El mundo afronta una crisis sistémica multidimensional sin precedentes. Enderezar la situación implica resituar los valores y las prioridades con perspectiva y responsabilidad intergeneracional. La pandemia de la COVID19, la crisis climática, la pérdida global de biodiversidad, etc. no son más que evidencias de los desequilibrios introducidos en las reglas del juego ecosistémico, que amenazan seriamente la salud de las personas, la biosfera y la vida.

El bienestar de las generaciones actuales y futuras solo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tenga en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas de todas sus actuaciones y planificaciones estratégicas y el impacto de sus actuaciones sobre las generaciones futuras para garantizar el derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económicamente y socialmente justa. Desde el GOB - entidad ecologista de referencia en las Islas Baleares que este año cumple 50 años – hemos trabajado históricamente la defensa del territorio y de los recursos naturales, cuestionando planos y proyectos, políticas e inversiones, haciendo denuncia y movilizando.

Ahora nos encontramos en un momento crucial de cambio en el que, amparados por las declaraciones de emergencia climática, debemos poner en cuestión el conjunto del sistema. El modelo socioeconómico, las políticas públicas y las prioridades sociales deben enfocarse hacia una transición ecosocial que permita garantizar el sostenimiento de la vida con condiciones de justicia para las generaciones presentes y futuras.

Por ello, a finales de 2019 empezamos a trabajar en la idea de plantear una propuesta que situara una voz fuerte del ecologismo en este futuro de emergencias e incertidumbres. Queríamos lanzar una propuesta para impulsar el debate y la acción, hacia un urgente y necesario cambio de paradigma. Coincidíamos en que la asistimos a una oportunidad para exigir aquello que las inercias habituales del sistema económico, social y político, se considera utópico o imposible. Pusimos ganas, creatividad y muchas horas de trabajo para diseñar una nueva herramienta social para impulsar el cambio necesario. Así, después meses de reuniones, análisis e investigación surgió la propuesta de lanzar una Iniciativa Legislativa Popular con la primera Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras de las Islas Baleares, pionera en el Estado.

Con esta iniciativa pretendimos dar una respuesta global y ciudadana a un reto sin precedentes: poner la vida en el centro y garantizar la preservación de aquello que la sostiene (territorio, recursos naturales y personas) por encima y por delante de la economía dominante. El mercado pone el foco en la productividad y la generación de riqueza para unos pocos, a cambio de la sobreexplotación de los recursos y las personas, sin atender los límites biofísicos ni atender las necesidades de las generaciones futuras. Y sin embargo, nuestras islas lo tienen todo para convertirse en un espacio real de transición justa hacia una otra sociedad y otra economía.

Necesitamos un marco legal que garantice la preservación de la vida. Un esfuerzo jurídico sin precedentes que impulse el cambio de valores y ayude a definir colectivamente las prioridades en la toma de decisiones. Un marco normativo que impregne a todas las políticas económicas y sectoriales, tanto en el ámbito social, como en el ámbito de la salud de las personas, los recursos y del entorno que nos sostiene. Sabemos que esta es la única salida si queremos garantizarnos el futuro.

Así empezó un grupo de trabajo para crear una nueva herramienta social para el cambio. Empezamos analizando e investigando iniciativas similares, entre las cuales nos resultó muy inspiradora la Ley de Gales de Bienestar de las Generaciones Futuras. Desde del grupo, analizamos los pormenores de esta ley, gracias a un miembro del grupo, profesor de la URV que estaba haciendo su trabajo de investigación sobre ella. La aterrizamos al marco normativo e institucional propio, lanzamos una clínica jurídica con la URV1con la intención de tener un asesoramiento jurídico en relación a posibles problemas competenciales de la Ley propuesta y su conexión con otra normativa aplicable, analizar experiencias otros países con instituciones para las futuras generaciones y su posible inclusión en Baleares e identificar los indicadores de bienestar que podían ser de mayor utilidad para su inclusión a la ley.

En junio de 2021 disponíamos ya de un texto y elaboramos la estrategia de campaña, comunicación y movilización que debía acompañar la ILP. En octubre, constituimos el grupo promotor, registramos el texto de la Ley junto con un documento de justificación ante el Parlamento y la presentamos a la sociedad en rueda de prensa. En noviembre fue aceptada por el Parlamento e iniciamos todo el periplo para poder iniciar la campaña de recogida de firmas: cerca de 60 fedatarios para avalar e impulsar la recogida de firmas en todas las islas, recopilación de documentación, certificados, actas notariales y finalmente el acto de jura/promesa de los fedatarios en el Parlamento que dio inicio a la campaña de 4 meses que establece la ley reguladora de las ILP. Entonces se sucedieron multitud de actos informativos y festivos, mesas de recogida de firmas, talleres de serigrafía, charlas, debates, aparición en medios de comunicación, entrevistas, manifiestos de apoyo de otras entidades del territorio y fuera del territorio... hasta culminar con un gran mosaico humano que el 28 de mayo de 2022 se hizo en la Plaza Mayor de Palma seguida de conciertos populares.

Recogidas cerca de 12.000 firmas (necesitábamos 7000 según la Ley), pudimos presentarlas al Parlamento que, una vez validadas, puso fecha para la defensa de la Ley en el Pleno. El 28 de noviembre de 2022, el Presidente del GOB, hizo la defensa de la Ley en nombre de la Comisión Promotora y el Pleno voto a favor de su tramitación. Este ya fue un hecho histórico porque, hasta ese momento ninguna ILP había conseguido superar ese trámite en el Parlamento de las Islas Baleares. Se inició así, la última etapa del proceso: la publicación de la propuesta de Ley en el Boletín Oficial del Parlamento, el inicio del periodo de enmiendas por parte de los grupos con representación parlamentaria y un trabajo intenso y conjunto en el que también se implicaron la Consejería de Presidencia y la abogacía de la Comunidad Autónoma, para consensuar las enmiendas e iniciar su paso por ponencia y comisión, antes de llegar de nuevo al Pleno del Parlamento la propuesta definitiva.

Así, el 28 de marzo, la Comisión Promotora inició el debate en el Parlamento con una intervención de 10 minutos que dio paso al debate y votación de los grupos parlamentarios con el resultado de la aprobación por mayoría absoluta de la primera Ley para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras. Ahora tendremos que seguir la aplicación efectiva de la ley recordando que es una ley que sale de la iniciativa popular y que esta, va a defenderla siempre.

1El estudio fue realizado por estudiantes del Máster Universitario de Derecho Ambiental de la URV, en el marco de la asignatura “Clínica Jurídica Ambiental” y estudiantes del Máster en Derecho de la Universidad de Chile, en el marco del seminario denominado “Derecho Internacional del Medio Ambiento: desafíos actuales e impacto en los regímenes jurídicos internos”.

A la Revolución Francesa le debemos la ilustrada idea de llenar de árboles el espacio público de las ciudades. Los árboles de la libertad se plantaban en las plazas de barrios y municipios, imitando lo sucedido tras la Guerra de Indepenencia Americana, de forma que estos monumentos vegetales conmemoraran con su crecimiento la llegada de las nuevas instituciones. Más de sesenta mil árboles se plantaron en ciudades y pueblos, convirtiéndose en un símbolo del regeneracionismo, encabezado por los sectores sociales más progresistas política y culturalmente de la época.

Víctor Hugo escribió un discurso para una de estas plantaciones donde afirmaba: «¡Un árbol es un símbolo hermoso y verdadero de libertad! La libertad tiene sus raíces en el corazón de la gente, como el árbol en el corazón de la tierra; como el árbol, levanta y extiende sus ramas en el cielo; como el árbol, crece sin cesar y cubre a las generaciones con su sombra».

Muchos de estos árboles fueron renombrados como “Árboles de Napoleón” durante el Imperio y ajusticiados durante la Restauración. No es de extrañar que durante la insurrección de 1848 o la Comuna de París se volvieran a plantar estos árboles cargados de valores. Y es que partiendo de este simbolismo, el arbolado urbano se expandió de forma muy acelerada por Europa y lentamente se fue consolidando como una nueva realidad que se incorporaba a la planificación urbanística.

Posteriormente, ante la expansión de la ciudad industrial y la conformación de entornos urbanos inhabitables, el higienismo reivindicó la importancia de los árboles para mejorar la calidad del aire. Desde entonces se ha superado esa mirada unidimensional, para reconocer como la presencia de naturaleza en las ciudades refuerza el bienestar de sus habitantes de forma integral. Reverdecer va mucho más allá de embellecer y mejorar el confort ambiental, implica sorprendentes beneficios para la salud y el bienestar individual, mejora la cohesión social, rehabilita las relaciones interpersonales e intensifica el funcionamiento de los espacios públicos.

La historia del verde en las ciudades oscila entre una arqueología de los privilegios de las élites y una crónica de las luchas sociales reivindicando parques o huertos urbanos, una pugna entre la ingeniería y los modelos utópicos de ciudad, un conflicto entre las veleidades esteticistas del arte y una necesidad vital para las masas, una tensión entre el capricho y lo imprescindible.

Hoy sabemos que salud pública, justicia social y sostenibilidad, están más entrelazadas que nunca en cualquier futuro que imaginemos para la ciudad. En medio de una emergencia climática la renaturalización puede simultáneamente mejorar y salvar vidas, reequilibrar territorios y ecologizar los entornos urbanos. Los árboles son como una navaja suiza que nos ofrece soluciones a múltiples problemas.

El gran sociólogo Jesús Ibáñez describía el paso a la sociedad de consumo a través del zumo de naranja. Una vez que se empezó a industrializar su producción y envasar, la publicidad se esforzaba por remarcar que se trataba de zumo natural aunque ya no lo fuera. Posteriormente aparecieron los refrescos de naranja, donde cada vez había menos naranja pero el producto era de un color y un sabor más intenso. Según desaparecía la naranja real más presencia simbólica tenía lo naranja en su apariencia y en su descripción. Ayuntamientos como el de Madrid tiene una relación similar con su arbolado y sus zonas verdes. Discursos verdes y prácticas grises, palabras grandilocuentes que las políticas desmienten.

Según datos del propio ayuntamiento se han perdido 78.616 árboles, un quinto de su masa arbórea madura. De estas pérdidas 21.000 se atribuyen a Filomena, lo que deja un saldo de algo menos de 15.000 árboles talados cada año de mandato. Tras esta cifras escandalosas se encuentra la desaparición de árboles en plazas y calles emblemáticas; las intervenciones sobre parques consolidados artificializando suelos y talando ejemplares; o las malas prácticas jardineras asfaltando y cementando árboles hasta el tronco. A esto se sumaría el sellado masivo de alcorques, pues vacíos incitan a imaginar lo que podría haber y sellados son una invitación al olvido y la resignación; así como el ataque a proyectos comunitarios como el Bosque Urbano de Barajas o el Huerto de Lavapiés. Y por último, asistimos a plantaciones masivas que se descuidan y terminan convertidas en bosques fantasma.

Y Madrid se fundió con el bosque decía la propaganda institucional del Bosque Metropolitano. La realidad es que durante el próximo verano se fundirá con el calor que emane del asfalto y del cemento. Hubo un tiempo, con Agustín Rodríguez Sahagún de alcalde, en que la ciudad plantaba un árbol y ponía una placa con el nombre de los recién nacidos. Una forma de generar un vínculo singular entre una persona y un árbol, y otro colectivo entre habitantes y naturaleza. Hoy el alcalde les regalaría un coche de juguete.

Una sociedad que prospera bien es aquella donde las personas plantan árboles cuya sombra saben que no disfrutarán, afirmaba un proverbio griego. ¿Qué podríamos decir de aquella dispuesta a talar sus árboles de forma acrítica por no perjudicar al tráfico motorizado? La incompetencia, la incapacidad de pensar a largo plazo y la falta de sensibilidad ambiental resultan especialmente dolorosas cundo vienen de instituciones que deberían estar liderando procesos de renaturalización urbana.

Menos mal que nos queda la ciudadanía. Los tejidos vecinales llevan décadas luchando por defender los árboles y las zonas verdes, pero además están protagonizando proyectos como el Bosque Urbano de Barajas donde la gente lleva años construyendo un parque forestal en un enorme solar, o los 70 huertos comunitarios que autogestionan zonas verdes, jardines donde se producen alimentos y se cosechan relaciones sociales. Una creatividad que se encuentra en otras geografías como el proyecto Alba, Acción Local por un Bosque Autóctono, que está plantando el primer bosque miyawaki en una antigua escombrera de Getafe; las gentes del Bosque Urbano de Málaga que llevan años luchando de forma ejemplar por un pulmón verde en unos antiguos terrenos industriales.

Talan los árboles para que renunciemos al bosque, cortan los troncos para evitar que arraigue un modelo de ciudad alternativo.

Frente a la idea tan extendida entre las personas adultas sobre el pasotismo de los y las adolescentes, estas muestran disposición e interés por participar en las iniciativas que promueven hábitos saludables, según evidencia un reciente estudio que identifica, evalúa y analiza las percepciones que tienen escolares de 12 a 14 años sobre alimentación y hábitos de vida saludables. Adolescentes que, por cierto, se quejan de la falta de escucha del sector adulto. 

Este Estudio cualitativo sobre las percepciones en alimentación, prácticas alimentarias y hábitos de vida saludables en población adolescente, ha sido realizado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del Ministerio de Consumo con alumnado de cuatro Institutos de Educación Secundaria de Cádiz, Málaga, Palma de Mallorca y Rivas Vaciamadrid. El informe publicado recoge los principales resultados y conclusiones de este estudio participativo, así como una serie de recomendaciones. Nos detenemos en algunas de ellas.

En primer lugar, en la percepción mayoritaria de alimentación saludable que tiene la juventud, el énfasis se pone en la variedad de alimentos, más que en su calidad nutricional. El discurso de la industria alimentaria y las cadenas de distribución a favor de una alimentación variada ha calado en la juventud. Las empresas que llenan los lineales de supermercados de alimentos procesados y ultraprocesados, de baja o pésima calidad nutricional, cuentan con la complicidad de medios de comunicación y redes influenciadas por sus inversiones en publicidad. En este contexto alimentario, altamente industrializado y muy alejado de la Dieta Mediterránea, una dieta variada corre elevado riesgo de ser poco saludable (y nada sostenible, por cierto). La alimentación “variada, equilibrada y moderada” que recomiendan las autoridades sanitarias no es la de la industria, sino aquella en la que “predomina el consumo de productos frescos y de temporada, especialmente frutas, hortalizas y legumbres, y se reduce la ingesta de alimentos procesados y ultra procesados con alto contenido en sal, azúcares añadidos y grasas saturadas.” Más mercado (o cooperativa de consumo), y menos supermercado.

Los y las jóvenes participantes afirman elegir sus alimentos principalmente según su apariencia y sabor, y sus comidas favoritas y las que más ingieren están principalmente compuestas de carbohidratos simples, como pan, pasta o patatas. Aquí, de nuevo, las recomendaciones van por otro lado: priorizar carbohidratos complejos, abundantes en cereales integrales (¡con los que también se pueden hacer panes o pasta!), legumbres, vegetales frescos, etc. 

Tenemos trabajo las organizaciones y profesionales que promovemos culturas alimentarias saludables y sostenibles, visto lo visto. Frente a la potencia comunicativa y política de los actores hegemónicos de la (mala) alimentación, y a su irresistible abuso de endulzantes, grasas, sal y potenciadores, una primera idea consiste en facilitar a peques y jóvenes experiencias satisfactorias con alimentos saludables, que son muy diversos en número, sabores, colores o texturas; e infinitos en combinaciones. Funciona, ¡créanme!: la respuesta de niños, niñas y jóvenes que pueden elegir entre variedad de alimentos saludables, en cuya elección o elaboración han participado (detalle no menor), probablemente supere las expectativas de familias o profesorado. 

En segundo lugar, la juventud consultada considera la familia como el factor más influyente para una vida saludable, seguida de profesionales (de la salud o actividad física) y medios de comunicación. También identifican la salud mental entre dichos factores. Además, sólo las jóvenes participantes consideraron el factor socioeconómico como la principal barrera para una alimentación saludable, valoración acorde a otro resultado del estudio: es en los barrios más vulnerables donde aumenta la frecuencia de no desayuno y disminuye el consumo de fruta, legumbres y verdura. 

Debemos trabajar con las familias, pero a menudo encontramos la dificultad de que precisamente en esos barrios donde peor se come, muchas familias tienen muy pocas posibilidades (en forma de tiempo o energía que no tengan que dedicar a sobrevivir) de participar en escuelas de familias u otras actividades que por muy bien diseñadas que estén, difícilmente les llegan. Frente a la dificultad de lograr impactos significativos en el plano familiar, el estudio de AECOSAN incluye entre sus recomendaciones principales trabajar en la construcción de entornos que promuevan y favorezcan opciones de consumo de alimentos saludables y sostenibles. Entornos en los que además de la escala familiar y educativa, se incide en el plano comunitario, involucrando una diversidad de agentes en los territorios, generando y fortaleciendo redes que tengan un efecto multiplicador, y dando un papel activo y protagonista a la propia población destinataria, incluida la juventud. En definitiva, crear alianzas que favorezcan estilos de vida más saludables, protegiendo a la infancia y adolescencia de la precariedad y la presión cultural que lleva a consumir alimentos no saludables.

Parte de la creación de dichos entornos consistirá en generar actividades de prevención y promoción de la salud, como aquellas que los propios participantes en el estudio sugieren: charlas, juegos y dinámicas sobre la temática, talleres, campañas informativas sobre hábitos de vida saludable, promoción en redes sociales o promoción del deporte. Actividades para las que existen múltiples recursos creados, como los del programa Alimentar el Cambio (programa desde el que promovemos una alimentación más saludable y sostenible en el ámbito escolar y comunitario), entre muchos otros, a disposición de institutos, colectivos o recursos juveniles de las administraciones. 

En tercer lugar, la mayoría de jóvenes participantes consideran aspectos vinculados a la sostenibilidad como indicadores de que los alimentos son más saludables, por ejemplo, la producción ecológica o la utilización de menos plástico al empaquetarlos. Muestran así una visión más sistémica que la de muchos profesionales de la alimentación, reacios a considerar el producto ecológico más saludable (que su equivalente convencional). Y es que más allá de los perfiles nutricionales, los plásticos o los agrotóxicos utilizados masivamente en un sistema alimentario industrial también afectan la salud de los ecosistemas, y por ende, la nuestra. Baste pensar en los microplásticos presentes en el agua que bebemos o en los alimentos que ingerimos, y permanecen en nuestro propio organismo. Además, los y las participantes en el estudio destacan algunos efectos positivos de los productos de cercanía, como el apoyo a la economía local o una mayor frescura.

Por último, el estudio destaca que las y los adolescentes quieren ser escuchados, involucrarse y elegir opciones relativas a su bienestar. Así, recomienda adoptar un enfoque de participación en el proceso de toma de decisiones, diseño e implementación de las acciones de promoción de hábitos saludables entre adolescentes, que de esta manera podrán tener una marcada aceptación y atracción para este grupo de población.

Un buen ámbito de experimentación de este enfoque participativo sería mejorar la oferta alimentaria de los institutos, que el estudio identifica dentro de las principales barreras. Nada que le extrañe a quien se haya asomado a la cafetería de cualquier instituto. Necesitamos desarrollar y divulgar experiencias, lideradas por el alumnado, de mejora de dicha oferta, inaceptable en demasiados casos por tratarse de centros educativos, pero no sorprendente ante el abandono de la red pública educativa por parte de muchas consejerías de educación.  

El estudio analiza en detalle otros aspectos no recogidos en este artículo, así que recomendamos su lectura a los y las profesionales comprometidas con la población adolescente y su salud. Aprovechemos el momento y los diferentes materiales y campañas de sensibilización que desde AECOSAN y el Ministerio de Consumo están desarrollando en los últimos años, muy valiosos para el cuidado de la salud y los ecosistemas.  

A la población adulta nos cuesta escuchar a las generaciones más jóvenes. Ahora que han hablado nos toca reflexionar sobre lo que han dicho y pasar a la acción. La juventud, vanguardia de otras luchas como la respuesta a la crisis climática, merece nuestra ayuda.

Alcanzado cierto consenso sobre la necesidad improrrogable de una transición energética a fuentes renovables, asistimos a cómo se multiplican, día tras día, los debates sobre cómo llevar a cabo esta transición. Así, vemos como la potencialidad y límites económicos, políticos, materiales y ambientales de los distintos planteamientos para llevar a cabo esta transformación chocan entre sí de forma recurrente, generándose debates estériles en el que cada cual parte de un diagnóstico fabricado ad-hoc en base a las recetas que defiende. Todo esto no hace sino poner de manifiesto las tremendas implicaciones que tiene descarbonizar nuestros modos de vida, así como la actual falta de herramientas y referencias para poner en marcha un proyecto político que posibilite una transformación real de nuestra manera de entender la energía.

Con el objetivo de ayudar a desenquistar esta confrontación de relatos, comparto 15 tesis que, en mi forma de ver, resultan fundamentales para construir recetarios válidos con los que afrontar la crisis energética actual. Allá vamos:

Como cualquier lector puede apreciar, la integración de todas estas tesis en un proyecto político supone uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como civilización. En tales circunstancias, la simplificación interesada del diagnóstico solo contribuye a perder un tiempo más necesario que nunca para ponernos a descarbonizar de manera efectiva nuestras vidas y nuestras sociedades. Este es el verdadero retardismo que tenemos que evitar cuando tratamos de formular soluciones a la altura del problema que tenemos delante.

La COP 27 finalizó el pasado mes de noviembre con grandes lagunas para afrontar la lucha contra el cambio climático. Los países no llegaron a un acuerdo para poner fin al uso de combustibles fósiles, lo cual hace cada vez más difícil alcanzar los objetivos climáticos. Sin embargo, sí hubo un acuerdo histórico para el desarrollo de un fondo de ´pérdidas y daños´. El acuerdo solo menciona la creación de este fondo, pero no quién y cómo lo financiará, cuestión que queda pendiente para la próxima COP y de la que se ocupará un grupo de trabajo hasta entonces. La pregunta que queda abierta entonces es: ¿cómo deben distribuirse las responsabilidades de compensar a las y los afectados por el cambio climático? Los países más vulnerables han apelado repetidamente a un principio de responsabilidad histórica. Esto es, han reclamado que los países más contaminantes deben asumir responsabilidades por el daño que han causado. Aquí expongo algunos de los obstáculos y alternativas para defender la aplicación del principio de responsabilidad histórica.

La literatura sobre justicia climática ha recibido este principio con escepticismo, apoyando así las resistencias de los países más contaminantes a asumir sus responsabilidades históricas. En primer lugar, aplicar la noción de responsabilidad y, más en concreto, de responsabilidad moral, resulta difícil por dos razones. Primero, se ha argumentado que los países contaminantes no son moralmente responsables de las emisiones emitidas antes de 1990, año en el que se publicó el primer informe del IPCC. Esto es así porque hasta la publicación de ese informe no existía suficiente consenso científico como para que se fuera consciente de los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero. Pero ¿qué hay de las emisiones después de 1990, aproximadamente la mitad de las emisiones totales? También aquí existen algunas complicaciones. Aparte del conocimiento disponible, las atribuciones de responsabilidad moral dependen también de las alternativas disponibles que uno tenga. Sin embargo, nada más conocer los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero, hubiera sido económica y socialmente muy difícil transitar hacia sociedades de bajas emisiones de manera rápida. De acuerdo con este razonamiento, no sería hasta hace relativamente poco cuando los países pueden ser considerados moralmente responsables por no haber hecho esta transición antes. Por tanto, un principio de responsabilidad histórica parece tener poco alcance para la recaudación de fondos para compensar por los daños y pérdidas generadas por el cambio climático.

Uno podría pensar que esta forma de entender la responsabilidad moral por los daños históricamente generados es demasiado estrecha y no termina de captar las intuiciones ampliamente compartidas acerca de quiénes y por qué deberían compensar por los daños climáticos. Pero ¿cómo justificar esta intuición? La clave está en entender la responsabilidad no como derivada de haber incumplido, a sabiendas o por negligencia, ciertas normas morales, sino como el deber de un agente de responder a ciertas razones morales. El ejemplo clásico es el del padre que promete a sus hijos llevarles a la playa, pero le sobreviene una emergencia que tiene que atender y no puede cumplir su promesa. Las razones que el padre tenía para llevarles a la playa (hacerles pasar un buen rato, por ejemplo) quedan insatisfechas. Estas razones, de acuerdo con este argumento, darían lugar al deber de compensar a sus hijos, bien llevándoles a la playa en otro momento, bien de otra manera. Esto es así incluso si el padre hizo bien en atender esa emergencia, o incluso si no pudo llevarles a la playa por otros motivos de fuerza mayor.

¿Cómo se aplicaría esto al caso del cambio climático? En este caso, existen razones morales de carácter universal para no emitir cantidades elevadas de gases de efecto invernadero. Esas razones se sustentan en la capacidad de estos gases de infringir derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud y a la subsistencia. Dado que los derechos humanos son universales, esas razones también lo son. Esto es, las razones que uno tiene para no llevar a cabo acciones que infrinjan los derechos humanos de otros individuos se encuentran siempre vigentes, con independencia del conocimiento que uno tenga sobre los efectos de las propias acciones sobre los derechos humanos de otros, o con independencia de las alternativas que uno tenga a la hora de actuar. Estas razones dan lugar a diferentes deberes morales en diferentes momentos.

La existencia de derechos humanos fundamenta el deber no emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando esto ya se ha producido (como es el caso) y los gases de efecto invernadero han dado lugar a pérdidas y daños en forma de violación de los derechos humanos de otros debido al cambio climático, esas razones iniciales darían ahora lugar al deber de compensar por aquellas pérdidas y daños. Esto es así con independencia de las circunstancias iniciales, es decir, con independencia de que no pudiera haber sabido de los efectos negativos de esos gases de efecto invernadero o, incluso, de las alternativas que uno tuviera. Ser históricamente responsable significa, nada más y nada menos, responder a las razones que le impelían a uno a no actuar como actuó.

Este argumento podría sustentar un principio de responsabilidad histórica en el que basar la distribución de responsabilidades para la contribución al fondo de pérdidas y daños. De acuerdo con este principio, la responsabilidad se distribuiría de acuerdo a las emisiones de cada país. Al mismo tiempo, conseguiría lograr lo que los países más vulnerables siempre han demandado: que se reconozca que estas pérdidas y daños no son resultado de un evento fortuito, sino más bien el resultado negativo de acciones que tienen responsables.

Uno de los rasgos fundamentales del capitalismo es la obsesión por el crecimiento económico. Así, el modelo productivo está diseñado para que nunca se detenga la producción de bienes y servicios, que es lo que mide el PIB, el indicador que todo el mundo quiere ver aumentar y que provoca pánico en gobiernos y sectores económicos si disminuye.

Pero este paradigma tiene muchos efectos secundarios, siendo uno de los más importantes la constante generación de residuos. Los productos, cuando no están hechos con materiales de poca calidad, directamente están programados para dejar de funcionar en una fecha determinada, lo que se conoce como obsolescencia programada. De una forma u otra el resultado es un trasto que nadie se atreve a reparar porque el coste en tiempo y dinero a menudo es superior a comprar un producto nuevo.

El sistema se basa pues en un modelo lineal de extracción de materia prima – fabricación – venta – consumo – residuo.

​El residuo debe tratarse

Pero el residuo debe tratarse, y paradójicamente el coste de este tratamiento no recae en productores o distribuidores sino que lo asumen contribuyentes y administraciones públicas. Es decir, los máximos responsables de la generación del residuo no pagan nada por su tratamiento y, en cambio, reciben los beneficios derivados de una más que probable compra nueva. Negocio redondo.

Aparte del coste económico, hay que tener en cuenta el problema logístico que representa y, mucho más importante, el impacto ecológico.

Básicamente, existen tres formas de tratar un residuo: recuperación o reciclaje, incineración y vertido. En las dos últimas, el impacto ecológico es obvio, pero no lo es tanto en la primera. Y aquí es donde el capitalismo nos marca otro gol por la escuadra cuando promociona el reciclaje. Nos han bombardeado a campañas con los beneficios de poner cada residuo en el contenedor adecuado, con un código de colores simple de entender para facilitar la tarea. Y nos han convencido de que con este sencillo gesto (pero que tanto le cuesta a tanta gente) ya hemos cumplido nuestra parte y contribuimos a salvar el planeta.

Con este sencillo truco garantizan que casi nadie cuestione el modelo imperante. ¿Dónde está el problema de comprar y comprar si podemos reciclarlo casi todo?

En este vídeo de l’Agència de Residus de Catalunya se puede ver cuál es el proceso de reciclaje del vidrio: recoger, transportar, separar, desmenuzar, volver a transportar y fundir a miles de grados de temperatura para acabar… con el mismo producto que al inicio: una botella. Todo muy lógico y ecológico.

¿Sorprendidos? ¿Verdad que el hecho de hacer uso del contenedor verde ya no será tan satisfactorio? Pues el tratamiento de envases de plástico (que no todos los plásticos) y del papel no es muy distinto.

​Otro modelo es posible

Como contrapunto al modelo de producción lineal, existe el circular, que tiene como característica fundamental el aprovechamiento de todos los materiales para darles otro uso. Nada muy distinto, a otra escala obviamente, de lo que hacían nuestros abuelos o padres años atrás: aprovechar todo lo aprovechable, reduciendo así costes, residuos y cuidando el entorno.

Puesto que cambiar el paradigma a nivel mundial es una tarea extremadamente complicada, ya que implica medidas legislativas, compromiso de los productores, redefinición de los procesos de producción, etc. la única solución que tienen las administraciones (sobre todo las locales, responsables de la recogida de los residuos) es implementar estrategias de reducción del volumen de residuos a tratar, lo que ahora se conoce como Residuo Cero.

Estas estrategias son una serie de medidas políticas para concienciar a todos los sectores, promover la reducción de residuos y el reaprovechamiento de materiales, aumentar la recogida selectiva de cada una de las fracciones, mitigar el impacto ambiental y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes.

Estos planes son absolutamente necesarios pero claramente insuficientes, ya que muchas de las medidas drásticas que deberían tomarse van contra la filosofía del libre mercado y serían rápidamente impugnadas y paradas.

​El caso de Barcelona

La gestión de residuos es algo especialmente complicado en ciudades densamente pobladas como Barcelona. La ciudad condal genera unas 800.000 toneladas de residuos anuales, de las que solo unas 300.000 se reciclan. Es decir, el medio millón de toneladas restantes o se incineran o se vierten.

Reducir al máximo este volumen, a base de generar menos residuos y de reaprovechar lo máximo posible, es el gran reto del ayuntamiento de la ciudad.

Pero, como administración local, tiene unos límites competenciales que dificultan esta labor. Por ejemplo, no puede limitar el volumen de residuos que genera cada negocio o unidad familiar, ni puede crear impuestos para gravar la generación de residuos. Solo puede jugar con las tasas para dar servicios, en este caso, la tasa metropolitana de residuos, gestionada por el AMB, o con incentivos fiscales ligados a la reducción de residuos.

Por tanto, a menudo las estrategias de residuo cero se ven reducidas a acciones de promoción, divulgación, concienciación y cambios en el modelo de gestión, como el Puerta a Puerta, donde el aumento de los porcentajes de recogida selectiva allí donde se lleva a cabo aumentan espectacularmente.

Estos cambios ni son fáciles ni son a menudo bien recibidos, pero son indispensables para alcanzar los objetivos y los compromisos con la legislación europea.

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de presentar por ejemplo el Compromiso Barcelona Plástico Cero, con una serie de medidas para reducir los plásticos de un solo uso.

Entre ellas destacan las medidas dirigidas al uso de elementos reutilizables en comercios y restaurantes, al consumo de agua sin envasar y el uso de envases retornables. También se anuncia una bonificación del 10% a los establecimientos que colaboren con estas iniciativas .

El Consistorio debe dar ejemplo si quiere que la ciudadanía y el tejido económico responda, y Barcelona, como miembro de la red C40 de ciudades por el clima, con la alcaldesa en el comité ejecutivo, es una de las ciudades pioneras en el mundo en la lucha contra la emergencia climática.

Reducir el volumen de residuos es una pieza clave y este Compromiso es un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente. Esperamos atentos el Plan de Residuo Cero que están preparando.

Lidiar con una población en aumento es un desafío para el sistema alimentario mundial no sólo en términos productivos y, por ende, de consumo, sino también debido a las presiones ambientales asociadas. Las agencias globales y nacionales vienen haciendo un esfuerzo de diagnóstico cada vez mayor, y también desde un punto de vista normativo se aprecian más iniciativas que tienen como objetivo aminorar la carga ambiental (y social) asociada a prácticas inadecuadas en la esfera del consumo y de la producción.

Así, por ejemplo, en los últimos meses en España se ha generado un vivo debate alrededor del proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, canalizado a través de la plataforma #LeySinDesperdicio, que supone una importante llamada de atención social, y que tiene como objetivo reducir el despilfarro de alimentos sin consumir. Sin embargo, esta iniciativa legal parece quedarse claramente insuficiente y por debajo de las expectativas y exigencias de un sistema tan complejo como el alimentario.

El nivel de atención alrededor de las presiones ambientales referidas al desperdicio y los residuos alimentarios es tal que, entre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030 (ODS) se incluye el de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y el consumo, así como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro (Meta 12.3 dentro del objetivo de Producción y Consumo Responsable).

Se calcula que cerca del 30 % de la producción mundial de alimentos se desperdicia o se convierte en residuo a lo largo de toda la cadena alimentaria, con desperdicios debido a carencias técnicas del lado de la producción y el suministro, en los países más pobres, y mayor generación de residuos en el consumo alimentario y la venta al por menor, en los más ricos. En un contexto europeo, diversos trabajos proporcionan cifras que oscilan entre 173-290 kg per cápita y año de pérdidas y residuos alimentarios.

Gran parte de estas presiones ambientales del consumo han sido atribuidas a los hogares. Por esta razón, se considera que el estudio de su “metabolismo” alimentario, es decir, de la contabilidad física relacionada con las categorías de alimentos que se consumen dentro de esa unidad socioeconómica, es relevante en términos de evaluación de la sostenibilidad. En ese sentido, se necesitan enfoques innovadores para apoyar esfuerzos políticos efectivos, y esta herramienta analítica puede ser muy útil para obtener un diagnóstico riguroso que ayude a reconducir la situación por derroteros de bajo impacto.

A través de esta breve tribuna se intenta contribuir a visibilizar la importancia de este debate mediante los resultados de un trabajo1 sobre pérdidas y residuos en la cadena alimentaria de las comunidades autónomas en España a partir de los datos biofísicos directos de consumo alimentario de los hogares proporcionados por la Encuesta de Presupuestos Familiares en España (EPF) para el periodo pre y poscrisis (2006-2012).

La investigación realizada a partir de esta información muestra la estimación de la cantidad per cápita de desperdicios y residuos generados en cada una de las grandes etapas de la cadena alimentaria a lo largo del período analizado en los hogares de España y las distintas comunidades autónomas.

Para el conjunto del país, el análisis realizado ha estimado que entre el 44 y el 49% del total de los residuos sólidos urbanos son residuos orgánicos, procedentes en su gran mayoría del consumo alimentario de los hogares. Este gran volumen de residuos se refleja en el peso que el consumo de alimentos por parte de los hogares tiene dentro de las pérdidas y residuos totales generados a lo largo de toda la cadena alimentaria. En España, se estima que cerca del 35% de la suma entre desperdicios y residuos alimentarios corresponde a la fase de consumo de los hogares dentro del período 2006-2012, con valores que oscilan entre 2,7-2,9 millones de toneladas de residuos totales, lo que se corresponde con niveles de 61,7 y 66,1 kg per cápita en el inicio y el final del período, respectivamente. Le siguen las pérdidas estimadas para la fase de producción agraria, que suponen algo más del 33% del total (entre 57,7 y 61,7 kg per cápita en el período estudiado), con pesos menores del 15 % para las pérdidas del resto de las fases de la cadena alimentaria (gestión poscosecha, procesado y empaquetado y distribución).

Sin embargo, se observan diferencias dentro de los hogares de las distintas regiones, que dependen del peso que cada producto tiene en el consumo alimentario total. Se encuentran, por ejemplo, mayores niveles de desperdicio asociado a los hogares de regiones del norte, especialmente el noroeste, donde destacan los hogares de Galicia, con niveles de residuos asociados al consumo por encima de los 75 kg/habitante en 2008, los hogares asturianos, que alcanzan los 72 kg/habitante en 2010, o los de Castilla y León, que se acercan a los 72 kg/habitante en 2008. Por el contrario, son los hogares de las Islas Baleares y las Islas Canarias (55,6 y 53,4 kg/habitante, respectivamente), así como los de las regiones mediterráneas, aquellos que presentan menores niveles de residuos asociados al consumo. Estos patrones, lógicamente, se vuelven a dar en las fases de la cadena alimentaria asociadas a la industria agroalimentaria, donde los hogares gallegos y castellanoleoneses vuelven a encabezar la clasificación regional, seguidos de los hogares aragoneses y navarros, y la cierran los hogares de las islas y de Extremadura, con los menores desperdicios asociados a su consumo alimentario dentro de estas fases de la cadena. En lo que se refiere a la producción agraria, sólo los hogares de Galicia llegan a superar niveles de más de 70 kg/habitante de pérdidas asociadas al consumo.

Más allá de los números concretos, con todas sus incertidumbres, aquí es importante subrayar que un diagnóstico de las diferencias en los consumos, las presiones ambientales y el despilfarro alimentario de los hogares a nivel regional puede tener mucha relevancia en el diseño de políticas públicas efectivas, puesto que pueden servir de enlace entre las grandes directrices que se proponen a nivel global, de la Unión Europea o nacional.

La propia dimensión del asunto, así como la relación del consumo alimentario con la crisis climática y la que afecta a la biodiversidad son un claro llamamiento a actuar, lo antes posible, de manera contundente en un contexto de creciente incertidumbre alimentaria derivado de nuevas crisis, como los efectos de la pandemia de la Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Escrito junto a Oscar Carpintero. Profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid.

1 El estudio completo, que lleva por título “Household food metabolism: Losses, wastes and environmental pressures of food consumption at the regional level in Spain”, está disponible a través de este enlace.

“Trata de dejar la Tierra como un lugar mejor del que llegaste” Sidney Sheldon

“A río revuelto, ganancia de pescadores” Adagio popular

La guerra de Ucrania, la última de varias crisis que vienen encadenándose, ha terminado de consumar un frenesí de ansiedad sociogeopolítica que tiene en la energía una de sus preocupaciones clave. La desfavorable coyuntura actual está siendo utilizada por los oligopolios energéticos y sus cohortes políticas y mediáticas para lanzar una campaña de desinformación y manipulación sin precedentes, apoyada por subidas de precios de la que ellos mismos son responsables. Así, estamos siendo testigos del incumplimiento sin ningún tipo de sonrojo de las legislaciones de ordenación del territorio y protección ambiental, o incluso de su neutralización con disposiciones que socavan principios básicos en esas normativas. Décadas de investigación, inversiones y consensos se desmoronan aceleradamente. Parece que ahora el objetivo es aplicar el caduco modelo energético centralizado de las energías fósiles a las energías renovables, maximizando beneficios e implantándolas muchas veces en terrenos comunales de titularidad pública. Adoptando este modelo nos privamos de las auténticas ventajas de la energía renovable, que sólo son compatibles con un despliegue que tome como base a la generación distribuida, gestionadas en términos de progreso social, y con un esencial respeto por la biodiversidad. Estas líneas pretenden contribuir a desarticular y desautorizar esa corriente de pensamiento y acción hoy dominante.

La historia del ser humano es inseparable del despliegue de muchas variables. Nos gustaría destacar dos. Por un lado, Homo sapiens, gracias a su prodigioso desarrollo neurológico, ha sido capaz de desarrollar la cultura como una potente herramienta de adaptación a muchos de los ambientes del planeta Tierra. Por otro, esa cultura, en especial la que tiene su origen en Occidente en los últimos siglos, ha conllevado un aumento meteórico de la complejidad y globalización de la tecnología que ha sido posible gracias a una cada vez más intensiva explotación de los recursos energéticos sin conseguir ni de lejos, no obstante, las eficiencias deseables. El devenir de nuestra especie incluye fases con fuentes de energía dominantes y con densidad energética creciente que ha derivado en un consumo delirante en términos absolutos y relativos. Si el de un cazador recolector neolítico podía resumirse en los 2,3 kWh diarios que su cuerpo necesitaba, un europeo medio llega a la friolera de 74 kWh al día.

Así pues, el estado de abundancia de bienes y servicios del llamado primer mundo se debe a la disponibilidad de ingentes cantidades de energía a un precio bajo, en parte gracias a que el neoliberalismo rechaza asumir las externalidades ambientales, sociales y sanitarias que eso conlleva. El resultado de esa letal e interesada inconsciencia es que nuestro planeta Tierra, el único que tenemos y que tendremos disponible, nos está ya gritando a la cara que si queremos que siga siendo nuestro refugio y sustento debe mantenerse en unas condiciones de las que ya se está alejando. Por tanto debemos cambiar YA nuestra forma de vivir. Así lo atestigua el compendio de indicadores de recursos y de salud ambiental del planeta, que denotan que estamos en la antesala de la tormenta perfecta, cuando no de un más que posible colapso de la presente civilización. Y esto debe traducirse en una transformación de la producción y el consumo que construya una sostenibilidad real. Es decir, tenemos que encarar con consciencia, anticipación y equidad el principio de “decrecimiento sostenible”, anatema para todos aquellos que siguen pensando que el sistema socioeconómico hoy imperante puede y debe seguir creciendo hasta el infinito.

Cualquier estudiante de primeros cursos de física y biología sabe que eso no es posible para ningún sistema… Algunas y algunos, bajo el secuestro de los dogmas y doctrinas neoliberales, más aquel mandato bíblico de “creced, multiplicaos y dominad la tierra”, califican a su vez con desfachatez a esa realidad -certificada sin embargo hasta la saciedad por la ciencia- como “dogma climático/ambiental”. Estas voces alineadas con el statu quo nos advierten de que si aceptamos el decrecimiento correremos el peligro de un empobrecimiento inaceptable, cuando no de una cercenación de nuestros derechos y libertades…

Por supuesto hacen caso omiso además de las lecciones que la Historia nos brinda, de la mano de trabajos sobresalientes, como los del célebre antropólogo Jared Diamond, el cual se ha encargado de investigar y razonar el éxito o colapso de buena parte de las civilizaciones que nos han precedido. Demuestra que muchas de ellas sucumbieron por no ser conscientes o no asumir que su manera de explotar los recursos (bosques, suelo, agua, etc.) era insostenible.

Hoy por hoy el desafío es global, y paradójicamente nuestra cultura, esa, hasta ahora, herramienta de adaptación biológica de la especie humana que al principio citamos, se encuentra en su más dramática encrucijada. O asume la situación y sabe rectificar, o certificará su fracaso de manera dramática. Y es que indefectiblemente nos va a tocar vivir con menos, pero si lo hacemos bien y a tiempo no significará vivir peor.

Es indispensable, por tanto, que todas las personas seamos conscientes de la IMPRESCINDIBILIDAD DE LA NATURALEZA, de que nuestro destino es inseparable al suyo y de la necesidad de actuar en consecuencia en todas y cada una de las facetas de la vida, si es que queremos salir de ésta. Eso evidentemente incluye a la clase política y empresarial… pero también implica a toda la ciudadanía. Esa imprescindibilidad debería estar por encima del debate político. Es por otra parte sintomático que todos los pueblos longevos que quedan sobre la Tierra tengan muy clara su indisoluble e insoslayable dependencia y unión con Ella. Ese valor se ha perdido en una parte demasiado significativa de las poblaciones actuales.

Muchos gestores públicos desconocedores o despreciadores de las leyes de funcionamiento de la Tierra, a través de falsas creencias y paradigmas, están poniendo en serio riesgo nuestro futuro. No parece viable una gestión de las sociedades que no tenga en cuenta lo enumerado hasta ahora y otras cuestiones adyacentes que obviamente no hay espacio aquí para describir.

Toda decisión sobre alternativas tecnológicas debe basarse en los principios de análisis de ciclo de vida ambiental, ciclo de costes global y social teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los productos y servicios a considerar. Esto hoy en día es aún una rara avis. Lo que impera es un enfermizo cortoplacismo, una constante búsqueda de rápidos e ingentes beneficios cuyas externalidades sociales, económicas y ambientales pagamos entre todas. En estos días, por ejemplo en Euskadi, y en el ámbito de las energías renovables, estas cuestiones capitales están siendo ignoradas, increíblemente desde el propio Gobierno Vasco. Su comparativamente avanzada normativa de impacto ambiental y de ordenación del territorio simplemente no se aplica, porque si se hiciese no prosperaría ninguna de las ubicaciones planteadas para las centrales eólicas. Para terminar de dinamitar el marco, se promulgan decretos y leyes ad hoc para minimizar los trámites de impacto ambiental y limar el poder de decisión de otras administraciones, prueba adicional de que esas centrales son inviables en el esquema propuesto. En la práctica, por ejemplo, no han tenido empacho en querer imponer centrales eólicas incluso en Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Y mientras tanto, el poder judicial está en el limbo, y la opinión de buena parte de los funcionarios públicos relacionados con estos temas se encuentra convenientemente silenciada y neutralizada…

A las plataformas ciudadanas, que apoyan la necesidad de las renovables pero que exigen que se respeten los principios legales y flujos administrativos de la legislación ambiental y un despliegue distribuido y social, se les acusa de inconsciencia y de ser enemigos del progreso económico. Nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, las distintas alegaciones a proyectos de energía eólica en montes que presenta la plataforma popular Arabako Mendiak Aske aluden a incumplimientos estructurales de prácticamente una media de 35 imprescindibles estrategias, planes y/o leyes ambientales y de ordenación del territorio. Lo que se busca con estas y otras acciones es la coherencia en el despliegue de las renovables.

Esos movimientos populares e independientes, entienden que no nos podemos permitir el lujo de industrializar, y por tanto perder, más zonas montañosas para esas actividades. Deben en definitiva ser declaradas zonas de exclusión para las mismas. La ciudadanía debe saber que no hay nada mejor para mitigar y adaptarse al cambio climático que la preservación y maximización de los ecosistemas maduros, especialmente los boscosos. Y también que la jurisprudencia siempre ha fallado a favor de éstos, cuando ha habido litigios en los que las centrales eólicas pretendían invadir y destrozar esos espacios. Constatar que no hay correcciones de impacto ambiental que compensen la devastación originada por esos proyectos. Es imposible reparar los daños causados por estas industrias en los montes, porque simple y llanamente dejan de ser lo que son. Es por tanto indispensable ubicar las renovables en zonas ya antropizadas. La viabilidad de ese enfoque se demuestra en estrategias como el primer Plan Mugarri de la Diputación Foral de Araba o el estudio para la implantación de energía solar del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz.

Nadie puede esperar salir de esta crisis sistémica socio-económico-política-ambiental sin asumir que no hay lucha contra el Cambio Climático que valga si ésta no es coherente con una Ordenación del Territorio firme y perdurable en el tiempo que asegure la máxima biodiversidad y los recursos ambientales necesarios para la pervivencia del sistema natural, y por tanto de la nuestra. Recursos,-agua potable, suelo fértil, aire puro, energía, materiales, regulación climática, bienestar vital, etc.- que ni siquiera Sánchez Galán, o incluso Elon Musk, podrían pagar si llegado el caso tuviéramos que hacerlo. Dicho sea para los que aún son incapaces de ver el valor intrínseco de la Naturaleza y solo perciben el posible beneficio crematístico de lo que les rodea.

Por último, la ansiedad que vivimos ha provocado que desde ciertas posiciones, ante posibles cantos de sirena que prometen un despliegue más social de esas macroestructuras, se empiece a contemporizar y a dejar en cierto modo de priorizar la variable ambiental. Si queremos construir un futuro sólido para las renovables ambas dimensiones deberán contemplarse simultáneamente. Si así se hace también será posible generar economía, pero esta vez para todas y todos.

Ardua labor nos resta. Tempus fugit…

Texto elaborado colectivamente por Arabako Mendiak Aske y apoyado por Adrián Almazán, Antonio Aretxabala, Dina Garzón, Alicia Puleo, Jorge Riechmann, Marta Tafalla, Antonio Turiel y Carmen Velayos.

Hay un conocido mito griego que nos habla de un escultor llamado Pigmalión. Este se esforzó por hacer una hermosa escultura de una mujer, puso tanto empeño en materializar sus sueños que acabó enamorándose de ella. Una pasión que le llevaba a tratarla como si fuera una mujer real. Al ver este anómalo y sincero enamoramiento, Afrodita hizo que la escultura tomara vida. Así pudieron casarse y tener una hija.

Al tratar a la estatua como si estuviera viva esta llegó a cobrar vida. Un fenómeno que llevó a denominar como Efecto Pigmalión a unos sorprendentes descubrimientos en el campo de la psicología y la pedagogía. A finales de los años sesenta, el psicólogo Robert Rosenthal realizó un experimento, estudiando la capacidad de un grupo de personas para entrenar a unas ratas que debían completar un laberinto. A la mitad del grupo se le dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes, y a la otra mitad lo contrario, cuando ambas eran iguales. El resultado es que las ratas calificadas como inteligentes se desempeñaron mucho mejor que aquellas tipificadas como tontas.

Intrigado por los resultados, Rosenthal comenzó a colaborar con la pedagoga Lenore Jacobson para adaptar la investigación a un colegio. Al comienzo del curso a un grupo de maestros de primaria se le dijo que entre el nuevo alumnado había personas con un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, completamente inventada, se proporcionó de manera aleatoria sobre el conjunto del alumnado. Al final de año, aquel alumnado que se había descrito como más talentoso aumentó significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual, respecto al inicio de curso.

No era magia, sino el Efecto Pigmalión, demostrando la influencia que ejerce tener expectativas y creencias positivas sobre las potencialidades de una persona. Al esperar lo mejor de alguien ayudamos a que sea mejor; le tratamos en concordancia con las expectativas que tenemos, de forma inconsciente condicionamos su rendimiento, influimos en su motivación y estimulamos su voluntad. Aunque debemos ser conscientes de que este efecto también funciona en sentido contrario, las expectativas negativas tienden a que obtengamos peores resultados y nos desmotivemos. Robert Rosenthal concluye que «cuando esperamos ciertos comportamientos de otros es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir».

El ecologismo lleva décadas asumiendo la tarea de decir las verdades incómodas, comportándose como un molesto despertador que trata de espabilar a una sociedad que se hace la dormida. La mejor ciencia disponible dibuja escenarios de futuro aterradores (emergencia climática, Pico del Petróleo y materiales, pérdida de biodiversidad, contaminación, desigualdad social, erosión de las democracias…), que las imágenes de los periódicos y telediarios no hacen más que confirmar. Y sin embargo, sin renunciar a los diagnósticos rigurosos, considero que una de nuestras prioridades debería ser transmitir esperanza.

Puede parecer frívolo reivindicar un impulso utópico mientras nos asolan olas de calor, estallan guerras, se profundizan hasta la obscenidad las desigualdades sociales y la extrema derecha emerge a nivel planetario. No se trata de ingenuidad sino de la certeza de que debemos comportarnos como ese profesorado influenciado por el Efecto Pigmalion, que apuesta a lo mejor de la gente, muestra convicción en las potencialidades de las embrionarias alternativas existentes, especula con el despliegue de políticas públicas que todavía no tienen programa electoral, infunde coraje y moviliza a la ciudadanía.

La neurociencia lleva tiempo hablándonos de la importancia de las narrativas, evidenciado los procedimientos mediante los cuales analizamos la información y solemos aceptar nuevas ideas, confirmando que para lograr cambios significativos no es suficiente con disponer de una gran cantidad de información, argumentos sólidos y evidencias empíricas; por desgracia tener razón no resulta del todo persuasivo. Los relatos encarnados en biografías y anclados en experiencias colectivas son la mejor forma de activar aquellas partes del cerebro que permiten a un oyente convertir la historia en una experiencia propia; haciendo que la información compartida resulte memorable.

En estos tiempos de incertidumbre y demanda de certezas no parece creíble que la gente vaya a involucrarse en procesos de cambio sin que les ofrezcamos algunos esbozos de cómo sería el mundo por el que estamos luchando. El esfuerzo de imaginar horizontes de futuro deseables y compartirlos en formatos seductores deviene un imperativo urgente.

Necesitamos relatos esperanzadores que sean fruto de la confianza en nuestras propias ideas y no meros ejercicios de voluntarismo impostado. No resulta posible transmitir credibilidad sin creer que nuestras propuestas son creíbles. No resulta posible ilusionar a nadie sin transmitir ilusión por lo qué hacemos y decimos.

Un utopismo que asuma el realismo ecológico y trate activamente de provocar un Efecto Pigmalión sobre la sociedad, contrarrestando la inflación de futuros apocalípticos. ¿Y si el monocultivo cultural de distopía que consumimos fuera una forma de proyectar expectativas negativas sobre nuestras cabezas? ¿Y si la distopía sembrase impotencia y desconfianza en las capacidades de la sociedad para hacerse cargo políticamente del desafío que supone la crisis ecosocial? ¿Y si la sombra del colapso es demasiado alargada y eclipsa el posible despliegue de nuestras alternativas? ¿No es un síntoma de nuestros tiempos que el Ministerio de Agenda 2030 lance una campaña institucional contra la distopía, como si hubieran leído el interesante ensayo de Francisco Martorell publicado en La Caja Books?

Hace unas meses 100 personas cogidas al azar, como una muestra representativa de la sociedad española, conformaban la Asamblea Climática encargada de ofrecer propuestas que orienten la toma de decisiones del gobierno. Tras un proceso de deliberación y reflexión junto a personas expertas en la materia han elaborado un interesante documento de propuestas. Un programa de transformación social sin partido que lo asuma. Un síntoma esperanzador que podría funcionar como el inicio factible para una ficción climática sobre cómo logramos hacer una transición ecosocial exitosa, que nos ahorrase las consecuencias más dramáticas de la crisis que empezamos a transitar.

Hay una camiseta del movimiento Black Lives Matter que me fascina. Un fondo negro con unas grandes letras en blanco que afirman: He visto el futuro y ganamos. La determinación y la esperanza son indispensables, y lo que es más importante, son contagiosas.

Los oasis son uno de los ecosistemas más frágiles que existen en el planeta, burbujas de vida rodeadas de hostiles desiertos. La palabra proviene del egipcio y quiere decir lugar fértil, haciendo referencia a las porciones más o menos extensas de terrenos verdes regados por una surgencia en medio de las arenas. Además de ofrecer agua y espacios de cultivo a quienes habitan en sus proximidades, sirven para abastecer a las caravanas que atraviesan los mares de dunas. Localizaciones imprescindibles para que la vida pueda reproducirse en entornos hostiles.

Los oasis han sido considerados lugares sagrados, que debían protegerse y cuidarse mediante estrictas reglas de mantenimiento de forma que se garantizara su continuidad en el tiempo. Espacios de acogida, proclives a tejer complicidades, estimular la cooperación y pacificar las relaciones. Escenarios donde las hostilidades y las batallas estaban vetadas, el riesgo de contaminar o malograr un pozo era demasiado alto.

El desierto se hace habitable y transitable por su existencia, son lugares donde reponer fuerzas y tejer alianzas para hacer frente a las adversidades. Algo similar le pasa a las ciudades, aunque en este caso los oasis no preexisten sino que deben construirse. Para ello es necesario desarrollar una artesanía institucional capaz de generar lugares que promuevan el contacto entre diferentes, las dinámicas comunitarias de ayuda mutua, la colaboración vecinal mediante el establecimiento de relaciones cara a cara o la renaturalización de zonas grises. Iniciativas capaces de transformar la vida de las personas implicadas y simultáneamente promover cambios radicales a pequeña escala.

Hace unos días leía la anécdota que dio origen al primer jardín comunitario de New York en los años setenta. En uno de los miles de solares llenos de escombros que asolaban la ciudad, una joven ecologista blanca, Liz Christy, vio a un niño negro jugando dentro de un refrigerador abandonado, simulando que era un barco que le permitía navegar por los mares del sur. Entonces preguntó a la madre: “¿Por qué no limpiáis este espacio para que tu hijo tenga un lugar decente para jugar?”. A lo que ella respondió: “Tengo dos trabajos y cuatro hijos. ¿Por qué no lo hacéis tú y tus amigos?”.

Liz recogió el guante, movilizó a sus amigos para crear un modesto oasis en medio de una ciudad en crisis. En ese solar además de plantas y relaciones sociales nacieron las Green Guerrillas que en pocos años ayudaron a que florecieran más de mil huertos y jardines en el conjunto de la ciudad. Una historia que nos habla de empatía social y justicia ambiental, de complicidad entre diferentes, de la importancia de nuestras acciones más que de nuestras opiniones y de la necesidad de que las alternativas transmitan ilusión. Los entornos urbanos son habitables porque alojan muchos oasis: espacios vecinales, centros sociales, huertos comunitarios y equipamientos colectivos cuya acción está orientada hacia las comunidades locales (escuelas, bibliotecas, clubs deportivos…).

Ante la amenaza creciente que supone la crisis ecosocial las ciudades deberían estar facilitando la proliferación y expansión de oasis urbanos, donde la gente aumente sus conocimientos, habilidades sociales y capacidad de autoorganización para intervenir sobre el mundo. Muchos oasis han sido capaces de crecer enfrentándose a leyes y normativas, obstáculos y desprecios institucionales, así que resulta pertinente preguntarse: ¿De qué serían capaces con mayor legitimidad, apoyo y reconocimiento? ¿Qué potencialidades de cambio estamos desperdiciando por la desconfianza de las instituciones hacia la ciudadanía?.

Distintos gobiernos locales se dedican a la destrucción sistemática de oasis, con el de Madrid a la cabeza. El desmantelamiento del huerto vecinal de Lavapiés hace unos días se suma a la tala del bosque vecinal de Barajas, el desalojo de espacios vecinales o el desprecio hacia las redes de ayuda mutua durante la pandemia. Más que miedo hacia la creatividad y el protagonismo de la gente, lo que subyace en esta arrogante y destructiva forma de gobierno es la imposición de la tristeza y la voluntad de alimentar nuestra impotencia.

En la Historia Interminable, su protagonista, Atreyu, tuvo que viajar a los pantanos de la tristeza para encontrarse con la sabia tortuga Vetusta Morla, y aprender que la Nada solo puede enfrentarse si se mantiene la esperanza y se cultiva la imaginación. Los movimientos sociales debemos reponernos del desánimo que ha ido invadiéndolo todo en nuestra ciudad, y una de las mejores formas de hacerlo es empeñarnos en que proliferen los oasis, que aunque no acaban con el desierto nos siguen ayudando a hacerlo más habitable.

Muchas de estas pequeñas iniciativas son atacadas no por lo que son, poca cosa, sino por lo que pueden llegar a ser. Su importancia es que puedan convertirse en imprevistos detonadores de cambios culturales: prácticas capaces de promover una nueva sensibilidad, satisfacer necesidades de forma alternativa, socializar otros estilos de vida, trasladar imágenes inesperadas sobre el futuro urbano y predisponer a la gente a asumir transformaciones de mayor envergadura. No se equivocaba Mario Benedetti cuando decía que en ciertos oasis el desierto es solo un espejismo, pues nos permiten anticipar y vivenciar muchos de los rasgos que contiene la ciudad que desearíamos habitar.

Al sur del Sáhara llevan más de una década construyendo la Gran Muralla Verde, una estrategia internacional coordinada para plantar millones de árboles a lo largo de una franja de 8.000 km. Una iniciativa de reforestación, restauración de suelos y fomento de la agricultura familiar, a gran escala promovido por la Unión Africana con el objetivo de frenar la expansión del desierto. Voluntad política y recursos, determinación y esperanza, permiten enfrentarse exitosamente y ganar terreno al desierto.

Igualmente, defender los oasis urbanos no supone caer en la autocomplacencia y resignarse al desierto, sino disponer de enclaves desde los que enfrentarlo. Este archipiélago de oasis no frena por si solo la barbarie, pero resulta determinante a la hora de revitalizar cualquier impulso municipalista que sea capaz de hacerlo.

En este contexto de crisis ecosocial el municipalismo está llamado a operar como un espacio de diálogo entre cooperación social y políticas públicas, salvaguarda de derechos en proximidad y entorno de experimentación, apego a los problemas cotidianos y refugio de los impulsos utópicos, retaguardia y vanguardia de las transformaciones por venir. Los oasis inquietan porque invitan a redefinir de forma creativa y constructiva las relaciones entre gobiernos y ciudadanía, quienes los cuiden dispondrán de antídotos contra la desconfianza y podrán articular de forma virtuosa dinámicas de cooperación público-comunitaria.

Baja a la calle, encuéntrate con tus vecinas y comprométete con el cuidado del oasis que tengas más cerca. Son los puntos de apoyo donde colocar las palancas que muevan al mundo.

Las últimas olas de calor nos dejan dos certezas, la primera es que necesitamos protegernos de estos fenómenos extremos que cada vez serán más recurrentes y agresivos, la segunda es que habilitar refugios individuales resulta inviable económica, energética y ambientalmente. Mientras el mercado se encargará de lucrarse refrescando a los privilegiados, lo público debería ejercer de salvaguarda colectiva del derecho a la salud.

Uno de los padres de la bioeconomía, Georgescu Roegen, afirmaba que la base de una acción ecologista se basaba en minimizar los remordimientos futuros. Hacer lo que sabemos que debemos hacer, decir lo que sabemos que toca decir. La adaptación de las ciudades a estos fenómenos meteorológicos extremos pasa, en el corto plazo, por desplegar una red de refugios climáticos, capaz de hacerse cargo del conjunto de la población durante las situaciones de emergencia. Y en el largo plazo, por renaturalizar el espacio urbano para mitigar el efecto isla de calor que provoca la concentración de asfalto y de materiales pétreos que retienen la temperatura.

Los refugios climáticos nos recuerdan que ante la crisis ecosocial colectivizar la satisfacción de nuestras necesidades va a tornarse un imperativo. A corto plazo nos toca actuar como las amebas, esos seres unicelulares que se comportan como tales mientras el ambiente se lo permite; pero si las circunstancias cambian y el entorno se vuelve hostil, tienen la capacidad de unirse y conformar un ser pluricelular que les permite sobrevivir, al funcionar consumiendo menos energía y recursos. En el caso de nuestras sociedades, esto pasa por asumir la nueva centralidad de la que deben disfrutar los equipamientos colectivos, entendidos como las únicas infraestructuras que pueden permitirnos descender el consumo de recursos y minimizar los impactos ambientales, a la vez que mantenemos calidad de vida. Ante situaciones de crisis se comportan como una navaja multiusos que de forma versátil puede resolver distintos problemas, haciéndose cargo de imprevistos y necesidades emergentes.

Barcelona sería una de las grandes urbes que está tratando de anticiparse, planificando intervenciones integrales como una red pública de doscientos refugios climáticos que se encuentran repartidos por toda la ciudad. Estos son diferentes equipamientos municipales y espacios públicos (bibliotecas, equipamientos de proximidad en los barrios y distritos de la ciudad, centros deportivos municipales, parques y jardines, escuelas y museos) que tienen otros usos pero podrán activarse como refugio de las altas temperaturas, especialmente para personas vulnerables al calor (bebés, mayores, enfermos crónicos, personas con menos recursos...). Esta iniciativa arrancó hace un par de años y ha ido evolucionando, incorporando un número creciente de equipamientos. Actualmente el 95% de la ciudadanía de Barcelona tiene uno de estos refugios a menos de diez minutos andando desde su casa, y el objetivo es que dentro de unos años lo tengan a menos de cinco minutos.

Una de las principales estrategias que se despliegan en los planes urbanos de adaptación al cambio climático es la renaturalización. Más allá de cuestiones estéticas o de las múltiples bondades ambientales y sociales que tiene renaturalizar los entornos urbanos (como se apunta en un reciente informe de Ecologistas en Acción), aumentar la vegetación y las superficies permeables supone la mejor forma de reducir el efecto isla de calor, contar con vegetación, arbolado y agua en el espacio público mejora el confort ambiental exterior, pero también contribuye a mejorar el confort en las viviendas, aportando un sombreado natural. A esto se pueden sumar soluciones como las cubiertas verdes, que mejoran el aislamiento térmico de los edificios.

Plantar árboles hoy y cuidarlos durante los próximos años, nos ofrecerá protección ante las olas de calor de las próximas décadas. Aunque en ciudades compactas y urbanísticamente consolidadas ganar suelo para la vegetación implica disputárselo a los coches, que acaparan un 75% del espacio público. Además de que las plantas invadan calles y azoteas, renaturalizar la inmensa red de equipamientos públicos supondría una oportunidad para aumentar el mosaico de piezas verdes en el centro de las ciudades. Refugios climáticos y estrategias de renaturalización pueden darse la mano, el paso corto y la mirada larga convergen en las mismas dotaciones públicas.

París es una de las ciudades más densas y con menor superficie de zonas verdes por habitante, así que en el marco del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático a nivel global, ha lanzado el Proyecto Oasis. Una imaginativa iniciativa orientada a renaturalizar los 800 patios escolares de la ciudad para 2050, lo que sumaría una superficie de unas ochenta hectáreas, si bien no serán totalmente recubiertas de plantas y arena, pues se reservarán espacios para la práctica deportiva. Estas islas verdes funcionarían como oasis, especialmente durante las olas de calor que en verano golpean con fuerza la ciudad. Se abordan como proyectos de rediseño participativo que implican tanto a la comunidad educativa como a entidades vecinales, pues se pretende que estos espacios puedan usarse por colectivos vulnerables durante los fenómenos climáticos extremos, y que puedan abrirse al público durante los horarios no lectivos.

Un enfoque al que se ha sumado Barcelona con una estrategia para convertir los patios escolares en refugios climáticos. El proceso de renaturalización incorpora componentes de agua, como fuentes o estanques, además de elementos vegetales; de forma que sirvan para refrigerar el ambiente en las zonas más densas y compactas del corazón de la ciudad. Además se fomenta el uso de los patios como espacios públicos para familias fuera del horario escolar, en fin de semana y en periodo de vacaciones escolares. Para ello hay un servicio de monitores encargados de ofrecer alternativas de ocio en un contexto seguro y de proximidad; así como de la apertura y supervisión de un buen uso de las instalaciones.

Por contraste, quienes habitamos en la región madrileña nos estamos acostumbrando tanto al abandono de lo público, como a ser abandonados por lo público. Aquí toda crisis (pandemia, Filomena, olas de calor...) se convierte en una oportunidad de negocio y en una ocasión para invitar a la gente a buscarse la vida, en vez de ocasiones para mostrar atención y cuidado por la población. Entre muecas y chascarrillos se ridiculizan las propuestas de crear refugios climáticos, se coquetea con el negacionismo, se cierran los parques o decenas de piscinas públicas permanecen cerradas durante las olas de calor y se manda literalmente a la gente a refrigerarse en misa o en el centro comercial.

Los refugios climáticos y la renaturalización urbana son modestos avances para lograr las transformaciones más ambiciosas y estructurales que necesitamos, pero forman un binomio del que no puede desentenderse ninguna agenda de transformación urbana: el cuidado de las personas y del entorno construido, una nueva sensibilidad hacia lo colectivo y hacia la naturaleza, defensa de la salud pública y caballo de Troya para el ecourbanismo.

Oscar Wilde bromeaba diciendo que la conversación sobre el clima era el último refugio de la gente sin imaginación. Ahora que estamos en plena crisis ecosocial, hablar de la importancia estratégica de los refugios climáticos es un síntoma de personas con capacidad de imaginar lo que está por acontecer y de responsabilizarse de lo que debemos hacer para adaptarnos.

El siguiente texto corresponde a mi participación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para hablar sobre los impactos sociales y ambientales de las energías renovables gracias a la invitación de la Eurodiputada Sira Rego del Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea y gracias también a la participación y presión previa de numerosos colectivos y personas afectadas por el actual despliegue de energías renovables en Europa. Han colaborado en los contenidos de este texto Álvaro Campos, Luis Bolonio, Helios Escalante y Josefa Sánchez Contreras.

La Unión Europea es líder en generación de energías renovables y en políticas para su desarrollo como estrategia para abordar la emergencia climática. Las directivas del paquete de invierno y el Pacto Verde priorizan acertadamente la disminución de la demanda y la producción modular en zonas urbanizadas y en áreas degradadas cercanas a los lugares de consumo, reduciendo así las necesidades de materiales y las pérdidas en el transporte. También es reconocido el interés europeo en incrementar sustancialmente la aportación de las energías renovables al mix energético desde el 20% actual hasta alcanzar el 40% en 2030. La unión persigue por tanto reducir el uso de fuentes energéticas sucias como el carbón, el petróleo, las nucleares, o el gas que escasean en el viejo continente. La urgencia y profundidad de esta transición hacia las energías renovables ha aumentado vertiginosamente con la guerra de Ucrania y las necesarias medidas de embargo de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, restricciones que esperemos se apliquen también al uranio ruso y kazajo.

Todo esto constituye un enorme desafío para los territorios europeos y para las instituciones de la Unión. Nos jugamos nuestro futuro y quizás el de nuestro planeta. Sin embargo, la política europea y el propio Green Deal incurren en numerosas contradicciones que podrían ser fatales. En primer lugar no han considerado los cuellos de botella relacionados con la escasez de minerales como el neodimio, el litio, la plata, y el cobalto entre otros, que son clave para la transición energética y para la electrificación masiva. En particular, la producción de energía eléctrica con fuentes renovables demanda grandes cantidades de materiales, que se localizan principalmente en zonas lejanas, de alta biodiversidad, habitadas por pueblos indígenas y ocupadas por estados autoritarios, incluyendo Rusia y China.

Además, estamos ante una transición que requiere de mucha superficie para instalar los sistemas de producción y transporte de la energía. Considerando una afección directa de 2,2 hectáreas por MW en solar fotovoltaica, la producción de los 672 GW necesarios en 2030 para alcanzar el 40% de fotovoltaica, necesitaría una extensión total de casi 1 millón y medio de hectáreas. En el caso de la eólica, se calcula una afección directa 32 hectáreas por MW, que determina unas necesidades de 14 millones y medio de hectáreas para los 451 GW previstos en 2030. La suma total para las renovables podría alcanzar los 16 millones de hectáreas, y para que entendamos la dimensión de lo que estamos tratando, la superficie cultivada de cereal en Europa es de unos 60 millones de hectáreas. Esta extraordinaria transformación territorial, sólo comparable a las épocas de mayor crecimiento urbanístico, está generando graves conflictos por la falta de planificación y el evidente desorden con el que se está desarrollando. Este problema que se ve acentuado por la disminución de controles que plantea la revisión de la Directiva de Energías Renovables (y otras medidas similares en los estados y regiones) para responder a las emergencias derivadas de la guerra de Ucrania.

La propia Estrategia Europea del Suelo 2030 señala que se existe suficiente superficie de tejados para alcanzar el objetivo del 40%. Sin embargo, el actual despliegue de renovables se está concentrando en las zonas menos pobladas del continente y en las regiones periféricas siguiendo un modelo de colonialismo energético basado en megaproyectos centralizados, masivos y a gran escala desarrollados por grandes empresas que ocupan territorios de sacrificio. Se alejan así las zonas de producción de las zonas de consumo, dando la falsa impresión a la población europea de que la nueva infraestructura renovable carece de impactos.

Sin embargo, en un contexto internacional donde aumenta la escasez de alimentos, en los territorios de sacrificio se están ocupando suelos agrícolas que las propias políticas europeas consideran necesarios para garantizar el abastecimiento de la población y para relocalizar los sistemas alimentarios como estrategia de descarbonización.

También se están destruyendo hábitats de especies esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas siguiendo esquemas de evaluación ambiental que entre otros errores no consideran los efectos acumulativos de la concentración de estos megaproyectos, tal y como advirtieron para el caso Español decenas de investigadores en la revista Science en Diciembre de 2020.

Además, las infraestructuras de renovables consumen agua. De este modo, el actual despliegue de megaproyectos suponen un mayor estrés hídrico en zonas donde los recursos disponibles son escasos, compitiendo con los caudales ecológicos y con otros usos como el abastecimiento y el regadío, que tienen una gran importancia en todo el arco mediterráneo.

Por otro lado, es fundamental analizar el papel de las interconexiones eléctricas como base de este desarrollo. Mediante grandes líneas transfronterizas de muy alta tensión incluidas en los Proyectos de Interés Comunitario, Europa pretende facilitar el modelo de megaproyectos concentrados en las periferias, a pesar de la ineficiencia de este sistema. Si tomamos como ejemplo la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del golfo de Bizkaia, la propia Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad en la última actualización del Plan de Desarrollo de la Red a 10 años reconoce que las pérdidas de transporte en este modelo centralizado serían cercanas al 40% de la nueva energía renovable que permitirían integrar en la red eléctrica transeuropea. Y en el caso de las nuevas interconexiones previstas entre España y Europa, estas pérdidas serían cercanas al 50%. Es decir, uno de cada dos megaproyectos renovables contribuiría únicamente a soportar estas pérdidas en forma de calor. Es preciso denunciar esta grave contradicción, sobre todo si tenemos en cuenta que una placa fotovoltaica instalada en Varsovia tendría una eficiencia solo un 35% menor que la misma placa instalada en los fértiles suelos de la Vega de Granada.

Aunque merecería un análisis más detallado, quiero apuntar aquí que la Estrategia Europea para el Hidrógeno profundiza todavía más esta perspectiva de colonialismo energético pretendiendo utilizar un vector energético que sin embargo tendría una ineficiencia que ronda el 90% en el caso de que llegara a utilizarse en los motores de la maquinaria pesada que no pueden utilizar energía eléctrica. En cualquier caso, no está claro que podamos utilizar el hidrógeno ya que acumula graves problemas tecnológicos aun sin resolver, tal y como reconoce el Grupo III del IPCC.

Finalmente, al desgobierno territorial y al diseño extractivista de las infraestructuras energéticas, se le suma el funcionamiento del sistema eléctrico europeo favoreciendo la especulación y el despojo de las poblaciones locales que además están pagando precios cada vez más altos por la energía. Las grandes empresas que dominan el sector en connivencia con las instituciones dividen a las comunidades y desprecian la participación pública, dejando indefensa a la ciudadanía y también a los entes locales que pretenden otras formas de desarrollo para sus territorios, incluyendo el autoconsumo energético. Como respuesta a esta realidad, decenas de municipios de Andalucía (en el sur de España) han firmado una Iniciativa Legislativa Municipal exigiendo otra transición energética.

De hecho, entre otros ejemplos destacables de este modelo, podemos nombrar el de España. Aquí las previsiones de producción renovable del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 son de 109,5 GW aunque los proyectos actuales superan los 200 GW, muy por encima del consumo actual y futuro de este país. Aunque a tenor de la nueva planificación de la red de transporte, la cifra podría ser mucho mayor.

Más del 80% de las plantas fotovoltaicas proyectadas en España superan el umbral de 1 megawatt que define a los megaproyectos, y se concentran en regiones como Aragón, Galicia, o Andalucía, en las que se preveen más de 1000 proyectos de renovables.

Un lugar paradigmático de esta región es el territorio de Granada y Almería donde hay previstos 196 proyectos fotovoltaicos que podrían producir 9,16 GW cubriendo unas 20.141 hectáreas, y 38 proyectos eólicos que podrían producir 1,89 GW en unas 60.216 hectáreas. Esos 10,95 GW supondrían una tercera parte del consumo medio de energía eléctrica en España y el 10% de la producción total prevista para todo el país en 2030. Este despliegue favorecido por la Junta de Andalucía sin ninguna planificación territorial afectaría a la importante producción agroganadera de este territorio y a la biodiversidad asociada a sus paisajes. No nos olvidemos de que España, y en particular Andalucía, es el principal productor agrario de la Unión Europea y uno de los lugares más biodiversos del continente.

Como ya he señalado anteriormente, estos impactos están generando una conflictividad creciente en los territorios a sacrificar que están retrasando el despliegue de las energías renovables. El parque “Gunaa Sicarú” de EDF en el Istmo de Tehuantepec (México) ha sido cancelado por las resistencias locales, el parque en el territorio Sami de Noruega ha sido declarado ilegal por la Corte Suprema de ese país gracias a las resistencias locales, decenas de proyectos han sido cancelados en España, Francia o Italia por la presión ciudadana. Es necesario por tanto que la transición energética esté basada en una contribución solidaria a la descarbonización, es decir la reducción del consumo, que disminuya la brecha entre el centro y las periferias, y no en un colonialismo energético claramente ineficiente. Quiero terminar este texto, retomando el lema de las masivas movilizaciones sociales celebradas en España el último año. Renovables sí, pero no así.

En este momento de petróleo caro y de vergüenza europea por haber estado lucrando el régimen del invasor Putin, vuelven a activarse las llamadas a la transición ecológica. Pero la transformación material para los llamados “green new deals” o pactos verdes también genera unos impactos. Estos se pueden ver, por ejemplo, donde se saca el litio de las baterías o donde se instalan instalaciones de energía renovable. Estas nuevas fronteras de extracción de materiales y energía son lo que se han llamado “zonas de sacrificio” en la literatura académica. Carla Simón cuenta, en la película Alcarrás, la historia de una de estas zonas sacrificadas. Una explotación agrícola familiar en Lleida donde se presenta un problema (no dilema) al querer, los dueños de las tierras, cambiar melocotones por placas solares. Esto tiene un impacto en la familia agricultora, sobre la que se nos muestra su vida y penas en su último verano.

A Carla Simón le intrigaba antes del estreno la acogida entre la gente que retrata en la película. Mi pareja es agricultor y no quiere ir a ver Alcarrás. Dice que él ya sabe esa historia. Conoce bien el sufrimiento de los agricultores, su lucha por la tierra, y mira con reticencias una película que lo retrata. A todo el mundo le gusta ver sufrir a los agricultores, dice. No sé si tiene razón pero creo que es verdad que la gran acogida de la película probablemente tenga que ver con un imaginario muy extendido que romantiza la agricultura familiar, pero a la vez normaliza su desaparición. El escaso debate político que se ha generado sobre la trama de la película (la expropiación de un campo de fruta de hueso gestionado por la familia Solé durante 80 años para instalar placas solares) es una muestra de esto.

Sí que pareció gustarle la película al alcalde de mi pequeña ciudad de la costa del Maresme, con quién coincidí en la sesión. En esta comarca de la provincia de Barcelona la tierra que cultivamos (nosotros, y muchos de los pocos agricultores/as que sobreviven) pende de un hilo muy fino. Hilo sujetado en un extremo por el alcalde y por otro por el dueño de la tierra que quiere hacerla urbanizable (¿habrá visto Alcarrás también él?).

Me pregunto si la gente sale del cine pensando que la historia retratada es también de verdad, como los actores-no actores (sobre lo que tanto se ha comentado). ¿Qué hará la gente después de ver la película? ¿Qué hará el alcalde y otros políticos? ¿Alabarán la belleza de la película y su fotografía y su casting? ¿Intentarán proteger con más mimo la poca tierra cultivable que queda en sus municipios, sus comarcas, sus provincias?

A mí la película también me gustó (no sé explicar por qué). Leo las críticas: adorable, sencilla, pleno dominio de la cámara y el montaje, simple y elemental belleza, etc. De acuerdo. Sin embargo, me gustaría que la película movilizara comentarios más allá de la carrera que le espera a la directora, de la fotografía y de la maravilla del casting de actores-no actores. Quizás sólo lo pienso yo, y mi novio, pero hay algo raro en fetichizar la belleza de algo tan contencioso, y políticamente sensible. Alcarrás es una producción pequeña que retrata las costumbres y pesares de la gente, y la alegría de la vida sencilla, compartida, de pueblo. Por encima de todo, es un retrato de la situación precaria del campo en nuestro Estado, y de cómo eso es vivido por las personas. Y es precisamente este punto del que menos se ha hablado en las diversas intervenciones que la película ha desatado en medios de comunicación de todo tipo, incluidos comentarios en este mismo medio.

Se ha dado la casualidad que el estreno ha coincidido con la publicación del censo agrario de 2020, el primero en 11 años. Y las cifras que presentan ponen números a la realidad de la familia Solé. O dicho de otra forma, Carla Simón ilustra lo que el censo agrario presenta en estadísticas, en números sin caras ni voces. Desde 2009 hay una disminución de más de 70.000 explotaciones, lo que representa una pérdida del 7,57%. Esta disminución es del 50% desde 1999. No se traduce esta cifra en disminución de tierra cultivable, que se mantiene constante. Lo que esto significa es un proceso de concentración: menos tienen más. Los pequeños y medianos agricultores se jubilan o abandonan y dan paso a grandes conglomerados agro-industriales que gestionan grandes extensiones de tierra. Las placas solares, los molinos de viento, la urbanización metropolitana y rural, aeropuertos, o carreteras afectan más a los que peor pueden defenderse. Son también los pequeños y medianos los que salen peor parados de las políticas de comercio exterior y precios bajos que han empujado hacia la intensificación de la agricultura, la sobreproducción y el desplome de precios y de ingresos percibidos por los agricultores. Carla Simón sabe todo esto, e incluye en la película una escena muy conocida: manifestaciones de agricultores tirando fruta que de otra manera iban a vender por debajo de su coste de producción.

Además, el trabajo total en las explotaciones ha disminuido un 7.7%, aumentando la contratación regular de personal en detrimento de la mano de obra familiar. Recuerdo otra escena repetida en la película, el empeño de Quimet en la película: “Hijo, estudia, aquí no hay futuro, con la agricultura no ganarás para vivir”.

Y es que la tensión económica, esa lucha por sobrevivir, permea en los miembros de la familia y en sus relaciones (el abuelo inundado de tristeza, la hija adolescente que percibe la tensión en casa, los enfados entre hermanos). Y es eso lo que Alcarrás muestra de una manera especial. Esta situación tensa emocionalmente y económicamente de los agricultores está relacionado también con la precariedad de los trabajadores inmigrantes en el campo. Una realidad que la película deja fuera, pero que es el eje central de un documental grabado no muy lejos no hace mucho tiempo, El Cost de La Fruita.

El final de Alcarrás no sorprende. No hay final feliz. Estaban avisados. ¿Nos va a pasar lo mismo?

Según la RAE, el adoctrinamiento consiste en inculcar en alguien determinadas ideas o creencias. Una palabra cuyas resonancias evocan imaginarios totalitarios, imposición en las formas de ver el mundo, falta de libertad de expresión y sistemas educativos perversos. No es casualidad que se haya escogido para justificar la retirada del currículo de educación secundaria, en la Comunidad de Madrid, términos como: ecosocial, ecofeminsimo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, memoria democrática…

Al acusar de “terminología ideológica” a la Agenda 2030 impulsada desde Naciones Unidas, se está cuestionando el mayor consenso global que existe. Al burlarse de las palabras que desde el ecologismo tratan de nombrar los problemas y alumbrar los cambios que necesitamos, se pretende invalidar las propuestas más serias y rigurosas alineadas con el mejor conocimiento científico. Ante la progresiva apertura de la esfera pública, y especialmente del entorno educativo, a debatir de estas cuestiones, la respuesta es una ofensiva que pretende cerrar la conversación. El terraplanismo político ataca preventivamente, elude las discusiones en nombre de la defensa de la libertad y de unos valores amenazados.

A lo largo de nuestra historia, los procesos de renovación pedagógica y de ecologización del sistema educativo han avanzado junto a los procesos de democratización de la sociedad. Contextos en los que las reformas educativas coincidían con el desarrollo de horizontes transformadores que desbordaban el recinto de la escuela.

Recordemos cómo los movimientos por la libertad de cátedra fueron el germen de la Institución Libre de Enseñanza, una de las experiencias internacionales más importantes de reforma educativa de su tiempo. Entre sus innovaciones se encontraba el desarrollo del laicismo y el racionalismo, la educación infantil y secundaria, la supresión de los exámenes, la sustitución de los rígidos programas y los libros de texto por clases prácticas, los avances en coeducación… y la introducción de las cuestiones ambientales. De forma pionera incorporaron el contacto directo del alumnado con la naturaleza mediante clases experimentales, excursiones y acampadas, así como con la puesta en marcha de huertos escolares.

Medio siglo después, a la salida de la dictadura, los Movimientos de Renovación Pedagógica MRP reactualizaron los principios de la educación activa y cooperativa, introdujeron las propuestas educativas alternativas y sugerentes de la época, como Sumerhill o Barbiana, y abordaron debates como la desescolarización o la educación no directiva. En medio de esta efervescencia pedagógica, los MRP fueron también pioneros en la reintroducción de las cuestiones ecológicas en los centros escolares, siendo protagonistas destacados de la traducción a nuestro contexto de las corrientes internacionales que impulsaban la educación ambiental en esos años.

Un rasgo que comparten ambas experiencias es su preocupación por transformar los sistemas educativos de su tiempo. En ellas late una sensibilidad por la justicia social que resulta determinante a la hora de entender cómo las innovaciones deben trasladarse a la educación pública, logrando que sean universalizables y lleguen al conjunto de la población. Este diálogo entre sociedad y escuela, entre experimentalismo e institucionalización, sigue siendo pertinente.

El escritor de ciencia ficción HG Wells solía decir que la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. Y si hay una catástrofe sobrevolando el horizonte es la crisis ecosocial, que nos garantiza que vamos a vivir tiempos de ruptura, donde las condiciones ambientales y económicas van a irse volviendo progresivamente hostiles. El modelo convencional de aprendizaje de “mantenimiento”, útil para la reproducción cultural de una sociedad, no resulta funcional en un contexto de discontinuidad histórica.

Detrás de las acusaciones de adoctrinamiento y de usar “términos ideológicos” lo que se esconde es la normalización del modelo dominante, la justificación de las desigualdades y un inmovilismo reaccionario. Tras la naturalización del sistema dominante se encuentra su negativa a ecologizarlo. En esas condiciones la escuela se convierte en la agencia de publicidad que te hace creer que necesitas la sociedad tal y como es, como decía Ivan Illich.

Mi hijo va a la educación pública madrileña y el miedo que compartimos la mayor parte de las familias no es que adoctrinen a la infancia, sino que se profundice el deterioro de nuestros colegios y de las condiciones de las personas que en ellos trabajan. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por alumno y la región donde existe una mayor segregación educativa por cuestiones económicas a nivel europeo.

Negar la importancia de las cuestiones ecosociales es una forma de profundizar este abandono institucional, pues niega la trascendencia de que se adquieran habilidades y conocimientos que van a resultar imprescindibles para comprender e intervenir sobre un mundo en transformación. La educación ecosocial plantea la necesidad de ecologizar el currriculum y los procesos pedagógicos, ambientalizar las escuelas (patio, huerto, comedor, residuos, energía, política de compras…) y facilitar una reconexión con la naturaleza que permita vivir experiencias significativas (excursiones, campamentos, grupos de senderismo familiar…).

No existe educación objetiva pues sería transmitida por objetos y no por personas. No hay neutralidad sino compromiso con unos mínimos consensos en contenidos y valores compartidos, que han sido forjados mediante largos y complejos procesos de validación institucional. A algunas personas les parecerá una agenda excesiva, a otras nos parece demasiado poco transformadora, la virtud de la educación pública es que en esos consensos mínimos cabemos todas. Y por ello están siendo atacados.

Antes los poderosos negaban la educación a las clases populares, hoy les niegan la educación ecosocial. Detrás de estas guerras culturales, en muchas ocasiones, se disfraza la lucha de clases. La ecología es indispensable para entender que la justicia social es inseparable de la justicia ambiental. Los barrios donde se concentra la pobreza, el fracaso escolar, la mala nutrición o la menor esperanza de vida son los mismos que se sitúan más cerca de infraestructuras tóxicas como incineradoras, vertederos, depuradoras o polígonos industriales, tienen menos zonas verdes o sufren los peores efectos durante las olas de calor.

La democratización de la educación ecosocial supone integrarla de forma vertebral en la educación pública, de forma que tenga capacidad para revolucionar diversos aspectos de la vida escolar; a la vez que se va más allá del sistema educativo para convertirla en una herramienta capaz de ecologizar otras realidades como las familias, los movimientos sociales, los sindicatos, el cooperativismo o las empresas. Este proceso implica la necesidad de que la educación ecosocial dialogue y se enriquezca con otros campos del conocimiento: pedagogías críticas (comunidades de aprendizaje, aprendizaje cooperativo…), economía social y solidaria, arte y comunicación, ciencia y saberes tradicionales, mediación y gestión de conflictos socioambientales…

La educación ecosocial no es una fórmula para que los adultos nos descarguemos de nuestras obligaciones y traslademos a las generaciones más jóvenes todavía más responsabilidades a la hora de evitar la catástrofe. Más bien es la forma en la que nos hacemos cargo de un compromiso conjunto a la hora de comprender la complejidad del mundo y protagonizar su transformación.

“Tranqui, colega, la sociedad es la culpable”, decía Siniestro Total en 1990, entendiendo que los comportamientos individuales están supeditados a las normas y el objetivo de un sistema. O, en Saoko, Rosalía dice “Cuando pone' perla' en el collar de Vivienne e' diferente, ya no son perla', uh, no”, entendiendo que un sistema por definición tiene propiedades emergentes distintas a las de la suma de sus partes. “No pongas todos los huevos en la misma cesta”, decía tu abuela, entendiendo que un sistema diversificado es menos vulnerable a las agresiones externas que uno más uniforme.

Si pensásemos en sistemas, no tendríamos que andar reexplicando el cambio climático cada vez que hace frío un martes tonto. Entenderíamos por qué Ayuso habla de una copa de vino en una semana en la que por detrás está destruyendo el sistema de metros de Madrid. Veríamos que no es ella en sí quien lo está destruyendo. Confirmaríamos que, como sospechábamos, el que esté Ayuso en ese puesto o sustituirla por cualquier otra persona resulta tremendamente irrelevante si no nos fijamos en las dinámicas sistémicas que hay por detrás.

El pensamiento sistémico es un complemento del pensamiento analítico, que aborda los problemas de forma diferente. Mientras que el pensamiento analítico “disecciona” un problema y se centra en describir cada una de sus partes, el pensamiento sistémico lo considera en su conjunto, y se centra más en las relaciones y reglas que existen entre ellas.

El pensamiento analítico – que tiene su lugar y su público – ha sido la estrella del show de los últimos 250 años, pero presenta ciertas limitaciones a la hora de abordar cuestiones como la degradación del medio ambiente, el hambre, la desigualdad o nuestra relación con los vídeos de gatitos. Cuestiones que, en un mundo más interdependiente que nunca, están de plena actualidad.

Un sistema no es solo un conjunto de elementos, sino un sistema de elementos interrelacionados para conseguir un fin – por esto el Atleti seguiría siendo el Atleti aunque se despidiese a todos los jugadores y se contratase a otros nuevos. Por esto no puedes hacer como que una plantación de pinos es un bosque. Por esto no da igual comprarle los mismos calabacines a un agricultor familiar que a una multinacional.

Si pensásemos en sistemas, veríamos que el mundo está lleno de bucles de retroalimentación positiva. Por eso en una partida de Monopoly a partir de la segunda ronda ya está todo el pescado vendido – o, en tu vida, a partir de que cometes la terrible decisión financiera de no nacer en una familia con dinero. O en el sistema financiero, cuando otorgamos a los bancos la capacidad de crear dinero de la nada y cobrarnos intereses por él.

También de bucles de retroalimentación negativa, como la voz con la que dices el domingo por la mañana que nunca vas a volver a beber, o la situación que cuenta Bad Gyal en Zorra, donde Rauw Alejandro se lía con todas sus amigas, pasa claramente un umbral de estabilidad y ellas se lo quieren cargar – no sé cómo acaba la historia, así que esto puede que sea un bucle de retroalimentación o un colapso del sistema.

Si pensásemos en sistemas entenderíamos que da igual el petróleo que queda en el subsuelo si va a costar más energía sacarlo de la que aporta.

Si pensásemos en sistemas dejaríamos de darle coba a Elon Musk.

La gente que se dedica a estudiar la dinámica de sistemas complejos no suele tener mucho tiempo para explicárnoslos, y a su vez solo solemos hacerles caso cuando queremos saber exactamente a qué hora va a llover este fin de semana en la playa. Pero hubo una señora que dedicó toda su vida al estudio de estas cuestiones, y que además era una maja y disfrutaba tremendamente explicándolas. Se llamaba Donella Meadows, y fue una de las autoras del informe “Los límites del crecimiento” – este era el equipo que planteó por primera vez que no podemos crecer infinitamente en un planeta finito, y que desde luego era una muy mala idea dedicar el conjunto de nuestros esfuerzos y nuestra economía a crecer lo más rápido posible. Les hemos hecho un caso bastante discreto.

Donella dedicó buena parte de su vida a la enseñanza y la divulgación. En este artículo recopilé algunos de los vídeos de Youtube en el que sale explicándose divinamente, con distintos grados de cutrerío estético noventero. Lo malo es que está todo en inglés, y por lo general no ha habido muchos recursos para visitarla en castellano. En este otro artículo resumí la parte de su teoría que a mí más me gusta, que es una pequeña clasificación sobre las distintas formas de incidir en un sistema complejo.

Además, la editorial Capitan Swing ha publicado recientemente su obra principal, Pensando en sistemas, en castellano, así que ahí hay otra posibilidad. Este libro es un curso de iniciación sobre pensamiento sistémico, los distintos mecanismos que operan en los sistemas complejos y cómo aprender a analizarlos para – con suerte – evitar pifiar de nuevo de las mismas formas.

Si aprendiésemos a pensar en sistemas veríamos que muchos de los sistemas más importantes – políticos, económicos, sociales – en los que participamos no tienen fallos, sino que funcionan perfectamente pero están orientados a unos objetivos terribles.

Si aprendiésemos a pensar en sistemas, podríamos hacernos de otra forma muchas de las preguntas en las que nos atascamos constantemente, encontrar soluciones distintas y diseñar otro tipo de sistemas nuevos, sistemas que nos permitan enfrentarnos a algunos de nuestros desafíos más importantes y, cuando menos, entenderlos por lo que son.

En las últimas semanas se viene dando un intenso debate, rodeado de urgencia, sobre la crisis alimentaria sobrevenida con la crisis de Ucrania y el alza en los precios de la gasolina. El tema no es baladí y las declaraciones más o menos apresuradas de actores interesados en rebajas en ciertas políticas ambientales, sociales y sanitarias para mantener baratas ciertas producciones agroalimentarias vienen acompañadas de otras declaraciones e informes de entidades globales que alertan de una más que posible e intensa crisis alimentaria global. Hay una gran distancia entre las voces que ponen el grito en el cielo para mantener el negocio de los alimentos tal y como está (cada vez más concentrado en un número menor de grandes empresas globales), en nombre de la economía y el empleo, y la falta de respuestas frente a los desafíos que introduce una crisis múltiple: pandemia de COVID, cambio climático, disponibilidad decreciente y alza de precios de combustibles fósiles y otros recursos minerales, caída de rentas y de empleo en la agricultura familiar, inflación, y guerra en Ucrania, por nombrar los que se expresan con mayor urgencia. Especialmente asusta la dificultad para considerar todos estos problemas, derivados de una insostenible presión sobre los recursos naturales, desde una perspectiva integrada. Y la verdad -si es que existe algo parecido a la verdad- es que no es para menos.

La guerra en Ucrania y la amenaza de desabastecimiento de alimentos

La guerra en Ucrania ha puesto en peligro el abastecimiento de algunos alimentos e insumos agrarios, al ser Ucrania y Rusia grandes productoras de granos (trigo y maíz, entre otros) y Rusia de los nitratos y la potasa -componentes de la mayoría de los fertilizantes- necesarios para producirlos. La producción de nitratos y de otros insumos se encarece además por su dependencia del gas, encarecido y escaso en Europa debido a la guerra. Esto ha generado alarma respecto a un posible desabastecimiento de alimentos (incluido el aceite de girasol) que ha sido desmentido por el Ministerio de Agricultura. Pero de esta alarma han surgido, entre otras medidas, ayudas públicas por valor de 124 millones de euros para el sector del vacuno de leche (para que compre unos piensos que hoy son más caros), y un cambio en la normativa ambiental que permite cultivar en barbechos y en las “superficies de interés ecológico” para poder producir cereales.

En efecto, nuestro país es un gran importador de granos, especialmente maíz, que junto con la soja (importada en su casi totalidad) son la base de la alimentación de la ganadería intensiva (especialmente a través de piensos para la producción industrial de cerdos, pollos y leche de vaca). La escasez y el alza de precios de los cereales son un problema para el sector ganadero nacional, especialmente el intensivo que produce carne de cerdo y pollo de bajo valor añadido y altos impactos ambientales, que es un gran exportador de carne y que sostiene una importante industria agroalimentaria. La escasez y el alza en los precios de los combustibles fósiles y de los nitratos también va a suponer un problema en general para la producción local de granos, altamente dependientes de fertilizantes químicos y de maquinaria pesada.

La guerra en Ucrania está sirviendo de excusa para reducir exigencias ambientales, sociales y sanitarias con argumentos en favor de mantener el empleo y sostener la economía. ¿Pero qué economía? ¿La de un sector agrario que lleva décadas con una caída en picada de la renta agraria, un incremento sideral del endeudamiento de las explotaciones, y la desaparición de un 10% de explotaciones agrarias cada 10 años? ¿La de un consumo de alimentos cada vez más caros, más contaminantes y que nos enferman? ¿La de un empleo agrario cada vez más precario y desprotegido, presionado con los bajos y decrecientes precios que perciben las pequeñas y medianas explotaciones agrarias por sus productos? ¿Estas medidas van a mejorar las condiciones de vida de ese 14% de la población española en situación de inseguridad alimentaria tras la pandemia de COVID, según un reciente estudio de la Universidad de Barcelona?

Agricultura, salud, cambio climático y agotamiento de recursos

La Comisión Europea acaba de publicar una propuesta de reglamento que incrementa el control de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de contaminantes en las grandes explotaciones de ganadería intensiva, aquellas que suponen un tercio del total y emiten un 60% de los gases de amonio y un 43% del metano del sector. El borrador propone a su vez el apoyo a las pequeñas y medianas granjas de ganadería extensiva. Es una propuesta claramente insuficiente y que se implementará tarde (en su caso, en 2025), a todas luces, si atendemos a la urgencia en la acción climática que exigen el Secretario General de Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Pero algunas voces de peso dicen que ahora no es el momento.

Y es que nunca llega el momento de actuar para revertir la dinámica que nos ha llevado a traspasar muchos de los principales límites planetarios y del propio bienestar humano: pérdida de biodiversidad, cambio climático, ciclos de fósforo y nitrógeno, o sistema de usos de la tierra. El Estado español ha sido multado por el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado medidas suficientes frente a la contaminación por nitratos proveniente de la agricultura y la ganadería intensiva. El gasto sanitario relacionado con el consumo excesivo de carnes, y especialmente de carnes industriales, ha sido estimado en 5.500 millones anuales por la Comisión Europea. La Organización Mundial de la Salud lleva años señalando la necesidad de reducir el consumo de carne y de alimentos procesados y ultraprocesados, que generan enfermedades no transmisibles a 2.000 millones de personas en el Mundo. Y el último informe del IPCC resalta el papel de la agricultura, y especialmente de los cambios en los usos del suelo para la producción de piensos, forrajes y carne, como responsable de un 22% de las emisiones globales de GEI. A su vez, señala el cambio de dieta y los cambios en las prácticas agrarias (para reducir el uso de fertilizantes y combustibles fósiles) como algunas de las herramientas más poderosas en la mitigación del cambio climático.

La guerra en Ucrania está sirviendo para mostrar al sector de la ganadería intensiva, especialmente el de las denominadas “macrogranjas” de pollos, huevos, cerdos y leche de vaca“, como un sector dependiente de insumos insostenibles, y por lo tanto de rentabilidad social y económica artificiales. La justificación de por qué se apoya a este sector es la misma que llevó a una dura crítica a la estrategia europea ”De la Granja a la Mesa“, que en 2020 fijaba objetivos para 2030 de un 25% de superficie agraria cultivada en agricultura ecológica, y de reducción de un 50% en el uso de fertilizantes químicos, antibióticos y pesticidas. Pero el último informe del IPCC es muy claro: el coste de tomar inmediatamente las medidas necesarias para mitigar el cambio climático será mucho menor que los costes si no se toman las decisiones adecuadas. Según el último informe de IPCC, si mantenemos las actuales políticas de producción y consumo, el incremento de temperatura media del planeta en 2100 se situaría alrededor de 2,7ºC, muy por encima de los 1,5ºC establecidos en los acuerdos de la COP25 de París como deseables. Dicho incremento sería catastrófico, y en parte ya lo está siendo.

Demasiados problemas y falsas soluciones

Para algunas voces el cambio climático va a ser la mayor de todas las guerras, por los efectos que ya está teniendo sobre nuestras economías y nuestras vidas. Y es una guerra que nos hacemos a nosotros y nosotras mismas. Hemos puesto a la naturaleza a trabajar a marchas forzadas para el crecimiento de la producción y el consumo, y ahora nos estamos dando cuenta de que ya no da para más. De lo que parece que aún no nos damos cuenta, como señala Jason W. Moore, es de que somos naturaleza, y que la naturaleza somos nosotros y nosotras. Aun alimentamos el mito de que podemos controlar la naturaleza como algo externo, sustituible por capital y que queda fuera de las ciudades que habitamos. Y por este espejismo nuestra clase política no está tomando las decisiones adecuadas, a pesar de que tanto la ciencia como la sociedad civil tenemos claro cuál es el único camino a tomar: reorganizar nuestra sociedad para reducir el consumo de materiales y energía. Cada vez más informes y declaraciones de las Naciones Unidas y la Comisión Europea nos urgen también en esta línea.

Un par de ejemplos de “inacción activa”. A pesar de que nuestro gobierno ha suscrito los compromisos de la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”, que muchas personas y entidades consideramos insuficientes frente a los retos globales, en esta crisis se están destinando millones a apoyar modelos de agricultura y ganadería poco sostenibles (como las macrogranjas); y que generan poco empleo y de poca calidad, miles de millones de euros en gasto sanitario, cambio climático y contaminación. Mientras tanto se considera al sector de la producción ecológica como un sector marginal al que se dan muy escasos apoyos, incluso siendo el 5º en el Mundo y con un crecimiento anual superior al 5% tanto en consumo como en producción. Otro ejemplo: a pesar de que la palabra “decrecimiento” aparece 28 veces en el citado documento del IPCC (suscrito por cientos de científicos y científicas del primer nivel mundial), esta desaparece completamente en el texto de “Resumen Ejecutivo”, aquel que es negociado y aprobado, palabra a palabra, por representantes de los gobiernos de los 195 estados miembro del Panel. La fe ciega en la tecnología aparece en este consenso intergubernamental como la única salida para compaginar crecimiento económico y reducción de emisiones, pero en realidad esta fe no está dando sus frutos frente a la crisis climática. Al contrario, las evidencias científicas apuntan a que a más tecnología, más consumo de materiales y energía, y más degradación.

Es tiempo de cambiar nuestros sistemas alimentarios

Ya no es posible superar las tensiones sociales mediante el crecimiento económico, al traspasar la tensión hacia una mayor presión sobre los recursos naturales (más energía, más minerales, más producción agraria), como se viene haciendo en los últimos siglos. Un evento tan desolador como la guerra en Ucrania -que como todas las guerras tiene una importante dimensión de control de los recursos naturales- no puede ser excusa para apretar más a la naturaleza, porque esta ya no da más. El sistema económico mundial no está funcionando, y seguir apretando en la misma dirección, en la alimentación y en el resto de sectores, es echar más leña al fuego. Seguir en el mismo modelo es precipitar los próximos episodios de crisis, que se solaparán con las que ya sufrimos. La guerra en Ucrania es una expresión de esta misma situación.

En esta pandemia de ceguera que nos asola, digna del libro de Saramago, hay algunas preguntas que me vienen a la cabeza una y otra vez. Si estamos preocupados por si habrá alimentos para todos y todas en calidad y cantidad suficiente y a precios accesibles; si consideramos la alimentación algo tan estratégico como para inyectar muchos millones de euros para tratar de contener la inestabilidad de precios (si Adam Smith levantase la cabeza…); ¿por qué no se intervienen y protegen los precios de los alimentos, tal y como se hace, por ejemplo, con el agua? Si la alimentación adecuada y sostenible es un bien público y un derecho reconocido por las NNUU en 2005; si hoy reconocemos el papel central de las malas agricultura y alimentación en las crisis ambiental y sanitaria actuales; si las actuales crisis globales anidadas están revelando un sistema alimentario altamente vulnerable y una seguridad alimentaria global en riesgo, ¿por qué no sacamos la alimentación de los acuerdos globales de libre comercio? ¿Por qué no se regula la alimentación en base al interés público y no en base a la especulación y las ganancias privadas?

La responsabilidad de la actual crisis agraria está entre las administraciones y las grandes empresas agroindustriales, que en este escenario se están expresando con voz única. Los intereses de las grandes empresas de procesado y distribución de alimentos, cuyos beneficios crecen cada año, no responden a las necesidades de la agricultura y ganadería familiares, ni del consumo, ni de la sociedad en su conjunto. Necesitamos un modelo económico que enfríe el planeta, que reduzca la presión sobre los recursos naturales, y que deje de enfermarnos con malas dietas y alimentos insanos y/o tóxicos. Necesitamos diversificar las producciones locales y asegurar que quienes las cultivan perciben precios dignos y suficientes por hacer una agricultura sostenible, que no dependa de insumos de territorios lejanos e industrias contaminantes. Necesitamos comer menos carne y derivados cárnicos, y comerlos de la ganadería extensiva adaptada a nuestros ecosistemas mediterráneos: pequeños rumiantes (caprino y ovino) y sus derivados. Y necesitamos una clase política valiente que construya las condiciones para que las opciones de consumo justo, sostenible y saludable sean las más cómodas, accesibles y apetecibles. Ya es el mejor momento de empezar a hacer las cosas bien.

En la segunda quincena de marzo se celebró en Nueva York la 66ª CSW (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas). La CSW ha versado sobre el cambio climático y su impacto de género y, por tanto, de cómo enfrentar la crisis climática desde una perspectiva feminista. Para ello contó con la participación del Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres como representación española.

La ciudadanía unida en la Alianza Energía y Territorio, llevamos más de un año alertando de los impactos en la generación, distribución y consumo que provoca el actual desarrollo de transición energética que abandera el presente gobierno. Han apostado por una transición que se basa únicamente en un insuficiente cambio tecnológico de combustibles fósiles a renovables (como si la tecnología nos fuese a salvar siempre del abuso en el uso de recursos), perpetuando un modelo energético a gran escala, centralizando la generación y el poder frente a un modelo distribuido más justo, democrático y sostenible.

Se mantiene un modelo que refuerza las desigualdades en las relaciones de poder, al tratar la energía como un negocio y no como un bien común que debe beneficiar a las personas y respetar la biodiversidad. Es un modelo energético centralizado y macro que, como todo el sistema capitalista general sobre el que se contextualiza, impacta más en los sectores más vulnerables incluyéndose a la mujer. Agrava la crisis social, las desigualdades y pobreza en general, y la pobreza energética y desigualdad de género en particular.

Curiosamente, estas instalaciones a gran escala se están emplazando de manera prioritaria en los espacios más vulnerables, es decir, en el medio rural que posee menos opciones y servicios, con escasa población (aunque con los mismos derechos que todos y todas), mucha de ella empobrecida y con poca vertebración social. Es una población a la que, por cierto, no se le ha informado ni permitido participar de esta transición que, sin duda, modificará sus vidas.

Especialmente, la actual transición energética incide negativamente en el mundo rural en general y en la mujer rural en particular. Puesto que ALIENTE es una alianza constituida por más de 205 entidades distribuidas por todo la geografía española, se reúnen numerosos ejemplos sobre este impacto.

Se puede mencionar a Antonia, agricultora ecológica en Málaga. Sus tierras quedarán totalmente rodeadas de paneles fotovoltaicos. La amenaza de expropiación en nombre de una supuesta utilidad pública está presente y la ruina de su proyecto de vida, en caso de aprobarse los proyectos, está garantizada. A Ana, en el Campo de Tabernas en Almería, ya le sucede. A las obras de construcción de una macroinstalación de fotovoltaicas fragmentada para eludir responsabilidades administrativas y legales solo le separa la verja de su casa. Se había trasladado hace tres años a ese medio natural ahora tan agredido por prescripción médica. Nadie le había informado de los planes energéticos de la zona.

También se puede recordar a Nieves, que regenta un negocio de turismo rural en un pueblo de 140 habitantes en Teruel. Su comarca está amenazada por casi un centenar de aerogeneradores, 504 MW solo de una empresa promotora. Teme que, de aprobarse el proyecto, se minimizarán el número de clientes como ya ha pasado con el turismo rural en la vecina Terra Alta, inundada de molinos en la anterior oleada de invasión macrorenovable. Ahora los aerogeneradores son más grandes y podrían amenazar también a la salud de quien convive próximo a ellos. 

Ana es de un pueblo de Madrid, madre de tres hijos y profesora de instituto de un pueblo cercano donde vive. Inició la movilización vecinal contra la amenaza fotovoltaica en el Sureste de Madrid, zona anteriormente amenazada por la también dañina gestión centralizada de residuos en macrovertederos, incineradoras, etc. Sabe que si no se organizan y manifiestan su rechazo, habrá más posibilidades de que acabe teniendo largas extensiones de placas fotovoltaicas nada más abrir la puerta de casa. Lamentablemente, apenas tiene tiempo libre para seguir organizando y manifestando su oposición a los proyectos. Como tantas familias, los cuidados de sus hijos siguen recayendo mayoritariamente en ella. 

Lluisa en Girona se está organizando con otras mujeres para movilizar a las cofradías de pescadores contra la eólica marina. Parece que no es suficiente el sobredimensionamiento renovable actual pues ahora también se proyectan aerogeneradores en el mar, algunos en áreas naturales protegidas. El objetivo en España para 2030 es generar 89 GW de energía renovable pero hoy en día ya hay proyectos también en tramitación con una generación que supera ampliamente los 200 GW, muy por encima de los planes del propio gobierno. Y todo ello se hace en nombre de una falsa solución a la crisis climática, como advierte el mundo científico.

Aún hoy las mujeres están menos liberadas de cuidados que asumen solamente ellas, hay más tierras y contratos de propiedades susceptibles de ser ocupadas con renovables a nombre de hombres que de mujeres; son más los hombres que dirigen en público y mujeres las que trabajan y organizan en silencio,… Son de manera mayoritaria y abrumadora las mujeres las que están dirigiendo y trabajando en todas las plataformas locales y estatales en la lucha desigual contra las macrorenovables. Las mujeres son imprescindibles para la cohesión social y natural de los territorios y resulta esencial que se permanezcan y regresen al mundo rural para evitar la despoblación y mantener el mundo rural vivo y digno puesto que sostienen la vida y la lucha por el bien común.

Lo cierto es que en la actual transición energética hay una clara relación desigual entre el oligopolio energético, que ve favorecido su negocio en cuanto a tramitación, financiación y beneficios, en contraposición con las desinformadas gentes de los territorios del mundo rural, donde el oligopolio instala sus macroproyectos. Son personas que tienen que sacar tiempo y dinero que no tienen, además de formación a marchas forzadas, para familiarizarse con el lenguaje jurídico, presentar alegaciones y resistencia a los macroproyectos de renovables que amenazan su calidad de vida.

Al mundo rural, acostumbrado tradicionalmente a la autosuficiencia, se le impone sin preguntarles un desarrollo de generación colonialista de renovables a gran escala que se lleva la energía lejos. Este desarrollo destruye empleo, tejido productivo y, por tanto, arruina el futuro de la población del medio rural donde se ubican las macroinstalaciones de generación de energía para aportar beneficios donde se consume dicha energía: en las ciudades e incluso en otros países, perdiéndose gran parte de ella en el transporte, más de un 35%. Otra vez se socializan los impactos, pero sin apenas participación en los beneficios.

Ante la protesta de la población rural afectada se le acusa de insolidaridad pero en realidad es otro ejemplo más de colonialismo y extractivismo de recursos, el energético en este caso. Desafortunadamente, en la transición a las renovables se están desaprovechando todas las virtudes que ellas mismas ofrecen, tanto por su carácter distribuido como modular, que facilita la generación de energía en el lugar donde se consume por aquella persona que la utiliza y ajustada a la demanda. Esto es ahorro y eficiencia energética. Democratizando la energía e independizándonos de la voluntad del oligopolio energético, lucharíamos contra la pobreza energética que ahora castiga a los colectivos más vulnerables. Citaremos como ejemplo que entre las ayudas por pobreza energética que se dieron en Barcelona en 2015, más del 70% fueron solicitadas por mujeres, evidenciando la feminización de la pobreza, que impacta especialmente en este colectivo. Quienes más lo necesitan, sin recursos suficientes y sin acceso a subvenciones para instalaciones de autoconsumo ni adecuación de sus viviendas para hacerlas más eficientes a tener serias dificultades para pagar el recibo de la luz, sujeto a la voluntad del oligopolio energético. Sin embargo, aquellos colectivos más desfavorecidos podrían afrontar un consumo de energía menor si se favoreciera la eficiencia energética de sus viviendas con las que se puede ahorrar hasta un 67% del consumo. La eficiencia energética es en sí misma una fuente de energía.

No olvidemos que tener acceso a la energía, fundamental para mantener una vida digna, es un derecho.

La población representada en la alianza estatal y de carácter voluntario ALIENTE, reclama un modelo distribuido de renovables que acerque los centros de producción a los de consumo, que incluya la participación ciudadana, la ordenación territorial y que se base en la capacidad de ahorro en el consumo adecuándolo a necesidades reales sin despilfarro, a la aplicación del principio de eficiencia energética, al autoconsumo y las comunidades energéticas como formas de democratización de la energía. Se trata de cumplir compromisos europeos, como el relativo a la participación en la CWW pero también a las directivas del Paquete de Invierno aún no transpuestas. Se exige poner el foco de la transición energética en vez de en la generación y el dinero, en la vida y en el bien común.

Es momento de romper con los privilegios de las grandes empresas del sector energético y de que se respete y atienda a quienes defienden el bien común, que redistribuya equitativamente oportunidades para alcanzar la necesaria transición energética ecofeminista y justa con las personas y la vida en los territorios. Es hora de favorecer la comunicación entre las administraciones, la ciudadanía y el entorno científico, para alcanzar un desarrollo armónico de las energías renovables, con planificación, con respeto a los territorios, a las economías locales y a la biodiversidad.

Es tiempo de aprovechar las deliberadamente ignoradas virtudes de las renovables, para avanzar hacia un modelo energético que nos permita revertir las injustas relaciones de poder con las personas y la naturaleza como el patriarcado y el colonialismo. Es momento de cambiar, no solo la tecnología en la transición energética, sino la forma de relacionarnos entre nosotras, nosotros y el planeta, hacia la cooperación y la valoración de la vida y bien común

La incapacidad para recordar información tras una experiencia traumática se denomina amnesia disociativa. Resulta frecuente que suceda para facilitar el olvido de sucesos especialmente negativos. Lo llamativo de nuestra sociedad es que también tiene tendencia a sepultar aquellos episodios que deberían ser fuente de orgullo, inspiración y esperanza para cambiar las cosas. Las urgencias, lo coyuntural y la tiranía de la actualidad dificultan la elaboración de una memoria significativa de acontecimientos, como pudo ser el surgimiento de las redes vecinales de ayuda mutua durante la pandemia.

La ayuda mutua fue teorizada por el geógrafo anarquista ruso Kropotkin, que asumiendo los postulados de Darwin denunció el biologicismo simplista impulsado por muchos de sus seguidores, que restringían la lucha por la vida a la competencia y la pervivencia de los más fuertes o mejor adaptados. Una visión ante la cual desarrolló la noción del apoyo mutuo, que reconocía en la sociabilidad una ley de la naturaleza del mismo rango que la competencia. La cooperación, la interdependencia y el cuidado serían el principal factor de la evolución en la naturaleza y por extensión de los sistemas sociales.

La figura de Kropotkin ha sido injustamente menospreciada por la historiografía y la sociología, suele desconocerse que fue el autor más influyente en nuestra geografía a principios del siglo XX y que La conquista del pan fue el libro de ensayo más editado en la España de la época. Tal vez sea solo otro olvido.

Ante la aguda y acelerada crisis social derivada de la pandemia, la ayuda mutua emergió como la fórmula que servía para nombrar y explicar la oleada de iniciativas solidarias que tomaron cuerpo en barrios y pueblos. Centenares de redes vecinales se volcaron en organizar despensas comunitarias, donar o prestar dispositivos tecnológicos para atender a las clases on-line de los colegios, montar roperos solidarios, evitar el aislamiento, apoyar emocionalmente a personas afectadas por la soledad no deseada, pasear mascotas, apoyar en trámites administrativos, asesorar legalmente, orientar laboralmente o denunciar incumplimientos en materia de derechos sociales.

A dos años de la declaración del estado de slarma conviene recordar como en una situación de emergencia, ante el fallo y la impotencia de los mecanismos de mercado (intercambio) y de las políticas públicas (redistribución) para resolver las necesidades básicas de miles de personas, se activó una lógica comunitaria basada en la reciprocidad. Esta movilizó una economía moral, que tenía más que ver con valores y normas culturales como la empatía, el altruismo, la solidaridad y la justicia, que con el cálculo en términos monetarios o la inmediatez en la devolución de favores.

Y es que las redes funcionaron como una política pública desde abajo. La agilidad, la flexibilidad y la capilaridad les permitieron activar recursos, coordinar actores y crear mecanismos de intervención participativos de forma temprana, dotando de una mayor capacidad de resiliencia a nuestras sociedades; al mismo tiempo que contribuían a generar y compartir una cultura ciudadana solidaria. Este sorprendente ejercicio de autoorganización ciudadana fue un complemento imprescindible a la acción de las Administraciones Públicas, que tienen tendencia a olvidar cómo ante catástrofes y situaciones excepcionales no resulta factible una respuesta autosuficiente que eluda cooperar activamente con la sociedad civil.

Rebecca Solnit en Un paraíso construido en el infierno, editado por Capitán Swing muestra cómo los acontecimientos drásticos y dramáticos, no deseados ni planificados, que interrumpen la normalidad y nos obligan a adaptarnos a unas circunstancias muy adversas, cambian las prioridades y abren huecos para que sucedan fenómenos que días antes resultaban impensables. Una inapelable constatación de que la catástrofe suele sacar lo mejor de la gente (compromiso, creatividad, solidaridad, anhelo de vida pública, sentimientos comunitarios…), de que las situaciones de emergencia pueden ofrecer fugazmente escenarios donde predomina el cuidado de la vida y las lógicas prosociales. Espontáneos y forzosos ensayos de que otros mundos son posibles.

Las redes vecinales surgidas durante la pandemia vendrían a ratificar estas ideas, siendo una mezcla de las respuestas espontáneas de comunidades del desastre y de la experiencia acumulada durante décadas por los tejidos asociativos a la hora de establecer mecanismos de solidaridad colectiva. Un movimiento que ha evidenciado la importancia que juegan los tejidos sociocomunitarios en estas situaciones: tienen arraigo en los territorios, atesoran una alta capacidad de improvisación, pueden articular redes informales y movilizar recursos, disponen de una complicidad previa con profesionales de los servicios públicos de proximidad y suelen disponer de canales de diálogo abiertos con las instituciones locales.

A este movimiento se sumarían las microsolidaridades a nivel de escalera que fueron determinantes para garantizar de forma invisible el bienestar de muchas personas. Unas dinámicas informales de solidaridad, basadas en la máxima proximidad que representa el bloque de viviendas. Las escaleras adoptaron temporalmente dinámicas comunitarias, que se tradujeron en cuestiones como compras conjuntas, juegos en los balcones y celebración de cumpleaños, préstamo de películas y libros, intercambio de juguetes, pero también de recetas y de platos de comida cocinados, la muestra de gestos de afecto… Unas prácticas de cuidado, inéditas en muchos edificios o urbanizaciones que indirectamente aumentaron la interacción vecinal y mejoraron la convivencialidad.

No se trata de pretender universalizar y hacer permanentes los patrones de comportamiento que acontecen en momentos extraordinarios, sino de ser capaces de identificar los aprendizajes que deberíamos sistematizar y protocolizar de cara al futuro.

Pandemia, desbastecimientos, Guerra en Europa, crisis energética, coaliciones de gobierno con extrema derecha… son las piezas que vistas como problemas aislados y coyunturales nos impiden ver el puzle de la emergencia ecosocial que las conecta. Ahora vamos siendo conscientes de que los fenómenos disruptivos y las situaciones de crisis van a volverse recurrentes, por lo que desperdiciar y desaprovechar las enseñanzas derivadas de la experiencia de las redes de ayuda mutua sería un error imperdonable.

Desde el Grupo Cooperativo Tangente hemos tratado de hacernos cargo de este desafío y presentamos la investigación Solidaridades de proximidad. Un ejercicio de memoria de lo acontecido, así como un modesto aporte a la importante labor de hacer un balance. Hemos tratado de extraer pautas y patrones organizativos de éxito, identificar prototipos replicables, reconocer obstáculos y fragilidades, así como analizar las claves que permiten aumentar la resiliencia social ante las catástrofes. Una forma de anticiparnos a las nuevas situaciones de excepcionalidad que nos esperan a la vuelta de la esquina.

El movimiento protagonizado por las redes de ayuda mutua durante la pandemia es el suelo fértil donde sembrar las semillas de cambios más profundos y perdurables. Buena parte de nuestra esperanza a la hora de mirar al futuro reposa en esas minúsculas semillas. Tenemos la responsabilidad de ofrecerles luz frente al eclipse que las asfixia, de ser generosos con nuestra capacidad de cuidarlas y de sostenerlas, viendo en ellas su potencialidad para desplegar las mejores versiones de lo que somos capaces como sociedad.

Al mismo tiempo que en 2021 se superan máximos históricos en la producción de electricidad a partir de carbón, la narrativa de la transición energética gana centralidad en las altas esferas de la economía global. Independientemente de si existe o no una verdadera transición, lo que es indudable es el interés de las grandes potencias capitalistas por asegurarse una posición de ventaja en el desarrollo de las nuevas tecnologías bajas en carbono. Un factor clave para lograrlo tiene que ver con asegurar el suministro de aquellas materias primas críticas para la fabricación de tecnologías como los paneles fotovoltaicos, los aerogeneradores o los vehículos eléctricos. Metales como el litio, el cobalto, o las tierras raras entran con fuerza en el centro de la geopolítica, con previsiones de una multiplicación de su demanda para 2040. Esta nueva “fiebre de la tabla periódica” viene acompañada de la multiplicación de los impactos sociales y ambientales de una minería que ahora se autodenomina como “verde” o “sostenible''. Tal es el caso que encontramos en Latinoamérica, donde el extractivismo de este tipo de metales se está convirtiendo en uno de los principales conflictos socioambientales, según ha documentado recientemente el Atlas de Justicia Ambiental.

Suministro doméstico

La dependencia exterior de la Unión Europea para aprovisionamiento de estos metales, los compuestos refinados y las propias tecnologías ha hecho que la Comisión Europea trazara en 2020 un Plan de Acción de Materias Primas Críticas. Su objetivo es reducir la dependencia y fortalecer el suministro doméstico de aquellas materias primas estratégicas. Bajo este paraguas, se ha redirigido la vista hacia la explotación minera de yacimientos dentro de nuestras fronteras. Este hecho podría ser visto como algo positivo que reduce las dinámicas de extractivismo e intercambio ecológico desigual de la Unión Europea con respecto a otros países del Sur Global. Podríamos pensar que esta estrategia alivia los impactos y conflictos en aquellas zonas que actualmente se ven afectadas.

Sin embargo, bajo el actual modelo económico y de desarrollo, esta relocalización de la minería apunta hacia una expansión de la frontera extractiva sin reducirla en ningún otro lugar. Como señalaba Thea Riofrancos en un reciente artículo en Foreign Policy: “trasladar la minería de un sitio a otro no aborda las causas fundamentales de la extracción depredadora: las políticas, las prácticas cotidianas y los modos de producción y consumo que requieren un flujo constante de materias primas”. Al mismo tiempo, el informe «Minería Especulativa en España» de Ecologistas en Acción publicado en 2019 advertía de cómo el impulso de la minería doméstica de la Unión Europea está promoviendo prácticas altamente especulativas, no sostenibles y poco responsables. Nuevas empresas del sector están optando por métodos de extracción lo más económicos posibles pero con un alto impacto ambiental, como la minería a cielo abierto y la lixiviación de escombreras.

Lamentablemente, lo más previsible es que estas advertencias sean desoídas y se imponga la narrativa que justifique utilizar todos los medios disponibles para asegurar un suministro estable para una demanda creciente. A pesar de la insostenible reconstrucción del business as usual, los pactos verdes del capitalismo europeo marcan una lógica dominada por el extractivismo. Esto se refuerza en el momento en el que estas materias primas son también estratégicas desde el punto de vista de la defensa y el sector aeroespacial. Así lo señalan documentos de análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa. O, tal y como aparece en la propia Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en la se mencionan las dependencias y repercusiones geopolíticas que tienen los nuevos materiales que están ganando protagonismo tecnológico, como es el caso de las tierras raras.

Armarnos de propuestas

En este momento no es posible mirar hacia otro lado. La orientación de la transición ecológica es un conflicto encarnado en los territorios y la lucha de clases. Como hemos visto, la indudable centralidad de las materias primas críticas apunta a desarrollarse como una disputa intercapitalista. Pero esta situación nos puede brindar también la oportunidad de avanzar en posiciones ecosociales. Para ello necesitamos armarnos de propuestas, y ese es justamente el sentido que tiene el informe «Reciclaje de metales. La alternativa a la minería» del Área de Minería de Ecologistas en Acción, recientemente publicado.

En esta investigación abordamos diferentes preguntas, entre las cuales se encuentra la de: ¿qué parte de la demanda de metales necesarios para las nuevas tecnologías de transición podríamos cubrir a partir del reciclaje? Para responderla, hemos estimado la cantidad de minerales que demandaría la expansión de los vehículos eléctricos y de la producción eléctrica fotovoltaica y eólica hasta 2030 en el estado español según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Por otro lado, estimamos la cantidad de minerales contenidos en el stock de vehículos, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos presentes actualmente en la economía española y que podrían llegar a los canales oficiales de recogida. De esta forma, obtenemos que a partir de la minería urbana se podría cubrir el conjunto de la demanda de oro y cobre, entre el 30 y el 60% de la de níquel, neodimio y disprosio, entre el 3 y el 9% de la de litio, indio, cobalto y plata.

Estos resultados, sin embargo, representan únicamente un potencial máximo. Lo que está ocurriendo realmente es muy diferente. Las actuales tasas de reciclaje de metales como el neodimio y disprosio (del grupo de las tierras raras) en la Unión Europea son de 1,3 y 0%, respectivamente. Esto quiere decir que estas materias primas críticas están continuamente perdiéndose como chatarra o impurezas en los procesos de reciclaje de vehículos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). De esta forma, mientras se amenaza con la apertura de yacimientos de tierras raras en Ciudad Real, Ourense, Almería, Asturias, Salamanca o Canarias, estamos continuamente achatarrando unos recursos considerados como clave para la hegemonía mundial según responsables del ejército.

Esto ocurre así porque los procesos de reciclaje y recuperación de este tipo de materiales son muy complejos y costosos. Cuando se gestionan los vehículos al final de su vida útil (VFU) en un centro autorizado de tratamiento (CAT) solamente se recuperan las fracciones principales de materias primas como aluminio, cobre, hierro, vidrio o plomo, mientras el resto se pierde. Algo parecido ocurre con los RAEE recogidos en los puntos limpios. Sin embargo, un impulso decidido desde el sector público podría superar los obstáculos económicos que impiden un reciclaje mucho más sistemático. Una propuesta concreta en este sentido sería la creación de un Centro Estatal de Almacenamiento de Metales Críticos que asegure la compra pública de los metales recuperados.

Compra, almacenamiento y suministro bajo control colectivo

Podemos identificar tres obstáculos principales al reciclaje de metales en el estado español. En primer lugar, la competencia desleal que representa la extracción primaria con unos bajos costes económicos que no representan la magnitud del impacto de esta actividad. En segundo lugar, la volatilidad de precios de materias primas. Esto es algo que previsiblemente se va a mantener durante toda la década, y está estrechamente relacionado con factores estructurales y coyunturales de la crisis ecológica. En tercer lugar, la ausencia de unos mercados estables que den salida a los metales recuperados a partir de procesos de reciclaje. Lo cual está muy vinculado a la ausencia de una industria local de fabricación de los dispositivos y componentes necesarios para las tecnologías de transición. Estos factores hacen que aquellos centros de reciclaje que actualmente ya han desarrollado procesos de recuperación de metales estratégicos tengan que tomar la decisión de no implementarlos por falta de rentabilidad. Al mismo tiempo, disuade de crear nuevas plantas de reciclaje con mayor capacidad de recuperación. Es aquí donde se enmarca la propuesta de un Centro Estatal de Almacenamiento de Metales Críticos. Se trataría de un organismo público que asegure la compra de aquellos metales recuperados a partir del reciclaje de residuos.

Un centro de estas características tendría la capacidad de investigar cuáles son los mejores procesos y técnicas de reciclaje que maximizan la recuperación de materias primas críticas desde todo tipo de residuos. A partir de ese conocimiento, que debería ponerse a disposición pública, podrían estimarse los costes económicos de la recuperación de cada metal desde cada tipo de residuo. En muchos casos, estos costes serán superiores a los que marque en ese momento el valor de mercado para esas materias primas. Este organismo tendría la función de asegurar a todo centro de reciclaje un contrato de compra pública que garantice que se cubran los costes económicos del proceso.

Las mejores técnicas de recuperación de materias primas exigen un trabajo muy intensivo en mano de obra para lograr el máximo desensamblado posible de los productos. Esto es algo que se ve penalizado cuando el valor de compra está marcado por los mercados internacionales, de forma que se acaba realizando un triturado del conjunto que dificulta la recuperación efectiva. Si los ingresos obtenidos por el reciclaje de metales se aseguraran mediante contratos de compra pública estables, podría aprovecharse esta afortunada coincidencia y maximizar la recuperación al mismo tiempo que se crean puestos de trabajo para miles de personas.

La creación del Centro Estatal de Almacenamiento de Metales Críticos facilitaría también el impulso de iniciativas locales y municipales de minería urbana. Podrían desarrollarse cooperativas e iniciativas público-comunitarias que creen empleo local y tengan asegurada una fuente de ingresos estable a partir de la venta de los metales recuperados. De esta forma, una actividad tan importante para el futuro inmediato como el reciclaje de metales podría ir desmercantilizándose, creando experiencias que fortalezcan el control colectivo por parte de las trabajadoras y comunidades locales.

Como su propio nombre indica, este organismo público tendría también la función de almacenar aquellos metales obtenidos a partir del reciclaje. ¿Almacenarlos para siempre? No, en absoluto. Cumpliría más bien la función de centro logístico, asegurando el suministro de estos metales para los usos socialmente decididos como prioritarios. De esta manera, la creación de este organismo debería ir acompañada también del desarrollo de plantas de fabricación de aquellas tecnologías necesarias para la transición energética.

¿Es una locura esta propuesta? Pues consideramos que no lo es, y podemos argumentar tres motivos. En primer lugar, podemos trazar un paralelismo con el National Defense Stockpile (NDS) de Estados Unidos, creado en 1939 con el objetivo de almacenar las materias primas estratégicas en una situación de guerra y corte de cadenas de suministro. Actualmente este centro sigue funcionando y tiene almacenados 42 materias primas por un valor de 888 millones de dólares, entre los que se encuentran algunas cantidades de litio, cobalto, tierras raras, tungsteno y platino. También podemos trazar un paralelismo con la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), tutelada en el estado español por el MITECO y que mantiene reservas de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural para garantizar la seguridad de suministro desde 1995. En segundo lugar, no podemos esperar a que se cree una escasez relativa en los mercados que incremente los precios y haga rentables muchos de los procesos de reciclaje que actualmente no se están llevando a cabo. Necesitamos planificar la capacidad de reciclaje, y no podemos seguir perdiendo metales estratégicos entre chatarras y escorias. En tercer lugar, la financiación pública para la extracción de estos metales con unos costes superiores a los de mercado ya está ocurriendo. Esa es la consecuencia de que el suministro doméstico sea considerado como una prioridad estratégica y de seguridad nacional por Estados Unidos o la Unión Europea.

De esta forma, vemos cómo existen precedentes y paralelismos que justifican una propuesta concreta como esta. Mientras los modelos de transición impuestos nos empujan hacia multiplicar los impactos del extractivismo, nuestra labor está en introducir y desarrollar propuestas ecosociales que avancen en un sentido contrario. El reciclaje de metales por sí mismo no nos sitúa en futuros post extractivistas, hace falta muchísimo más, pasando por un descenso de la esfera material de la producción y el consumo. Sin embargo, dicho reciclaje sí que será una pieza necesaria en las rutas que transitar, por lo que iniciar discusión pública al respecto es una tarea urgente.

La expresión “en el filo de la navaja” hace referencia a una situación complicada, frente a la que las alternativas que se elijan tienen dificultades y resultados radicalmente diferentes.

Como se muestra en la investigación realizada, ésta es la situación en la que se encuentra el planeta a comienzos del 2022. El crecimiento poblacional, el incremento de la ocupación y transformación de tierras con la destrucción de ecosistemas y biodiversidad, la promoción de una sociedad de consumo capitalista globalizada con un sector financiero-especulativo dominante, el grave aumento de las desigualdades territoriales y sociales, una revolución científico-técnica puesta básicamente al servicio del beneficio de multinacionales (con la incidencia expansiva del capitalismo de vigilancia), y un crecimiento continuo del malestar en las clases medias y más desfavorecidas, unidos a los efectos negativos crecientes del calentamiento global (con su incidencia sobre la inseguridad alimentaria, potenciando migraciones ambientales), no dejan margen para el optimismo sobre la evolución de la sociedad y del planeta, si no se reacciona mucho más radicalmente ante los problemas existentes.

A esto se sumaría un clima global de fragmentación política y el incremento de tensiones geopolíticas, en un marco en el que se hacen más probables conflictos militares. Y un malestar social, incrementado por las restricciones para prevenir contagios, por el deterioro de las condiciones de vida pre-pandemia (ocio, relación social directa...); así como por un aumento de precios ligado a la fragilidad actual de la logística global, derivada de los efectos de la pandemia, y de la presión sobre materias primas, minerales y energía.

La pandemia originó, en 2020, una crisis de dimensiones desconocidas en los últimos setenta años. Como en todas las crisis históricas del capitalismo, los poderes públicos y las élites han reaccionado para reproducir y mantener el sistema. Pero en ésta, la respuesta pública ha más que triplicado las ayudas producidas en la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008. Sus principales beneficiarios, en términos absolutos, han sido –directa o indirectamente- las grandes multinacionales, el capital riesgo y la especulación financiera, porque la extraordinaria liquidez generada por los Bancos centrales, con muy bajos tipos de interés, ha potenciado alzas en los mercados bursátiles con muy fuertes plusvalías para los especuladores y los accionistas, lo que ha incrementado fuertemente las desigualdades personales en ingresos y en riqueza.

Complementariamente, han provocado un aumento de los déficits y del endeudamiento público, con un alto riesgo de inestabilidad si el repunte de la inflación, con un importante peso de intereses geopolíticos y especulativos en el precio de la energía, da lugar al alza de los tipos de interés y a la reacción financiero-especulativa contra países y monedas con tasas record de déficit público y elevados niveles de endeudamiento público y privado, como es el caso español.

La Unión Europea aprobó, en 2019, el “European New Green Deal” para abrir un ciclo expansivo de “capitalismo verde” compatible con el objetivo de descarbonización socioeconómica para el 2050. La irrupción de la Covid-19, en marzo de 2020, implicó un cambio radical en sus políticas de contracción del gasto público, estableciendo mecanismos de respuesta (NEXT GENERATION EU y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –MRR-, fundamentalmente) orientados prioritariamente a una transición energética y digital, y a una recuperación socioeconómica más justa y cohesionada, aunque con una excesiva confianza en los avances científicos para solventar los problemas de insostenibilidad que nos han traído hasta aquí.

En este marco, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español (PRTRE), aprobado y valorado muy positivamente por la CE, permite el acceso a 140.000 millones de euros procedentes del MRR, entre 2021 y 2026, y es una gran oportunidad para la trasformación del modelo de desarrollo español: España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva.

Su éxito depende de una gestión eficaz y eficiente, dificultada por una administración pública española con demasiadas rigideces, y por la oposición de una derecha española, cuya radicalidad va creciendo según se acercan las elecciones, esperando hacer fracasar su aplicación.

El PRTRE potencia las actuaciones públicas en el fomento de la transición ecológica, insuficiente en muchos aspectos, pero que puede suponer un claro avance desde el punto de vista de la descarbonización, de la emergencia de comunidades energéticas renovables y de la protección del patrimonio natural. Y también lo hace en la mitigación de los efectos socioeconómicos más negativos de las medidas para proteger la salud frente a la pandemia, promoviendo el empleo y la actividad económica, en gran parte recuperando procesos productivos previos no precisamente óptimos ecosocialmente, pero enmarcados, en todo caso, en las grandes líneas de las políticas y objetivos europeos.

Pese a los avances esperables, la investigación concluye que es inviable una transición ecosocial (ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionada y territorialmente equilibrada) en el marco de la actual sociedad capitalista global de consumo, que se está viendo reforzada tras la crisis del Covid-19, con claras inercias y resistencias (sobre todo de las élites) al cambio necesario.

La transición hacia la sostenibilidad solo es viable si se producen grandes cambios en el consumo y en el estilo de vida occidental, que complementen los potenciales avances tecnológicos en descarbonización y desmaterialización (ingeniería/economía circular y eficiencia en el uso de recursos). Pero estos cambios son contradictorios con la actual sociedad, regida por intereses centrados en el beneficio individual y en la especulación financiera, que promueve una economía y una cultura que incitan a la expansión del consumo y al crecimiento del PIB, inhibe el cambio social necesario y hace insuficientes globalmente los avances programados en la eficiencia de los recursos, en la protección ambiental o en el uso de nuevas tecnologías.

Nos enfrentamos a un futuro global complejo, volátil y tremendamente inestable. El calentamiento global ya se sitúa en 1,2ºC por encima de los niveles preindustriales. El Pacto Climático de Glasgow, de noviembre de 2021, y los nuevos compromisos climáticos asumidos, son insuficientes para evitar el riesgo de incrementos de temperatura científicamente reconocidos como críticos.

Si no se enfrentan globalmente los riesgos ambientales y estos se superponen con una mayor fragmentación y desigualdad social, los resultados finales pueden ser fuertemente dramáticos para el devenir global, con el riesgo de que se pierda la confianza en las instituciones económicas y políticas actuales, se deteriore la democracia y aumenten las soluciones autoritarias.

El nuevo libro que publica Foro Transiciones sobre la reconstrucción del país tras la pandemia, que da título a este artículo, sintetiza las conclusiones de la investigación realizada sobre las políticas públicas puestas en marcha por la UE y el gobierno de España, constatando que nos encontramos “en el filo de la navaja”. Las decisiones que se tomen en estos años marcarán el devenir de nuestra sociedad de una forma determinante, por lo que el Foro Transiciones plantea la urgencia de abrir un debate que llegue a todos los rincones del país. Necesitamos impulsar una actitud informada, proactiva y exigente por parte de la ciudadanía, porque sin ella será prácticamente imposible alumbrar los nuevos paradigmas y relatos que lo excepcional de la situación requiere.