Meterse con Canal Sur es un clásico en Andalucía y lo han hecho casi siempre los partidos de una oposición que tras las últimas elecciones autonómicas están a punto de dejar de serlo y a los que se ha sumado Vox, que ha ido más allá y ha apostado por echarle el cierre en su programa electoral. Vox, cuyos líderes y simpatizantes seguían los resultados por la televisión autonómica, desde su cuartel general en Sevilla la noche del pasado domingo, y donde no faltaron gritos de “fuera Canal Sur”, a los que Francisco Serrano, su candidato a la presidencia, respondió: “Estamos en contra de las televisiones autonómicas”. Las críticas a esta posibilidad se han desatado cuando Teodoro García Egea (PP) ha valorado la posibilidad de cerrar la cadena pública como parte de la negociación poselectoral.

A pesar de que el partido liderado en Andalucía por Serrano no cree en las cadenas autonómicas, se puede dar la ironía de que terminen con un miembro en el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). El PSOE y el PP, que durante la pasada legislatura frenaron la renovación del consejo de administración, pese a que en 2019 cumplirá cinco años caducado, para impedir la entrada de Podemos y C's, pueden ver cómo Vox termina sentado en el mismo.

No ha tardado en poner el debate sobre la mesa el presidente de Vox en España, Santiago Abascal, henchido por los 12 escaños logrados el 2D, porque entre otras cosas está en su programa electoral: “Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, etcétera”. Canal Sur ha servido para empezar a calentar el clima de las negociaciones poselectorales, donde Vox puede ser clave, pero podía haber comenzado por cualquier otra cosa, porque en Andalucía hay defensor del pueblo, consejo consultivo... Ha elegido la RTVA porque lleva tiempo siendo diana de las críticas, desde fuera pero también desde dentro.

Es más, en plena precampaña le estalló a Susana Díaz la bronca política y sindical en Canal Sur, lo que los socialistas vincularon con el escenario electoral, pero que dejó en evidencia las críticas a una cadena que en febrero cumplirá 30 años de su primera emisión y que está blindada por el Estatuto de Autonomía. “La Junta de Andalucía gestionará directamente un servicio de radiotelevisión pública”, dice su artículo 210.

El PP le ha seguido el juego a Vox, a cuyos votos se agarra Juan Manuel Moreno para poder ser el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Parte del PP, porque mientras el propio Juan Manuel Moreno recordaba el martes que cualquier medida de este tipo necesita reformar el Estatuto de Autonomía, por mayoría cualificada, y por tanto “no es razonable”, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hacía este miércoles un guiño a Vox: “Tendrá que evaluarse más adelante qué modelo necesita Andalucía y si es viable o no” [el cierre].

La idea se ha lanzado en Andalucía, porque ha partido de Vox y es el primer parlamento en el que irrumpirán, pero quieren hacerlo donde consigan ser determinantes o influyentes. Y en España hay 13 televisiones autonómicas -en todos los territorios salvo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra- creadas en los 80 y objeto desde la crisis de una deriva que ha apuntado a su ocaso, con expedientes de regulación de empleo (ERE) masivos, como el de Telemadrid, e incluso un apagón sin precedentes como el de Canal 9.

De hecho, Canal Sur ha sido un ejemplo de resistencia, no sólo porque ha eludido reducciones traumáticas de la plantilla, sino porque ha contenido su presupuesto, aunque no logra frenar sus caídas de audiencia ni ganar el prestigio que se presume a un servicio público de este tipo. Un último capítulo se escribía en plena campaña: no ha ofrecido su tradicional sondeo a pie de urna por quedar desierto el concurso público para realizarlo, lo que dejó un importante hueco informativo la noche electoral. Pero ¿cuáles son los datos de la RTVA?

Plantilla: 1.462 trabajadores repartidos por delegaciones en las ocho provincias, más sendas en Jerez de la Frontera y Algeciras. Tiene más personal la radio televisión pública catalana (2.219 trabajadores), tras los ERE que dinamitaron las plantillas -más sobredimensionadas- de la madrileña y la valenciana. Es más, en función de la población, tienen más personal la vasca (1.003) o la gallega (955).

Presupuesto: 162.754.420 euros para 2018: 140,36 de la Junta de Andalucía y 21,2 por publicidad. El dinero se reparte entre un 54% para personal, un 25% para aprovisionamientos y un 19% para otros gastos de explotación. Las 13 cadenas públicas existentes en España suman para este año un presupuesto de más de 1.070 millones de euros. La supera en presupuesto Cataluña: 307,2 millones de euros.

Estructura: la RTVA la componen Canal Sur TV (el segundo canal que nació en 1998 quedó con la crisis para emisión simultánea en lengua de signos y audiodescrita), una señal por satélite (Andalucía Televisión), Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio.

Impacto: pendiente todavía de que se complete este año, en 2017 terminó con un share del 9,2%, seis décimas más que en 2016, siendo con ello la televisión generalista que más creció en Andalucía. En 2017, más de 2,3 millones de personas vieron a diario la oferta de la televisión autonómica. En el último Estudio General de Medios (EGM) de 2018, la radio ha registrado 274.000 oyentes -eran 150.000 más hace cinco años- y la TV, una cuota de pantalla del 16,3%.

“Nombramientos a dedo”

Son cifras que pueden ponerse más o menos en cuestión, pero hay otros elementos. Comenzando por el creciente malestar de los representantes de los trabajadores con la dirección. Lo que más critican los sindicatos es la “falta de criterios profesionales en la selección de los jefes y los redactores jefes”. La dirección “nombra a dedo” y todos “son parte del comisionado político del PSOE”, aseguran los representantes sindicales.

Lo que tienen claro en Canal Sur es que el nuevo escenario que pueda resultar de las elecciones autonómicas va a cambiar las cosas. No sólo porque se tenga que afrontar ya la renovación del consejo de administración -cuyo número de consejeros y coste por ejercicio han puesto en entredicho sobre todo Podemos, C's e IU- sino porque entre todos los que tienen una responsabilidad se ha instalado el temor tras el 2D. “Va a haber movimientos. Eso es innegable”, reconoce un redactor jefe, quien también habla del “ desconcierto” en los escalafones más elevados y de que muchos “están perdidos” a la hora del enfoque de la programación. Pone un ejemplo: este miércoles en el especial en la TV por los 40 años de la Constitución Española se ha invitado a un representante de Vox, todavía fuerza extraparlamentaria.

Muchos coinciden en que el primero en caer será el subdirector general, Joaquín Durán, nombrado provisionalmente hace más de cinco años. Hace un par de meses un sector de la plantilla empezó a exigir su dimisión. En cualquier caso, su salida será algo más bien simbólico, porque está en edad de jubilarse con más de 65 años.

En la última comisión parlamentaria de control de la RTVA defendía su labor. “Los resultados de la gestión económica de estos últimos años son históricos”, refería también, recordando que desde 2016 ofrecen superávit: 400.000 euros ese año y 100.000 en 2017. Pese a las críticas por la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, pone los datos en redes sociales. “En soportes nuevos como Youtube se ha multiplicado el seguimiento”, sostiene, con más de 500 millones de reproducciones.

El coste de las autonómicas

Por otra parte, el coste de las televisiones autonómicas que tanto molesta a Vox conviene ponerlo en contexto. El mes pasado se presentaba una segunda edición del estudio Panorama actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa para la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta). El profesor Francisco Campos explica: “Los presupuestos de las radiotelevisiones públicas autonómicas de España descendieron en un 47% entre los años 2011 y 2018”, lo que supone un recorte de 509 millones de euros, frente a un incremento en las europeas en el periodo.

Incluso desde el PP se ha reconocido la falta de trabajadores. En la misma comisión parlamentaria, el que fuera su diputado Guillermo García de Longoria, que se quedó fuera en las listas para 2018, recriminaba a Joaquín Durán la “merma” de la plantilla -sin mencionar la tasa de reposición 0 impuesta por Mariano Rajoy- que causa “sobrecargas” en los trabajadores. Eso sí, también incidía en la “desintegración de un servicio público donde los espectadores se van alejando de una programación con la que cada vez se identifican menos”.

En este contexto, las reacciones a la propuesta de Vox y la tibieza del PP no se han hecho esperar. Desde el Colegio de Periodistas de Andalucía rechazan entrar en este juego “de quienes quieren cerrar limitar la libertad de expresión y domesticar a la ciudadanía con mentiras”, y han llamado a la tranquilidad. Entretanto, el sindicato CCOO -uno de los cuatro en el comité de empresa- convocaba para este miércoles una concentración porque “Canal Sur se defiende gobierne quien gobierne”.