En el último análisis del espectro radioeléctrico de la comunidad autónoma, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha notificado la presencia de 55 canales de televisión con emisiones sin licencia. De todos ellos, la mitad infringen además la legislación audiovisual con la inclusión de contenidos pornográficos, de contenidos con violencia en horario no permitido y publicidad o promoción de productos milagros.

El organismo ha lanzado un comunicado en el que advierte de la gran presencia de estas televisiones ilegales, que suponen, por un lado, una competencia desleal para las cadenas regularizadas y, por otro, un riesgo para los usuarios más vulnerables al saltarse la normativa audiovisual buena parte de sus contenidos.

A través de su red de 18 centros de captación de material audiovisual repartidos por toda la comunidad, el CAA ha hallado 14 múltiplex (o señal compuesta para transmitir a varios canales de televisión y radio) no asignados en el Plan Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para Andalucía que estaban ocupados por señales. En estos múltiples se han encontrado 77 canales ocupados, 22 de ellos sin contenido y otros 55 con programación catalogable por el Consejo.

El Consejo detecta contenidos pornográficos y violentos

Del análisis de los 55 canales que emiten contenido sin el correspondiente título habilitante, en 27 (49%) televisiones se han localizado 46 emisiones que vulneran de una manera u otra la normativa audiovisual: contenidos pornográficos (14,31%), violencia en horario no permitido (25,54%) y productos milagro (7,15%).

El CAA ha constatado que estas infracciones relativas a la inclusión de contenidos prohibidos como la pornografía son más habituales en este tipo de televisiones, con las implicaciones que esto representa en cuanto a la protección de los menores de edad.

Los centros de captación donde se han localizado más canales ocupados de forma indebida son los de Málaga y Fuengirola (18), Sevilla (15), Almería (12), Granada (once) y Córdoba (ocho). Los principales proveedores de contenidos que aparecen en la información del múltiplex son Ingest Telecom (28 canales) y TV-Provider (23).

Las frecuencias ilegales igualan a las televisiones legales

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha manifestado en su preocupación por el alto porcentaje de ocupación ilegal de frecuencias de la TDT, que casi igualan el número de las televisiones legales captadas por este organismo (65 frente a los 55 canales 'piratas' detectados).

El CAA trabaja sobre este fenómeno complejo mediante la realización de informes periódicos, la catalogación de los contenidos emitidos por estas televisiones y el seguimiento de las mismas a través del sistema de alertas por posibles incumplimientos de la ley.

Dada la naturaleza de los canales sin licencia, que tienden a migrar continuamente de unas frecuencias a otras, el organismo realiza análisis técnicos semestrales con el objetivo de tener una imagen simultánea y actualizada, a través de todos los centros de captación, del panorama de las televisiones sin licencia.

El informe técnico sobre las emisiones sin licencia y la decisión adoptada sobre el mismo por unanimidad del Pleno del Consejo ha sido remitido a la Dirección de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) fue aprobada definitivamente este miércoles 22 de junio. Tras superar una primera votación en el Congreso de los Diputados, la norma ha obtenido ahora el respaldo del Senado con 125 votos a favor (PSOE, PNV, PRC y Teruel Existe), 103 abstenciones (PP, Ciudadanos y UPN) y 28 votos en contra (ERC, VOX, Más Madrid, Junts per Cataluña, MÉS per Mallorca, Compromís, Geroa Bai, EH Bildu y Adelante Andalucía).

La nueva ley se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y no incorporará ninguna de las 280 enmiendas presentadas por los partidos que intentaron modificarla antes de su aprobación definitiva, informa elDiario.es.

Nacida por la necesidad de actualizar el marco legal español a la normativa europea, la LGCA afectará directamente a la producción de contenidos audiovisuales, bien sea a través del sector del cine, las plataformas de streaming o las cadenas de televisión.

En términos generales se mantiene la obligación de que las televisiones contribuyan a la producción y visibilización de contenidos europeos, pero ahora también se le ha echado el lazo a las plataformas para que hagan su aportación. De hecho, los gigantes del streaming también se verán obligadas a financiar a RTVE como hasta ahora lo venían haciendo los grupos de telecomunicaciones. Otros cambios de la ley recientemente aprobada afectan al marco publicitario y dan vía libre a la contraprogramación que antes estaba prohibida.

El apoyo a la producción europea, fundamental en la Ley Audiovisual

Protección del menor, más publicidad y cambios de programación sin previo aviso

Las plataformas también financiarán a RTVE

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) ha advertido de las “consecuencias negativas” que tendrá para sus intereses la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que, según dice, “aumentará la saturación publicitaria” en televisión.

Tras la aprobación de esta normativa el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, la asociación ha señalado que, por una parte, la normativa “incrementa la posibilidad de emitir más anuncios por hora, tanto en los canales de televisión en abierto como de pago, del máximo de 12 minutos por hora de emisión se ampliará hasta 144 minutos permitidos entre las 6:00 y las 18:00, y de 72 minutos, entre las 18:00 y las 24:00”.

“Por tanto, aumentará la saturación publicitaria del medio televisión con la ampliación de los bloques publicitarios en las franjas de mayor audiencia, afectando negativamente a los intereses de los anunciantes ya que decaerá la eficacia de las inversiones publicitarias en este medio por el hartazgo del telespectador”, ha subrayado la entidad.

Por otra parte, la Asociación Española de Anunciantes ha apuntado que la ley aprobada “no hace una apuesta por la corregulación y la autorregulación”. “Pese a que los mecanismos de autorregulación y corregulación se han demostrado exitosos, el proyecto de Ley deja en manos de las administraciones la posibilidad de establecer restricciones adicionales que no estén acordadas”, ha remachado.

Desde la asociación demandan una legislación que “proteja al usuario, pero que también sea justa y proporcional para el desarrollo económico y más para un sector responsable y autorregulado que incide con un 1,23% en el PIB, representa a más de 43.000 empresas y genera en España un volumen de negocio superior a 18.720 millones”.

Finalmente, la AEA solicita a la administración pública que “escuche al sector antes de legislar sobre la industria publicitaria”. “Y, en este caso, aún más, que atienda a las demandas formuladas por esta asociación”, ha concluido.

Unidas Podemos quiere que los medios de comunicación se “abstengan” de incluir anuncios comerciales en sus programaciones promovidos por presentadores de espacios informativos. Así lo plantea la formación en una de las 31 enmiendas que ha registrado al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Este miércoles finalizaba el plazo para presentarlas.

De esta forma, respecto a la veracidad de la información, el partido plantea añadir un nuevo apartado al artículo 9 de la ley con la siguiente redacción: “Los medios de comunicación deberán abstenerse de incluir anuncios comerciales en sus programaciones promovidos por personas responsables de transmitir información”. Según justifica la formación, “es importante que la influencia y el prestigio” de quienes transmiten las noticias “no sea utilizado en beneficio de intereses comerciales”.

Por ello, considera que “las personas informadoras deben abstenerse de prestar su imagen a marcas publicitarias cuyo único objetivo es animar la venta de un producto o servicio con fines comerciales”.

Unidas Podemos excluye la publicidad institucional o aquella que sea clasificada como “exenta de cómputo” por la Autoridad Audiovisual competente, por su carácter social o de interés público.

Enmienda para que los toros se definan “perjudiciales” para menores

Por otro lado, la formación 'morada' también propone enmendar el texto para añadir un nuevo principio general de la comunicación audiovisual y promover, junto a la dignidad humana, el “respeto de los derechos de los animales, la naturaleza y los ecosistemas”.

Precisamente, en relación al medio ambiente, Unidas Podemos quiere que la ley recoja el derecho de los usuarios a ser informados “debidamente” con “contenidos audiovisuales que alerten de las consecuencias provocadas por el cambio climático” y que se reduzcan las comunicaciones comerciales audiovisuales de productos “que promuevan el consumismo” y en cuya composición o elaboración se encuentren elementos “dañinos contra los ecosistemas”.

Igualmente, ha registrado una enmienda junto a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, CUP y Nueva Canarias, para que la ley incluya los espectáculos taurinos como “contenido perjudicial” para los menores.

Alfabetización mediática en el colegio

Igualmente, Unidas Podemos propone con sus enmiendas añadir nuevos apartados al capítulo de la ley sobre 'Alfabetización mediática' que se refiere a “las competencias, los conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a los ciudadanos utilizar con eficacia y seguridad los medios” así como analizar la información “de manera crítica” y “reconocer la diferencia entre opiniones y hechos”, de acuerdo con la definición de la Directiva europea 2018/1808.

En concreto, el texto de la enmienda señala que los medios comunitarios y públicos locales serán considerados como “esenciales en el aprendizaje y comprensión de los mecanismos de creación de contenidos”, y plantea que la autoridad audiovisual competente y el Ministerio de Educación diseñen “módulos de alfabetización para ser incluidos en los centros de enseñanza”. “La importancia de la alfabetización audiovisual debe extenderse a todas las edades, pero es fundamental la inclusión de módulos formativos exclusivos en los programas de enseñanza de educación básica, secundaria y bachillerato”, agregan.

Impulso a las lenguas cooficiales y a las obras de mujeres

Varias enmiendas también se refieren a la protección de las lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales. En concreto, Unidas Podemos propone que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal reserven “un mínimo del 45% a obras audiovisuales en lenguas que gocen de protección legislativa en sus respectivas comunidades autónomas, con al menos un 10% para cada una de ellas”.

Sobre el servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición (películas, series, etcétera), plantea que como mínimo el 50% de la cuota prevista “se reservará a obras en la lengua oficial del Estado y en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas” y, de esta subcuota, “un mínimo del 40%” a obras audiovisuales en lenguas propias cooficiales, con al menos un 10% para cada una de ellas.

Asimismo, para ambos casos (lineal y a petición), la formación 'morada' enmienda el texto de la ley para añadir que “como mínimo el 40% de emisión total se reservará a obras audiovisuales europeas dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres”.

Respecto a la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea para prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo, Unidas Podemos añade al texto que el “100%” deberá destinarse a obras audiovisuales producidas por una o varias productoras independientes en la lengua oficial del Estado y en las lenguas con protección legislativa en las CCAA y, de esta subcuota, se reservará “un mínimo del 40%” en lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas, con al menos un 8% para cada una de ellas.

Al mismo tiempo, propone que un “mínimo del 70%” se destine a películas cinematográficas, teniendo en cuenta que “un 1%” de esta cantidad se destine a cortometrajes, producidos por una o varias productoras independientes y, de esta subcuota, un mínimo del 40% a obras audiovisuales en lenguas cooficiales, con al menos un 8% para cada una de ellas.

En relación a la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea para prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, igualmente, Unidas Podemos plantea reservar un mínimo del 40% a obras audiovisuales de productoras independientes en lenguas con protección legislativa en sus comunidades autónomas y al menos un 6% para cada una de ellas.

También quiere que un mínimo del 70% se destine a películas cinematográficas de productores independientes en la lengua oficial del Estado y en las lenguas cooficiales y, de esta cuota, al menos un 25% a obras audiovisuales en lenguas con protección legislativa en sus comunidades autónomas y al menos un 5% para cada una de ellas. Además, añade que un mínimo del 40% deberá destinarse a obras audiovisuales o películas cinematográficas dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece que una cuota del 6% de contenido ofertado en las plataformas sea en lenguas cooficiales (catalán, euskera o gallego). Esta asignación ha sido fruto del anunciado pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Gobierno, para conseguir su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales de 2022. Aun así, el portavoz del partido catalán, Gabriel Rufián, ha indicado que no han quedado satisfechos y que presentarán enmiendas antes de que llegue al Congreso de los Diputados.

La regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión se extiende a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos (redes sociales) y de vídeo a la carta, pero solo a las establecidas en España.

Según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, las plataformas internacionales como Netflix, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video no tendrán que cumplir con la cuota del 6%, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea. Las que sí se verán afectadas serán las nacionales como Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele y Atresplayer.

Previamente, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no había aclarado la circunstancia preguntada por esta cuestión. Tampoco había descartado que se pudieran introducir “mejoras” y “ajustes” en la Ley durante el trámite parlamentario.

Multinacionales como Netflix “no deberían legislar”

Este es precisamente uno de los motivos por los que ERC no está satisfecho con el proyecto de Ley. Rufián ha insistido en que este tipo de multinacionales “no deberían poder legislar”. Y que por ello, harán “todo lo posible para mejorarlo, tenemos herramientas e intentaremos que así sea”. Del mismo modo, han recordado que su pacto con el Ejecutivo es “un acuerdo de mínimos” y que el texto debe mejorarse a su paso por las Cortes.

Mireia Vehí, diputada de la CUP, ha apoyado su postura, defendiendo que estas empresas “no son nadie para decidir qué políticas se pueden aplicar en un territorio concreto”. Asimismo, ha pedido al Gobierno “mano dura” para que paguen “muchos más” impuestos en España.

Producción independiente y financiación de obras europeas

Con la Ley, se incrementa también del 0,9% al 3,5% el porcentaje de catálogo correspondiente a productoras independientes. Aquellos que estén obligados deben cumplir dos obligaciones (los porcentajes no se suman entre sí): destinar el 3,5% a obra audiovisual en cualquier formato, que deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas cooficiales, frente al 0,9% actual; y, por otro lado, destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente, que deberá realizarse también en la lengua oficial del Estado o en alguna de las cooficiales, frente al 1,8% vigente.

La actual Ley General de la Comunicación Audiovisual, que data de 2010, obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión y a los prestadores de servicio de catálogo de programas, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación.

Con la nueva ley, que se ha sometido a dos audiencias públicas, las plataformas internacionales de vídeo en 'streaming' como Netflix, HBO Max, Prime Vídeo, también deberán cumplir esta previsión, así como deberán ayudar a financiar a RTVE. En cambio, la norma elimina la obligación de financiar a la televisión pública que tenían anteriormente los operadores de telecomunicaciones.

Otras novedades recogidas en el proyecto de Ley

La norma establece horarios de protección reforzada para los servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto los días laborables entre las 7.30 horas y las 9.00 horas y entre las 17:00h y las 20:00h. Del mismo modo, sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: entre las 7.30 horas y las 12.00 horas.

Las plataformas de intercambio de videos, a las que por primera vez se les exige estar inscritas en el registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberán también operar sistemas de verificación de edad y establecer mecanismos para calificar los contenidos en función de la edad. De igual manera, deberán incluir una funcionalidad para que los usuarios que suban vídeos declaren si dichos vídeos contienen publicidad.

Desde un punto de vista cualitativo, se prohíbe de manera absoluta la publicidad subliminal, la publicidad de tabaco y cigarrillos electrónicos, así como aquella que vulnere la dignidad humana o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio.

La publicidad de bebidas alcohólicas se restringe a determinadas franjas horarias: la de bebidas de graduación superior a 20 grados solo se podrá emitir entre la 1:00 horas y las 5:00 horas. Esta limitación se extiende a los servicios radiofónicos y sonoros a petición y a los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. La publicidad de alcohol de menos de 20º se podrá emitir entre las 20:30-5:00 horas. La publicidad de esoterismo y paraciencias, juegos de azar y apuestas también se restringe a la franja horaria de 1:00 horas a 5:00 horas, aunque se establecen algunas excepciones como los juegos de lotería.

Desde un punto de vista cuantitativo, se flexibilizan los límites de la publicidad en los servicios de televisión lineal (en abierto y de pago) de acuerdo con lo marcado en la directiva europea. Así, se pasa de un límite de 12 minutos por hora a un límite máximo de 144 minutos entre las 6.00 horas de la mañana y las 18:00 horas, y a un límite máximo de 72 minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.

Por otro lado, se obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal a reservar el 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. De ese porcentaje, el 50% se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. De esta subcuota, RTVE reservará un mínimo del 15% a obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las CCAA.

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Las plataformas de streaming deberán financiar a RTVE, lo que provocará que empresas como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+ o YouTube tengan que dedicar el 1,5% de sus ingresos en España a tal fin.

Así consta en la nueva versión del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha sido modificado y se abre a una segunda audiencia e información públicas para que los agentes implicados propongan modificaciones hasta el próximo 12 de julio.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales han detallado que la modificación “más relevante” del texto es el cambio de la Ley de Financiación de RTVE, que establece que su financiación se realice “con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia”.

En esta línea, pasan a aportar a la financiación de RTVE los prestadores de vídeo bajo demanda y las plataformas de intercambio de vídeos, junto a la televisión lineal en abierto y la de pago. Deben realizar su aportación tanto aquellos que están establecidas en España como los que están establecidos en otro país de la Unión Europea siempre que ofrezcan sus servicios en España.

“Se da un paso más en esa propuesta, en esa idea de establecer un terreno de juego equilibrado para todos los actores del sector y que todos ellos tengan las mismas obligaciones”, han defendido las fuentes de la Secretaría de Estado.

RTVE también podrá ingresar por formas de publicidad

Asimismo, en el texto se habilitan nuevas fuentes de ingreso para RTVE, de modo que la empresa pública podrá obtener ingresos por ciertas formas de publicidad, por ejemplo, por patrocinios o por publicidad en sus canales internacionales y en los contenidos digitales.

También se permitirá la inserción de publicidad en los canales de RTVE en las plataformas de intercambio de vídeos generados por los usuarios o en las funcionalidades digitales que permitan el acceso a sus contenidos con posterioridad a su emisión lineal.

Otro aspecto relevante en este ámbito es que se suprime la aportación directa que realizan en la actualidad los operadores de telecomunicaciones. No obstante, seguirán contribuyendo a la financiación de RTVE de manera indirecta, a través del pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico que se eleva a 480 millones de euros al año.

La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%. Ante la reestructuración de la tasa, las fuentes de la Secretaría de Estado han precisado que la previsión es que la financiación de RTVE se mantenga y que la Corporación “no va a estar infrafinanciada”.

Promoción de obra audiovisual europea

Por otro lado, el nuevo texto refuerza la promoción de obra audiovisual europea en obras de productor independiente, incrementando las obligaciones de inversión. Así, los prestadores que estén obligados deben cumplir las dos obligaciones, cuyos porcentajes no se suman entre sí.

La primera de estas obligaciones es destinar el 3,5% a obra audiovisual, en cualquier formato, de productor independiente que además deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este porcentaje supone un incremento respecto del 0,9% actual.

La segunda es que deben destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente que también deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Esta obligación ya figuraba en el texto de la primera audiencia y supone un incremento respecto del 1,8% vigente.

Respecto a la definición de productor independiente, se mantiene la del texto sometido a primera audiencia, que considera productor independiente a todo aquel que no esté vinculado empresarialmente con un prestador de servicios de comunicación audiovisual obligado a cumplir con la obligación de financiación de obra audiovisual europea.

Igualmente, se recoge de forma explícita el respeto a la igualdad y la no discriminación por cuestión de género, al tiempo que se incorpora la promoción de códigos de autorregulación que protejan a los usuarios frente a contenidos que puedan atentar contra la dignidad de la mujer o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados.

Asimismo, la nueva disposición adicional tercera prevé el fomento a la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres a través de las convocatorias de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual.

Por último, se ha incluido entre las medidas del Plan Trienal de Impulso del sector audiovisual contemplado en el artículo 149, el fomento y difusión de obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.

Se regula la protección de los menores

Respecto a la accesibilidad a los contenidos audiovisuales, se incrementa el porcentaje de contenidos accesibles que tienen que garantizar los prestadores y se incluyen nuevos prestadores en esta obligación, como son los prestadores de televisión lineal de pago y los servicios a demanda.

En relación con la protección de los menores, se retoma la franja de protección reforzada de la tarde en el servicio de comunicación audiovisual televisivo en abierto, dado el reconocimiento y la extensión de su uso por parte de los usuarios.

En lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas se prohíbe que se dirija específicamente a menores y dé la impresión de que su consumo contribuye al éxito social o sexual, o lo relacione con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social, deportivo o profesional. El horario de emisión de publicidad en televisión de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados se mantiene como en la legislación actual y podrá emitirse entre las 20.30 y las 5.00 horas. La publicidad de bebidas con más de 20 grados solo podrá emitirse en la franja de 1.00 a 5.00 de la madrugada, en línea con lo establecido para juego, esoterismo y paraciencias.

El Gobierno espera poder aprobar el Anteproyecto de Ley General de Comunicación audiovisual en Consejo de Ministros a finales de octubre o primeros de noviembre, para después proceder a su tramitación en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha contratado a la empresa Kantar Media por un periodo de dos años con el objetivo de que haga a partir de octubre “un seguimiento y control” de los contenidos que emiten las cadenas para ver si están cumpliendo la Ley General de Comunicación Audiovisual en temas como la protección de los menores o la publicidad.

Según han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, este tipo de contratos no es nuevo ni “extraño”, ya que el departamento lo viene realizando desde hace años con el objetivo de subcontratar un servicio que debido a “indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos” no puede realizar por sí mismo.

Kantar se adjudica el contrato de 2 años por 1.9 millones de euros

Con este objetivo, cada dos años, la Secretaría de Estado saca a concurso el servicio de seguimiento y control de la difusión de servicios de comunicación audiovisual. En esta ocasión, la empresa elegida para realizarlo a partir del 1 de octubre ha sido Kantar Media, que se ha adjudicado el contrato por un importe de 1,9 millones de euros.

'Vigilará' a las cadenas para informar a Industria

De acuerdo al pliego de condiciones técnicas del contrato, Kantar Media deberá informar a Industria de si las televisiones emiten escenas de pornografía o violencia gratuita en abierto, así como programas o anuncios que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores por su hora de emisión, entre otros contenidos prohibidos por la Ley Audiovisual.

En esta misma línea, Kantar Media comunicará a la Secretaría de Estado emisiones de contenidos para mayores de 18 años en horario de protección infantil (entre las 06.00 y las 22.00 horas), programas dedicados a juegos de azar y apuestas fuera de la franja entre 01:00 y 05:00 horas, emisiones de esoterismo y paraciencias fuera de la franja entre 22.00 y 07.00 horas o porcentaje diario de programas subtitulados en servicios de comunicación audiovisual en abierto.

También velará para que no se supere el límite de publicidad

Asimismo, la compañía vigilará si las televisiones cumplen con los minutos máximos que están autorizados a emitir de publicidad o trata de burlar este límite con la emisión de publicidad encubierta en algún programa. Además, Kantar Media facilitará a Industria datos de audiencia, cambios en la programación no comunicados.

Posteriormente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información utilizará estos datos para fundamentar las sanciones que el departamento impone a las cadenas nacionales de televisión por incumplimientos de la normativa del ámbito audiovisual.

Tradicionalmente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información viene llevando a cabo este servicio de supervisión y sanción de las televisiones. La Ley General de Comunicación Audiovisual, a probada en 2010, cedía esa competencia a un organismo independiente del Gobierno, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), aunque finalmente no llegó a crearse debido a la oposición del Ejecutivo del PP a incurrir en un gasto que consideraron “innecesario”.

La emisión en abierto de pornografía y violencia gratuita seguirá estando expresamente prohibida tras la aprobación del proyecto de ley de reforma de la Ley Audiovisual que se tramita en el Senado, según informa Servimedia.

Los grupos políticos de la Cámara Alta han negociado una enmienda transaccional, que previsiblemente saldrá adelante en el pleno de la próxima semana, para corregir la enmienda que introdujo el PP en el trámite de la Comisión de Industria del Congreso con el respaldo del PSOE.

La enmienda pretendía reforzar el control parental pero el redactado era ambiguo

Esa enmienda pretendía reforzar el control parental sobre los contenidos que ven los menores por televisión, pero su redactado era ambiguo, a juicio de las asociaciones de telespectadores. Estos colectivos han alegado que se deja abierta la puerta a que la pornografía y la violencia gratuita pudieran verse en abierto, pese a que la enmienda popular señalaba textualmente que “aquellos contenidos dirigidos específicamente a adultos sólo podrán emitirse mediante sistemas de acceso condicional”.

El portavoz socialista de la Comisión de Control de RTVE, Juan Luis Gordo, ha asegurado este jueves que “el apoyo a la enmienda del PP al artículo 7.2 no permitía, en ningún momento, la emisión de pornografía y violencia” en abierto, “aunque no hiciese una mención expresa”. Pero para disipar dudas, los grupos han ultimado un acuerdo para recuperar el texto vigente del artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que prohibe la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y hace una mención expresa a evitar la difusión de contenidos en abierto de “programas que incluyan escenas de pornografía y violencia gratuita”

El PSOE está negociando con el resto de grupos parlamentarios para presentar una enmienda a la Ley General de Comunicación Audiovisual, actualmente en trámite en el Senado, con el objetivo de recuperar la prohibición expresa a emitir pornografía y violencia gratuita en televisión que se había retirado de la reforma de la ley cuando se votó en el Congreso de los Diputados, en virtud de una enmienda incorporada a propuesta del PP.

No obstante, el PP hace hincapié en que la prohibición está presente en la reforma que han propuesto: “Está prohibido en conjunto todos los contenidos que puedan perjudicar al desarrollo mental, físico o moral de los menores”, ha aclarado el diputado popular Alejandro Muñoz Alonso en declaraciones concedidas a Europa Press. El político ha incidido en que “no hace falta citar específicamente de violencia o pornografía porque está todo incluido”.

De aceptar el PP la enmienda, se retrasaría la entrada en vigor de la ley

La reforma de la Ley Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas, ya ha superado casi todo su trámite parlamentario, aunque tiene todavía que ser aprobada por el Pleno del Senado el próximo 18 de julio. Durante su paso por la Comisión de Industria, Energía y Turismo de la Cámara Alta, el PP hizo valer su mayoría para tumbar los vetos y el conjunto de enmiendas del resto de grupos y avanzó su intención de volver a votar en contra de las enmiendas que quedaran vivas en el Pleno.

De ser así, el Pleno del Senado aprobaría definitivamente la reforma de la ley y la enviaría al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Sin embargo, todavía cabe la posibilidad de que el PP acepte la enmienda transaccional del PSOE. En ese caso, la entrada en vigor de la ley se retrasaría, ya que el proyecto tendría que volver al Pleno del Congreso para que este diera su visto bueno a los cambios introducidos por el Senado.

La enmienda pretende recuperar la prohibición expresa presente en la actual ley de 2010

La enmienda que ahora negocia el PSOE con el resto de grupos pretende recuperar el texto vigente de la actual ley de 2010, que prohíbe la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores; y hace una mención expresa para evitar contenidos de “programas que incluyan escenas de pornografía y violencia gratuita”.

Con esta iniciativa se trata de “disipar cualquier tipo de duda” sobre la posición del PSOE en este asunto, según ha explicado el portavoz socialista de la Comisión de Control de RTVE, Juan Luis Gordo, ponente socialista en la tramitación de este proyecto de Ley.

“El control parental es la mejor medida para que los menores no accedan a contenidos no deseados”

En este sentido, ha aclarado que, aunque el Grupo Parlamentario Socialista apoyó la enmienda del PP, que eliminó la mención expresa a la prohibición de pornografía y violencia gratuita, en la reforma de la Ley no se permite “en ningún momento, la emisión de contenidos de violencia y pornografía”, aunque no se haga “una mención expresa”, ya que el texto incluye una garantía para impedir el acceso de los menores a este tipo de contenidos: “el control parental”.

“El control de los padres sobre los contenidos que pueden ver sus hijos, que es lo que apoyó el PSOE, es la mejor medida para evitar que los menores accedan a contenidos no deseados”, ha señalado el diputado socialista. No cabe ninguna duda sobre la intención de Partido Socialista de alejar a los niños de imágenes, modelos y situaciones ni siquiera remotamente cercanas a la violencia y la pornografía“, ha añadido.

De hecho, ha apuntado que de lo que se trataba con la enmienda introducida en la ley es “reforzar el derecho y la protección del menor, gestionado por sus propios padres”.

Diversas asociaciones de consumidores, contrarios a la modificación de la ley

En el Congreso se modificó el artículo 7.2 de la Ley General Audiovisual y se eliminó la prohibición expresa a emitir “programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita”, aunque se mantuvo la prohibición genérica de emitir “contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores”, así como los horarios de protección reforzada que tienen que respetar las televisiones.

No obstante, tanto la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han alertado de que la modificación, que no tiene que ver con el objetivo de la reforma de la Ley Audiovisual, que es flexibilizar la gestión de las televisiones autonómicas, va en contra de la directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo referente a la protección de los menores.

El PP, “sorprendido”: “No tenemos intención de aceptar ninguna transacción o enmienda”

En este sentido, Muñoz Alonso ha dicho estar “sorprendido” del anuncio del PSOE de que está negociando con el resto de los grupos una enmienda con el objetivo de recuperar la prohibición expresa a emitir pornografía y violencia gratuita en televisión ya que, según él, está ya recogido en la norma.

Además, ha recordado que en el debate de la norma “nadie” ha planteado ninguna problemática sobre el artículo 7 que recoge esta prohibición y ha dicho que en PP “desconocían” que hubiera una enmienda al respecto ya que ningún grupo se lo ha comunicado. “No rectificamos, todo ha sido estudiado muy a fondo”, ha recalcado Muñoz Alonso.

La reforma que salió del Congreso, ha dicho, “técnicamente está mejor hecha, mejora la regulación y la protección de los menores”. “No tenemos intención de aceptar ninguna transacción o enmienda”, ha apostillado.

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El Senado votará hoy en la Comisión de Industria, Energía y Turismo cuatro vetos y 132 enmiendas presentadas por lo grupos a la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, al permitir que cada comunidad autónoma elija cómo gestionar su canal autonómico.

En total, la reforma ha obtenido cuatro vetos del PSOE, IU y Entesa Catalana de Progrés (con un veto del PSC y otro de ICV). Además, el proyecto ha recibido 132 enmiendas del PSOE, CiU, EAJ-PNV e IU, mientras que el PP no ha presentado ninguna enmienda.

La ponencia se reunirá en el Senado, y será a lo largo del día cuando comenzará la Comisión en la que se defenderán los cuatro vetos a la reforma y las enmiendas en el caso de que no prosperen ninguno de los anteriores.

PSOE: El proyecto de ley “favorece la desaparición de las públicas autonómicas”

En su propuesta de veto, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE argumenta que el proyecto de ley supone una “ruptura con el modelo de televisión que se ha ido construyendo en España desde 1980” y que refleja el “pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad” y “favorece la desaparición del modelo de televisión pública autonómica”.

“Con el pretexto de la situación de crisis económica, la necesidad de consolidación fiscal y de saneamiento de las cuentas públicas se está obligando a las comunidades autónomas a adoptar una decisión de carácter irreversible en el caso de la privatización del servicio y de muy difícil reversión si optan por la gestión indirecta”, se queja el PSOE.

“Impone estrictas obligaciones presupuestarias que van a abocar a la privatización”

Los socialistas argumentan que lejos de la “neutralidad” que se supone que el proyecto otorga a las comunidades para elegir que modelo de gestión quieren para sus televisiones, la reforma, al imponer “estrictas obligaciones” presupuestarias a aquellas que decidan mantener el servicio público de televisión mediante gestión directa, “va a abocar casi inexorablemente en una privatización de la gestión o en la supresión del servicio público”.

Asimismo, el PSOE advierte de que la reforma va a provocar el despido de “gran número de empleados” de las empresas autonómicas que hasta ahora gestionaban el servicio de televisión e incide en el ámbito competencial autonómico, al imponer a los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico obligaciones “muy concretas y exhaustivas de gestión”.

IU: “Responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales”

En esta misma línea, IU e ICV considera en su propuesta de veto “sumamente negativa” la reforma que, a su juicio, “responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales, cuyo interés pasa por adelgazar la competencia pública”. Asimimo, denuncia que supone “una nueva muestra del intervencionismo del Gobierno central en competencias de las comunidades autónomas”.

Por su parte, el PSC señala en su propuesta de veto que las “exigencias económicas” contempladas en el proyecto de ley para las cadenas de televisión autonómicas, que de aprobarse la ley deberán no incurrir en un cierto déficit, son “claramente contrarias al marco competencial autonómico”. Además, insisten en que “más que flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, el objetivo último de esta norma es la privatización de estos medios”.

En el congreso, aprobada con el voto a favor de los populares

La reforma fue aprobada por la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que contaba con competencia legislativa plena, el pasado 7 de junio. En la Cámara Baja, el proyecto de ley salió adelante con el voto a favor del PP, la abstención de CiU, y el rechazo del PSOE, la CHA -en nombre de la Izquierda Plural-, UPyD y ERC.

En este trámite, se aprobó una enmienda del Partido Popular que ha generado diversas críticas por partes de los usuarios. La intención de la enmienda era asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibiliten el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores.

La enmienda elimió la prohibición expresa de emitir pornografía y violencia gratuita

Sin embargo, la enmienda ha eliminado del texto de la ley la prohibición expresa de emitir pornografía y violencia gratuita, lo que puede llevar a pensar que “implícitamente se vuelve a permitir de nuevo la emisión de esos contenidos en parrilla, aunque sea en canales de pago”, según ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

También desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) se ha denunciado que se haya aprovechado la reforma, relacionada principalmente con el modelo de gestión de las televisiones para “hacer desaparecer la referencia a los programas que contengan escenas de pornografía o violencia gratuita”.

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El Gobierno da un nuevo paso hacia la privatización de las autonómicas. El Ejecutivo ha incluido en sus proyectos de reformas más urgentes para ser enviadas al Congreso antes del verano una nueva ley general audiovisual que permita la privatización total o parcial de las televisiones autonómicas, según informa El Confidencial.com en un artículo que les resumimos por su interés.

Será otra medida adicional para frenar el despilfarro de los ejecutivos regionales que en el último ejercicio gastaron 808 millones de euros en subvencionar sus canales de TV.

El Consejo lo aprobará en las próximas semanas

En la Moncloa cuentan ya con los informes favorables de los órganos reguladores, las comisiones de la competencia y del mercado de las telecomunicaciones que han sido refundidas en una sola instancia, más las sugerencias de las Comunidades autónomas afectadas. Con esos elementos trabaja ya en un texto de reforma de la ley correspondiente que aprobará el Consejo de Ministros en las próximas semanas, según fuentes gubernamentales consultadas.

La nueva normativa será muy flexible para no entrar en colisión con los estatutos de Autonomía pero se basará en el principio de que las televisiones regionales, sin dejar de ser un servicio público, pueden ser gestionadas con intervención privada, tanto por la entrada de capital ajeno a las administraciones como por la vía de la subcontrata de las funciones. Ya hay de hecho, como en el caso de la TV de Aragón, canales autonómicos que tienen contratados con empresas privadas hasta los servicios informativos.

El Gobierno quiere que las TV autonómicas sigan siendo un agujero para el dinero público

Lo que no quiere el Gobierno es que las televisiones autonómicas sigan siendo un agujero por donde se va el dinero público sin medida. Las cadenas regionales pierden audiencia desde hace años y por la vía de la publicidad también han visto reducidos sus ingresos un 30%. Acumulan deudas por valor de 1.600 millones de euros, algunas de ellas, como la valenciana o la catalana, tienen más plantilla que todas las privadas juntas y su sostenimiento vía subvención alcanzó los 808 millones en el último ejercicio. La Junta de Andalucía sumó este año de elecciones autonómicas una partida adicional de 40 millones para que Canal Sur cumpliera con los presupuestos de la temporada.

Rajoy planea privatizar también La 1 de TVE

Por otra parte, el Gobierno habría decidido seguir el modelo francés en TVE: privatizar lo privatizable, el canal más visto, el primer canal, que pelea por la primacía en audiencia con Telecinco, según informa Hispanidad.

De esta forma RTVE se quedaría, es verdad, como servicio público, dedicado preferentemente a la información. Tanto La 2 como el Canal 24 Horas responden a esa nueva TV pública-servicio público.

Ahora bien, las instrucciones de Rajoy no son fáciles de cumplir. En primer lugar hay que encontrar comprador. La 1 puede tener novios, pero no cualquier novio. Además, volvería a contar con publicidad, algo que los anunciantes ya dan por hecho, taly como cuenta hoy El Economista, pero que no gusta a las privadas: podría resultar un muy duro competidor. Y, naturalmente, otro enemigo será la propia plantilla de RTVE.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto un concurso, por un importe total de 5 millones de euros, para elegir a una empresa que se encargue del “seguimiento, control e inspección” de los contenidos de las televisiones y radios para asegurarse de que cumplen con lo establecido en la Ley Audiovisual.

En el pliego de condiciones del contrato, el ministerio reconoce que “debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos”, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, encargada de este control mientras no se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto en la misma ley, “no se halla en condiciones de afrontar tales tareas”.

De esta manera, el ministerio opta por contratar a un compañía privada para realizar las labores de inspección y asegurarse que las televisiones y radios respetan lo que establece la Ley Audiovisual, cumpliendo los horarios de protección a la infancia y el resto de restricciones que la ley impone a determinados contenidos como los pornográficos o los de temática esotérica.

En el pliego de claúsulas administrativas del concurso abierto por el Ministerio de Industria se establece un presupuesto máximo de licitación de 2,5 millones de euros y un valor estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas y modificaciones previstas, de 5 millones de euros. Asimismo, se establece que la duración de contrato se extenderá desde el 2012 hasta el 2014, aunque podrá prorrogarse más allá de esta fecha.

Tal y como figura en el pliego de condiciones, el objetivo es “disponer en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la información necesaria, en la forma y tiempos que se establecen más adelante, para poder cumplir las funciones que tiene encomendadas en cuanto a seguimiento, control e inspección en la difusión de los servicios de comunicación audiovisual”.

Para ello, la compañía elegida por Industria deberá crear una base de datos de “todas las emisiones realizadas por los servicios de comunicación audiovisual bajo estudio durante el periodo de duración del contrato”. Asimismo, la empresa deberá informar a Industria de la “programación de los distintos servicios de comunicación audiovisual especificando las franjas horarias en las que se producen las distintas programaciones así como el contenido y la duración”.

En estos informes, deberá especifircarse aquellos situaciones en que se haya producido modificaciones respecto a la programación anunciada, emisiones de contenidos calificados para mayores de 18 años fuera de la franja entre 22.00 y las 06.00 horas, emisiones para mayores 18 años sin permanencia de indicador visual, emisiones de contenidos calificados para mayores de 13 años dentro de las franjas de protección reforzada, emisión de programas dedicados a juegos de azar y apuestas fuera de la franja entre 01.00 y 05.00 horas, y, en general, cualquiera de las situaciones que implica una vulneración de la Ley Audiovisual, en lo referido a programación o publicidad.

Asimismo, la compañía elegida por Industria controlará la audiencia de los distintos programas y vigilará que las televisiones cumplen con los servicios de subtitulación, audiodescripción y lenguaje de signos, así como la opción para el usuario de elección del idioma original en producciones extranjeras y las aplicaciones y servicios interactivos que ofrecen.

Actividad sancionadora del Ministerio

Durante el período 2005-2011, el Ministerio de Industria ha mantenido de forma continua las actuaciones sancionadoras en materia audiovisual. Así, en lo que va de año, según datos provisionales del departamento que dirige Miguel Sebastián, se han abierto cinco expedientes a las televisiones por vulneraciones de la protección de menores; cuatro, por exceso de publicidad; siete, por publicidad ilícita; y dos, por exceso de interrupciones publicitarias.

En 2010, el ministerio abrió 30 expedientes por vulneraciones de la Ley Audiovisual que se tradujeron en 98 infracciones a operadores por una cuantía total de 2,4 millones de euros, y esta cifra puede aumentar, ya que todavía hay expedientes en proceso de trámite.

En los últimos años, la temporada en que más sanciones se impusieron fue en 2007, año en que se abrieron 26 expedientes por un total de 508 infracciones en materia audiovisual que dieron lugar a sanciones por una cuantía total de 9,5 millones de euros.

No obstante, la llegada de la TDT ha provocado una irrupción de programas de carácter esotéricos o pornográfico que han despertado las alarmas de las asociaciones de televidentes, que han pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno que actúe. En respuesta a este tipo de peticiones, el pleno del Senado aprobó en mayo una moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular por la que se instaba al Gobierno a que sancionara a aquellas cadenas de televisión que vulnerarán el horario de protección infantil provocando con su infracción la “desprotección de los menores” y perjudicando “su desarrollo psicológico”.

En virtud de esta moción, la cámara alta pedía al Ejecutivo que “ejerza las funciones de control e inspección” que la Ley Audiovisual otorga al Ministerio en Industria, hasta el momento en que se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), e imponga “las sanciones que correspondan a aquellas cadenas de televisión que vulneren lo que establece la ley”.

El texto señala que “aunque es cierto que en materia audiovisual hay una competencia compartida entre el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas, esto no puede justificar la falta de control y la multiplicación impune de canales cuyos contenidos no se adecuan” al ordenamiento y “atentan contra los derechos de los menores”.

Sanciones de la Ley Audiovisual

La Ley Audiovisual establece sanciones de entre 500.001 euros y 1 millón de euros para los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de entre 100.001 euros a 200.000 euros para los radiofónicos o incluso la revocación de la licencia en caso de infracciones muy graves, como la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

Para infracciones graves, las sanciones contempladas en la ley oscilan entre los 100.001 euros y 500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.001 euros a 100.000 euros para los radiofónicos, mientras que las infracciones leves están multadas con sanciones hasta 100.000 euros para los servicios de comunicación televisiva y hasta 50.000 para los radiofónicos.