Hace dos semanas Lluís Orriols publicaba un post aquí sobre cómo las elecciones de Aragón nos podrían ser útiles para entender el escenario nacional y cuáles son las dinámicas electorales en las que estamos mientras nos acercamos a unas próximas elecciones generales. En realidad, el argumento sobre la utilidad de Aragón para extrapolar conclusiones nacionales ya lo planteamos en un libro hace tiempo y ha sido muy usado en los últimos años. Aragón es un buen termómetro de la política española. Contiene en una única región muchos de los elementos diversos del escenario político español, como la combinación urbano/rural o la presencia de regionalismo que nos proporciona una España en pequeñito con claves de por dónde va la política nacional.

Por eso, conviene echar un vistazo en profundidad a lo que ha estado ocurriendo en Aragón en la campaña y en las elecciones para comprender algo más sobre lo que está ocurriendo en España y las lecciones que se pueden extraer a derecha e izquierda.

Lecciones para la derecha

El momento político de la derecha sigue siendo de gran volatilidad. La subida de Vox en Aragón no es casualidad ni se puede interpretar como un simple voto protesta en las autonómicas que volverá al redil del PP en una elecciones generales. De hecho, en la preelectoral del CIS se mostraba que hay más gente en Aragón declarando que votaría a Vox en unas generales que en las autonómicas. Es decir, el resultado de Vox en Aragón podría estar subestimando el resultado de ese partido en unas generales.

Esta brecha entre PP y Vox podría seguir reduciéndose. Las transferencias de voto entre PP y Vox siguen abiertas. Hay más votantes del PP que consideran a Vox como su segunda opción que al revés. Y, de nuevo con datos del CIS de la pre-electoral en Aragón, por cada votante que se ha ido de Vox al PP, más de 3 se irían del PP a Vox. Esta proporción de 3 a 1 es fundamental para entender el clima en la derecha.

Mientras esta batalla en la derecha siga abierta, es difícil pensar que los gobiernos autonómicos que se están negociando ahora (Extremadura y Aragón) y los que probablemente se negociarán en los próximos meses (Castilla y León y, tal vez, Andalucía) sean exitosos. Aún más en un clima en que Vox sabe que los votantes de la derecha no les culpabiliza por los adelantos de las elecciones autonómicas. En las divisiones entre ambos partidos, Vox tiene la mano ganadora.

En estas circunstancias, parece difícil esperar ningún entendimiento estable entre ambos partidos si cualquier negociación se hace observando por el retrovisor el ascenso de Vox a escala nacional. Ahora mismo solo parece que unas elecciones generales que confirmen cuál es el reparto de roles entre PP y Vox y su correlación de fuerzas pueden dar algo de estabilidad al espacio. Probablemente, cuando esto ocurra, más si conlleva un gobierno de coalición de la derecha, se producirá un efecto cascada hacia las autonomías que permitirá gobiernos más estables.

Lecciones para la izquierda

Las elecciones de Aragón no da un escenario muy halagüeño para la izquierda. En primer lugar, se nos plantea, una vez más, cuáles son los riesgos de su fragmentación. Con los resultados obtenidos por IU-Sumar y Podemos es difícil pensar que conseguirían representación en unas elecciones generales más allá de Madrid y Barcelona. Solemos incidir en que la fragmentación es penalizada por el sistema electoral, pero en estas circunstancias la fragmentación tiene también un efecto emocional más allá del mecánico. Las pocas opciones de ese espacio, aumentadas por la barrera del sistema electoral, no contribuyen a generar movilización. Por poner un ejemplo, y aunque es difícil de estimar bien la movilización con estas encuestas (dado que los ciudadanos suelen sobreestimar su voluntad de ir a votar), hay un 50% más de personas en la izquierda declarando que votarían en blanco, nulo o se abstendrían que en la derecha. Si nos vamos a posiciones más en el extremo, la desmovilización entre los votantes que se sitúan en el 1 y 2 es mucho mayor que la de los votantes en el 8, 9 o 10 en una escala ideológica izquierda-derecha de 1 a 10.

En segundo lugar, el PSOE obtiene unos resultados históricamente muy negativos. La estrategia de tener líderes autonómicos sentados en el Consejo de Ministros hasta casi el día antes de las elecciones es efectiva para mantener el partido dentro de la línea oficial, pero no es útil para competir en elecciones autonómicas, sobre todo en la situación actual del gobierno. El desgaste en el capital político del partido es evidente. Llama la atención que entre las razones citadas por sus votantes aragoneses para votar por su partido, el “intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos/as de derechas” es la más citada. La mencionan como primera razón un 33,4% de sus votantes, frente a un 19,2% que citan “las ideas y propuestas del partido”. Por poner un ejemplo, en Vox, que podríamos pensar que es un partido con un voto muy a la contra, el 20,9% lo hacen para evitar gobiernos de izquierdas, mientras que un 37,8% mencionan las ideas y propuestas del partido. El PSOE es el partido donde la brecha entre los que lo votan para evitar un gobierno de signo contrario y los que lo votan por sus ideas es más favorable para la primera razón. Esto nos indica la crisis de capital político que el partido tiene y las dificultades que enfrentará para sostenerse si la razón más poderosa para su voto es únicamente evitar un resultado que desagrada a sus votantes.

Por último, Aragón se apunta a un fenómeno que estamos viendo en otras autonomías. La alternativa para los votantes de la izquierda “estatal” es la izquierda “regional”. El resultado del CHA. Esto confirma que ahora mismo el escenario nacional ha transitado de tres bloques de derecha, izquierda y regionalismo/independentismo a dos bloques donde los dos últimos se han fusionado. No son solo alianzas parlamentarias sino un bloque poroso de electores.

Esto es un arma de doble filo. Por un lado, permite que muchos de los votos de la izquierda desanimada no se vayan a la abstención. Esto mantiene vivas las esperanzas del bloque. Por otro lado, complica la dinámica parlamentaria, de la que esta legislatura está siendo un ejemplo constante. Las posibilidades de la izquierda pasan únicamente por un entendimiento con los partidos de ámbito autonómico.

Coda

Este ejercicio se hace con todas las salvedades posibles. Primero, extrapolar desde elecciones autonómicas a generales tiene riesgos, siendo las primeras unas elecciones de las que llamamos de “segundo orden”. Segundo, porque el carácter de oráculo de Aragón se ve más limitado cuando estamos en un escenario fragmentado y más multipartidista. Aragón, por ejemplo, tal vez siga siendo capaz de predecir quién es el partido más votado, pero eso tiene menos valor si formar gobierno ya no pasa por ser la fuerza que salga primera de las urnas. Aun así, y con todas estas cautelas, el ejercicio sigue mereciendo la pena como termómetro para intuir hacia dónde se mueven las corrientes de fondo de la política nacional.

¿Puede la construcción de carreteras influir en el resultado de unas elecciones? En un reciente estudio que hemos realizado sugerimos que sí. Las infraestructuras suelen verse como proyectos técnicos o económicos, pero en realidad son también decisiones profundamente políticas. Determinan qué territorios se conectan, beneficiando a algunas comunidades frente a otras, e influyen en cómo se distribuyen las oportunidades dentro de un país. Estudiar su impacto en el comportamiento electoral permite entender hasta qué punto las obras públicas moldean también el mapa político. En una democracia, donde la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones se construyen también a través de resultados tangibles, analizar la relación entre inversión en infraestructuras y voto es una clave más para comprender cómo se gana —y se mantiene— el apoyo político.

En este sentido, el caso español es muy relevante. A principios del siglo XX, España arrastraba un retraso considerable en infraestructuras de comunicación respecto a sus vecinos europeos. Las cifras eran elocuentes: unos 6.900 kilómetros de carreteras provinciales y 19.000 de caminos rurales, frente a los 38.000 y 600.000 kilómetros que ya tenía Francia. Durante las tres primeras décadas del siglo hubo avances importantes. La red se duplicó. Empezó a tomar forma el sistema radial que conectaba Madrid con las capitales de provincia. Pero la Guerra Civil y el franquismo cortaron este proceso de convergencia. España seguía bastante alejada de los estándares europeos cuando Franco murió.

La vuelta de la democracia no mejoró las cosas de entrada. El contexto económico era complicado para grandes inversiones públicas. El cambio llegó en 1984. El gobierno de Felipe González aprobó un plan que intentaba superar el sistema radial tradicional. Se proyectaron carreteras provinciales de alta capacidad que conectaban directamente unas capitales con otras. Dos años después España entró en la Comunidad Europea y eso resultó determinante. Los fondos comunitarios aportaron recursos que el país no podía movilizar por sí solo. Los catorce años del PSOE en el gobierno concentraron las inversiones principalmente en el sur. Andalucía, Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha vivieron transformaciones muy notables en su conectividad. La victoria del PP en 1996 trajo un cambio geográfico en las prioridades. El foco se puso en el norte. Galicia y Cantabria, relativamente aisladas hasta entonces, experimentaron mejoras sustanciales. Ocho años después España presumía de tener una red viaria comparable a la de Alemania o Francia.

Como mostramos en el siguiente gráfico, España convergió en kilómetros de autopistas de un modo espectacular y en la primera mitad de nuestro período democrático pasamos de ser un país con una infraestructura viaria muy limitada a superar a los países de nuestro entorno. Desde 2004 las carreteras han ocupado un lugar más discreto en la agenda política de transporte. La inversión se ha dirigido fundamentalmente a la red ferroviaria de alta velocidad ralentizando mucho la expansión de la red.

Para estudiar el impacto electoral de este desarrollo nos encontramos ante el reto de conseguir datos fiables sobre cómo ha mejorado la conectividad de cada municipio español entre 1983 y 2019. No existe ninguna base de datos oficial que recoja esta información. Los mapas geocodificados de carreteras solo están disponibles desde 2018, y los proyectos académicos previos ofrecían datos muy agregados, por décadas enteras. Necesitábamos saber qué pasó en cada legislatura concreta para vincular las mejoras a gobiernos específicos. En nuestro proyecto, hubo que construir todo desde cero. Partimos del mapa oficial de 2018 y trabajamos hacia atrás en el tiempo, utilizando mapas digitales del Ministerio de Fomento para el periodo 2000-2015 y mapas en papel de bibliotecas públicas para los años anteriores. Cada mapa hubo que escanearlo, georreferenciarlo e identificar manualmente qué tramos se habían construido en cada periodo electoral. Al final reconstruimos mapas completos para todos los años electorales desde 1982 hasta 2019.

Con los mapas listos, el siguiente reto era convertir esa geometría en algo útil: cifras concretas de conectividad por municipio. Existen varias formas de medir esto. Nosotros decidimos no usar kilómetros. Nos pareció más sensato medir tiempo. La razón es bastante intuitiva: a la gente le da igual que hayan construido 50 kilómetros nuevos de autovía si eso no le permite llegar antes a ningún sitio. Lo que importa es cuánto se tarda menos ahora que antes. Para cada municipio calculamos el tiempo de viaje en coche hasta Madrid, respetando los límites de velocidad de cada tipo de carretera. Madrid funciona bien como referencia porque está en el centro del país. Toda la red española gira históricamente en torno a la capital. Podríamos haber elegido otra ciudad. Da igual mientras lo que nos interese sea ver cómo cambia la conectividad del mismo municipio a lo largo del tiempo. La base de datos final incluye cientos de miles de tramos: autopistas de peaje, autovías, carreteras nacionales, comarcales, caminos rurales. Cada uno con su clasificación, fecha de apertura y velocidad permitida. En el gráfico 2, mostramos como nuestra base de datos identifica los tramos de carretera construidos, atribuyéndolos a un gobierno y estimando si cada municipio mejor o no su conectividad en la red.

Con estos cálculos de la conectividad, podemos estimar si los municipios que reducen los tiempos de viaje hacia Madrid y otras capitales de provincia tienen tanto un aumento en la participación electoral como una mejora de los resultados electorales del partido en el gobierno.

En primer lugar, analizamos la participación electoral. Los resultados son claros: las mejoras en la conectividad incrementan la asistencia a las urnas. Los municipios que experimentaron una reducción en los tiempos de viaje registraron, en promedio, un aumento de 0,77 puntos porcentuales en la participación. En términos prácticos, esto equivale a unos 189.000 votantes adicionales por elección y más de 1,7 millones de votantes nuevos a lo largo de todo el período que analizamos. En el estudio estimamos que cada minuto de mejora en el tiempo de viaje hacia la capital se traduce en un incremento de 0,03 puntos porcentuales en la participación electoral, lo que muestra la sensibilidad del voto ante los cambios en la infraestructura local.

El impacto no se limita a la participación. La mejora de infraestructuras viarias en España ha supuesto un “premio electoral” para los partidos que las impulsaron. Cuando el PSOE ha sido partido en el gobierno y realizó las mejoras, su voto aumentó en promedio 2,2 puntos. Por su parte, el PP ganó alrededor de 0,5 puntos porcentuales en los municipios donde implementó mejoras.. En ambos casos, las ganancias políticas son estadísticamente significativas y de magnitud considerable.

Es interesante que nuestro estudio muestra que la construcción de infraestructuras ha beneficiado más al PSOE que al PP. No tenemos una explicación concluyente de por qué esto es así. Por un lado, podría sugerir que el PSOE ha sido más capaz de capitalizar políticamente las mejoras de conectividad, quizá porque ha sido capaz de proponer una narrativa de modernización y cohesión territorial que ha encajado mejor con los beneficios visibles de las obras de infraestructura. Por otro lado, esto puede deberse no tanto al partido que impulsa las obras, sino al contexto histórico: el PSOE gobernó durante los años 80 y la primera mitad de los 90, cuando España vivió el primer gran impulso de modernización de su red de carreteras. Es posible que el impacto político de las infraestructuras sea mayor cuando las mejoras son más perceptibles y tienen un efecto más tangible en la vida cotidiana. En otras palabras, cuando las carreteras están poco desarrolladas, cada kilómetro nuevo puede tener un valor mucho mayor. Esto sugiere que el rendimiento político de la inversión en infraestructuras no es lineal: a medida que el país se moderniza y las necesidades básicas se cubren, el impacto marginal de nuevas obras tiende a reducirse.

En cualquier caso, los resultados sugieren que la infraestructura no es políticamente neutral. Las carreteras, al acercar a las personas a los centros económicos y administrativos, también fortalecen los lazos con las instituciones y con el gobierno que las construye. A la vez, un mayor acceso puede incrementar la información, el contacto con el Estado y, en última instancia, la participación ciudadana. En términos políticos, nuestro estudio ofrece evidencia de que las políticas públicas de infraestructura pueden funcionar como una herramienta de movilización electoral, especialmente en zonas no metropolitanas. En suma, las mejoras en conectividad no solo acortan distancias físicas: también afectan al mapa electoral de España.

Nota: Este post se basa en un artículo académico parte del proyecto PID2020-119460RB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033

Vivimos un momento especialmente convulso a nivel internacional. La vuelta de Trump al escenario político, las tensiones comerciales y arancelarias, los conflictos en Ucrania y Gaza, o el compromiso del PSOE de aumentar el gasto en defensa están desplazando buena parte de la atención política hacia fuera de nuestras fronteras.

Y sin embargo, mientras todo eso sucede, en España el principal problema que señalan los ciudadanos en los últimos meses no está fuera, sino muy dentro: la vivienda.

Según el último barómetro del CIS de abril, la vivienda vuelve a situarse como el mayor problema en España por la ciudadanía. Un 28,8 % de los encuestados la menciona entre los tres principales problemas del país, por encima de las cuestiones de índole económica o del desempleo.

La evolución de esta preocupación es tan llamativa como clara. A comienzos de 2020, apenas un 3 % de los españoles consideraba la vivienda como uno de los problemas más graves del país. Pero desde 2023, la preocupación ha crecido de forma acelerada. En diciembre de 2024 alcanzó por primera vez el primer puesto como problema prioritario, y desde entonces se ha mantenido ahí, reflejando una percepción social cada vez más extendida de que el acceso a una vivienda se ha convertido en un reto central para el país.

Con esto, nos encontramos en niveles de preocupación que solo se habían registrado antes en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando más del 30 % de los ciudadanos también identificaban la vivienda como uno de los principales problemas del país.

El problema de la vivienda, por tanto, ha calado en la opinión pública y parece haber adquirido arraigo. Lo que quiero plantear aquí es que no estamos ante una preocupación meramente coyuntural. Ayer el PSOE ha presentado una batería de propuestas sobre el tema y todo apunta a que la vivienda puede ocupar un lugar central en la agenda política en los próximos meses.

En primer lugar, porque no hay indicios de que el acceso a la vivienda vaya a facilitarse a corto plazo. Los precios del alquiler continúan al alza, las hipotecas empiezan a abaratarse de nuevo, y la proliferación de pisos turísticos sigue.

En segundo lugar, porque esta preocupación se ha extendido de forma muy transversal en la sociedad. Lo vemos en el siguiente gráfico, que muestra el porcentaje de españoles que identifican la vivienda como uno de los tres principales problemas del país, desglosado por edad. A menudo se ha descrito la vivienda como un problema que afecta principalmente a los jóvenes, especialmente en relación con las dificultades para emanciparse. Y, sin duda, esta dimensión del problema es real. En un informe de Esade EcPol y la Fundación Friedrich Naumann Madrid, elaborado por Jorge Galindo y por mí, mostrábamos que más de una cuarta parte de las personas de entre 30 y 34 años aún vive con sus padres.

Sin embargo, desde la perspectiva de la opinión pública, este ya no es solo un problema generacional. El gráfico revela que la percepción de que la vivienda es un problema se mantiene constante en todos los tramos de edad, siendo solo algo menor entre las personas mayores de 75 años.

Lo más interesante es que el problema es señalado incluso por aquellos grupos que no lo consideran especialmente relevante para su situación personal. Por ejemplo, mientras que un 39,5 % de las personas entre 25 y 34 años afirma que la vivienda es uno de los problemas que más les afecta, solo un 15,1 % de los encuestados de 45 a 54 años, y un 17,2 % de los de 55 a 64, la sitúan entre los problemas que más les afectan directamente. No obstante, un 30,8 % y un 29,3 % de estos dos grupos, respectivamente, sí consideran que es uno de los principales problemas del país.

Todo esto sugiere que la cuestión de la vivienda ha ganado tracción en la opinión pública y que su centralidad en el debate político podría ir en aumento.

La transversalidad del problema de la vivienda también se refleja en que su percepción como una cuestión de primera magnitud es elevada independientemente de la clase social con la que se identifican las personas o del tipo de municipio en el que residen. No parece tratarse de un problema exclusivo de las grandes urbes, sino de una preocupación compartida en todo el territorio. De hecho, es especialmente señalado por quienes se consideran parte de la clase media, lo que refuerza aún más su relevancia para la competición política. Sabemos que, en términos generales, cuando un tema se instala con fuerza en la opinión pública de la clase media, su potencial para condicionar la agenda política es alto.

Esta transversalidad sugiere que la presencia del problema de la vivienda en el debate político no será efímera. Ahora bien, ¿será suficiente para que se articulen nuevas propuestas capaces de abordarlo de forma efectiva?

Eso dependerá, en buena parte, del interés de los partidos políticos por activar esta agenda. Si analizamos qué votantes muestran mayor sensibilidad hacia este tema, la vivienda aparece como una preocupación compartida dentro del electorado de los partidos que integran la actual coalición de investidura. No solo entre los votantes del PSOE y Sumar, sino también entre sus principales socios parlamentarios —con la única excepción del PNV— más de un 30 % de sus votantes identifican la vivienda como uno de los principales problemas del país. Incluso entre los votantes del PP la preocupación es significativa, alcanzando un 21 %. Solo en Vox, esta cifra desciende notablemente hasta el 5 %.

Con todo ello, todo apunta a que el problema de la vivienda puede ocupar un lugar preponderante en la agenda política en los próximos tiempos. Su irrupción viene respaldada por una opinión pública amplia y diversa. En un contexto de gobernabilidad compleja como el actual, se abren dos posibles escenarios sobre el papel que esta cuestión puede jugar políticamente.

Por un lado, la vivienda podría convertirse en un eje vertebrador de la mayoría parlamentaria. Se trata de un tema que genera un consenso significativo entre los votantes del PSOE, de Sumar y de buena parte de sus socios parlamentarios. Si el gobierno logra articular propuestas políticas claras y ambiciosas en este terreno, puede reforzar la cohesión interna de la coalición y proyectar un mensaje alineado con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Las propuestas presentadas ayer irían en esa línea. En este escenario, la agenda de la vivienda serviría no solo como respuesta a una demanda social, sino como un elemento estabilizador para la coalición.

Por otro lado, si las divergencias internas en el gobierno o con sus socios impiden avanzar propuestas concretas, el tema de la vivienda puede convertirse en una oportunidad estratégica para la oposición. La transversalidad del problema lo convierte en un terreno fértil para señalar ineficiencias, tensiones o bloqueos dentro del Ejecutivo. En este escenario, la oposición podría explotar el malestar ciudadano y presentarse como una alternativa más resolutiva frente a un gobierno dividido o paralizado en uno de los asuntos que más preocupan a la población.

Los jóvenes que se han ido incorporando a la vida adulta en los últimos quince años se han enfrentado a desafíos económicos significativos. Desde la Gran Recesión de 2008, la crisis de deuda pública, la pandemia de COVID-19, y más recientemente, los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania en 2022, estos jóvenes han ido accediendo a la educación superior y al mercado laboral en un entorno volátil y de fragilidad económica constante. En países como el nuestro, además, esto ha ocurrido en un entorno con mecanismos de distribución desiguales y con dificultades para ofrecer oportunidades y protección a sus jóvenes, exacerbando las desigualdades ya existentes.

Esta semana se ha publicado un informe de Esade Ec Pol y la Fundación Friedrich Naumann Madrid realizado por Jorge Galindo y yo mismo donde analizamos cuál es el legado de estas crisis en la generación de jóvenes que ha transitado a la vida adulta en estas condiciones. En el estudio repasamos las percepciones sobre el presente, las expectativas de futuro, la de los jóvenes mediterráneos. Para ello, realizamos una encuesta a jóvenes (definidos como de 18 a 34 años) de siete países: España, Italia, Portugal, Líbano, Marruecos, Túnez y Jordania. Quiero aquí centrarme en cómo evalúan los jóvenes su situación actual y cuáles son sus expectativas de futuro (el resto de cuestiones se pueden consultar en el informe aquí)

Los jóvenes mediterráneos se encuentran en general una situación económica precaria y ajustada, con una educación que no siempre prepara adecuadamente para el mercado laboral y un mercado de trabajo segmentado que limita el acceso a empleos estables y bien remunerados. Esto se refleja en que un porcentaje significativo de jóvenes en países mediterráneos que asegura tener dificultades para cubrir gastos básicos. En países como Portugal y España, casi un tercio de los jóvenes entre 18 y 35 años consideran que tienen una mala o muy mala capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte y energía (gráfico 1). La situación es peor si preguntamos a los jóvenes sobre su capacidad de ahorrar. Entre el 48% (España) y el 70% (Túnez) de los jóvenes, dependiendo del país, considera que no tiene capacidad de ahorro a largo plazo.

Gráfico 1: Evaluación de la capacidad de cubrir gastos básicos

Gráfico 2: Evaluación de la capacidad de ahorrar a largo plazo

Esto se refleja en sus dificultades para la emancipación y el acceso a la vivienda. En los países del sur de Europa y el resto del mediterráneo se refleja una tendencia de independización tardía, con una notable proporción de adultos jóvenes que aún viven en el hogar familiar. En países como Portugal, España e Italia, entre el 23% y el 30% de las personas de 30 a 34 años residen con sus padres, cifras que aumentan mucho en el resto de países. Específicamente en España, la mayoría de los jóvenes se independizan alrededor de los 28 años.

Cuando preguntamos a los jóvenes sobre esa emancipación tardía, la atribuyen en gran medida a la falta de ingresos y la falta de estabilidad laboral. En España, más de dos tercios de los jóvenes afirman que la insuficiencia de ingresos es una barrera significativa para no emanciparse, una percepción compartida por la mayoría en Portugal e Italia (aunque en menor medida en Túnez, Líbano y Marruecos donde razones personales y familiares parecen tener más peso).

Cuando se emancipan, el alquiler es la opción predominante para los jóvenes. Sin embargo, para aquellos que consiguen acceder a una vivienda en propiedad, la ayuda familiar es crucial. En España, un 65% de los jóvenes recurren a esta ayuda, lo que nos está indicando que las desigualdades sociales ya existentes se hacen presentes en estos hitos fundamentales de nuestra vida. Serán las personas de familias con mayores recursos las que tendrán más capacidad de que su familia los ayude, profundizando las brechas ya presentes.

Gráfico 3: Financiación de la compra de vivienda

De hecho, la capacidad de ahorro se vincula directamente con la posibilidad de emancipación y adquisición de vivienda propia, especialmente en los países europeos. Aproximadamente seis de cada diez jóvenes que aún viven en casa en España, Italia o Portugal califican la falta de ahorros como un factor importante que les impide independizarse y comprar su propia casa.

A pesar de las dificultades a corto plazo, es interesante resaltar que solo una minoría de jóvenes en estos países considera poco o nada probable poder comprar una vivienda en la próxima década. Además, las diferencias entre jóvenes de distinto nivel educativo en cómo evalúan la situación que están muy patentes en el corto plazo desaparecen cuando preguntamos por sus expectativas a largo plazo (gráfico 4).

Gráfico 4: Expectativas de emancipación por nivel educativo y horizontes temporales

Esto indica una desconexión entre las expectativas a corto y largo plazo, sugiriendo que los jóvenes, a pesar de su situación presente, tienen un optimismo subyacente, una expectativa de que sus condiciones económicas cambien. Este optimismo, en contraste con la realidad actual, explica por qué los jóvenes no han terminado de consolidarse como un actor político cohesionado y con capacidad de ejercer presión política para que las políticas públicas atiendan más su situación. Si los jóvenes entienden su precariedad como transitoria y a largo plazo aspiran a mejorar, probablemente su capacidad o voluntad de demandar políticas que mejore su realidad presente será menos articulada.

¿Cómo cerrar la brecha entre evaluación del presente y expectativas sobre el futuro? Esta situación nos lleva a la necesidad de plantear políticas que faciliten la inserción de los jóvenes y su acceso a las oportunidades. La necesidad de mejorar los mercados laborales para darles estabilidad y expandir las oportunidades de aprendizaje son fundamentales. La inversión en capital humano y la mejora de la formación profesional facilitará la integración de los jóvenes en el mundo laboral. 

Paralelamente, el apoyo económico inicial es fundamental. Se requieren medidas que proporcionen seguridad financiera a los jóvenes, como prestaciones para los de hogares con bajos ingresos, posibilidades de acceso a préstamos y la creación de fondos y dotaciones que permitan a los jóvenes invertir en su futuro, ya sea para contingencias extraordinarias, como la compra de una vivienda, o el emprendimiento.

En resumen, es urgente iniciar una estrategia clara que no sólo mejore el acceso de los jóvenes al mercado laboral y su estabilidad, sino que proporcione un colchón financiero para los jóvenes en los inicios de sus carreras profesionales y que facilite su emancipación asegurando que las opciones de vivienda sean accesibles y viables. Estas propuestas no solo atienden a las dificultades inmediatas, sino que también nos acercarán a la construcción de un futuro más próspero y equitativo para la juventud mediterránea.

El apoyo a la extrema derecha ha aumentado sustancialmente en los últimos 20 años en muchos países de todo el mundo. Muchos factores se han resaltado como relevantes para explicar sus éxitos recientes. Entre ellos, las estrategias electorales de los partidos mainstream siempre han estado en el punto de mira. En Europa, las familias de partido habitualmente consideradas como mainstream son la socialdemócrata, la liberal y la conservadora (entre otras).

En un trabajo reciente que hemos realizado Albert Falcó-Gimeno (Universidad de Barcelona), Markus Wagner (Universidad de Viena) y yo, analizamos si la composición ideológica de los gobiernos influye en el voto a la extrema derecha. En concreto, nos centramos en una pregunta que cobra de actualidad en la escena política española reciente: ¿aumenta más el apoyo a la extrema derecha cuando los votantes están expuestos a gobiernos y políticas de centro-derecha o cuando los partidos de centro-izquierda alcanzan el poder?

Hay razones sólidas que respaldan ambas posibilidades. El argumento convencional sostiene que los gobiernos de derecha moderada pueden convertirse en un caldo de cultivo para el surgimiento de la extrema derecha. En primer lugar, la evidencia existente indica que muchos votantes de la ultraderecha han respaldado previamente a partidos de derecha moderada. Cuando el centro-derecha está en el poder, es posible que los votantes de derecha se sientan desilusionados con las políticas implementadas. Las estrategias moderadas utilizadas para mantener el gobierno pueden resultar frustrantes para aquellos votantes con inclinaciones ideológicas más firmes, lo que los lleva a cambiar su voto y optar por opciones más radicales.

Este argumento tradicional puede cuestionarse desde una perspectiva opuesta. De hecho, existen razones también para sostener que la formación de un gobierno izquierdista puede generar una reacción ideológica a la contra, lo que lleva a los votantes conservadores a desplazarse hacia los extremos y abrazar posturas más radicales en respuesta a las políticas de izquierda.

Para analizar si el voto a la ultraderecha responde en mayor medida a gobiernos de derecha moderada o a gobiernos de izquierda, en primer lugar podemos ver cuál ha sido la relación histórica. Para ello, en nuestra investigación analizamos todos los gobiernos democráticos de 37 países (todos los de la Unión Europea y algunos de la OCDE) entre 1904 y 2021. La ideología del gobierno la medimos a partir de la ideología de los partidos que forman parte del mismo. La base de datos ParlGov mide de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha) la ideología de los partidos lo que nos permite obtener una media (ponderada por su representación parlamentaria) del gobierno.

Cuando relacionamos la ideología de un gobierno con el voto a la ultraderecha en las siguientes elecciones, obtenemos una relación fuerte y significativa entre gobierno de izquierdas y ascenso de la ultraderecha. Como muestra el gráfico 1, un punto más a la izquierda en el gobierno se traduce en casi 0,4% más de apoyo a la extrema derecha. Cuando analizamos el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la relación es incluso un poco más fuerte.

Gráfico 1

Como correlación no siempre implica causalidad, hacemos un segundo análisis en el que nos centramos en España como buen caso de estudio. En concreto, el contexto político local en España ofrece una característica muy particular que es ventajosa para nuestro diseño de investigación. En las elecciones municipales, los ciudadanos eligen concejales utilizando un sistema de representación proporcional con listas cerradas. Este sistema suele resultar en que ningún partido tiene una mayoría absoluta de concejales. Esto desencadena un período de negociación entre los partidos para elegir al alcalde. Veinte días después de la elecciones se lleva a cabo un pleno en que se constituye la corporación municipal y se elige, sin posibilidad de dilación, el alcalde o alcaldesa. Esta investidura tiene una particularidad respecto a la investidura del gobierno nacional. Si durante el período de negociación se ha alcanzado algún acuerdo que incluya a una mayoría de concejales, estos podrán investir a su candidato como alcalde. En cambio, si ningún candidato recibe una mayoría absoluta de votos favorables, el líder del partido que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones se convierte automáticamente en alcalde, sin necesidad de más apoyo de otros partidos.

En otras palabras, aquel que obtiene un voto más que el segundo tiene muchas mayores posibilidades de convertirse en alcalde. No necesita negociar con nadie. Solo necesita que el resto no se pongan de acuerdo para formar una mayoría absoluta alternativa. Lo hemos visto hace menos de un mes cómo el PP ha podido formar gobierno municipal sin necesidad de contar con Vox en aquellos sitios donde ha sido el partido más votado, mientras que en los municipios donde no ha sido el más votado, sí ha necesitado de llegar a acuerdos con Vox para formar gobierno municipal y desbancar a la lista más votada.

En nuestra estrategia metodológica aprovechamos esta ventaja del sistema de elección local español, que favorece al partido que recibe el mayor número de votos para formar el gobierno. Nos enfocamos en elecciones altamente disputadas en las que el principal partido conservador en España, el Partido Popular (PP), ganó o perdió por un margen estrecho. Es decir, municipios en los que el PP fue primera fuerza por poco vs segunda por poco. Utilizamos esto como un “instrumento” de si hubo o no un gobierno de derechas[1], lo que nos permite examinar de manera más precisa el efecto causal del color político del gobierno en el voto a la extrema derecha. Nuestra comparación clave se lleva a cabo entre municipios donde el PP perdió por poco (aumentando la probabilidad de tener un alcalde de izquierdas) y municipios donde el PP ganó por poco (disminuyendo la probabilidad de tener un alcalde de izquierdas).

Para estudiar la emergencia de Vox, nos fijamos en el período 2015 a 2019. En concreto, analizamos los gobiernos locales que se formaron en 2015 y el voto a Vox en las generales de abril 2019 y de noviembre de 2019 (en las elecciones municipales de mayo de 2019, Vox no concurre en la gran mayoría de municipios por lo que no podemos estudiar el voto local). Los resultados son muy claros (Gráfico 2). En aquellos municipios donde la izquierda gobierna entre 2015 y 2019 por solo un margen pequeño de votos, el apoyo electoral a Vox en las elecciones generales de 2019 es entre 4 y 5 puntos porcentuales más alto que en aquellos lugares donde la derecha gobierna por un margen pequeño. Los resultados son altamente significativos desde un punto de vista estadístico.

Gráfico 2

En resumen, nuestros resultados respaldan la idea de que la derecha radical, en parte, surge como reacción a gobiernos y políticas de izquierda. Esto sugiere que la dinámica de la competencia política provoca que los partidos radicales se beneficien cuando la izquierda está en el poder. Esto plantea la importante cuestión de cómo se puede evitar esta reacción. ¿Es inevitable el éxito de la derecha radical como consecuencia de los gobiernos de izquierda, o existen acciones que los partidos dominantes, tanto de izquierda como de derecha, pueden llevar a cabo para debilitar esta tendencia? Esta cuestión merece una atención más profunda en futuros trabajos de investigación.

[1] Se pueden encontrar más detalles sobre la estrategia de identificación en el artículo original

A pocos días de un nuevo 8M, las divisiones que han aflorado dentro del feminismo con la ley trans siguen presentes. A esto se suma que la refriega política de los últimos meses se ha centrado en las consecuencias de la aplicación de la ley del “Sí es Sí” en la revisión de penas, llevando al centro del debate político las divisiones entre los partidos de la coalición de gobierno sobre cuál es la mejor estrategia para luchar contra los crímenes de índole sexual. De modo más general, la polarización política en España transmite la sensación que algunos de los consensos podrían estar en cuestión, como la necesidad de avanzar en la igualdad entre hombres o mujeres o la lucha contra la violencia de género.

El barómetro del CIS de febrero nos permite arrojar luz sobre algunas de estos asuntos y comprobar el estado de la opinión pública al respecto. En primer lugar, hemos de partir de un hecho incontrovertible. En España la opinión predominante es que aún queda por hacer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Como se muestra en el gráfico 1, un 70% de la ciudadanía española piensa que todavía queda mucho o bastante para alcanzar la igualdad de género, mientras que solo un 13,8% considera que ya existe dicha igualdad. La percepción de que ya existe igualdad varía por género. Mientas que el 18% de los hombres considera que ya existe la igualdad, la cifra baja al 9,9% para las mujeres.

Gráfico 1

Además, el barómetro también muestra que un 92,8% de los españoles piensa que la violencia de género es un problema preocupante. Es importante recalcar que esta cifra se obtiene como respuesta a una pregunta que utiliza el término violencia de género, discutido por la ultra derecha que prefiere hablar de violencia intrafamiliar bajo el lema de que la violencia “no tiene género”.

A pesar de los altos niveles de consenso, estas cifras ocultan distintos niveles de apoyo partidista, donde la gran línea se traza entre los votantes de Vox y el resto. La fractura emerge a la hora de valorar cuánto queda por hacer en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En el gráfico 2 muestro solo aquellos que creen que “queda mucho por hacer” y aquellos que creen que “ya existe la igualdad de oportunidades” (las dos posturas más antagónicas). Los votantes de Vox destacan por ser un electorado donde casi el 50% piensa que ya se ha alcanzado la desigualdad. En el resto de partidos, esa opinión es muy minoritaria, sobre todo en PSOE y UP. A la pregunta (que no muestro en un gráfico) de si la violencia de género es un problema preocupante, más del 90% de los votantes de todos los partidos, incluido el PP, lo opina, menos los votantes de Vox, donde la cifra baja a un 72,8%.

Gráfico 2

Este consenso, extendido salvo con los votantes de Vox, varía si abrimos el foco a las políticas. Déjenme utilizar el ejemplo de la violencia de género. En el barómetro de febrero se pregunta a los encuestados sobre qué medidas creen que son necesarias para combatirla. He agrupado algunas de las respuestas en dos categorías: aquellos que optan por una respuesta más “punitiva” en los que incluyo los que argumentan que hay que endurecer las leyes o reformar la ley del “Sí es Sí”; y aquellos que opinan que hay que reforzar la educación desde la infancia. En este caso, la división partidista es distinta. El gráfico 3 muestra que los votantes del PSOE están más alineados con las posturas punitivas, predominantes en la derecha, mientras que los de Unidas Podemos destacan por decantarse en favor de las políticas educativas. 

Gráfico 3

Estas diferencias en cómo valorar las distintas políticas, en cambio, no se trasladan directamente al apoyo a los partidos políticos. El barómetro contiene una pregunta relevante en la que se cuestiona qué partido está haciendo más por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. El 32% de la población opina que Unidas Podemos es el partido que más está haciendo en España en estos momentos para apoyar la igualdad mientras que el 18% opina que es el PSOE. Lo relevante es cómo se produce esa atribución de mérito dentro de la izquierda. En el gráfico 4 he seleccionado los votantes de PSOE, Unidas Podemos, Más País y ERC. Como era previsible, los votantes de Unidas Podemos consideran de modo muy mayoritario que su partido es el que más hace por la igualdad de hombre y mujeres, pero este reconocimiento se extiende a otros partidos de la izquierda. Lo más interesante ocurre en el electorado del PSOE. Normalmente los votantes tienden a atribuir selectivamente el crédito al partido al que votan, pero prácticamente la misma proporción de votantes socialistas considera que Unidas Podemos es el partido que más hace por la igualdad. 

Más evidencia en este sentido se muestra en el gráfico 5, donde muestro la proporción de votantes en cada punto del eje ideológico que piensan que el PSOE o Unidas Podemos son el partido que más hace por la igualdad de oportunidades. Unidas Podemos es masivamente reconocido como ese partido en toda la izquierda. Solo ya en el centro ideológico el reconocimiento al PSOE es similar, pero no menor, que el de Unidas Podemos. En definitiva, y a pesar de las consecuencias que está teniendo la aplicación de la ley del “Sí es Sí”, Unidas Podemos ha conseguido quitarle el protagonismo al PSOE en la izquierda en relación con la igualdad.

Gráfico 4

Gráfico 5

El Mundial de Qatar ya ha comenzado. Tradicionalmente, los eventos deportivos no solo se han utilizado por los organizadores para su propaganda política, sino también por los países participantes para generar sentimientos de unidad nacional. En el caso de España, ¿qué grado de interés y apoyo recibe la selección española? ¿Es el apoyo resistente a las divisiones políticas principales de nuestro país, la ideológica y la territorial?

No contamos con datos muy recientes sobre esta cuestión. Hay que remontarse a mayo de 2007 para encontrar el último barómetro del CIS que preguntó directamente sobre el interés de la ciudadanía por los partidos de la selección española de fútbol. Estos datos son previos a la época dorada de La Roja, pero, tal vez precisamente por ello, nos pueden dar pistas sobre el grado de apoyo estructural de la selección.

Esa encuesta mostraba que un 50% de los españoles tenía mucho (31%) o bastante (19%) interés en los partidos de la selección (gráfico 1). Este grado de interés puede parecer sorprendentemente bajo a priori, pero no es una cuestión principalmente política. Cuando aquellos ciudadanos que declaraban tener poco o nada interés por los partidos de la selección eran preguntados por las razones de ese desinterés, dos tercios (gráfico 2) contestaban que la razón era que no les interesaba el fútbol. Apenas un 13% de los que tenían poco o ningún interés (es decir, un 6,5% de todos los españoles) declaraban que su falta de interés se debía a no sentirse representados.

Gráfico 1: Interés por los partidos de la selección española de fútbol

Gráfico 2: Razones del desinterés por la selección española de fútbol

Podemos también explorar un poco más a fondo quiénes son los ciudadanos más interesados por la selección española. ¿Está el interés por encima de las ideologías y las divisiones partidistas? En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de ciudadanos que tienen mucho o bastante interés según su ideología y en el gráfico 4 el interés se cruza por el recuerdo de voto (como los datos son de 2007 las fuerzas políticas son previas a la ruptura del sistema de partidos).

En el gráfico 3 vemos que el interés por la selección aparece está estrechamente relacionado con la ideología. En los extremos del eje ideológico las posturas son más distantes entre sí: mientras en la extrema izquierda el interés es bajo (alrededor del 35%) , en la extrema derecha ronda el 70%. Las posturas son más moderadas en el centro izquierda y el centro derecha, donde el interés ronda el 50% y el 60%, respectivamente. Cuando exploramos el interés por partidos, comprobamos, en la línea que obviamente esperamos, que las divisiones son mayores por el bajo interés que la selección suscita entre votantes nacionalistas. 

Gráfico 3: Interés por la selección española de fútbol según ideología

 Gráfico 4: Interés por la selección española de fútbol según voto

Estos datos, como decíamos, son de 2007 y exploran el interés que genera la selección de fútbol. Más allá del interés que suscite, ¿puede el equipo nacional generar un sentimiento de unidad social? Existen muchas investigaciones que muestran la capacidad del deporte de servir de pegamento en una sociedad. Para explorar esta cuestión, podemos mirar datos más recientes del barómetro de junio de 2014. En este barómetro no se pregunta específicamente sobre la selección española de fútbol sino sobre “hasta qué punto se siente orgulloso cuando un deportista español o una selección española realiza una buena actuación en un campeonato deportivo”. A pesar de que estos datos se recogen cuando la crisis territorial en España ya está abierta, los niveles de orgullo son muy altos: más del 80% de los ciudadanos dicen sentirse muy o bastante orgullosos de los éxitos españoles en el deporte internacional. Este alto nivel de satisfacción convive con las mismas divisiones ideológicas que en 2007, como se puede comprobar en el gráfico 5, pero en este caso la izquierda muestra también mucho orgullo de los deportistas españoles. Cuando lo analizamos por partidos, vemos que el porcentaje de votantes del PP y del PSOE que se sienten orgullos ronda el 90%, pero incluso entre votantes nacionalistas como los de CiU o BNG el nivel de orgullo es superior al 60% (gráfico 6).

Gráfico 5: Orgullo por los deportistas y selecciones españoles según ideología

Gráfico 6: Orgullo por los deportistas y selecciones españoles según voto

En definitiva, en 2014  los sentimientos de la ciudadanía hacia los éxitos del deporte nacional eran positivos y transversales, pues predominaban incluso entre aquellos segmentos de la sociedad que suelen estar menos identificados con los símbolos nacionales. Es posible que el orgullo se explicara en gran medida por el resultado de los éxitos de la selección española en los años anteriores a la encuesta. Si fuera así, no está claro cuánta de la capacidad de generar un apoyo transversal ha resistido el paso del tiempo. Aunque partíamos de una visión muy favorable, la profunda sima política que se ha abierto durante este tiempo en todos los frentes, tal vez se haya trasladado al equipo nacional.

Estamos ya inmersos en el tercer año de legislatura y empezamos a percibir el horizonte de las elecciones generales. A medida que se vayan acercando, y en este sentido los Presupuestos que se negociarán en otoño serán un hito fundamental, las distintas partes en juego van a tener más incentivos para establecer estrategias de diferenciación que les permita llegar a los comicios, ya sea apropiándose resultados específicos de la acción gubernamental, o marcando claramente discrepancias en aquellas cuestiones que sean fundamentales para su electorado.

Esta dinámica la estamos percibiendo estos días en el estado interno de la coalición de gobierno, que no parece pasar por su mejor momento, y de cara a otoño lo veremos probablemente en la relación entre el Gobierno y las formaciones políticas que le dieron la investidura. Entre ellas será clave Esquerra Republicana de Catalunya, no solo porque es una pieza fundamental en la estabilidad del Ejecutivo, sino también porque es probablemente la fuerza política que más claramente apostó su estrategia electoral a una sola cuestión: el futuro de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno catalán.

Hace unos meses analicé en este post las diferencias entre los votantes del gobierno y los votantes de la oposición frente al asunto catalán. En él, presentaba datos de encuesta que mostraban que los votantes de los partidos del gobierno estaban abiertos a una negociación con el gobierno catalán que era rechazada frontalmente por los votantes de la oposición. De este desencuentro de opiniones, surge la siguiente pregunta: ¿existe algún tipo de modelo territorial que pudiera gozar de un alto apoyo en España, a la vez que fuera apoyado mayoritariamente en comunidades autónomas como Catalunya?

La respuesta a esta pregunta la analizo, junto con la investigadora Sandra Léon, en un capítulo del reciente Informe sobre la Democracia en España 2021, dirigido por Alberto Penadés y Amuitz Garmendia y publicado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas. En concreto, en nuestro capítulo nos planteamos si, dada la creciente polarización territorial que hemos vivido en España en los últimos 12 años, la cuestión territorial es un callejón o bien existe un espacio donde las preferencias son reconciliables.

En este post quiero mostrar algunos de los resultados que mostramos en dicho capítulo. En él presentamos los resultados de una encuesta realizada en diciembre de 2019 cuyo objetivo es comprobar cuál era el grado de consenso o desacuerdo sobre el ideal de modelo territorial que tienen los españoles. Para ello, incorporamos en la encuesta un experimento llamado conjoint, que consiste en presentar a las personas que contestan la encuesta dos modelos de organización territorial distintos. Cada uno de esos modelos contiene diferentes medidas y se pregunta al encuestado cuál de los dos modelos territoriales prefiere. Realizando el experimento un gran número de veces, podemos conocer qué medidas concretas hacen que haya personas que elijan un modelo territorial sobre otro. También podemos saber qué perfiles de personas sienten una mayor preferencia por determinados modelos de organización territorial.

Los modelos territoriales que presentamos a los encuestados se organizan alrededor de ocho dimensiones: la financiación de las Comunidades Autónomas, el nivel de (des)centralización competencial, la clarificación competencial, las inversiones territoriales, las lenguas, la cooperación entre distintos gobiernos en España, el reconocimiento nacional de las Comunidades Autónomas y el Senado. Para cada una de estas áreas, teníamos al menos una medida que representa mayor centralización, una que mantiene el status quo y, al menos, una medida que supone una mayor descentralización o capacidad de decisión para las Comunidades Autónomas. A los encuestados se les presentaba dos modelos que contenían aleatoriamente una medida en cada una de esas ocho dimensiones.

En el gráfico 1 muestro los resultados del conjoint separando entre encuestados que residen en Catalunya de los que residen en el resto de España. Para cada uno de estos perfiles, se muestra cómo la probabilidad de estar a favor de un modelo territorial aumenta o disminuye con cada medida específica dentro de cada ámbito. Las barras hacia la derecha indican una mayor probabilidad de aceptar una reforma del modelo territorial si el modelo propuesto contiene esa medida, mientras que las barras hacia la izquierda indican que los modelos que incluyen esa medida tienen menor apoyo. El tamaños de las barra indica cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de que el encuestado elija un modelo territorial cuando contiene esa medida.

Los resultados muestran que, a pesar de que la cuestión territorial está altamente polarizada, las discrepancias entre grupos medida por medida no son pronunciadas. Como podemos comprobar, en la mayoría de los casos las barras caminan en la misma dirección. La mayoría de las cuestiones que, en general, un catalán medio prefiere (o rechaza) encontrar en un modelo territorial coinciden con las de un encuestado medio del resto de España. Cuestiones como las inversiones según las necesidades de la Comunidad Autónoma, el aumento de transferencias, la eliminación del Senado o la reducción duplicidades generan un mayor apoyo compartido.

Las discrepancias son pocas y emergen, como cabría esperar, en aquellas cuestiones que tienen un mayor componente simbólico. La principal es la posibilidad de que las CCAA celebren un referéndum. Si bien esta cuestión cuenta con la aceptación en Catalunya, genera rechazo en el resto de España. Igualmente ocurre con permitir plena autonomía en cuestión de lenguas a las Comunidades Autónomas, un asunto donde el apoyo es divergente entre Catalunya y el resto de España. Por último, el refuerzo del castellano, una cuestión que, si bien provoca un rechazo muy tímido en el resto de España (y no significativo estadísticamente), el rechazo es abrumador en Catalunya.  

En definitiva, en este ejercicio empírico abre una vía a la reflexión sobre si concebir las reformas del modelo autonómico desde una aproximación más multidimensional puede contribuir a reducir el desencuentro sobre la cuestión territorial. Si bien es cierto que hay algunos temas como la lengua y el referéndum que provocan divergencias nítidas, también hay cuestiones que generan apoyo en los dos bloques o incluso apoyo en un lado y ambigüedad en el otro. Quizás es posible que exista un mayor espacio para el acuerdo si la reforma territorial es multidimensional y se consigue que las concesiones en algunas áreas pueden ser compensadas con ganancias en otras. De hecho, en las simulaciones que hacemos con estos resultados encontramos que aproximadamente un 25% de los modelos territoriales que podemos generar con todas las medidas contenidas en el experimento generan más de un 50% de acuerdo tanto en Catalunya, como en el resto de España.

Finalmente, se trata de un ejercicio empírico y las medidas incluidas en los modelos territoriales del experimento no pretenden ser un compendio exhaustivo de las reformas que se pueden proponer en relación al diseño del modelo territorial en España. Pero el ejercicio sugiere que, cuando aterrizamos el debate territorial sobre propuestas concretas en ámbitos específicos existen más elementos de acuerdo de los que percibimos habitualmente en el debate político.  

Gráfico 1: Aceptación y rechazo de un modelo de organización territorial según medidas

Tras una semana de crisis intensa, el PP se encamina hacia un Congreso Extraordinario que encumbrará a Núñez Feijóo como nuevo líder del partido. Una vez tome pleno control del partido, el gran dilema al que se enfrentará es qué estrategia ha de seguir el PP cuando tiene a Vox pisándole los talones en las encuestas. En este aspecto, el liderazgo de Pablo Casado ha sido errático y la posición del partido no ha sido clara. Ha oscilado entre llegar a acuerdos para permitir, desde fuera, gobiernos en diversas Comunidades Autónomas y el discurso duro frente a Vox en la moción de censura que presentaron los de Abascal. El dilema de Feijóo, además, no pasa solo por qué decisión tomar respecto a los pactos con Vox, como ya analizó Pedro Riera aquí la semana pasada, sino más en general sobre si el PP, para contrarrestar la subida en las encuestas del partido de Abascal, debe endurecer su perfil o, por el contrario, presentarse, como hace el PP en Galicia, como un partido moderado.

Dado que este dilema surge en un momento en que el PP goza de un apoyo reducido, podemos hacer una comparativa entre los ciudadanos que votaron al PP en las pasadas elecciones de 2019 y hoy seguirían haciéndolo con los que lo votaron y hoy no declaran un voto al PP para arrojar luz sobre esta cuestión.[1]

Un primer vistazo a los datos muestra que el PP tiene un problema muy importante de fuga de voto hacia Vox, como ya se ha venido acreditando desde hace tiempo. Si miramos la última encuesta disponible del CIS (barómetro de febrero de 2022), un 40% de los votantes que han abandonado al PP hoy declaran voto o simpatía por Vox. Esta es la opción más citada con mucha diferencia. Un 18% declaran que hoy no votarían y solo un 8% optarían hoy por Ciudadanos.

No obstante, determinar que la mejor estrategia para el PP de Núñez Feijóo es reforzar el perfil derechista del PP podría ser una conclusión apresurada. En primer lugar, si bien las fugas del PP son mayoritariamente a Vox, cuando realizamos este análisis se suele obviar que el PP de 2019 ya parte de una posición menguada en la que, además, Ciudadanos todavía era un partido importante. La caída de Ciudadanos deja un margen de crecimiento importante para el PP en el centro que si bien no son votantes que les hayan abandonado desde 2019, son, muchos de ellos, votantes potenciales del PP. Un 48% de los indecisos se sitúan ahora mismo en el centro de la escala ideológica y un 20% en las posiciones naturales del PP en la derecha (del 6 al 8 en la escala del CIS). Solo los indecisos de centro ya son más numerosos que los exvotantes del PP que ahora se decantarían por Vox. Por tanto, recuperar relevancia dentro de los indecisos parece una estrategia electoralmente al menos tan rentable como recuperar las fugas a Vox.

En segundo lugar, cuando realizamos un análisis más detallado del perfil de los votantes que a día de hoy abandonarían al PP frente a los que permanecen fieles, comprobamos que existen muy pocas diferencias. El perfil del votante que permanece leal es de edad ligeramente mayor (40 años de media, frente a 37 años de los que abandonan) y un poco más religioso (el 20% acude a misa todos los domingos frente al 17%). Pero en general las diferencias sociodemográficas son pequeñas. No hay un patrón claro de que sea un segmento social muy específico el que haya abandonado al PP. Más importante aún, no hay evidencia de que los votantes que se fugan sean ni más extremos ni más ideológicamente de derechas. En el siguiente gráfico se muestra la distribución ideológica de los fieles al PP y de las fugas. Es tal vez sorprendente comprobar que los que han abandonado al Partido Popular tienen, si acaso, un perfil ideológico más moderado que los que se han quedado. Más de un 30% se declaran de centro, situándose en la categoría del 5 en la escala ideológica del CIS (donde el 1 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). Esto puede ser porque en la escala ideológica el centro funciona también como categoría residual de los que no tienen una ideología clara, pero esto seguiría indicando que, si bien los que han abandonado al PP no son más moderados ideológicamente, simplemente tienen un perfil ideológico menos marcado y claro.

Por último, hay pocas diferencias también en términos de las preferencias políticas. En el barómetro de octubre de 2021 del CIS, se presentó a la ciudadanía una serie de políticas y se le preguntó si consideraban que se destinaban demasiados recursos, los recursos justos o demasiado pocos recursos a las mismas. En general, las posiciones son muy parecidas y, tal vez, solo destaca que los que han abandonado al PP consideran en mayor medida que se gasta poco en Defensa.

Estos datos arrojan algo de luz sobre qué puede hacer Feijóo. La tentación de tapar la salida de votos a Vox adquiriendo un perfil más ideológico y de derecha puede, a priori, parecer razonable. En cambio, un análisis algo más detallado no muestra que los votantes que durante el liderazgo de Casado han abandonado al PP sean ni más ideológicos ni tengan un perfil marcadamente distinto. La estrategia de Feijóo puede tener más rendimiento a largo plazo si, teniendo en cuenta la caída de Ciudadanos, consigue unir a una parte importante de los votantes que han abandonado el partido y que tienen posiciones menos extremas con el espacio que Ciudadanos deja libre en el centro.

[1]  Para hacer esta comparativa utilizo la categoría de recuerdo de voto de las encuestas del CIS y comparo los que muestran intención de voto o simpatía por el PP frente a los que no.

Nos vamos acercando al final del año y el Gobierno parece encaminado a conseguir la aprobación de unos presupuestos que ya prácticamente le garantizarían agotar la legislatura. Los Presupuestos presumiblemente serán una reedición de la coalición parlamentaria que le dio la investidura. En ella, un elemento clave que permite sumar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno es la alianza con ERC que, a cambio de dar la investidura, exigió una mesa de diálogo entre gobiernos.

Esta posición del Gobierno en favor de la negociación con el independentismo ya ha permitido el indulto de los condenados por el 1-O y probablemente implicará que llegue a algún tipo de acuerdo dentro de la mesa de diálogo. En la última reunión entre Sánchez y Aragonés el pasado septiembre se acordó mantener abierta una negociación sin plazos.

Una pregunta recurrente es qué factura electoral le puede pasar al gobierno una negociación con el independentismo catalán. En los medios suele cundir la opinión de que las horas bajas que vive el Gobierno en las encuestas tienen que ver con su posición frente al independentismo. En cambio, la aprobación de los indultos no ha variado el panorama demoscópico de modo evidente. Esto puede indicar que si bien el Gobierno ha tomado medidas que tienen el riesgo de ser impopulares, este se concentra fuera de su electorado. En una encuesta publicada en 20minutos en septiembre ya se mostraba que mientras solo uno de cada cuatro españoles (22,9%) opinaba que la mesa de diálogo rebajaría la tensión, las diferencias entre votantes de distintos partidos eran notables y la posición de los votantes del Gobierno era favorable a la misma,

Para analizar más a fondo la vertiente electoral de este asunto, utilizo datos de encuesta obtenidos en diciembre de 2019 dentro del marco de un proyecto liderado por la profesora Sandra León. Es importante recalcar que el trabajo de campo de esta encuesta se realizó antes de que la mesa de negociación fuera acordada entre el Gobierno y ERC. Aun así, nos da pistas de la aproximación qué los ciudadanos tienen al problema catalán y las diferencias existentes entre electorados.

En primer lugar, en la encuesta preguntamos a los ciudadanos que valoraran la situación en Cataluña en un eje de 0 a 10, donde 0 significaba que existía un conflicto exclusivamente jurídico y 10 un conflicto exclusivamente político. La pregunta tal vez no capta del todo cuál es la visión que se tiene respecto a Cataluña (podemos, por ejemplo, interpretar la existencia de un conflicto político de diferentes maneras), pero nos puede dar algunas primeras pistas.

En los dos siguientes gráficos se muestra la distribución de opiniones sobre la naturaleza del conflicto para dos tipos de encuestados: votantes de la coalición de gobierno (PSOE + UP y sus variantes territoriales) y votantes de la oposición (PP, Vox y Cs). Como se puede comprobar, el panorama es muy claro dentro de los votantes del gobierno. Apenas hay votantes que opinen que existe un conflicto jurídico y la abrumadora mayoría considera que hay un conflicto de características políticas, lo que abre la puerta a que apoyen una negociación política desde el Gobierno. Al fin y al cabo, el primer requisito para aceptar una negociación política es aceptar que existe un conflicto de tipo político. En el caso de los votantes de la oposición, si bien hay un número relevante que también considera que existe un conflicto político (probablemente interpretado de distinta manera a los votantes del Gobierno), existen bastantes más ciudadanos que lo consideran un conflicto de orden jurídico o se sitúan en una posición intermedia interpretando que el problema tiene naturaleza doble.

Una vez planteada la naturaleza del problema, a los encuestados les preguntamos qué debe hacer el Estado para afrontar la situación actual. Para ello proporcionamos una lista de diez posibles medidas y les preguntamos a cuáles de ellas creen que debe darse prioridad para gestionar la situación actual. Muestro aquí el porcentaje en que cada medida es considerada como la prioritaria (en la encuesta les permitimos señalar tres medidas en orden de importancia). Los gráficos reflejan claramente la distancia que ahora mismo existe entre gobierno y oposición no solo en las estrategias de sus partidos, sino, sobre todo, en las posiciones que adoptan sus votantes.

Por un lado, los que apoyan a la coalición de gobierno tienden a mostrar apoyo por medidas que forman parte de una negociación política. Me parece importante reiterar que la encuesta se realizó antes de que la mesa de diálogo se constituyera y antes incluso de que ERC anunciará que apoyaría a Sánchez en la investidura. Es decir, los datos no están mostrando una racionalización por parte de los votantes de la estrategia seguida esta legislatura. Y aun así el apoyo a la negociación es alto. No sé si es sorprendente, pero un 25% de los votantes del Gobierno consideran que el referéndum es su primera medida para solucionar la crisis actual. Este apoyo se debe en gran medida a que es una medida muy popular entre los votantes de Unidas Podemos, donde un 36% apoya la celebración del referéndum. En el PSOE el apoyo es sustancialmente menor: un 13%. En segundo lugar, la medida más apoyada dentro de los votantes de la coalición (y la favorita de los votantes del PSOE) es acordar un pacto fiscal que permita una financiación de Cataluña mediante un sistema como el de los regímenes forales. Recordemos que esta era la medida que demandaba Artur Mas justo antes del viraje de Convergencia hacia el independentismo. En conjunto, el apoyo a transacciones con el gobierno catalán parece alto. Aun así, hay casi un 20% de votantes del gobierno (la mayoría del PSOE) que optan por posiciones diametralmente opuestas (activar el artículo 155 o renunciar a la negociación política), pero no parece que sean un número suficientemente grande como para que vayan a condicionar la agenda del gobierno.

Esto contrasta de modo muy evidente con las posiciones de los votantes de la oposición, donde cualquier tipo de negociación es rechazada. Un 50% de ellos abogaban hace dos años por activar el artículo 155 de la Constitución para abordar la situación y suspender la autonomía de Cataluña. Un 25% expresaban un deseo explícito de que no haya ningún tipo de negociación política y el Gobierno se limitase a cumplir la ley vigente. El resto de medidas gozan ya de apoyo muy menor, por debajo de 6%. Y aun así, la que tiene mayor receptividad de todas ellas es la mejora de financiación, con más recursos, pero no planteada como un pacto fiscal, que es una opción de negociación económica más preferida por los votantes del Gobierno.

Estos datos nos dan algunas pistas sobre las diferencias existentes ahora mismo en la sociedad española sobre cómo afrontar el asunto catalán y las posibles implicaciones electorales de la mesa de diálogo. Por un lado, la mesa de diálogo ahonda más la fractura entre gobierno y oposición. No es solo una cuestión de estrategias de los partidos. Los votantes de los primeros parecen mucho más abiertos a una negociación que es rechazada frontalmente por los segundos. Por otro lado, esto invita a ser cauto sobre el impacto electoral de la mesa. Aunque hay un porcentaje no trivial de votantes del gobierno que no están alineados con esta estrategia, en general parece que hay una base electoral suficientemente amplia para que el gobierno decida mantener la mesa de diálogo abierta.

La investigadora principal es la profesora Sandra León.

El pasado lunes se anunciaba que el Premio Nobel de Economía de este año se otorgaba a David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. El Comité destacaba en los tres casos sus contribuciones empíricas y sus avances en el estudio de la causalidad y, en concreto, en el uso de experimentos naturales en ciencias sociales. Este es un premio que va mucho más allá de la ciencia económica. La preocupación por la causalidad es hoy común a todas las ciencias sociales y todos los que nos la tomamos en serio desde otros campos estamos también muy satisfechos con este premio.

¿Pero qué es un experimento natural y por qué son tan útiles en las ciencias sociales? Empecemos por el principio. Cuando estudiamos cualquier fenómeno social, uno de los objetivos que normalmente tenemos es saber cuáles son sus causas. En el plano teórico la tarea consiste en proponer un argumento y, con ello, una explicación causal que vincule un factor con otro. El problema fundamental de la causalidad en las ciencias sociales aparece cuando queremos poner a prueba de forma empírica esos argumentos. Dicho problema reside en que los fenómenos económicos, políticos o sociales que queremos comprender son complejos y, por tanto, el resultado de muchos factores, no sólo de uno. Son fenómenos multicausales. 

Imaginemos que queremos saber cómo diferentes niveles de proporcionalidad en un sistema electoral pueden aumentar o reducir la participación en las elecciones. Esta será una pregunta muy relevante si, por ejemplo, se está discutiendo la conveniencia o no de reformar el sistema electoral. El problema es que si queremos investigar cuál es el efecto de algo necesitamos controlar el efecto que a su vez ejercen otras cuestiones sobre nuestro objeto de estudio. Volviendo a nuestro ejemplo, si quisiéramos saber, y cuantificar, el efecto del sistema electoral en la participación deberíamos aislar dicha relación de los efectos que podrían explicar por qué en algunos países se vota más como, por ejemplo, la diversidad de preferencias y los grupos sociales que ya de por sí existen en la sociedad (y que, además, muchas veces son las que inicialmente explican por qué se adopta un sistema electoral más o menos proporcional). La clave para entender el problema de la causalidad es comprender, siguiendo con nuestro ejemplo, que es muy difícil, cercano a lo imposible -por utilizar una expresión de Adam Przeworski-, separar el efecto del sistema electoral del efecto del entorno social. Ambas pueden estar relacionadas con la participación y ambas pueden ir de la mano. 

¿Cómo podemos desvincular el efecto de estos dos factores para conocer el verdadero efecto causal del sistema electoral? Aquí es donde entra la revolución experimental en las ciencias sociales y de donde se derivan los premios Nobel a Card, Angrist e Imbens, pero también a los laureados en 2019, Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer. Para lograr identificar empíricamente la relación causal de un factor sobre otro necesitamos comparar dos grupos con características idénticas salvo por el factor del que queremos investigar su efecto. Utilizando la jerga académica, necesitamos un grupo de tratamiento y un grupo de control. En nuestro ejemplo, el primero sería una sociedad con determinadas características (entre las que se incluye una determinada configuración de la sociedad) a la que se le aplica una reforma electoral que hace al sistema más proporcional. El segundo grupo sería una sociedad con las mismas características pero al cual no se le aplica la reforma. Dado que la única diferencia entre ambos grupos es el tratamiento (la reforma proporcional del sistema electoral) si observásemos diferencias en los niveles de participación éstas sólo pueden deberse al efecto del tratamiento. Habríamos aislado e identificado, pues, el efecto causal del sistema electoral sobre la participación.

¿Es posible realizar este tipo de ejercicios experimentales en ciencias sociales? A diferencia de lo que sucede en un laboratorio en las ciencias naturales, la capacidad de manipular, de intervenir en la realidad de los economistas, los politólogos o los sociólogos para poner a prueba determinadas hipótesis es bastante limitada. Sí existen muchas preguntas relevantes a las que se han encontrado respuestas aplicando trabajos de campo experimental en donde los investigadores diseñan explícitamente grupos de tratamiento y control (véase el estudio clásico de Gerber and Green, 2000). Pero muchas otras preguntas importantes no pueden ser abordadas desde esta perspectiva puesto que no es posible manipular la realidad. En ciencias sociales trabajamos con el mundo que observamos -es decir con el hecho real de que tal o cuál país tiene determinado sistema electoral- y a la hora de estudiar la causas de un fenómeno no es sencillo encontrar en ese mismo mundo su contrafactual para poder comparar la presencia de un tratamiento frente la ausencia de un tratamiento. Tampoco podemos llamar a Pedro Sánchez por teléfono para pedirle que aplique un sistema electoral en determinadas Comunidades Autónomas y no en otras para que así podamos estudiar sus diferencias.

Lo que sí podemos hacer es aprovecharnos de todas aquellas circunstancias en donde de forma natural, sin intervención del investigador, la historia ha producido escenarios cuasi-experimentales. Es decir, en donde un accidente histórico o un evento inesperado ha cambiado determinados factores en algunas áreas mientras que éstos han permanecido invariables en otras y ambas áreas son suficientemente comparables. De esta forma se habrían generado un grupo de tratamiento y otro de control de manera natural, puesto que la asignación del tratamiento es como si fuese aleatoria. Es por todo esto que los experimentos naturales son tan útiles y por qué su uso no es exclusivo de la economía. Tanto en la ciencia política como en la sociología hemos intentado aplicarlos para poder establecer relaciones causales sobre fenómenos que nos interesan.

Un ejemplo bien conocido es el trabajo de Kern y Hainmueller (2009) en el que se preguntan si la exposición a medios de comunicación extranjeros puede contribuir a desestabilizar a los regímenes autocráticos. Además de abordar una pregunta interesante desde el punto de vista teórico lo que destaca de esta investigación es una estrategia de identificación empírica muy inteligente. Gracias al hecho de que la señal televisiva de Alemania Occidental llegaba a muchas, pero no a todas las partes de Alemania del Este debido a la variación topográfica, aprovechan esta exposición cuasi-aleatoria para comprobar si el acceso a una mayor pluralidad informativa se relaciona con diferentes formas de apoyo al régimen comunista. En contra de lo esperado de acuerdo a las teorías sobre el papel de los medios de comunicación, los autores encuentran que aquellas poblaciones expuestas a la televisión occidental (simplemente porque geográficamente tenían más acceso a esta) habían aumentado su apoyo al régimen autocrático. Los autores ofrecen una interpretación a dichos resultados, esto es, que la televisión occidental podría funcionar como una especie de entretenimiento y escape de las presiones diarias bajo el régimen comunista, haciendo la vida algo más llevadera y, por tanto, descomprimiendo las tensiones con el propio régimen. Al margen de que esta interpretación sea discutible, lo interesante del estudio es que informa al debate teórico sobre el papel de los medios y la estabilidad de los regímenes autocráticos, continuando y mejorando la conversación académica al respecto.

Otro ejemplo es el estudio publicado por Adam Glynn y Maya Sen, en el que intentan aislar el efecto de la empatía en las decisiones que toman los jueces. Estudiar algo tan etéreo (y que correlaciona con tantos rasgos de la personalidad) como la empatía supone un reto metodológico. Para resolverlo, Glynn y Sen buscan un experimento natural en que un acontecimiento totalmente externo a los jueces suponga un “shock” de empatía en algunas decisiones judiciales. Su solución es estudiar el impacto que tiene tener una hija, en vez de un hijo, en los votos de los jueces del Tribunal Supremo norteamericano en asuntos de género. Podemos esperar que tener hijos sea una decisión más o menos voluntaria que puede estar relacionada con muchas cuestiones. En cambio, que esta descendencia después sea en forma de hija o hijo es un elemento totalmente aleatorio que, según los autores, condicionará la manera en que los jueces mirarán el mundo y empatizarán con algunas cuestiones judiciales. Sus resultados muestran que aquellos jueces que tienen hijas adoptan posiciones más progresistas y alineadas con la agenda feminista en asuntos como el aborto, discriminación laboral por cuestiones de género, o igualdad de oportunidades en la educación, entre otros.

Los experimentos naturales nos permiten también evaluar algunos acontecimientos relevantes de nuestra historia política reciente. García-Montalvo, por ejemplo, estudia aquí qué impacto tuvieron en las elecciones generales de 2004 los atentados del 11M y la gestión que el gobierno de Aznar hizo de aquellas crisis. Las encuestas venían dando una victoria de Mariano Rajoy como un resultado más probable, pero, a priori, parecería casi imposible determinar cuánto fue el efecto final del atentado en el resultado electoral. De hecho, las encuestas postelectorales nos daban respuestas inciertas porque, después de las elecciones, los ciudadanos racionalizan su voto y dan razones para explicar por qué finalmente se movilizaron o votaron por un partido que no necesariamente se corresponden con lo que habría pasado si el atentado no hubiese ocurrido. La solución que adopta García-Montalvo es utilizar el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero como experimento natural. Como el voto en el extranjero tiene restricciones temporales, estos votantes tenían que votar antes de los atentados. El plazo para el CERA para votar en persona en los consulados o por correo certificado era el 7 de marzo. Esto permite asumir que los votantes en el extranjero no conocían el atentado del 11M a la hora de votar mientras que los votantes que residían en España si lo conocían. El plazo para votar desde el extranjero supone un experimento natural que nos permite comparar ambos grupos. La conclusión de García-Montalvo, observando que el PP lo hizo relativamente mejor en el voto del CERA comparado con el voto de los residentes, es que Rajoy podría haber obtenido entre 5 y 6,7 puntos más en las elecciones del 14 de marzo de 2004 si el 11M y su gestión posterior nunca hubiese ocurrido.

Otro ejemplo que nos cae cerca es el trabajo de Carlos Sanz sobre los efectos del tipo de lista electoral (abierta o cerrada) sobre la participación. En esta ocasión, el autor explota una particularidad poco conocida del sistema electoral español para la celebración de las elecciones municipales. La ley electoral establece una discontinuidad en la forma de elegir a los representantes a nivel local en función del número de habitantes de los municipios: las poblaciones con menos de 250 habitantes utilizan un sistema de lista abiertas (los votantes pueden elegir de manera selectiva a candidatos de un mismo partido así como de otros); mientras que las localidades con más de 250 habitantes utilizan el sistema de listas cerradas. Estudiando el comportamiento electoral de los municipios alrededor de este umbral arbitrario (establecido por una ley estatal) es posible separar el efecto del tipo de listas del de otros factores que podrían correlacionar con el establecimiento endógeno de las mismas, y por lo tanto con los niveles de participación electoral. En otras palabras, dado que la comparación no es entre urbes como Madrid y Barcelona con pueblos con menos de 250 habitantes, sino entre municipios pequeños pero con características muy similares, exceptuando la regla electoral, es fácil pensar en que este accidente histórico ha conformado un grupo de tratamiento y otro control de manera casi aleatoria. Sanz encuentra que las listas abiertas incentivan la participación en un orden de entre un 1% y 2%.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero podríamos haber traído muchos más. La revolución causal en las ciencias sociales, más allá de la economía, es un hecho. Su contribución no es sólo hacernos un poco más sabios sobre algunos fenómenos sociales, políticos y económicos, y establecer explicaciones más precisas (que nos permiten, por ejemplo, evaluar mejor el impacto que una política pública), sino que también nos permiten discutir, poner en tela de juicio y cuestionar algunas de las teorías que creíamos más asentadas. 

En un contexto global en que la desafección con la política aumenta y hay un creciente desencanto con los sistemas democráticos, es importante comprender qué factores determinan la activación política de los ciudadanos y, sobre todo, cómo se puede fomentar la activación cívica y la participación democrática.

Los estudios existentes de sociología y ciencia política muestran que los ciudadanos abordan su politización, su relación con la política y su participación de modo muy desigual. Mientras que algunos ciudadanos viven en un círculo virtuoso de participación, otros viven en uno de desactivación y desconexión. Aquellos que están más interesados en la política, no solo votan más, sino que también suelen participar políticamente en otros ámbitos. Esto los convierte en ciudadanos a los que los partidos políticos tendrán más en cuenta a la hora de satisfacer sus demandas y, con ello, les darán más incentivos a seguir participando en el futuro. En cambio, otros ciudadanos desafectos participan menos, reciben menos atención de los partidos políticos y, con ello, tendrán menos incentivos a hacer oír su voz en el futuro, quedando atrapados en un círculo vicioso de desactivación política. Si, además, tenemos en cuenta que para conseguir una democracia de alta calidad es mejor tener una ciudadanía activa e implicada, esto nos plantea la pregunta de en qué medida podemos realizar intervenciones de políticas públicas que permitan conectar a la ciudadanía con las instituciones democráticas y “animarles” a activarse y participar más.

En un trabajo con Joaquín Artés (UCM) analizo los efectos de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones. Una vez desaparecido el servicio militar y la prestación social sustitutoria, servir en una mesa electoral es prácticamente la única prestación cívica obligatorio que nuestro ordenamiento jurídico mantiene. No debemos infravalorar este servicio cívico. Gracias a ser miembro de una mesa electoral, los ciudadanos pasan todo un día en un colegio electoral, supervisan el proceso, conocen a fondo como se realizan las elecciones en España e, incluso, tienen la experiencia de formar parte de un recuento. Es una experiencia intensa, aunque de un solo día, que puede servir para conectar a los ciudadanos con las instituciones democráticas y hacerles sentir que las elecciones no es algo ajeno a ellos. Incluso tienen la oportunidad de ver a sus vecinos votando y eso puede dar razones para apuntalar la norma social del voto.

El análisis de los miembros de mesa electoral es un caso, además, interesante. En perspectiva comparada no es habitual que las elecciones se realicen bajo la supervisión de ciudadanos corrientes que, además, son elegidos por sorteo. El sorteo permite que la experiencia de ser miembro de mesa electoral sea posible tanto para ciudadanos que ya están activos como para otros que no participan habitualmente.

Para estudiar esta cuestión, en 2019 pudimos realizar una encuesta a casi 300 personas que declararon haber sido miembros de mesas electorales antes de las elecciones generales de abril y les volvimos a entrevistar justo después de las locales, autonómicas y europeas de mayo y las generales de noviembre. Pudimos, por tanto, seguir a estos miembros de mesa electoral en las tres elecciones realizadas ese año. Esto nos da dos ventajas fundamentales. Una, podemos comprobar si haber sido parte de una mesa electoral en abril tiene algún impacto en la probabilidad de ir a votar en las elecciones posteriores de aquel año. Segundo, podemos analizar también si las actitudes frente a la política de los encuestados varían una vez han estado todo un día realizando este servicio cívico. Esto nos permite saber si cualquier aumento en la participación política va acompañada de algo más profundo como un cambio en su manera de entender las instituciones, las elecciones y la democracia.

En el siguiente gráfico analizamos la primera cuestión y mostramos los efectos de haber sido miembro de mesa electoral en el voto en las elecciones posteriores. Como se puede comprobar, ser miembro de mesa electoral en abril aumenta la probabilidad de votar en esa misma elección. Esto era un resultado esperado. Cabe pensar que, después de haber pasado todo el día en control del proceso electoral, y una vez que ya están frente a la urna, darles la posibilidad de votar hará que un buen número de miembros de la mesa electoral voten sin que, tal vez, lo hubieran hecho si no hubiesen formado parte de la misma.

Lo interesante es lo que ocurre en mayo de 2019. En esas elecciones, los que dicen haber sido parte de una mesa electoral en las elecciones anteriores, todavía reportan votar con mayor probabilidad -en concreto unos 7 puntos más- que un ciudadano que no sirvió en una mesa electoral. Los resultados son significativos desde el punto de vista estadístico. El efecto, en cambio, no es lo poderoso ni lo duradero que esperaríamos. En noviembre ya no detectamos ningún impacto en la participación de haber sido miembro de mesa electoral en abril. El efecto se desvanece y es prácticamente cero y totalmente insignificante estadísticamente.

Gráfico 1: Efecto de ser miembro de mesa electoral en la probabilidad de votar

 Fuente: Análisis de los autores a partir de datos de encuesta propios

Respecto a la segunda cuestión, no tenemos evidencia clara de que se haya producido un cambio en las actitudes frente a la política y las elecciones. A los encuestados les preguntamos su grado de acuerdo en una escala de 0 a 10 con una serie de afirmaciones tanto en abril de 2019, antes de haber sido parte de la mesa electoral, como en mayo, después de haber sido miembro de mesa electoral. En el gráfico siguiente comparamos cómo varía la respuesta que los encuestados dieron entre ambas ocasiones (un valor por encima de cero indica que aumenta el acuerdo con la afirmación).

Únicamente detectamos un impacto positivo en estar de acuerdo con la afirmación de que las elecciones no son fraudulentas. Esto significa que la experiencia de ser miembro de mesa electoral al menos tiene el efecto de aumentar la confianza en que las elecciones son limpias. No obstante, más de ello no hay evidencia de que los ciudadanos cambien su percepción de lo que es el voto y de su importancia ni refuerzan su vínculo con el sistema democrático.

Gráfico 2: Efecto de ser miembro de mesa electoral en las actitudes y percepciones políticas

Fuente: Análisis de los autores a partir de datos de encuesta propios

En resumen, ser miembro de una mesa electoral no solo te hace más propenso a votar en las elecciones en las que cumples con esta obligación (que podía ser algo relativamente esperado) sino que también hay un efecto positivo en el corto plazo. El efecto, en cambio, no es duradero ni conlleva un cambio fundamental en las actitudes y percepciones sobre el sistema político. Esto nos deja conclusiones mixtas sobre la capacidad que tenemos de generar, mediante políticas públicas como pueden ser las prestaciones cívicas obligatorias, una ciudadanía más activa. No obstante, en nuestro caso solo estudiamos una intervención que si bien es intensa, es muy corta, de un solo día. Tal vez con intervenciones más sostenidas en el tiempo se puedan generar círculos virtuosos de activación y participación que ayuden a revitalizar nuestras democracias.

Hace un par de semanas se conmemoró el 40 aniversario del 23F y lo que venía siendo una efeméride que concitaba unión y celebración de la democracia, la división política en la que vivimos instalados no fue ajena a esta ocasión. El acto del Congreso de los Diputados, que además contaba con la presencia del Rey, fue rechazado por grupos políticos que, en su mayoría, forman parte de la coalición en la que se sustenta la estabilidad parlamentaria del gobierno. Estos grupos, a su vez, hicieron público un comunicado en el que se referían al 23F como una operación de estado que “blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición democrática española”.

Más allá de que estos partidos son minoritarios en el Congreso, esta polémica surge en un momento de creciente impugnación de la Transición, de la que podemos decir que el 23F es su último momento de convulsión y, con ello, se ha convertido probablemente en una fecha que ha servido, junto con la aprobación de la Constitución, como mito fundacional de nuestra democracia. Las reacciones contra el 23F y la Transición muestran la crisis de estos mitos fundacionales, pero ¿cómo de generalizadas están estas opiniones?

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha estado preguntando por la visión que tenemos sobre la Transición desde los años 80. La pregunta de la que tenemos una serie más larga indaga, en concreto, sobre el sentimiento de orgullo que tienen los españoles por el proceso de la transición a la democracia. Aunque la pregunta se ha realizado (como lamentablemente ocurre a veces con el CIS) con enunciados ligeramente distintos y con una frecuencia irregular que ha decaído en los últimos años, nos da una idea de cuál ha sido la evolución que hemos tenido sobre este tema. En el gráfico siguiente se muestra el porcentaje de españoles a lo largo del tiempo que dicen sentir orgullo por la transición española. Como se puede comprobar, el nivel de orgullo ha sido de modo general amplio, aunque ha venido decreciendo en los últimos años. A finales de los 80, alrededor del 76% de los ciudadanos declaraban orgullo por el proceso de transición. A medida que el referente de la Transición se fue consolidando, el sentimiento de orgullo tuvo una tendencia ascendente hasta alcanzar el 86% en el año 2000. Desde entonces, esta posición se ha reducido, acelerándose la tendencia bajista hasta el último año del que tenemos datos, 2018, cuando el sentimiento de orgullo era del 67,3%. Es el único año de la serie donde el porcentaje de españoles con este sentimiento está por debajo del 70%.

Este dato lo podemos valorar de distintas maneras. Es obvio que la identificación con la Transición está más baja que nunca, pero, igualmente, la visión positiva sigue siendo alta y mayoritaria. Más importante, desde mi punto de vista, no es tanto valorar si el entusiasmo medio sigue siendo alto, como analizar las fracturas y divisiones que han emergido. De ellas me centraré en dos: la partidista y la de edad.

Gráfico 1: Evolución del sentimiento de orgullo por la Transición.

En el Barómetro de septiembre de 2018, último para el que tenemos datos, podemos comprobar que la fractura alrededor del orgullo sobre la transición tiene un carácter partidista. Utilizando la clásica variable del CIS de “voto + simpatía” (aquellos que declaran que votarían por un partido mañana o que tienen simpatía por él) emerge una división clara que no es exactamente entre nuevos partidos y viejos partidos. Ni siquiera entre partidos de la derecha y partidos de la izquierda. Por un lado, vemos un bloque de ciudadanos ampliamente orgullosos de la Transición. Destacan los votantes de Ciudadanos y del PP, donde este sentimiento supera el 80%, pero también los del PSOE, con un 78,3% e incluso los de Vox, donde la proporción de ciudadanos orgullosos supera el 73%. El bloque opuesto es el de los partidos que cuestionan abiertamente la Transición y lo que llaman “el régimen del 78”. Entre los votantes de Unidas Podemos, el grado de orgullo es del 49% y por debajo de este umbral nos encontramos sucesivamente a los partidos nacionalistas e independentistas.

Gráfico 2: Orgullo sobre la Transición por partidos (2018)

En este sentido, es evidente que partidos y votantes están alineados. Cuesta decir, solo con estos datos, si son los partidos los que recogen el malestar con sus votantes, o en qué medida la ruptura del consenso sobre la Transición es generado por los propios líderes políticos que marcan un camino a sus votantes. Lo que es cierto es que esta fractura partidista no ha estado siempre ahí. En el gráfico 3 repetimos el ejercicio con datos de 1995. Las diferencias entre partidos eran inexistentes (excepto para el caso de Herri Batasuna). De hecho, los votantes de los partidos que hoy muestran mayor alejamiento de la Constitución, entonces tenían un mayor porcentaje de votantes con una visión positiva de la Transición. El orgullos sobre la transición no solo era ampliamente extendido, sino que abarcaba también a los nacionalismos periféricos.

Gráfico 3: Orgullo sobre la Transición por partidos (1995)

Aparte de la brecha partidista, que es muy evidente en el debate público, hay otra división alrededor de la Transición que empieza a emerger y que creo que debería preocupar aún más a los defensores de la Constitución actual: la fractura de edad. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de ciudadanos que se consideran orgullos del proceso de transición por grupos de edad. El sentimiento de orgullo cae dramáticamente cuando miramos al sector más joven de la ciudadanía. Entre aquellos que en 2018 estaban entre 18 y 24 años, el orgullo sobre la Transición estaba por debajo del 50%, mientras que para los mayores de 65 años están en el 76%. La brecha es de más de 26 puntos porcentuales.

Gráfico 4: Orgullo sobre la Transición por edad (2018)

Este dato es todavía más relevante cuando miramos la brecha 10 y 20 años antes. Si la diferencia en orgullo entre los más mayores y los más jóvenes es de 26 puntos en 2018, en 2008 era de 13,1 puntos y en 1998 de 12,4 puntos. En otras palabras, no es que los más jóvenes siempre estén mucho menos orgullosos de la Transición y a medida que se hacen más mayores empiezan a apoyar el consenso del 78, sino que son los nuevos jóvenes los que ya no cuentan con la Transición entre sus referentes. La fractura generacional es algo reciente, pero tiene el potencial de, a medida de que se produzca el reemplazo generacional, la referencia de la Transición desaparezca.

Gráfico 5: Orgullo sobre la Transición por edad (1998 y 2008)

Las implicaciones de estas fracturas caracterizan bien la situación política y tienen largo alcance. Toda comunidad política necesita sus mitos fundacionales: eventos históricos sobre los que hay un consenso y que la comunidad toma como episodios clave que legitiman a la comunidad misma y su sistema político. Sin mitos fundacionales, la cohesión política se deteriora. No debemos infravalorar su valor simbólico. La Transición ha sido durante décadas el pegamento que ha unido a españoles de diversa índole: edad, ideología e incluso postura frente a España. A pesar de todas las divergencias, el nacionalismo periférico se adhería con entusiasmo al mito de la Transición en los años 90. Este mito hoy está derrumbándose sin que emerjan otros nuevos. Y mientras algunos referentes básicos no se reconstruyan o se sustituyan por otros, la crisis política seguirá siendo constante.

El pasado viernes Pablo Casado sorprendió a propios y extraños con un discurso duro contra Vox en la moción de censura que este partido había presentado. Cuando todos los análisis previos daban a Casado como el probable perdedor de la moción, su confrontación con Abascal le permitió dar la vuelta a la situación y salir de la jornada con una victoria moral que nadie esperaba. Desde entonces, se han sucedido sin parar las especulaciones sobre el alcance del discurso. ¿Estamos ante una nueva estrategia en el Partido Popular? ¿Apostará el PP por superar la lógica de bloques en la que estamos instalados?

 A priori, el discurso de Pablo Casado puede parecer arriesgado. Lo es porque una parte de sus votantes simpatiza con Vox y se siente cercano a sus ideas, mientras que otra parte empuja hacia Ciudadanos y una estrategia de mayor moderación. El PP se encuentra en un sándwich en el que, demoscópicamente, cualquier estrategia tiene el defecto de poder alienar a parte de sus votantes. Esto lo podemos ver tanto en las intenciones de voto como en las valoraciones de los líderes que hacen sus votantes.

El siguiente gráfico muestra (utilizando datos del último barómetro del CIS, cuyo trabajo de campo se realizó en la primera semana de octubre) cuál es la intención de voto de aquellos ciudadanos que votaron al PP en noviembre de 2019 y cuál sería su segunda opción si no votasen por la primera. Como se puede comprobar, y como es de esperar, la primera opción de un 63% de votantes del PP en las pasadas elecciones sigue siendo el partido de Casado. Esta tasa de retención está ligeramente por debajo de la mayoría del resto de partidos (a excepción de Ciudadanos), pero en este momento inicial del ciclo electoral tampoco parece un mal dato. Lo relevante para dictaminar el riesgo de su estrategia es comprobar dónde están las fugas y cuáles son las segundas opciones de sus votantes. Como podemos ver, un 9% de los votantes del PP optarían ahora por Vox y un 3,4% por Ciudadanos. En cambio, cuando analizamos las segundas opciones, casi un tercio de los votantes del PP optarían por Ciudadanos, mientras que uno de cada cuatro tiene como segunda opción a Vox. En otras palabras, el PP tiene fugas potenciales en ambas direcciones. Aunque a priori pueda parecer que el PP tiene más fugas hacia Vox, hay más votantes populares que piensan en Ciudadanos como el partido al que votarían si dejaran de hacerlo por el partido de Casado.

Un panorama parecido emerge si analizamos la valoración de líderes. Casado no es especialmente apreciado por sus votantes, que lo suspenden con un 4,5 de media. Sus valoraciones están muy por debajo, por ejemplo, de las que los votantes de PSOE, Podemos y Vox tienen de Sánchez, Iglesias y Abascal respectivamente. Cuando miramos las valoraciones de Abascal y Arrimadas, sus dos potenciales receptores de las fugas, comprobamos que Arrimadas parece tener valoraciones en general superiores y que Abascal genera mayor rechazo entre los votantes del PP. Aun así, un grupo pequeño tiene valoraciones muy positivas de Abascal, incluso por encima de las de Casado. En otras palabras, una parte de los votantes del PP parece tener una preferencia intensa por converger con Vox, pero tal vez un grupo mayor tiene una simpatía algo más difusa hacia Ciudadanos. Esto probablemente explica la estrategia errática del PP hasta ahora.

¿Podemos entender que el discurso de Casado es una apuesta definitiva por emprender una nueva estrategia de moderación? El análisis anterior ya da unas primeras indicaciones de los riesgos y las limitaciones del discurso de Casado. Puede apelar a su ala moderada, pero a costa de poner en riesgo a los que amenazan con irse a Vox. Por eso, creo que la lógica del discurso de Casado lo hemos de analizar desde una óptica menos estática.

La estrategia de Casado en la moción de censura responde a una afirmación sobre quién es el líder de la oposición. Si algo tienen en común los votantes del PP, ya sea los que prefieren una estrategia de mayor moderación como los que prefieren una estrategia de mayor confrontación, es su rechazo absoluto a Pedro Sánchez y al gobierno. Los bloques siguen estando muy consolidados en el electorado. Una interpretación optimista del discurso de Casado es que, con la impugnación de Vox, el líder del PP pretendió superar esos bloques. Sin embargo, una lectura que creo más acertada es que Casado principalmente lo que pretendía era postularse como líder indiscutible de la oposición.

Si Casado hubiera optado por una actitud más acomodaticia con Vox, su discurso habría tenido el riesgo de presentar al PP como un partido prescindible. Apoyando directamente a Vox - votando a favor - o indirectamente mediante la abstención, la moción de censura a Vox habría significado entregar el testigo del liderazgo moral de la oposición. Casado optó por cortar de raíz cualquier especulación al respecto. La única alternativa al Gobierno pasa por él. Y a pesar de que en el corto plazo este movimiento pueda ser incomprendido por parte de su electorado potencial, si el PP consigue llegar a la próximas elecciones como el punto focal de la oposición, muchos de los votantes que hoy están en Vox o Cs pueden volver de modo natural al PP. Para crear ese atractivo en el medio plazo, el primer requisito es mostrarse como una alternativa fuerte e indiscutible en el corto. Y a ello se entregó Casado en la moción de censura.

En definitiva, es posible que el discurso de Casado no marque un antes y un después en el grado de polarización que vivimos en España. Solo el tiempo lo dirá. Con los mimbres con los que se tejen sus apoyos, parece menos probable que el PP vaya a dar un giro de 180 grados a su estrategia y superar la lógica de bloques. Por el contrario, su voluntad es anular a Vox para blindar su liderazgo del bloque de la derecha.

Cuando parecía que España estaba más o menos asentada en la recuperación económica después de la crisis de 2009, surgen ahora los nubarrones de otra crisis económica: la del coronavirus. Esta crisis destaca por dos cosas. Primero, la sorpresividad. No hace falta más que consultar la hemeroteca de un par de semanas antes de la declaración del estado de alarma para comprobar que una crisis inminente era impensable. En segundo lugar, su potencial magnitud. En 2020 podríamos vernos con una caída del PIB de alrededor del 10% tal y como augura el Banco Central.

Ante esta situación, el Parlamento discute ahora mismo en la Comisión de Reconstrucción cuál debe ser la respuesta que los poderes públicos han de dar a la crisis provocada por la pandemia. En este sentido, es interesante indagar en cuáles son las demandas ciudadanas de políticas públicas. Al fin y al cabo, en la crisis anterior uno de los factores que desencadenó la transformación de nuestro escenario político fue la percepción por gran parte de la ciudadanía de que los gobiernos no adoptaron las políticas que los ciudadanos preferían para contrarrestar la crisis.

Para intentar responder a esta pregunta, mostramos aquí los resultados preliminares de dos encuestas que hemos realizado como parte de un proyecto de investigación sobre crisis y recuperación económica. En 2019 realizamos una primera encuesta, donde preguntamos a una muestra representativa de españoles por sus preferencias y demandas de políticas públicas. En mayo de este año, en medio del confinamiento, contactamos a las mismas personas para volver a realizarles las mismas preguntas. Esto nos permite comprobar como el shock de la pandemia y el confinamiento, junto con las incertidumbres económicas asociadas, modifican las preferencias políticas de los ciudadanos. Es importante resaltar que no comparamos sencillamente dos encuestas a personas distintas en dos momentos distintos, sino que estamos comparando las respuestas de las mismas personas con solo unos meses de diferencia, en los cuales el evento más importante que ha ocurrido es la inesperada crisis provocada por la COVID-19. Dado que conseguimos re-entrevistar a un 80% de nuestra muestra (y que los que no conseguimos contactar de nuevo no parecen obedecer a características concretas), nuestro ejercicio es una buena muestra de cómo la crisis nos ha cambiado, al menos en el corto plazo.

Primeramente, preguntamos por las preferencias sobre el gasto público. Simplificando, podemos prever dos tipos de reacciones a la crisis. Una respuesta sería la de la austeridad. Ante una situación de empeoramiento económico que compromete los ingresos públicos, el estado debería reducir el gasto para ajustar el cinturón. La segunda respuesta sería la de aumentar el gasto público para aumentar la protección social. A los ciudadanos les preguntamos antes y después de la pandemia en qué posición se situaban en una escala de 0 a 10, donde 0 significaba “reducir sustancialmente el gasto, lo que podría reducir el déficit” y 10 significaba “aumentar sustancialmente el gasto, lo que podría aumentar el déficit”. Lo que observamos es que, en general, los españoles parecen estar a favor de aumentar el gasto. En la encuesta de 2019, un 19% era favorable a reducirlo, mientras que un 58% era favorable a aumentarlo. La crisis de la COVID ha aumentado ligeramente la preferencia por más gasto público. Hoy los ciudadanos puntúan más alto en la escala de 0 a 10 citada, aunque el efecto no parece ser muy grande.

Este gasto público necesita ser financiado. De nuevo, podríamos suponer dos tipos de respuesta a la crisis. Por un lado, como ha pedido Pablo Casado como respuesta al confinamiento, se puede reducir impuestos con la confianza de que ayudará a reanimar la economía. Por otro lado, se pueden aumentar impuestos que permiten evitar un aumento excesivo del déficit y/o financiar más gasto. Aquí, las preferencias de los españoles suelen ser más diversas. En septiembre pasado un 37% quería reducir impuestos, un 30% mantenerlos como están y un 33% aumentarlos. Lo interesante es que es en este punto donde los ciudadanos parecen tener una respuesta más claramente expansiva frente a la crisis. En estos meses, la demanda de mayores impuestos ha aumentado notablemente. Como se puede ver en el gráfico, los españoles demandan más impuestos para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus. La demanda aumenta más en impuestos que en el gasto.

Gráfico 1: Cambios en las preferencias por gasto e impuestos tras la crisis del covid-19

En la encuesta también exploramos directamente por si los ciudadanos creen que se debe tolerar una deuda más alta para impulsar el crecimiento. Así, les preguntamos si en una escala de 1 a 4 creían que “el gobierno debería reducir el gasto y la deuda para ayudar al crecimiento económico” o si bien “el gobierno debería aumentar el gasto y tolerar una deuda más alta para ayudar al crecimiento económico”. El primer enunciado sería, digamos, la respuesta liberal a la crisis, mientras que el segundo enunciado sería la respuesta keynesiana. Antes de la crisis, más o menos la mitad de los españoles se situaba en cada una de las dos opciones (con distinta intensidad). Lo que ha ocurrido en los últimos meses como respuesta a la crisis de la COVID-19 es un movimiento de la ciudadanía hacia una posición mas keynesiana. Los ciudadanos piensan que más gasto es más importante ahora que hace nueve meses, incluso si es a costa de una mayor deuda pública.

También es interesante ver la oscilación condicionada en la ideología. Podríamos pensar que la izquierda es más propensa a responder a una crisis con más demanda de gasto, mientras que así no ocurre en la derecha. Esto solo parece verdad a medias. Es cierto que la izquierda se hace más keynesiana en un momento de crisis, pero en menor medida, este efecto también ocurre en la derecha. Los ciudadanos que se sitúan a sí mismos en la derecha ideológica también demandan hoy más gasto e impuestos que el año pasado. El aumento es menor que en la izquierda, pero también positivo. Esto confirma análisis realizados en la crisis económica anterior, donde también la ciudadanía de derechas era, en general, contraria a la austeridad. Frente a lo que solemos pensar, el Estado del Bienestar goza de gran consenso en España y en situaciones críticas como la actual no se reduce su apoyo en la derecha. De hecho, estos resultados están muy en consonancia con que el Partido Popular optase por votar a favor e incluso Vox abstenerse cuando el ingreso mínimo vital fue presentado en el Parlamento para su aprobación.

Gráfico 2: Cambio en la demanda de políticas keynesianas tras la crisis del covid-19 por ideología de los ciudadanos

En conclusión, nuestros resultados preliminares muestran que las preferencias de los ciudadanos por políticas públicas no son impermeables a la crisis. Cuando la situación empeora, los ciudadanos responden variando sus demandas políticas. En España, la ciudadanía parece apostar por una respuesta donde el Estado adopte un rol más predominante, con más gasto, más impuestos y con una disposición a tolerar más deuda. Esta demanda, además, es bastante transversal. Desde estos mimbres, nuestros representantes podrían tener espacio para alcanzar acuerdos amplios en el Parlamento.

Hace una semana una cumbre europea volvía a fracasar en un intento de aportar soluciones a una emergencia económica. Con una crisis económica en ciernes como consecuencia de la crisis de la Covid-19, la Unión Europea no es capaz de reaccionar con premura, ambición y unidad ante los retos que se avecinan a toda velocidad. La historia no es nueva. Como se ha comentado repetidamente, las líneas divisorias que emergieron no son tan distintas a las de la crisis de deuda de la Gran Recesión. Por un lado, Alemania y Países Bajos, entre otros, adoptando la postura en contra de los coronabonos y apostando por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) para dar liquidez a los gobiernos. Por el otro lado, el grupo liderado por España e Italia que opta por mecanismos de mutualización de la deuda que se generará durante esta crisis económica.

El acuerdo en esta materia es, en realidad, muy difícil. Más allá de distintas posturas ideológicas y visiones de cada gobierno sobre cuáles son las mejores soluciones para una crisis de esta naturaleza, chocan también posiciones muy distintas en la opinión pública de cada país que limita la capacidad de acción de cada ejecutivo y convierte el acuerdo en más improbable.

Aquí quiero mostrar algunos datos de una encuesta realizada en agosto de 2018 en España y Alemania, donde tuvimos la oportunidad de plantear algunas preguntas sobre la Unión Europea y su distinta percepción en cada país. Es cierto que son solo dos países, pero parecen bastante representativos de la fractura que vuelve a resurgir entre el sur y el norte de Europa.

En primer lugar, partimos de preferencias distintas sobre la idoneidad de dar más poderes a la Unión Europea en situaciones como la actual. En la encuesta, preguntamos a españoles y alemanas que se situaran en una escala de 0 a 10, donde 0 significaba que la Unión Europea debía tener máxima autoridad presupuestaria mientras que 10 significaba que debían ser los Estados miembro. En el siguiente gráfico se representa la distribución de esta variable para ambos países. Como se puede comprobar, Alemania presenta una concentración claramente superior en el extremo que desea que los países mantengan en exclusiva autoridad presupuestaria. En los valores de la escala hasta el 7 se sitúan siempre más ciudadanos españoles, mientras que la concentración de encuestados alemanes es mayor en los valores entre el 8 y el 10 .

Gráfico 1: Posturas frente a la autoridad de la UE sobre políticas económicas y el presupuesto

No solo es que los ciudadanos tengan preferencias distintas sobre cuál debe ser la autoridad europea sobre los presupuestos y la política. La explicación de por qué se dan estas preferencias distintas se debe probablemente a percepciones también diferenciadas sobre qué comportamientos fomentaría una Unión Europea más integrada. Lo vemos, en concreto, cuando se pregunta a los ciudadanos sobre si la UE protege a los países que actúan de modo irresponsable. Los alemanes, como comprobamos en el siguiente gráfico, están mucho más de acuerdo que los españoles con que la UE permite comportamientos irresponsables en su seno.

Gráfico 2: Acuerdo con la afirmación de que la UE protege comportamientos irresponsables

Una segunda cuestión muy relevante en las circunstancias actuales es cómo se interpreta la crisis en ambos países. Si la lectura de la crisis es distinta y, sobre todo, si se vincula de modo diferente con la Unión Europea, la búsqueda de soluciones comunes es aún más complicada. Esta encuesta fue realizada hace un año y medio, por lo que no tenemos evidencia directa de la crisis del coronavirus, pero sí podemos intentar establecer paralelismos con la gran crisis financiera. En la encuesta, la mitad de los encuestados de cada país leyeron unos párrafos con información sobre la crisis de unos años antes y el impacto que había tenido en distintas magnitudes económicas (desempleo, deuda, etc). Inmediatamente después, todos los encuestados contestaron una pequeña batería de preguntas sobre la Unión Europea que capturaban las percepciones de los ciudadanos en dos dimensiones: la percepción de cómo de beneficiosa es la Unión Europea desde el punto de vista económico y la percepción de la calidad de la representación política en la Unión Europea. Con esas preguntas podemos crear dos indicadores de la satisfacción y percepción de los ciudadanos sobre cada una de esas dos dimensiones.

Con este experimento, podemos comparar cómo responden los que reciben la información sobre la crisis y los que no la reciben. Esto nos permite aproximarnos a qué tipo de lectura hacen los ciudadanos de la crisis de 2010 en España y Alemania. En los siguientes gráficos muestro los resultados. El gráfico 3 muestra el impacto sobre la percepción de los beneficios económicos de la Unión Europea cuando “hacemos pensar” a alguien sobre la crisis económica. Cuando el efecto está a la izquierda de la línea vertical indica que los ciudadanos vinculan la crisis económica con una reducción de su percepción sobre los beneficios económicos de la UE. Si el efecto se solapa con la línea vertical, indica que el efecto no es lo suficientemente diferenciado como para afirmar que se reducen (o aumentan) los beneficios económicos de la UE. Como se puede comprobar, en Alemania la crisis se vincula con una reducción de los beneficios económicos de la UE, mientras que en España ese efecto no se produce de modo significativo. En otras palabras, la vinculación de una crisis con los beneficios económicos del proyecto europeo es mucho más clara en Alemania.

En cambio, cuando observamos en el gráfico 4 el efecto del tratamiento en la percepción sobre la calidad de la representación política en la Unión Europea comprobamos que los resultados son los inversos. La crisis se vincula mucho más con una erosión de la “calidad” política de la Unión Europea en España, mientras que ese efecto es totalmente inexistente en Alemania.

Gráfico 3: Efecto de la crisis sobre beneficios económicos en la UE

Gráfico 4: Efecto de la crisis sobre representación política en la UE

Estos datos apuntan a dos claras lecturas diferenciadas de la crisis en España y Alemania en relación a la Unión Europea. Obviamente es necesario recalcar que los datos se refieren a la crisis anterior cuyas características no solo eran distintas, sino que la vertiente política de la Unión Europea era mucho más evidente para el sur de Europa. Aun así, creo que son útiles porque indican que, ante una crisis económica, una parte importante de los alemanes tal vez no vean a la Unión Europea como parte de la solución. Al contrario, la crisis hace aflorar las debilidades económicas de la Unión Europea y aumenta su percepción de que no es beneficiosa desde el punto de vista económico. En España, no se da esta vinculación entre la crisis y los beneficios económicos de la UE, pero, en cambio, la crisis reduce la percepción de que la Unión Europea es una organización capaz de representar políticamente las necesidades de los ciudadanos. Mientras en el sur de Europa la visión es que la crisis pone sobre la mesa la necesidad de que la UE sea un mecanismo político de resolución de problemas, en el norte se reduce la sensación de que la UE genera beneficios económicos. Dos visiones antagónicas que empuja a los gobiernos en direcciones divergentes. La crisis del coronavirus parece un nuevo capítulo sobre cuál ha de ser el rol de la UE en la crisis económica que se nos está echando encima.

Tras siete meses sin gobierno, España ha salido del bloqueo político (al menos en el corto plazo) con la formación de la primera coalición de gobierno desde la Transición. Una vez dejado atrás el período de interinidad, si hacemos un recuento del principal beneficiario y perjudicado por el período de bloqueo político es tal vez paradójico no encontrarlos dentro del bloque de gobierno. De las elecciones del pasado 10 de noviembre, Vox salió tremendamente reforzado con 52 escaños y, como se ha comprobado estos días con el pin parental, con gran capacidad de marcar la agenda de la oposición. Por otro lado, el bloqueo se cierra con Ciudadanos como gran víctima, con una caída en las últimas elecciones que le hizo perder más de la mitad de su voto.

Una duda recurrente desde que la caída de Ciudadanos se empezó a reflejar en las encuestas es precisamente si la pérdida de apoyo electoral se debía a la situación de bloqueo y el veto al PSOE que había anunciado antes de las elecciones de primavera. Dos son las tesis principales. La primera, defendida por muchos periodistas, es que Ciudadanos colapsa electoralmente porque pierde el favor de los votantes más moderados, los cuales quedan decepcionados porque el partido pierde su sentido inicial y no es capaz de dar una salida ante la situación de bloqueo y evitar elecciones con un gobierno moderado. Una segunda tesis es que la emergencia de Vox como partido con fuertes credenciales para combatir en la cuestión catalana y territorial, a la vez que la mejor posición del PP para capitalizar el voto útil en la derecha, debilitan a Ciudadanos electoralmente por su flanco derecho. Desde antes de las elecciones, hemos tenido datos indicativos de que la segunda hipótesis parece más acertada. La publicación la semana pasada de la encuesta postelectoral de Centro de Investigaciones Sociológicas aportan más evidencia para reafirmar esta segunda hipótesis.

El dato principal que confirma la encuesta del CIS es que las fugas de votantes de Ciudadanos han sido principalmente por la derecha. Es decir, no hacia partidos que hubieran tenido posiciones favorables a un acuerdo con el PSOE para salir del bloqueo. Un 49,5% de los votantes de Cs en abril afirman haber vuelto a votarles en las pasadas elecciones de noviembre, lo cual es un registro enormemente bajo. El siguiente gráfico muestra las fugas del 50% restante, entendidas como votantes que optaron por Ciudadanos en abril y por otra opción en noviembre. Como se puede comprobar, un 14,6% de los votantes de Cs reconocen haber cambiado su voto a favor de los populares y un 8,9% de votantes optaron ahora por Vox. Esto apuntaría a que al menos un cuarto de los votos de Ciudadanos se fueron por la derecha. La abstención emerge como otra opción refugio para un 9,5% de los votantes en abril, lo cual tampoco parece necesariamente la decisión que esperaríamos por aquellos que consideran que Ciudadanos debía haber buscado el entendimiento con otros partidos. Finalmente, por la izquierda, en cambio, las fugas son mucho menores, donde apenas destacarían un 6,3% de fugas hacia el PSOE.

Este marcado carácter hacia la derecha de las fugas de Ciudadanos se ve confirmado con otros datos de la encuesta que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, más de un tercio (el 36%) de los votantes de Ciudadanos que dicen haber dudado qué hacer en las elecciones de noviembre afirman haber dudado entre votar al PP o a los naranjas.

Gráfico 1: Fugas de Ciudadanos

Estos datos no parecerían confirmar la idea de que a Ciudadanos les perjudicó el veto a Sánchez. Otra evidencia complementaria de que las fugas de Cs no se produjeron por la situación de bloqueo la encontramos al analizar específicamente cuál fue el efecto que los encuestados afirman que sobre su voto tuvo la crisis en Cataluña. Los votantes de Ciudadanos en las elecciones de abril de 2019, junto con los de Vox, son los que más reconocen que la crisis catalana les afectó en las elecciones. Tal y como se refleja en el siguiente gráfico, más de un tercio de los votantes de Rivera en abril consideran que la cuestión catalana ha sido relevante para ellos en las elecciones de noviembre. Lo interesante, no obstante, se refleja en el gráfico 3. Cuando preguntamos por cómo ha influido específicamente la crisis catalana en su voto, un 44,5% de los votantes de Cs contesta que ha sido para reafirmar su voto (lo que son casi diez puntos menos que en Vox y quince que en el PP). Por otro lado, un 21% de estos votantes de Ciudadanos dice haber cambiado su voto hacia otras fuerzas mejor preparadas para defender la unidad de España y otro 21% afirma haber votado por un partido que puede parar a los partidarios de la independencia de Cataluña (aunque esta opción tiene una redacción confusa y no permite saber si el votante cambió de partido o vuelve a votar por el mismo partido precisamente por esa razón). En cualquier caso, el CIS proporciona evidencia clara de que la cuestión catalana ha generado turbulencias importantes dentro del electorado de Ciudadanos teniendo un impacto electoral.

Gráfico 2: Porcentaje de votantes de cada partido cuyo voto estuvo influido por la situación en Cataluña

Gráfico 3: Tipo de influencia de Cataluña en los votantes de Ciudadanos

Un último dato que podemos aportar en esta misma dirección viene del análisis de las preocupaciones de los votantes de la derecha. Si la hipótesis de que el bloqueo político y la no actuación responsable por parte de Ciudadanos para evitar elecciones y dar un gobierno a España fuese la razón principal del abandono de sus votantes, deberíamos observar que estos están más preocupados o decepcionados que el resto de partidos de la derecha con la clase política. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de votantes de cada partido de la derecha en abril que cree que tanto la clase política y los partidos políticos como la independencia de Cataluña son uno de los tres principales problemas del país. Como se puede comprobar, las diferencias son casi inexistentes, sobre todo entre Cs y el PP. Los votantes en abril de Cs no parecen más preocupados por la clase política (aunque sí hay un porcentaje ligeramente mayor que lo sitúa como el primer problema) ni menos preocupados por la cuestión catalana. En ese sentido, la convergencia de ese electorado hacia las mismas percepciones que el del PP es clara. No encontramos una percepción muy distinta de los problemas que pudieran haberle llevado a votar de modo diferente.

Gráfico 4: Porcentaje de votantes de cada partido que considera los políticos y Cataluña como uno de los principales problemas de España

En definitiva, todo parece indicar que el veto a Sánchez poco ha tenido que ver en los resultados de Ciudadanos en noviembre. Más bien al contrario. Los votantes de Cs podrían haber optado por otras fuerzas políticas que vieran más útiles en este momento ante el desafío catalán o que tuviesen más posibilidades de encabezar una alternativa a Pedro Sánchez. En marzo, Ciudadanos optó por un cordón sanitario a Sánchez y el PSOE para consolidar su apuesta por el electorado de derechas. En aquel momento esa estrategia pudo ahuyentar definitivamente a votantes centristas, pues el partido ha ido dejando progresivamente de ser el partido preferido de los votantes más moderados (aquellos que se sitúan en un 5 en la escala ideológica). Lo que parece evidente es que, con el equipaje con el que los naranjas llegaron a noviembre, ese segmento no era el que más riesgo tenía de perder si el partido se mantenía en posiciones que nos llevaran a elecciones. Nunca sabremos, eso sí, cómo habría sido la historia si Ciudadanos hubiese conseguido el sorpasso al PP en abril.

Iñigo Errejón y Más País han irrumpido con fuerza en el panorama político nacional con el anuncio de que participarán en las elecciones del 10 de noviembre. Esta llegada se justifica en la decepción de sectores de la izquierda por el fracaso de las negociaciones para la formación de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y la consiguiente investidura fallida. En el contexto actual, es precisamente el impacto que puede tener Más País en las elecciones probablemente la mayor incógnita para el 10N. Se trata de una candidatura muy peculiar no solo porque no tiene todavía un programa definido a un mes de las elecciones, sino también porque, por ejemplo, no concurrirá en todas las provincias.

Ante esta incertidumbre, uno de los pocos puntos de luz para saber algo más del electorado potencial de Más País es utilizar los datos de encuesta disponibles sobre Más Madrid, el germen de esta fuerza política que se presentó en mayo a las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid (donde fue la fuerza más votada con un 31% del voto) y en la Comunidad de Madrid donde obtuvo casi un 15% de los votos. En este post, en concreto, utilizo datos de la encuesta preelectoral del CIS para la Comunidad de Madrid, que es la única que tiene los microdatos disponibles. Para fotografiar al electorado de Más Madrid y compararlo con el resto de partidos de la izquierda, considero votantes de cada partido aquellos que declaraban que votarían por ese partido en las siguientes elecciones autonómicas del 26 de mayo o aquellos que declaran simpatía por esa fuerza política (el clásico VOTO+SIMPATÍA de las encuestas del CIS). 

Antes de empezar hay una salvedad que hacer. Estamos analizando datos que son únicamente de la Comunidad de Madrid. Es razonable esperar que el electorado de Madrid que puede votar a Más País no será exactamente igual al que puede votarlo en otras provincias (sobre todo en aquellas donde concurre con fuerzas de peso, como Compromís en la Comunidad Valenciana). 

¿De dónde vienen?

La primera cuestión que surge para valorar el recorrido de Más País es el origen de sus votantes. Como se puede ver en el gráfico 1, la mitad de los que declaraban que votarían a Más Madrid eran personas que habían votado a Unidas Podemos en las elecciones generales de 2016. Esto era más del doble que los votantes que habían votado al PSOE en las elecciones de entonces. En la encuesta postelectoral, podemos analizar el origen en relación a las generales de abril y la proporción de votantes de Más Madrid que provienen de Podemos es equivalente (el 50%), aunque se observa un mayor flujo de votantes que se habían decantado por el PSOE en las generales de abril (un 39%).

Parece claro que Más País tiene, en principio, más probabilidad de erosionar el voto a Unidas Podemos. Tengamos en cuenta que, además, estas cifras suponen que, por ejemplo, Unidas Podemos pierde el 40% de su electorado entre las generales de abril y las autonómicas de mayo de 2019, mientras que para el PSOE implica una pérdida de sólo el 12,2%. No obstante, el hecho de que las ganancias de voto de Más Madrid desde el PSOE aumentaron en la encuesta postelectoral respecto a la preelectoral implica que es posible que, si la base del partido proviene de Unidas Podemos, hay margen de crecimiento para los de Errejón que depende bastante de las ganancias que hagan de los socialistas. De hecho, las bajadas que empieza a experimentar el PSOE en las encuestas podrían explicarse de esta manera.

Gráfico 1: Origen de los votantes de Más Madrid respecto a las elecciones generales de 2016

¿Quiénes son?

En términos de su perfil socioeconómico, existen tanto similitudes como diferencias entre los votantes de Más Madrid y de Unidas Podemos. Ambos son electorados con una media de edad joven y, de hecho, prácticamente indistinguibles el uno del otro. En términos de edad, el votante de Más Madrid es virtualmente igual que los votantes de Podemos (44 años) y unos diez años de media más joven que el votante del PSOE. En cambio, se trata de un electorado más feminizado que el de Unidas Podemos (a pesar de que cuenta con un porcentaje ligeramente mayor de hombres). Esto es consistente con lo que Alberto Penadés señalaba aquí sobre el hecho de que los votantes de Más Madrid se identifican más como feministas.

Respecto a su posición socioeconómica, el electorado de Más Madrid parece tener una posición más acomodada, reflejada en que fue el partido de la izquierda con mayor porcentaje de votantes con estudios universitarios, a la vez que el que tiene un porcentaje menor de parados en su electorado. Así, un 40% de sus votantes alcanzan este nivel educativo, mientras que en Podemos era del 24% y en el PSOE del 12%. En términos de desempleo, en los votantes de Más Madrid encontramos que los desempleados son aproximadamente unos 3 puntos menos que en Podemos o PSOE. 

Gráfico 2. Perfil del votante de Más Madrid

¿Qué ideología tienen?

Por último, el votante de Más Madrid es más moderado ideológicamente que el votante de Podemos. El gráfico 3 muestra la distribución ideológica de los votantes de la fuerza de Errejón en Madrid, comparada con la del PSOE y la de Unidas Podemos. Se puede comprobar que Unidas Podemos aglutina sus votantes principalmente en  la parte más izquierda del eje ideológico, estando estos concentrados entre el 1 y el 3 de la escala ideológica. Más Madrid, en cambio tiene la mayoría de sus votantes en el centro izquierda (el 3 y el 4). En este segmento, la distribución de votantes es muy parecida al PSOE, con la diferencia de que los socialistas son también exitosos en el centro, donde los de Errejón apenas tienen votantes.

Gráfico 3. Distribución por ideología de los partidos de la izquierda en las elecciones autonómicas de Madrid

Perspectivas para el 10-N

Estos datos nos pueden dar algunas pistas para el 10-N. En principio, parece que existe hueco, contrapronóstico, para una fuerza que apela a votantes que ideológicamente están entre Unidas Podemos y el PSOE. Es razonable esperar que Más País puede hacer más daño electoral a Unidas Podemos, dado que es su granero electoral principal, aunque tiene margen de crecimiento a expensas del PSOE. El votante que se decantó por Más Madrid se diferencia del de Podemos en que era ideológicamente más moderado, más feminizado y con una mejor posición socioeconómica.

Dos meses después de las elecciones seguimos sin gobierno. El 22 de julio habrá un debate de investidura, pero la probabilidad de que esta sea fallida es bastante alta. Si así ocurre, el período de formación de gobierno se alargará y podríamos vernos abocados a unas nuevas elecciones en otoño.

La responsabilidad de este período extendido de formación (por ahora infructuosa) de gobierno es sin duda de nuestros políticos. Nadie parece dispuesto a moverse un ápice de su posición y este inmovilismo es irresponsable. No obstante, tenemos que ser conscientes que los políticos actúan conforme a unas reglas y nuestra Constitución está diseñada para un sistema bipartidista. El sistema actual asume, principalmente, que uno de los dos grandes partidos tiene una probabilidad alta de obtener mayoría absoluta y, si no es así, formaciones pequeñas, probablemente nacionalistas, intercambiarán algunas políticas por un apoyo en la investidura y la legislatura. En cambio, la transición hacia el multipartidismo que hemos vivido en España y el movimiento hacia el independentismo del nacionalismo catalán ha creado un desajuste entre las reglas de formación de gobierno y la realidad sobre la que se debe formar gobierno.

En primer lugar, el sistema español de investidura requiere una votación positiva en el Parlamento. Esto obliga a que todos los grupos políticos se pronuncien sobre una candidatura y todos han de avalarla o rechazarla explícitamente. En principio, esto no es un problema cuando es fácil forjar mayorías. En cambio, en la situación actual española, con bloques fragmentados y alta polarización, puede ocurrir simultáneamente que el partido que gane las elecciones no tenga facilidad para concertar una mayoría, mientras que tampoco existan mayorías alternativas. Así ocurrió en 2016 (hasta que el PSOE se abrió en canal con su abstención) y así parece que vuelve a ocurrir en 2019. En estas circunstancias, es preferible un sistema de investidura negativa, como el existente en países como Dinamarca, Noruega o Islandia. En estos países, el primer ministro recibe el mandato del Jefe de Estado y lidera el ejecutivo bajo la presunción de que tiene mayoría. Una vez investido, el Parlamento puede decidir retirar la confianza del ejecutivo cuando así lo decida, pero mientras no lo haga, esta se considera otorgada. Esto permite formar gobiernos cuando las mayorías son frágiles.

Otro factor que dificulta la formación de gobierno en el multipartidismo es la ausencia de plazos para la primera investidura. En España, cuando una investidura fracasa, la Constitución prevé unas elecciones automáticas si en dos meses nadie resulta investido. En cambio, no hay plazo para la primera investidura que ponga la cuenta atrás en marcha. En las circunstancias actuales, Pedro Sánchez ha tenido todos los incentivos, como los tuvo Rajoy en 2016, para retrasar al máximo la investidura y utilizar ese plazo extendido para aumentar su poder de negociación. Si en el multipartidismo es más complicado llegar a acuerdos de gobierno, la inexistencia de un plazo de partida puede instalar a todos los partidos en el inmovilismo a la espera de que se mueva el otro.

No solo eso. La ausencia de plazos para la investidura hace que acontecimientos como las elecciones que tuvimos el 26 de mayo retrase la formación de gobierno, que debería ser la prioridad de los partidos. Si para formar un gobierno son necesarios los pactos y los partidos consideran que esos pactos son arriesgados electoralmente, siempre encontrarán excusas para retrasarlos a un momento en el que consideren que son menos comprometidos.

Por último, otro factor que dificulta la formación de gobierno en nuestro escenario multipartidista es la moción de censura constructiva. Tal y como ocurre en Alemania, en España la Constitución decidió blindar a los gobiernos poniendo más difícil la retirada de confianza del Parlamento. En la mayoría de países, los parlamentos pueden proponer un voto de confianza por el que puede hacer caer al gobierno. En España, si el Parlamento propone una moción de censura, esta requiere que el Parlamento no solo esté de acuerdo en censurar al gobierno, sino que ha de proponer un candidato alternativo para que se convierta en Presidente. Es decir, no basta con que el Parlamento rechace al Presidente, sino que una mayoría de partidos de la oposición, que en el contexto actual es más fragmentada y heterogénea, ha de ponerse también de acuerdo en quién ha de convertirse en el nuevo Presidente del Gobierno. Esto blinda enormemente a los gobiernos. La situación se agrava con la prórroga automática de presupuestos. Si un partido en el gobierno no tiene una mayoría para aprobar presupuestos, puede alargar su período en el poder contando con las cuentas del año anterior.

Estas reglas, obviamente, dotan de mucha estabilidad a los gobiernos, que es lo que la Constitución buscaba. La contrapartida es que ralentizan la formación de los mismos. Si los partidos saben que, una vez invistan a un candidato, no van a poder retirarle el poder con facilidad (no en vano, solo hemos tenido una moción de censura exitosa en cuarenta años) y que, además, ni siquiera serán imprescindibles para los presupuestos, se lo pensarán dos veces antes de otorgarle la confianza (José Fernández-Albertos ahondaba en esta idea hace ya tres años aquí).

Estos son algunos factores institucionales que dificultan la formación de gobierno en un entorno multipartidista. Las reglas no han sido problemáticas en más de tres décadas de democracia, pero el cambio en nuestro panorama político conlleva también repensar el marco institucional Sería buena idea que si en algún momento abrimos el melón de la reforma constitucional, utilicemos la oportunidad para actualizar unas reglas que hoy parecen poner más obstáculos que facilitar la gobernabilidad.

(NOTA: este post fue escrito la semana pasada. Este fin de semana Eduardo Madina ha publicado una columna en El País titulada “Contra la cultura del bloqueo” que, en parte, coincide con los argumentos que aquí se exponen)Contra la cultura del bloqueo

La participación vuelve al nivel de 1977. La socialdemocracia resiste el avance de los populistas de extrema derecha. A pesar de su mal resultado, hay dos aspectos en los que Unidas Podemos puede salir reforzado. El 'bloque de derechas', con PP, Ciudadanos y VOX, acaba con una pérdida de 22 escaños, unas 200.000 papeletas menos y más de tres puntos porcentuales de retroceso respecto a 2016. Uno de los resultados más llamativos es el aumento de las fuerzas soberanistas en Catalunya y País Vasco.

La victoria del PSOE: Asterix en Iberia

Los nacionalpopulistas han invadido Europa. Incapaces de recoger el voto de los descontentos con la automatización y la globalización, la izquierda tradicional se ha derrumbado en todo el continente. Pero, en las esquinas, tanto en la península escandinava como, sobre todo, en la península ibérica, así como en la ínsula británica, los viejos partidos socialdemócratas, resisten el avance de los populistas de extrema derecha, como versiones modernas de Astérix y Obélix. En los últimos meses, el SAP en Suecia y SDP en Finlandia se han consolidado en el poder; y, en los próximos meses, se pueden consolidar el PS en Portugal y el PSOE en España. Y, cuando haya elecciones en el Reino Unido, los laboristas podrían volver a Downing Street. ¿Por qué? ¿Cuál es la poción mágica de esta neo-socialdemocracia?

La crisis económica y las políticas de austeridad pueden explicar la victoria de los socialistas portugueses y españoles. Pero no es suficiente. Otros países del sur de Europa, como Italia o Grecia, han padecido una crisis tan o más notable y, sin embargo, sus partidos socialdemócratas fueron barridos hace tiempo. Mientras, ni en el Reino Unido ni en los países nórdicos han experimentado un severo apretón del cinturón, y, sin embargo, también parecen resistir, aunque desgastados, los socialdemócratas.

Hay que buscar la razón en que los socialistas en algunas partes de Europa, sobre todo en la zona Atlántica, están siendo capaces de superar el dilema que parecía que les enterraría, el dilema entre, por un lado, defender los intereses de los trabajadores en el eje económico y, por otro, defender los valores cosmopolitas. Estos partidos han cultivado un tipo de sentimiento colectivo que se está abriendo paso entre el patriotismo de golpes en el pecho promovido por los movimientos nacional populistas. Los socialdemócratas están promocionando un patriotismo progresivo basado en un delicado equilibrio entre sus banderas nacionales y la bandera de la UE, entre un credo europeísta y una retórica anti-austeridad, entre cumplir los objetivos fiscales de la UE y reducir los recortes de gastos.

Unidas podemos: ¿perdedores?

Unidas Podemos es uno de los perdedores de la noche. Pierde más de un tercio de los diputados. Además, desaparece casi completamente de la España vacía, en la que consiguió un importante avance en 2016, a pesar de las dificultades que podía ponerle el sistema electoral.

Paradójicamente, hay dos aspectos en los que el partido puede salir reforzado. Por un lado, será clave para la formación del gobierno. Y esta vez podrá hacer valer su influencia desde el principio. Si en la moción de censura tuvo que aceptar la Presidencia de Sánchez sin poder negociar un gobierno, en esta ocasión podrá poner sobre la mesa la exigencia de entrar en la coalición. Por otro lado, probablemente el único aspecto en el que aparece reforzado Unidas Podemos es en su articulación territorial. En aquellos lugares donde concurría con confluencias en 2016 y que ahora se habían roto, Galicia y Comunitat Valenciana, los morados lo han hecho notablemente mejor que En Marea y Compromís. Esto significa que la marca de Unidas Podemos puede tener la fuerza suficiente para caminar sola y permitir una mejor articulación del partido. 

La derecha a tres: pesadilla para el PP, pinchazo de VOX y victoria moral para Ciudadanos

Una de las grandes incógnitas de estos comicios era calibrar hasta qué punto se iba a fragmentar el voto conservador y cuál iba a ser el impacto en términos de gobernabilidad. Por primera vez en la democracia, tres candidaturas de derecha concurrían de forma competitiva a unos comicios generales. El PP ya no sólo se enfrentaba, como en las comicios de 2015 y 2016, a Ciudadanos como un serio competidor. También tenía enfrente a un VOX renacido, que partía de la marca de menos de 60.000 votos logrados (0,2% del voto) en 2015 y 2016.

Los sondeos ya dibujaban un panorama poco halagüeño para el nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Este partido podía ver reducida su fuerza parlamentaria a la mitad. Ciudadanos amenazaba a los populares con el sorpasso. Y sus antiguos compañeros de filas, con una marca de VOX pujante y desafiante, podían 'robarles' muchos escaños. Pero los populares podían albergar la esperanza de sumar, en esa fragmentación de la 'derecha a tres', más escaños que el bloque de izquierda liderado por el PSOE.

Pero, tras el recuento de votos, las cuentas no les han salido, ni en conjunto, ni individualmente. Primero, la 'derecha a tres' acaba con un rotundo fracaso en su pugna con la el bloque de la izquierda. Mientras PP, Ciudadanos y VOX han sumado 147 escaños, PSOE y Unidas Podemos han llegado a los 165. Un saldo negativo de 18 escaños para el bloque conservador. Y aún más desfavorable si tenemos en cuenta que el balance en las generales de 2016 para el PP y Ciudadanos fue la suma de 169 escaños y una saldo positivo de 13 escaños sobre el cómputo PSOE-Unidos Podemos.

El 'bloque de derechas', con PP, Ciudadanos y VOX, acaba con una pérdida de 22 escaños, unas 200.000 papeletas menos y más de tres puntos porcentuales de retroceso respecto a 2016. 2016.  Además, su porcentaje de voto final no llega al 43%, cuando muchas encuestas situaban al bloque por encima del 46%. 

El principal 'socio' perdedor del bloque es el PP. Tras dejarse más de 3,5 millones de votos y 71 escaños, el único consuelo para los casadistas es haber evitado ser adelantados por Ciudadanos, aunque por una diferencia muy pequeña de apenas 9 escaños y menos de un punto porcentual en voto. La deserción en masa de los votantes del PP parece haber ido a las filas de VOX (con unas ganancias de más de 2,5 millones de votos) y de Ciudadanos (que ha sumado casi un millón más de papeletas que hace tres años).

En la sede naranja es donde la noche ha tenido un mejor final. El resultado está por debajo de las expectativas de hace un año, pero se sitúan en la franja alta de la horquilla que pronosticaban los sondeos (57 escaños, 25 escaños más que en 2016). La parte negativa es que no han logrado el sorpasso al PP ni están en condiciones de aplicar la fórmula andaluza para gobernar. Y ello pese a haber realizado una importante apuesta estratégica por posicionarse claramente en el bloque de la derecha y bajo la sombra de VOX.  En el peor momento del PP, la suma de voto es mucho menor de lo que se podía llegar a esperar. No obstante, se colocan en posición inmejorable para terminar encabezando el centro- derecha. Ciudadanos ya supera al PP en lugares como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Aragón

De 0 a 24 escaños, y de apenas contar con el respaldo de 47.000 votos en 2016 a lograr más de 2,5 millones es un gran resultado. Pero VOX competía con las expectativas creadas: las de los sondeos y las alentadas, en forma de reconquista, por ellos mismos. Todo podía ocurrir. Pero el 'ciclón VOX', al final, ha llegado, frenado por el sistema electoral, como 'tormenta electoral tropical', esto es, irrumpiendo en el Congreso como quinta fuerza política y con menos escaños de lo que muchos esperaban. En todo caso, la ultraderecha tendrá por primera vez grupo parlamentario propio en la próxima legislatura, y seguro que dará mucho que hablar dentro y fuera de España.

Los nacionalistas, al alza

Uno de los resultados más llamativos es el aumento de las fuerzas soberanistas en Catalunya y País Vasco. En el País Vasco, los nacionalistas suben casi diez puntos, sobre todo como consecuencia de la caída de Podemos, que fue primera fuerza hace tres años. En Catalunya, con un fortísimo aumento de la participación, los soberanistas suben más de un 7 puntos y alcanzan el 39,4% (también facilitado por la caída de En Comú Podem). La alta movilización, que de nuevo ha vuelto a favorecer a la izquierda en el conjunto del país, ha servido en estas comunidades autónomas para hacer crecer los apoyos de los partidos nacionalistas.

Además, PP, Ciudadanos y Vox, que han adoptado una agenda más recentralizadora durante esta campaña, han caído más en estas comunidades autónomas que en el conjunto del país. En el País Vasco han pasado del 16,5 al 12,7 por ciento de los votos, y la fragmentación y el pequeño tamaño de los distritos han provocado que no obtengan ni un solo escaño. En Catalunya caen del 24,3 al 20 por ciento de los votos, y de 11 a 7 escaños. Ciudadanos, que fue el primer partido en las últimas elecciones al Parlament de 2017, obtiene el 11,6% de los votos y es la quinta fuerza de Catalunya en estas elecciones. 

El #28A, en perspectiva: el otro 82

29/4/1982. Tras la ruptura algo dramática pero pacífica de la UCD, el gran partido de la transición, que nos ha abocado a nuevas elecciones anticipadas, sus votos se han dividido a partes casi iguales entre sus dos herederos rivales en el espacio del centro-derecha y ambos han perdido las elecciones, pese a sus promesas de que separados iban a sumar más Las ha ganado el PSOE, aunque en realidad no aumenta sus votos sino que apenas los mantiene, cayendo ligeramente, por debajo de su nivel de 1979, lo que algunos analistas interpretan como el mínimo precio a partir de que en su Congreso Extraordinario terminara en tablas, con unas convulsas maniobras de dimisión y readmisión pactada de su secretario general, lo que parece beneficiar a la izquierda radical, que sigue incrementando poco a poco sus apoyos. También se refuerza el grupo más a la derecha de la cámara, que mejora el resultado del partido de Fraga en 1977 y absorbe los votos de los franquistas indisimulados. La participación ha rozado el 77% y, tras el bajón de 1979, se vuelve a acercar al de nuestras primeras elecciones democráticas (78,83.%) . 

El sistema electoral aprobado por las Cortes y sancionado por la Constitución penaliza, como esperaban los conocedores de  D'Hondt, la división del gran partido del centro-derecha, que pierde el impulso que este le dio hasta su escisión entre moderados y conservadores,  y acompaña el impulso de los partidos extremos, premiando sus ascensos con unos grupos parlamentarios que ahora son mucho más relevantes.

El reparto de escaños y la competición por la herencia de UCD hará complicada la formación de un gobierno. Si los llamados moderados favoreciesen un gobierno socialista es posible que la España conservadora le dé la espalda en el futuro. La paradoja es que los socialistas se acomodarán en la izquierda, con el concurso necesario, activo o pasivo, de las minorías nacionalistas. Precisamente aquello que se pretendía evitar.  El futuro de la transición sigue siendo incierto. 

Las encuestas

No se suele decir, pero esta vez las encuestas han estado muy acertadas. Incluso el CIS, que además tenía un trabajo de campo realizado en marzo. El escenario central era que la izquierda necesitaría de fuerzas nacionalistas, pero también el independentismo, para formar una mayoría. Las encuestas han sido tozudas proyectando esa predicción. El resultado final lo ha confirmado.