Manuela Carmena tomó asiento en plató de La Roca este domingo, 23 de noviembre, para analizar la decisión del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. En calidad de magistrada, manifestó abiertamente su incomprensión respecto a la manera de comunicar el fallo sin que la sentencia se hubiese redactado. Su opinión se centró en señalar que un fallo “radicalmente injusto” como este “está causando mucho daño a nuestra democracia” tras dar “espaldarazo a una mentira”.

El Alto Tribunal comunicó oficialmente su decisión sobre Álvaro García Ortiz el pasado 20 de noviembre, condenándolo a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros. El fallo que nos ocupa, que incluye también una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no fue unánime. Susana Polo, la magistrada ponente, y Ana Ferrer, apostaron por la absolución y quedaron en minoría.

Escasos días después, la exalcaldesa de Madrid compartió su punto de vista en laSexta: “Hay una cosa muy rara que ha hecho el Tribunal Supremo, nos ha sorprendido y preocupado. Es muy raro que, sin explicar por qué y sin redactar la sentencia, diga lo que va a hacer. No es nada habitual, y menos cuando hay una gran división de opiniones”. Carmena insistió en que la manera en la que se comunicó la decisión “es una falta de tacto”: “A mí me da pena”.

“Los jueces debemos tener una actitud prudente, siempre intentando conciliar y que la sociedad comprenda lo que hace la Justicia”, continuó explicando frente a Nuria Roca. De hecho, insistió en que le parecía “muy imprudente y poco acertado” que el Supremo confirmase cuál había sido su decisión, “pero sin decir por qué lo hace”: “Eso es muy lamentable”: “Este fallo que se nos anuncia, que no es una sentencia, está causando mucho daño a nuestra democracia”.

Carmena pone el foco en “la mentira”

Al instante, Manuela Carmena continuó explicando su punto de vista: “Yo creo que el fallo es radicalmente injusto, luego cuando veamos la fundamentación jurídica añadiremos otra calificación”. En este sentido, la sociedad debería “reflexionar mucho” por un motivo en concreto: “Se ha dado un espaldarazo a la mentira”. Amplió entonces su reflexión apuntando a la crispación: “La política está tan polarizada con grosería, con falta de atención, con insultos, con unas agresiones verbales que hacen tanto daño…”.

En ese momento, la expolítica centró su crítica en “una práctica enormemente negativa y venenosa que se está produciendo en nuestra democracia”: “Un testigo, en concreto el jefe de gabinete de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid [Miguel Ángel Rodríguez], dice que mintió. […] Me voy a inventar que es el Ministerio Fiscal el que le ha ofrecido un acuerdo, porque ha sido sorprendido con la comisión de un delito fiscal. Y además, me voy a inventar que el Ministerio Fiscal, por razones políticas, ha decidido suspender ese acuerdo”.

Como conclusión, Manuela Carmena lanzó una petición: “Me gustaría que fuéramos capaces de superar ese enfrentamiento y nos preocupara algo que es clave: no se puede mentir en política”. “Cuando uno miente, inmediatamente surge la obligación y el derecho de esclarecer la verdad”, sentenció, añadiendo lo siguiente: “Un procedimiento en el que su inicio, la instrucción y el fallo se ha basado en algo que era absolutamente mentira, no puede dar el resultado de que el mentiroso tenga la capacidad de establecer lo que no era cierto”.

El Tribunal Supremo ha confirmado que Mediaset tendrá que indemnizar con 200.000 euros a la artista María del Monte. El motivo: Sálvame emitió imágenes de una cámara oculta en la que Kiko Rivera afirmaba, años atrás, que María del Monte había estado implicada en un robo a Isabel Pantoja, su madre. Los jueces confirman lo que dijeron los tribunales sevillanos: “No es la primera vez que ha sido condenada por vulnerar su honor e intimidad con informaciones difundidas en sus programas acerca de la relación que mantenía con Isabel Pantoja”, recuerda el Tribunal Supremo. Mediaset, reprochan los jueces, lleva más de una década atacando a María del Monte “a modo de bucle temporal” por su orientación sexual y su relación con Isabel Pantoja.

Las imágenes fueron emitidas en bucle en varios programas de Telecinco a lo largo del 15 y el 16 de febrero de 2021: Sálvame Limón, Sálvame Naranja y Sálvame Tomate publicaron una cámara oculta grabada a Kiko Rivera en 2004 hablando de su madre, Isabel Pantoja, y entre otros asuntos de por qué su relación con María del Monte se deterioró. En esas imágenes afirmaba que Del Monte se “cepilló” un total de “medio kilo” que había en un armario de su casa, atribuyéndole en la práctica un robo.

En su recurso, Mediaset defendía entre otras cosas que 'Sálvame' no había aludido a la relación personal que pudieron mantener entonces ambas artistas, que las referencias al posible robo “ocupan un espacio mínimo” en la cámara oculta que emitieron y que, en cualquier caso, era un reportaje neutral que se limitaba a divulgar las afirmaciones de Kiko Rivera, protegido todo por la libertad de expresión.

La respuesta del Supremo es confirmar que Mediaset debe indemnizar con 200.000 euros a María del Monte, avalando la cuantía de esa indemnización. La cámara oculta fue emitida, explican, “en horario de máxima audiencia, por la cadena de televisión a la sazón más vista, y precedidos de rótulos o voces en off con titulares sensacionalistas”, con posterior análisis en la tertulia “que a su vez generan polémica y llaman la atención”, lo que se tradujo en “la mayor difusión” y la “propagación del rumor”. Los precedentes, con múltiples pleitos entre María del Monte y Mediaset con condena para la empresa, también inciden en la condena.

El programa de la cadena, explica el Supremo, entrevistó a otras personas, como a un empleado de Isabel Pantoja o a una “cantante conocida”, y “se aprovechó para sacar a relucir, e invadir, aspectos relacionados con la vida privada de ambas y su relación personal”. “No es la primera vez que la demandada ha sido condenada por vulnerar los derechos al honor y a la intimidad” de María del Monte, recuerda el Supremo.

Ataques “a modo de bucle” a María del Monte

Hubo una primera condena económica en 2014 y otra más en 2015 con sendas sanciones de 50.000 euros para la cadena. Todas relacionadas con su relación con Isabel Pantoja: entrevistando a un trabajador de la cantante para dar detalles de la relación entre ambas en varios programas de 2010 o aludiendo “a su orientación sexual” de manera “irrespetuosa” y “en clave burlesca” un año después.

Para el Supremo, este historial de condenas a Mediaset y Telecinco por vulnerar el honor de María del Monte permite elevar esta tercera indemnización hasta los 200.000 euros, más que las sentencias anteriores. “Tener que acudir a la Justicia en dos ocasiones por informaciones relacionadas con uno de los aspectos más reservados de la esfera privada, como es el relativo a las relaciones sentimentales y, en íntima conexión, la orientación sexual se considera suficiente para provocar en la persona que ha visto invadida su privacidad un sentimiento mezcla de desasosiego, desamparo e indefensión, al observar impotente cómo muchos años más tarde vuelve a reproducirse la intromisión, a modo de bucle temporal”.

El Tribunal Supremo desestima la demanda de revisión de Mediaset contra la sentencia que declaró a ITV titular de los derechos de Pasapalabra.

La Sala Civil del TS ha desestimado, por haberse presentado de forma extemporánea, la demanda de revisión planteada por Mediaset contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que se declaró firme en 2019, que declaró a ITV titular de los derechos de propiedad intelectual del concurso Pasapalabra, incluyendo su prueba final 'El Rosco', y condenó a Mediaset a restituir a ITV las ganancias obtenidas por el uso del formato por haber infringido dichos derechos.

Mediaset basaba su demanda de revisión en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de noviembre de 2022, en un pleito entre la empresa holandesa MC&F y Atresmedia, que tras analizar una serie de documentos concluyó que la titular de los derechos de propiedad intelectual sobre 'El Rosco' era MC&F y no ITV. Pese a ello, Atresmedia recurrió y ha seguido emitiendo Pasapalabra con 'El Rosco', como explicamos.

El Supremo, de acuerdo con lo defendido por la Fiscalía y por ITV, razona que se ha incumplido por Mediaset el requisito de que la demanda se interponga dentro del plazo de caducidad de tres meses desde el día en que se descubrieron los documentos que se consideran decisivos para instar la revisión de una sentencia firme, de acuerdo al artículo 512.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El alto tribunal explica que los documentos aportados por la parte demandada (ITV), concretamente el contenido de una carta de 31 de mayo de 2017 del abogado de Mediaset, ponen en evidencia que la demandante (Mediaset) tenía conocimiento previo desde, al menos tal fecha, de los documentos en los que funda la revisión.

Por otro lado, el Supremo recoge que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por el pleito entre MC&F y Atresmedia no es firme y está pendiente de la resolución de recursos extraordinarios por infracción procesal y casación ante el propio Supremo.

La demanda de revisión de Mediaset se interpuso contra la sentencia de la Audiencia de Madrid de 20 de septiembre de 2016, que devino firme por sentencia del Supremo de 30 de septiembre de 2019 que la confirmó íntegramente, y que estableció la condena a Mediaset a restituir a ITV las ganancias obtenidas por el uso del formato y título de la obra Pasapalabra, y supuso que el concurso dejase de emitirse en Telecinco.

Mediaset no tendrá que pagar una segunda indemnización de 8,7 millones a ITV Studios por Pasapalabra. El Tribunal Supremo ha decidido anular esta segunda sanción económica al entender que todos los daños que causó Mediaset a la productora británica por vulnerar los contratos ya fueron resarcidos con la primera sentencia del caso.

Fue en 2019 cuando el Tribunal Supremo ratificó las sentencias que obligaban a Telecinco a “cesar inmediatamente la emisión, edición, producción, reproducción, distribución, y cualquier forma de explotación” de Pasapalabra. Era el buque insignia del entretenimiento de la cadena desde hacía más de una década y tuvo que ser cancelado. Sólo dos meses después, Antena 3 se quedó con los derechos y recuperó el concurso con Roberto Leal, su presentador actual en Atresmedia.

Las dos empresas, Mediaset e ITV Studios, empezaron entonces a pleitear en torno a las consecuencias económicas del asunto. Una segunda sentencia entendió que Mediaset debía pagar, además, una indemnización de 8,7 millones de euros a ITV Studios por los daños que se siguieron produciendo entre diciembre de 2017 hasta que dejó de emitir el programa.

La Sala Civil del Supremo ha estimado en este caso el recurso de Mediaset y ha anulado la indemnización. La empresa alegaba que todos los daños derivados de usar la denominación Pasapalabra, en el programa y en el merchandising, ya “fueron resarcidos por la sentencia dictada en el primer pleito sobre formato y el título del programa de TV”, argumento que ahora comparten los jueces: “La reparación del daño provocado por la conducta infractora quedó cubierta con la indemnización que ya fue condenada a pagar Mediaset en el primer pleito”.

Ya es firme la nulidad del despido de Bernat Barrachina como guionista de La hora de La 1 por emplear el rótulo “Leonor se va de España, como su abuelo” al abordar la noticia de la salida del país de la Princesa Leonor para estudiar en Gales.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de RTVE sobre la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Así lo ha informado la cooperativa de abogados y abogadas Colectivo Ronda, que facilita también el acceso a la sentencia del caso, con fecha del 7 de noviembre. Contra este auto, hay que recalcar, no cabe recurso alguno.

Las clave de la sentencia del TSJM, ahora firme

RTVE presentó un recurso de casación sobre la sentencia previa, de junio de 2022. El TSJM consideró que la cadena vulneró el derecho fundamental a la libertad de expresión del guionista, actual colaborador de La Roca en laSexta, como responsable de la inclusión del mencionado rótulo.

Los hechos ocurrieron en 10 de febrero de 2021 en La hora de La 1. Barranchina fue despedido de forma fulminante a instancias de la corporación, pese a trabajar por cuenta de una productora asociada, Mediatso SL, propietaria de Tesseo (a cargo del magacín), y tras una ola de críticas de diferentes representantes políticos. Como reconstruimos en su día, el cuestionado rótulo se mantuvo durante un minuto y siete segundos en el aire, a consecuencia principalmente de que desde hacía dos semanas nadie ejercía como coordinador de guionistas tras la marcha de la anterior responsable, de tal forma que la idea del creativo se emitiese sin pasar por filtro alguno.

En la sentencia, la justicia madrileña valoró que “el demandante no transgredió los límites genéricos del derecho a la libertad de expresión”, y estableció la nulidad del despido así como la existencia de cesión ilegal de trabajadores. Se estimaba que RTVE actuó como verdadera empleadora al recibir el guionista órdenes directas de personal de la casa, por más que su contratación despendiera de Tesseo. Que la propia cadena informase, a través de un “comunicado urgente”, de que había pedido a la productora que relevase a los responsables reafirmaba esta tesis.

El TSJM consideró que el rótulo no afectó “negativamente en el prestigio de la Institución” pues “no contenía ninguna expresión con un significado objetivamente injurioso o vejatorio hacía la Princesa, cuya honestidad no quedó realmente en entredicho”. La sentencia ahora firme valoraba que “no puede entenderse razonablemente que a través del rótulo se pusiese realmente en tela de juicio la probidad de la Princesa, con ánimo de ofensa”.

“Dado el tenor del rótulo en cuestión y las circunstancias concurrentes, la Sala llega a la conclusión de que el demandante no transgredió los límites genéricos del derecho a la libertad de expresión impuestos por el debido respeto a otros derechos fundamentales dignos de protección y, en particular, del derecho al honor, ni las restricciones específicamente aplicables en el marco de una relación laboral”.

Barranchina, colaborador de 'La Roca'

La sentencia ahora firme condenaba de forma solidaria a RTVE y a la empresa Mediatso S.L. a abonar a Barrachina los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cese hasta la de notificación de la presente resolución, así como a hacerle efectiva la suma de 10.000 euros en concepto de indemnización en concepto de daños morales.

De este modo se cierra un caso que, como dijimos en su momento, podía sentar un precedente en la historia de la televisión en España, en lo referente a las relaciones contractuales entre productoras y cadenas. Esther Comas, abogada del Colectivo Ronda que ha dirigido la defensa del guionista, recalca la pervivencia de esta “práctica absolutamente intolerable”.

Está por ver ahora qué decisión toma Barranchina, que como decimos viene trabajando como colaborador de La Roca, ante la situación de volver a RTVE de cara a la readmisión que propugna la Justicia, dada su actual situación laboral dentro del magacín producido por Cuarzo (Banijay).

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó Mediaset contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba la multa de 196.000 que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por publicidad encubierta en La que se avecina.

El expediente contra Mediaset inició su recorrido en mayo de 2019, cuando la CNMC llegó a la conclusión de que un episodio de esta serie hizo publicidad encubierta de una empresa de juguetes eróticos. El capítulo en cuestión –el quinto de la segunda temporada– se titula Un aniversario, un peluquín y una reunión de tupper-sex y se estrenó en Telecinco en abril de 2008. Sin embargo, fue su reemisión en la cadena FDF lo que motivó la investigación.

En dicho episodio se incluyó una trama en la que varios personajes adquirían productos eróticos de una marca que se mostró en pantalla, algo por lo que finalmente se sancionó a Mediaset con una multa de 196.038 euros.

La empresa recurrió ante la Audiencia Nacional –que confirmó la sanción– y posteriormente intentó convencer al Tribunal Supremo. En su defensa alegaba que el contenido del capítulo fue señalizado como emplazamiento publicitario al principio y al final de la serie y durante las pausas, por lo que no hubo intención alguna de ocultar contenidos publicitarios, y por ello no concurría el presupuesto de la publicidad encubierta.

En cambio, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respalda ahora la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se establece que este episodio, emitido seis veces entre 2018 y 2019, supuso una vulneración del artículo 18.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que prohíbe la publicidad comercial encubierta, porque se infería un claro propósito publicitario, al evidenciarse la intención de promover la adquisición por los espectadores de los artículos eróticos de una determinada marca, con riesgo de provocar error sobre la naturaleza de la presentación.

“Evidente carga promocional”

El Supremo ha desestimado las tesis de Mediaset porque supondría eludir “la clara distinción existente (...) entre presentación de productos y publicidad encubierta”. La conclusión del alto tribunal es clara: aunque Mediaset advirtió de que este era un capítulo con “emplazamiento de producto”, se violó la prohibición de emitir publicidad encubierta porque las imágenes “contienen una evidente carga promocional de forma subrepticia de los productos de la marca”.

Además, con carácter general, el Supremo sostiene que incluso en el caso de que se advierta del emplazamiento de producto, “podrá ser considerado una conducta infractora consistente en el incumplimiento de la prohibición de realizar publicidad encubierta (...) cuando de la naturaleza o características de los mensajes publicitarios emitidos pueda inferirse que no se trata de una mera presentación de los bienes o servicios en la medida que resulte prominente la finalidad promocional dirigida a la adquisición del producto por parte del público al que le induce a error sobre la naturaleza de la presentación”.

La sentencia de la Audiencia que ahora confirma el Supremo destacó que en el capítulo se presentaban una amplia variedad de productos eróticos que se relacionaban con una determinada marca y la página web de la misma donde podían adquirirse, y que las imágenes evidenciaban claramente un propósito publicitario, con riesgo de provocar error en los consumidores inclinándoles de forma subrepticia, no consciente, a la adquisición de los productos de dicha marca, mediante el modus operandi de promocionar unos productos cuyas bondades se exponen, que están relacionados y se confunden con la temática del tupper sex tratada de dicho episodio.

El capítulo se emitió los días 5 de agosto de 2018, 6 y 5 de octubre de 2018, 23 de noviembre de 2018, 11 de enero de 2019 y 4 de febrero de 2019.

El Tribunal Supremo ha avalado la adjudicación de los seis canales de TDT, tres de alta definición y tres estándar, que el Gobierno aprobó en octubre de 2015, tras desestimar el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Asociación Española de Anunciantes (aea).

Atresmedia, Mediaset España y Real Madrid TV fueron las adjudicatarias de las licencias en HD, mientras que el Grupo Secuoya, 13TV (en la actualidad TRECE) y Radio Blanca, propietaria de DKISS, las elegidas para los de definición estándar.

No existe límite a la audiencia ni al número de licencias

Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín Templado, aea afirma que el acuerdo del Gobierno, al otorgar sendos canales de alta definición a Mediaset y Atresmedia, ha vulnerado los límites establecidos por los apartados 2 y 5 del artículo 36 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010, de 31 de marzo) respecto al porcentaje de audiencia y respecto a la ocupación del espacio radioeléctrico.

Sin embargo, el alto tribunal considera que “no existe un límite absoluto a la audiencia que una plataforma televisiva o un determinado sujeto pueda tener, como tampoco lo hay al número de licencias que pueda poseer”.

“Así pues, los límites que la Ley establece en garantía del pluralismo están encaminados a evitar operaciones de concentración que en sí mismas y en el momento de realizarse supongan la superación de determinados límites”, argumenta el Tribunal Supremo.

Tampoco va en contra de la competencia y el pluralismo

Asimismo, la asociación indicaba que, al otorgar estas dos licencias, el “acuerdo ha perjudicado gravemente la competencia en el sector televisivo y, como consecuencia de ello, en el mercado de la publicidad en dicho medio”, por lo que solicitó la nulidad parcial del acuerdo.

El alto tribunal entiende que en la normativa de adjudicación -en concreto, las bases de la convocatoria del concurso-, “se establecen exigencias destinadas a asegurar el respeto del pluralismo en la oferta televisiva de los propios operadores”.

“No es posible aplicar analógicamente una concreta garantía del pluralismo, clara y expresamente formulada para un supuesto de concentración, a una adjudicación de licencias por concurso, tanto por la expresa literalidad del precepto en cuestión, como porque la normativa del concurso ha optado por una modalidad distinta para la garantía del pluralismo, como lo es asegurar que las ofertas de los concursantes ofrezcan medidas y compromisos de pluralidad en la programación”, aclara el Supremo.

La aea acepta la sentencia pero cuestiona el pluralismo

Según ha indicado aea, la asociación acata la sentencia, pero lamenta que “el marco jurídico actual tenga puesto el foco más en el pluralismo de la oferta de contenidos que en la verdadera pluralidad de la propiedad de los medios de comunicación en España”.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos recursos de Walt Disney Iberia y DTS (Movistar+) en contra del decreto del gobierno que les obliga a financiar obras audiovisuales europeas. La decisión del Alto Tribunal es del pasado 3 de febrero y se publica en el BOE este lunes 8 de febrero.

De este modo, ambas compañías recurren un Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, que regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. Los prestadores de comunicación audiovisual tienen la obligación de contribuir anualmente con al menos el 5 por ciento por ciento de sus ingresos del ejercicio anterior a esta financiación.

Según señaló en su momento el Ministerio de Industria, la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea está amparada en la normativa comunitaria (Directiva de Televisión sin Fronteras) y se viene aplicando en España desde hace más de 15 años.

En virtud de la misma, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual están obligados a contribuir anualmente a la financiación de determinadas obras audiovisuales y, en concreto, de obras cinematográficas.

Concretamente, la norma aprobada el pasado mes de octubre y ahora recurrida modificaba la normativa reglamentaria vigente que databa de 2004 para adaptarla a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada posteriormente, en 2010.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales a la cantante Isabel Pantoja, por lo que la tonadillera no entrará en prisión. También ha rebajado la pena del ex-alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y de su exmujer Maite Zaldívar.

Isabel Pantoja no entrará en prisión

Con esta decisión, el alto tribunal evita el ingreso en prisión de la tonadillera al establecer que cometió un único delito de blanqueo y este no fue continuado.

El Supremo destaca en la sentencia que Isabel Pantoja conocía que “el dinero de Julián Muñoz que ingreso en sus cuentas bancarias y con el que opero en la adquisición de valiosos bienes procedía de las actividades delictivas en las que se hallaba implicado su compañero sentimental. Y es que no podía obtener otra conclusión de los datos relativos a la actuación pública del acusado y de su grupo político y del hecho que fuera un funcionario público que habría de vivir, en principio, de un sueldo oficial sin olvidar tampoco el mayor nivel de conocimiento sobre su persona que tenía que reportarle su vínculo sentimental y la convivencia diaria que arrastraba consigo”.

También, el Tribunal Supremo destaca el aumento de ingresos en efectivo en las cuentas privativas de Isabel Pantoja en 2003, que ascendió a 293.000 euros, superior a sus ingresos totales de los 7 años anteriores.

Las condenas de Maite Zaldívar y Julián Muñoz rebajadas

La Sala de lo Penal ha reducido de 3 años y 3 meses de cárcel a 2 años y medio la condena de Maite Zaldívar. La sentencia subraya que “era conocedora de que el dinero de su esposo, del que se separó en junio de 2003, procedía de actos delictivos directamente relacionados con su actividad política como concejal y alcalde Marbella”.

También se ha aminorado de 7 años a 6 años y medio de cárcel la pena de Julián Muñoz,ya que, aunque no recurrió, se hacen extensivos a él los efectos de la no apreciacion de la continuidad delictiva.

Intereconomía sigue adelante con su lucha contra el duopolio en la televisión española. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda del grupo de comunicación contra el acuerdo del Consejo de Ministros que dio vía libre a la fusión de Antena 3 y laSexta, según informa Vozpópuli.

La corporación de Julio Ariza pide en su recurso que el ejecutivo de Mariano Rajoy dé explicaciones por haber “facilitado” la operación de concentración de ambas televisiones, sin dar valor a las condiciones que la Comisión Nacional de Competencia.

Intereconomía presentó un recurso al Ministerio de Economía, pero fue desestimado

Cabe recordar que Intereconomía presentó ya solicitó el restablecimiento de las condiciones de la operación al Ministro de Economía, pero el recurso fue desestimado en noviembre por el Consejo de Ministros.

La fusión “perturba la competencia en el sector y el pluralismo informativo”

Intereconomía alega en su recurso que la aprobación del gobierno a la fusión “perturba la competencia efectiva en el sector de la televisión, el pluralismo informativo y perjudica los intereses generales”. Además, considera “especialmente lamentable” que no se justificaran “debidamente” los motivos por los que obviaron y eliminaron los compromisos impuestos por Competencia.

La AEA y Grupo Antena 3 sellaron un acuerdo de “buenas prácticas”

La medida llega poco después de que la Asociación Española de Anunciantes no formalizara su recurso contra la fusión de Grupo Antena 3 con laSexta. La asociación y el medio sellaron, a finales de enero, un pacto de “buenas prácticas en la comercialización de productos publicitarios televisivos” con el que fomentar la “libertad de competencia”.

Previamente, la AEA cargó contra la absorción por considerar que la situación económica española no podía servir como subterfugio para permitir concentraciones en este sector, en tanto que debilitaban la competencia y ponía en peligro el futuro de las inversiones de los anunciantes.

El Supremo ha desestimado el recurso presentado por LaSexta contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a la cadena a dejar de emitir imágenes de Telecinco en el programa Sé lo que hicisteis y reconocía a la cadena de Mediaset España el derecho de reclamar una indemnización en otro procedimiento, informa Europa Press.

La disputa entre La Sexta y Telecinco se remonta a 2008, cuando la segunda acudió a los tribunales para denunciar que el programa Sé lo que hicisteis, que por entonces se emitía en la sobremesa de La Sexta, estaba utilizando sin su permiso imágenes de sus programas infringiendo la Ley de Propiedad Intelectual. Primero el tribunal de primera instancia y más tarde, en mayo de 2010, la Audiencia Provincial de Barcelona dio la razón a Telecinco.

Niega que Sé lo que hicisteis

Ahora, el Supremo, ante el que LaSexta había presentado un recurso de casación, niega que Sé lo que hicisteis “estuviera amparado por el derecho de cita”, como había argumentado La Sexta, ya que “es evidente que la recopilación no se exteriorizó en forma de reseña” y el programa “superó con creces” el límite de contenidos de Telecinco que podían haberse considerado como información.

“En definitiva, no concurre el límite a que se refiere el recurso, por lo que la calificación de actividad ilícita efectuada por el Tribunal de apelación, en el mismo sentido que había hecho el de la primera instancia, debe entenderse la adecuada a la normativa señalada en el motivo”, concluye el alto tribunal en su sentencia, en la que condena a LaSexta a pagar las costas del recurso.

Mediaset iniciará inmediatamente los trámites para la indemnización

Mediaset celebra esta nueva sentencia que “ratifica el fallo que textualmente dictaba que “la utilización de imágenes de Telecinco es recurrente e indiscriminada, y además es susceptible de perjudicar la normal explotación de las obras utilizadas desde el momento en que, con los fines indicados, ajenos a los que alude el precepto, se persigue un mayor éxito de audiencia en el mercado que es el propio de los programas utilizados, con los cuales los citados programas de La Sexta concurren y compiten en la pantalla televisiva, y a la postre un provecho comercial“.

El programa de La Sexta “nutría hasta el 21% de su espacio con imágenes pertenecientes a Telecinco, haciendo caso omiso de los reiterados requerimientos de cese de emisión de estos contenidos, sobre los que Mediaset España ostenta sus derechos exclusivos de explotación hasta que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona admitió la demanda en 2008, obligando a interrumpir dicho uso ilegal de imágenes, una sentencia posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial de Barcelona y en última instancia por el Tribunal Supremo”.

El Gobierno negocia con las TV para evitar una macrodemanda si pierden sus licencias, debido a la sentencia del Tribunal Supremo que invalida la asignación de canales en 2010, según un artículo de El Confidencial que resumimos a continuación por su interés.

El tiempo se agota. El Ministerio de Industria y las televisiones privadas negocian contra reloj un acuerdo para desactivar la sentencia dictada por el Supremo a finales de noviembre que amenaza con arrebatar a las cadenas buena parte de sus canales. Según aseguran fuentes conocedoras de los contactos, la inquietud en el Gobierno es máxima, en tanto teme que la ejecución del fallo le exponga a una macrodemanda con importantes reclamaciones económicas por parte de los afectados. Y es que, amparados por las decisiones del Ejecutivo, los Mediaset, Antena 3, Vocento o Unidad Editorial han llevado a cabo ingentes inversiones para poner en marcha su oferta audiovisual.

La sentencia, fechada el 27 de noviembre, se retrotrae a la era Zapatero y declara la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital [ancho de banda que permite la emisión de cuatro canales] de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. Una decisión que obligaría a los grupos a devolver sus nuevos canales. Y el Alto Tribunal entiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso.

El problema que se plantea es que la sentencia del Supremo no es recurrible, y solo cabe su aplicación por parte del Ministerio que encabeza José Manuel Soria. “Se está trabajando sobre una solución técnico-jurídica que podría encontrar acomodo en la nueva normativa sobre el dividendo digital”, exponen estas fuentes. Como publicó El Confidencial a mediados de diciembre, la sentencia paralizó el real decreto sobre la nueva asignación de frecuencias que tenía previsto aprobar el Ejecutivo antes de final de año. De hecho, no parece lógico reubicar a las televisiones en el espectro radioeléctrico cuando no hay certeza sobre los canales que gestionan.

El tiempo también desempeña un papel nada despreciable. Según la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, “luego que sea firme una sentencia, el secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que (…) la lleve a puro y debido efecto”. A partir de ahí, transcurridos dos meses, “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”. Un calendario que situaría el margen de Industria para decidir cómo ejecuta la sentencia a principios de febrero. No obstante, fuentes próximas al proceso explican que el Ministerio instó recientemente al Supremo a que le remitiera la totalidad del expediente, lo que le permitiría ganar tiempo.

El concurso, la última opción

¿Y hacer caso de verdad al Supremo? Nadie quiere oír hablar de esa posibilidad. “El concurso es la peor opción para las cadenas españolas. Abriría el melón a la entrada de corporaciones que ahora están arrendadas como Disney, Paramount o Discovery. Para los grandes grupos españoles sería menos preocupante, pero para los pequeños...”, explican fuentes del sector. No hay que olvidar que el sector ha evolucionado desde que el Consejo de Ministros tomara la decisión. Mediaset (entonces Telecinco) ha incorporado el múltiple digital de Prisa (Cuatro) y Antena 3 el de la La Sexta. Todo el diseño actual del sector audiovisual está en el alero.

Pese al aparente silencio administrativo decretado en el sector tras conocerse la sentencia, la procesión va por dentro. “Estamos todavía en estado shock”, admitía un alto ejecutivo de una cadena 24 horas después de que se conociera la posición del Tribunal Supremo. “Nadie lo esperaba. Ni el Gobierno ni las televisiones. Los abogados del Estado están trabajando para desentrañar la sentencia”, añadían entonces fuentes del sector. Más de un mes después, ni la percepción de los implicados ni el estado de cosas han cambiado demasiado. Con otro agravante: la fecha marcada en rojo en el calendario para poner en marcha el dividendo digital es el 1 de enero de 2014. Las cadenas tienen muchas dudas sobre cómo se implantará el modelo transitorio, en el que los canales se verán en más de una frecuencia, y tampoco saben quién lo pagará.

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso presentado por la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 y ha declarado nulo el acuerdo del 16 de julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiple completo --con capacidad para emitir cuatro canales convencionales-- a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser conforme a derecho, aunque la sentencia no afecta a los actuales operadores.

“El Gobierno no respetó la Ley Audiovisual y dio canales adicionales sin concurso público”

De acuerdo a la sentencia del Supremo, el Gobierno no respetó la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en mayo de ese mismo año, y asignó a los propietarios de licencias “canales adicionales” en la TDT “sin la realización de concurso público”, tal y como exige la Ley.

En este sentido, el tribunal señala que “no es posible admitir” que tras la entrada en vigor de la Ley Audiovisual, que preveía el trámite de concurso público para adjudicar nuevos canales, “prosiga el Gobierno desarrollando previsiones reglamentarias que se corresponden a una regulación anterior, al margen de las exigencias contenidas en dicha Ley y en contradicción material con ellas”.

“La contradicción con la Ley no deriva tanto, por consiguiente, de la asignación de un múltiple en sí misma --lo que por sí sólo podría ser una cuestión técnica--, sino de que ello conlleva la asignación de canales adicionales a los contenidos en las concesiones en el momento de entrada en vigor de la Ley Audiovisual, pues estando ya en vigor la misma no es posible efectuar dicha asignación sin proceder a un concurso público”, señala la sentencia.

No afecta a los actuales operadores

No obstante, el tribunal continúa señalando que “no es posible determinar con certeza” que la asignación de los nuevos canales “queden ineludiblemente afectados” por la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que la sentencia no afectará a los actuales operadores.

Se desestima la pretensión de que los operadores solo tengan derecho a un canal

Igualmente, el tribunal ha desestimado la pretensión de la recurrente de declarar que Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta sólo tenían derecho a emitir un canal en la TDT.

Deja la puerta libre a que el reparto de canales “pueda ser impugnado”

Sin embargo, la sentencia del Supremo deja la puerta libre a que el proceso por el que se asignó los nuevos canales de la TDT, coincidiendo con el 'apagón analógico', “pueda ser impugnado por sí mismo, y que en dichos procedimientos se delimite, en su caso, su dependencia del acuerdo ahora anulado y la legalidad o ilegalidad de dichas actuaciones administrativas”.

La empresa demandante ya ha intentado emitir en comunidades autonómas

La campaña emprendida en los tribunales por la empresa Infraestructuras y Gestión 2002, que ya ha intentado en diferentes comunidades autónomas tener acceso a alguna licencia para poder emitir canales en abierto, se remonta en el tiempo hasta 2005 y acumula ya algunas sentencias a favor y en contra de la manera en que se ha repartido las licencias de la TDT en los últimos años.

Ya ganó en 2010 una sentencia que anuló 37 de los 96 canales en Cataluña

La empresa ya logró en 2010 una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que anuló la adjudicación que hizo la Generalitat de Cataluña de 37 de los 96 canales de TDT disponibles en la comunidad autónoma a televisiones locales públicas.

¿Quién es Infraestructuras y Gestión 2002?

El recurso ha sido presentado por Mass Media Assistants, compañía especializada en prestación de servicios jurídicos en materia de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Infraestructuras y Gestión es una empresa con sede en Vitoria, propietaria de Canal Latino y de varias emisoras que emitían bajo el logotipo de MX, según informó El Confidencial. Estos últimos canales solían programar casi exclusivamente concursos, contactos eróticos y tarot. La empresa vasca ocupaba desde marzo del 2004, sin permiso, los canales 22, 28, 35 y 40 de Barcelona -las emisiones se realizaban desde el Tibidabo- y el canal 58 de Tarragona. En esta provincia, emitía desde la localidad de Castellvell del Camp.

El Gobierno catalán abrió cinco expedientes e impuso una sanción de 600.000 euros por cada uno de ellos. En enero del 2008, el Tribunal Supremo sentenció que las emisiones de los canales de Infraestructuras y Gestión 2002 provocaban “interferencias en otros servicios de televisión” y avalaba el precinto de los equipos.

En noviembre del 2004, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) también la denunció ante la fiscalía por “falsear concursos a través de teléfonos de tarificación adicional”. Lo que hacían, según el CAC, era plantear preguntas a los telespectadores y retener las llamadas para obtener más beneficios. Paralelamente, este organismo abrió un expediente por publicidad engañosa y por vulnerar la ley de protección de menores al emitir chats y publicidad de servicios eróticos en horario protegido. En esas fechas, también se presentaron denuncias por estafa ante la Guardia Civil de Reus.

Contra Telecinco, Antena 3, La Sexta...

Los enemigos de Infraestructuras y Gestión 2002 han sido muchos en los últimos años. Esta compañía, por ejemplo, recurrió también la concesión de la licencia a La Sexta, según el citado artículo de El Confidencial. En octubre del 2007, el Tribunal Supremo sentenció que desestimaba el recurso, aunque el fallo contó con un voto particular del magistrado Óscar González.

La misma empresa ya recurrió la concesión de canales de TDT a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo y Net TV. En junio del 2009, el Supremo también desestimó estos recursos. Asimismo, en el 2007, presentó recurso contra el gobierno de La Rioja por haber concedido once emisoras privadas comerciales de radiodifusión pero en las concesiones se interpretaba que “el servicio soporte de transmisión de señales de radio debe ser prestado necesariamente por el operador público autonómico”. La compañía vasca acudió a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para oponerse a esta obligatoriedad y el dictamen fue favorable a sus tesis.

Ingest 2002 es una compañía sin apenas empleados pero que factura más de 1,8 millones de euros anuales. Su administrador único es Carlos Carrera, pero tiene cuatro apoderados: Antonio Joaquín Fábregues, Esteban Ortiz de Urbina, Miguel Ángel Prieto e Ignacio Sánchez Pasquín. Fábregues es un ejecutivo que preside la compañía Vídeo Medios, además de administrar media docena más de compañía, como Radiodifusión Digital (en la que figura como administrador solidario junto a los otros apoderados de Ingest), con sede en Fuenlabrada, o la Corporación Vasca de Radio. Ortiz de Urbina es administrador único de Sistemas de Transmisión de Fibra Óptica, de País Vasco Radio y administrador solidario de Astel Comunicaciones, junto a Miguel Ángel Prieto. Ignacio Sánchez, por su parte, es propietario de la compañía Difusión Herciana y de Difusión y Ventas.

* Foto de portada: ABC.es

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado un recurso contencioso-administrativo presentado por el Colegio de Periodistas de Cataluña y varios profesionales del sector contra la obligación de que los medios públicos notifiquen a la Junta electoral sus planes de cobertura de la información de las campañas electorales, la previsión de debates y el tiempo dedicado a cada partido en función de los últimos resultados en las elecciones.

Concretamente, la demanda de los periodistas solicitaba al Tribunal Supremo que anulase dos artículos de la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central sobre la interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, según recuerda la sentencia.

El TS ya rechazó en 2009 otra demanda similar de Periodistas gallegos, madrileños y catalanes

La misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ya rechazó en octubre de 2009 otra presentada por el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, la Asociación de Prensa de Madrid y el propio Colegio de Periodistas de Cataluña contra el sometimiento de los medios de comunicación públicos a criterios de tiempo para la información política antes de las elecciones.

Esta nueva demanda, que además de por el colegio catalán ha sido apoyada por la exdirectora de TV3 Mónica Terribas, entre otros periodistas, considera que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no exige que la Junta Electoral apruebe el plan de cobertura de los medios, ni la distribución de la duración de la información sobre la campaña en función de los resultados anteriores.

“Restricción constitucionalmente ilícita que limita la libertada de información”

Además, sostienen que la interpretación que hace la Instrucción 4/2011 del artículo impone “una restricción constitucionalmente ilícita” que, a su juicio, limita la libertad de información durante la campaña electoral porque consideran que el tiempo y la forma son elementos propios de la información.

El Supremo: El orden y duración de las noticias “no son lesivos del derecho a la libertada de información”

Sin embargo, el Supremo asegura en su sentencia que el orden y la duración de emisión de las noticias de cada partido durante la campaña “no son lesivos del derecho fundamental a la libertad de información”.

“No lo hace porque, además de no incidir en los contenidos, responde a los fines de preservar los principios enunciados en el artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en especial el de proporcionalidad que opera a partir de un dato objetivo: los resultados procedentes de las candidaturas en elecciones del mismo tipo”, justifica la sentencia.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena impuesta a Telecinco, por la que la cadena de televisión deberá pagar una multa de 470.000 euros por anunciar de forma encubierta el complejo residencial de Marina d’Or en cinco capítulos de la serie 'Yo soy Bea' emitidos en el año 2007, según informa Servimedia.

Desestimado el recurso de Telecinco y confirmada la sentencia

Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presididos por Pedro José Yagüe Gil, han desestimado el recurso interpuesto por Telecinco y han confirmado la sanción impuesta en 2007 por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria.

Cinco capítulos de 'Yo soy Bea' en enero de 2007

Este organismo multó a Telecinco por la comisión de cinco infracciones administrativas de carácter grave de publicidad encubierta, en concreto por la presentación de los productos y servicios de Marina d’Or en cinco capítulos de la serie 'Yo soy Bea', emitidos los días 24, 25, 26, 29 y 30 de enero de 2007.

Telecinco alegó que no cobró de Marina D'Or

Telecinco alegó que no percibió remuneración alguna por parte de Marina d’Or y señaló que el “emplazamiento de producto” es “una práctica habitual en el sector audiovisual”. Los magistrados del Supremo rechazan este argumento e indican en la sentencia hecha pública hoy que tuvo lugar “una publicidad encubierta y no una presentación de producto”.

“La presentación no clara y directa sino encubierta del producto, lejos de privar importancia a las infracciones, por minorar el daño a los consumidores, tiene el efecto de acendrarlo pues colabora de manera decisiva a que esa forma oculta de presentación del producto sea idónea para producir error en los mismos”, indica la resolución del Alto Tribunal.

El Supremo señala además que Telecinco “tenía el control -el dominio pleno- del hecho en la presentación de la serie proyectada en su cadena” y asegura que “es claro que la inclusión de publicidad encubierta en la serie ayuda a la financiación de la obra para la productora”.

El Tribunal Supremo ha condenado a Telecinco a pagar una indemnización de 70.000 euros a una persona cuyo honor e imagen dañó al insertar una fotografía suya en un informativo identificándole erróneamente como terrorista.

En su informativo de las 14:30 horas del 27 de abril de 2007, Telecinco informó de que habían sido detenidos varios miembros de ETA en el Reino Unido, una información que se acompañó de fotografías, de las cuales una correspondía al demandante y no al etarra.

Buscó una foto en internet a partir del nombre y apellido del etarra detenido

La cadena “se limitó a buscar la fotografía por Internet a partir del nombre y primer apellido del etarra” para obtener una imagen que acompañara la noticia de las detenciones, señala la sentencia.

Desestimado el recurso de Mediaset España

La cadena había sido condenada en otras instancias por estos hechos, pero recurrió ante el alto tribunal, que ahora confirma aquellas condenas y desestima el recurso de Telecinco porque, dice, aunque el derecho a la información, cuando esta es relevante para crear opinión pública, puede prevalecer sobre el derecho al honor, ese equilibrio “puede revertirse a favor del derecho al honor” en función de las circunstancias del caso.

La gravedad de la identificación se antepone a la libertad de información

En este caso en concreto, no está en cuestión que los hechos relatados en el informativo (las detenciones) fueran ciertos, pero la gravedad de las imputaciones que suponía publicar las fotografías exigía una adecuada diligencia por parte del informador al comprobar las identidades y su correspondencia con las imágenes que se emitían.

Esto “no se hizo”, recuerda el Supremo, lo que condujo a un error con entidad suficiente para entender que la cadena no cumplió con el deber de ofrecer una información veraz.

Al no ser veraz la información por falta de rigor en el trabajo periodístico, no puede entenderse que la conducta del medio esté protegida por la especial consideración que la Constitución ofrece a la libertad de prensa y, por tanto, no prevalece sobre el derecho al honor dañado, dice el Supremo.

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado una demanda interpuesta por Belén Esteban, conocida como “la princesa del pueblo”, contra la editorial A.C.A.D.A.P., responsable de la publicación del libro “Arriba la Esteban”, en el que se analizaba el fenómeno mediático del personaje.

Esteban había recurrido al alto tribunal después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara una sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de Primera Instancia numero 4 de la capital que entendió que en este caso sí había intromisión ilegítima al derecho al honor de la demandante y condenó a la editorial a indemnizar al popular personaje televisivo con 30.000 euros.

El Supremo dice que es un libro “informativo” para “ilustrar el fenómeno”

En el análisis de la colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, el Tribunal Supremo entiende que debe prevalecer este último al haberse ejercitado la creación artística de forma legítima, “no sólo por el interés informativo del libro dentro del género de entretenimiento, sino también por la ausencia de expresiones de carácter ofensivo o insultante, siendo las utilizadas necesarias para el propósito del libro, que es ilustrar a los lectores sobre el fenómeno mediático del personaje”.

La Sala Primera del Supremo recuerda que Esteban, que inicialmente también había demandado a la autora de la obra, María JoséFernández, llegó finalmente a un acuerdo transaccional con ésta y continuó el procedimiento únicamente contra la editorial.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, José Antonio Xiol, desestima el recurso de casación interpuesto por Belén Esteban y confirma la decisión de la Audiencia Provincial en cuanto a los efectos del acuerdo transaccional, al entender que el resarcimiento moral que produjo la declaración de la autora del libro a la demandante hace perder efecto lesivo a la conducta de la editorial.

Pipi Estrada tendrá que indemnizar al ex novio de Terelu

La sala de lo civil del Tribunal Supremo también ha ratificado la sentencia de la Audiencia de A Coruña que condenó al periodista deportivo Pipi Estrada a indemnizar con 15.000 euros a Carlos Agrelo, exnovio de Terelu, informa la SER.

Estrada insinuó en el programa A tu lado de Telecinco que Agrelo consumía drogas. La noticia presenta un matiz “injurioso”, según los magistrados, ya que el demandado no ha podido probar la veracidad de lo afirmado. Más bien, concluyen, se presenta como noticia “lo que en realidad tiene apariencia de rumor”.