La polémica Ley Audiovisual queda definitivamente aprobada sin cambios y con la abstención del PP

Ninguna novedad en el Senado para la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha salido adelante gracias a los votos a favor del PSOE y PNV y la abstención clave del Partido Popular. Se repite el guion marcado hace un mes en el Congreso de los Diputados, cuando abstención del PP sacó adelante una ley que incluso había enfrentado a los dos partidos del Gobierno de Coalición. La votación en el Senado ha salido adelante sin aceptar ninguna enmienda de las presentadas por el resto de partidos políticos, por lo que la norma no tendrá que volver al Congreso y queda lista para su implantación.

Todos los grupos han destacado las deficiencias del texto, haciendo especial hincapié en la definición de producción independiente, cambiada en el último minuto por el PSOE antes de su presentación en el Congreso y que hizo que casi la totalidad del sector protestara. Un cambio de una palabra con el que se abría la puerta a que empresas que, a priori, no eran consideradas independientes, pudieran contabilizar como tal para cumplir con la cuota de producción obligatoria que marca la nueva Ley.

El espíritu de esta ley tenía dos fines. Por una parte, transponer la directiva europea en esta materia, con el objetivo de ordenar un sector que desde el año 2009, cuando se aprobó la anterior regulación, ha vivido una revolución gracias a las nuevas tecnologías, con la aparición de nuevas empresas y el consumo masivo de contenidos audiovisuales y radiofónicos por catálogo. El segundo objetivo es el proyecto del Gobierno de convertir a España en un 'Hub Audiovisual', captando las inversiones de empresas internacionales de este sector, bien para atraer las sedes o para que produzcan sus productos desde España.

Aunando las dos cosas, la ley establece los requisitos marcados por la Comisión en la defensa y protección del sector audiovisual europeo, unos principios generales aplicables a todos los servicios en materia de protección del menor, accesibilidad o no discriminación de las mujeres y, al mismo tiempo, trata de crear un entorno empresarial propicio para captar inversiones.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, aseguraba unas horas antes de la votación que, pese a las críticas de los productores independientes, el cine español “va a salir fortalecido”. “Lo que algunos piensan que han perdido con la ley audiovisual lo recuperaremos con la ley del cine”, ha subrayado Iceta antes presidir la reunión del Observatorio de Igualdad en el ámbito de la cultura, donde también ha confesado que se han “encontrado con la necesidad de equilibrar tres intereses, los de las plataformas, las televisiones privadas y los productores y no es fácil”.

Con este texto se iguala a las plataformas como Netflix o Amazon con las cadenas privadas y se las obliga a dedicar el 5% de sus ingresos en producción audiovisual. De ese 5%, un 70% debe ir destinado a producción independiente. El polémico cambio en la ley hace que empresas filiales de grandes grupos mediáticos como Telecinco Cinema o Buendia Estudios sean consideradas como independientes a efectos de contabilizar en la obligación cuando trabajen para una plataforma. Es decir, que una película realizada por Telecinco Cinema para Netflix sería considerada como independiente para cumplir con la obligación marcada por la Ley.

Esta ha sido la gran batalla del sector del cine, que no ha logrado que el Gobierno cambie el texto, aunque no ha sido la única queja que ha recibido en su debate en el Senado. Los grupos nacionalistas también han criticado que no se defiendan las lenguas cooficiales y muchos se han manifestado decepcionados por la falta de cuotas para las mujeres.

Por su parte, desde el PSOE se ha vuelto a subrayar la importancia de la ley, la necesidad de implantarla cuanto antes y ha vuelto a pedir confianza al sector, al que ha prometido que en el texto de la Ley del cine la definición de producción independiente se verá protegida de una forma más férrea. Este es el nuevo temor de la industria, que la definición se perpetúe en los próximos textos y permita que las plataformas puedan, incluso, acaparar las ayudas para las películas más pequeñas.

“Hasta ahora, las productoras dependientes de las televisiones quedaban excluidas del concierto de producción independiente porque tenían una dependencia directa con su canal emisor. La maniobra de última hora llevada a cabo por el PSOE por la espalda nos afecta porque permite una competencia desleal”, explicaba tras la aprobación en el Congreso de los Diputados Jordi Oliva, presidente de PROA, la federación de productores independientes. Oliva hablaba en nombre de la PAP –Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes–, que acoge a 600 empresas y que ha lanzado un comunicado en contra de esta enmienda. “Nosotros no tenemos detrás un músculo financiero de una televisión, somos mucho más pequeños y indefensos”, zanjaba.

Una de las grandes quejas desde los productores independientes es que esto provoca una situación de “competencia desleal”, ya que a igualdad de condiciones y presupuestos en un proyecto, las plataformas van a elegir las propuestas de las filiales de las cadenas de televisión, ya que en el mismo precio incluyen toda una campaña promocional realizada desde todos sus canales y programas que un productor independiente debería pagar como extra.

El temor es que esto provoque una transformación del sector y que las plataformas trabajen solo con unas pocas empresas que pertenecen a los grandes operadores, y que vayan a desaparecer firmas independientes porque gran parte de las contrataciones se van a parar. Según esta visión, se pone en riesgo un cine de autor que es el más arriesgado, los próximos Alcarràs o Cinco Lobitos. Aquellas películas que apuesta por nuevos directores, mujeres en la dirección o lenguas cooficiales en beneficio de títulos que garanticen un retorno económico.

La tramitación y aprobación de la Ley Audiovisual ha acrecentado, además, la crisis del PSOE con sus socios de Gobierno. En su votación en el Congreso de los Diputados fue la primera vez en la que Unidas Podemos votó de forma diferente al Partido Socialista. El Gobierno de Coalición exteriorizaba sus discrepancias manifestando opiniones opuestas respecto a la Ley. Ocurrió lo mismo con ERC, que ya dejó claro en los presupuestos que la Ley Audiovisual y las cuotas lingüísticas eran fundamentales para el apoyo de su grupo parlamentario. Sánchez, ademá, se negó a aceptar una transaccional impulsada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para volver a la redacción pactada inicialmente. La Ley Audiovisual dejó claro que la mayoría de la investidura se había quebrado.