La mesa de diálogo y el electorado

Nos vamos acercando al final del año y el Gobierno parece encaminado a conseguir la aprobación de unos presupuestos que ya prácticamente le garantizarían agotar la legislatura. Los Presupuestos presumiblemente serán una reedición de la coalición parlamentaria que le dio la investidura. En ella, un elemento clave que permite sumar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno es la alianza con ERC que, a cambio de dar la investidura, exigió una mesa de diálogo entre gobiernos.

Esta posición del Gobierno en favor de la negociación con el independentismo ya ha permitido el indulto de los condenados por el 1-O y probablemente implicará que llegue a algún tipo de acuerdo dentro de la mesa de diálogo. En la última reunión entre Sánchez y Aragonés el pasado septiembre se acordó mantener abierta una negociación sin plazos.

Una pregunta recurrente es qué factura electoral le puede pasar al gobierno una negociación con el independentismo catalán. En los medios suele cundir la opinión de que las horas bajas que vive el Gobierno en las encuestas tienen que ver con su posición frente al independentismo. En cambio, la aprobación de los indultos no ha variado el panorama demoscópico de modo evidente. Esto puede indicar que si bien el Gobierno ha tomado medidas que tienen el riesgo de ser impopulares, este se concentra fuera de su electorado. En una encuesta publicada en 20minutos en septiembre ya se mostraba que mientras solo uno de cada cuatro españoles (22,9%) opinaba que la mesa de diálogo rebajaría la tensión, las diferencias entre votantes de distintos partidos eran notables y la posición de los votantes del Gobierno era favorable a la misma,

Para analizar más a fondo la vertiente electoral de este asunto, utilizo datos de encuesta obtenidos en diciembre de 2019 dentro del marco de un proyecto liderado por la profesora Sandra León. Es importante recalcar que el trabajo de campo de esta encuesta se realizó antes de que la mesa de negociación fuera acordada entre el Gobierno y ERC. Aun así, nos da pistas de la aproximación qué los ciudadanos tienen al problema catalán y las diferencias existentes entre electorados.

En primer lugar, en la encuesta preguntamos a los ciudadanos que valoraran la situación en Cataluña en un eje de 0 a 10, donde 0 significaba que existía un conflicto exclusivamente jurídico y 10 un conflicto exclusivamente político. La pregunta tal vez no capta del todo cuál es la visión que se tiene respecto a Cataluña (podemos, por ejemplo, interpretar la existencia de un conflicto político de diferentes maneras), pero nos puede dar algunas primeras pistas.

En los dos siguientes gráficos se muestra la distribución de opiniones sobre la naturaleza del conflicto para dos tipos de encuestados: votantes de la coalición de gobierno (PSOE + UP y sus variantes territoriales) y votantes de la oposición (PP, Vox y Cs). Como se puede comprobar, el panorama es muy claro dentro de los votantes del gobierno. Apenas hay votantes que opinen que existe un conflicto jurídico y la abrumadora mayoría considera que hay un conflicto de características políticas, lo que abre la puerta a que apoyen una negociación política desde el Gobierno. Al fin y al cabo, el primer requisito para aceptar una negociación política es aceptar que existe un conflicto de tipo político. En el caso de los votantes de la oposición, si bien hay un número relevante que también considera que existe un conflicto político (probablemente interpretado de distinta manera a los votantes del Gobierno), existen bastantes más ciudadanos que lo consideran un conflicto de orden jurídico o se sitúan en una posición intermedia interpretando que el problema tiene naturaleza doble.

 

Una vez planteada la naturaleza del problema, a los encuestados les preguntamos qué debe hacer el Estado para afrontar la situación actual. Para ello proporcionamos una lista de diez posibles medidas y les preguntamos a cuáles de ellas creen que debe darse prioridad para gestionar la situación actual. Muestro aquí el porcentaje en que cada medida es considerada como la prioritaria (en la encuesta les permitimos señalar tres medidas en orden de importancia). Los gráficos reflejan claramente la distancia que ahora mismo existe entre gobierno y oposición no solo en las estrategias de sus partidos, sino, sobre todo, en las posiciones que adoptan sus votantes.

Por un lado, los que apoyan a la coalición de gobierno tienden a mostrar apoyo por medidas que forman parte de una negociación política. Me parece importante reiterar que la encuesta se realizó antes de que la mesa de diálogo se constituyera y antes incluso de que ERC anunciará que apoyaría a Sánchez en la investidura. Es decir, los datos no están mostrando una racionalización por parte de los votantes de la estrategia seguida esta legislatura. Y aun así el apoyo a la negociación es alto. No sé si es sorprendente, pero un 25% de los votantes del Gobierno consideran que el referéndum es su primera medida para solucionar la crisis actual. Este apoyo se debe en gran medida a que es una medida muy popular entre los votantes de Unidas Podemos, donde un 36% apoya la celebración del referéndum. En el PSOE el apoyo es sustancialmente menor: un 13%. En segundo lugar, la medida más apoyada dentro de los votantes de la coalición (y la favorita de los votantes del PSOE) es acordar un pacto fiscal que permita una financiación de Cataluña mediante un sistema como el de los regímenes forales. Recordemos que esta era la medida que demandaba Artur Mas justo antes del viraje de Convergencia hacia el independentismo. En conjunto, el apoyo a transacciones con el gobierno catalán parece alto. Aun así, hay casi un 20% de votantes del gobierno (la mayoría del PSOE) que optan por posiciones diametralmente opuestas (activar el artículo 155 o renunciar a la negociación política), pero no parece que sean un número suficientemente grande como para que vayan a condicionar la agenda del gobierno.

 

Esto contrasta de modo muy evidente con las posiciones de los votantes de la oposición, donde cualquier tipo de negociación es rechazada. Un 50% de ellos abogaban hace dos años por activar el artículo 155 de la Constitución para abordar la situación y suspender la autonomía de Cataluña. Un 25% expresaban un deseo explícito de que no haya ningún tipo de negociación política y el Gobierno se limitase a cumplir la ley vigente. El resto de medidas gozan ya de apoyo muy menor, por debajo de 6%. Y aun así, la que tiene mayor receptividad de todas ellas es la mejora de financiación, con más recursos, pero no planteada como un pacto fiscal, que es una opción de negociación económica más preferida por los votantes del Gobierno.

 

Estos datos nos dan algunas pistas sobre las diferencias existentes ahora mismo en la sociedad española sobre cómo afrontar el asunto catalán y las posibles implicaciones electorales de la mesa de diálogo. Por un lado, la mesa de diálogo ahonda más la fractura entre gobierno y oposición. No es solo una cuestión de estrategias de los partidos. Los votantes de los primeros parecen mucho más abiertos a una negociación que es rechazada frontalmente por los segundos. Por otro lado, esto invita a ser cauto sobre el impacto electoral de la mesa. Aunque hay un porcentaje no trivial de votantes del gobierno que no están alineados con esta estrategia, en general parece que hay una base electoral suficientemente amplia para que el gobierno decida mantener la mesa de diálogo abierta.

La investigadora principal es la profesora Sandra León.