La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que el agitador ultra Vito Quiles no pueda acercarse a menos de 500 metros del domicilio de Sarah Santaolalla y que no pueda contactar con ella con llamadas o mensajes “fuera del ámbito laboral”. Esta medida es provisional hasta que se realicen una serie de diligencias pendientes en la causa —declaraciones de testigos— y contó con un informe contrario del Ministerio Fiscal. Asimismo, la analista política se ha pronunciado al respecto frente a Jesús Cintora en el programa Mañaneros 360.

El auto de la Sección 29, al que ha tenido acceso elDiario.es, acoge así parcialmente la petición de la representación legal de Santaolalla que recurrió ante la Audiencia Provincial la negativa del juez instructor a esta medida de protección. El tribunal recalca, no obstante, que la medida es temporal y no es una orden de alejamiento genérica porque de ser así “supondría una limitación al ejercicio de la profesión” de Quiles.

Entiende que, dado que la perjudicada es analista política, que trabaja en RTVE y que acude a actos políticos, en caso de haber acordado una orden de alejamiento sin acotarla a su domicilio “se impediría el ejercicio periodístico en actos públicos, ruedas de prensa o espacios de trabajo compartidos, lo que resulta desproporcionado”.

El tribunal explica que la medida cautelar de alejamiento requiere la acreditación de una situación objetiva de riesgo y exige superar el triple juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad). Y añade que en este caso ese juicio debe ser reforzado porque “la restricción incide sobre un derecho fundamental de ejercicio profesional, no solo sobre la libertad ambulatoria del investigado”.

En este sentido, explica que han transcurrido seis meses desde los hechos denunciados “y no se tiene conocimiento de que se haya producido otro incidente”. Aunque considera que existe “un riesgo objetivo”, es de menor intensidad por el tiempo transcurrido sin eventualidades de este tipo, lo que debe tener en cuenta para fijar la temporalidad de la medida cautelar “hasta la declaración de los testigos propuestos por la parte denunciante”.

La Sección recuerda, por otro lado, que en otro auto ha acordado levantar el archivo de este caso concreto en el que se investiga un posible delito de coacciones. “Existen indicios criminales, que deben ser investigados”, recalca. Conviene recordar que Santaolla denunció a principios de año haber sido “agredida físicamente” por Vito Quiles “y sus matones”. La colaboradora de RTVE, interpuso una demanda contra el agitador ultra por acoso en las instalaciones de Prado del Rey.

Sarah Santaolalla reacciona a la orden de alejamiento

Sarah Santaolalla ha reaccionado este jueves, 24 de septiembre, a la medida de alejamiento, indicando en su cuenta de X que la Justicia le da la razón y le devuelve “un poco de tranquilidad después de un calvario judicial y personal que ha sido muy duro”: “Mientras algunos siguen hablando de denuncias falsas cada vez que una mujer alza la voz y decide denunciar, yo he tenido que enfrentarme al miedo, al desgaste y a una situación que jamás pensé que tendría que vivir. Hoy siento cierto alivio”.

La analista también ha compartido impresiones en Mañaneros 360: “Fueron unas medidas cautelares que se solicitaron en un primer momento. Cuando este energúmeno primero me acosa en la puerta de mi trabajo, luego se presenta en mi casa o filtra mi dirección. […] No se puede acosar a la gente en sus casas, y mucho menos si ni siquiera estás en el foco público y político donde este individuo maltrata a políticos, personajes o periodistas”.

Según ha destacado, “la Justicia le ha dado hoy una bofetada” a Vito Quiles: “Le ha dicho que no se acosa a la gente. Después de tanto calvario judicial, hoy puedo estar más aliviada. Acabo de entrar por la puerta de casa, y no tener que estar mirando a los lados, tener que sacar la llave trescientos metros antes, no tener que apretarla fuerte, tener el móvil en la otra para poder grabarle y tener contenido de cara a una denuncia… hoy alivia mucho”.

La Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeau, su marido, en el llamado caso Nummaria y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.

Los magistrados estiman íntegramente el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que en julio de 2025 les absolvió del delito fiscal por defraudación del IPRPF de los años 2010 a 2012, en el caso de Duato, y de 2011, en el de Bernardeau.

Tras conocerse esta decisión, Ana Duato ha acusado a la Agencia Tributaria de usar a las personas públicas para “meter miedo y ejemplarizar” desde “tiempos de Lola Flores”. En un comunicado, la actriz ha vuelto a defender su inocencia diciendo que pagó “todos sus impuestos” y que “nunca tuvo ánimo de defraudar”: “La sentencia era tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió”. Además, ha calificado como un “calvario judicial de una década” el proceso y ha asegurado que Hacienda no “podía dejar” que su sentencia sentara jurisprudencia: “Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado”.

Se da la circunstancia de que en ese mismo juicio, el actor Imanol Arias, compañero de reparto de la actriz en la serie Cuéntame, alcanzó una conformidad con el Ministerio Público por el que reconoció cinco delitos fiscales. Aceptaba una pena de cárcel de 2 años y 2 meses, pero eludía su entrada en prisión.

Los magistrados explican ahora que la sentencia recurrida no justificaba o motivaba en términos de lógica racional la absolución de ambos acusados y recordaba que en el marco de las posibilidades que tienen como Sala de Apelación no es posible revocar el juicio de culpabilidad efectuado por la sentencia recurrida, ni puede condenar.

Ahora bien, indican que sí pueden revisar las razones de la absolución y si se ajustan a las exigencias de motivación razonable en nuestro derecho. Constatan, en este sentido, que la sentencia recurrida no explica ni justifica jurídicamente en términos admisibles las razones ofrecidas para esa absolución.

En concreto, el tribunal examina el caso de Ana Duato y considera que no están explicadas o motivadas suficientemente las afirmaciones de que no existió defraudación u ocultación cuando los ingresos que percibió a través de una sociedad instrumental que ella misma creó con la ayuda del asesor dieron lugar a cuotas del IRPF claramente inferiores a las que correspondía al declararse como renta vitalicia.

También considera insuficientes e injustificadas las referencias a sus dudas por haber acudido al asesoramiento fiscal especializado del asesor Fernando Peña a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia.

La sentencia recurrida absolvió a Duato al considerar que no se había acreditado suficientemente que conociera que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario. Y los jueces tuvieron entonces en cuenta que era simplemente una actriz, que carecía de formación específica y que su conducta era compatible con la creencia razonable de estar actuando dentro de una opción fiscal lícita, conciliable con el hecho de recibir un asesoramiento jurídico adecuado sobre la mejor forma de tributar.

En línea con la Abogacía del Estado, la Audiencia Nacional considera ahora que gracias a la creación de la sociedad Gaumukh AEIE y la firma de contratos de cesión de imagen, la actriz solo tributó por el 40% de las cantidades, “o lo que es lo mismo de 2.240.000 euros en esos tres años sólo tributó por importe de 896.000 euros, lo que salta a la vista y no se explica suficientemente”.

Y recuerda que su condición de actriz y no empresaria, según jurisprudencia del Supremo, no es suficiente para que se libre del delito fiscal porque “en materia de conocimiento fiscal” es suficiente el estándar de “ciudadano medio”.

El 'cerebro', Fernando Peña

Por otro lado, en su sentencia, la Sala de Apelación rebaja en dos años la pena para el asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria -presunto cerebro de las operaciones defraudatorias- Fernando Peña, cuya condena pasa de 80 a 78 años de cárcel al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.

Para Peña, la Sala de Apelación también ordena repetir el juicio, pero únicamente en la parte de cooperador necesario de los hechos por los que fueron acusados Duato y su marido Bernardeau.