en la ciudad, pero la oferta no se ha tenido en consideración por la Conselleria de Salut.

La consellera Alba Vergés contó ayer a la prensa que (aunque no los citó con ese nombre) la cifra de rastreadores se sitúa en torno a 200, la novena parte del baremo alemán. En la Xarxa (Red) de Vigilància Epidemiològica trabajan ahora los 80 contratados antes de la pandemia, el 75% por ciento de los 115 de una ampliación de plantilla decidida hace unas semanas y 50 trasladados de otras unidades. Vergés insistió en que el grueso del trabajo se hace desde la atención primaria y que esta se va a reorganizar para que 500 personas (ampliables hasta 900) se dediquen exclusivamente al seguimiento de la covid-19. 

Entre tanto, la epidemia sigue creciendo y ayer se contabilizaron 1.293 positivos en Catalunya. Tras las intervenciones en El Segrià y L'Hospitalet, los datos de la ciudad de Barcelona difundidos el miércoles han elevado el listón de la preocupación. La semana pasada se triplicó el número de casos con respecto a la semana anterior, que a su vez había duplicado los casos de la anterior. Total, que en dos semanas se ha pasado de 80 contagios confirmados a 490 en la capital catalana. Para entender esta cifra vale la pena hacer una comparación: desde que comenzó la pandemia, Taiwán, una isla de 24 millones de habitantes a 180 kilómetros de la costa china, ha detectado 451 infectados, menos casos en medio año que en Barcelona en una semana pese a multiplicar por 16 el número de habitantes de la ciudad. Allí no se han preguntado si hacen falta o no sistemas de control. Han puesto más de los necesarios para asegurarse y ya está. Saben lo que es una epidemia.

Es muy preocupante que tras más de medio año de pandemia todavía haya responsables públicos que desconozcan su magnitud real o no se la tomen suficientemente en serio. La Generalitat está perdiendo una gran oportunidad de demostrar que es capaz de gestionar mejor que otros. Ha despilfarrado, además, una parte del mucho terreno que se le había ganado al virus con el sacrificio de los ciudadanos durante el confinamiento.

“The big one”

Por si a alguien le interesa entender un poco mejor lo que está pasando, ahí va la voz de un gran experto. Anthony Fauci, el veteranísimo director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, comentaba el pasado día 10 en Financial Times que la pandemia de covid-19 es “the big one”. Traducido, “la grande”. Pero para un norteamericano es mucho más que la traducción literal porque “the big one” es el terremoto de la falla de San Andrés que algún día devastará la costa del Pacífico de San Francisco a los Ángeles. Los científicos saben que ese terremoto se producirá pero no pueden predecir cuándo. Igual que con la gran pandemia, se sabía que llegaría pero no en qué momento. Y aquí está.

El doctor Fauci se ganó un gran prestigio por sus actuaciones frente la pandemia del sida y, salvo por Trump y sus mariachis, que odian su sinceridad, es un hombre respetado. Por eso hay que hacerle caso cuando dice que la covid-19 reúne los peores elementos de cada una de las epidemias anteriores. “Tenemos un virus aleatorio que da un salto entre especies de un animal a un humano, que es espectacularmente eficiente en la propagación de humano a humano y que tiene, relativamente hablando, un alto grado de morbilidad y mortalidad”, relató antes de concluir: “Ahora mismo, estamos viviendo en la tormenta perfecta”.

Después de que los habitantes del medio rural salieran a la calle a finales del año pasado, a principios de este lo hacen los agricultores. No vamos a abordar en este artículo lo coyuntural, los acontecimientos que se han producido. Nuestro propósito aquí es más bien una reflexión estratégica, abordar el mar de fondo que está detrás de estas revueltas campesinas. Las mismas causas están provocando los mismos efectos. El malestar no es ni mucho menos exclusivo de nuestro país: también están desorientados, irritados, sublevados y se están manifestando agricultores de otros Estados miembros de la Unión como los alemanes, los holandeses, los franceses y los belgas.

Durante décadas, incluso antes de que entráramos en las Comunidades Europeas, las políticas públicas (agraria, regional, comercial, de competencia…) han promovido una agricultura productivista, capaz de ofrecer grandes volúmenes de producción a precios cada vez más competitivos. La verdad es que estas políticas fueron exitosas, en buena parte porque los agricultores supieron responder a este reto. Conozco pocos ejemplos de identificación tan plena entre los actores de un sector económico y las demandas que les transmitía la sociedad durante un periodo tan largo.

En este contexto, la política agraria disfrutó de una situación privilegiada frente a la política de competencia en el entramado jurídico comunitario. Los tratados fundacionales, en línea con la escuela de Friburgo, reconocen la existencia (por supuesto, no sin límites) de una excepción a la aplicación del derecho de la competencia para la agricultura y los productos agrarios.

Durante décadas, uno de los objetivos de la política económica en toda Europa ha sido la lucha contra la inflación y el asegurar los precios más bajos posibles a los consumidores. La política de competencia fue (y es) un instrumento privilegiado para conseguir este objetivo. Evitar los abusos de posición dominante y romper los cárteles que imponen precios son dos objetivos no solo loables, sino absolutamente necesarios. Pero en un sector como el agrario, con 800.000 agricultores y 4.000 cooperativas en España, el desequilibrio entre los distintos actores es un obstáculo al funcionamiento equilibrado de la cadena alimentaria. No se puede, como hacen algunos ayatolás del derecho de la competencia, considerar que una cooperativa agraria no es una empresa prolongación comercial de los agricultores, sino un cártel, al menos potencial, que debe estar sometido a las reglas generales (y restrictivas) que rigen esta clase de acuerdos.

Nuevo marco legislativo

Además, la Unión Europea ha hecho delEuropean Green Deal una de sus líneas maestras. La nueva PAC que está en discusión en Bruselas promoverá una agricultura más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente, el bienestar de los animales y de los derechos de los trabajadores, un elemento esencial de la estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático. Un cambio de paradigma como este no se conseguirá en contra de los agricultores, que deben ser actores activos de primer orden de este cambio.

Pero al mismo tiempo, la Comisión ha propuesto en lasPerspectivas Financieras 2021-2027 disminuir su presupuesto para la agricultura y la política agraria común (PAC). Entre el brexit y la consiguiente salida de un contribuyente neto, las nuevas necesidades que se han de financiar para conseguir el Green Deal y consolidar el papel de Europa en el mundo, teniendo en cuenta las reticencias de un numeroso grupo de Estados miembros a aumentar su contribución al presupuesto europeo, el escenario más optimista que pudiera imaginar sería el de la congelación en términos nominales del presupuesto actual, lo que está lejos de ser conseguido.

Es verdad que se puede (y se debe) aumentar la eficacia y la eficiencia del gasto público en la agricultura, pero no todo puede venir por esta vía. La cuadratura del círculo, el deshacer el nudo gordiano debe venir de una mejora de los precios percibidos por los agricultores en el mercado. Un producto de calidad y con garantía debe tener un precio digno.

Por esto el construir un marco legislativo que contribuya a construir una cadena alimentaria creadora de valor y, a continuación, una distribución equitativa de este valor entre sus actores es, a mi juicio, una prioridad política de primer orden. Lo primero es conseguir un valor para luego poderlo repartir. A nivel europeo se han dado pasos importantes en este sentido. El Parlamento Europeo ha tenido una actitud muy proactiva que se ha reflejado en el reglamento (llamado en la horrible jerga burocrática bruselense ómnibus) que entró en vigor el 1 de enero de 2018. La Corte de Justicia Europea ha recordado al legislador la amplitud (y las limitaciones) de la excepción agraria al derecho de la competencia; la mencionada nueva directiva sobre prácticas comerciales desleales es otro hito; la Comisión Europea en sus propuestas de nueva PAC también ha hecho unos (tímidos) avances que conviene consolidar y ampliar, como señalo en el informe que presenté ante la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo. Nuestros europarlamentarios y nuestros ministros tienen en esto una buena ocasión de transformar en hechos y acciones sus palabras y buenas intenciones. Por ejemplo, sería positivo que la normativa comunitaria permitiese, si así lo deciden, a las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias contribuir a ajustar en cantidad y calidad la oferta a la demanda.

Pero también se puede recorrer mucho camino a nivel estatal. Lo primero es la transcripción en el derecho español de la nueva directiva; lo segundo sería, como anunciado el ministro, la regulación efectiva de la venta a pérdidas y la recuperación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, adormecido por culpa de los recortes presupuestarios. Es preciso transcribir plenamente en nuestro derecho español la nueva directiva sobre prácticas comerciales desleales; regular eficazmente la venta a pérdidas; favorecer las auténticas organizaciones de los productores que comercializan la producción de sus socios en línea con la reciente sentencia de la Corte de Justicia Europea sobre el caso endivias y/o promover interprofesionales donde se sienten todos los actores de la cadena, interprofesionales largas como se les llama en Francia.

En la misma línea, España se dotó de una de las primeras leyes de la cadena alimentaria, ley que sirvió de ejemplo y caso de estudio durante la elaboración de la directiva. Es práctica normal en la Comisión someter regularmente todas las leyes a una evaluación para saber en qué medida se ha alcanzado los objetivos perseguidos y los cambios que se deberían aportar. Esta ley española podría ser un magnifico campo de experimento para el desarrollo de la tan necesaria cultura de la evaluación continua de las leyes.

*Tomás García Azcárate es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigador asociado del Centro de Estudios e Investtigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).

[Este artículo ha sido publicado en el número 78 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El desafío inmediato más serio que afronta el Gobierno es lograr los ingresos fiscales suficientes para financiar sus compromisos sociales. Las promesas políticas encaminadas a reducir las desigualdades y establecer unas relaciones sociales más justas exigen una auténtica revolución fiscal. No es suficiente crear nuevos impuestos o elevar algunos tipos fiscales. Hace falta una nueva cultura fiscal. El Gobierno deberá hacer mucha pedagogía. Los ciudadanos deben percibir las ventajas de pagar impuestos.

Vivimos en un país muy atrasado fiscalmente. La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales representa casi la mitad del PIB en Francia (48,4%), y supera el 40% en Dinamarca (45,9%); Suecia (44,4%) y Finlandia (42,4%), frente al raquítico 35% en España.

Es evidente que carecemos del sistema fiscal adecuado para sufragar los costes de los servicios públicos que legítimamente exigen sus ciudadanos. Entre 2012 y 2017 el gasto social en España ha disminuido desde el 25,7% del producto interior bruto (PIB) al 23,4%, según Eurostat. En gasto social en España se sitúa 4,5 puntos por debajo de la media europea, muy alejada de Francia, (34,1%); Dinamarca, (32,2%) o Finlandia (30,6%). De ahí el aumento de la pobreza hasta el 26,1%, cuatro puntos por encima de la media europea.

Desgraciadamente, la cuestión fiscal está muy desenfocada en nuestro país, al haberse instalado el discurso de los intereses de las grandes empresas contrario a la más mínima solidaridad. El pensamiento dominante aboga por reducir la contribución ocultando la verdadera función actual de los impuestos, que es garantizar los servicios y prestaciones sociales. Como ha señalado el profesor Xavier Casanovas, coordinador de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, “la cuestión fiscal se ha situado durante mucho tiempo fuera del debate político y social, y solo los últimos años, con el impacto de la crisis económica y el descalabro de la globalización, volvemos a poner el foco en esta cuestión clave para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar”.

Las dificultades para lograr los recursos fiscales necesarios se han agravado por el proceso de concentración de empresas y la creación de grandes corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple, que ha supuesto una importante pérdida de recaudación. A diferencia de las pequeñas y medianas empresas, las multinacionales pueden desviar sus beneficios a paraísos fiscales o a países de baja tributación.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016 revelan la escasa contribución de las grandes empresas. Las 134 multinacionales españolas (ventas superiores a 750 millones de euros) pagaron un tipo efectivo del 12,6% en el impuesto de sociedades. Y 49 compañías pagaron un tipo efectivo medio del 3,1% como señala José María Mollinedo, secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En España, además, hay cuatro problemas específicos: la economía sumergida representa un 24,52% de la economía, frente a un 16% de media europea, según el FMI; en segundo lugar, el sistema fiscal es cada vez más regresivo —los impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol y carburantes) pasaron del 36% al 46% del toda la recaudación entre 2007 y 2015, periodo en que el peso del impuesto de sociedades se redujo del 21% al 13%—; en tercer lugar, crece la dispersión en el impuesto de sucesiones entre las comunidades autónomas —entre 2008 y 2015 la recaudación aumentó en un 23,5% en Andalucía, mientras que disminuyó en un 12,2% en Madrid y en un 52,9% en Cataluña—; en cuarto lugar España tiene menos de la mitad de inspectores que en Europa, en términos relativos, según Gestha.

Con los dos nuevos impuestos aprobados, la tasa Google (impuesto digital) y la tasa Tobin (impuesto a las transacciones financieras), se prevé recaudar 968 y 850 millones, respectivamente. No obstante, existen muchas dudas sobre su efectividad. El primero no será efectivo hasta diciembre y no hay experiencia sobre el segundo.

Para Comisiones Obreras es preciso “acometer una profunda reforma fiscal con criterios de progresividad y redistribución”. Una fiscalidad justa, con criterios medioambientales, es necesaria para la estabilidad social y para modernizar la economía. El modelo de transparencia y progresividad de la cultura fiscal de los países escandinavos deberían ser nuestra referencia.

[Este es el editorial del número 78 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La economía sumergida no está formada por individuos que actúan de forma aislada y oculta; los defraudadores suelen estar interconectados entre sí, coordinados y actuando como un colectivo. No dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social, no cobrar el IVA a un cliente, no emitir una factura a un proveedor, mover la sede fiscal de la empresa a un paraíso fiscal: son todos ejemplos de conductas que se producen con la presencia, complicidad o colaboración de otras personas. Un ejemplo de esta dimensión social de la economía sumergida es la justificación emocional o moral del impago de los impuestos.

La moral fiscal es el grado en que un contribuyente considera justo cumplir con sus obligaciones fiscales. Es una dimensión relativamente estable a lo largo del tiempo, aunque puede cambiar en función del contexto. La ausencia de moral fiscal motiva la economía sumergida, deslegitima las instituciones fiscales y justifica la elusión o evasión de los impuestos. Se podría decir que la ausencia de moral fiscal constituye el pegamento social necesario para que los grupos y las redes que operan en la economía informal, sumergida o criminal puedan mantenerse cohesionadas. Es un comportamiento que se cimenta en la falta de reconocimiento de la legitimidad del Estado, las instituciones fiscales y sus normas.

Con frecuencia se atribuyen que España tenga unos niveles elevados de economía sumergida a la existencia de una supuesta cultura de la picaresca entre los contribuyentes. La realidad es que el nivel de moral fiscal de los españoles no es bajo ni difiere mucho del resto de países de la Unión Europea, sobre todo si se compara con los países del este o del sur. Según las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tres de cada cuatro ciudadanos reconocen que el pago de los impuestos es una cuestión de necesidad, justicia y honradez. A esto se suma que, aproximadamente, uno de cada cuatro españoles estaría de acuerdo con subir los impuestos si esto se reflejara en una mejora en los servicios públicos, y solo un porcentaje muy residual preferiría que se redujeran los impuestos aunque esto implicara un empeoramiento de los servicios públicos.

En efecto, la moral fiscal de los españoles ha cambiado bastante desde el periodo de la dictadura hasta hoy. La emergencia de un sistema tributario moderno y la caída del velo de la ilusión financiera durante la década de 1980 contribuyeron a crear una sociedad más informada y crítica acerca de los impuestos, pero también más favorable al Estado de bienestar y a su financiación a través del sistema tributario, con la condición, sin embargo, de que este sea equitativo. Pese a una ligera caída durante los años de la burbuja inmobiliaria y financiera (1999-2007), la moral fiscal en España ha aumentado en los últimos años (2011-2018), junto con una mayor percepción de la corrupción y la falta de equidad en el sistema redistributivo.

Vínculo Estado-contribuyente

Los factores que inciden en la moral fiscal en España son parecidos a los del resto de países europeos y de todo el mundo, y tienen que ver tanto con factores individuales como contextuales. En general, para incrementar la moral fiscal se necesita reforzar el vínculo que existe entre el Estado y el contribuyente. Desde el lado de las instituciones, se trata de mejorar la calidad de la gobernanza, por ejemplo, mediante la lucha contra la corrupción o aumentando los canales de participación democrática. Desde el lado del contribuyente, la educación es un aspecto crucial, sobre todo, si se aborda desde etapas tempranas.

Si la moral fiscal de los españoles no es baja y ha aumentado a lo largo del tiempo, ¿de dónde proceden entonces las grandes diferencias en los niveles de economía sumergida que hay entre España y países europeos como Austria, Suecia y Suiza? La respuesta se encuentra en la estructura del sistema productivo en términos de composición sectorial (estacionalidad), tasa de paro, niveles de desigualdad económica y presencia de crimen organizado. La economía sumergida en España estaría localizada en entornos específicos (sectores, territorios, organizaciones, etc.), donde los individuos están densamente interconectados entre sí.

La utilidad del concepto de moral fiscal no está en su capacidad de incrementar directamente el cumplimiento fiscal, sino en ser una especie de palanca social que las instituciones pueden activar para luchar contra las balsas interconectadas de economía sumergida. Se trata de emplear la moral fiscal como herramienta para activar la participación ciudadana e identificar, denunciar y desincentivar la conducta fraudulenta e insolidaria de aquellos que operan en condiciones irregulares. Una técnica que podría ser efectiva a corto plazo sería solicitar la colaboración ciudadana en la prevención y detección del fraude, proporcionando a los ciudadanos incentivos y mecanismos apropiados, mediante regulación o experimentos sociales localizados. Las causas y los efectos de la economía sumergida son de naturaleza social, así que la sociedad podría ayudar a acabar con ella.

[Este artículo forma parte del dossier sobre Economía Sumergida publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cuando se habla de corrupción son habituales los lugares comunes y los análisis superficiales. Todos sabemos por qué queremos un sistema sanitario público universal o una educación gratuita y de calidad, pero quizás nos resulta más difícil explicar por qué las políticas de integridad institucional deben ser centrales en un proyecto transformador de nuestra sociedad.

En primer lugar, deberíamos considerar qué es la corrupción. Hay diversas definiciones, pero podemos empezar comentando la que usa Transparencia Internacional. Para la organización de referencia en este campo, la corrupción es el abuso del poder para el beneficio privado. Se trata de una definición muy amplia, que incluiría las conductas tanto legales como ilegales, y tanto las realizadas por cargos públicos como las que se dan en el sector privado. También encontramos varias clasificaciones, las más importantes basadas en las cantidades de dinero que implica o en si se produce en el ámbito administrativo o en los espacios de mayor responsabilidad política. La misma definición del fenómeno podría dar lugar a una amplia discusión que no es objeto de este artículo.

La primera cuestión que se plantea es por qué motivos es necesario combatir la corrupción. La explicación más extendida se refiere a los efectos de la corrupción sobre la economía, lo que explica seguramente que la anticorrupción sea un elemento especialmente destacado de los programas políticos liberales. En términos generales, se ha comprobado que la corrupción genera una asignación ineficiente de recursos, menoscaba la libre competencia, expulsa a algunos actores del mercado y crea un clima de inseguridad jurídica que desalienta la actividad empresarial. No obstante, para justificar las políticas anticorrupción, los efectos sobre la economía es un fundamento insuficiente, ya que esta genera otras lesiones tan o más graves que se producen en nuestro sistema social y político.

La corrupción tiene un impacto negativo sobre los fundamentos de nuestra democracia, ya que merma el funcionamiento de las instituciones, que dejan de responder a los objetivos establecidos mediante el proceso democrático. A su vez, reduce la confianza de la ciudadanía en el sistema político y genera desafección. Se produce, de esta manera, un círculo vicioso que debilita el sistema democrático, dado que las personas que perciben altos niveles de corrupción dejan de confiar en las instituciones, lo que, a su vez, las hace menos proclives a exigir la debida integridad institucional (“los políticos son todos iguales”) o incluso a caer más fácilmente en conductas corruptas. Una democracia sólida requiere que el conjunto de la ciudadanía confíe en unas instituciones que percibe como no corruptas y se implique más en la exigencia del mantenimiento de este nivel de integridad, y que, paralelamente, se extienda una mayor autoexigencia en la sociedad respecto a los propios comportamientos. En resumen, la integridad institucional puede promover un círculo virtuoso de control social de la corrupción.

Finalmente, la corrupción tiene un efecto significativo sobre la igualdad social. En una Administración corrupta, la asignación de recursos públicos ya no se hace siguiendo los mecanismos de la igualdad material o ante la ley, sino que aquellos individuos o actores que pueden pagar, o que están dispuestos a hacerlo, son los que controlan las decisiones respecto a las políticas públicas. De esta forma, se genera una captura de las instituciones por parte de las clases dominantes y se rompen los principios de igualdad legal entre los ciudadanos que inspiran nuestra democracia, así como la mayor igualdad en las condiciones de vida y los recursos que son fundamento del Estado de bienestar.

Existen, pues, diversos motivos que justifican las políticas anticorrupción.

Más allá de la ética personal

Un segundo tema es el de las causas de la corrupción. Y no nos encontramos aquí ante un debate puramente doctrinal, ya que en él se enfrentan ópticas radicalmente distintas sobre el fenómeno de la corrupción y sobre las formas —o la misma posibilidad— de combatirlo.

En primer lugar, hay que abordar la cuestión de que más allá de la ética personal, la lucha sistemática contra la corrupción debe plantearse como un debate de modelo de sociedad. No cabe duda de que existe una discusión ética respecto de los comportamientos corruptos que es interesante desde el punto de vista filosófico e incluso moral, pero puede que no sea este el enfoque más indicado para el establecimiento de unas políticas públicas adecuadas en su lucha contra la corrupción.

El aspecto ético genera un debate políticamente difícil y muchas veces insustancial. Da lugar con facilidad a un litigio abstracto entre corruptos y no corruptos —donde, por cierto, todos nos situamos siempre del mismo lado—. Por todo eso, quizás sería más fructífero focalizarnos en conseguir instituciones en las que nadie tenga la oportunidad de cometer actividades corruptas o no sienta que puede hacerlo impunemente.

Vinculadas hasta cierto punto con este planteamiento ético, encontramos las teorías basadas en la cultura de los individuos y los grupos sociales como explicación de las diferencias en sus niveles de corrupción. Valga decir aquí que hablamos de niveles de corrupción, ya que existe amplio consenso en que ningún país o sociedad está exento de esa lacra.

Parece claro que la cultura de las personas influye en su tendencia a cometer acciones corruptas, pero volviendo al argumento anterior sobre la conveniencia de situarnos en el ámbito de las políticas públicas, centrarnos en la cuestión cultural presenta algunos problemas importantes al respecto.

Por un lado, se tiende al juicio de valor que, referido a diferencias entre culturas, conlleva el riesgo de caer en argumentos paternalistas y un cierto neocolonialismo. Y, por otro, existe el peligro de inducir al inmovilismo o la desesperanza sobre la posibilidad de mejorar los niveles de integridad en algunos lugares.

Seguramente una explicación integral del fenómeno pasa por entender que, como todas las realidades sociales y políticas, la corrupción es polifacética y está influida por múltiples causas. Sin negar, pues, la validez de las explicaciones culturales, centrarnos en el aspecto institucional evita los riesgos que comentábamos antes, ya que este planteamiento no entra a juzgar comportamientos individuales o de grupos, sino que se limita a valorar los efectos sobre dichos comportamientos que generan las instituciones. Por tanto, se puede poner el foco en que esta cultura es fruto de determinadas instituciones sociales y políticas históricas y en que la reforma de dichas instituciones puede ser el motor del cambio cultural.

Este planteamiento abre así la puerta a soluciones claras contra la corrupción —aunque no sean fáciles—, centradas en crear instituciones que promuevan un modelo de integridad social y política que a su vez tenga repercusión en las conductas individuales.

Estos debates sobre qué es la corrupción, por qué hay que combatirla y cuáles son sus causas constituyen una condición previa para abordar los proyectos de integridad institucional que urgen en los países del sur de Europa y de Latinoamérica, como demuestran los constantes y graves casos de corrupción que salen a la luz en las citadas áreas, las percepciones sociales al respecto y los índices de confianza y desafección de las respectivas ciudadanías. Esos planes de integridad institucional y lucha contra la corrupción son necesarios para fortalecer nuestras democracias, mejorar los niveles de igualdad e impulsar el desarrollo económico.

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Reconozco que la primera vez que en ASUFIN oímos hablar de educación financiera para los consumidores nos recorrió un escalofrío por el cuerpo. En pleno auge de la litigación bancaria, swaps, preferentes, cláusulas suelo, hipotecas en divisas… nos preguntábamos hasta qué punto no se estaba culpando al consumidor por su ignorancia, dando por hecho que el banco no solo no era su amigo, sino que engañar a sus clientes era lo normal y solo si el cliente tenía conocimientos económicos podría evitar la contratación de un producto tóxico.

Con el tiempo, sin embargo, nuestra aproximación a la educación financiera ha evolucionado. Seguimos pensando que en ningún caso ha de servir para justificar una mala praxis, porque si un banco activa su maquinaria para colocar en el mercado un producto inadecuado, nada podrá salvar al consumidor. Pero es cierto que un mayor conocimiento puede llevarle a hacer preguntas pertinentes en el momento de la comercialización, fomentar la competencia en el mercado, gestionar mejor sus finanzas personales, mejorar su salud financiera y, en suma, prestar un consentimiento informado.

Finaliza así una década en la que los usuarios financieros hemos perdido la inocencia, muchos incluso la confianza, y estamos modificando nuestra relación con las entidades financieras. Ello nos ha llevado a tener más interés en probar nuevas formas de financiación, sistemas de pago o inversión desde nuestros dispositivos móviles gracias a nuevas empresas distintas de la banca tradicional: las Fintech.

Sin embargo, estas nuevas finanzas tecnológicas llegan con un desafío mucho mayor que el mero control de nuestro dinero: la gestión de nuestros datos. Internet y los teléfonos inteligentes forman parte de nuestras aceleradas y siempre digitalizadas vidas. Los usuarios estamos continuamente conectados para acceder de manera rápida a nuevos productos y servicios. Ahora bien, lo nuevo —y aparentemente gratuito— no necesariamente significa mejor o exento de riesgos, todo lo contrario, los consumidores hemos de interiorizar un principio básico: nada es gratis, o dicho de otra manera, si es gratis, es porque el producto eres tú.

Efectivamente, en este mundo globalizado, los usuarios estamos ofreciendo referencias personales, hábitos de consumo, desplazamientos, consultas, intereses, trabajo y un sinfín de datos dentro y fuera de nuestras fronteras, tanto a redes sociales y aplicaciones varias, como a entidades financieras tradicionales o disruptivas. Hablamos de bancos, pero también de aseguradoras, agregadores financieros, asesores de inversión, neobancos y un largo etcétera a los que no podremos obviar en la gestión de las actividades económicas que marcarán nuestro futuro y el de nuestras familias.

Aprender de quien más sabe

Conscientes de este nuevo escenario, en ASUFIN no podíamos más que afrontar el inmenso desafío que plantea el ecosistema de las Fintech, analizándolo, aprendiendo de los que más saben y poner en marcha un programa de educación financiera y digital que ayude a los usuarios financieros a gestionar mejor la economía digital en la que ya estamos inmersos. Con este objetivo hemos organizado congresos, talleres y una serie de documentales para ahondar en las claves que marcan lo que está sucediendo y lo que está por venir, contando con algunas de las voces más autorizadas del mundo académico, regulador y empresarial.

Así mismo, hemos querido pulsar el conocimiento de las disruptivas Fintech entre nuestros conciudadanos y para ello hemos llevado a cabo el primer Estudio sobre conocimiento, hábitos y uso de Fintech en España, que arroja algunas conclusiones de suma relevancia. Según el mismo, el 15% de españoles operan de modo habitual con empresas Fintech, fundamentalmente para efectuar pagos (el 85%) o usar agregadores (todos los bancos en una misma aplicación) para gestionar mejor sus finanzas (el 38%); hasta el 25% está familiarizado con neobancos o compra de divisas. Este usuario habitual tiene entre 26 y 45 años. Sin embargo, el grado de conocimiento de lo que ofrecen estas empresas es muy acusado en la franja de edad más joven, de 18 a 25 años, y llega a representar un 36%, lo que da cuenta de la juventud del fenómeno.

En el estudio también nos hemos interesado por saber qué ocurre con la muestra de la población total, qué grado de relación tenemos con estas nuevas tecnológicas, seamos consumidores financieros avanzados y conocedores de las Fintech o no. Pues bien, hasta un nada despreciable porcentaje del 4% declara haber comprado criptomonedas o haber hecho uso de los servicios de un neobanco. Sin embargo, son los servicios de pago y los que ofrecen los agregadores que permiten gestionar las finanzas los de uso mayoritario por la población en general, con independencia de si lo ofrece una Fintech o un banco tradicional. Solo el 2% de la población reconoce haber empleado un servicio de inversión por Internet.

Gran parte de los consumidores declaran haber perdido la confianza en su entidad tras la crisis financiera. Por ello, la confianza que inspiran las tecnológicas es un apartado del estudio que nos interesaba especialmente: los españoles confiamos más en la banca y aseguradoras tradicionales, así como en organismos públicos como la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), Seguridad Social y Tribunales españoles y europeos que en las grandes compañías tecnológicas conocidas como las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) o Bigtech: aproximadamente el 60% frente a algo más del 30%.

Así mismo, el 78% de los consumidores declara que es consciente de que las GAFA conocen tanto sus datos personales como el uso que hace de sus finanzas, frente al 88% que afirma lo mismo de su banco, y el 83% en el caso de la AEAT. En todos los casos, les preocupa este conocimiento de su vida personal y financiera, pero lo asumen como pago inevitable para acceder a los productos o servicios que ofrecen.

Este mayor recelo, insisto absolutamente contradictorio, se aprecia claramente a la hora de preguntar si los españoles cederían aún más datos personales a las grandes compañías tecnológicas: solo el 15% responde de forma afirmativa destacando que el 83% lo haría solamente si ello supusiera un ahorro económico en los servicios que recibe y solo el 35% lo haría a cambio de una mejora en la calidad de atención del servicio.

En un mundo cada vez más globalizado, una educación financiera que permita a la sociedad civil mirar de tú a tú a sus Administraciones públicas, entidades bancarias y reguladores de mercado, es más necesaria que nunca. Así mismo, que la información ofrecida al consumidor le permita comprender las consecuencias económicas del contrato que está a punto de firmar —a golpe de clic desde cualquiera de sus dispositivos móviles— es hoy uno de los desafíos más importantes que afrontamos Fintech, reguladores, banca y asociaciones de consumo.

La gestión de nuestras finanzas, base sobre la que se edifican nuestros proyectos vitales y profesionales, seguirá como centro de nuestras preocupaciones sea a través de la banca tradicional, las Fintech o las Bigtech. Por eso, el compromiso de ASUFIN con la educación financiera y defensa de los derechos de los consumidores desde hace ya una década permanece intacto, aunque el paisaje siga cambiando.

Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

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En España tenemos un problema con la economía sumergida y el fraude fiscal. Es verdad que un mundo sin fraude y economía sumergida es, desgraciadamente, imposible. Como lo es un mundo sin robos ni asesinatos. Pero existe un amplio margen de mejora si nos fijamos en lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Mejora a la que, de hecho, estamos obligados, en la medida en que la economía sumergida y el fraude fiscal distorsionan el juego de la competencia; generan inequidad entre los que pagan impuestos y cotizaciones sociales y los que no; dañan la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, perjudicando el objetivo de estabilidad presupuestaria; en fin, incrementan los efectos distorsionadores del sistema fiscal sobre la eficiencia y la equidad en la medida en que los tipos impositivos son más altos de lo que podrían ser si el cumplimiento fuese mayor. En todo caso, vaya por delante que, aunque economía sumergida y fraude son fenómenos entrelazados, no siempre van de la mano y sus causas y soluciones no son siempre coincidentes. Puede existir fraude sin economía sumergida. Y hay economía sumergida con escasa incidencia en la recaudación.

España experimentó un cambio extraordinario y muy positivo en su sistema tributario y su Seguridad Social con el retorno de la democracia. Pero, como casi todo, ha sido un cambio no exento de problemas. El principal de ellos: la fuerte, aunque del todo necesaria, subida de la presión fiscal contribuyó a que un número significativo de contribuyentes tuviese más incentivos para escapar del fisco y para caminar hacia la oscuridad de la economía sumergida. Hoy son lacras enquistadas que requieren un nuevo impulso reformista y ambicioso, generando la base institucional y sociológica para un mejor cumplimiento tributario y el afloramiento de actividades ocultas.

Sin duda, el primer paso para ese impulso sería contar con estimaciones fiables y actualizadas de su incidencia. Por este motivo, el Ministerio de Hacienda debería de crear una comisión oficial de expertos para: 1) consensuar una metodología, para disponer de estimaciones regulares de economía sumergida y del fraude fiscal, 2) analizar los principales factores explicativos de ambos fenómenos y las operaciones, agentes y sectores en los que se concentran y 3) ayudar a definir las medidas de corto, medio y largo plazo para su mitigación. Y todo lo anterior es solo una cuestión de voluntad política. Lo ocurrido con las llamadas balanzas fiscales lo demuestra, siendo un asunto mucho menos relevante para el bienestar de los ciudadanos y en el que los españoles no nos diferenciamos tanto de los demás. La relevancia que se le ha dado a la lucha contra el fraude en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos debería ser el mejor acicate para que esta tarea de medición, análisis y definición de líneas estratégicas fuese, por fin, una realidad.

Mientras tanto, tendremos que seguir limitándonos a los estudios no oficiales disponibles. Investigaciones que muestran que la economía sumergida habría aumentado tendencialmente en los años ochenta y la primera mitad de los noventa del siglo pasado. A partir de entonces, existe mayor diversidad en las estimaciones. En cualquier caso, la práctica totalidad de los estudios nos sitúan hoy por encima de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países centrales de la Unión Europea (UE-15). Nosotros estaríamos por encima del 20%, y el promedio se encontraría más cerca (aunque por encima) del 15%. Por su parte, la literatura que trata de cuantificar el alcance de la evasión fiscal se halla comparativamente menos desarrollada. Las investigaciones más recientes estiman una pérdida de recaudación cercana al 6% del PIB, cifra que debe tomarse con mucha cautela, pero que sirve para mostrar la relevancia cuantitativa del problema.

Si descendemos al nivel regional, las estimaciones son incluso menos robustas y consistentes, pero sugieren que la economía sumergida es mayor en Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. En el otro extremo, la Comunidad Autónoma con una economía sumergida menor sería la de Madrid, seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria. Las comunidades forales muestran niveles de economía sumergida inferiores a la media de las de régimen común.

La percepción ciudadana

El que no existan estimaciones oficiales no evita que los ciudadanos perciban la realidad descrita y, en mayor o menor grado, acaben interiorizándola para justificar estrategias individuales de ocultación en un círculo vicioso. En el gráfico adjunto, elaborado por el Departamento de Sociología Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), se recoge la evolución entre 1995 y 2017 de las opiniones de los españoles sobre el grado de cumplimiento fiscal. En el aparecen representado el porcentaje de encuestados que consideran que “en general se pagan los impuestos de un modo bastante correcto” y el de quienes piensan que “es muy imperfecto”. Desgraciadamente, el porcentaje de quienes creen que el cumplimiento es deficiente es una amplia mayoría en los últimos años: el 59% en el último año de la serie (2017).

Romper el círculo vicioso mencionado pasa por la implementación de medidas a largo plazo dirigidas a cambiar valores y comportamientos, evitando actuaciones cortoplacistas, como las amnistías fiscales o las loterías tributarias, que, si bien revierten ingresos tributarios para el país en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), respectivamente, provocan efectos perniciosos y permanentes sobre la moral tributaria. En particular, las nuevas medidas deben tener por objetivo el fomento del cumplimiento fiscal voluntario en línea con las recomendaciones de organismos poco sospechosos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y utilizando como soporte tres pilares fundamentales: la Administración tributaria, los medios de comunicación y el sistema educativo formal.

Un último apunte sobre las promesas electorales y los proyectos de presupuestos: los gobiernos deben ser prudentes a la hora de cuantificar el efecto de las actuaciones sobre la recaudación tributaria, porque aflorar ese fraude no es tarea fácil y puede tardarse tiempo en lograrlo. Por eso, lo más razonable es no incluir ese efecto y, por tanto, tomarlo a beneficio de inventario o explicitar el plan B en el caso de que los objetivos de afloramiento no se consigan, indicando qué tributos aumentarían o qué gasto se recortaría si las previsiones fallan. Si no se hace así, la lucha contra el fraude fiscal puede acabar convirtiéndose en una excusa retórica para ocultar incoherencias presupuestarias.

[Este artículo forma parte del dossier sobre Economía Sumergida publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Durante años, los actores más críticos con el modelo público de pensiones en España (a menudo vinculados al sector financiero) advertían de su supuesta falta de sostenibilidad pertrechados detrás de dos sistemas alternativos que enarbolaban como grandes símbolos de lo que había que hacer aquí: Chile y Países Bajos.

Los neoliberales más radicales miraban hacia Chile y hasta patrocinaron numerosas visitas a España del ministro de Economía del dictador Augusto Pinochet, que lideró, en 1981, la transformación desde un sistema de reparto, en el que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy, a uno de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia vejez cediendo su gestión a un fondo privado. 

Los críticos moderados, por su parte, se entusiasmaban sobre todo con Países Bajos y su modelo mixto, basado en tres pilares: el público, de reparto pero muy elemental; el privado casi obligatorio, canalizado en el marco de la negociación colectiva con aportaciones de empresarios y trabajadores a través de fondos que invierten en los mercados el dinero recaudado, y el privado puro, voluntario.

Los defensores del modelo chileno lo comparaban con un Mercedes Benz, el coche que todos iban a desear conducir, mientras que el sistema neerlandés suele encabezar cada año el ranking de “sistema más sólido del mundo” que elabora la compañía Mercer junto con la Universidad de Monash, en Melbourne (Australia), la referencia del sector.

Sin embargo, la realidad cotidiana de los pensionistas no parece corresponderse con estas descripciones idílicas. Es probable que el modelo de pensiones en España precise de algunos retoques para apuntalar su sostenibilidad, pero “el mejor sistema de pensiones del mundo” no puede afrontar los pagos comprometidos hasta el punto de que se encuentra en pleno debate sobre cómo y cuánto reducir las prestaciones y hasta de reinventarse. Y el Mercedes Benz de Chile resultó ser, en realidad, un tronado Seat 600.

La última edición de Pensions at glance, la exhaustiva radiografía sobre las pensiones en el mundo que cada año elabora la OCDE, refleja que, pese a sus dificultades, el modelo español ofrece aún resultados mejores para los pensionistas que los de los supuestos símbolos alternativos. En España, la tasa bruta de reemplazo (la cuantía de la pensión respecto al último sueldo percibido) es del 72,3%, por encima del que ofrece “el mejor sistema del mundo”, que se queda en el 70,9%, y a años luz del chileno, que se limita a un paupérrimo 31,2%. Cuando Pinochet impuso el modelo en Chile aseguró que la tasa de reemplazo rondaría el 80%.

En consecuencia, el porcentaje de trabajadores que se ven obligados a seguir trabajando tras cumplir los 65 años es menor en España. Aquí, solo el 6,1% de las personas de entre 65 y 69 años sigue trabajando; cifra que en Países Bajos asciende al 17%, mientras que en Chile se encarama hasta el 40% por pura necesidad: en este país, casi la mitad de los ingresos que tienen los jubilados proceden del trabajo.

El hipotético problema de sostenibilidad que provoca el envejecimiento de la población, acentuado por la jubilación de la generación del baby boom, afecta tanto a los modelos públicos como a los privados, pues en ambos casos se comparte el reto de tener que generar más ingresos para destinar al creciente segmento de jubilados. Pero los modelos privados tienen que afrontar, además, los abultados costes de gestión del sector financiero y la incertidumbre de los resultados. Y ahora, además, un descomunal reto imprevisto, que ha generado un agujero contable: los bajos tipos de interés han hecho añicos la previsión de rentabilidad de los fondos y, por tanto, de la cuantía de las pensiones futuras. Si no mejoran sensiblemente las rentabilidades, las pensiones deberán rebajarse todavía más.

Lo expresa con rotundidad la OCDE, tradicional patrocinadora de modelos privados. “Los bajos tipos de interés limitan la rentabilidad de los fondos de pensiones e incrementan sus necesidades, lo que potencialmente rebajará las pensiones futuras y amenaza la solvencia de los programas”, subraya en el último informe.

Los expertos consideran que un fondo privado está bien financiado cuando dispone de recursos para pagar al menos el 100% de sus compromisos de pago (liabilities), aunque para ir tranquilo debería superar este porcentaje. No obstante, a día de hoy incluso en Países Bajos el porcentaje está ya alrededor del 90%. Y en países como Islandia ha caído por debajo del 40%.

Ello es así a pesar de que el capital que mueven los fondos privados ha crecido espectacularmente en la última década. En Países Bajos, el volumen de fondos gestionados pasó de amasar el equivalente al 119% del PIB nacional en 2010 al 173% de 2018, mientras que en Chile subió en el mismo periodo del 62% al 70%. Supone un gran éxito, pues, para los gestores del capital, que se han embolsado sus comisiones, pero no para los jubilados: a pesar de contar con más fondos, incluso Países Bajos está en pleno debate para reducir las prestaciones procedentes del “segundo pilar” de su modelo porque los fondos gestores no pueden afrontar los pagos comprometidos, ahogados por los bajos tipos de interés. Las encuestas de este país muestran una gran desconfianza de la población: hasta dos tercios creen que no podrán mantener el nivel de vida tras la jubilación.

Los números del segundo mayor fondo de pensiones neerlandés, Stichting Pensioenfonds Zorg, ayudan a entender esta aparente paradoja: según ha explicado el Financial Times, en los primeros nueve meses de 2019 el fondo movió el dinero con acierto hasta el punto de que generó 39.000 millones de euros de ganancias. Sin embargo, la caída de los tipos de interés le ha causado un impacto contable negativo de 54.000 millones, con lo que el agujero en realidad aumentó sensiblemente: la compañía ya ha avisado de que los recortes en las pensiones que ofrece a sus partícipes serán inevitables.

Según los cálculos del rotativo británico, la caída de un punto en los intereses a largo plazo supone que aumenten el 20% los fondos que necesitan los gestores de las pensiones privadas para cumplir con sus compromisos de pago.

La situación es tan crítica que otro analista citado por el periódico de referencia de los mercados ha llegado a utilizar la gráfica imagen de “una casa en llamas” para los modelos de pensiones basados en la capitalización: “Hay fuego en la casa; ahora todavía solo en el primer piso. Pero pensamos que el fuego puede llegar al segundo piso y hasta al tercero.

En Chile, el fuego ya ha llegado a la calle. Y hasta “el modelo más sólido del mundo” parece que se desvanece en el aire. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Una pantalla al público y no una solución definitiva. Esto es lo que son las auditorías sociales, según el último informe La hoja de parra de la moda: cómo la auditoría social protege a las marcas y falla a los trabajadores, de la campaña internacional Ropa Limpia.

La organización hace un análisis exhaustivo de la industria de las auditorías controladas por las grandes corporaciones, poniendo de manifiesto los vínculos entre las iniciativas de cumplimiento social más proclives a las empresas, como Social Accountability International, Wrap, Fla y Amfori BSCI, y las firmas de auditoría controladas por las grandes corporaciones, incluida Bureau Veritas, TÜV Rheinland, UL, Rina y Elevate, así como los intereses de las marcas a las que sirven. Y la conclusión es: “La evidencia presentada a lo largo del informe muestra claramente cómo la industria de auditoría social ha fallado espectacularmente en su misión de proteger la seguridad de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. En cambio, ha protegido la imagen y la reputación de las marcas y sus modelos de negocio, al tiempo que se interpone en el camino de modelos más efectivos que incluyen transparencia obligatoria y compromisos vinculantes”.

Clean Clothes Campaign es una red global dedicada a velar por las condiciones de trabajo y empoderar a las personas trabajadoras en las industrias mundiales de prendas de vestir y ropa deportiva. Y ha sido protagonista en las protestas por la desprotección de quienes trabajan en la industria en cualquier lugar del planeta.

El mundo conoció a través de los periódicos la tragedia del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013, en el que murieron 1.134 trabajadores y miles más quedaron heridos y traumatizados. Como explica el informe, las empresas auditoras -entonces TÜV Rheinland, Bureau Veritas y RINA, entre otras-, habían considerado que estas instalaciones eran seguras unas semanas antes del desastre.

Aquel evento mediático marcaría un antes y un después, en Bangladesh. Pero no en todos los casos, y desde luego no fuera de Bangladesh. Según relata el informe, en 2017 una caldera explotó en la fábrica de Multifabs en Bangladesh. TÜV Rheinland y Amfori BSCI habían hecho una auditoría en la que no daban cuenta de una amplia gama de defectos de seguridad.

En Vietnam, en 2016, después de dos huelgas de trabajadores en protesta por las condiciones abusivas de trabajo en la fábrica de Hansae, Clean Clothes descubrió faltas en una gama de derechos laborales: violaciones, robo de salarios, temperaturas excesivas en la fábrica, acoso verbal y abuso de trabajadores, negación del derecho legal a la baja por enfermedad, horas extras forzadas y el despido de trabajadoras embarazadas. Sobre 25 auditorías de 2015 realizadas por empresas (incluidas SGS, Elevate, Bureau Veritas y UL), ninguna había detectado ni abordado estos temas, corroborados un año después por The Worker Rights Consortium (WRC).

En Malasia, en 2017, en las 40 fábricas del fabricante de guantes de goma Top Glove se abusó, según el informe, de derechos laborales y humanos: trabajo forzado, servidumbre por deudas, horas extras excesivas, tarifas de contratación exorbitantes y la sistemática confiscación de pasaportes de migrantes trabajadores. No obstante, la fábrica fue auditada y certificada por empresas y programas que incluyen UL, Bureau Veritas, SGS, SA8000 y Amfori BSCI.

“Las empresas de auditoría e iniciativas de cumplimiento social no han sufrido a largo plazo efectos de estas fallas y continúan obteniendo rentas multimillonarias”, concluye el informe. “Estos desastres previsibles y evitables ejemplifican fallas sistémicas de la auditoría social controlada por la empresa; una industria que, en palabras de un auditor, va 'hasta donde las marcas quieren que vayamos'. Esta industria está operando con impunidad. Ha habido pocas repercusiones negativas para las compañías de auditoría y las iniciativas de cumplimiento social involucradas en estos desastres mortales. De hecho, estas iniciativas continúan creciendo con los ingresos y las ganancias de los actores clave de la industria, junto con el creciente número de fábricas auditadas. La industria ha podido mantener estas fallas fuera del radar debido a su notoria falta de transparencia y las opacas cadenas de responsabilidad que impiden compartir cualquier resultado con el mundo exterior, incluidos los trabajadores cuyos derechos, vidas y salud están en juego”.

Alternativas Económicas intentó comunicarse con cada una de las empresas auditoras que aparecen en este artículo. Solo hubo respuesta por parte de Amfori BSCI, que es una respuesta general a cualquier crítica, pero que apunta especialmente, nombrándolo, el informe de Clean Clothes sobre las auditorías. Responde que la empresa revisa regularmente su sistema y que están “en diálogo directo y permanente con nuestros stakeholders y miembros: esto incluye organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, sindicatos y gobiernos. Esta colaboración nos da la posibilidad de acertar críticamente en la eficiencia de nuestro sistema, lo que nos permite ajustarlo y adaptarlo según las necesidades. De la misma manera, estamos siempre abiertos a contribuciones de organizaciones que den un feedback a nuestros sistemas, para mejorarlos (...). A través de ese diálogo extenso con los stakeholders, encontramos una variedad de recomendaciones para mejoras. Aunque algunas de esas recomendaciones ya forman parte integral de nuestro sistema, otras están en proceso de ser integradas o necesitan ser exploradas en profundidad y llevadas a cabo en términos de factibilidad”.  

“Desde hace años se vienen suscribiendo acuerdos para que las empresas se adquieran a un compromiso de transparencia de sus proveedores en toda la cadena de suministro. Y, además, que adquieran un compromiso sobre los derechos laborales de las personas que trabajan con estos proveedores”, explica Denisse Dahuabe Rabie, de la campaña Ropa Limpia en España, liderada por Setem. “Hay algunas empresas que han hecho estos compromisos y cada vez tenemos más firmantes. Pero a día de hoy no hemos podido tener claridad. Una cosa es el compromiso y otra que lo cumplan, respetando los derechos. En el último informe de transparencia hay 34 empresas más de las 70 que había antes, pero ninguna puede demostrar claramente que hay códigos éticos en todos sus proveedores, ni nos dan las direcciones de todos sus proveedores. Eso ya lo dice todo. Si no podemos ir a verlo, tenemos un problema”.

Los sindicatos, escépticos.

Los sindicatos no están de acuerdo con que se lleven a cabo auditorías sociales. En cambio, piden que se permita y promueva la unión sindical, que sea válido, y que no sea una empresa la que pueda decir qué es útil y qué no lo es.

“Desde mi punto de vista, una auditoría no es suficiente”, dice Víctor Garrido Sotomayor, de la Secretaría de Acción Sindical Internacional de CC OO de Industria. “Necesitamos una legislación eficaz. Hay países donde no hay libertad sindical, donde no podemos incidir los sindicatos internacionales ni locales. Falta legislación a nivel europeo y de país. Habrá empresas que hagan un trabajo exhaustivo, pero es siempre limitado, porque hay miles de empresas. Algunas contratan auditores con una serie de parámetros. Y, en función de la empresa, una u otra auditoría. Otras hacen auditoría interna. Algunas empresas obligan a los proveedores a que les auditen. Les dicen 'yo te compro si tú me demuestras que respetas los derechos humanos. Y subcontratan a cualquiera'. He visto muchísimas auditorías sociales y he ido a las fábricas y son muy flojas”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cuando en 1981 François Mitterrand y Georges Marchais pactaron en Francia el primer gobierno de socialistas y comunistas en tres décadas y media, en seguida se vio que la economía iba a ser uno de los talones de Aquiles de la coalición. Y así fue: el programa socialdemócrata y keynesiano tradicional de la coalición de izquierdas no logró consolidarse en un contexto internacional de auge del neoliberalismo. Bajo el liderazgo de Ronald Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Reino Unido, los nuevos postulados neoliberales lograron cambiar el paradigma económico internacional, se convirtieron en hegemónicos y arrinconaron el keynesianismo casi como si fuera una entelequia del pasado. En 1984, el Gobierno francés rectificó, dio un giro a la derecha, más acorde con los nuevos vientos internacionales, y los comunistas abandonaron el Ejecutivo.

Por primera vez desde la caída de la II República, en 1939, se ha formado en España un gobierno de coalición de izquierdas, ahora entre el PSOE y Unidas Podemos, que incluye al Partido Comunista, con un programa económico que, sin abandonar las reglas europeas, incluye significativas gotas neokeynesianas, visibles desde el arranque mismo del mandato, con la subida del salario mínimo a 950 euros, el aumento del sueldo de los empleados públicos, la revalorización de las pensiones (con la voluntad de vincularlas a la inflación) y el objetivo de utilizar la política fiscal para reforzar el Estado de bienestar y luchar contra la desigualdad, así como empujar las palancas de inversión hacia el crecimiento y la emergencia climática.

¿Sucederá lo mismo que en Francia tras el primer gobierno de socialistas y comunistas, en 1981-1984? ¿Puede ser viable un programa ligeramente reformista en un mundo globalizado que funciona con las reglas liberales?

La derecha parlamentaria y la mayoría de medios de comunicación ya han concluido que de ninguna manera. Todos auguran -en ocasiones, de forma muy beligerante- que las nuevas políticas dispararán la deuda, tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento, mermarán la competitividad de las empresas y, por tanto, acabarán causando paro y hasta pobreza.

Nadie puede saber todavía si el insólito Gobierno de coalición de izquierdas acabará como el que forjaron Mitterrand y Marchais, pero entre ambas experiencias insólitas hay al menos una gran diferencia: la francesa nacía justo cuando se estaba forjando un nuevo consenso internacional a partir de la ortodoxia neoliberal, lo que dificultaba mucho que pudiera prosperar un programa keynesiano, vinculado al viejo consenso que estaba siendo desplazado. En cambio, la de España arranca precisamente en lo que cada vez más sectores (y más cualificados) del propio sistema capitalista consideran ya el crepúsculo del paradigma neoliberal, cuando ha empezado el tanteo para inaugurar una nueva fase, liberada de algunos de los dogmas que han marcado este largo ciclo de más de cuatro décadas.

Fin del ciclo neoliberal

Un editorial importante del Financial Times, el diario de referencia de los mercados y el más comprometido en la necesidad de definir las nuevas bases para “salvar el capitalismo”, enterró el mes pasado de forma solemne el largo ciclo neoliberal. Con ello daba por finiquitadas las reglas convencionales que han guiado el mundo económico en estas cuatro décadas, especialmente respecto a la política monetaria, y se mostraba partidario de adoptar medidas fiscales contracíclicas y de aprovechar toda la fuerza de la inversión pública para impulsar el crecimiento poniendo el foco en la transición energética.

La obsesión por el control estricto de la deuda y el déficit debería quedar, a su juicio, como una característica del mundo de ayer. “Ya no estamos en el mundo de la década de 1970. Es absurdo actuar como si aún estuviéramos ahí”, remarcaba el editorial, antes de añadir: “Cuando los tipos de interés son tan bajos, tiene sentido que los gobiernos pidan dinero para invertir. En realidad, los prestamistas están suplicándolo”. Y concluía: “Es una locura aferrarse al viejo mundo”.

El principal referente económico del emblemático periódico, Martin Wolf, había complementado el editorialcon un artículo en el que expone lo que considera las cinco prioridades que debe afrontar la nueva era para reformar el “capitalismo amañado” de nuestros días: promover la competición real en muchos mercados que, en la práctica, son oligopólicos; abordar seriamente los abusos del sector financiero; reenfocar el sentido de las empresas para orientarlo hacia el bien común y no solo hacia la maximización de beneficios; reducir las desigualdades, y mejorar la calidad de las democracias.

Paradójicamente, este esbozo de programa para la nueva era del rotativo de referencia de los mercados internacionales conecta muy bien con la agenda reformista del nuevo Gobierno español. Y, desde luego, mucho mejor que con los planes económicos de todas las derechas supuestamente liberales en España, que siguen habitando en las normas y conceptos del viejo orden neoliberal que hasta el Financial Times da por finiquitados.

En esta nueva fase, todavía en construcción, incluso dogmas tan sagrados como el de la deuda pública están pues en revisión, pero buena parte de las críticas de los partidos de la derecha en España siguen tomando como base para sus alarmas las hipotéticas previsiones de aumento de la deuda pública que comportaría el programa económico del nuevo Gobierno.

Esquemas en revisión

La deuda pública sigue efectivamente cerca del 100% del PIB y, por tanto, en una ratio insostenible desde la perspectiva de la ortodoxia. Pero estos esquemas están en revisión también en las principales instituciones internacionales e incluso en el mundo académico. Primero se desmarcaron los partidarios de la teoría monetaria moderna (MMT, en sus siglas en inglés), enarbolada por los economistas de la izquierda del Partido Demócrata en EE UU, que sostienen en síntesis que la deuda pública no es un problema en la medida en que el Estado conserve su capacidad monopolista de proveer moneda. Pero ante la nueva realidad de los bajísimos tipos de interés a largo plazo, cada vez más académicos de renombre vienen subrayando que “la obsesión por la deuda” debería dejar de ser una prioridad, entre ellos Olivier Blanchar, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Larry Summers, eminencia de Harvard y perpetuo asesor económico del establishment demócrata en EE UU.

Las instituciones internacionales de referencia están siguiendo la misma senda. La propia Unión Europea mantiene los objetivos macroeconómicos de siempre, que forman parte de sus tratados. Sin embargo, ya no los aplica como textos sagrados, sino con flexibilidad para favorecer una visión más amplia que incluya no solo el rigor presupuestario, sino también el crecimiento y la equidad. Incluso ha hecho autocrítica sobre la obsesión pasada por la austeridad y hasta Alemania es más flexible.

La OCDE ya no se especializa tanto en aportar recetas ortodoxas para liberalizar la economía, sino que ha puesto el foco en cómo lograr que los Estados recauden los impuestos que necesitan para mantener los sistemas de bienestar y dejen de ser burlados por la ingeniería fiscal de las multinacionales. Y hasta el FMI ha puesto el foco en la lucha contra la desigualdad, como dejó claro en el reciente Foro de Davos su economista jefa, Gita Gopinach, partidaria incluso de aumentar el gasto social para luchar contra la desigualdad. “En todas las economías, un imperativo clave y cada vez más pertinente en un periodo de creciente descontento consiste en ampliar la inclusividad y garantizar que las redes de protección social estén protegiendo a los más vulnerables y que las estructuras de gobierno refuercen la cohesión social”, expuso Gopinach en la simbólica cita de las élites del capitalismo globalizado.

El mismo Foro de Davos ha dejado clara la necesidad de cambio de paradigma, en línea con la campaña del Financial Times: si el capitalismo quiere sobrevivir tiene que atajar las desigualdades, crecer de forma más inclusiva y afrontar la emergencia climática, proclamó como síntesis de la última edición, con la activista Greta Thunberg como invitada. Son exactamente las mismas prioridades que expresa la agenda reformista del nuevo Gobierno de izquierdas en España, mientras que la oposición sigue enarbolando las banderas habituales en la larga era neoliberal, que la propia élite del capitalismo mundial considera anticuadas: cuadrar las cuentas como prioridad absoluta, competitividad basada en bajos salarios, recorte de derechos sociales...

Campaña mediática

La campaña mediática de la derecha contra el nuevo Gobierno de España daba por hecha la supuesta oposición de los empresarios, pero también estos parecen resituarse en la nueva agenda internacional posneoliberal. Pese a las andanadas apocalípticas de los partidos de derecha y de toda la prensa económica mainstream, la patronal CEOE se sumó en seguida al pacto para incrementar de 900 a 950 euros el salario mínimo en el marco del renovado diálogo social. Y pese a las continuas exhortaciones a la insurrección, su presidente, Antonio Garamendi, se ha expresado con gran rotundidad en El Mundo, uno de los medios más agresivos contra el nuevo Ejecutivo: “Es un gobierno legítimo al que deseamos lo mejor porque será lo mejor para España y para los españoles. La CEOE va a colaborar con independencia, lealtad institucional y sentido de Estado”.

La patronal CEOE se ha sumado a las tesis que desde hace más tiempo abandera su sección catalana, Fomento del Trabajo, que de la mano de su presidente, Josep Sánchez Llibre, habla abiertamente de la necesidad de suscribir un nuevo contrato social que incluya una subida generalizada de los salarios más bajos y una puesta al día de la protección social como la mejor receta para hacer frente a los populismos.

Poco a poco, el debate internacional sobre el propósito de las empresas va llegando también a España, a rebufo de la revolucionaria proclama de la Business Roundtable, que agrupa a las grandes corporaciones de EE UU, que desde el año pasado admite sin ambages que el sentido de una empresa no puede ser solo tener beneficios, sino que debe tener un impacto social positivo para los trabajadores, los proveedores y el conjunto de la sociedad. En España, la Plataforma Pymes, que agrupa a 2,14 millones de pequeñas y medianas empresas, aboga explícitamente en sus documentos por un “capitalismo inclusivo” que sea coherente con el bien común.

Un equipo muy plural

La batuta económica del nuevo Ejecutivo de izquierdas está en manos de Nadia Calviño, reforzada ahora con una vicepresidencia y muy bien conectada con las instituciones europeas. Calviño, miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, forma parte de la corriente social-liberal que siempre ha controlado las carteras económicas en los sucesivos gobiernos del PSOE desde 1982. La vicepresidenta es la garantía de moderación ante los empresarios y la UE y, por ello, paradójicamente, también el mejor escudo para los proyectos más heterodoxos que se ensayen en el Gobierno, que ha sumado a sensibilidades económicas de casi todas las izquierdas, excepto las partidarias del decrecimiento.

También está encuadrado en la tradición social-liberal el economista y ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, mientras que María Jesús Montero, que sigue al frente de Hacienda y asume, además, la portavocía del Gobierno, tiene un perfil netamente socialdemócrata.

Las áreas de Unidas Podemos han reclutado a varios economistas heterdoxos: el vicepresidente Pablo Iglesias cuenta con el respetado poskeynesiano Nacho Álvarez para la secretaría de Estado de Derechos Sociales; la ministra de Trabajo,Yolanda Díaz, ha sumado al economista de CC OO Manuel Lago, mientras que Alberto Garzón, él mismo economista neomarxista, ha incorporado a varios economistas críticos.

Cuando Mitterrand y Marchais pactaron en Francia, el mundo estaba mirando ya para el otro lado. Pero ahora, la agenda reformista del primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde 1939 parece conectar con los grandes debates internacionales del mundo liberal... aunque sin la mayoría de los liberales de aquí.

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La crisis económica ha puesto al descubierto la profundidad de los trastornos causados por un capitalismo sin control dominado por las finanzas. La recuperación, en términos de crecimiento económico, iniciada en España en 2014, no ha logrado corregir los daños causados en la salud de los ciudadanos más vulnerables.

Las empresas y las instituciones han retomado el pulso, pero las condiciones de vida de los ciudadanos más machacados por la crisis han quedado seriamente estigmatizadas y son de difícil reparación. Corregir los daños causados por los excesos de la financiarización de la economía en la salud de los ciudadanos es la gran asignatura pendiente. Relevantes estudios especializados en el ámbito académico empiezan a abordar esta cuestión.

Los daños en la salud de los abusos del capitalismo son claramente perceptibles en numerosos ámbitos. Destacan el creciente deterioro de las condiciones laborales, los perjuicios generados por los fraudes bancarios y, de manera generalizada, los riesgos para el conjunto de la población por la destrucción del medio ambiente.

En el mundo del trabajo el empeoramiento de las condiciones laborales se ha puesto de manifiesto con la aparición de los trabajadores pobres. Este fenómeno se ha agravado por la desregulación impuesta por las dos últimas reformas laborales. En 2016, 2017 y 2018, la proporción de trabajadores pobres, los que el empleo no saca de la pobreza, se ha cronificado en el 13% del conjunto de ocupados, dos puntos más que en 2010, según Eurostat.

Un estudio coordinado por la doctora Àngels Cabasés, de la Universidad de Lleida, demuestra que los trabajadores pobres sufren peor salud mental: tienen entre dos y siete veces más posibilidades de sufrir depresión. Otra investigación del Gobierno de Baleares indica que las kellys (camareras de pisos de hostelería) padecen de manera más intensa lumbalgias y dolores en cervicales, manos y muñecas.

Muy preocupante es el aumento del presentismo (acudir al trabajo estando enfermo) desde la reforma laboral de 2012. “En España hay más personas que trabajan estando enfermas que personas de baja por enfermedad”, según un estudio de CC OO del pasado diciembre. El trabajo utiliza datos de Eurofound que indican que el 43,6% de los asalariados trabajaron enfermos en algún momento de 2015, seis puntos más que en 2010. La situación de los autónomos es especialmente injusta.

La gravedad de esta situación se ha visibilizado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado un despido por baja laboral a pesar de estar justificada por enfermedad. El Gobierno se ha comprometido a cambiar una legislación que antepone la libertad de empresa a la salud de los empleados.

En el ámbito de los abusos bancarios se han elaborado relevantes estudios académicos. Es destacable el trabajo Consecuencias biopsicosociales en la población española afectada por un proceso de desahucio, realizado por las doctoras Nerea Jiménez- Picón, Alicia García-Reposo y Macarena Romero-Martín, del Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja de Sevilla. La investigación galardonada con el I Premio de la Fundación Finsalud, que preside el doctor José Manuel Ribera, concluye que “el proceso de desahucio causa numerosas consecuencias sobre la salud física, con aumento y empeoramiento de enfermedades crónicas, sobre la salud mental, … y el impacto se agrava con el avance del proceso”. Las investigadoras consideran que sus hallazgos pueden emplearse para mitigar los efectos de la inestabilidad de la vivienda en la salud física, mental y social del individuo durante esta y otras recesiones económicas.

Otras investigaciones impulsadas por Finsalud ofrecen indicadores relevantes de los daños causados por las malas prácticas bancarias en la salud. El trabajo Fraude financiero, salud mental y calidad de vida: Un estudio sobre la población de la ciudad de Madrid, publicado por International Journal of Enviromental Research and Public Health y elaborado por las investigadoras Encarnación Sarriá, Patricia Recio, Ana Rico, Manuel Díaz-Olalla, Belén Sanz-Barbero, Alba Ayala y María Victoria Zunzunegui es un referente. El trabajo se apoyó en la Encuesta de Salud de Madrid de 2017. Las conclusiones sostienen que el 10,8% de las personas encuestadas sufrieron algún tipo de fraude financiero. La pérdida de ahorros estaba relacionada en el 17% con las participaciones preferentes. También señalaron que el 19% de los hipotecados fueron perjudicados por las cláusulas suelo, que les impidieron beneficiarse de las rebajas de tipos de interés. Otro trabajo apoyado por esta fundación asegura: “La gente que perdió sus ahorros en participaciones preferentes o en hipotecas multidivisa tenían peor salud física y mental y peor calidad de vida que la población general de las mismas características”.

En el medio ambiente es abrumador el número de investigaciones que ponen al descubierto que el cambio del clima “causa defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías”, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advierte de que la contaminación del aire causa 400.000 muertes prematuras anuales en Europa. Algunas publicaciones científicas duplican esta cifra.

Las propias organizaciones empresariales como la Business Roundtable en Estados Unidos ya se han dado cuenta de que el capitalismo actual es insostenible. Está claro que el capitalismo sin reglas ya no es viable. Sobran las palabras. La tarea urgente es empezar a cambiarlo con obras.

[Este es el editorial del número 77 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Las visiones más pesimistas de la globalización dicen que los Estados han visto tan erosionado su poder que ya no pueden hacer prácticamente nada para incidir en la economía y combatir las desigualdades. Quizás los Estados no acaban de salir del quiero y no puedo, pero mientras piensan qué hacer, las ciudades ya muestran que el margen sí existe, a pesar de disponer de muchos menos recursos: la red de experiencias en el Reino Unido agrupadas en torno al concepto Community Wealth Building, que promueve una “economía inclusiva” que beneficie de verdad a los barrios y su gente, está demostrando que las políticas públicas tienen todavía un gran impacto, incluso en épocas de austeridad.

Entre sus promotores destaca Neil McInroy, director del Center for Local Economic Strategies (CLES), con sede en Manchester y uno de los artífices del enfoque Community Wealth Building. El CLES no es un típico think-tank, que se limita a reflexionar, sino que, como recuerda Oriol Estela, coordinador de la cátedra de Desarrollo Local de la UPF, es un think-and-do (pensar y hacer), “que trabaja con entes locales para hacer políticas a medio y largo plazo”.

En 2018 el CLES puso en marcha el primer encuentro de municipios británicos que apuestan por este enfoque, que tiene como prioridad remover todas las palancas posibles para luchar contra la pobreza y la gentrificación (la expulsión de los vecinos hacia la periferia por no poder asumir los crecientes costes de la vida cotidiana) con un modelo económico que ayude a la gente de los barrios a vivir mejor.

Para ello es básico replantearse el punto de partida, subraya McInroy, y poner en el centro el concepto de “economía inclusiva” en vez del crecimiento estricto. “El planteamiento clásico basado en el crecimiento dice: crezcamos y el resto ya vendrá. Pero no viene nunca: cada vez la riqueza está en menos manos. Queremos rehacer el contrato social y que la economía misma funcione para ser inclusiva”, subraya.

Según sea la mirada que se adopta (crecimiento clásico o economía inclusiva), todo se ve diferente: una inversión multimillonaria de una gran multinacional en un barrio puede ser una gran noticia para los que dan prioridad solo al crecimiento, pero en cambio pone en alerta a los defensores de la economía inclusiva en la medida que las consecuencias pueden acabar siendo letales para los habitantes del barrio si provoca un aumento automático de los precios de la vivienda y de los locales, y si con ello se resiente el tejido comercial y productivo. En este caso, la tan anhelada inversión terminaría simplemente propulsando la gentrificación, con los vecinos forzados a hacer las maletas. Conseguir alinear, a través de la intervención pública, las inversiones y el negocio con la economía inclusiva en beneficio de la gente que vive en los barrios es, por tanto, el gran reto de este enfoque de Community Wealth Building que promueve el CLES, que ha tenido ya algunos éxitos en el Reino Unido. 

“Algunas multinacionales ya empiezan a entender esta lógica”, explica Asima Shaikh, consejera de Economía (inclusiva) del distrito londinense de Islington, de 233.000 habitantes, uno de los barrios más afectados por la gentrificación y las desigualdades y pionera en este modelo. Y añade: “Cuando empezamos las conversaciones con alguna multinacional interesada en invertir en el barrio siempre le pedimos qué hará para que su inversión sea inclusiva y es a partir de aquí que vamos avanzando”.

Planificación

Para el capital, Islington ya no es llegar y besar el santo: hay una planificación estratégica pública dentro de la cual se deberá amoldar la nueva inversión. Y este marco que se ha ido creando progresivamente en el distrito no tiene como prioridad el crecimiento per se, sino la economía inclusiva en beneficio de la comunidad. Incluye, por ejemplo, la reserva de suelo y locales para negocios en el barrio, la promoción de un salario mínimo a las empresas que contraten con la Administración, la creación de una compañía eléctrica municipal y la reserva de hasta el 50% de vivienda social en las promociones inmobiliarias.

“Habría que ir educando al capital para que se acostumbre a encontrar condiciones similares cuando quiere invertir, ya sea en Londres, en Nueva York o en Barcelona”, insiste McInroy. El economista que dirige el CLES detalla los cinco ejes rectores que definen este modelo de Community Wealth Building de economía inclusiva, que busca conseguir que la riqueza que se genera a nivel local “tenga el máximo impacto posible en el mismo territorio”.

El primero es fomentar la pluralidad en las formas de propiedad empresarial, con impulso a la economía social y las pequeñas y medianas empresas (pymes) arraigadas en el barrio. En segundo lugar, desarrollar herramientas financieras específicas para apoyar las iniciativas locales (banca local, cooperativa, mutuas), un reto todavía “mayúsculo”, según admite McInroy. Tres: orientar las políticas laborales en beneficio de las comunidades, con salarios dignos respetuosos con el salario mínimo londinense, que legalmente no es de cumplimiento obligatorio. La cuarta pata del modelo es dar un uso socialmente productivo al suelo y a la propiedad inmobiliaria, insertándola dentro de la planificación global (creación de espacios para emprendedores, reserva de protección oficial dentro de cada promoción, etc.) y no viéndola solo como un activo financiero en manos de unos pocos, que, a menudo, además, no tienen ninguna relación con el barrio. Y finalmente, buscar el máximo impacto local y social de las compras y las licitaciones públicas, fijando condiciones que sean coherentes con este modelo global de actuación.

“Las instituciones públicas somos también un agente económico: compramos cosas, ofrecemos puestos de trabajo, invertimos dinero, tenemos propiedades... Debemos aprovecharlo para impulsar la economía inclusiva”, recalca Shaikh.

Manchester, con 530.000 habitantes, es una de las grandes ciudades inglesas que mejor ejemplifica el poder de la contratación pública con criterios de Community Wealth Building, con el Ayuntamiento desempeñando a conciencia el papel de actor económico que tiene en cuenta no solo el crecimiento, sino el refuerzo a la comunidad: en la última década, las compras a proveedores locales a cargo del presupuesto municipal han pasado de representar el 51% del total al 71%, una dinámica que se calcula ha generado más de 1.300 puestos de trabajo de calidad: el 79% de los proveedores del Ayuntamiento pagan por encima de las recomendaciones de la National Living Wage Foundation.

Otra de las ciudades de referencia de este enfoque es Preston (225.000 habitantes, también en el noreste de Inglaterra), feudo del Partido Laborista. En solo cuatro ejercicios, el gasto municipal dirigido a la misma comarca, Lancashire, ha pasado de suponer el 39% del total al 80% con unos efectos muy importantes para el conjunto de la comunidad: ahora hay 4.000 personas más cobrando por encima del salario mínimo, la ciudad ha ganado 14 posiciones en el índice nacional de movilidad social y ha podido abandonar la lista de áreas más deprimidas del país. La economía inclusiva y el Community Wealth Building no son ya solo sugerentes conceptos teóricos ideados en un think-tank. Empiezan a existir. Y hasta parece que funcionan.

[Este artículo forma parte del dossierNuevas Economías Locales, publicado en el número 76 de la revista Alternativas Económicas con la colaboración de la Cátedra Barcelona-UPF de Política Económica Local. Su contenido lo ha decidido la redacción de Alternativas Económicas, que lo ha elaborado de acuerdo con sus principios periodísticos. Todos los artículos son responsabilidad de la revista. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cada seis meses, el Banco de España describe en su Revista de Estabilidad Financiera “los principales factores de riesgo para la estabilidad del sistema financiero español”. En los últimos cuatro años, por lo menos, la solvencia de los bancos españoles no figura entre ellos, al contrario que la “baja rentabilidad de las instituciones financieras”. Incluso el riesgo legal derivado de las demandas judiciales es un peligro mayor que la solvencia de nuestros bancos. 

Sin embargo, es notorio que los bancos españoles llevan ya muchos años a la cola de las instituciones financieras de la Unión Europea en materia de solvencia. Nuestro sistema bancario, que es el cuarto por total de activos y el tercero en riesgo de crédito (superado solo por Francia y, levemente, por Reino Unido), disponía en junio de 2019 de una ratio de capital CET1 (FL) (1) del 11,89%, 2,6 puntos menos que el 14,48% de media de la UE.  

Es importante notar que nuestra posición de farolillo rojo, que incluso ha empeorado en los últimos tres años, no se debe a unos pocos de los 12 bancos (los más grandes) que componen la información de la EBA (2), ni es poco representativa. Al contrario, nuestra distribución de ratios CET1 es de las más homogéneas de la UE y nuestros 12 bancos agregan holgadamente más del 90% de los riesgos del sistema bancario español. 

La visión del Banco de España sobre la solvencia de las entidades españolas puede extraerse de estas líneas del resumen ejecutivo de su más reciente Informe de Estabilidad Financiera: 

“En todo caso, aun superando en buena medida los requisitos regulatorios, la baja posición relativa de las entidades españolas en el ranking europeo y la futura implantación de la última parte de las reformas de Basilea 3, aconsejan seguir perseverando en el reforzamiento de su solvencia”.

El supervisor también destaca la resiliencia de los bancos españoles y desarrolla esta idea a partir de unos test de estrés que enfrentan a nuestros bancos con un escenario macroeconómico adverso acordado con la EBA y el Banco Central Europeo. Así, según las últimas pruebas, el CET1 de nuestros bancos más importantes, aunque caería, lo haría menos que la media de sus pares y, según el supervisor, permitiría que todos mantuvieran “una posición de solvencia adecuada ante la materialización de los riesgos identificados”.  

Sin embargo, un examen detallado de las pruebas de estrés indica que esa resistencia no es predicable de todos nuestros grandes bancos, sino solo de las dos entidades sistémicas (3) (Santander y BBVA), que apenas perderían 0,4 puntos de CET1 en el escenario adverso. En el resto, el CET1 medio caería 2,7 puntos, lo que no parece compatible con una visión optimista de nuestro sistema. 

Pero incluso la aparente resiliencia de nuestras dos entidades sistémicas es dudosa, pues depende, precisamente, de su actividad internacional, que, como sabemos, se desarrolla en buena medida en países (Brasil, México, Turquía, etc.), donde entran en juego factores geopolíticos y económicos que hacen a esos países bastante más vulnerables que los de la UE y menos predecibles en su evolución. La comparación de nuestros bancos sistémicos con sus pares en la UE los coloca en la cola de la distribución, muy por debajo de la media. Tampoco parece sólido un argumento, muy utilizado por nuestros banqueros, que giraría sobre la dureza de los requerimientos regulatorios españoles, porque, como es sabido, son los mismos que los de sus competidores, incluso los del otro lado del Atlántico. 

Solo la preocupación del supervisor por la rentabilidad de nuestras entidades le lleva, indirectamente, a la solvencia, porque “una rentabilidad reducida dificulta la generación orgánica de capital”. Sin embargo, frente a lo que ocurre con la solvencia, la rentabilidad de nuestros bancos está por encima de la de sus competidores. El ROE (rentabilidad sobre fondos propios) que la EBA publica para junio de 2019 es del 8%, por encima de la media de la UE (7%) y de países como Reino Unido, Francia y Alemania. A iguales conclusiones conduce la observación de la rentabilidad sobre activos totales, también por encima de la media europea. Esa situación de superioridad es, desde hace años, una característica básica de nuestro sistema bancario. 

Si la rentabilidad no es una buena excusa para justificar nuestra posición comparativa en materia de solvencia, cobran más sentido ciertas preocupaciones legítimas por la solvencia de nuestras entidades y que se pueden traducir en preguntas como: 

— ¿Estarán equivocados la mayoría de los supervisores y de los bancos que integran el sistema bancario europeo al considerar convenientes colchones de capital del doble que los nuestros? 

—  ¿Nuestro altísimo grado de concentración bancaria, y el  elevado peso de nuestras dos grandes entidades sistémicas, no nos hace bastante más vulnerables que los sistemas menos concentrados o, a igualdad de condiciones, que los más capitalizados? 

— ¿La especialmente débil reputación de muchas de nuestras entidades, convictas de prácticas abusivas de muy diversa índole, no influirá en su cuasi nula capacidad para reforzar su solvencia captando capital fresco? 

— ¿Son suficiente los colchones de capital de nuestras entidades, junto con los poco más de 2.000 millones de euros que conforman el patrimonio de nuestro Fondo de Garantía de Depósitos, para afrontar una crisis bancaria, aunque sea menos grave que la anterior? 

— Y, sobre todo, ¿están siendo nuestros reguladores y supervisores suficientemente activos en la exigencia de los niveles de capital que parecen necesarios? 

Esta última cuestión es especialmente pertinente si se pone de manifiesto, como hace la EBA en su reciente ejercicio comparativo, que son ya numerosos (20 de 28) los supervisores que han usado la amplísima gama de posibilidades que permite la actual regulación para demandar más capital a los bancos, sea por razones sistémicas, contracíclicas o de otro tipo, mientras que en España solo se ha activado el colchón que las autoridades internacionales han demandado a nuestros bancos sistémicos. 

Por eso, y porque tras cinco años de recuperación económica con elevados beneficios del sector bancario (17.271 millones en 2018, después de impuestos y en términos consolidados), habría que preguntarse por qué los fondos propios de nuestros bancos, cajas y cooperativas han disminuido más del 4% desde 2013, desde 221.774 hasta 212.057 millones de euros en diciembre de 2018.  Quizás la explicación se deba a que, en España, los bancos están autorizados a dedicar la inmensa mayoría de sus beneficios a pagar dividendos, en vez de a generar reservas y, con ellas, más recursos propios y una mayor ratio CET1. Según sus memorias, de los beneficos obtenidos después de impuestos en 2018 por los 12 bancos españoles más importantes, que ascendieron a 9.689,3 millones de euros, solo se destinaron a reservas 1.189 millones; es decir, se repartieron el 80% de los beneficios.

En resumen, sí parece haber motivos para considerar baja la solvencia de los bancos españoles, pensar que nuestro sistema estaría bastante más seguro si fuera mayor y, sobre todo, para calificar de poco exigentes los requerimientos de rSeguladores y supervisores al respecto. 

(1). La ratio CET 1 (FL, fully loaded) identifica los recursos propios disponibles para asumir pérdidas procedentes de sus activos de riesgo. Es la que mejor informa de la solvencia de las entidades bancarias y la más utilizada por reguladores, supervisores y analistas financieros.

(2). Todos los datos proceden de los publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en el marco del ejercicio de transparencia realizado sobre la banca de la UE en noviembre de 2019.

(3). Caracterizadas por el G20 como bancos internacionales sistémicamente importantes. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 76 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El sector tecnológico crece cinco veces más rápido que cualquier otra industria y se prevé un incremento mayor en un futuro cercano y continuo. Según datos del Informe sobre Situación del Sector Tecnológico Europeo, las inversiones tecnológicas en Europa en 2018 fueron de 23.000 millones de dólares, el 21% más que en 2017 y con previsión de crecimiento en los próximos años. Nos encontramos ante la que muchos llaman la revolución digital, la tercera revolución industrial, en la que cualquier sector, cualquier empresa, necesita digitalizarse y adaptarse a las nuevas sociedades, a los nuevos canales de comunicación, a los nuevos hábitos de consumo, donde todo lo digital adquiere una presencia y una relevancia fundamental.

Se habla de manera constante de la transformación digital como una obligación para cualquier empresa y organización del siglo XXI, una transformación digital que cambia la manera de hacer las cosas, que afecta a las personas, a la cultura de la compañía, al negocio y a la experiencia del mismo cliente.

Cualquier sector productivo tiene su componente digital, lo que convierte al sector tecnológico en un sector de pleno crecimiento, lo que nos lleva a uno de los principales retos para los que formamos parte de él… el talento digital. En el último año la demanda de perfiles digitales ha aumentado cerca del 40%, mientras que la oferta de perfiles digitales disponibles solo se ha incremento un 7,6%. De ahí que haya un gran número de iniciativas orientadas a la generación de las llamadas vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) para conseguir que las nuevas generaciones seleccionen este sector como su opción de futuro.

Pero el sector tecnológico tiene un reto aún mayor, y es su diversidad. Si analizamos cifras sobre la presencia de la mujer en el sector nos damos cuenta de que el sector tecnológico, un sector que, como hemos comentado, es tractor de la economía y riqueza de un país, se encuentra totalmente masculinizado.

Actualmente en España el 54% de los estudiantes universitarios son mujeres, en estudios de ingeniería bajamos al 24% y si analizamos únicamente informática/tecnología, el porcentaje de presencia femenina baja al 12%, cifras por debajo de la media europea, que se sitúan en un 20%.

Si vamos al mundo laboral tenemos un mismo reflejo de este ecosistema donde solo el 15,6% de los puestos tecnológicos esta ocupados por mujeres. Si nos centramos en los órganos de dirección de las compañías, la cifra es todavía menor, al igual que ocurre en otros sectores en los que el techo de cristal es una realidad contrastada.

Con mujeres los equipos son más innovadores

Según publica la Comisión Europea en su informe Women in the Digital Age 2018, la participación de la mujer en el mercado digital al mismo nivel que el hombre podría generar un incremento anual del PIB de 16.000 millones de euros para la economía europea. Además del impacto económico de esta desigualdad, los estudios demuestran que los equipos con mayores niveles de diversidad son más innovadores y las empresas con alta presencia femenina son más competitivas y resistentes a las crisis económicas. 

Entonces… si esto es así… ¿Por qué la mujer no está en el sector tecnológico? ¿Y tampoco está optando a los estudios que de una forma evolutiva la posicionarían en él? Yo destacaría tres motivos principales que están muy relacionados entre ellos. En primer lugar, los estereotipos históricos y prejuicios culturales establecidos sobre el mundo tecnológico, donde aparentemente se cree que es un sector por y para los hombres, un sector cerrado y distante de la sociedad. Ese argumento no es cierto, pero seguimos escuchándolo a día de hoy, lo que nos lleva al siguiente motivo: la falta de referentes femeninos. Si tuviésemos referentes cercanos, mujeres tecnológicas visibles, comunicativas que cuenten su historia, su realidad, la realidad del sector, que inspiren a las nuevas generaciones y las motiven para seguir sus pasos, estoy totalmente convencida de que habría muchas más estudiantes que en primaria y en secundaria querrían estudiar tecnología, porque visualizarían el sector como un sector trasformador y generador de valor en una sociedad que necesita transformarse y hacerse cada vez más sostenible y donde la tecnología tiene un papel fundamental. Y esto nos lleva al tercer motivo: las mujeres se sienten atraídas por las iniciativas y propuestas que generen valor social, y debido a los estereotipos establecidos no visualizan que todo lo digital es palanca de cambio y valor social. Desde la tecnología podemos inferir en los mercados y aportar cambios, modelos disruptivos que mejoren la productividad, la sostenibilidad y el servicio aplicado desde otros sectores como la salud, la educación y los servicios sociales, por poner algunos ejemplos.

Por tanto, os animo a todas las mujeres STEM, a todos los que conozcáis y tengáis cerca mujeres STEM, apasionadas de la tecnología, a dar un paso adelante, a visibilizaros y a participar activamente para romper estereotipos obsoletos, y reeducar y evangelizar a las nuevas generaciones, explicándoles lo que es y representa el sector tecnológico en la sociedad, para que la presencia de la mujer en el mundo tecnológico sea una realidad. Porque todos, mujeres y hombres, necesitamos diversidad de visión, acción y pensamiento. Solo así generaremos riqueza y avanzaremos para hacer de este un mundo mejor.

[Este artículo ha sido publicado en el número 76 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Desde hace algo más de una década, cualquier artículo o evento dedicados a reflexionar sobre algún fenómeno urbano —y este no va a ser una excepción— empieza indefectiblemente con la alusión al hecho de que, desde 2007, más de la mitad de la humanidad habita en ciudades, y que dicho porcentaje alcanzará el 70% hacia 2050. Esta omnipresente referencia se utiliza especialmente para significar la importancia que las ciudades están adquiriendo en el marco de la globalización, en particular frente a la aparente decadencia de los Estados, y su especial relevancia como agentes del cambio que el planeta y nuestras sociedades necesitan, y que se puede simbolizar en dos de los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie: la emergencia climática y la profundización de las desigualdades económicas y sociales.

La expectativa generada respecto al rol crucial de las ciudades es tan explícita que incluso se ha abrazado en muchos foros la idea de que si los alcaldes y alcaldesas gobernaran el mundo, otro gallo cantaría. Y, ciertamente, los gobiernos locales se encuentran cada vez más presentes en las agendas internacionales, se organizan en múltiples redes regionales y mundiales de intercambio de experiencias y conocimiento y forman grupos de presión e incluso de contrapoder, ya sea frente a los Estados, ya sea frente a las grandes corporaciones de la economía global.

Porque una de las principales batallas que se juega en las ciudades es la que tiene que ver con el encaje de la creciente urbanización dentro de los mecanismos del capitalismo global: si la actividad económica, el empleo, la innovación, el talento y la toma de decisiones (es decir, el poder) se concentran cada vez más en las ciudades, estas pasan inmediatamente a convertirse en el objeto del deseo de, entre otros, un capital financiero largamente adiestrado para extraer el máximo valor de las comunidades para concentrarlo en manos de unos pocos. Y si durante más de dos siglos ha sobresalido haciéndolo sobre los recursos naturales y el trabajo, hemos entrado en una fase en la que el entorno construido parece ser el blanco que alcanzar, a pesar de haber experimentado ya las limitaciones y riesgos de una estrategia de este tipo con la crisis de 2007-2008.

Sea como fuere, las ciudades tratan de asumir su nuevo rol en el tablero económico global con la desventaja de quien se incorpora tarde y con fuerzas limitadas respecto a quienes establecen las reglas del juego. Las ciudades, sí, concentran cada vez mayor número de personas, pero siguen a la cola, en todo el mundo, en cuanto a capacidad de intervención, léase competencias y recursos para desplegarlas. Un inconveniente que se hace evidente a la hora de encontrarse cara a cara con los fondos buitre, las big tech y las empresas de la llamada “economía colaborativa”, como se ha ido observando en sucesivos monográficos de esta misma revista.

Asimismo, si fijamos nuestra atención en el caso de las ciudades españolas, debemos ser conscientes de que, a las limitaciones objetivas del marco legal e institucional (simbolizadas por la Ley Montoro de finales de 2013) se une el peso de la trayectoria histórica de las políticas de promoción económica y empleo en nuestro país: un enfoque reactivo, basado en recursos y programas finalistas procedentes de otras Administraciones y desplegados por unas estructuras en las que, salvo honradas excepciones, predomina la precariedad y la falta de reconocimiento profesional específico de las personas que las llevan a cabo. Es algo que también ha tenido su repercusión en el ámbito académico y de las ideas, puesto que se hace muy difícil encontrar, de nuevo salvo algunos meritorios casos aislados, materia gris autóctona orientada a la construcción de modelos de desarrollo económico local que atiendan a nuestras particularidades y, sobre todo, que adopten una mirada holística sobre el funcionamiento de las economías locales.

Estas carencias son las que nos hacen mirar con mucho interés (y cierta envidia) lo que sucede en otros países, particularmente —¡quién lo iba a decir!— en Reino Unido, donde una miríada de think tanks, charities y gobiernos locales se encuentran inmersos en procesos de investigación-acción para generar programas económicos locales que, a su vez, son presentados, debatidos y orientados hacia la acción política en las convenciones tanto del Partido Conservador como del Partido Laborista.

Ciudades como Bristol, en los primeros años de la crisis, y actualmente Preston, por citar algunas de las más emblemáticas, se han erigido en laboratorios para experimentar nuevas aproximaciones a las economías locales que permitan reducir su vulnerabilidad ante crisis globales como la que todavía colea y que, parece ser, tiene pendiente su último embate en un futuro más próximo que lejano. Estrategias basadas en fortalecer las conexiones entre personas, empresas e instituciones locales, recuperando espacios de propiedad y soberanía, avanzando en una mayor democratización en la toma de decisiones a todos los niveles y, sobre todo, partiendo de tres premisas fundamentales: 1) que la pluralidad de la economía, y en particular en las formas de propiedad del capital, es crucial para su resiliencia; 2) que hay que sustituir como elemento articulador de las políticas el marco mental del trickle down (1), instaurado en la década de 1980, por el del “efecto multiplicador” (2); y 3) que las actividades económicas más mundanas, a las que pocas veces se presta atención en las políticas, son las que más contribuyen a tejer una base sólida y equitativa para la economía local.

Asimismo, las alianzas entre centros de investigación y agencias de desarrollo económico local están generando instrumentos como el cálculo de la huella ecológica y las actividades de los living labs, que son incorporados a las políticas económicas locales y a la toma de decisiones de inversión o impulso de determinados sectores económicos por parte de los gobiernos municipales y en sus alianzas con otros agentes económicos locales.

De todo ello ha tratado el ciclo Nuevas visiones de las economías locales, organizado durante el año 2019 por la Cátedra Barcelona-UPF de Política Económica Local, fruto de la colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y el Ayuntamiento de Barcelona, con el fin de poner una primera piedra en el debate sobre cómo construir mejores economías para nuestras ciudades. Este Dossier recoge algunas de las experiencias internacionales presentadas en este marco.

(1). Postulado esencial de pensadores del neoliberalismo como Milton Friedman, entre otros, desplegado en las políticas de Reagan y Thatcher en la década de 1980 y que sostiene que facilitar mayor enriquecimiento de los más ricos es la mejor receta para el progreso de la economía, puesto que dicha riqueza se acaba siempre filtrando hacia el conjunto de la sociedad, algo que los hechos y los indicadores de desigualdad se han encargado de desmentir permanentemente.

(2). Significa reconocer que es especialmente importante para una economía tejer unos fuertes vínculos entre sus componentes internos para asegurar que cada unidad monetaria que entra en dicha economía no es extraída de inmediato por agentes económicos externos y circula el máximo de tiempo posible por su interior generando un efecto multiplicador que fija y reproduce la riqueza en el territorio.

Oriol Estela, economista y geógrafo, es coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y coordinador de la Cátedra Barcelona-UPF de Política Económica Local.

[Este artículo forma parte del dossierNuevas Economías Locales publicado en el número 76 de la revista Alternativas Económicas con la colaboración de la Cátedra Barcelona-UPF de Política Económica Local. Su contenido lo ha decidido la redacción de Alternativas Económicas, que lo ha elaborado de acuerdo con sus principios periodísticos. Todos los artículos son responsabilidad de Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La conciliación entre la vida personal y la profesional está en boca de todas las empresas, pero todavía son escasas las que tienen un plan efectivo de medidas para compaginar la esfera privada con la laboral, y que además las apliquen completamente. Solo el 18% de las compañías han aplicado totalmente programas que busquen corresponsabilizar a mujeres y a hombres para que la flexibilidad y la conciliación no se queden en simples buenos deseos. Así lo refleja el II Barómetro Factor Humano, elaborado por la Fundació Factor Humà, según el cual la mitad de las empresas carece de programas que posibiliten el teletrabajo.

El barómetro es un instrumento que la fundación puso en marcha en 2017 con la finalidad de que las organizaciones evaluaran sus fortalezas, sus principales áreas de mejora y también las acciones que deberían llevar a cabo para avanzar en la gestión de personas. En esta segunda edición, con resultados obtenidos entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, han participado un total de 110 organizaciones de toda España, pertenecientes a nueve sectores de actividad y que emplean a 194.000 personas.

Uno de los sectores en los que la flexibilidad y el equilibrio entre las esferas privada y profesional flaquea más es el tercer sector, que, en cambio, despunta en igualdad de oportunidades, diversidad, transparencia y corresponsabilidad en las relaciones laborales.

Igualdad salarial

Al tratarse de la segunda experiencia del barómetro, puede constatarse cierta evolución. Por ejemplo, a la hora de potenciar la igualdad de oportunidades y la diversidad en las empresas, las organizaciones han ido incorporando mecanismos específicos —el 63% de las encuestadas así lo ha hecho—. En especial, se vigila la relación de igualdad en la remuneración total entre hombres y mujeres en las distintas categorías laborales. Bien parados salen en el campo de oportunidades el sector educativo y también los servicios profesionales y consultoría y los servicios tecnologías de la información.

Pero, además de la conciliación, si hay un campo donde queda mucho por hacer es la innovación. A pesar de que el 41% de las compañías destina un presupuesto específico a desarrollar proyectos de innovación —no se llega, así, ni a la mitad de la muestra encuestada—, la mayoría de las empresas no estima cuál es el impacto de la innovación y de su gestión en la empresa. Seis de cada diez organizaciones no miden el impacto de la innovación ni registra su gestión en la empresa. La innovación es un área de mejora en sectores como la sanidad, la Administración pública, los transportes e infraestructuras y la educación.

En este sentido, el presidente de la consultora Lead to Change y profesor de la BSM-Universitat Pompeu Fabra, Xavier Marcet, pide un ejercicio de “autocrítica” en relación con la innovación, “que se ha puesto a la cabeza del management”. El consultor distingue entre negocios y empresas: “Un negocio hoy se puede llevar a cabo solo con tecnología, pero una empresa significa construir una comunidad de personas que creen valor, y que afronten, por ejemplo, de modo distinto una crisis. Tener una empresa y tener éxito a largo plazo pasa por asumir que el reto no va solo de rentabilidad, sino que el crecimiento comporta un compromiso social proporcional”. La cuestión es cómo las empresas dan las herramientas internas que estimulan y reconocen el esfuerzo del conjunto, añade.

En materia de formación, el 69% de las empresas entrevistadas por la fundación que dirige Anna Fornés demuestra su compromiso con ella con programas que contribuyen al crecimiento profesional de las personas trabajadoras, mientras que otro 19% ha empezado ya a desarrollarlos. Esta apuesta por el desarrollo del talento se acompaña de medidas para fomentar espacios comunes para la comunicación y la participación, el intercambio y la relajación, con la finalidad de reducir el estrés y favorecer el espíritu de equipo. La retribución equitativa y justa es una asignatura pendiente en sanidad, la Administración, el comercio y las tecnologías de la información.

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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (dividido ahora en los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) hizo recientemente una valoración del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019, señalando que los únicos impactos negativos habían sido los descensos de afiliación en los dos sistemas especiales de la Seguridad Social: hogar y agrario. Si bien las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, las conocemos únicamente por lo recogido en medios de comunicación y pueden no reflejar la totalidad de sus reflexiones, llama la atención que con relación al Sistema Especial de Empleadas de Hogar (SEEH) comentara que el descenso de la afiliación se debe a que las trabajadoras han pasado a desempeñar mejores trabajos y “han sido sustituidas por personas en situación irregular, eso lo sabe todo el mundo”.

Pues no, ni lo sabe todo el mundo ni es un comentario afortunado. Identificar el trabajo sin alta en la Seguridad Social solo con quienes carecen de autorización para residir y trabajar en España no es riguroso. Y en cuanto a que quienes han desaparecido del sistema como afiliadas, lo hayan hecho para desempeñar trabajos “mejores”, seguramente es más un deseo que una realidad, y parte de esas afiliadas simplemente siguen trabajando, pero sin cotizar. Y lo más sorprendente, que se habla de empleadores particulares que mantienen a trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social y no hay reproche alguno en las declaraciones hechas desde el Ministerio o un inmediato anuncio de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cierto que hay que tener en cuenta que quienes contratan no son empresas, sino familias. Pero es una relación laboral, y el hogar, un centro de trabajo.

Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, el SEEH perdió 13.968 personas afiliadas. ¿Realmente es acertado atribuirlo al incremento del SMI? Podría ser, si la pérdida de afiliación se hubiera producido solo en el año 2019, pero desde el año 2015, con un máximo de 429.800 personas afiliadas al SEEH, esta cifra no ha dejado de disminuir hasta las 397.385 de este mes de noviembre. Sería necesario un análisis que tomara en consideración otras variables para explicar la pérdida de afiliación. De lo contrario, alguien podría sacar la conclusión de que para conservar la afiliación es preciso no aplicar las subidas del SMI a esta actividad, lo que agravaría aún más la precariedad del empleo, la cotización y las prestaciones futuras. 

Nos encontramos con una relación laboral atípica en la que los empleadores son personas particulares, familias que asumen el pago del salario y cotización a la Seguridad Social de estas trabajadoras, mujeres, y en su mayoría de nacionalidad u origen extranjero. Si en el año 2006 el gasto medio por hogar en trabajo doméstico, salarios y seguridad social era de 356 euros, en el año 2018 fue de 324 euros. La crisis económica y el desempleo en las familias repercute en el salario, en la jornada de trabajo y en el paso a la irregularidad laboral. Las trabajadoras del hogar llegaron a alcanzar los 900 euros de salario mensual bruto en el año 2010 y con el 50% de las asalariadas a jornada completa, pero en 2018 apenas superan los 750 euros mensuales, con un porcentaje de asalariadas a tiempo completo del 44%. Sobra decir que el salario de esta actividad es el más bajo de todas las ramas, que tienen el porcentaje más alto de trabajo a tiempo parcial, más del 55% del total de asalariados, y que sus pensiones son las menores de todo el sistema con la excepción del SOVI.

Peores condiciones

Desde diferentes ámbitos se proponen modificaciones que, en general, tienen como objetivo hacer más soportable económicamente para las familias la contratación o abrir nuevos negocios para intermediarios: reducciones de cuota, bonificaciones, deducciones fiscales o un sistema similar al cheque servicio de otros Estados miembros de la Unión Europea; que la relación laboral se sustituya por la mercantil, un regalo para las plataformas digitales que ya ofrecen servicios de tareas domésticas o de cuidados profesionalizados a bajo coste, incluso con la fórmula de la relación laboral especial; agencias de colocación que se proponen como únicas proveedoras de estos servicios, algunas de ellas con sucursales en los países de origen y que ofrecen el servicio completo de gestionar las autorizaciones de residencia y trabajo, los trámites de alta, confección de nóminas, etc., llegando a veces a publicitar con todo el descaro que las trabajadoras extranjeras son más baratas que las españolas. Obviamente, nada de todo esto está pensando para mejorar las condiciones de empleo y cotización de las trabajadoras. Ni tampoco para garantizar una provisión de prestaciones y servicios públicos que cubran las necesidades de cuidados. 

En una actividad que incluye tareas domésticas, el cuidado a las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar, jardinería, conducción de vehículos, guardería, etc., convendría afrontar la realidad, y esta sí que la sabe todo el mundo: que estamos cubriendo con un trabajo de condiciones precarias necesidades que deberían estar provistas por el sistema de protección social en sentido amplio. En el año 2018, en la Unión Europea había 2.273.200 empleos en la actividad de hogares como empleadores de personal doméstico, el 27,6% de ellos se encontraba en España. Sin embargo, en las dos actividades más directamente relacionadas con los cuidados (actividades en servicios sociales sin alojamiento y asistencia en establecimientos residenciales), con un total de 10.918.600 empleos en toda la Unión, España solo representaba el 4,7% de estos empleos. Únicamente en Italia (el Estado miembro con mayor volumen de empleo doméstico), España y Chipre es mayor el volumen de empleo en actividades de los hogares que en las dos actividades relacionadas con los cuidados. Cierto es que la normativa sobre trabajo doméstico de los países es diferente, y también los sistemas de protección social, pero es significativo que, en materia de protección social, España ocupe el 15º puesto de los Estados miembros en gasto en familia e hijos por habitantes (309 euros) y el 13º puesto en gasto en edad avanzada (que incluye el gasto en pensiones) con un porcentaje de población mayor de 65 años que supera el 19%.

La mejora de las condiciones de las trabajadoras del hogar pasa por dotar adecuadamente el sistema de atención a la dependencia y de servicios sociales para que dejen de hacer un trabajo que debe ser provisto por las Administraciones, por dignificar las condiciones de empleo con una valoración de puestos como se hace en un convenio colectivo, un salario por encima del SMI, cotización por desempleo, inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desaparición del desistimiento o retribuir el trabajo nocturno. Y por qué no, aplicar la obligación del registro horario. Porque a veces un hogar es también un centro de trabajo. 

Ana María Corral Juan es responsable confederal del Departamento de Migraciones de UGT.

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Este 2020 se cumplirán 12 años de la peor crisis financiera que ha soportado este país, cuyas secuelas siguen muy presentes. Millones de ciudadanos siguen atrapados en largos y desesperantes pleitos con los bancos. Los juzgados que tramitan estos asuntos se encuentran desbordados. Las previsiones para las vistas se eternizan y en muchos casos tardarán varios años en resolverse.

La judicialización de los conflictos ha sido la estrategia de la banca para retrasar la devolución de las cantidades reclamadas. Las cifras de los litigios son escalofriantes. Desde 2017 los juzgados especiales que examinan los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en las hipotecas han recibido 431.920 demandas. Los tribunales han dictado 143.662 sentencias, el 96,69% de las cuales ha sido a favor de los clientes. Los asuntos pendientes de resolución ascienden a 255.247, según datos del Consejo general del Poder Judicial.

A pesar de este abrumador resultado de sentencias favorables a los clientes los bancos continúan acudiendo a los juzgados a sabiendas de que carecen de razón. Tratan de ganar tiempo. Esta situación no tiene parangón en ningún otro país europeo.

El agobio por la abundancia y variedad de este tipo de litigios (ejecuciones hipotecarias, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses abusivos, cláusula IRPH, swaps o permutas financieras, entre otros) alcanza al Tribunal Supremo. También aquí la mayoría de las sentencias han sido favorables a los clientes, en buena medida porque el alto tribunal español se ha visto obligado repetidamente a corregir su doctrina y aplicar la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Algunos productos fueron especialmente ruinosos para las pequeñas y medianas empresas. En 2016 y 2017, la mitad de los asuntos resueltos por la sala civil del Supremo correspondían a swaps, resueltos mayoritariamente a favor de los clientes.

Para cientos de miles de ciudadanos, los atascos judiciales constituyen un segundo suplicio tras no haber logrado el reconocimiento de sus derechos en el sistema de reclamaciones por cláusulas abusivas organizado por el Gobierno en 2017. A través de este mecanismo los bancos han recibido la impresionante cifra de 1.294.444 reclamaciones hasta el pasado septiembre. Un total de 418.617 fueron inadmitidas y 235.256 desestimadas. Buena parte de los afectados que no lograron satisfacción en sus reclamaciones acudieron después a los juzgados. Hasta el momento los bancos han estimado con acuerdo del cliente 498.917 reclamaciones, que han supuesto la devolución de 2.254 millones de euros. La reparación de unos daños causados por unas malas prácticas supone en el mejor de los casos varios años de espera.

Las noticias sobre la elevada litigiosidad por las malas prácticas bancarias han producido malestar entre los ciudadanos. Estas informaciones han coincidido con las periódicas publicaciones sobre las ayudas públicas para salvar a cajas y bancos, la mayor parte de las cuales ya se dan por perdidas. Los últimos datos, de diciembre, indican que el FROB ha concedido 58.871 millones de euros en ayudas a las entidades financieras, de los que solo ha recuperado 5.917 millones; es decir, el 10%.

Las pérdidas del dinero público concedido a cajas y bancos superan con creces los recortes en sanidad, educación y protección social, que significaron en su conjunto el 0,9 % del PIB (unos 9.300 euros anuales) entre 2011 y 2014, según Fedea. En realidad, el coste real del saneamiento bancario ha sido mucho mayor por la menor recaudación tributaria. Entre 2011 y 2013, el sector financiero pudo recuperar por la vía de impuestos (activos fiscales diferidos) 20.842 millones. En los años posteriores los beneficios han sido mucho más moderados y, por supuesto, los impuestos pagados.

El comportamiento de las entidades financieras de Irlanda y España fue muy temerario en los primeros años de este siglo. Entre 2001 y 2011 el crédito bancario registró un crecimiento desaforado, superior al 250% en ambos países. Al mismo tiempo, el número de oficinas y empleados creció mucho. Ello permitió alcanzar un récord de beneficios en 2007 (25.112 millones de euros). A consecuencia de la crisis el sector ha registrado una drástica reducción de casi 90.000 empleos, que representan la cuarta parte de todo el ajuste de la zona euro.

La realidad es que la banca española registra serias debilidades. Una de las más significativas es que tiene el nivel de capital más bajo de la zona euro. Por otra parte, la rentabilidad media es del 8%, inferior al 10%, que es el coste de capital.

La elevada litigiosidad del conjunto de la banca, los juicios a los directivos del Banco Popular y Banco de Valencia y las ayudas recibidas después de la crisis por el sector bancario ponen al descubierto que no se puede circunscribir la crisis a un problema de las antiguas cajas de ahorros.

Todas estas informaciones han producido una importante pérdida de reputación del sector, lo que supone un obstáculo para el desarrollo normal de sus actividades. Algunos de sus ejecutivos, como Ana Patricia Botín, han empezado a reconocer que han perdido la confianza de la opinión pública.

Las entidades financieras son una pieza fundamental de la economía. Sus directivos deben cambiar sus conductas en aspectos esenciales. No pueden llevar a sus clientes masivamente a los tribunales cuando saben de antemano que en el 96% de los casos los jueces darán la razón a los demandantes. Los directivos saben también que con un desempeño tan precario tampoco pueden mantener sus niveles salariales multimillonarios, que en algunos casos son 200 veces superiores a los salarios medios de sus empleados. Los directivos bancarios tienen que reaccionar con rapidez. El primer banco que decida actuar de manera transparente tiene muchas posibilidades de recuperar la confianza de los ciudadanos.

[Este es el editorial del número 76 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]