En memoria de los territorios indígenas del conurbano, una comunidad multiétnica resiste el avance inmobiliario

La comunidad de Tres Ombúes se encuentra ubicada en la Ruta Provincial Nº4 (más conocida como Camino de Cintura), entre la Autopista Richieri, el Río La Matanza y la Avenida Monseñor Bufano. Un cartel con la leyenda “Territorio Ancestral Indígena Tres Ombúes” indica el ingreso. Los miembros del espacio sostienen que allí se encuentra un cementerio indígena ancestral. El sitio ya fue declarado Yacimiento Arqueológico después de un estudio a cargo de un grupo de arqueólogos que encontró vestigios de utensilios y herramientas que pertenecieron a la Comunidad Querandí.

Este hallazgo abrió, también, una puerta de investigación sobre la posibilidad de encontrar allí restos humanos. Es que, en ese lugar, según Delia Claros -referente territorial de Tres Ombúes- “se inició el genocidio indígena más grande de Argentina”. Según su testimonio, allí se inició en 1536 la Batalla de Corpus Christi y luego, con la fundación de la Provincia de Buenos Aires (1586), se profundizaron “estos crímenes de lesa humanidad”. “El Río de la Matanza lleva ese nombre porque allí se derramó un lago de sangre”, le dice a elDiarioAR y renueva su pedido para que sea declarado como Cementerio Indígena Ancestral.

La comunidad multiétnica Tres Ombúes está compuesta por aymaras, quechuas, guaraníes y qoms, entre otras etnias, que se conformaron a partir de similitudes culturales, lingüísticas, históricas y raciales y conviven en el mismo territorio territorio. El 25 de septiembre de 2023, en un hecho histórico para los pueblos originarios, se les otorgó la personería jurídica a través del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros, como indígenas, no necesitamos un papel que diga quiénes somos. Pero, para realizar algunos trámites, estos documentos nos sirven muchísimo: por ejemplo, solicitar delimitaciones, gestionar subsidios y realizar proyectos”, agrega Delia.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO: LA DISPUTA POR LA TITULARIDAD DE PUENTE 13

 La crisis habitacional en la Provincia de Buenos Aires es una demanda que lleva años. Entre la dificultad de poder tener un acceso a una vivienda digna y el aumento de los alquileres, algunas familias deciden construir sus casas en un territorio del que muchos saben que no tienen título de propiedad y en algunos casos desconocen que son propiedad del Estado, lo que los lleva a caer en estafas inmobiliarias que juegan con la necesidad de las familias con pocos recursos económicos.

En 1945, el presidente Juan Domingo Perón expropió la zona de Ezeiza, partido de La Matanza, para la construcción de la Autopista Richieri, y en el proceso de la realización de estas obras quedó libre el predio Puente 13. Según un informe realizado por el periodista Bruno Yacono para el canal TN, la Agencia de Administración del Estado (AABE) adquirió el espacio en 1976 y luego lo entregaron al Sr. Carballo para la crianza de caballos. Cuando falleció, su hija, María Isabel Carballo, tomó posesión del territorio y dijo que era propietaria del lugar por el concepto legal de usucapión, que es un modo de adquirir una propiedad cuando transcurre un tiempo fijado por ley. A la fecha la justicia falló en contra de ella y el Estado aún reclama el terreno.

En paralelo a este conflicto judicial, desde 2013, se conformó el Barrio Puente 13 con un grupo de 10 familias que, según el testimonio de uno de los vecinos que fue parte de la fundación del barrio, compraron los terrenos de buena fe pese a no tener el aval de la municipalidad.

Desde Tres Ombúes reconocen la formación del barrio y cuentan que en acuerdo con ellos delimitaron algunas zonas para que no se siguiera avanzando con las obras de construcción que generan destrozos en el territorio, en el que se destruyen arboles nativos, se pierden animales autóctonos y sobre todo la deforestación de los arbustos termina con un espacio verde que genera aire fresco para los vecinos residentes de la zona y alrededores. Sin que a la fecha tengan algún aporte del Estado, ellos se organizan en grupos para recorrer las delimitaciones que colocaron; ponen carteles señalizadores, hacen zanjas para que los camiones de materiales de construcción no puedan ingresar, pero en pocos días esto se destruirá por parte de algunos vecinos del barrio Puente 13 y de nuevo deberán hacer las delimitaciones.

En 2016, por orden del gobierno municipal de turno de ese entonces, se realizó el desalojo del lugar en el cual algunas viviendas fueron destruidas con topadoras, y durante el operativo policial quedaron detenidos algunos vecinos por resistencia a la autoridad. “Nos gritaban ´bolivianos de mierda, váyanse a su país´”, contó uno de los vecinos damnificados que sufrió la represión. Con ayuda de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, los detenidos recuperaron la libertad. Ellos, además, les brindaron herramientas legales a los vecinos para que conformaran una organización para luchar por sus derechos. Surgió así la Asociación Civil Barrio Puente 13 con personería jurídica desde 2022.

En ese mismo año, 2016, el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) reconoció la conformación del Barrio Puente 13 donde se censó un total de 440 familias. “Con este reconocimiento, el Estado nos reconoció dentro del mapa nacional y dice que acá se debe realizar un proceso de urbanización”, contó otro vecino que se capacitó para acompañar y relevar el proceso de instalación de servicios básicos que instaló el gobierno municipal. “Nosotros pagamos la luz e impuestos”, dijo un vecino e informó que este servicio es escaso en otros sectores del barrio.

En la actualidad el barrio está compuesto por cuatro zonas: A, B, C y D, y a la fecha no hay un censo actualizado que determine cuántas familias habitan porque año tras año las viviendas crecen.

PERMANENCIA PACÍFICA

El vínculo entre los integrantes de Tres Ombúes y los vecinos del barrio Puente 13 por momentos es pacífico, pero por otros hostil. Desde la comunidad afirman que buscan la protección del sitio ancestral indígena, pero hay un grupo que continúa avanzando en el territorio indígena, lotea terrenos y los venden generando situaciones de conflicto a pesar de que sobre el lugar haya una medida cautelar de “No Innovar”, que quiere decir que no se debe construir ninguna vivienda en el sitio hasta que se resuelva el conflicto judicial.

Ante el avance de la construcción del nuevo barrio, que año a año crece y como consecuencia se profundiza la destrucción de la flora y la fauna autóctona del territorio, integrantes de la comunidad multiétnica Tres Ombúes iniciaron desde el 2 de noviembre de 2021 una permanencia pacífica.

El viernes 22 de noviembre del año pasado, por la noche, un grupo de personas ingresó a la zona con una pala mecánica y destruyeron más de 10 metros cuadrados del territorio “Esto es un etnocidio ¿Acaso nuestra Pachamama no tiene derechos? ¿Se tiene que poner una cruz para que respeten el lugar?”, dijo, indignada, Delia. Paula Alvarado, abogada e integrante de la comunidad, comentó que se realizó la denuncia ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Morón para que ordenara la protección del lugar una vez más.

¿Cuál sería el rol del Estado con el gobierno actual?

Con el gobierno anterior, los vecinos del Barrio Puente 13 exigían tener el título de propiedad de sus viviendas, pese a que sobre sus hogares estuviera el conflicto judicial entre el Estado y Carballo, y solicitaban el proceso de urbanización. Otro vecino dijo que “sobre el lugar sigue vigente la orden de desalojo, pero al ser el barrio reconocido dentro del ReNaBaP el Estado no puede hacer nada”. En este contexto de cambio de gobierno desde la asunción de Javier Milei, algunas cosas se van modificando. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, propuso ante los medios una medida de expulsión de extranjeros que tomen terrenos del Estado. Esta situación pone en alerta a los vecinos del barrio popular porque ninguno tiene título de propiedad; muchos son migrantes de países limítrofes y podría reactivarse el orden de desalojo del territorio estatal.

Preocupa a los integrantes de la comunidad multiétnica de Tres Ombúes el DNU presentado por el gobierno nacional, que deroga la Ley de Tierras promulgada en diciembre del 2011 (Ley 26.373), la cual limitaba la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros en defensa de la soberanía nacional. Advierten que esto abre a políticas extractivistas y de contaminación en el país.

“Esto va a afectar a los hermanos de las comunidades que no tienen en trámite legal sus territorios ni un relevamiento territorial”, y alertó que “si lo pensamos en frío nosotros no tenemos que demostrar con papeles que nuestros territorios son indígenas ni demostrar nuestra identidad originaria, pero desde el Estado nos ponen en estas situaciones”.

La comunidad multiétnica Tres Ombúes ya posee su personería jurídica, cuenta con el apoyo del CPAI, leyes nacionales, provinciales y municipales previas a este DNU y eso “significa un gran respaldo porque se confirma que es un territorio indígena, de memoria ancestral y que debe ser respetado”, afirmó Claros, y que como comunidad articularán con las nuevas autoridades para que las leyes de protección, reconocimiento y las medidas de no construir viviendas en el territorio se cumplan.

WMC/MF